PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 24
número 1068
octubre 8, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: La trayectoria de ARENA

Política: ¿Opositores incapaces?

Economía: La economía en la pre-campaña electoral

Sociedad: La pandemia del VIH/SIDA

Regional: ¿Está Centroamérica preparada para los desastres?

Derechos Humanos: Más retardación de justicia

 
 
Editorial


La trayectoria de ARENA

 

En la actual coyuntura preelectoral, el partido ARENA ha comenzado a arremeter con todo lo que tiene para quedarse por cuarta ocasión con el control del Ejecutivo. Muchos salvadoreños se están convirtiendo en presa fácil de las estratagemas publicitarias de este partido, cuyo candidato a la presidencia ha hecho del lema “Hablemos con libertad” su principal herramienta de publicidad electoral. Es asunto de cada salvadoreño elegir al partido de sus simpatías, pero esa elección debería estar apoyada en un conocimiento medianamente serio de la historia y la naturaleza de la institución política en la cual se delega el poder ciudadano. Con el ánimo de contribuir a ese proceso de maduración política de los salvadoreños, en este editorial se hace una aproximación a la trayectoria histórica de ARENA, para que quienes voten por el candidato de este partido, sepan en manos de quién dejarán los destinos del país en el próximo quinquenio.


Fundado el 30 de septiembre de 1981, el partido ARENA se define, a la luz de sus principios, como un partido nacionalista, defensor de un sistema democrático, republicano y representativo, que reconoce al individuo como base fundamental del pueblo y que apuesta por un Estado garante del trabajo, el bienestar de la patria y un sistema económico respetuoso de la libre empresa.


La ideología que tuvo ARENA en sus orígenes se puede resumir del siguiente modo: la democracia y la libertad están en función de la nación, cuya unidad es responsabilidad de todos aquellos que quieren el bienestar de la patria. Socavar la unidad nacional, con doctrinas subversivas de tipo comunista, es atentar contra la nación, es decir, es poner en peligro su seguridad. Ante esto, lo único que queda es reafirmar el nacionalismo, “como la ideología que nos garantizará la estructura social adecuada para nuestro pueblo”. Defender a la nación, defender su seguridad e integridad, es defender al individuo y sus libertades, especialmente la libertad de empresa; en suma, es luchar contra quienes amenazan a la nación y al individuo.


Hasta el día de hoy, ARENA nunca ha abjurado de sus principios ideológicos nacionalistas y anticomunistas. Ambos principios fueron norma de conducta de los areneros que los hicieron suyos a lo largo de la década de los años ochenta. Al cierre de esa década, en noviembre de 1989, cuando estalla la ofensiva del FMLN, “Al tope”, el anticomunismo y el nacionalismo de ARENA alcanzan su clímax: entre las víctimas de sus ataques estuvieron los jesuitas de la UCA, asesinados en la madrugada del 16 de noviembre por miembros del Batallón Atlacatl. Esos asesinatos tuvieron una clara coloración anticomunista, tal como se hizo evidente en la cadena radial montada para acusar a los jesuitas de ser jefes de la “subversión”, así como en la campaña de prensa, cuyo principal vocero fue El Diario de Hoy, diseñada con el mismo propósito.


Figuras clave de ARENA, así como muchos de sus mandos medios, no eran ajenos a esa paranoia anticomunista y nacionalista desatada desde mediados de 1989; al contrario, de las filas areneras salieron varios de sus principales promotores, tal como lo ponen de manifiesto los llamados que hiciera la vieja guardia del partido al ex mayor Roberto D’Aubuisson, en abril de 1989, a que retomara las riendas de ARENA y que pusiera en su lugar a quienes estaban adulterando los principios del partido. Por su parte, Orlando De Sola no sólo sostuvo, en las mismas fechas, que era necesario “purgar” del partido de derecha a los elementos “antinacionales” y “antirrepublicanos”, sino que clamó por un retorno al nacionalismo, “que es la promesa original de ARENA y no un internacionalismo democrático, como lo han malinterpretado algunos” en ese partido.


Sin embargo, en 1989, el consenso anticomunista tradicional —que llamaba a limpiar a la Patria de los rojos— comenzaba a ceder ante otras necesidades más inmediatas: el interés por acabar con la guerra por medios pacíficos se hizo parte de la agenda del partido, aunque no de todos sus miembros. Las primeras fisuras hicieron su aparición cuando surgió un grupo de areneros que, sin dejar de ser anticomunistas, pretendía acabar la guerra con algún tipo de negociación con el FMLN, en tanto que ello era un requisito fundamental para lograr una estabilidad económica duradera. Es decir, la ideología exigía aniquilar al FMLN, pero los negocios obligaban a buscar acuerdos con ellos cuanto antes. Lentamente, este sector más moderado —encabezado por Cristiani— fue imponiendo su tónica al partido. El indicador del cambio que comenzaba a operarse en ARENA en 1989 fue el tema del diálogo con el FMLN para poner fin a la guerra civil.


Con Alfredo Cristiani (1989-1994) dio inicio un proceso de reforma económica, cimentada sobre un esquema neoliberal, cuyo eje principal fue la privatización de los activos del Estado, así como la reducción del sector público. Los dos gobiernos que siguieron al de Cristiani —el de Armando Calderón Sol (1994-1999) y el de Francisco Flores (1999-2004)— continuaron con este esquema económico. Como resultado de ello, la década de los años noventa dejó, como herencia, una economía terciarizada y dependiente de las remesas, con un sector agrícola en crisis y un sector industrial anclado en la maquila. ARENA fue el ejecutor de un esquema neoliberal, a partir del cual se han privatizado la energía eléctrica, las telecomunicaciones y las pensiones de jubilación. Quedan pendientes, como objetivos inmediatos, la salud y los puertos.


Estas reformas económicas han sido realizadas en nombre de la modernización, la democracia y el Estado de derecho. En consecuencia, se han hecho en un marco de convivencia relativamente pacífica con quien fuera el enemigo acérrimo de la década de los años ochenta, esto es, con el FMLN. Esa convivencia ha estado salpicada de tensiones e incluso de exabruptos anticomunistas y nacionalistas, pero también de significativos periodos en los cuales los acuerdos y la cooperación han sido la regla.


En resumen, poner entre paréntesis el anticomunismo y el nacionalismo ha significado para ARENA, por un lado, dar peso en el quehacer partidario a otros compromisos y retos más de carácter económico; y, por otro, tener ese anticomunismo como un recurso para situaciones de emergencia, aunque sin darle demasiado peso, esto es, sin permitir que el anticomunismo impida hacer negocios, aumentar las ganancias y expandir las propias empresas. El anticomunismo fanático llama a subordinarlo todo a la lucha contra los comunistas y eso no deja ninguna rentabilidad al capital.

G

 

Política


¿Opositores incapaces?

 

Desde que Antonio Elías Saca se lanzó al ruedo electoral, diversas encuestas de opinión afirman que ganará con facilidad las próximas elecciones. En estas líneas, no se trata de apoyar o refutar tales proyecciones. Por un lado, seis meses —el tiempo que falta para que se celebren los comicios presidenciales—, es un lapso demasiado largo como para suponer que no pueden producirse tendencias contrarias a las registradas en el contexto político actual. Por otro, algunas de las empresas de sondeo público que han consultado a los salvadoreños sobre el tema electoral han cosechado más desaciertos que aciertos. De lo que se trata, en fin, es de examinar las causas de este supuesto repunte arenero en las intenciones de votos. No hay que olvidar que hasta hace muy poco se consideraba a este partido como un perdedor seguro de los próximos comicios.
 

G

 

Economía


La economía en la pre-campaña electoral

 

De cara a las elecciones del próximo año, el candidato a la presidencia por ARENA, Antonio Saca, ha aparecido continuamente en los medios de comunicación, tratando de mostrar una buena imagen a la ciudadanía. Por otro lado, el FMLN trata de persuadir a la población sobre la necesidad de cambio de rumbo en la vida política nacional. En términos generales, esta ha sido la tónica que caracteriza el escenario político previo a la campaña electoral. No obstante, lo que hace falta es un enfoque serio sobre los grandes problemas del país. El incipiente debate electoral parece soslayar dichos problemas y enfocarse en temas que rayan en lo anodino.

G

 

Sociedad


La pandemia del VIH/SIDA

 


El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que, para el año 2002, un total de 42 millones de personas vivían en el mundo portando el VIH/SIDA: 38,6 millones de adultos, 19,2 millones de mujeres y 3,2 millones de menores de 15 años. Unas 5 millones de personas se infectaron en ese año (entre ellos, 2 millones de mujeres y 800,000 menores de 15 años); y, finalmente, un total de 3,1 millones de adultos falleció a causa del mortal virus, entre ellos, 1,2 millones de mujeres y 610,000 menores de 15 años. Hasta ese mismo año, 5,793 salvadoreños portadores del SIDA eran reportados por el Ministerio de Salud desde 1984, la mayoría entre los 25 y los 34 años de edad y provenientes de las zonas urbanas, especialmente del departamento de San Salvador. Sólo en año 2002, el virus mató a 251 salvadoreños.

G

 

Regional


¿Está Centroamérica preparada para los desastres?

 

El 8 de octubre se celebra el día internacional para la reducción de desastres, a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este año, el énfasis de la conmemoración tiene que ver con los desastres relacionados con el agua. Lo explica el propio Secretario General, Kofi Annan: “Actualmente, más del 90 por ciento de todos los desastres que ocurren en el mundo se relacionan con el agua —ya sea muy poca, como en el caso de las sequías, o demasiada, como sucede con las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los ciclones, los huracanes y los tifones. Año tras año, muchas comunidades sufren al producirse estos desastres de forma reiterada”.

G

 

Derechos Humanos


Más retardación de justicia

 

En el trámite de Amparo seguido para el caso de la masacre de los Jesuitas se ha observado, al menos, una considerable “parsimonia” por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así tenemos que, luego de presentada la demanda en noviembre del 2000, no fue sino hasta el 13 de febrero del 2002 que la referida Sala resolvió hacer prevenciones a nuestra demanda. Eso sí, la UCA dio una pronta respuesta a sus exigencias, pues en tan sólo tres días se contestaron todas las interrogantes de ese Tribunal. Pero, pese a esta reacción inmediata y ajustada al plazo establecido, la denuncia fue admitida hasta octubre del 2002; es decir, casi siete meses después de dar contestación a las prevenciones y a once meses de la presentación de la demanda. Después, se siguieron los trámites que establece la ley hasta llegar al alegato final que fue presentado por la UCA el 10 de marzo del año en curso.


Desde esa fecha, han transcurrido cinco meses sin que se pronuncie la sentencia definitiva. Debido a la mora judicial, el catorce de julio de este año la UCA presentó otro escrito ante la misma Sala de lo Constitucional solicitando que se emitiera la sentencia definitiva “a la mayor brevedad posible”. A la fecha de hoy se sigue sin obtener respuesta. Debido a ello, seguimos sin comprender cuáles son los motivos del retraso, pues a pesar de que el caso presenta alguna complejidad, la misma no es tan abrumadora como para que los honorables jueces todavía mediten su resolución. Creemos que el tiempo transcurrido es más que suficiente como para haber analizado los escritos, alegatos y pruebas presentadas por las partes.


Sobre lo anterior debe decirse, que si bien es cierto, la Ley de Procedimientos Constitucionales no establece un plazo específico para que la Sala de lo Constitucional dicte una sentencia definitiva sobre un Amparo, ello no ello no significa que los ciudadanos que acudimos a la misma debamos esperar más allá de un tiempo razonable para que nuestra litis sea sentenciada. Para tales efectos se debe recordar que el artículo 2 del Código Procesal Civil, determina que “los juicios no penden del arbitrio de los jueces”.


En este caso, procede entonces alegar que el plazo razonable es efectivamente el tiempo máximo que —en los límites racionales— tiene un tribunal para sentenciar definitivamente una causa. Este concepto abstracto es el que debe aplicarse, cuando la ley no señala expresamente un período determinado en el que los jueces deban resolver una controversia jurisdiccional. Con ello se evita la incertidumbre y la inseguridad jurídica de los ciudadanos que esperan un pronunciamiento concreto de un tribunal, aun en los procedimientos que no obligan al juzgador a emitir su valoración en determinado espacio temporal.


De esa forma se tiene que, aunque una ley procesal no establezca que un Juez deba pronunciar sentencia en un tiempo preciso, éste se encontrará obligado a dictarla en un plazo razonable. El sustento legal de esta apreciación se encuentra en el artículo 2 de la Constitución, que otorga el derecho a la seguridad jurídica, y en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Al respecto, se puede delimitar aún más la idea sobre el plazo razonable, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”


Con esos antecedentes, al estudiar el trámite del Amparo al que hacemos referencia se tiene que: La complejidad jurídica del caso no es extraordinaria. Que como demandante, la UCA siempre ha estado atenta y pronta a solventar en legal tiempo y forma todos los trámites judiciales pertinentes; incluso, en vista del silencio del tribunal en cuestión, solicitó hace tres meses que se pronunciara la sentencia definitiva. Y que, desde el inicio de la tramitación del Amparo, se ha evidenciado una excesiva tardanza por parte de la Sala de lo Constitucional para depurar el caso.


Visto lo anterior, no cabe duda de que —al haber transcurrido veintidós meses desde la interposición de la demanda en cuestión, sin que a la fecha no haya sentencia definitiva sobre el asunto— la Sala de lo Constitucional ha violentado el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recogido en el derecho a la seguridad jurídica que establece la Constitución de la República; de igual forma, ha transgredido el principio de pronta y cumplida justicia, aun cuando no existe un plazo determinado para pronunciar sentencia definitiva en Amparo dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Evidenciándose una vez más, que los trámites judiciales en El Salvador no son ágiles y que, sólo en los casos que políticamente convienen a ciertos sectores, la justicia se apresura a tomar decisiones.


En consecuencia, en virtud del artículo 2 de la Constitución, relacionado con el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tomando en cuenta el antecedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hemos citado, la Sala de lo Constitucional sí tiene un plazo fijado por la ley para pronunciar sentencia definitiva en el Amparo que hemos explicado; éste es el de un PLAZO RAZONABLE, el cual se ha incumplido en el trámite del amparo que hemos citado.


Hechos como los descritos son considerados por nuestra ley procesal como “retardación de justicia”, a la cual se refieren los artículos 1104 y 1111 del Código Procesal Civil.; por ello es que la UCA, ha presentado recientemente un recurso de Queja por Retardación de Justicia en perjuicio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.


Dicho recurso será evaluado por la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de los que integran la Sala cuestionada, quienes, luego de verificar la tardanza, deberán despachar una “carta acordada” a los denunciados para que administren prontamente justicia y provean la sentencia definitiva que han retrasado tanto. Al final de este trámite, se espera que los miembros de la Sala de lo Constitucional pronuncien el fallo definitivo apegado a derecho.


Finalmente, es de señalar que la mora judicial es uno de los males crónicos que afectan a la mayor parte de los tribunales de nuestro país. Irónicamente, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera cumple dando el ejemplo requerido a los demás juzgadores. El retraso en la tramitación y resolución de los casos es escandalosa, ya que hablamos del tribunal nacional que cuenta con mejores recursos económicos, técnicos y humanos. La media habitual para la resolución de procedimientos y juicios en las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia —civil, constitucional, penal y contencioso administrativo— se encuentra entre los dieciocho y veinticuatro meses; es decir, que para que en un solo caso se consiga una sentencia definitiva han de pasar aproximadamente dos años. Es inexplicable entonces, que contando con los medios necesarios, nuestras máximas autoridades de justicia no tengan la voluntad por alcanzar óptimos resultados.


Todavía hay quienes justifican, que la mora judicial también es habitual en los altos tribunales de los países más avanzados, lo cual es una manera desafortunada de abordar esta problemática, ya que el “mal de muchos es el consuelo de los tontos”. Esconderse tras semejantes argumentos nos es más que querer justificar lo injustificable. Con ello no estamos diciendo que la balanza de la justicia tenga que inclinarse a un lado o a otro caprichosamente, sino que el Órgano Judicial cumpla cabalmente con sus principios más básicos, entre ellos el de ofrecer una pronta y cumplida justicia.

G

 


 


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