Democratización y reforma económica en Centroamérica

Los candidatos "independientes"
 

Desprestigiados y faltos de credibilidad son, quizás, los dos términos más usados para calificar el estado de la relación entre los partidos y el electorado en El Salvador. Algunos consideran, incluso, que se han roto para siempre los vínculos de la representación política. Los partidos —se dice— no representan a nadie más que a sus propios dirigentes. Éstos son acusados de aprovechar sus puestos para promover sus intereses personales, los de sus círculos de amigos o de sectores no representativos de la mayoría de la población. Se reprocha la excesiva verticalidad en el proceso de toma de decisiones en el seno de los partidos. Además, los políticos son considerados como los principales saboteadores de los proyectos de renovación del sistema político. Se han negado a desmontar el candado jurídico que impide la participación de "ciudadanos independientes" en la competencia política.

La falsa solidaridad económica

La actual coyuntura económica se ha convertido en un momento importante en la evolución de las políticas neoliberales implementadas por el partido en el poder, ARENA. De hecho, la situación vigente permite analizar críticamente el conjunto de sus políticas económicas aplicadas. Una evaluación rigurosa de las reformas neoliberales, hecha a través del análisis de variables sociales y económicas desde los años noventa hasta la fecha, permite visualizar con claridad que las políticas públicas se han concentrado en una dinámica de focalizar y priorizar la inserción externa (apertura de la economía a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), disminución progresiva de barreras arancelarias y no arancelarias, fomento de la inversión extranjera como maquilas, dependencia a las remesas, etc.), en lugar de orientarse a estrategias nacionales de desarrollo sostenible, planificadas con visión de futuro y generadas en consenso con la sociedad civil. Todo ello deja de lado la solidaridad con las generaciones presentes y futuras.

Agenda social pendiente

Las correrías de la política y los políticos en la actual coyuntura electoral han acaparado la atención de las fuerzas sociales salvadoreñas, desplazando a un segundo plano los temas trazados en la agenda social. La crisis de la salud es el caso más evidente. A estas alturas, obedeciendo a intereses oscuros, la problemática emanada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se ha teñido de un cariz electoral hasta perder su dimensión estrictamente social. Otros sectores sociales —educación, vivienda e infraestructura— han tenido igual suerte en estos tiempos electorales.

Guatemala: el discreto encanto de la "descertificación"

Los Estados Unidos han amenazado al gobierno guatemalteco con "descertificar" a la nación centroamericana, debido a que no se ha erradicado el problema de la corrupción en el Estado. ¿Qué significa "descertificar"? Con ese neologismo, lo que se quiere decir es que los EEUU quitará la "certificación" que coloca a Guatemala en la lista de gobiernos eficientes en el combate a la corrupción y el narcotráfico.

Terrorismo doméstico

Dentro de la creciente espiral de violencia que mantiene en crisis a nuestro país, la que día a día afecta a las mujeres ocupa uno de los lugares más destacados, por no decir el primero de ellos. Como si no tuviéramos bastante con el reciente y tan publicitado combate a las “maras”, con los cada vez más frecuentes disturbios carcelarios, con la conflictividad crónica en barrios y colonias, con los efectos de la delincuencia en personas y bienes; como si todo eso no fuera suficiente, la escandalosa cifra de mujeres fallecidas o con lesiones graves por maltrato aparece de nuevo —en medio de tan oscuro escenario— lanzándonos un serio llamado de alerta, que de ninguna forma puede definirse como “temprana”. En momentos como el actual, donde en el mundo entero ya suenan fuerte los “tambores de guerra”, tanto la responsabilidad por muertes absurdas como el daño físico y moral en las personas no son patrimonio exclusivo de Estados “todopoderosos”, grupos extremistas o bandas delincuenciales; también lo son de los “terroristas domésticos” en el sentido más literal de la expresión. Si ante a las peores formas de violencia —sean éstas estatales o fanáticas— expresamos nuestro rechazo, de igual forma deberíamos pronunciarnos en defensa de todas aquellas mujeres maltratadas y sus familias destrozadas que, por tantas sinrazones, ocultan la despiadada bestialidad de “sus hombres”.

Hace unos días, un medio escrito publicó datos sobre mujeres víctimas de la violencia dentro de sus hogares en El Salvador. La valiosa información provenía de un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEMUJER), después de un profesional esfuerzo de recopilación y análisis. Las cifras son estremecedoras: “La violencia masculina en el seno familiar cobró la vida de 238 mujeres el año pasado”. Por si eso no fuera poco, CEMUJER señala que “en el curso de las primeras semanas de este año se registran ocho nuevas víctimas”. Todas ellas murieron de forma brutal tras haber sido atacadas —a golpes o con armas blancas de distinto tipo, armas de fuego y hasta piedras— por esposos, ex esposos, novios, ex novios, compañeros de vida y ex compañeros de vida.

Sin embargo, pese a la ultrajante imagen revelada por las estadísticas, sólo se está hablando del número de mujeres fallecidas o de aquellas pocas que se atrevieron a denunciar el sufrimiento padecido durante un largo historial y doloroso de agresiones. En el silencio, muy lejos de nuestro conocimiento, quedan todas las mujeres que —presas por las amenazas e inmovilizadas por el terror a las represalias— permanecen aguantando golpizas, gritos y torturas psicológicas que constituyen, en realidad, un verdadero infierno en vida.

También al IDHUCA llegan las víctimas de esas innumerables tragedias cotidianas y anónimas; son mujeres que nos cuentan sus terribles experiencias de sufrimiento inimaginable, desamparo desolador e irracional incomprensión hasta de sus familiares. “Algo malo habrá hecho”… “Ella lo provocó”… “No diga nada, mamita; lo puede enojar más”… “Ya va a cambiar; sólo téngale paciencia”… Esas son algunas de las reacciones que, lamentablemente, siguen siendo comunes en nuestra sociedad a estas alturas de la historia: en pleno siglo XXI.

Para muestra, un botón. María —la identidad de la víctima es ficticia, por seguridad de ella— es una joven que pese a sus escasos dieciocho años de edad ya fue víctima de la violencia que sufre a diario una enrome cantidad de mujeres salvadoreñas. Hace unos meses llegó a nuestro Instituto, queriendo saber qué podía hacer para superar la situación que se encontraba padeciendo. Nos contó entonces que era madre soltera como producto del abuso sexual al que se le había sometido, desde hacía más o menos cuatro años, por parte de un tío cercano. Este individuo de 35 años de edad, abogado que labora en un Juzgado de Paz cercano al lugar donde vive, parece que también ha estado abusando de las demás mujeres dentro de su grupo familiar.

María, en sus desesperados intentos por defenderse del constante ultraje al que se veía sometida, le dijo al sujeto que lo denunciaría en la Policía Nacional Civil (PNC). Éste —consciente de su situación de poder y de la indefensión de su víctima— la siguió presionando y chantajeando, recordándole que a él “nada le podían hacer nada, pues trabajaba con la justicia y conocía las leyes”. Por esa razón, María —en su creciente desesperación— pensó actuar para poner fin al tormento: lo denunciaría en el tribunal competente de su localidad. Pero estaba indecisa ya que, aún siendo consciente de que debía acusar al criminal, existía una “barrera”: la de su familia. Pese a estar integrada en su mayoría por mujeres, pensó que no contaría con el apoyo de ésta; por el contrario, creía que saldría en defensa del delincuente para justificarlo por ser “el hombre de la casa” que les brindaba “protección”. Tal fue el nivel de presión que, en algún momento, María llegó a pensar que quizás era ella la culpable de todo lo que estaba ocurriendo.

Pero hace unos días se decidió y lo denunció. Gracias a su coraje, se inició la investigación en el Juzgado de Familia donde, además de confirmarse lo denunciado por María, se detectó que el agresor también había abusado de sus propias hijas. Sin embargo, pese a los avances en el caso, María no pudo soportar la pesada carga personal y trató de quitarse la vida. Por fortuna, no pasó del intento y ya está fuera de peligro. Pero eso no nos libera de la necesaria reflexión general al respecto.

La institucionalización de la violencia, en especial la que se ejerce contra las mujeres, es un hecho que a diario constatamos en nuestro país. Por encima de los ríos de tinta que gastan algunos editorialistas ante los innumerables casos de este tipo, no se invierte en serio para crear una amplia conciencia social de condena contra el cobarde que pega, maltrata, amenaza o mata a “sus seres más queridos”. Aún permanece en lo más profundo de nuestra sociedad ese machismo irracional de aquellos que se niegan a aceptar la plena igualdad de la mujer y, lo que para ellos es peor, su independencia económica. Bajo la burla o la broma, se siguen aceptando los estereotipos del maltratador y —no obstante la cruel realidad que se genera— es muy poco lo que se hace para erradicar esa situación.

¿Cuál es la respuesta para hacer frente a semejante realidad? Este maltrato no tiene un patrón específico sobre el cual se pueda actuar directamente; es algo muy complejo que no entiende de edades —afecta a mujeres de 16 a 54 años— o clases sociales. El consumo de drogas, el alcoholismo y la tenencia de armas son algunas de las circunstancias que acompañan a estos hechos, pero no son la causa principal de la violencia descontrolada que se descarga sobre personas cercanas.

Una de las vías para derrotar este flagelo tiene que ver con la difusión de valores y mecanismos para hacerlos realidad; hablamos tanto del respeto, la tolerancia y la paz, como de la solución amistosa y dialogada de los conflictos, la rehabilitación de los agresores y el funcionamiento de las instituciones. De eso algo se ha dicho y hecho en el país, quizás hasta demasiado, después de la guerra. Sin embargo, los hechos continúan y parecen abundar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando dentro de los hogares salvadoreños? La respuesta es una y muy clara: dentro de muchos de éstos no existe paz, pese a la creación de instituciones públicas y servicios sociales para dar atención a esta problemáticas, por que no basta con la difusión y el conocimiento teórico de valores y mecanismos para cambiar un estado de cosas tan terrible. Si continúan los malos ejemplos desde el poder y las instituciones no funcionan como es debido, por más campañas oficiales que se impulsen, va a costar mucho o quizás será imposible que la población se apropie de los valores más elevados y los practique; mientras tanto, seguirá siendo posible que la violencia permanezca como la forma más rápida y menos complicada para “resolver problemas”.

A ese tipo de conclusiones llegan los estudios sobre género realizados por instituciones internacionales, como el titulado: “Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución”. Este trabajo, realizado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), hace otras valoraciones que bien pueden aplicarse a nuestro país. Veamos lo que dice en una de sus partes:

Un análisis general de la legislación sobre violencia en los países (Chiarotti, 1999), muestra que la misma no refleja en todos los casos la claridad de objetivos de la Convención de Belém do Pará. La intención de esta última —de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres— queda diluida en algunas leyes que sancionan la violencia intrafamiliar, sin mencionar la violencia de género ni proponerse erradicar las causas que la originan. En algunos casos, los jueces han prestado más atención a los niños y niñas que sufrieron violencia, que a las mujeres adultas en relación de pareja. Entre los problemas detectados en la aplicación de las leyes, se ha visto que no hay suficientes ni adecuados mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones.

En América Latina y el Caribe hasta hace pocos años, prevaleció en la corriente principal de las políticas públicas —tanto en los ámbitos legislativo y judicial como ejecutivo, así como entre amplios sectores de la sociedad— la idea de que las relaciones en el ámbito privado no debían ser objeto de preocupación estatal. Por lo tanto, la preocupación por medir la violencia que ocurre en ese contexto fue inexistente.

En el caso salvadoreño, tras haber ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – conocida como Convención de Belem do Para– se aprobó la Ley contra la Violencia lntrafamiliar y así se ocultó, de entrada, a las mujeres víctimas. Asimismo, pese a contar con herramientas legales para hacer frente a esta pandemia, su puesta en práctica no ha sido fácil. Por citar algunas situaciones: en la mayoría de las ocasiones, la PNC siempre llega a recoger a la víctima y no a protegerla de su agresor; o pese a que se inician los casos en los tribunales de Familia, terminan siendo archivados por falta de pruebas. La práctica diaria revela cómo las y los jueces de Familia olvidan que la presunción de inocencia no está reñida con el deber de protección a la víctima. En numerosos casos, las agresiones han continuado pese a la condena judicial. En este ámbito, pues, resulta necesaria una aplicación menos formalista del Derecho que busque garantizar la integridad de la mujer agredida.

Acá, el gobierno ha reconocido que los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas son parte de los derechos humanos universales no sujetos a tradiciones históricas o culturales, cuyo carácter universal no se cuestiona. No obstante, falta mucho para que ese reconocimiento se vuelva respeto en la realidad concreta; eso vuelve más difícil la construcción de una sociedad pacífica a la que todas y todos deberíamos aspirar. Es fundamental y urgente, entonces, exigir y practicar el respeto de los derechos humanos; así, pues, debemos evitar y combatir las violaciones de los mismos que se realizan a diario ante nuestros ojos, en nuestros hogares. Estamos, en definitiva, ante una responsabilidad que es común; pero que, sobre todo, es una obligación de los poderes públicos. Y es que sin derechos de las mujeres, no hay derechos humanos.