ARENA subordina la seguridad ciudadana

El FMLN ante su destino

La designación de Schafik Handal como candidato del FMLN a la presidencia de la República ha aportado mayor claridad en el horizonte político nacional. Algunos comentaristas habían previsto que las elecciones internas en este partido iban a ser un simple ejercicio de rutina que consagraría la victoria, sin apelación, del candidato oficial —esto es, el designado por la cúpula partidaria—. Pero, para la sorpresa de muchos, los militantes de base se rebelaron contra sus dirigentes y, por poco, causaron un susto grande a la Comisión Política, la máxima instancia de decisión en el partido de izquierda.

El problema multidimensional de las maras

La violencia de las denominadas “maras” no es un problema de fácil solución, pues son múltiples las causas que hacen que un joven se convierta en pandillero. Tampoco es un fenómeno de aparición súbita, y como tal, es falso esperar remedios de cura inmediata, tales como el plan gubernamental “antimaras” denominado “Mano dura”, el cual fue implementado abruptamente desde el 23 de julio pasado.

Cuatro mitos sobre las pandillas (II)

Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los patrocinadores del Plan “Mano dura” para penalizar la integración a las pandillas juveniles y convertir su propia constitución en un delito (asociación ilícita) es que la principal causa de la integración de los jóvenes a las pandillas es la motivación esencial para cometer actos delincuenciales y la intención por alterar el orden público y dañar la propiedad privada. Este argumento asume que los jóvenes están fundamentalmente motivados por una vocación hacia la vagancia y por el desprecio al trabajo, al tiempo que ignoran las oportunidades que les ofrece la sociedad.  Detrás de esta interpretación sobre los motivos de los jóvenes que se integran a las pandillas está el supuesto de que los mismos son —o se convertirán más temprano que tarde— en delincuentes peligrosos.

No se puede negar el hecho de que muchos jóvenes que se integran a las pandillas cuando son adolescentes pasan a formar bandas criminales años más tarde —si sobreviven a la dinámica pandilleril—. Sin embargo, la perspectiva de quienes forman la pandilla no siempre parece ser la de desarrollar una carrera criminal, y la mayoría de las veces es producto de un progresivo e inexorable proceso de cierre y obstrucción de oportunidades. Como ya se ha señalado en la entrega anterior, la mayoría de jóvenes que se integran a las pandillas provienen de hogares en donde el ejercicio de la violencia y la falta de atención por parte de los padres y tutores es la norma. La violencia expulsa a muchos de los futuros pandilleros del hogar y les obliga a buscar afecto en sus pares que se encuentran en la calle. Frente al dilema de seguir soportando una historia de abusos y privaciones o ejercer la violencia ellos mismos y sacar provecho de ella, los jóvenes optan por lo último. Ya en la calle, la comunidad y las instituciones hacen muy poco para revertir el proceso de marginación iniciado dentro del hogar, antes bien, lo profundizan al expulsar a los jóvenes del sistema educativo, al negar oportunidades de formación y de trabajo.

Rechazados, los jóvenes recurren a la pandilla, en donde encuentran solidaridad, protección y, sobre todo, poder a través del uso de la violencia. El ciclo se completa y se agrava cuando, inducidos por diversas causas, se convierten en adictos a las drogas dentro de las pandillas.

En las investigaciones de las cuales se tiene conocimiento, los jóvenes entran en las pandillas por la interacción con otros muchachos de su misma edad; la mayoría está consciente de los riesgos que ello implica por las actividades violentas y muchos de ellos quisieran no tener que recurrir al uso de la violencia, pero una vez adentro la misma se impone y determina la dinámica de la pandilla y su relación con ellos mismos y con la comunidad.

Esto no niega bajo ningún punto de vista, que los pandilleros incurren con frecuencia en actividades delictivas y que sus dinámicas de violencia usualmente afectan a terceros inocentes. De hecho, la serie de investigaciones realizadas por el IUDOP muestra que con el paso del tiempo, la violencia se ha constituido en el elemento más totalizante de la dinámica de los pandilleros. Sin embargo, es sorprendente hallar que en la mayoría de las veces los jóvenes se integraron buscando los espacios que se les fueron negados en su propia casa, escuela y comunidad. Los jóvenes no se integran por la simple motivación de delinquir y de provocar daños a otros, se integran porque ven en las pandillas un espacio de interacción, de ejercicio de poder social a través del grupo, que no tenían fuera de él. Para ellos, eso significa simplemente estar con los amigos, andar en “vacil” y poder disponer del apoyo de sus pares. Sin embargo, las dinámicas que prevalecen en las pandillas, con los espacios creados de contestación social, provocan que los jóvenes busquen reafirmar su identidad sobre la base de actividades que objetan el orden social y las normas establecidas: el consumo de drogas, la permisividad en la conducta sexual y la violencia son las más características de esta inclinación.

Al adentrarse en estas actividades, muchos jóvenes se hallan atrapados de repente en un círculo vicioso del cual ya no les es posible salir sin que ello signifique un costo más alto e inmediato para sus propias vidas.

La proliferación de las pandillas es producto del garantismo en las leyes
Finalmente, otro de los argumentos más comunes para explicar el fenómeno de las pandillas se refiere al supuesto “hipergarantismo” de las leyes actuales y de las reformas en materia penal. Quienes abanderan el Plan “Mano dura” y argumentan la necesidad de una ley especial para reprimir a las pandillas juveniles sostienen que las pandillas juveniles han proliferado en los últimos años como producto de la impunidad provocada por la aplicación de unas leyes para “suizos”, las cuales supuestamente “defienden los derechos de los delincuentes” antes que los de las personas honradas.

Sin entrar a debatir sobre el carácter y el alcance de los códigos penales, lo cierto es que la razón principal por la cual el problema de las pandillas se ha agravado de manera alarmante en los últimos años no se debe a la existencia o ausencia de leyes adecuadas, sino de forma más amplia se debe a la ausencia de políticas públicas consistentes en las siguientes áreas: desarrollo de la juventud, educación para poblaciones en riesgo y política criminal.

A pesar de que el fenómeno de las pandillas no es nuevo, y lleva ya por lo menos diez años de estar en la conciencia pública (Una encuesta de victimización realizada por el IUDOP en febrero de 1993, consignaba ya que el 49 por ciento de los salvadoreños urbanos señalaban la presencia de maras y pandillas en su comunidad de vivienda), los diferentes gobiernos no han formulado ni han articulado ninguna política encaminada a atender este problema. Efectivamente, no hay ni una política criminal en términos integrales ni existe tampoco una política de juventud que contemple las poblaciones en riesgo. Lo que sí existe, más bien, son pequeños esfuerzos y proyectos aislados de algunas de las oficinas gubernamentales y organizaciones de cooperación que están lejos de ser consideradas políticas. En otras palabras, el estado salvadoreño no ha formulado ningún proyecto político de atención integral al problema de las pandillas, ni siquiera al tema de la violencia juvenil que excede al ámbito de las maras.

En su lugar, las respuestas estatales por lo general se han concentrado en diseñar leyes, lanzar pequeños proyectos pilotos—usualmente acompañados de gran publicidad—, y crear unidades o direcciones dentro del aparato estatal que no cuentan con ninguna base funcional ni apoyo a largo plazo. Los proyectos duran lo que dura el encargado de la unidad antes de que sea trasladado o despedido por razones políticas —recuérdese el ampliamente publicitado programa Paz Social—. La aprobación de leyes y la implementación de proyectos se ha hecho sin ninguna coordinación interinstitucional e ignorando la necesidad de fortalecer las instituciones como un elemento esencial de la aplicación de las leyes y los proyectos. Las reformas en el sector justicia que modificaron de forma sustancial el funcionamiento de la Fiscalía y el fracaso de ésta en adecuarse a las nuevas exigencias es un penoso ejemplo de lo anterior.

Así, las iniciativas más o menos exitosas de abordaje al problema de las pandillas no han estado en el lado de los entes estatales; además de que han sido muchas veces ignoradas por ellos. El Polígono Industrial Don Bosco, Homies Unidos y algunos proyectos de capacitación vocacional y educativa a cargo de parroquias e iglesias evangélicas, se han desarrollado sin la participación de los entes estatales nacionales. A lo sumo, el apoyo se reduce a un mínima coordinación y participación local que no ha subido a las esferas de quienes formulan políticas desde el estado. Es notable ver cómo en los éxitos locales más grandes en la prevención del problema de las pandillas —como el municipio de Nejapa o algunos barrios de las ciudades grandes—, el gran ausente es el gobierno central. En esos casos, por ejemplo, las alternativas de formación han sido ofrecidas por las congregaciones religiosas y no por el Ministerio de Educación, las alternativas de trabajo han provenido de las agencias de cooperación y no por las oficinas de trabajo del gobierno —o por las empresas aliadas a éste—; y las alternativas de recreación e intervención comunitaria han sido creadas por la municipalidad y no por Gobernación. Más aún, ni siquiera bajo esas iniciativas el gobierno se ha preocupado por extender e integrar ese tipo de esfuerzos a través de una política nacional.

En estas condiciones no es extraño que el problema de las maras haya crecido a las magnitudes actuales. Acusar al supuesto hipergarantismo de las leyes sólo sirve para ocultar la falta de un abordaje integral al problema de las pandillas y a la inexcusable ausencia de políticas estatales adecuadamente diseñadas. La aplicación de las leyes requiere de un andamiaje institucional y político que no ha existido y que el Plan Mano dura insiste en ignorar.

En resumen, la discusión sobre las causas que están detrás de la generación de las pandillas y de la integración de los jóvenes a las mismas es muy extensa y compleja. En este espacio se ha querido abordar los aspectos más comunes de ese debate, y se ha señalado, sobre todo los mitos alrededor de los mismos, confrontados con los que parecen ser las razones o los aspectos más reales.

Las pandillas no son un problema importado, son un fenómeno con causas endógenas, que ha usado en los últimos años un tipo de manifestación que ciertamente es foránea, pero que está siendo transformada por los condicionantes locales. El reto de control de las pandillas, por tanto, no se encuentra en el control de los jóvenes deportados, se encuentra en el control de las causas que hacen que estos deportados regresen sin poder encontrar trabajo y sin oportunidades de desarrollo personal en El Salvador.

Tampoco el problema de las pandillas se debe sin más a la falta de familias completas ideales. Lo que pesa en las decisiones juveniles para integrarse en las pandillas es la ausencia de relaciones constantes y saludables que promuevan el desarrollo emocional de los jóvenes dentro del hogar; en su lugar, los jóvenes han crecido en ambientes llenos de violencia y marginación. Un joven puede ser criado saludablemente por un solo padre si le dedica el tiempo y el afecto necesarios. Así, muchos de los pandilleros se integran a las maras para buscar aspectos que no han podido tener en sus familias y que ni la comunidad ni el estado han sido capaces de suplir. La idea de que las motivaciones criminales son una de las causas principales de integración pandillera ignora las necesidades vitales de los jóvenes que terminan en la vida pandilleril.

La integración a las pandillas les permite a estos jóvenes la creación de un espacio de poder social que les ha sido ignorado y del cual nunca han gozado, debido a su condición de marginación en la sociedad salvadoreña. Lo más tangible de eso es el control territorial sobre zonas de dominio público. Al hacerlo, los jóvenes mitigan localmente la sensación de exclusión a la que han vivido sometidos.

Lo anterior ha sido rematado por una notable negligencia estatal en la tarea de formulación de políticas dirigidas a dicho problema y a la juventud en general. No es posible explicar cómo un fenómeno de semejante magnitud no haya sido en absoluto abordado integralmente y, sobre todo preventivamente, luego de más de diez años de su aparición. La verdad es que los diversos gobiernos de turno han ignorado planamente el problema y son, en buena medida, responsables del mismo por su desidia para abordarlo.

Honduras y Guatemala optan por la “mano dura”

En las últimas semanas, tres gobiernos centroamericanos —el salvadoreño, el hondureño y el guatemalteco— han optado por soluciones represivas al problema de la delincuencia juvenil. En estas líneas, se hará un comentario sobre la manera en que los gobiernos de Honduras y Guatemala están implementando la llamada “Tolerancia cero”.

Un nuevo mártir por la paz y los derechos humanos

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) condena enérgicamente el atentado criminal realizado en Bagdad, Iraq, el martes 19 de agosto del presente año. Producto de este hecho, resultaron numerosas personas heridas y más de veinte muertas. Entre estas últimas víctimas se encuentra Sergio Vieira de Mello, quien era —al momento de fallecer— Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representante especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese país; antes, de 1969 en adelante, había desempeñado distintos cargos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y en otros ámbitos de gran responsabilidad dentro de la ONU.

Desde esa amplia experiencia y siendo parte del sistema, Vieira de Mello asumió posiciones críticas y valientes como pocos. “Redefinir la seguridad” tituló uno de sus escritos más recientes elaborado en abril de este año, semanas antes de su nombramiento para trabajar en Iraq; en el texto, se confirma esa afirmación. Como un merecido y respetuoso homenaje, lo reproducimos ahora; es un legado de quien entregó su vida por una causa que a los poderosos no es grata, independientemente de sus tantas y tan retóricas declaraciones al respecto. A continuación, el documento:

La preponderancia militar de Estados Unidos y Gran Bretaña no debe inducirnos a pensar que la estabilidad internacional puede garantizarse por la fuerza. Si el sistema internacional quiere basarse en algo distinto al poder, los estados tendrán que volver a la institución que construyeron: Naciones Unidas. Esta institución se enfrenta a una grave crisis. Debemos encontrar formas de resolverla o afrontar consecuencias terribles.

Los debates acerca de Iraq antes de la guerra y ahora en el período subsiguiente, han demostrado que las potencias del mundo son incapaces de hablar entre sí en un lenguaje común. Esto se ha visto de la manera más dramática en las instituciones globales. Desde el principio de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha sido responsable de la seguridad, y a la Comisión de Derechos Humanos ha aspirado a proteger los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de Iraq, el Consejo ha sido, y al parecer sigue siendo, incapaz de ponerse de acuerdo acerca de la seguridad y del papel de Naciones Unidas. De modo similar, la Comisión de Derechos Humanos que se aproxima al final de su período de sesiones anual de seis semanas, está demostrado ser incapaz de discutir sobre los derechos humanos.

¿Existe una forma de renovar, o de redescubrir, un lenguaje común que nos pudiera sacar del actual punto muerto? Yo creo que sí la hay, siempre que podamos cambiar de forma radical la relación entre la seguridad y los derechos humanos. El debate del Consejo de Seguridad versó sobre las armas de destrucción masiva, una cuestión clásica de seguridad y sumamente familiar para el Consejo de Seguridad desde su inicio. Fueron incapaces o les faltó la voluntad de imaginar que su mandato se extendiera más allá de esa estrecha base. El debate del Consejo no trató sobre las muchas otras cuestiones de interés evidente para los miembros, como la falta de democracia en Iraq o los horrores sistemáticos infligidos por su gobierno a los oponentes políticos, reales o imaginados.

El Consejo de Seguridad se vio incapaz de hablar acerca de un tema más amplio, que era cómo ocuparse de los peligros de seguridad planteados por un gobierno que violaba flagrantemente los derechos humanos de sus ciudadanos y que, dada la tendencia que tiene la brutalidad a forzar sus límites, a continuación se dedicó a atacar a sus vecinos. Al final, la impresión fue que los principales participantes en el debate hablaban de una cosa mientras tenían otra en mente.

Quizás los miembros del Consejo de Seguridad pensaron que sería más propio abordar las cuestiones de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos. Pero en el actual período de sesiones de la Comisión, muchos de los 53 estados representados han estado alegando que ésta no debería considerar la cuestión de Iraq puesto que el Consejo de Seguridad ya lo estaba haciendo. Algunos mantenían que los asuntos iraquíes tenían que ver principalmente con la seguridad, no con los derechos humanos, y por tanto debían seguir siendo competencia del Consejo. Otra línea de argumentación sostenía que los derechos humanos en Iraq eran esencialmente una cuestión relacionada con la guerra, dado el penoso coste de ésta en vidas civiles, y no de las violaciones de los derechos humanos que precedieron durante largo tiempo al conflicto bélico.

Sin embargo, el deseo manifiesto de la mayoría de los estados, tanto en Ginebra como en Nueva York ha sido evitar abrir una discusión sobre los derechos humanos en Iraq. En las semanas anteriores al comienzo de la guerra en Iraq, hablé con muchos de los protagonistas del debate del Consejo. Debería ser obvio, pero quizás merezca la pena mencionar que ninguno de ellos sentía animadversión hacia Naciones Unidas; ninguno quería que el Consejo de Seguridad no alcanzase un consenso sobre Iraq. Lo que les faltaba era encontrar la manera de hablar acerca del problema enmarcado políticamente de forma que el Consejo de Seguridad pudiera alcanzar un consenso. El atolladero en la Comisión de Derechos Humanos es similar y quizás peor. Ambos foros de discusión carecieron de un modo de conceptuar la seguridad en cuestión de derechos humanos y reconocer que las violaciones de los derechos humanos constituyen muy a menudo el núcleo de la inseguridad interna e internacional.

No es un problema nuevo. Consideramos la lista de los últimos fracasos de Naciones Unidas, muy especialmente su incapacidad para evitar el genocidio de Ruanda y la masacre de Srebrenica. ¿Qué tenían éstos en común? Eran emergencias graves, más tarde horribles matanzas, cuya naturaleza no encajaba en los esquemas conceptuales del Consejo de Seguridad y ni siquiera en los de la Comisión de Derechos Humanos. No eran amenazas a la seguridad internacional en el sentido en que el Consejo las reconoce y entiende convencionalmente; y la Comisión de Derechos Humanos tampoco fue capaz de producir algún impacto en su terrible avance. Este es el fracaso político distintivo de nuestra era: la incapacidad de comprender la amenaza para la seguridad que suponen las violaciones graves de los derechos humanos y la incapacidad de lograr consensos prácticos a la hora de actuar contra la amenaza. Sin duda ahora podemos ver, al contemplar la pérdida de miles de vidas en Iraq, que el precio de nuestro fracaso se está haciendo mayor. Y ya era trágicamente alto.

Debemos recurrir a los estados miembros de Naciones Unidas, especialmente a los que se sientan en el Consejo de Seguridad y sobre todo a China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, para lidiar con este fracaso y superarlo de alguna forma que se base en el examen de sus responsabilidades, no de sus rivalidades. Criticar a Naciones Unidas como tal por no alcanzar un consenso sobre Iraq es equivocarse de plano. Cuando los estados miembros enredan sus propias normas o desbaratan su propia arquitectura política colectiva, es un error culpar a Naciones Unidas o a su Secretario General, cuyos buenos oficios no se emplean lo bastante a menudo.

Kofi Anan ha abogado incansablemente en pro del concenso sobre estas cuestiones vitales, pero no puede forzarlo. Y yo tampoco estoy en situación de poder hacerlo en la Comisión de Derechos Humanos, cuyos mandatos son llevados a cabo por mi oficina, pero que yo no dirijo ni controlo. En ambos lugares, el poder reside justamente en los estados miembros. Deben encontrar un modo de hacerlo para tratar los derechos humanos como factor esencial en la seguridad interna e internacional .

Los estados miembros de Naciones Unidas tienen una oportunidad. Con sus últimas acciones han puesto aún más de manifiesto algunas de las carencias de la institución que crearon; pero también puesto de relieve algunos de sus puntos fuertes. Todos los estados, especialmente los miembros del Consejo de Seguridad, deberían aprovechar esta oportunidad para examinar sus relaciones como es debido y estudiar los medios que hay para llevar a cabo una reforma. Las definiciones disfuncionales de la seguridad han revelado su inutilidad en la crisis que envuelve actualmente a nuestro mundo. Ahora, el pueblo de Iraq, que ha sufrido durante tanto tiempo, es quien soporta principalmente el dolor, primero de la guerra y ahora de una paz refutada y polémica.

Tiene que quedar claro que ha llegado la hora de que todos los estados redefinan la seguridad global, para situar los derechos humanos en el centro de este concepto. Al hacerlo, todas las naciones deben ejercer su responsabilidad de manera acorde con su fuerza. Sólo entonces los estados responsables, en lugar de los meramente fuertes, serán capaces de aportar una estabilidad duradera a nuestro mundo.