Las dos caras de ARENA

Flores contra la democracia

La madurez de un líder político y su compromiso con el régimen democrático es algo difícil de medir si no se hace desde la estricta observación de su comportamiento. En esta materia, no bastan las declaraciones de buenas intenciones. Cada funcionario político tiene que probar su vocación democrática, independientemente que esté en la oposición o en el gobierno.

El panorama de la agricultura

Según declaraciones del Ministro de Agricultura, Salvador Urrutia, la actividad agrícola se ha desarrollado de una manera aceptable durante la primera mitad del año en curso. Para el funcionario, a pesar de la difícil coyuntura económica en el ámbito nacional e internacional, las actividades agrícolas en el país han experimentado una leve mejoría en relación con las del año anterior. La existencia de un clima favorable, caracterizado por abundantes lluvias y el incremento de los precios internacionales de algunos cultivos exportables, ha tendido a mejorar la situación.

El triste encanto de la economía salvadoreña

La economía salvadoreña tiene varios años de estar sumida en un virtual estancamiento. Hasta la fecha, la búsqueda de la recuperación de la economía ha seguido un camino de altibajos coyunturales, pero sin verdaderos cambios en la tendencia promedio. Sin embargo, a la hora de rastrear las causas que originan los problemas de la economía salvadoreña, el diagnóstico da pie a la polémica y esto es así, en tanto que las directrices del actual desarrollo económico del país provienen básicamente de los tres problemas clásicos que se tienen que resolver en la economía de cualquier sociedad: qué producir, cómo producir y para quién producir.

El recurso del desprecio

El editorialista de un conocido periódico matutino ha vuelto a soltar su carga de desprecio en contra de la oposición política, que desde hace meses lidera una lucha por el incremento del dos por ciento al Fondo de Desarrollo Económico Social (FODES). Recurriendo a su habitual uso de la demagogia y de la mentira, el editorialista espeta serias acusaciones en contra de los sectores que, no necesariamente desde la política, abogan por un justo incremento a los presupuestos municipales, en beneficio del desarrollo de la población olvidada por el Poder Ejecutivo, al que aquél descaradamente defiende.

Una lectura del II Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá

El II Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no da lugar para declaraciones triunfalistas, como las que hiciera una delegada gubernamental durante la presentación del documento en San Salvador.

La memoria histórica...

Caminar por la vía del recuerdo cuando el pasado ha sido doloroso, violento y cruel, no es nada sencillo. La historia reciente del pueblo salvadoreño —marcada por la violencia política generalizada que desembocó en una guerra civil intensa— ha estado cargada de sangre, luto, odios e intolerancia entre sus habitantes; todo eso, al no haber sido procesado de forma responsable, de alguna manera tiene una gran influencia sobre el comportamiento social y político actual.

Cualquier conflicto armado, por naturaleza, engendra terror y muerte. Debido a eso, cuando se logra el “adiós a las armas”, se debe intentar en serio el establecer un clima favorable para desmontar las causas y los efectos de la explosión de violencia para caminar con paso firme hacia una paz sólida y segura; máxime si se ha tratado de una guerra entre compatriotas, pues esa circunstancia obliga a que los enemigos en la trinchera aprendan a convivir tranquilamente entre ellos.

Probablemente, lo que menos ha costado en El Salvador, es el derribamiento de los métodos violentos como alternativas para defender ideologías y alcanzar posiciones políticas. De hecho, estarían totalmente desubicados de la historia, tanto aquel que añore con llegar al poder por esa vía como el que intentara reprimir, perseguir, encarcelar o matar a sus adversarios en esos terrenos. Por esa razón, quienes desaprueban las políticas gubernamentales ya no se encuentran en la montaña empuñando un fusil, ni las cárceles están llenas de presos políticos.

Eso es bueno, pero no basta para vivir en armonía ni para transitar a la democracia verdadera; para llegar a esos estadios, hace falta algo más que eso y en El Salvador aún no se ha hecho nada por lograrlo. Más allá del tema económico y social —básico para avanzar en tal sentido— en el país ha existido y existe una fuerte y espesa barrera sin derribarse o superarse: el de la mentira oficial. Esclarecer la verdad de lo ocurrido, admitir culpas, pedir perdón a las víctimas y hacerles justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas, aún son tareas pendientes. Eso ha sido siempre un asunto que incomoda a las “Partes”; una cuestión que, cínicamente, omitieron los victimarios de la agenda política cotidiana para postergarlo eternamente con la esperanza –vana por cierto– de que algún día se separe de la memoria colectiva.

En ese deplorable afán, no faltan algunos de los más reconocidos “ex comandantes” que —para “legitimar” su presencia en ciertos medios de difusión masiva o para garantizar sus importantes contratos comerciales como analistas o asesores— se dan baños de pureza expiatoria, afirmando que, “al entrar en la guerra, no se podía salir sin pecados”. Tratan así, inútilmente también, de ocultar o minimizar el impacto de su responsabilidad penal por los crímenes cometidos.

En ese orden, durante todo el tiempo de la posguerra se ha pretendido —con más énfasis por parte del gobierno— obligarnos a olvidar “de pleno Derecho” las graves violaciones ocurridas. Por lógica, quienes más insisten en eso son aquellos que deben las mayores explicaciones por ser los que más sangre hicieron derramar al pueblo cuando participaron en las hostilidades. Y lo hacen con vehemencia, regañando a las víctimas, señalándolas como las culpables de cualquier retroceso que pueda darse en esta nuestra “paz” tan violenta y victimizándolas aún más con la impunidad. Lo hacen, además, pisoteando tanto los compromisos que adquirieron en los acuerdos que firmaron como las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que establecieron la necesidad de iniciar los juicios respectivos y también urgían con el imperativo de conmemorar y dignificar a las víctimas de tanta injusticia.

Para lograr el perverso cometido de seguir “intocables”, aprobaron una Ley de Amnistía impresentable a los ojos del mundo y han mantenido presionado al sistema para que no se investiguen los casos. Los argumentos para eso: “no hay que escarbar en eso”, “es peligroso”, “no hay que abrir viejas heridas”, “volverá la guerra”… Al respecto, se destacan dos hechos recientes que ilustran el hipócrita manejo de ese pasado por parte del “liderazgo nacional” y que lamentablemente nos indican que el tránsito hacia la democracia se encuentra estancado, debido a que la página del conflicto civil no se ha volteado adecuadamente.

El primero: la publicidad que un dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha hecho de algunas escenas de la guerra, mostrando al candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) junto a niños armados, para desautorizarlo moral y políticamente como posible gobernante del país. Así, pues, la cúpula “arenera” desentierra algo muy conveniente para lograr un propósito claro: satanizar al adversario que más preocupación le causa.

El segundo acontecimiento: la reacción de la derecha política ante una pieza de correspondencia presentada a la Asamblea Legislativa por la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, en la que solicitaba decretar el 30 de agosto de cada año como el “Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada”. Esta petición no es nueva; también la hizo una organización de familiares de víctimas en 1996. La respuesta de siempre: un dictamen de ARENA y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) mandando la solicitud al archivo, con el argumento principal de que el país transita por una nueva etapa y que atender a la petición sería “revivir hechos que ya están olvidados”. Eso, dicen, en nada contribuirían a la auténtica reconciliación nacional.

¿Cómo entender esa decisión política desde las víctimas? Resulta ampliamente ilógico pretender una “reconciliación nacional”, si ni siquiera se quiere conmemorar o recordar quienes “desaparecieron” luego de ser capturados de forma violenta. Con esa inaceptable actitud se está humillando todavía más a las familias de las víctimas, que ni siquiera tienen el consuelo de saber dónde se encuentran sus restos; familias que, veinte años después, aún siguen llorando y esperando a sus seres queridos; familias que —en muchos de los casos— mantienen todavía intactos los dormitorios, ven a diario las fotos y acarician con su dolor los objetos de sus seres queridos para mantenerlos vivos y presentes.

¿Por qué se desecha la solicitud de estas personas? ¿Con qué derecho? Si su única pretensión es que se reconozca que hubo desaparecidos, que se diga oficialmente lo que ellos ya saben en sus mentes y sufren en sus corazones: que les arrancaron del lado a sus padres o a sus hijos, que nunca los devolvieron y que de eso son responsables —en la mayoría de casos— los antiguos cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada y los “escuadrones de la muerte” de ARENA.

Estas interrogantes sin respuesta son las que nos hacen alzar la voz cuando observamos, como “sepulcro blanqueado”, al partido oficial en su proselitismo desesperado. Es desagradable y molesta, no porque estemos de acuerdo con lo que se le atribuye al candidato del FMLN —quien pudo haber cometido esos y otros actos más graves que merecen censura, cuando no consecuencias penales— sino por la falta de ética de los dirigentes “areneros” para abordar los absurdos cometidos durante el conflicto: ocupándolos cuando les conviene y negándose a hacer lo justo para las víctimas cuando no les favorece. Su corta y muy discrecional memoria histórica sólo alcanza para recordar a Schafik Handal como comandante guerrillero en la montaña y la amnesia les surge ante la exigencia de algo justo y necesario para quienes —desde su dignidad y las de sus familiares— les reclaman un día en homenaje a las y los desaparecidos que ocasionaron. Es peor, aún, cuando se menciona a la mitad de los presidentes honorarios de su partido como responsables de las muertes de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y los jesuitas en la UCA.

A las cosas por su nombre. Enhorabuena por las organizaciones que presentaron su propuesta a la Asamblea Legislativa; éstas decidieron, en celebración popular solemne, decretar por su propia cuenta el 30 de agosto como el “Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada”. Lo hicieron sin oficialismos ni formalidades inútiles, pero con la autoridad y legitimidad que les brinda el apoyo de las madres, padres, hijos, hijas y demás familiares de los desaparecidos y desaparecidas durante el conflicto salvadoreño. Vale la pena recordar entonces las palabras poéticas que un día se hicieron canto, para sintetizar las actividades y anhelos de las personas y organizaciones que con su lucha dignifican a nuestro pueblo: Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos… a pesar de los golpes que asestó a nuestras vidas el ingenio del odio, desterrando al olvido a nuestros seres queridos...