Madres y mujeres

ARENA se cuece entre dudas

Hasta hace poco, en su relación con los demás partidos políticos del país, la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se movía con relativa comodidad. Eran los momentos de las grandes certezas. Se podía decir que el partido oficial estaba seguro del apoyo casi incondicional de los salvadoreños. Eran también los tiempos de la predicación, sin ambages, del neoliberalismo más puro. Los dirigentes areneros repetían hasta la saciedad que la privatización y la ausencia de cualquier tipo de regulación a las actividades de las empresas recién privatizadas eran el único camino de salvación para El Salvador. No escatimaban anatemas para quienes se atrevían a hablar de un aumento en el salario mínimo. También interpretaban sus buenos resultados electorales como una prueba de la adhesión sin fallos de los salvadoreños a sus dogmas de mercado.

El TLC EEUU-El Salvador: ¿una solución?

Durante los últimos años, los gobiernos de ARENA han gestionado económicamente al país bajo las premisas fundamentales de estabilidad económica que propone el modelo neoliberal. Éste preconiza la reducción de los desequilibrios internos y externos de la economía, por ejemplo: la inflación, el problema del déficit fiscal y el desequilibrio del sector externo. Un vistazo al desenvolvimiento del sector externo en los últimos años parece señalar que aún no se están logrando a cabalidad dichos objetivos, sobre todo si se observa detenidamente el comportamiento del déficit de la balanza comercial, desde que inició el proceso de apertura comercial hasta la fecha.

Armas de fuego y violencia

Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el documento Armas de fuego y violencia, cuyo objetivo es “examinar, comprender y apuntar posibles vías de intervención sobre el problema de las armas de fuego, como una forma de disminuir el impacto de la violencia” en El Salvador. El estudio —en el que participan como coautores el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)— parte de los siguientes supuestos: primero, que las armas de fuego juegan un papel de primer orden en la configuración de la criminalidad y violencia en El Salvador; segundo, que las armas de fuego son un instrumento “cardinal para ejercer violencia en contra de otros y en contra de sí mismos”; y, tercero, que las armas que llegaron a sus usuarios debieron estar sometidas a regulaciones y dinámicas de demanda en respuesta a diversos intereses y necesidades económicas, culturales e institucionales.

Delicada ronda de negociaciones

n el curso del proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), quizá la ronda iniciada esta semana en Guatemala sea la más delicada, debido a que se discutirá sobre productos agrícolas y textiles. También los EEUU darán a conocer su propuesta laboral. En este escenario, es necesario hacer un análisis sobre lo que está pasando con el agro al respecto del libre comercio con los EEUU. Más adelante, se hará un comentario de otros factores que hacen que esta cuarta sesión de negociaciones del CAFTA —que tiene lugar en Guatemala del 12 al 16 de mayo— esté rodeada de tensiones.

Aguas negras

La inadecuada distribución del agua es uno de los principales problemas que impiden el desarrollo de nuestro país. Además, por su ineficiente tratamiento purificador, su calidad es baja y eso la hace portadora de enfermedades que se transmiten a la población, sobre todo entre la de menores recursos económicos. Su carencia ocasiona, también, que miles de familias —sobre todo en comunidades y cantones— tengan que caminar bastantes kilómetros y deban esperen largas horas para llenar sus cántaros; todo ese sacrificio, para solventar la higiene y la limpieza diarias de sus familiares y sus casas. Tan deteriorado está el suministro, que hasta en el mismo “Gran San Salvador” son frecuentes y reiterados los cortes del abastecimiento, pese a las siempre publicitadas obras de construcción y mejoras en la red de agua, que tanto gusta inaugurar al Presidente de algunos sectores del país.

Precisamente, una de las principales obras hidrológicas que Francisco Flores prometió y estrenó —sin estar finalizada— se encuentra ahora bajo la sombra de algo más que una simple sospecha de fraude. Sólo el monto total del proyecto nos da una muestra de la magnitud de la estafa: su construcción estaba valorada en más de treinta millones de dólares. Semejante cantidad de dinero fue desperdiciada por la anterior gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Antes que nada, debemos recordar que, “casualmente”, este fraude salió a la luz antes de la pasada campaña electoral para alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa, pero no se difundió con amplitud durante la misma. En el marco de las tensas semanas proselitistas, el único escándalo que ocupó las primeras planas y numerosas páginas de los medios de difusión escritos fue el del presunto —porque denuncias formales y trámites en los juzgados no ha habido— caso del relleno sanitario de Nejapa y la que llamaron “mafia canadiense”—. Tampoco es casual, entonces, que en ese marco se activara el trinomio gobierno-gran empresa privada-“cuarto poder” en función de atacar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); así trataron de manipular la opinión pública, intensificando el sensacionalismo en función de sus intereses particulares. Se propagaron falsos y se silenciaron por completo las “noticias de verdad”

Ahora que regresaron las cosas a la “normalidad”, con el inicio de la nueva legislatura, se abre otra vez el “chorro” de este caso que relaciona a varias empresas españolas y a un empresario —también español— con el ex presidente de ANDA, Carlos Perla. Ironías del destino, quien tenía como única responsabilidad administrar la “joya” nacional del agua, fue separado del cargo antes de iniciar la campaña electoral y, además, antes de que se difundiera el fraude que ahora sólo se lo cargan a él. Las últimas revelaciones periodísticas lo implican directamente, teniendo que soportar —“solo ante el peligro”— el dedo de la acusación pública.

No deja de sorprender, ante este nuevo escándalo, el tratamiento que en el país se le da a los casos de corrupción. El robo en ANDA, aunque vuelve a las primeras planas de los medios, no se diferencia de otros muchos a los que las autoridades gubernamentales —por desgracia— nos tienen más que acostumbrados. Porque, a estas alturas, no pretenderán hacernos creer “nuestros” gobernantes que las corruptelas públicas son hechos esporádicos y controlados que se dan en el país; según los medios, en El Salvador no existen actos de corrupción que salpiquen a altos funcionarios de gobierno.

Para desmentir tales acusaciones, la experiencia les ha enseñado a utilizar el maquillaje democrático y el doble lenguaje. No se habla de fraude o corrupción, sino de “desvíos monetarios a cuentas de ahorro particulares”; tampoco de mentiras, sino de “confusiones”. En el caso que nos ocupa, el propio Perla reconoce sin rubor que “no firmó ningún finiquito con la empresa, sino que suscribió una suerte de inventario de equipos que recibió su administración”. Pero las manipulaciones van más allá. Si el escándalo es tan evidente que no se puede ocultar, lo mejor es terminar culpando a la oposición por comunista y desestabilizadora o, en todo caso, acusar a terceras personas que no están vinculadas directamente con el equipo de gobierno, haciendo todo lo posible por separarlas aún más del mismo. En fin: los corruptos siempre son otros, nunca ellos.

¿Cómo pretenden hacernos creer que los únicos actos de corrupción en el país los comete gente extranjera que viene a aprovecharse de sus buenas intenciones? ¿A quién quieren engañar? Es evidente, a todas luces, que un fraude como éste requiere la participación y planificación y de unos junto a —lo que es más importante— la tolerancia y omisión de todas las personas que pudieran resultar afectadas si el caso “revienta”. Lo sorprendente de estos escándalos en nuestro país es que, por el momento, quienes terminan siendo acusados de corrupción no son los “peces gordos” sino aquellos que, como Perla, rozaron el poder con la punta de los dedos.

El trinomio ya citado tiene muy claro que para poder continuar con sus planes, es necesario ofrecer la imagen ficticia de un sistema democrático que funciona y que se depura a sí mismo. Por ello, cada cierto tiempo sacrifican “cabezas”; como la de Perla, en este caso. Eso sí, siempre después de que se hayan retirado de sus actividades públicas o después de haber sido separados de sus cargos; no vaya a ser que el “buen” nombre del Partido se manche.

Probidad —organización que vela por la transparencia en las instituciones públicas— sostiene que en Centroamérica los elevados niveles de corrupción chocan con los discursos de los mandatarios y otros funcionarios que profesan “limpieza”; también colisionan con la agenda informativa de algunos medios de comunicación que contribuyen a encubrir y fomentar la corrupción, ignorando el problema o prestándole una atención superficial, marginal o sensasionalista.

Para el caso de nuestro país, se debe recordar que el ex Presidente Armando Calderón Sol firmó en 1998 la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuyo objetivo es “prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio en la cual se reconocen el establecimiento de medidas preventivas”.

Entre las mencionadas medidas preventivas que reconoce dicho documento, se encuentran las normas de conducta para el correcto y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; también el establecimiento de medidas y sistemas que exijan a los propios funcionarios públicos, informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, junto a la creación de mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las mismas. El de la instauración de sistemas para la declaración de los ingresos por parte de los funcionarios públicos, es otra; también el diseño y la adopción de sistemas para resguardar a éstos y a los ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de acuerdo a su Constitución y a los principios fundamentales de cada ordenamiento jurídico interno. Por último, está la creación de mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. ¿Se ha hecho algo por concretar todo eso en el país? La respuesta tajante: nada. Francisco Flores ni siquiera ha cumplido sus pocas promesas que sobre el tema lanzó en la campaña electoral.

Por último, no hay que olvidar que el círculo del fraude se cierra con tranquilidad si hay impunidad; nadie se preocupa si sabe que todo quedará en simples rumores —“múrmuras”, dice nuestro pueblo— y nunca se llegará a nada en concreto. De esto se encarga la Fiscalía General de la República que —pese a contar con una División Anticorrupción— tiene en su titular, Belisario Amadeo Artiga Artiga, al máximo responsable de impedir que casos como el comentado hoy lleguen a los tribunales; y también una Corte de Cuentas que se encarga de cerrar la alcantarilla de la cloaca, cada vez que algún periodista intrépido o una campaña política pretenden entreabrirla un poco.

Mientras estas instituciones —responsables de realizar la contraloría e investigar los delitos— no cumplan con lo que la Constitución de la República les ordena, la presunta democracia en la que dicen que vivimos seguirá siendo puro “maquillaje” del bueno, que oculta un rostro marcado por los crónicos actos de corrupción y por la impunidad de quienes los cometen. Hay que tener mucho cuidado pues, como dice Lanssiers, “aun cuando se ha arrancado a la serpiente sus colmillos, el veneno liberado por la mordida sigue circulando en las venas del cuerpo social”.