Los dilemas de ARENA y el FMLN

¿Las elecciones del PCN?

Una primera aproximación a la respuesta de la indagación por determinar lo que sucedió el domingo 16 de marzo pasado, tendría que fijarse en los resultados electorales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según estos datos —en lo que a las elecciones legislativas se refiere—, los tres partidos más importantes del sistema serían, en este orden, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Estos partidos con 31, 27 y 16 diputados, respectivamente, detentan el 88% del total de escaños disponibles en la Asamblea Legislativa. A partir de ello se puede sostener fácilmente, por un lado, que los tres partidos más grandes son los que controlan el imaginario político de los salvadoreños. Y, por otro, de estos tres partidos, el PCN es el que ocupa una mejor posición. Es, una vez más, el “partido bisagra”, encargado, en teoría, de ponderar los antagonismos entre ARENA y el FMLN.

¿Aliviando la economía familiar?

Recientemente, el Presidente de la República ha presentado a los salvadoreños una serie de medidas encaminadas a “mejorar la economía familiar”. Francisco Flores basa su plan en los siguientes aspectos: una rebaja en el precio de la energía eléctrica, el impulso al sector cafetalero salvadoreño mediante una serie de créditos provenientes de la banca y, junto a esto, la concesión de dos años de gracia para que los cafetaleros paguen su deuda con el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Parque Cafetalero (FICAFE). Las medidas propuestas por el mandatario contemplan, también, aumentar en un 35% las pensiones para los trabajadores que están en un limbo legal desde la entrada del nuevo sistema de pensiones, lograr una mejor calidad de empleos y, finalmente, crear una instancia para la defensa de los derechos del consumidor.

Quejas mediáticas

Los propietarios y directores de las empresas mediáticas más poderosas de El Salvador han tenido la oportunidad de manifestar sus quejas ante los asistentes a la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Durante cuatro días —gozando de una extensa cobertura noticiosas en los principales medios del país—, los empresarios de la comunicación del continente discutieron la situación de la libertad de prensa en las Américas y condenaron todo tipo de cortapisas que, a su juicio, coartan ese derecho consignado en el cuerpo jurídico internacional.

Una incipiente autocrítica por parte de los organismos financieros internacionales

El fracaso del neoliberalismo se está haciendo obvio, incluso para sus principales propulsores: los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Por diversas razones, estas entidades se han visto obligadas a admitir que muchas de las políticas económicas que dictan a los países pobres han distado de ser el remedio infalible que pregonaban.

Desaparecidos en El Salvador (I)

El pasado 28 de marzo se presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia por tres desapariciones forzadas de personas en nuestro país, ocurridas durante el inicio del conflicto armado. En la demanda formulada se plantea, ante el Ministerio Público, que estos hechos forman parte de una práctica estatal, sistemática y generalizada, que debe incluirse —junto a la tortura— entre los que se consideran internacionalmente como crímenes contra la humanidad. La iniciativa busca demostrar que este tipo de delitos durante la larga etapa de violencia política y bélica no fueron sucesos aislados sin conexión alguna, sino más bien el triste y brutal desenlace de una serie de actos preparatorios que incluían amenazas y persecuciones sobre las víctimas.

De la denuncia referida destaca, como novedad, el no solicitar a las autoridades que determinen el paradero de las personas desaparecidas; lo que se les pide es investigar a determinados individuos —militares de alta y baja graduación— que guardaron una relación directa con los hechos a esclarecer. La denuncia trata del conocido como “caso Paty Cuéllar”; las víctimas fueron Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar y la empleada de este último, Julia Orbelina Pérez. El ex esposo de Paty junto a las dos hijas y el hijo del matrimonio son quienes, a estas alturas reclaman justicia.

Paty Cuéllar fue una activa colaboradora de movimientos cristianos juveniles de la Iglesia Católica, desde 1975; entre 1979 y 1980 fue secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, lo que le acarreó el inicio de su persecución por parte de agentes estatales. Entre agosto y septiembre de 1978, aproximadamente 50 elementos de la ahora extinta Policía Nacional —vestidos de civil y fuertemente armados— allanaron su casa. Registraron minuciosamente las habitaciones e interrogaron a quienes allí se encontraban, entre ellos a la propia Paty; ésta fue fotografiada entonces, lo que despertó enormes sospechas; luego, se retiraron del lugar a bordo de varios “radio-patrullas”, que portaban en las puertas y capotas los símbolos de ese sangriento cuerpo de seguridad.

El 5 de julio de 1980, las instalaciones del Socorro Jurídico Cristiano fueron allanadas y saqueadas por elementos combinados de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada de El Salvador; en el informe que elaboró la Policía Nacional sobre este atropello, se calificó a todos los miembros de la institución como “subversivos”. En el aludido documento, también figuraba el nombre de Patricia Cuéllar. A raíz de dicho incidente fue que ella renunció al cargo que venía desempeñando, ya que la persecución contra su persona y otros miembros de su familia se había intensificado.

En abril de 1981, específicamente el miércoles de la Semana Santa, militares vestidos con uniformes color verde olivo irrumpieron dentro de su casa de habitación y la registraron. Los efectivos castrenses llegaron a bordo de dos vehículos de la Fuerza Armada de El Salvador y cercaron la zona como a las 23:00 horas, mientras estaba vigente en todo el país el “toque de queda” o “ley marcial”. Debido a que Paty no se encontraba en la casa, los miembros del Ejército obligaron a los familiares presentes a decir la dirección del padre de Paty, Mauricio. De inmediato, los militares se dirigieron a la casa de habitación de éste; ahí lo interrogaron, preguntándole en forma insistente y amenazadora por su hija Patricia Emilie.

El 27 de julio de 1982, apenas un día antes de su desaparición, Paty Cuéllar se presentó en las instalaciones del Socorro Jurídico Cristiano para denunciar la persecución de la que estaba siendo víctima por parte de agentes estatales vestidos de civil, mientras manejaba en su vehículo por las calles de San Salvador. En medio de todos estos hechos destaca la presencia circunstancial de la señora Julia Orbelina Pérez, quien apenas tenía un mes y veinte días de trabajar para la familia Cuéllar. La señora Julia Pérez había dedicado buena parte de su vida a trabajar en el servicio doméstico en varias residencias de la capital y visitó a sus familiares, por última vez, el domingo 25 de julio de 1982; esa noche la pasó en casa de su hermana Teresa Pérez de Ramos y de ahí, el lunes 26 de julio a las seis de la mañana, salió hacia la residencia de Mauricio Cuéllar, lugar del que ambos desaparecerían dos días después.

El miércoles 28 de julio de 1982, Paty Cuéllar —entonces de 24 años de edad— salió de su casa en compañía de Maite María, su hija de tres años, Javier Ernesto de casi dos años, el hijo, y la más pequeña, Ana Gabriela de ocho meses. Debía llevarlos a la guardería donde acudían regularmente y en la que permanecían hasta las 17:30 horas, que era la hora que su mamá acostumbraba pasar para el retorno a casa. Ese día transcurrió con aparente normalidad hasta que, aproximadamente a las 19:30 horas, desde la dirección de la guardería se comunicaron vía telefónica con Mauricio Cuéllar para informarle que las dos niñas y el niño aún permanecían en esas instalaciones, sin que la madre se hubiese comunicado o hecho presente como ocurría normalmente. Ante esta situación, el abuelo recogió a las criaturas y las llevó a la casa de una hermana. Esa fue la última vez que Mauricio fue visto por su familia; del paradero de Paty, no había noticia alguna.

Con relación a Mauricio Cuéllar, padre de Paty, luego de llevar a sus tres nietos a la casa de su hermana regresó a la propia con la intención de investigar y localizar a su hija desaparecida. Habló por teléfono a varios parientes y amigos para preguntarles sobre el paradero de Patricia, insistiendo en ello hasta por lo menos las diez de la noche. Entre las últimas horas de ese día y la madrugada del jueves 29 de julio de 1982, Mauricio fue sacado violentamente de su casa, junto con su empleada doméstica; en horas de la mañana, se encontró un completo desorden al interior de la vivienda y señales evidentes de “cateo” en todas las habitaciones.

Es importante mencionar que Mauricio fungía entonces como Gerente General de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). La referida Asociación empresarial había convocado a una conferencia de prensa que se celebraría la mañana del jueves 29 de julio y sería presidida por la víctima. Sobre la señora Julia Orbelina Pérez, se presume que habría sido sacada violentamente de esa casa entre la noche anterior y la fatídica madrugada del 29 de julio.

Los familiares de Paty Cuéllar, en una carta reciente, reclaman investigar estos hechos que “han quedado irresueltos al igual que miles de casos de personas inocentes víctimas de la impunidad con que operaron los cuerpos militares.” Además, reconocen en la misma que “nada podrá restituir el vacío que la desaparición de Paty Cuéllar y su padre dejaron en nuestros familiares y amigos. Sabemos que aunque se juzgue y enjuicie a los culpables de este hecho, nada ni nadie podrá devolver la vida de Paty Cuéllar, su padre ni de la humilde señora que trabajaba con él. Creemos que ante la impunidad militar y al hecho de que los responsables de su desaparecimiento son los mismos involucrados directa o indirectamente en los asesinatos y/o desapariciones de otros miles de personas, es importante que, a 10 años del establecimiento de la Comisión de la Verdad, se inicie un juicio sobre estos hechos para establecer la responsabilidad moral y legal de los mismos, a fin de que estos crímenes de guerra jamás vuelvan a ocurrir en El Salvador”.

“El veredicto de culpabilidad en el juicio civil llevado a cabo en La Florida, EUA, (23 de julio de 2002), contra los generales Carlos Eugenio Vides Casanova, ex director de la Guardia Nacional, y José Guillermo García, ex ministro de Defensa, —dice la citada misiva— confirmó lo que siempre denunciamos los miles de familiares de presos, torturados y desparecidos políticos de El Salvador respecto a la violación de los derechos humanos. Basados en la experiencia post conflicto y reconstrucción de otros países, tanto mis hijos como yo, creemos que sólo estableciendo la responsabilidad moral y jurídica de las personas que tuvieron bajo su cargo planificar, ordenar y llevar a cabo operaciones militares contrainsurgentes de este tipo, se podrá avanzar en la real construcción de una sociedad fundamentada en una cultura de paz, justicia y dignidad humanas.

La familia de la víctima finaliza su mensaje así: “Por este motivo, reafirmamos nuestro apoyo al Instituto de Derechos Humanos de la UCA para que continúe trabajando por el esclarecimiento de la verdad y la construcción de una justicia verdadera en El Salvador. Reiteramos nuestra disposición a compartir toda información relevante y cooperar en cualquier aspecto que sea necesario a fin de que el caso de nuestra entrañable Paty Cuéllar contribuya a tal fin.”

Presentamos a continuación el informe sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador, dado a conocer en el marco de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en San Salvador, del 21 al 24 de marzo de 2003.

Situación de la libertad de prensa en El Salvador

Algunos de los problemas persistentes que entorpecen y dificultan la tarea de los periodistas y medios de comunicación residen en que las instituciones públicas, principalmente el Poder Ejecutivo, impiden el acceso a la información y en la continuación de agresiones contra periodistas durante la cobertura informativa.

A pesar del amparo constitucional, no existe en la práctica un mecanismo legal que obligue a los funcionarios a entregar la información que emana de cualquier institución pública y que cualquier ciudadano pueda requerir.

Esta situación deja a criterio subjetivo del funcionario principal, o de los mandos medios, la información que se decide revelar. Con más razón, los periodistas sufren la negativa o el aplazamiento indefinido de la información que solicitan.

Un ejemplo reciente de este manejo subjetivo se registra a partir de febrero de este año en el área de salud. Las principales autoridades han centralizado la información sobre pacientes y enfermedades, y no permiten que los directores de los diferentes hospitales brinden información de interés público. Con esta medida, el periodista sufre una permanente desinformación, que se agrava en el momento en que precisa respuestas sobre casos delicados, como epidemias. Además, en la actual huelga que protagonizan los médicos, que se inició en septiembre de 2002, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social maneja una política informativa escasa y ofrece datos incompletos. En pocas ocasiones atiende las peticiones formuladas por los reporteros cuando éstos solicitan una información precisa. Ello ha determinado que no se pueda conocer el impacto real del conflicto en el sistema de salud del país.

Algunos organismos autónomos con presupuesto estatal ejercen la misma política de trabas informativas. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), generadora de energía, se oponen a dar información sobre el manejo de su presupuesto. En esta misma situación se encuentran otras instituciones de reciente creación como las Superintendencias, la de Energía y Telecomunicaciones, la de Bancos y la de Valores.

Este problema en relación con el acceso a la información también se observa en el Poder Judicial. Persiste una falta de información sobre el manejo de su presupuesto en capítulos como gastos, contratación de personal e inversiones. La Prensa Gráfica ha cuestionado los gastos de la institución para los rubros de asesores y seguridad, pero en ningún caso las denuncias han conducido a respuestas puntuales.

El acceso a los juicios en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia es una tarea prácticamente imposible. Además, el máximo tribunal no revela las resoluciones emitidas. La mayoría de los magistrados esquiva a los medios de comunicación y deja en manos del presidente de la Corte Suprema toda la responsabilidad para responder a las peticiones de los periodistas. De los quince magistrados, más de la mitad apenas ha aparecido en los medios, contando la ocasión en que fueron electos. Se mantiene también la mordaza en el Código Penal en el que se dicta restricciones de acceso a las audiencias de los juicios, según sus artículos 272 y 327. Dichos artículos imponen el establecimiento de la reserva de los casos, pero siempre que se decida por medio de una resolución por escrito y fundamentada. Sin embargo, se han registrado innumerables casos en que los jueces dictan reserva a los juicios sin una argumentación. La mayoría de los funcionarios judiciales ni siquiera explica a los redactores las razones de la reserva, que en ocasiones también la solicita la Fiscalía General sin mayores argumentos.

Asociaciones de periodistas y particulares han pedido desde el año 2001 las reformas de estos artículos en los códigos, pero hasta la fecha la Asamblea Legislativa no ha tomado cartas en el asunto. Tampoco han tenido efecto las promesas hechas por las principales autoridades del Poder Judicial de recomendar a los jueces que no abusen de los artículos mordaza.

En las leyes penales también se mantiene la presión a los periodistas y medios de comunicación con la amenaza de la Inhabilitación Especial (Artículo 180 del Código Penal) y la prisión en los delitos de Calumnia, Difamación e Injuria. (Artículo 177, 178 y 179 del Código Penal).
La Corte de Cuentas se ha cerrado por completo a los periodistas. Basados en reformas efectuadas en septiembre de 2002 a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, específicamente en su Artículo 46, su presidente y sus ejecutivos no revelan información sobre los resultados de las auditorías realizadas a las diferentes instituciones públicas.

El presidente Flores no vetó la reforma mordaza en la Corte de Cuentas, sino que le dio su aval al mes siguiente de su aprobación, con lo que se logró obstaculizar el acceso periodístico a los informes de los auditores. Las auditorías se manejan de forma poco transparente y en ocasiones se dan a conocer públicamente con fines políticos. En este contexto, la Corte de Cuentas se mantiene politizada, ya que es controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), una formación de derecha ubicada como la tercera fuerza del Congreso.

El FMLN, cuyo secretario general ha sido también cabecilla del Partido Comunista por más de 30 años, ha difamado y agredido de manera sistemática a los medios de comunicación salvadoreños. También sostiene abiertamente, como parte de su plataforma política, denominada “Proyecto de País”, claros propósitos de manipular y condicionar el ejercicio del periodismo independiente.

El FMLN se ha referido a un plan para “democratizar” la propiedad de los medios de comunicación y declarar “ilegal” que sus propietarios y directores expresen sus puntos de vista en los editoriales y que intervengan en los asuntos de contenido. Estas manifestaciones han estado precedidas, en los últimos meses, por una serie de graves agresiones físicas contra periodistas en el contexto de mítines públicos que ha encabezado ese partido.

Son igualmente sintomáticos otros signos de intolerancia democrática de algunos de los principales dirigentes de ese partido. A la menor muestra de fiscalización de sus actos como servidores públicos, buscan una estrategia de deslegitimar moralmente a periodistas y a medios como un método para desvirtuar la verdad.

El Diario de Hoy denunció que a uno de sus periodistas que quiso viajar a Canadá en busca de pruebas contra una empresa involucrada en una investigación de multimillonaria corrupción edil relacionada con el tratamiento de basura en 10 municipalidades gobernadas por el FMLN, se le entorpeció, durante dos días, su visado. La visa fue solicitada de manera formal y la Embajada de Canadá con sede en Guatemala, primero le exigió al periodista revelar el tema de su investigación y después se le exigió la carta de invitación por parte de un medio canadiense para permitirle al periodista ingresar al país. Hubo de recurrirse a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para que finalmente extendieran el visado.

Respecto a las restricciones al acceso a la información pública, el diario El Mundo denunció que sus peticiones de información a varios organismos gubernamentales fueron denegadas en 19 oportunidades en este período. El Mundo también denunció que tres de sus periodistas fueron víctimas de agresiones a finales del 2002 por parte de grupos gremiales.

En marzo de 2002 una turba de sindicalistas de extrema izquierda se congregó frente a las instalaciones de la corporación FM y destruyó varios vehículos y equipos de propiedad de la estación radial. El evento es importante, pues es parte de un patrón general de violencia en contra de los medios independientes del país.

Fuente: www.sipiapa.com