La clase media en la encrucijada

Balance político
 

Se acerca el fin del año y el país comienza a vibrar al ritmo de las fiestas propias de la época. Al mismo tiempo, los partidos políticos se movilizan para afrontar las próximas elecciones de marzo. Si bien es cierto que entre política y fiestas los salvadoreños decantan sus preferencias por las últimas, no cabe duda de la importancia de una reflexión sobre la coyuntura política al cierre del año 2002. Porque la política es, en definitiva, el lugar desde el cual se mide la eficacia de la sociedad para hacer frente a los desafíos que se le presentan. En esta medida, el presente balance tiene como propósito revisar la actuación de las instancias más importantes del aparato estatal.

La Asamblea Legislativa
La última prueba importante para los diputados fue la aprobación del Presupuesto General de la Nación. A pesar de las reticencias mostradas al principio, los partidos representados en la Asamblea, con excepción del FMLN, aprobaron el Presupuesto sin mayores contratiempos. Sobre este tema cabe hacer dos consideraciones. En primer lugar, es un alivio que se haya disipado la incertidumbre en torno al Presupuesto; la Asamblea Legislativa le deja manos libres al Ejecutivo, lo cual es sumamente importante, especialmente cuando se sabe que en el 2003 los diputados estarán metidos de lleno en la campaña electoral para las elecciones de marzo. De esta manera, la diligente aprobación del Presupuesto General de la Nación garantiza el funcionamiento del Estado, sin mayores contratiempos.

La segunda consideración que conviene hacer es que, pese a las alabanzas sobre lo atinado de la pronta aprobación del Presupuesto, no queda claro si ello fue el resultado de una discusión transparente de las prioridades de los gastos de la nación o una decisión regida por un mero cálculo político. Sobre este tema, es evidente que hay mucha tela que cortar. El bloque de derecha dominante en la Asamblea, fiel a su costumbre de evitar cualquier discusión con la oposición acerca de los asuntos públicos, no traicionó su estilo tradicional de hacer las cosas. Especiosamente, se montó una campaña en la prensa orientada a desvincular la política de los debates sobre el Presupuesto. Una curiosa situación que no deja de arrojar luces sobre la forma en que el actual equipo gubernamental manejó el país a lo largo del 2002.

Otro tema en el que se destacaron los diputados durante el año 2002 fue el manejo de la crisis en el sistema de salud. Desde los primeros días de la huelga desatada en el Seguro Social, los diputados se implicaron en la crisis. Más allá del "natural" afán de protagonismo político, desde un principio algunos legisladores manifestaron un interés desmedido en presentar soluciones a la problemática en el sistema de salud. Es en este contexto que nació el decreto 1024, derogado poco después, luego de una fulminante campaña opositora de grupos de presión afines a la derecha gobernante.

Sin embargo, pese a la corta vida del mencionado decreto, su aprobación por diferentes partidos opositores en la Asamblea marcó una especie de ruptura en la que venía siendo el comportamiento de algunos de ellos, especialmente del PCN, en el funcionamiento del Órgano Legislativo. Por primera vez, luego de varios años, los pecenistas se atrevieron a desafiar la tutela de ARENA. Se trató de un acto de indudable tinte electoral, pero que no por ello fue menos importante, porque recordó a la bancada arenera las necesidades de tomar en cuenta en ciertas circunstancias a la oposición política y a su aliado de siempre. Una necesidad que sin duda habían olvidado con la práctica que caracterizó al PCN de endosar todas las decisiones del Ejecutivo, contra recibo de ciertas prebendas personales para sus más miembros más influyentes.

Por otra parte, no cabe duda que, en cierto momento, la imagen de una Asamblea Legislativa propositiva y dispuesta a pesar en la vida política y favorecer el funcionamiento de las instituciones podría ayudar a contener la mala imagen que se han labrado los diputados ante la opinión pública nacional. De hecho, los sondeos de opinión revelan que ocho de cada diez salvadoreños valoraron positivamente el Decreto 1024.

Y, efectivamente, en el contexto de la intervención en la huelga del Seguro Social, muchos salvadoreños vieron con buenos ojos el hecho de que la solución saliera de los legisladores, haciendo de mediadores entre un ejecutivo intransigente y los médicos y trabajadores huelguistas. Porque, en definitiva, los salvadoreños siguen anhelando un pleno funcionamiento de los mecanismos de pesos y contrapesos del sistema político. Y no cabe duda que, en la medida que funcionara tal sistema, se podría empezar a despejar el camino hacia la solución de algunos problemas relacionados con el manejo de la política en el país.

Pero, no obstante las consideraciones anteriores, la Asamblea Legislativa termina el año 2002 sin mejorar la percepción negativa que buena parte de los salvadoreños tienen de esta institución. Si bien las encuestas de opinión no examinaron de manera directa este tema, la idea que tienen los ciudadanos del funcionamiento de los partidos políticos en el país confirma lo anterior. En efecto, según el sondeo de opinión de fin de año del IUDOP, no se ha detenido la erosión de simpatía que viene afectando a los partidos políticos del sistema. La última encuesta revela que el 46.7 por ciento de los salvadoreños cree que ha empeorado la situación política y que al mismo tiempo persiste el desgaste de los institutos políticos.

De esta suerte, tomando en cuenta el desempeño del año que termina, no se puede esperar mucho de la Asamblea Legislativa para el año 2003. Es casi imposible que los resultados de las próximas elecciones, salvo un evento totalmente fuera de serie, ayuden a cambiar el panorama. Tal constatación se basa en la dinámica cada vez más frustrante en el sistema de partidos. Así, para las elecciones de marzo del 2003, no se esperan mayores cambios en, por una parte, la distribución del poder entre los partidos que actualmente dirigen el país y, por otro, en las cúpulas que controlan a estos institutos políticos. Por tanto, lo único que se augura con los resultados de las próximas elecciones es que se retomen los viejos antagonismos de siempre con sus características de debates estériles, sin ahondar en los principales problemas que aquejan a la población salvadoreña.

El poder Ejecutivo
Establecer un balance de la actuación política del gobierno implica no sólo hacer una evaluación de la manera como enfrentó los principales problemas que tuvo el país durante este período o cuestionar sus empeños autoritarios, sino también fijarse en la manera en que los salvadoreños perciben tal actuación. Porque, una nota característica del gobierno de Francisco Flores ha sido su desvinculación con la opinión ciudadana sobre la conducción de los asuntos del país. En esta línea, a lo largo del 2002, el gobierno de Flores se ha destacado por su autoritarismo en el manejo de la política nacional y algunos resultados mitigados en el plano internacional.

Respecto del manejo político de las problemáticas nacionales, el gobierno de Flores se destacó por su incapacidad de dialogar con la oposición. Ante última, especialmente frente a principal partido de izquierda, la estrategia de ARENA consistió en mantenerla al margen de la discusión pública de los principales problemas del país. Para ello, Flores y su equipo se valieron de toda clase de artimañas y de una campaña publicitaria agresiva. Cuando finalmente la oposición logró imponerse por medio del legítimo juego de la aritmética de los votos en la Asamblea Legislativa, la prensa de derecha amenazó con desatar un caos y el presidente se declaró engañado por sus aliados del PCN.

Empero, toda esta retórica contra la oposición no ha sido más que la expresión de la incapacidad de entrar al juego de la concertación. ARENA y su presidente, a lo largo del 2002, han prestado poca atención a este tema, importante para buena parte de los salvadoreños. El manejo de la opinión pública por medio de una prensa agresiva, dispuesta a denigrar y condenar al ostracismo a los opositores, ha sido la principal arma de batalla del gobierno. Para tales efectos no se hace ninguna diferencia entre opositores políticos, asociaciones profesionales, gremios, organizaciones de la sociedad civil o instituciones estatales independientes, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Por otro lado, un tema importante en la evaluación del gobierno de Flores, a lo largo del 2002, ha sido su política internacional. Los adalides de la derecha han venido destacando las buenas relaciones internacionales del gobierno, especialmente con el mandatario de los Estados Unidos, George W. Bush. Efectivamente, en este rubro, Flores ha logrado imponerse frente a otros mandatarios de la región. De ahí que la visita del presidente estadounidense al país, su anuncio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio y las oportunidades migratorias a favor de los salvadoreños que viven ilegalmente en los Estados Unidos son algunos de los logros que destacan en la política internacional de Flores.

Sin embargo, pese la incontestable nota positiva de los logros anteriores, Flores está bastante lejos del estadista que pregonan sus simpatizantes. Basta nada más recordar el bochornoso incidente diplomático del mandatario salvadoreño apoyando a los militares golpistas de Venezuela para hacerse una idea del asunto. En realidad, en esa ocasión, Francisco Flores demostró ser un presidente nada convencido de los principios democráticos, dispuesto a apoyar a quienes violentan las leyes más elementales de la convivencia política que se quiere implementar en la región latinoamericana.

Consecuentemente con las consideraciones anteriores, el gobierno de ARENA termina el año con una nota negativa. Casi la mitad de los salvadoreños considera que ha gobernado mal al país. En el manejo de los principales temas que recaen sobre su responsabilidad, una gran mayoría de ciudadanos sigue insatisfecha. Son los casos, por ejemplo, de la economía y la delincuencia, entre otros. El 53.4 por ciento de la población dice experimentar un empeoramiento en su situación económica. Además, para el 50.6 por ciento, la delincuencia sigue siendo un problema de extrema gravedad.

Finalmente, en relación con las perspectivas para el año 2003, tampoco se espera un cambio radical en la conducción del país por parte del gobierno del presidente Flores. El próximo año es pre-electoral y anuncia, sin duda, una estrategia más agresiva en contra de los opositores. En este marco, lo más probable es que Flores siga haciendo de la confrontación y la calumnia de los opositores su principal arma de batalla. No hay incentivos para cambiar de estrategia; las encuestas vaticinan que su partido ganará las próximas elecciones para alcaldes y diputados, y posiblemente las elecciones presidenciales del 2004. En fin, el descrédito público de los demás parece aportar frutos políticos positivos a un gobernante que ha hecho de la denigración de sus opositores una eficaz arma de combate.

La oposición política
A juzgar por los resultados de las encuestas de opinión pública, el desempeño de la oposición política ha sido bastante pobre a lo largo del 2002. Tanto en la Asamblea Legislativa como en otras instituciones del Estado, la oposición no ha logrado presentarse como una alternativa política creíble ante los ciudadanos. Los salvadoreños siguen endosándoles, junto con ARENA, la misma cuota responsabilidad en el mal funcionamiento del país. Por eso es por lo que, ante la alternativa de un voto para la oposición, buena parte de los salvadoreños prefieren abstenerse de la política. Según la última encuesta del IUDOP, la cuarta parte de la población no votaría por ninguno de los partidos presentes en el sistema político.

El fenómeno de la abstención o desencanto de los salvadoreños con el desempeño de los principales actores de la vida política apareció, de nuevo, en el 2002. Las investigaciones sobre la materia revelan una erosión constante en el apoyo ciudadano a la democracia, conforme el país fue avanzando en su proceso de democratización iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz. En este sentido, lo que vienen a corroborar los últimos datos acerca de la mala imagen de la oposición es su incapacidad para revertir el pobre desempeño económico y político del partido oficial en apoyo político a su causa.

Las consideraciones anteriores invitan a reflexionar sobre las estrategias utilizadas por la oposición en el 2002 para acercarse a los salvadoreños. En eso tampoco han variado las cosas. El FMLN, el principal partido de oposición, siguió haciendo de la denuncia su principal arma de batalla. Sus principales dirigentes siguieron apostando al desgaste de ARENA en el ejercicio del poder, para luego poder captar los votos de los inconformes. Sin embargo, la estrategia no ha surtido los efectos esperados y, por el contrario, amenaza con hundir a sus promotores.

De ahí, entonces, la necesidad de revisar las prácticas tradicionales de la izquierda. Sin embargo, la oposición no se ha mostrado a la altura de la realidad. No lo ha estado durante 2002, como nunca ha sucedido desde los Acuerdos de Paz. La población se lo ha venido achacando y los remedios han sido peores que el mal. Por eso el FMLN sigue sin despegar en las encuestas. Las perspectivas del FMLN para el 2003 no son nada halagadoras. Según los últimos sondeos de opinión ninguno de los partidos opositores podrá desbancar a ARENA de la primera fuerza política nacional. Es evidente que se trata de un pobre desempeño para unas fuerzas políticas que critican constantemente las acciones del partido oficial y que aspiran a reemplazar a ARENA en los principales puestos de poder en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil
En torno al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, hay que subrayar el hecho del creciente protagonismo que han venido tomando en la vida política nacional. En este sentido, el 2002 no ha sido una excepción. Además, por otro lado, estas organizaciones han funcionado como grupos de presión, instancias desde donde se enfrentan a los actores políticos para forzar las decisiones relativas a los intereses de sus adherentes y simpatizantes. Pero, para tal efecto, conviene diferenciar las organizaciones de acuerdo a su afiliación y según sean defensoras o críticas de las decisiones gubernamentales.

En el primer grupo se encuentran las organizaciones reunidas en torno a la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Esta organización no gubernamental ha venido desempeñando un papel de primer orden en las decisiones del Ejecutivo. Funciona como satélite del partido oficial, cuyas decisiones defienden contra viento y marea. A la inversa, los funcionarios de ARENA procuran ajustar sus decisiones políticas a los intereses y aspiraciones de los principales sectores que conforman la organización empresarial. Lo anterior ha sido la regla durante el 2002. Los grandes empresarios fueron los principales beneficiarios de las políticas gubernamentales y quienes se pusieron, como contrapartida, al servicio de la causa arenera.

Por otro lado, se encuentran las otras organizaciones de la sociedad civil críticas al desempeño gubernamental. Estas últimas también tuvieron bastante protagonismo a lo largo del 2002. La huelga en el Seguro Social y las multitudinarias marchas organizadas para apoyar a los trabajadores en paro, dan una idea de sus actividades. Además, lograron forzar la mano de algunos partidos políticos para la aprobación del decreto 1024 que prohibía la privatización de los servicios de salud.

En ese sentido, es muy probable que en el 2003 las organizaciones de la sociedad civil sigan teniendo un rol protagónico en la vida política nacional. Y ello se explica por una doble razón: por un lado, a la incapacidad de ARENA de encontrar cierto equilibrio entre los intereses de la gran empresa y los demás sectores de la vida nacional; y, por otro, la incapacidad de los partidos políticos opositores para obtener una credibilidad social que se traduzca en un apoyo electoral por parte de los ciudadanos.

Balance económico

Al cierre del año 2002, han aflorado nuevamente las valoraciones gubernamentales triunfalistas en las que se presenta un balance positivo, aunque lamentablemente parcializado, del desempeño económico. Esto, pese a que el año termina sin alcanzar la meta de crecimiento económico que el gobierno se trazó y los indicadores de situación de los sectores externo y público muestran prácticamente la misma situación desequilibrada de siempre.

Frente a esta realidad, es alarmante que el gobierno continúe sin adoptar medidas correctivas y, lejos de ello, más bien parece aferrarse cada vez más a una estrategia de desarrollo centrada, simplemente, en la negociación y suscripción de Tratados de Libre Comercio. Después de la firma de tratados con Chile, República Dominicana y México -los cuales provocaron un empeoramiento de la balanza comercial con México y un minúsculo incremento de las exportaciones a República Dominicana-, ahora la nueva meta es la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Pero 2002 también dio paso a tendencias positivas en términos de incremento de las tasas de crecimiento económico y de reducción del déficit fiscal. Así, se suscitó una leve recuperación de la tasa de crecimiento económico que, aunque no alcanzó las proyecciones trazadas, sí superó las obtenidas en 2001. Debe decirse, empero, que este repunte obedece en gran parte a los ingentes flujos de inversión pública erogados por el gobierno para financiar los proyectos de reconstrucción pos terremotos. Gran parte de estos recursos han sido financiados esencialmente a través de donaciones y empréstitos, de modo que puede decirse que este tipo de crecimiento no es sostenible, habida cuenta que el gobierno no está en la capacidad de financiar, con sus propios ingresos, semejantes volúmenes de inversión. De no haber ocurrido los desastres de 2001, sin duda las tasas de crecimiento habrían sido mucho más bajas, e inclusive pudo haberse experimentado un decremento en el Producto Interno Bruto (PIB).

El otro signo positivo, dentro de lo que cabe, es una leve reducción del déficit fiscal en relación con el PIB. Sin embargo, esto ha sido producto de la política de contracción del gasto corriente y del despido de empleados públicos. Ello ha reducido el tamaño del Estado y su capacidad de regulación, algo que resta méritos al resultado inicial.

Pero lo cierto es que una revisión del comportamiento de la economía salvadoreña durante 2002 revela más aspectos negativos que positivos, especialmente en lo que se refiere a la dinámica y composición de indicadores macroeconómicos referidos a la producción, precios y salarios, sector externo, sector público y sector monetario y financiero.

Producción
La proyección inicial del gobierno sobre el crecimiento económico fijó la tasa de crecimiento del PIB en 3%, para luego reajustarla a la baja y fijarla en 2.5%. Pese a la modestia de la proyección, la cifra no pudo ser alcanzada y, de acuerdo a las valoraciones de funcionarios del Banco Central de Reserva (BCR), para el año 2002 se esperaba un crecimiento del PIB de aproximadamente 2.3%.

Al menos esta cifra rompe la pronunciada tendencia hacia la baja de las tasas de crecimiento, pero no garantiza que se esté suscitando un proceso sostenido de recuperación de las mismas. Ello, porque el principal impulso para el crecimiento ha provenido de los recursos adicionales que el gobierno recibe para la reconstrucción física pos terremotos. Como reflejo de ello, se tienen las inusitadas tasas de crecimiento del sector construcción, que han alcanzado el 10% para los años 2001 y 2002. Lamentablemente, este aliciente para el crecimiento no durará mucho y, de hecho, las autoridades económicas estiman que para 2003 la inversión pública en la reconstrucción caerá significativamente.

Por otra parte, tampoco escapa a la atención el hecho de que el crecimiento económico no está abarcando al sector agropecuario, el cual enfrenta una aguda crisis a causa de la irrentabilidad estructural en la que ha caído, así como por el agravamiento adicional provocada por la abrupta reducción de los precios del café y de la actividad económica de este subsector. Para el tercer trimestre de 2002, las cifras disponibles daban cuenta de una reducción del volumen de la actividad económica del sector agropecuario y de su PIB trimestral que, sin embargo, fue menor que la experimentada durante el año 2001. Los sectores que más han impulsado el crecimiento, al menos ateniéndose a sus volúmenes de producción y PIB trimestral hasta septiembre de 2002, habrían sido los de la construcción, electricidad e industria.

Precios y salarios
El control de la inflación es uno de los logros más evidentes del gobierno, al grado que desde 1996 se vienen obteniendo tasas de inflación de un solo dígito, siendo la tasa más alta de un 7.4%, obtenida el mismo año, y la más baja, la alcanzada en 1999, cuando fue de -1%; es decir, que ese año se habría registrado un decrecimiento de los precios. Para el año 2002, se estima que la inflación cerrará en 2.5%, una tasa considerablemente baja, pero que oculta la realidad de incrementos incesantes en los precios de los alimentos, los cuales, en realidad, están sometidos a tasas de inflación superiores a las que reflejan las cifras promedio de crecimiento de precios difundidas por fuentes gubernamentales (Proceso, 1028). Para la población en extrema pobreza, que cuenta con un ingreso apenas suficiente para adquirir la canasta de alimentos, el fenómeno de la inflación es mucho más severo de lo que las cifras oficiales sugieren.

Durante 2002 no hubo ajustes del salario mínimo nominal y este se mantiene estancado en 1,260 colones, lo cual hace ver que el deterioro de su poder adquisitivo ha continuado a lo largo del año. Los datos elaborados para el año 2000 daban cuenta de un moderado deterioro del poder adquisitivo en una proporción de 5.12% entre los años 1990 y 2000 (Proceso, 982), algo que se explica por las bajas tasas de inflación del segundo lustro de los noventa y por la política de incrementos en el salario mínimo seguida durante la administración de los dos primeros gobiernos de ARENA. La última alza en el salario mínimo se suscitó en 1998, cuando se elevó el salario mínimo urbano de 1,150 a 1,260 colones.

La congelación de los salarios mínimos y el efecto de la inflación de los últimos dos años indican que el salario mínimo real se ha deteriorado desde 2000. Si se suman las tasas de inflación de 1.8% para 2001 y la estimada de 2.5% para 2002, el deterioro del salario mínimo real podría estar rondando cerca del 9%.

Sobre el comportamiento del salario mínimo, es importante anotar que este se ha convertido paulatinamente en la norma que rige la fijación de los salarios en la maquila textil. Por lo mismo, el salario mínimo también se ha convertido en un mecanismo de dotación de competitividad para el país, pues en la medida que estos se mantengan estables y en niveles bajos, así garantizan la permanencia y llegada de inversionistas internacionales que operan este tipo de industria, no sólo en El Salvador, sino también en todos los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

De esta manera, la proliferación de la maquila textil se convierte en una fuente de efectos diversos: a la vez que genera una considerable cantidad de empleo, también fortalece en los gobiernos la idea que la congelación de los salarios mínimos es una medida deseable para retener y atraer inversiones interesadas en mano de obra barata, tal como lo ha expresado en alguna ocasión, aunque en otros términos, el Presidente de la República, Francisco Flores.

Sector externo
A lo largo de los años noventa, el principal problema evidenciado por el sector externo ha sido la tendencia hacia el incremento del déficit de la balanza comercial. Este pasó de 726.7 millones de dólares a 2,162 entre 1991 y 2001, lo cual supone un incremento de 197%. Para noviembre de 2002, se estimaba que el déficit de la balanza comercial estaba rondando los 2,007 millones de dólares, por lo que no sería extraño que el presente año finalizara con una cifra levemente superior a la de 2001.

Por lo tocante a las exportaciones, puede anotarse que, para el mes de noviembre, destacaba nuevamente la caída drástica de las exportaciones de café, las cuales apenas alcanzaron los 102 millones de dólares, de modo que al final del año las exportaciones representarán apenas un tercio de lo que solían representar entre 1998 y 2000, cuando la situación ya era mala. Adicionalmente, en 2002 se estaría registrando también una importante caída de las otras dos exportaciones tradicionales: azúcar y camarón. Las primeras ascendieron a los 70 millones de dólares en 2001, pero para noviembre contabilizaban apenas 33 millones de dólares y no hay expectativas de que las cifras se incrementen en el último mes del año. Las exportaciones de camarón cayeron de 18 millones de dólares en 2001 a 8 millones en noviembre de 2002 y difícilmente irán más allá de los 10 millones para el mes de diciembre. Estos comportamientos reflejan, en lo fundamental, las desfavorables condiciones del mercado internacional para los productos primarios, caracterizados por una caída constante de los precios que, en el caso del café, ha adquirido connotaciones dramáticas.

Las exportaciones no tradicionales y las exportaciones de maquila son las de mayor peso en la formación de las exportaciones brutas totales. Las exportaciones no tradicionales a noviembre de 2002 alcanzaron los 991 millones de dólares, equivalentes a 35.9% del total de exportaciones. En cambio, la maquila generó exportaciones de un valor de 1,627 millones de dólares, equivalentes a 58.9% de las exportaciones totales. Sin embargo, sí se restan las importaciones que la misma maquila realiza el aporte real de este sector a las exportaciones, disminuye a 440 millones de dólares, lo cual serían las exportaciones netas de maquila, mismas que representan menos de la mitad del valor de las exportaciones no tradicionales brutas y un 16% de las exportaciones totales. Es destacable el hecho de que en los últimos años las exportaciones de la maquila crecen a un ritmo más lento (3-8%) que el observado en años anteriores a 2000, cuando las exportaciones crecían a tasas de hasta 20%.

Las importaciones, por otra parte, continúan presentando una tendencia hacia el alza, aunque en los últimos dos años tal tendencia ha aminorado. Exceptuando el año 2000 -cuando hubo un incremento de casi 900 millones de dólares en las importaciones-, durante los últimos cuatro años los incrementos en las importaciones han sido moderados, en comparación con lo observado durante el primer lustro de los noventa. Los datos disponibles para 2002 dan cuenta de que, para el mes de noviembre, las importaciones habrían alcanzado los 4,768 millones de dólares, una cifra inferior al total obtenido para 2001, cuando sumaron 5,027 millones de dólares. Al final del año habrá un incremento en las importaciones que, aunque no será de gran consideración, sí será suficiente para mantener un fuerte desequilibrio en la balanza comercial.

Esta situación ha podido ser sostenida solamente gracias a la afluencia de remesas y empréstitos, pero, sobre todo, de las primeras. Para 2002, se estima que las remesas alcanzarán los 1,968 millones de dólares, equivalentes a un 91% del déficit total de la balanza comercial. Pese a este respetable nivel, las remesas volvieron a mostrar la tendencia hacia el lento crecimiento que ya habían exhibido en 2001 y sólo crecieron 3% en 2002.

El restante 9% del déficit comercial se financia con creces con las entradas de capital, al grado que todos los años el país acumula aproximadamente 300 millones de dólares en reservas internacionales netas. Para 2002, el apuntalamiento de la entrada de capitales para el sector externo se profundizó por los flujos de donaciones y empréstitos para la reconstrucción. De hecho, en el trimestre comprendido entre julio y septiembre, el superávit de la cuenta de capital y financiera se incrementó 18%, comparada con los mismos meses de 2001.

De cara a estas cifras, cabría esperar una ampliación del superávit de la balanza de pagos para finales de 2002, considerando que, según funcionarios de Cancillería, a lo largo del año se habrían recibido cerca de 355 millones de dólares en concepto de donaciones. Para poner este dato en perspectiva, considérese que el superávit de la balanza de pagos para 2001 fue de 344.3 millones de dólares.

Sector público
2002 cerrará con un déficit de 3.3% del PIB en las finanzas públicas, el cual, aunque no es despreciable, al menos es menor al experimentado en 2001, cuando alcanzó un 3.7% del PIB. En buena medida, esto ha obedecido al énfasis especial que el gobierno ha puesto en la contención del déficit fiscal por cualquier medio. El afán ha sido tal que, para el presupuesto de 2002 y 2003, se han contemplado reducciones del orden del 5% y 3%, respectivamente, en los gastos ordinarios de las instituciones del gobierno central -exceptuando las carteras de educación y salud-. Por efecto de estos recortes, el Presupuesto de 2003 contempla una reducción de 17.1 millones con relación al de 2002, algo inusitado en la historia reciente, pero no por ello bueno en sí mismo, puesto que supone una reducción de las potencialidades del Estado para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social. Al mismo tiempo, se ha emprendido una campaña para reducir la evasión fiscal y el contrabando, y así volver más eficiente la recolección de los impuestos, que, con todo, siguen siendo insuficientes para cubrir el gasto público.

Para 2002, los ingresos tributarios habrían llegado a los 1,629.7 millones de dólares, superiores en un 6.6% a los ingresos de 2001, que ascendieron a 1,528.8. Como siempre, los impuestos con mayor participación en los ingresos del fisco fueron los provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta, los cuales aportan 912.6 y 482.5 millones de dólares, respectivamente, para un total de 85% del total de los ingresos tributarios. Según funcionarios del Ministerio de Hacienda, para 2002 se habría incrementado la carga tributaria desde 11.3% a 11.9% del PIB.

Por el lado del gasto, destaca el hecho de que, aparte del ya referido déficit que generó, contempló la erogación de un 4.3% del PIB para inversión pública, algo que es reflejo de la disponibilidad de recursos internacionales para la reconstrucción y que explica, como ya se señaló arriba, el notable repunte de la actividad económica y producción del sector construcción. Aún así, los ingresos tributarios no logran cubrir, ni de lejos, los requerimientos del gasto público al grado que los ingresos de 2002 representan apenas un 65% del total del Presupuesto de la nación. Para 2003 ya se está proyectando la emisión de bonos por un valor de 348 millones de dólares para financiar parte del déficit fiscal que se avizora.

No es casual que la deuda pública del gobierno se incremente constantemente, al grado que para 2002 representa un 37.7% del PIB y su servicio absorbió cerca de un 21% del Presupuesto General de la Nación. Cabe señalar que durante este año se realizó un cambio de deuda de corto plazo -contraída esencialmente a través de la emisión de Letras del Tesoro en el mercado local- por deuda de mediano plazo en el mercado internacional, algo que disminuirá la carga tributaria anual derivada del servicio de la deuda, pero la prolongará por más tiempo.

Para 2003, las proyecciones del Ministro de Hacienda, Juan José Daboub, son más optimistas que de costumbre y fijan en 1.6% del PIB el monto del déficit fiscal, lo cual implicaría una reducción de más de la mitad, en comparación a 2002. Según el Ministro, esta postura es realista, porque el fisco inicia con un total de 16,000 empleados estatales menos y con menores necesidades de reconstrucción. De ser ciertas estas aseveraciones, se estaría ante un nuevo caso de despidos masivos en el sector público, que se sumaría a los efectuados a inicios de 2002, cuando fueron cesados cerca de 8,000 trabajadores estatales. Algunos datos que dan más pábulo a estas aseveraciones son la reducción de cerca de 1,200 plazas solamente en el Ministerio de Gobernación y de otros despidos en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.

Sector monetario financiero
La dolarización continuó siendo la principal noticia en este ámbito y, para finales de 2002, el BCR estima que cerca de un 87.7% de la base monetaria ha sido convertida a dólares y proyecta que durante 2003 se finalizará con la sustitución del colón por el dólar. Curiosamente, la Ley de Integración Monetaria planteaba que tanto el colón como el dólar serían monedas de curso legal, al mismo tiempo que definía como unidad de cuenta bancaria a este último y quitaba al BCR la potestad de la emisión de la moneda.

Posteriormente, y en complicidad con el sistema financiero, el gobierno procedió a retirar el circulante en colones, sustituyéndolo por dólares con el argumento de la escasa disponibilidad de la moneda nacional. La dolarización ha tenido importantes costos en términos de reducción de las reservas internacionales en dólares, del señoriaje y, sobre todo, de eliminación de la política monetaria. Los más beneficiados fueron los bancos que habían contraído deuda en dólares y que vieron en la dolarización una forma de "anclar" el valor de su deuda.

Según informes oficiales de ABANSA -la asociación de banqueros salvadoreños-, como resultado de la dolarización las tasas de interés han venido experimentado reducciones sostenidas, al grado que para 2002 las tasas activas a más de un año plazo habrían alcanzado 6.06%, lo cual representaría una importante reducción si se comparan con los niveles exhibidos en 2000, cuando las mismas tasas eran superiores al 16%.

De acuerdo a la misma fuente, el crédito para el sector privado creció 5.9% en 2001, pero para 2002 se estimaba que el crecimiento habría alcanzado un 7%, para llegar a niveles equivalentes a un 58.5% del PIB del mismo año. Los sectores más favorecidos en la asignación del crédito habrían sido industria y comercio (25% cada uno), construcción y vivienda (14%), servicios (9%), otros sectores (12%). El sector agropecuario habría recibido apenas un 8% del total del crédito.

El hecho de que las tasas de interés activo hayan bajado significativamente, mientras que las tasas de crecimiento del PIB se mantengan en niveles relativamente bajas, sugiere que el crédito y la inversión no están aumentando lo suficiente como para hacer repuntar el crecimiento económico. La tasa de 7% de crecimiento del crédito se ha correspondido con una tasa de crecimiento de apenas 2.3%, y que ha sido impulsada mayormente por inversiones públicas que no han sido financiadas con recursos del sistema financiero doméstico.

Durante las épocas de alto crecimiento económico experimentadas en el primer lustro de los noventa, el crédito otorgado al sistema financiero llegó a crecer a tasas cercanas al 30%, induciendo tasas de crecimiento del PIB del orden del 6%. Lamentablemente, el crédito se orientó hacia el consumo y actividades improductivas, que condujeron a un proceso de rápido endeudamiento, reducción del ingreso disponible y del consumo y de lento crecimiento que se ha prolongado ya por seis años.

Perspectivas
La economía salvadoreña presenta síntomas encontrados en su comportamiento, pues mientras es evidente el control de la inflación, el superávit de la balanza de pagos y la acumulación de reservas internacionales netas, también lo es la persistencia de tendencias desequilibrantes en los sectores externo y público que revelan la inviabilidad de largo plazo de un modelo económico como el propugnado en la actualidad. La apuesta por la maquila y el libre comercio aún suscitan serias dudas acerca de su aporte para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. La primera, porque se fundamenta en salarios bajos y no paga impuestos; y la segunda, porque entraña serios retos competitivos para un aparato productivo poco diversificado e ineficiente. Por otra parte, tampoco puede pretenderse continuar profundizando la dependencia de las remesas, especialmente si se toma en cuenta que ellas muestran una tendencia hacia el lento crecimiento.

Uno de los grandes retos que enfrentan las formuladores e implementadores de la política económica en este contexto es cómo generar sinergias entre los flujos de remesas, el fomento de la producción doméstica y las necesidades de reorientación económica de cara a los inminentes procesos de globalización. El sistema financiero aparece acá como un actor clave del proceso, pero que debe ser orientado por políticas de desarrollo que establezcan metas y prioridades para el sector. Acá es donde se encuentra quizás el mayor cuello de botella, debido a que el sistema financiero se ha convertido paulatinamente en uno de los sectores más influyentes en la formulación de la política económica, al grado que la rentabilidad de este sector parece estar por encima de cualquier otro objetivo de desarrollo productivo.

El cierre de 2002 revela que, tal y como el modelo económico está operando, este no es capaz de generar condiciones para elevar las tasas de crecimiento y empleo, o para eliminar los desequilibrios externo y fiscal, depende de factores exógenos para funcionar y funciona solamente sí se expulsa suficiente población para que envíen remesas. Las tendencias de lento crecimiento de la producción, las remesas y las exportaciones de maquila demuestran la necesidad de valorar la importancia de programas de fomento de los sectores productivos domésticos para garantizar el bienestar económico de largo plazo, algo que no se alcanzará, como por arte de magia, suscribiendo Tratados de Libre Comercio.

Balance social

Durante el año 2002, han circulado por lo menos tres versiones sobre la realidad social salvadoreña. La primera -que, aunque rayana en lo artificioso, ha llegado a ser la más imponente- ha sido fraguada desde los círculos oficiales, los voceros de la empresa privada organizada y los medios de comunicación de derecha. Tal versión sostiene que El Salvador, a pesar del impacto de los desastres socionaturales, las condiciones adversas de la economía mundial y las sempiternas carencias sociales, se enfila inexorablemente hacia el desarrollo, tras el rumbo trazado por los Tratados de Libre Comercio y la globalización. Una segunda interpretación sostiene que el modelo de gestión política, social y económica vigente en el país es el origen de todos los males que aquejan a los salvadoreños; la solución, según esta óptica apadrinada por la izquierda política más ortodoxa, es la reversión de las privatizaciones, de las políticas neoliberales y la posterior instauración de un gobierno cuya bandera sea la "transición democrática revolucionaria". Una última versión -la más realista- afirma que, si bien la perenne tragedia social salvadoreña se debe a la pésima gestión política, económica y medioambiental que se ha hecho en el país, la solución se circunscribe dentro de los cambios pensados en el marco de los Acuerdos de Paz de 1992. Inherente a ella es la construcción de una sociedad justa y democrática, y una apuesta indeclinable por el espíritu de los acuerdos firmados hace diez años.

Precisamente, con la celebración del décimo aniversario de los históricos documentos en el año 2002, salieron a la luz las más encontradas interpretaciones sobre la realidad nacional. En consonancia con las tres versiones anteriormente expuestas, la lectura oficial de los Acuerdos de Paz -secundada por la derecha ligada al poder político y económico- ha sido la de mayor predominio en los foros, debates, entrevistas y espacios públicos abiertos para discutir el avance -o retroceso- de los mismos. De esta forma, puede sostenerse desde el inicio de estas líneas, el espíritu de los Acuerdos de Chapultepec -la necesidad de edificar una sociedad más justa y democrática- servirá como horizonte inmediato para hacer un balance de la situación social salvadoreña en el año 2002. En primer lugar, porque la celebración del décimo aniversario dejó entreabierta una nueva posibilidad de repensar el país; y, en segundo lugar, porque, debido al predominio de la lectura oficial de los históricos acuerdos, dicha posibilidad ha tendido a menguar ante la falsa imagen del país pintada por el presidente Flores y sus estrategas. En virtud de lo anterior, lo que se ha dicho y hecho en El Salvador, durante 2002, ha respondido, en mayor o menor medida, a las lecturas predominantes de la realidad nacional.

La interpretación más influyente, como se afirmara al principio, ha sido la proveniente de los círculos oficiales, gracias a una millonaria campaña publicitaria montada para tales efectos. El presidente Francisco Flores, en alianza con la empresa privada organizada y los grandes medios informativos, ha fabricado una imagen del país a todas luces distante de la realidad. Dicha imagen no sólo se aparta de la realidad, sino que la niega y la encubre con discursos falsos e imágenes prefabricadas. Más bien, el mandatario y la maquinaria publicitaria a su disposición han ideado un paraíso para los grandes inversionistas; un país de libertades económicas y de magnos avances sociales en el que sus laboriosos habitantes se enfilan hacia el desarrollo. Tal imagen ha sido proyectada en cuanto foro nacional o internacional lo ha permitido. Este es el país de Flores. Para no dejar ninguna duda del "progreso" salvadoreño, ha sido indispensable la aparición continua del mandatario y sus funcionarios en los medios de difusión, publicitando sus pretendidos logros.

De acuerdo a esta interpretación, El Salvador, en lo social, en lo político y en lo económico cierra un año en el que se habrían superado las expectativas trazadas desde el inicio del mismo. Así, se habría dado cumplimiento -con creces- a los Acuerdos de Paz; se habrían dado pasos agigantados en la reconstrucción nacional luego de los terremotos de 2001; se habría reducido el analfabetismo y aumentado la matrícula escolar; se habría recuperado la economía nacional y asegurado la negociación de un tratado comercial con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país y el principal destino de sus emigrantes. Por tal razón, siguiendo esta lectura, no habría lugar alguno para el pesimismo. Quien osadamente se salga de esta interpretación es tildado automáticamente como comunista o terrorista y es atacado a diestra y siniestra desde los furibundos editoriales de la prensa de derecha.

Las dinámicas políticas, sociales y económicas también contribuyeron a que las energías colectivas de los salvadoreños se desviaran hacia objetivos más inmediatos, dejando a la deriva la discusión en torno a la edificación de una sociedad nueva. En primer lugar, apareció campante la precampaña electoral. Superada la crisis causada por los terremotos y el terrorismo internacional, la sociedad salvadoreña asistió a un año de preparación para las elecciones municipales y parlamentarias de 2003, ejercicio que mantuvo ocupada a la opinión pública durante todo el año. Los partidos políticos experimentaron notables reestructuraciones, las reformas electorales quedaron pendientes y los ciudadanos siguieron mostrando su recelo a la participación política. En segundo lugar, el repunte de los focos de tensión ante la insatisfacción de las demandas sociales causó sendos desgastes a la población, especialmente a los sectores directamente ligados a los conflictos. La crisis en el sistema nacional de salud fue, sin duda, el caso más evidente. En tercer lugar, la preocupación por la delincuencia, el desempleo y la situación económica, según los sondeos de opinión pública, refleja las brechas a superar en materia de seguridad pública, creación de fuentes de empleo y lucha por la pobreza. De ahí que el tema electoral, la conflictividad social (protestas, huelgas y paros) y la violencia cotidiana sean, por su constante presencia en la agenda de los medios informativos y por el desgaste que provocaron, los ejes temáticos que permitan medirle el pulso a la sociedad salvadoreña en el año que culmina.

Medios de comunicación y elecciones
Desde la perspectiva de los grandes medios de comunicación, las elecciones son el mecanismo legítimo para mantener invariable el statu quo. De ahí que apostarle a proyectos políticos sospechosos que propugnen el cambio en el país, por mínimo que sea, equivalga a una traición a la democracia, a la libertad y a la paz social. El único camino viable, de acuerdo a la lógica de estos medios de difusión, es la apuesta por el proyecto político que garantice el mantenimiento del "orden" social, en detrimento de la pretendida objetividad y veracidad de la información que es ofrecida a la ciudadanía. En El Salvador, lo anterior significa que el manejo de la información -lo que se dice y no se dice, lo que se publica, se omite o encubre- debe asegurar la vigencia del poder político y económico: por un lado, favoreciendo los intereses del partido oficial y desprestigiando los proyectos opositores; y, por otro, promoviendo los intereses económicos de la gran empresa privada.

No han causado extrañeza, pues, actitudes como la insistente embestida mediática en contra de las administraciones edilicias del FMLN, concretamente las del Área Metropolitana de San Salvador y, dentro de estas, de la comuna capitalina. En virtud de lo anterior, los medios de comunicación de derecha lograron uno de sus más importantes objetivos trazados en el año 2002: desprestigiar a toda costa la gestión efemelenista en la municipalidad de San Salvador y devolverle al partido oficial lo que consideran de su propiedad. La irrupción de la candidatura de Evelyn Jacir de Lovo, una mujer que, contrario a lo característico de la cúpula arenera, simboliza la moderación ideológica, sumado al propio desgaste partidario del FMLN, vino a ratificar la muy probable recuperación de la alcaldía capitalina por parte de ARENA. En este marco, las iniciativas de la todavía administración de Héctor Silva -por muy novedosas que sean- pasaron a un último plano y se diluyeron tras la confabulación mediática y oficialista en contra de una de las más carismáticas figuras de la izquierda salvadoreña.

Vistas así las cosas, la precampaña electoral montada por los institutos políticos en contienda está estrechamente ligada a la responsabilidad de los medios informativos en las intenciones de voto de los ciudadanos. Lo es, porque las empresas mediáticas son los más influyentes canales mediante las cuales los partidos políticos hacen llegar su oferta a la ciudadanía. No es de extrañar tampoco que el servilismo de los medios haya sido una constante durante el año que culmina. ARENA y la gran empresa privada se han servido de ellos para promover sus iniciativas y desprestigiar a sus adversarios. En este panorama, al menos en el corto y mediano plazo, el orden vigente difícilmente puede verse amenazado, aunque ese orden no responda necesariamente a las demandas de la población.

El olvido de las áreas sociales
Llegados en el 2002 al cuarto año de gestión de Flores, las áreas sociales han experimentado francos retrocesos o, en el mejor de los casos, estancamientos. Salvo algunos logros en educación (leve reducción del analfabetismo y aumento de la matrícula escolar), los rubros de salud, educación y vivienda -por mencionar los más vitales- han sido objeto de serios cuestionamientos, debido a su escasa funcionalidad. Lo anterior se explica, en gran parte, por el enfoque economicista y la ratificación de las políticas neoliberales del tercer gobierno de ARENA. Tal tendencia, que ha propugnado el debilitamiento del aparato estatal y la liberalización de los mercados, ha terminado por vulnerar la prestación estatal de los servicios de salud y educación, entre otros. Los aparentes refuerzos presupuestarios de las respectivas carteras de Estado no son más que una pantalla ante las exigencias de las instituciones financieras internacionales que facilitan los fondos utilizados en los programas de modernización estatal. Según esta lógica, las privatizaciones o concesiones de servicios a empresas privadas han sido las recetas preferidas por los estrategas gubernamentales. En 2002, la privatización del sistema nacional de salud -a pesar de las constantes muestras de repudio ciudadano- se planeó desde Casa Presidencial, sin que llegara a concretizarse, debido a la presión ejercida desde diversos sectores. El proyecto privatizador fue el principal detonante de una crisis que consumió vitales energías colectivas.

Para nadie es un secreto que, en el año que culmina, el sistema nacional de salud ha llegado a una situación insostenible, producto de la crisis surgida en el Seguro Social. Aún así, las partes involucradas en el conflicto no lograron sentarse a dialogar al cierre del año, manteniendo invariables sus posiciones. Prescindiendo de los problemas labores en los hospitales del ISSS y los nacionales (huelgas, despidos e insubordinaciones, entre otras), y obviando las limitaciones propias de esas instituciones, el sistema de salud ha mostrado públicamente su insostenibilidad por una razón fundamental: la falta del consenso entre las partes que lo componen. O, lo que es lo mismo, el sistema de salud ha llegado a un punto insostenible debido a la falta de voluntad de negociación de las partes y a su cerrazón ideológica. En medio de la contienda, la población -cotizantes del Seguro Social y usuarios de la red de hospitales nacionales- ha sido, como era de esperar, la más afectada. En este marco, las instituciones gubernamentales han demostrado ser incapaces de manejar la crisis; en efecto, el ministro de Salud, José López Beltrán, y el gobierno que lo respalda, no ha sabido articular una propuesta lo suficientemente incluyente y responsable como para que fuera aceptada por el gremio médico y por la ciudadanía. Al final del año, la imperiosa necesidad de la reforma del sistema contrasta con la abulia y la cerrazón de quienes tienen en sus manos lograr el cambio.

La situación educativa, aunque durante el año no haya ocupado los mismos espacios informativos ni haya sido objeto de debate como lo fue el tema de la salud, es igualmente preocupante. Dos informes de gran valor publicados en el 2002 revelan la situación educativa salvadoreña a principio del siglo XXI. El primero, presentado en el mes de mayo por FUSADES, da por supuesta la existencia de un círculo virtuoso entre educación, crecimiento económico y reducción de la pobreza. En el apartado sobre la situación y evolución educativa, el informe señala los logros y las deficiencias, inclinándose mayormente por estas últimas. Como quiera que sea, de acuerdo al documento, el sistema educativo nacional se enfrenta a grandes desafíos en el despunte del nuevo siglo. Esto explicaría, según la argumentación de FUSADES, la escasa competitividad de la mano de obra salvadoreña, en comparación, por ejemplo, con Costa Rica, cuyo presupuesto educativo duplica al de El Salvador.

Un segundo informe, dado a conocer en septiembre por la entidad internacional, PREAL, y el Centro Alfa, destaca serias deficiencias en el sector, para luego proponer líneas de acción: poner en marcha un sistema eficiente de estándares educativos y adoptar mecanismo continuos de evaluación; potenciar la autonomía escolar en los niveles locales; impulsar la profesionalización de los docentes; exigirles un cambio de actitud en el proceso de enseñanza aprendizaje; y, finalmente, aumentar a un ritmo más acelerado la inversión pública en educación.

Salvo los citados informes y el efímero interés que generaron en la opinión pública, en general, la situación educativa fue deliberadamente dejada en el olvido por los sectores involucrados. Ello responde, en gran medida, al acomodamiento de los diferentes actores del sistema educativo y a la atención prestada a situaciones más inmediatas; por ejemplo, la ocupación en las labores de reconstrucción de centros escolares dañados por los terremotos, que caracterizó el último tramo de la gestión de la ex ministra, Evelyn Jacir de Lovo. Seguidamente, luego del relevo de la funcionaria en el último trimestre del año, la institución bajó su perfil notablemente, a tal punto que el único tema de interés público fue la exigencia de reajustes salariales por parte de las gremiales magisteriales y la aparente solución del problema. El sistema nacional educativo ha experimentado un letargo que se sustenta en un progreso educativo que, sin embargo, es cuestionable. En definitiva, puede concluirse, que la salud, la educación y la vivienda están lejos de convertirse en políticas de Estado; por el contrario, han respondido a los vaivenes y caprichos del gobierno de turno que parece sólo ver la realidad bajo la lente del progreso y desarrollo económico. El olvido de la cuestión social en el 2002 plantea un serio desafío para un Estado en el que su población demanda la prestación de servicios de mayor calidad y su gobierno no parece responder a esa demanda.

Violencia y autoritarismo al acecho
Vivir en El Salvador se ha vuelto cada día más difícil. Sumado a las difíciles condiciones económicas -producto, entre otras cosas, de la caída de los precios del café, el alza de los precios del petróleo y la contracción de la demanda estadounidense- y al golpe a las clases medias propinado por las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno, los salvadoreños han sentido en carne propia un repunte de la violencia y de altas dosis de autoritarismo en el año que culmina.

Por un lado, el fenómeno de la violencia, que se ha tornado más complejo luego del fin del conflicto armado, ha rebasado las capacidades de la institucionalidad vigente. La normativa penal, reformada indiscriminadamente después de los Acuerdos de Paz, no ha dado los resultados esperados; la situación carcelaria y la mora judicial resultan insostenibles ante el crecimiento de la población de reclusos sin condena y el hacinamiento de las cárceles salvadoreñas; además, los centros penales, lejos de ofrecer posibilidades de readaptación, se han convertido en verdaderas escuelas de delincuentes; finalmente, el mismo sistema judicial y la Policía Nacional Civil han tenido que ser depurados continuamente por albergar falsos abogados y policías corruptos. La población ha respondido con más violencia ante la insatisfacción de sus demandas.

Por otro lado, la respuesta del gobierno ante la creciente tensión social no ha sido la más atinada. La administración de Flores ha redoblado sus cuotas de autoritarismo a medida que culmina su gestión. Medidas impuestas como la reforma del sistema de transporte y la creación del Fondo de Conservación Vial, a fines de 2001, y el último intento de instaurar un nuevo sistema de salud son muestra palmaria de lo anterior. Las voces opositoras han sido reprimidas desde la tribuna de los medios de comunicación y, en el peor de los casos, con brutalidad policial. Nuevamente, el caso de la crisis en el sector salud es sintomático: al no haberse solucionado en la mesa de negociación, sindicalistas, médicos, policías, obreros, comerciantes, profesionales, en fin, cientos de salvadoreños salieron a las calles: a protestar, unos, y a resguardar el orden, otros; la tentación de incurrir en acciones de violencia acechó tanto a policías como a sindicalistas. Afortunadamente, salvo algunos encontronazos, la situación no pasó a más.

En suma, el mantenimiento del "orden" vigente por parte del gobierno y las autoridades puede devenir con facilidad, como de hecho ha ocurrido en el 2002, en prácticas y discursos autoritarios. La promoción de leyes "mordaza" y de defensa de la "seguridad nacional" es síntoma de que permanece vigente la añoranza de esquemas autoritarios en los que se ven coartadas, contrario a lo que propugnan los célebres defensores de la libertad, las libertades y garantías individuales. De todas formas, alegan estos apologistas de la democracia y el libre comercio, si valores supremos como el orden social y la seguridad nacional se ven amenazados -¿por el socialismo o por el terrorismo internacional?- cualquier medio es válido para salvaguardarlos.

Perspectivas para 2003
La lectura oficial de la realidad nacional y, dentro de ella, del capítulo "cerrado" de los Acuerdos de Paz contrasta con la apreciación de la mayoría de salvadoreños. Sin bien gran parte de la población muerde el anzuelo de las campañas publicitarias gubernamentales, mediáticas y empresariales, existe el convencimiento de que El Salvador, en lo político, en lo social y en lo económico, ha empeorado en el 2002 y no se avizoran cambios trascendentales para el 2003. Tal apreciación se ve reforzada por las encuestas de opinión que revelan un pesimismo más o menos generalizado, por ejemplo, con respecto a la situación económica que, de acuerdo al insistente discurso oficial, tendió a mejorar en el cuarto trimestre del año. En todo caso, los beneficios de esa mejora macroeconómica difícilmente llegarán a los bolsillos de los salvadoreños que a diario han tenido que salir a buscar el sustento a como dé lugar.

Si estuvieran mejor las condiciones económicas, el Consejo del Salario Mínimo debería convocar a una sesión para aumentar a los salarios mínimos que desde 1998 no han experimentado un reajuste. Si así fueran las cosas, los salvadoreños saldrían beneficiados en el próximo año por la vigencia de un TLC con Estados Unidos. Pero, los defensores del libre comercio olvidan decir que el país carece de un aparato productivo a la altura de las exigencias, se echa de menos una sólida base social que sirva de soporte para un tratado de esa naturaleza y la competitividad de la economía nacional deja mucho que desear en el escenario internacional.

La lectura de la realidad que al principio llamamos "realista" termina por imponerse en este panorama, pues aunque ha habido algunos avances, el modelo de gestión vigente ha demostrado no estar a tono con las demandas de la población. La puerta aún permanece abierta al cambio, a pesar de que haya fuerzas que pretendan cerrarla y garantizar el "orden" vigente y la "seguridad nacional", mediante el uso de la fuerza.

Balance regional

Como lo apuntamos en nuestro balance semestral sobre los hechos relevantes acontecidos en el área centroamericana, la perspectiva de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos fue el eje alrededor del cual giraron las acciones de los gobiernos de la región. Esta tendencia se ha visto reafirmada en los seis meses restantes del año. Sin embargo, también se han suscitado una serie de factores sociales y políticos que permiten ver que este -y cualquier otro TLC- no constituye una alternativa que pueda resolver los problemas estructurales de Centroamérica.

A efectos de advertir cuáles son esas tendencias, decidimos efectuar este balance anual registrando los grandes temas que se han movido en la región. De una manera sumaria, podríamos decir que "los temas de nuestro tiempo", además del TLC, son: el resurgir de los movimientos sociales, articulados en torno a luchas antiglobalización y anticorrupción; la presencia ominosa de figuras vinculadas a la represión militar del pasado en las incipientes democracias del Istmo y el rezago de las sociedades centroamericanas en cuanto a niveles de desarrollo humano. Además, valoraremos cómo marcha la integración regional y el significado que las cumbres internacionales tienen para Centroamérica. Finalmente, nos referiremos a un hecho que sienta un importante precedente para nuestros países: el desafuero del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán.

La expectativa del TLC con Estados Unidos
La posibilidad de suscribir un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue algo que movilizó y unió a los gobiernos centroamericanos. En función de ello, gobernantes y empresarios del Istmo comenzaron a celebrar reuniones para intentar formular una propuesta centroamericana, la cual discutirían con el presidente estadounidense George W. Bush, durante su visita a San Salvador, el 24 de marzo.

La visita de Bush, en una fecha que hirió la sensibilidad de muchos creyentes -pues en ella se conmemora el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero- no respondió a las expectativas un tanto exageradas que se formularon. En primer lugar, porque de la presencia de Bush no se derivó el TLC tan ansiado, sino que había que esperar a la aprobación del Congreso estadounidense. En segundo lugar, porque tampoco trajo respuestas para numerosas inquietudes que plantearon los mandatarios centroamericanos, quienes buscaban, por ejemplo, un compromiso por parte de Washington para frenar el peligro de deportación que pesaba sobre numerosos inmigrantes del área en los EEUU.

Pasó el año, y el TLC con Washington no se ha suscrito. Su firma se prevé para los primeros meses de 2003. Sin embargo, la posición de algunos gobiernos ha sido la de depositar demasiadas esperanzas en ese Tratado, como si de su puesta en marcha dependiera la solución de los problemas socioeconómicos de sus países, y como si se tratara de la llave de la bonanza financiera. Lo cierto es que Estados Unidos ha afianzado su predominio político-militar en la región, fortalecido ello con el tema de la lucha contra el terrorismo y el combate al narcotráfico, en virtud de lo cual Washington cuenta con presencia militar en El Salvador, mientras que en Costa Rica ha creado una escuela policial bajo su férula. Ello, sin contar con la dolarización llevada a cabo en El Salvador, y la posibilidad de que esta medida pueda implementarse también en Guatemala.

El renacer de los movimientos sociales
La década de los noventa, en el transcurso de la cual los conflictos militares de la región se fueron desescalando hasta lograr un estado de paz negociada, fue también el decenio del reflujo de los movimientos sociales. Éstos fueron los grandes perdedores de la transición hacia las democracias civiles. Al parecer, fueron incapaces de asimilar creativamente las nuevas realidades, de articular nuevas plataformas y estrategias de lucha y, sobre todo, de sobreponerse al desgaste que su relación con la izquierda armada les creó en la década de los años ochenta.

En 2002, sin embargo, se pudo observar un nuevo despertar de esos movimientos. Aunque todavía es prematuro afirmar si ello devendrá en una movilización social de la magnitud alcanzada en el decenio de 1980, sí puede advertirse que, en el plano de las condiciones objetivas, cuentan suficientes condiciones de posibilidad para seguir desarrollándose. Lo interesante es que estos movimientos ya no están subordinados a las líneas políticas de partidos de izquierda. Sus banderas de lucha parecen, más bien, retomar problemas sectoriales que los afectan directamente. Quien pudiera pensar que la globalización fuera un tema demasiado abstracto como para poner en movimiento a las organizaciones sociales, hubiera cambiado de opinión al ver lo registrado en el Istmo durante este año. La lucha antiglobalización pasó, de ser la preocupación de un reducido grupo de líderes sindicales e intelectuales, a ser un motivo de protesta masiva. La movilización del 12 de octubre, impulsada a escala centroamericana por una coalición de organismos sindicales, demostró que la gente está preocupada por lo que la globalización implica para sus vidas.

Estas movilizaciones se han concitado por las concreciones de la globalización: los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Plan Puebla-Panamá. Esta resistencia no ha sido una obra de fanáticos "globalofóbicos", sino el producto del análisis de lo que estas iniciativas traen consigo: mayor desempleo, acrecentamiento en el deterioro de las condiciones de vida de la población y del medio ambiente, y privatización de servicios básicos, entre otros.

 
Este año, las protestas ciudadanas también tuvieron un escenario poco usual: Costa Rica. La respuesta del gobierno de ese país a una serie de movilizaciones y tomas de carreteras en protesta por la concesión del monitoreo de emisiones tóxicas a una compañía española, fue también inusitada. La policía reprimió y capturó a un número considerable de manifestantes en los bloqueos de carreteras del interior del país que se suscitaron el 16 de julio y los días subsiguientes. Decimos que resulta poco usual, porque Costa Rica ha sido un país bastante ajeno a las convulsiones sociales y, además, sus gobiernos se han distinguido por no resolver de forma represiva los problemas nacionales.

Finalmente, la presión ciudadana, de los organismos defensores de derechos humanos y de los familiares de la víctima, fue lo que posibilitó que se reabriera el proceso judicial en contra de los asesinos de la antropóloga guatemalteca Mirna Mack. En un hecho sin precedentes, el ex ministro de defensa, Héctor Gramajo Morales, tuvo que comparecer ante los tribunales para rendir su declaración como imputado por el crimen.

En esta reactivación del movimiento social en Centroamérica se puede apreciar el importante papel que ha jugado la clase media, una de las más grandes afectadas por los cambios socioeconómicos, que ha tomado conciencia, incipientemente, pero no por ello menos importante, de la necesidad de defender sus derechos ciudadanos y de exigirle a los gobernantes su efectivo cumplimiento.

Sombras del pasado
Es claro ver que la transición de los regímenes militares-oligárquicos hacia las democracias civiles ha sido un elemento de progreso que la década de 1990 trajo para la región centroamericana. Pero esta transición no se ha arraigado lo suficiente en nuestras sociedades. Para que esto suceda, es necesario erradicar las taras del pasado: la impunidad -sobre todo, la de aquellos involucrados en violaciones a los derechos humanos- y su acompañante: la corrupción. En donde este problema de la impunidad de los militares se ha visto reflejado en toda su gravedad ha sido en Guatemala. La transición hacia la posguerra ha sido sangrienta en aquel país. Y se ha dado porque los militares controlan significativamente las decisiones políticas, que deberían estar en manos de los civiles. Formalmente, lo están, pero en manos de civiles corruptos, que actúan de consuno a los intereses de los otrora jefes castrenses.

La trama donde se entrecruzan impunidad y corrupción se ha dado en el actual gobierno guatemalteco. Esa trama empezó a apreciarse el 25 de febrero, cuando fue secuestrado el presidente del Banco Central, Lizardo Sosa. El funcionario, que recuperó su libertad un poco después, se había ganado enemigos con sus medidas en contra de la corrupción y el lavado de dólares. Las dudas comenzaron a cercar al presidente Alfonso Portillo y a sus allegados.

Esas dudas se aclararon, cuando se conoció públicamente que el mandatario había desviado fondos estatales hacia cuentas bancarias en el extranjero. La corrupción de la cabeza del Estado guatemalteco estaba respaldada por militares en retiro, involucrados en violaciones a los derechos humanos, tales como el ex presidente, general Efraín Ríos Montt, que dirige también el partido oficial. Ríos Montt tuvo en Portillo la cobija legal para poder revocar la prohibición de participar en elecciones que pesaba en contra suya, dadas sus infaustas actuaciones en el pasado reciente de Guatemala.

Serios rezagos en desarrollo humano
El Informe sobre desarrollo humano 2001, dado a conocer por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2002, hizo patentes las grandes disparidades en lo que respecta a las condiciones de vida de las mayorías en los países centroamericanos. Tan sólo Costa Rica, país que tiene una tradición de políticas sociales fuertes, está dentro de las naciones que gozan de un alto desarrollo humano. En un nivel intermedio, están, en ese orden, Panamá, Belice y El Salvador. Más abajo, se encuentran Nicaragua, Honduras y Guatemala. Los índices de desempleo son particularmente aflictivos en Nicaragua y Honduras. La economía nicaragüense no logró despegar durante este año. A eso ha contribuido el saqueo sistemático que muchos de sus gobernantes han perpetrado, particularmente, en la "Era Alemán".

Las condiciones climáticas experimentadas en el transcurso de 2002 también han incidido negativamente en el desarrollo de Centroamérica, de tal manera que no se esperan mejoras sustanciales para el próximo Informe de desarrollo humano. En particular, Nicaragua fue afectada por inundaciones causadas por una depresión tropical, a fines del mes de mayo. Amén de los considerables costos humanos, las inundaciones causaron pérdidas materiales que ascendieron a dos millones de dólares. El Istmo también se vio afectado por la prolongada sequía, lo cual afectó a los agricultores y causó muertes por hambre en Nicaragua.

Un rubro que se toma en cuenta para medir el desarrollo humano de un país es el nivel de empleo. Y, sin lugar a dudas, la crisis internacional del café ha contribuido a que la falta de trabajo sea un problema alarmante en el istmo. Las economías centroamericanas han resentido el impacto de la crisis en el mercado internacional, puesto que el café ha sido, por muchos años, el pilar de sus exportaciones. Al tratarse de economías basadas históricamente en el monocultivo y la agroexportación, el descenso de los precios del grano ha sido un golpe difícil de encajar. Para muchos habitantes del campo, esto ha terminado con una fuente de trabajo temporal: las cortas de café, que se suelen realizar cada fin de año y que constituyen una fuente de ingresos fija. Con la crisis, mucha de esta mano de obra temporal ha quedado sin trabajo, a la espera de tiempos mejores o lista para emigrar a Estados Unidos.

En suma, una variedad de factores intervienen para que el nivel de desarrollo humano en nuestras naciones dé mucho que desear. Las estrategias gubernamentales no han tenido mayor éxito. Las mayorías empobrecidas se plantean como única alternativa la inmigración ilegal, mayoritariamente hacia los Estados Unidos. No son los nuestros países "de oportunidades", simplemente porque no hay condiciones que garanticen el mínimo de subsistencia a la mayoría de sus ciudadanos.

Las aporías de la integración regional
Si algo pesa por encima de cualquier diferencia que los gobiernos centroamericanos puedan tener, es su declarado compromiso por la integración regional. Proyectos históricos, como el Mercado Común Centroamericano, el Parlamento regional y otros, han sido muestras de este compromiso, pero también de la poca voluntad política para, en la práctica, fortalecer la integración regional.

Este año no fue la excepción. La novedad es que muchos de los que toman las decisiones en Centroamérica declararon que la posible firma del TLC con Washington era el factor de unidad. Líderes empresariales y políticos depositaron en ese Tratado que nunca llegó -al menos durante el año- sus esperanzas de integración regional. Otro tanto hicieron con el proyectado -y adversado- Plan Puebla-Panamá. El problema de concebir la integración como algo derivado de un tratado comercial es hacer del negocio su eje central. Es imposible buscar consensos para enfrentar unidos los problemas estructurales de la región, si se hace del interés económico el factor cohesionante. Las pruebas son palmarias: mientras presidentes, cancilleres y empresarios hablaban de integración regional, a cada momento afloraban disputas comerciales entre los países.

Además, como las élites gobernantes carecen de un modelo de integración coherente, los discursos centroamericanistas se vieron fuertemente contrarrestados con el surgimiento de viejos diferendos limítrofes: por ejemplo, la añeja disputa por las aguas del río San Juan, entre Nicaragua y Costa Rica y el anuncio, por parte de la Cancillería salvadoreña, de pedir la reapertura de su litigio con Tegucigalpa ante la Corte Internacional de La Haya. Habida cuenta de lo anterior, hablar de integración regional suena a broma de mal gusto para unas sociedades estancadas en lo económico y deteriodadas en lo medioambiental.

El saldo de las cumbres internacionales
Las cumbres internacionales en las que intervinieron nuestros países dejaron más insatisfacción que otra cosa. Con la excepción de la Cumbre sobre medioambiente celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, los cónclaves se distinguieron por tratar de manera privilegiada el tema del libre comercio. Por citar un ejemplo, el Plan Puebla Panamá fue "el eje central" -como lo calificó el periódico costarricense La Nación- de la reunión de presidentes de órganos legislativos de Centroamérica y el Caribe, llevada a cabo en Tegucigalpa, el 30 de agosto. Lo mismo pasó en la reunión ministerial para la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Quito, Ecuador, el 31 de octubre. Esta última reunión estuvo sazonada, además, por las distintas actividades de protestas que sindicatos y organizaciones indígenas llevaron a cabo mientras se celebraban las mencionadas reuniones.

La XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, sostenida los días 15 y 16 de noviembre en el municipio dominicano de Bávaro, tocó otros temas, aparte de la globalización. Se distinguió por emitir una resolución en la que condenaba el "unilateralismo", en alusión a la política militar de Washington y por pedir el cese de la Ley Helms-Burton, que profundiza el bloqueo comercial en contra de Cuba. Una nota importante fue la preocupación que externó el documento final, en el sentido de buscar mecanismos para que los acuerdos de las cumbres se hicieran efectivos.

Finalmente, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo dejó un sabor amargo, precisamente por la falta de resultados palpables que abonaran a la solución del deterioro medioambiental. En particular, la posición que los mandatarios centroamericanos llevaron al cónclave fue poco menos que superficial. En un documento que exuda un optimismo exagerado, Centroamérica en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Nuestro compromiso ambiental, los gobiernos del Istmo resaltaron los progresos -más supuestos que reales- que, en materia ambiental se habrían alcanzado en la región, diez años después de la reunión de Río.

El desafuero de Alemán
No podemos cerrar este balance sin comentar un hecho que, como decíamos al principio, sienta un importante precedente en la vida pública centroamericana: el proceso que culminó en el desafuero del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. El destape público de su millonaria y escandalosa corrupción, perpetrada durante su tiempo como gobernante, desató una movilización ciudadana que fue el factor decisivo para garantizar que este caso no quedara impune.

Decimos esto, porque fácilmente Alemán podía burlarse de la justicia (como cierto político salvadoreñol, que ante acusaciones similares dijo en su momento: "prefiero que mis manos estén manchadas de dinero, y no de sangre") y seguir incólume en la política nicaragüense. El pueblo de Nicaragua salió a las calles a protestar, hizo una campaña para pedir firmas que avalaran la petición de desafuero contra el ex gobernante y obligó a que los actuales gobernantes cumplieran con sus promesas electorales de combatir la corrupción.

Sin embargo, Alemán no fue presa fácil. Echó mano de los innumerables recursos a su alcance para impedir que le quitaran la inmunidad parlamentaria (sin descartar el ampararse en el PARLACEN). Sus partidarios, los "arnoldistas", amenazaron con crear desestabilización en el país si tocaban a su líder. Los familiares del otrora presidente no dudaron en huir de Nicaragua, previendo un desenlace funesto para sus intereses.

El proceso se retardaba, inexorablemente, porque el diputado que podía dar su voto para el desafuero de Alemán se ausentó de Nicaragua. La presión ciudadana, la diligencia del gobierno y la influencia de los Estados Unidos se conjugaron para que en diciembre se le quitara la inmunidad al político y se le capturara de inmediato. Queda por ver cómo la ciudadanía nicaragüense defenderá esta importante victoria en contra de la corrupción estatal, que tan maltrecha tiene a la economía de ese país. Entretanto, el ex mandatario sigue gozando de privilegios: en vez de ser encarcelado en un penal, guarda arresto en su mansión de Los Chiles, donde -salvo la imposibilidad de salir de la residencia- goza de las comodidades de siempre: cama confortable y limpia, televisión, radio y demás enseres domésticos propios de un amo de casa.

En suma, 2002 fue un año en el que desde el Estado no se supieron hacer mayores cosas para solucionar los acuciantes problemas estructurales que aquejan a los centroamericanos, puesto que los gobernantes se dejaron apabullar demasiado por el relumbrón de los Tratados de Libre Comercio. Como contrapeso a ello, aparecen signos de un despertar ciudadano, que puede ser un elemento de importancia para consolidar a nuestras incipientes democracias en el año 2003.

Los derechos humanos en el 2002 (I)

Introducción

     El 2002 comenzó mal. Diez años antes se había firmado en Chapultepec, México, el acuerdo que en posibilitó en El Salvador el “adiós a las armas” tras una larga, cruenta y dolorosa guerra. Para conmemorar el acontecimiento, era de esperar que se hubiesen dado algunas muestras positivas y concretas de una convivencia política y social distinta, fundada en la capacidad de diálogo y entendimiento entre los distintos sectores políticos y sociales del país. Pero cuando las cosas sólo cambian de forma y no de fondo, es muy difícil —por no decir imposible— que algo así ocurra. Debido a eso, la ocasión no generó más que nostalgias vacías sin llegar a motivar una celebración amplia; mucho menos sirvió para mostrarle al mundo y a la sociedad salvadoreña avances evidentes en lo relativo a la construcción de una democracia real y sostenible.

     El gobierno evocó a su modo el 16 de enero de 1992; lo hizo en Perquín, municipio del oriental departamento de Morazán, con un acto cuya finalidad principal era la de inaugurar el año escolar. La antigua guerrilla, por su parte, alegó haber recibido tarde la invitación para asistir al mismo y no participó; de esa manera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) observó de lejos el evento oficial y la presencia en el mismo de algunos de sus dirigentes de antaño que ahora, de forma velada o abierta, apoyan la gestión del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

     En el discurso que pronunció durante la mencionada ceremonia, Francisco Flores, Presidente de la República, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Convencidos de que éramos dignos de un mejor futuro, hace una década resolvimos que íbamos a transitar por el camino de la paz, la reconciliación y el perdón”. Quince días antes, Juan Pablo II había lanzado su mensaje para celebrar la Jornada Mundial de la Paz; entonces, Su Santidad se refirió a lo que —desde los derechos humanos— constituye el más grave de los errores que ha cometido la conducción del país a lo largo de los diez años transcurridos entre 1992 y el que finaliza: ignorar la justicia. Flores no omitió esa palabra en su discurso por una ligereza cualquiera. No; lo hizo porque desde su óptica y la de sus dos antecesores pertenecientes al Partido  ARENA, el valor que le dan a la misma no es el que –entre otros– le otorga el Sumo Pontífice quien sentencia así:

     “La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas… El perdón en modo alguno se contrapone a la justicia, porque no consiste en inhibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden violado. El perdón tiende más bien a esa plenitud de la justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, siendo mucho más que un frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende una profunda recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación, son esenciales ambos, la justicia y el perdón”.

     Los victimarios que permanecen impunes y con poder en El Salvador, junto a quienes los protegen desde la administración publica, rechazan con sus actos y sus palabras al Papa cuando a las víctimas del pasado y del presente —en todas las dimensiones de los atropellos sufridos— les cierran los espacios para obtener justicia y poder perdonar. De ahí que, aún con lo infinitamente positivo que resulta ser el que haya transcurrido más de una década sin guerra, en nuestro país aún no podamos hablar de una verdadera paz.

            No puede haberla mientras la pesada carga de la muerte violenta y de la muerte lenta —esa que se produce por la falta de condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales mínimas para vivir dignamente— siga instalada en las espaldas de los sectores más vulnerables; y no puede haberla mientras alguien, debido a sus influencias o relaciones, pueda violar las “reglas del juego” sin que reciba el castigo que por ley le correspondería al hacerlo.

            Así comenzó el 2002. Con una de las Partes firmantes del documento de Chapultepec proclamando ante el mundo haber cumplido sus compromisos e instalado al país en el bienestar, el progreso y la paz; con la otra, rechazando lo anterior y oponiéndose a dar por concluido el proceso después de haber contribuido –con sus disputas internas y otras limitaciones– al desperdicio de una oportunidad histórica para el cambio profundo de la sociedad salvadoreña.

            Pero más allá de lo que digan aquéllas, están otras dos opiniones: la de las  Naciones Unidas y la de la población salvadoreña mayoritaria. La primera pesa para el gobierno sólo cuando le favorece. Por eso, los grandes medios de difusión minimizaron la cobertura del rechazo expreso por parte de Kofi Annan a participar en la ceremonia oficial que se realizaría en marzo, mediante la cual se pretendía dar por cumplidos los acuerdos de paz; en todo caso, lo que le dedicaron apuntó más a descargar la responsabilidad de semejante “desaire” en el FMLN.

            La segunda —la de la gente, sobre todo la que se ubica en los sectores pobres y medios— casi no se ha expresado después de la guerra por falta de posibilidades para ello o por un marcado desinterés para hacerlo, derivado probablemente de la lamentable acumulación de desencantos y descontentos que le genera tanto el funcionamiento del sistema político salvadoreño como el de casi todas las instituciones estatales. Desde su realidad, esa población sólo puede apreciar el logro exacto de uno de los aspectos entre los cuatro pactados por las Partes cuando firmaron el documento de Ginebra, el 4 de abril de 1990: terminar el conflicto armado. Los otros tres elementos del proceso que iniciaba entonces, aún siguen siendo hermosas aspiraciones que no han sido cumplidas.

            La mayor parte de las y los salvadoreños no participan hoy ni siquiera en los eventos electorales; de ahí que se encuentra muy lejos éste de ser un país democratizado. Y más allá de los derechos individuales –a la vida, a la libertad personal y a la integridad física, sobre todo– que no son tan violados como antes por razones políticas, la pobla­ción ve que no se respetan sus derechos económicos, sociales y culturales, ni a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado o su derecho a una pronta y cumplida justicia, además de vivir angustiada y muchas veces de luto en medio de una violencia insoportable; por tanto, no se puede hablar de que ahora prevalezcan condicio­nes de respeto irrestricto a los derechos humanos. Por último, hoy más que nunca la sociedad salvadoreña se encuentra desintegrada y dispersa, sin ideales comunes y –por tanto– a una distancia bastante considerable de una pretendida “reunificación”, como se planteó en el citado Acuerdo de Ginebra.

            Tomando en cuenta lo ocurrido al inicio del 2002, alrededor de lo que pudo haber sido y no fue —una fiesta popular para conmemorar no sólo el fin de la guerra, sino el inicio de una nueva era de bienestar— a continuación se comentan algunos hechos y se ofrecen ciertas reflexiones sobre la situación que imperó en el país durante el año recién finalizado. En tal sentido, no se puede obviar el abordaje de lo económico, social y ambiental así como lo relativo a la violencia y la inseguridad, al funcionamiento institucional y la participación ciudadana. Lo hacemos por ser los temas esenciales de una agenda pendiente desde 1992, con la convicción de que para corregir el rumbo actual se deben dirigir los esfuerzos –individuales y colectivos– hacia la solución de las fallas en esos ámbitos. Sólo así podremos disfrutar de una paz verdadera en El Salvador.

I.   La situación del país

     Al preguntarle a alguien cuál considera el conflicto más grave en el país a lo largo del 2002, es probable que señale casi sin vacilación la crisis del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Quizás tenga razón. Pero esa huelga —que superó los tres meses de duración y continuó hasta el fin del año sin dar visos de solución— no debe ocultar la preocupante dimensión de otros hechos que han golpeado con fuerza a los sectores medios y pobres del país, empujando a mucha gente a protestar en las calles como nunca lo hizo durante los últimos diez años.

     No sería nada raro que, en su gran mayoría, las personas que se sumaron a las multitudinarias “marchas blancas” convocadas por el gremio médico lo hayan hecho sin estar afiliadas ni cotizar en la estructura estatal de seguridad social; es gente que, teóricamente, no tendría nada que ver con el conflicto. Sin embargo, no dudamos que su apoyo al movimiento médico contra la privatización de la salud se encuentre íntimamente ligado a todo lo que le puedan haber sido afectadas de forma negativa —tanto en el ámbito personal como en el familiar— por las políticas oficiales. 

     Nadie debería sorprenderse si a las protestas masivas del último trimestre se incorporó, por ejemplo, mucha de la gente que en enero del 2002 quedó fuera de las instituciones estatales donde laboraba. Esos despidos masivos —bajo las figuras de “supresión de plazas” o “terminación de contratos”— dejaron a más de 8,000 personas sin acceso a un trabajo digno, ya que fueron separadas de la administración pública sin ofrecerles alternativas para incorporarse al sector privado o iniciar alguna actividad productiva propia, que les permitiese solventar compromisos económicos ineludibles adquiridos con anterioridad.

     De esa manera, se les negó a muchas de ellas la posibilidad de obtener las pensiones correspondientes por su trabajo durante el tiempo establecido por la ley; también se les impidió seguir cotizando y recibiendo los servicios del ISSS. En general, se vieron colocadas ante una terrible situación: sin los medios para garantizar en sus hogares las condiciones necesarias para una subsistencia decorosa que sólo se dan cuando se cuenta –al menos– con vivienda, salud, alimentación, educación y vestido.

     En la misma dirección, se deben mencionar las políticas de “flexibilidad laboral” que, a todas luces, se han convertido en verdaderas prácticas de “terrorismo” patronal y estatal mediante la coacción sobre las y los trabajadores para que firmen contratos que les niegan derechos reconocidos positivamente, tras largas luchas sociales. De no aceptar semejantes condiciones, se les amenaza con la cuchilla del despido y el muy objetivo fantasma del desempleo.

     Violaciones a derechos fundamentales se produjeron, también, en el caso de dos maquilas ubicadas en la Zona Franca Internacional “El Salvador”, sobre la autopista hacia el aeropuerto de Comalapa. Iniciando julio, más de trescientas personas resultaron intoxicadas de forma dolosa o culposa —ninguna autoridad encargada lo ha aclarado hasta la fecha— mientras se encontraban laborando en condiciones precarias de seguridad e higiene. La mayoría de las afectadas son mujeres que sostienen su grupo familiar y que no pudieron reclamar por los daños ocasionados a su salud debido a la actitud negativa de las instituciones estatales correspondientes; léase Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Fiscalía General de la República.

     Dichas entidades nunca apoyaron a las víctimas. Pero además emitieron declara­ciones apresuradas, absurdas y sin fundamento —como el asegurar que todo había sido producto de un “ataque de histeria colectiva”—, minando así el terreno para la realización exitosa de una investigación seria al respecto e imposibilitando la individualiza­ción de responsabilidades por los hechos.

            El caso mencionado no es único en cuanto a la problemática que afecta a quienes laboran en este sector. Dos aspectos a destacar de la misma, tienen que ver con la vulnerabilidad de los empleos que genera y la incapacidad estatal para convertirse en el ente garante del respeto a la legislación nacional e internacional que ampara a las y los trabajadores. En un resumen sobre la situación entre enero y junio del 2002, el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) se refirió a la suspensión definitiva de actividades por parte de la empresa coreana Laitex, ocurrida el primer día del año.

            “Esta empresa –afirma el GMIES– cerró sus instalaciones sin previo aviso, dejando sin sus salarios e indemnizaciones correspondientes, a 459 trabajadoras(es). La empresa adeudaba a su personal la última catorcena de diciembre del 2001, con sus respectivas horas extras, vacaciones y aguinaldos. Pero, además, se reveló que si bien la empresa había descontado las cotizaciones del trabajador(a) correspon­dientes a las cuotas del ISSS y las AFPs, no las había reportado y tenía una deuda millonaria con estas instituciones. La empresa también se había apropiado indebidamente de los aportes de sus trabajadores y así, además de su salario, éstos perdieron el dinero de sus cotizaciones al ISSS y a las AFPs”.

     Los elementos que surgen de esta experiencia bien podrían encontrarse en otros casos y se resumen en lo siguiente: retraso en el pago de salarios y prestaciones que no fueron detectados por los inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes no obstante visitar la empresa nunca recorrieron las líneas de producción ni conversaron con el personal; la mora de Laitex con el ISSS –al no enviar las cotizaciones que descontaba a su personal– era conocida por la institución y fue negociada más de una vez pero nunca se pagó, lo que indica que las irregularidades eran antiguas y que las autoridades las conocían; lo mismo ocurría con las cotiza­ciones al fondo de pensiones, las cuales descontaba y no pagaba a la AFP (administradora privada) correspondiente; la ubicación de Laitex no figuraba en el Registro de Comercio y sólo aparecía el domicilio del empleador, lo que constituye una anomalía que no se corrigió; por último, las reservas laborales que establece el Código de Comercio para este tipo de casos no fueron exigidas por las autoridades correspondientes. 

     Frente a todo lo anterior, el GMIES asegura lo siguiente: “Ciertamente, el Ministerio de Trabajo no cuenta con recursos suficientes para un trabajo de verificación eficiente. Por ejemplo, esta institución tiene solamente 35 inspectores de los cuales 17 están destacados en San Salvador. Sin embargo, el cierre de Laitex refleja otras debilidades del sistema de vigilancia que el Estado ejerce sobre los centros de trabajo.” Pese a lo evidenciado en el referido caso, el GMIES afirma que el gobierno inició el 2002 con un interés mayor “en mejorar la infraestructura de las maquilas, que en responder a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la protección de los y las trabajadoras”.

     Además de lo anterior y más allá de la propaganda gubernamental acerca de sus “logros”, en materia económica y social la situación del país no está para andar presumiendo de la misma. Un primer ejem­plo es el siguiente: una de cada cinco personas sobrevive a diario con menos de un dólar. De “comunistas” o de “estar orquestando una campaña contra el actual gobierno”, es de lo que menos se puede acusar a las fuentes de donde proviene esta información: la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según FUSADES, el 20.9 por ciento de la población salvadoreña que se encuentra dentro del territorio nacional ­—porque hay más de dos millones residiendo fuera del país, sobre todo, en los Estados Unidos de América— se mantiene en una situación de extrema pobreza; según el PNUD, alcanza el 23.4 por ciento.

     Pero para el Ministro de Hacienda y Secretario Técnico de la Presidencia de la República, Juan José Daboub, la pobreza extrema es menor; la administración gubernamental a la que pertenece la calcula en un 19.3 por ciento de la población. Unos puntos más o unos menos, ¿en qué situación estaría ARENA para manejar el país sin las remesas familiares del extranjero que reducen considerablemente el porcentaje de la población en extrema pobreza, tanto por la gente que abandonó y abandona El Salvador como por sus parientes que reciben acá los dólares? La clave de ese Partido para mantener la “estabilidad” se encuentra, entonces, en los pobres que produce el sistema económico excluyente y son expulsados del territorio nacional por el mismo; ese sistema es impulsado por ARENA desde hace casi 14 años, cuando arribó al Órgano Ejecutivo.

     En otro rubro vinculado a lo  expuesto en los párrafos previos se debe hacer alusión a un estudio del Observatorio del Mercado Laboral (OML), perteneciente al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Dicho documento reveló –a principios del 2002– lo siguiente: de una población económicamente activa que sumaba 2,598,584 personas, según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, tenían empleo fijo, temporal, formal e informal 2,598,584; entre ellas, sólo 1,660,496 trabajaban 40 horas o más a la semana con un salario igual o mayor al mínimo; el resto —o sea, 756,188— se encon­traba en el subempleo. Así, resulta que el 31.3 por ciento de la población empleada en el país no está plenamente ocupada y no goza de seguridad social ni de las prestaciones reconocidas por la legislación laboral. Estas personas realizan trabajos inestables, con salarios bajos salarios que no les alcanzan para ver satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestuario, educación y salud.

     Entre estas personas se encuentran las que trabajan menos de 40 horas semanales y que en conjunto se conocen como el “subempleo visible”; pero también están aquellas que pertenecen al llamado “subempleo invisible” y que, pese a  laborar más de 40 horas a la semana, no perciben ni siquiera el salario mínimo de 144 dólares estadounidenses al mes. Dentro del “subempleo invisible”, la mayoría son mujeres que trabajan en condiciones deplorables e inseguras. Las cifras anteriores son oficiales; es muy probable, entonces, que la realidad supere por mucho lo que reporta el gobierno.

     Otro aspecto más a considerar sobre la situación de los derechos humanos en el país, lo ubicamos en el más reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) sobre el estado mundial de la niñez; éste fue presentado en México el pasado miér­coles 11 de  diciembre. Para sorpresa de quienes asumen como cierta la supuesta bonanza alcanzada durante las adminis­tracio­nes “areneras”, al momento de establecer los países con mayores índices de mortalidad infantil el estudio coloca a El Salvador en el sexto lugar; esa incómoda posición sólo es superada por Haití, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Nicara­gua. La tasa más baja le corresponde a Cuba.

     En ese marco, vale la pena recordar la lamentable pérdida de vidas humanas –en su mayoría niñas y niños– durante la epide­mia de dengue hemorrágico que durante el 2002 asoló al país, especialmente en sus zonas más populosas, pobres y sin servicios básicos. El Presidente Flores, además de rechazar la ayuda médica cubana para enfrentar la crisis, dio muestras de su poco tino político —cuando se trata de asuntos vitales para la población— o de la mala asesoría que recibe; se le ocurrió recomen­darle a la población “acostumbrarse a convivir con la enfermedad.”

     Semejante advertencia surgida desde el más alto nivel del Ejecutivo, dice mucho de la importancia que le adjudican este funcionario y su Partido —así como quienes financian la actuación de ambos— a la salud del pueblo salvadoreño. En la lógica gubernamental, la calidad en este ámbito se encuentra determinada por la capacidad de pago; eso explica por qué dentro de dichos círculos se piense y actúe, no para brindar un óptimo servicio estatal —corrigiendo lo malo y mejorando lo bueno de lo actual— sino para aplicar una “reforma del sistema nacional” entendida como su entrega total a la gran empresa privadas para que, desde una lógica de lucro y no de bienestar común, se brinde una atención excelente sólo a quien tenga el dinero suficiente para costearla. ¿Y la población mayoritaria?

     Por eso desde que estalló la huelga del personal médico, de mantenimiento y administrativo del ISSS el 19 de septiembre, la crisis fue adquiriendo una intensidad creciente y se mantuvo hasta acabar el año, no obstante las maniobras oficiales para salvar los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en diciembre. En medio de ese cuadro, son dos los aspectos que deberían preocupar a quienes participan directamente en el conflicto y a la sociedad en general.

     En primer lugar, la posición del Ejecutivo —secundado por un Órgano Legislativo mayoritariamente sometido a sus dictados y consentido por un Órgano Judicial nada fiable, sobre todo cuando se trata de encararlo desde la justicia constitucional– al insistir en llamar “concesiones” u “otra modalidad” de transferencia de servicios a lo que en la práctica apunta hacia una evidente privatización de la salud. ¿Por qué afirmamos lo anterior? Muy simple: por la lógica del proyecto que impulsa el poder económico en el país y por la experiencia. Se pueden citar algunos ejemplos de la facilidad con que las administraciones “areneras” pretenden engañar a la población, tratando de facilitarle las cosas a quienes realmente deciden. ¿Quién no recuerda lo ocurrido con el paso de la banca a manos privadas? Basta con recordar, además, que se le llamó “integración monetaria” a la dolarización y que también se publicitó como una “modernización del sistema de pensiones” a lo que, después, realmente resultó ser el traspaso del mismo a unas pocas administradoras privadas.

            Sobre esta última experiencia, cabe mencionar que la medida se pretendió “vender” a la población como la única alternativa para “hacer eficiente, seguro y accesible” el pago de pensiones; sin embargo, a la luz de lo acontecido, éste se ha revelado como ineficiente, excluyente e injusto. La afirmación anterior tiene fundamento, entre otras cosas por el tiempo que tarda una administradora privada de pensiones para completar el trámite y comenzar a entregarle su dinero a la persona interesada: dura, al menos, un año. Eso ha sido denunciado en el IDHUCA. De igual forma, a lo largo del 2002 hemos recibido casos de personas mayores de 40 años a las que les prometieron supuestas ventajas para motivarlas a abandonar el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Ahora, éstas reciben pagos mensuales que oscilan entre los 70 y 80 dólares estadounidenses; eso, en números redondos, representa una cantidad dos o tres veces menor a la que estarían recibiendo de haberse quedado en el INPEP.

     Es legítima y entendible, entonces, la desconfianza de la población ante la posición gubernamental en la actual crisis de la salud. Su pésimo manejo de la misma se ha manifestado tanto en el discurso como en la acción. Durante un tiempo sostuvo que no era su intención privatizar el sistema y que la lucha del gremio médico era política; luego, ante una oposición firme, Flores tuvo que desenmascararse y anunció su “pro­puesta” —más bien, la de la gran empresa para la que trabaja— que sólo logró ser frenada con el incremento de la protesta popular. Así se aprobó el famoso Decreto 1024, que fue derogado en la Asamblea Legislativa luego de haberle “salvado” al Presidente de la República la realización más o menos tranquila de sus “juegos” centroamericanos y caribeños.

     En ese marco, poco a poco se fue evidenciando la estrategia gubernamental: nada reflexiva ni propositiva sino, más bien, represiva. Para ello, ha contado con el apoyo total de los tradicionalmente incondicionales grandes medios de difusión en el país y con la insistencia del poder económico; este último, en boca de algunos de sus representantes más influyentes, incitó públicamente al sector patronal a incurrir en la comisión de un delito: les pidió retener las cuotas que por ley deben pagar al ISSS.   

     El segundo de los aspectos que —como dijimos antes— debería preocupar a las Partes en conflicto y a toda la población, es el relacionado con la violación al derecho a la salud de las personas cotizantes o “derechohabientes” –como se les ha llamado– del ISSS. Quienes demandaron atención médica en consultas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, no la han recibido a lo largo del conflicto. Eso, que resulta evidente, es producto de una inaceptable e intolerable prolongación del conflicto.

     En esa violación masiva al derecho a la salud, tienen responsabilidad el gremio médico y los trabajadores del ISSS; pero el peso mayor de la misma le corresponde la administración Flores en la medida que no ha actuado con transparencia y racionalidad para buscarle una solución verdadera a la coyuntura de una huelga y a los problemas estructurales del sistema nacional de salud. Esa ha sido la actitud gubernamental, coherente con los lazos que la atan a la gran empresa y la distancian del bien común.

     Hasta aquí, hemos examinado sólo algunos problemas puntuales que de manera directa o indirecta afectan a la mayoría de la población salvadoreña en materia económica y social. Si se consideran otros aspectos en los ámbitos de la calidad educativa, el déficit habitacional y el deterioro ambiental —por citar otras tres graves situaciones— la conclusión no es alentadora, independientemente de las estadísticas macroeconómicas tan positivas que nos presentan los burócratas. Pero además, a éstos los desmiente aquello que precisa­mente les permite ofrecer “cuentas alegres” sobre la marcha de la economía nacional: el flujo continuo de personas que buscan, sobre todo en los Estados Unidos de América, la solución a sus graves problemas de subsistencia personal y familiar.

     El más ilustrativo y triste retrato del país para objetar los “cantos de sirena” oficiales, lo encontramos en la odisea de más de 600 salvadoreñas y salvadoreños hacia Suecia; la “aventura” comenzó en diciembre del 2001 y finalizó muy pronto —en enero de 2002— con la fallida solicitud de asilo político para esa gente en aquel lejano país y su deportación a El Salvador. Nadie que se encuentre viviendo seguro y en condiciones dignas, abandona el territorio nacional de esa manera o de la forma que lo hacen tantas personas que a diario intentan ingresar al estadounidense. Es demasiado peligroso en todo sentido y sólo ocurre cuando acá la situación es insostenible, al punto de preferir asumir los riesgos de la travesía y los atropellos de la estancia en el extranjero.

     Sólo cabría agregar, para cerrar la síntesis del escenario actual, algo sobre la situación de violencia e inseguridad que continúa afectando de forma grave a la sociedad salvadoreña. Como en otras ocasiones, debemos insistir en la dificultad que representa para cualquier intento de análisis el obtener información confiable. Al revisar los reportes sobre las muertes y sus causas, emitidos —por ejemplo— desde la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal, se encuentran importantes diferencias.

     En el caso de la PNC, la información más reciente la encontramos en las declaraciones que su Director General brindó y que aparecieron publicadas el miércoles 11 de diciembre. Al respecto, Mauricio Sandoval señaló que hasta esa época se habían registrado 1,953 homicidios; para éste, el promedio de seis homicidios diarios durante el 2002 ofrecía una mala imagen del país en el extranjero. También aseguró que el 75 por ciento de esos hechos fue realizado con armas de fuego, el 17 con armas blancas y el ocho con otro tipo de armas. El funcionario apuntó, además, que el 86 por ciento de esas muertes era resultado de la violencia social y sólo el 14 de la delictiva. También afirmó que, según las investigaciones de la corporación a su cargo, más del 50 por ciento de esos actos criminales se habían realizado con armas de fuego registradas legalmente.

     Cabe señalar que en una conferencia organizada por el PNUD, realizada en la ciudad de San Miguel en abril del 2002, una enviada del Instituto Universitario de Opinión Pública UCA (IUDOP) reveló que nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en índices de violencia con armas de fuego. Año con año, en el IDHUCA le damos seguimiento a las muertes violentas e intencionales que aparecen en los cuatro medios escritos de mayor circulación nacional: Diario El Mundo, Diario Co-latino, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Es obvio que en éstos no aparecen todos los hechos criminales de ese tipo que ocurren en el país. Antes de la llegada de Sandoval a la PNC, la cifra total que recopilábamos de la fuente periodística se movía –de forma regular– entre el 10 y el 16 por ciento de un consolidado elaborado con datos de la Fiscalía General de la República y otros propios de investigaciones realizadas por la UCA (Departamento de Economía, IUDOP y Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación).

     Con la drástica reducción del número de homicidios dolosos que aparentemente se produjo tras el nombramiento de aquél como Director General de la PNC, cuya voz es de las que más pesan en el actual gobierno, ya no se mantiene esa correspondencia. Es necesario aclarar que en los reportes periodísticos también se ha observado una reducción de las cantidades, pero no tan radical como la sostenida por la institución policial. Por ejemplo: al finalizar 1998, meses antes de iniciar la gestión de Sandoval en la PNC, el registro del IDHUCA sumó 960 hechos frente a las 5,584 víctimas que arrojó el referido consolidado preparado con datos de la FGR y la UCA; en la actualidad, nuestras fuentes nos revelan un total de 682 muertes con las características apuntadas, ante las casi 2,000 que anunció el jefe policial. Así, resulta que los homicidios dolosos ubicados dentro de la información periodística se redujeron –de 1998 al 2002– en un 28.95 por ciento; en cambio, en los datos oficiales de la PNC el descenso durante el mismo período fue levemente superior al 65.

     Pese a esas serias dificultades para ofrecer un diagnóstico cuantitativo, a continuación presentamos el detalle sobre las muertes violentas e intencionales que aparecieron en la prensa escrita durante el 2002. Sirve, al menos, para establecer tendencias en lo relativo a las modalidades de ejecución; además, al compararlas con las del 2001 (610) queda claro que –al menos a partir de la fuente periodística– se incrementó la cantidad de víctimas.

            Más allá de las cifras, resulta oportuno cerrar este apartado con la reflexión final de un comentario reciente elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): “El panorama de la violencia y de la respuesta estatal ante este fenómeno social no es nada halagador pues no parece haber todavía indicadores de que la delincuencia esté descendiendo a niveles ‘aceptables’ en una sociedad democrática. En esa situación, debemos decir que, hoy por hoy, el futuro de nuestro país está prácticamente hipotecado. El peor daño que la violencia ocasiona es la paralización del progreso personal, familiar y social; en otras palabras, la violencia es un serio obstáculo al desarrollo. Las muertes y discapacidades que resultan de la violencia tienen un impacto humano y económico significativo. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, ha señalado que la violencia obliga a que las prioridades de una sociedad se inviertan y que los mejores esfuerzos de nuestros pueblos terminen hundidos en una interminable defensa frente a los violentos”.

[Cronología del año 2002]

Cronología del año 2002

ENERO

1.    El Comité de Emergencia Nacional (COEN) reporta, en su balance de fin de año, 34 fallecidos, 339 lesionados, 76 accidentes de tránsito, 33 rescates y 51 incendios en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de 1,214 actos delincuenciales cometidos desde el 22 al 31 de diciembre de 2001.

2.    El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Rafael Barraza, asegura que la Ley de Integración Monetaria ha eliminado la amenaza de una devaluación del colón salvadoreño, lo cual ha permitido conservar el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones.

4.    El gobierno sueco denuncia que unos 600 salvadoreños fueron objeto de engaño por parte de agencias de viaje que aseguraron a aquéllos que el país nórdico brindaba facilidades migrato­rias. Ese día, la Dirección General de Migración de Suecia publicó un comunicado en el que afirmó que, luego de terminado el conflicto armado, su país “ya no ha concedido ninguna clase de asilo a ciudadanos salvado­reños”.

9.    El gobierno de Suecia niega una solicitud de amnistía para los salvadoreños que apelaron la denegación de asilo político en aquel país.

10.  La embajadora sueca en Centroamé­rica, María Leissner, asegura que los salvadoreños no califican en su país para obtener asilo político.

13.  Los ministros de Economía de Panamá y El Salvador dan el visto bueno para la firma de un TLC entre ambos países, luego de más de ocho meses de negociación.

16. Se lleva a cabo en el departamento de Morazán la celebración oficial de los diez años de los Acuerdos de Paz que, en 1992, pusieron fin a doce años de guerra civil.

—   El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia que su gobierno explora seriamente la posibilidad de un TLC con Centro­américa.

23.  Los diputados de ARENA, FMLN y PCN se pronunciaron  por el cierre de los casinos en todo el país.

—   Los negociadores salvadoreños firmaron un TLC con sus similares de Panamá, en el primer acuerdo comercial rubricado por este último país.

24.  El presidente Francisco Flores se suma a la cruzada parlamentaria en contra de los casinos, expresando que es “conveniente” la decisión de clausurarlos.

27.  La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) recomendó que la operación de los casinos debía regularse, pero no por ello cancelarse. Ese mismo día, la presidencia de uno de los inversionistas en casinos en El Salvador publicó un comunicado dirigido al presidente Flores y a los diputados de la Asamblea Legislativa, en el cual apelaba a los principios de “libertad económica y seguridad jurídica”, para mantener vigente su inversión en el país.

29. Dos altos funcionarios gubernamentales se pronuncian en contra del funcionamiento de los casinos: el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, quien dice tener información sobre casos en que secuestradores habían frecuentado esos establecimientos y el ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, para quien “lo mejor es no tener casinos”, debido a su ilegalidad.

30. Sorpresivamente, el presidente Flores declara que la compañía Crown G. Inc., inversionista del Casino Colonial en El Salvador es de “empresarios correctos”, certificándolos de esa manera y contradiciéndose a sí mismo, cuando antes había instado a los diputados a prohibir ese tipo de inversión en el país.

31. Los diputados no logran ponerse de acuerdo para emitir un decreto que eliminara los casinos, dejando así la operación de aquéllos en el limbo jurídico en que han permanecido por años.

FEBRERO

4.    El ministro de Obras Públicas, José Ángel Quirós, revela que la construc­ción del anillo periférico sería sometida a consulta pública, a cargo de la Comisión Nacional de Desarrollo.

5.    Los representantes del gobierno y la empresa privada ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo deciden que durante el año 2002 el salario mínimo no experimentará cambios, debido a la situación económica del país.

7.    Los medios informativos anuncian la llegada en marzo del mandatario estadounidense, George W. Bush, para reunirse con sus similares centroamericanos en San Salvador y discutir una agenda de seguridad hemisférica, de libre comercio y de tráfico de drogas.

8.    Se registran las primeras protestas en diferentes puntos de San Salvador, lideradas por familias afectadas por la construcción del anillo periférico. Dos diputados del FMLN se hicieron presentes a la concentración realizada en el Bulevar del Ejército Nacional, en Soyapango. Políticos de derecha interpretaron la intervención de los legisladores como un acto de politización de la problemática.

9.    La ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia de Ávila, revela que, durante el encuentro de marzo, el presidente Flores pediría a su homólogo estadounidense una prórroga de dieciocho meses para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

11. La Asociación de Empresarios del Transporte de Pasajeros en Autobuses (ATP) publica un comunicado en el que se eximían de responsabilidad por la sensible disminución de unidades de transporte en la capital y en el interior del país por la ley que les exige renovar los autobuses cuya fecha de fabricación exceda los 20 años. Asimismo, la gremial empresarial anuncia que, a partir de ese día, los empresarios de autobuses suspenderán el servicio drásticamente en todo el territorio nacional.

12. Durante el recorrido de una “marcha pacífica” organizada por integrantes del gremio de transportistas, un grupo de éstos realiza actos de vandalismo en la ciudad capital. La Policía procede a la captura de por lo menos 63 personas.

14. Un equipo del Grupo de Reacción Policial (GRP) captura al diputado del PCN, Orlando Arévalo, acusándolo de ser el autor intelectual de los desórdenes causados en San Salvador por transportistas. Un contingente policial irrumpe en la Asamblea Legislativa, irrespetando la intimidad de los legisladores y propinando golpes a los periodistas que cubrían el hecho.

15. El diputado Arévalo afirma en una entrevista publicada por un periódico matutino que su captura fue coordinada por el presidente de la Asamblea Legislativa, el arenero Walter Araujo, y el director de la Policía.

—   Los buseros deciden suspender el paro del servicio en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, los diputados aprueban por unanimidad un decreto transitorio que prolongaba por dos años más el permiso de circulación para a las unidades de transporte público viejas.

18. El diputado Arévalo demanda a Mauricio Sandoval ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; al día siguiente, el diputado repitió el procedimiento ante la Fiscalía General de la República (FGR).

28. El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Procuraduría General de la República se unen para objetar la participación de los jueces en las elecciones de los nuevos consejeros del CNJ.

MARZO

2.    El presidente Francisco Flores descarta la participación de miembros del FMLN en la comitiva que negociaría un TLC con Estados Unidos.

5.    La ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela, asegura que el gobierno ha cancelado el acto de clausura de los Acuerdos de Paz debido a la inasistencia del secretario general de la ONU, Kofi Annan.

6.    El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, Bruno Moro, asegura que “existen todos los elementos para declarar cumplidos los Acuerdos de Paz”.

8.    Dos líderes del FMLN, Schafik Handal y Hugo Martínez, se reúnen con el funcionario pakistaní Iqbal Riza, jefe del gabinete del secretario general de la ONU para presentarle un balance de los Acuerdos de Paz.

9.    Da inicio la consulta ciudadana convocada por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) para discutir la construcción del anillo periférico.

11. Un rotativo nacional reveló que, mientras la Ley de Presupuesto de 2001 prohibía cualquier incremento salarial a empleados del sector estatal, el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rutilio Aguilera, se recetó un jugoso aumento de más de 10 mil colones, en diciembre del año pasado.

16. Roberto Murray Meza, presidente de ARENA, juramenta a doce de los catorce directores departamentales areneros.

18. Sorpresivamente, Murray Meza renuncia a la presidencia del partido ARENA y deja las riendas del mismo en manos del banquero, Archie Baldocchi.

20. El director de asuntos legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) expresa que los jueces no deben participar en la elección de concejales del CNJ.

24. El inicio de las celebraciones de Semana Santa y el XXII Aniversario del asesinato de Monseñor Óscar A. Romero coinciden con la visita de Bush y las actividades realizadas a favor y en contra del distinguido visitante.

25. La Policía Nacional Civil irrumpe en una fiesta denominada “Tormenta tóxica”, en San Luis Talpa, La Paz, y realiza la captura de un grupo de supuestos distribuidores de drogas y estupefacientes.

28. El juzgado de Paz de San Luis Talpa decreta detención provisional en contra de las personas detenidas en la redada policial hecha en la fiesta “Tormenta tóxica”.

ABRIL

1.    Los cinco diputados renovadores reciben una notificación en la que el tribunal de ética del partido FMLN dicta su expulsión definitiva.

5.    El PCN hizo públicas sus intenciones de retomar la presidencia de la Asamblea Legislativa y postuló a Ciro Cruz Zepeda como la persona idónea para el cargo.

—   Los diputados de la Asamblea Legislativa reforman la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura para que los jueces y magistrados puedan votar en las elecciones a consejeros y tengan así representación en la referida institución.

—   Doce adultos son sorprendidos en el departamento de Santa Rosa, Guatemala, mientras conducían a un nutrido grupo de niños salvadoreños —entre ellos, un menor de año y medio de edad— para llevarlos, ilegalmente, hacia Estados Unidos.

6.    El juez que lleva a cargo el proceso judicial de los detenidos en la denominada “Tormenta tóxica” pide dejar el caso y retirarse indefinidamente por sentirse perseguido y amenazado.

—   Los infantes detenidos en Guatemala reciben un salvoconducto para que regresaran al país y a sus lugares de origen.

7.    Los infantes son trasladados al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, (ISPM) en Santa Ana y San Salvador.

—   Facundo Guardado y otros dirigentes otrora efemelenistas firman el acta de fundación del Partido Movimiento Renovador (PMR), proclamado socialdemócrata.

10. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa toma dos acuerdos: Primero, restarle un diputado al FMLN dentro de cada comisión de trabajo; y, segundo, eliminar el mecanismo de alternabilidad de la presidencia de la Asamblea para volver al esquema tradicional.

11. En el marco de la Cumbre de Río, celebrada en San José, Costa Rica, el presidente salvadoreño, Francisco Flores, se convirtió en el primer mandatario del mundo en reconocer el nuevo y efímero gobierno venezolano, luego del golpe de Estado dado al presidente Hugo Chávez. Por su parte, la cúpula del FMLN condenó enér­gicamente el golpe de Estado.

12. El Banco Central de Reserva informa que las remesas familiares acumuladas entre ene­ro y marzo de 2002 alcanzaron US$447.4 millones. De acuerdo de la fuente sólo en el mes de marzo, el ingreso fue de US $157.8 millones.

14. Dos días después que Hugo Chávez retomara el poder en Venezuela, el FMLN celebra el regreso del presidente sudamericano, mientras el gobierno salvadoreño guarda silencio.

15. El vicecanciller de El Salvador, Héctor Dada Sánchez, sale en defensa de Flores, aclarando que éste había dado un “voto de confianza” al pueblo venezolano y no al efímero gobierno que sustituyó a Chávez por escasas horas.

17. La cúpula de la Asamblea Legislativa acuerda conformar en nueve miembros la Junta Directiva para el período 2002-2003 y perfila a Ciro Cruz Zepeda como presidente del Primer Órgano del Estado.

—   Flores asegura que no pedirá disculpas a su similar venezolano, mientras una comitiva del FMLN anuncia que viajará a Venezuela para mostrar su apoyo a Chávez.

18. La Federación de Asociaciones de Abogados convoca, oficialmente, a las elecciones en que se escogerían a los sustitutos de sus tres representantes ante el CNJ.

19. Estados Unidos expresa que para negociar un acuerdo comercial quiere aranceles más bajos para sus productos en Centroamérica.

20. El gremio de abogados realiza las elecciones para escoger a los candidatos a consejales del CNJ.

MAYO

7.    Walter Araujo releva de su cargo al veterano líder efemelenista Schafik Handal en la Comisión de Asuntos Electorales.

8.    FUSADES presenta su primer informe de desarrollo económico y social, correspondiente a 2002, titulado Invirtamos en educación para desafiar el crecimiento económico y la pobreza. El informe insta, entre otras cosas, a que el gobierno duplique la inversión en educación para los próximos doce años.

9.    Se da a conocer que el Órgano Legislativo opta por prolongar la vida útil del carné electoral hasta los comicios presidenciales de 2004.

10. Cancillería anuncia que ha dirigido una petición al Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, para que se conceda una prórroga de dieciocho meses al TPS, medida que suspendería la deportación de varios miles de salvadoreños indocumentados.

13. El FMLN hace público su plan estratégico, de cara a los comicios de 2003 y 2004. En el documento, el partido de izquierda propugna por el establecimiento de un gobierno “revolucionario”, en el que se “salve” al país del actual modelo neoliberal.

15. Dirigentes del Centro Democrático Unido (CDU) y el Movimiento Renovador anuncian una alianza para las futuras elecciones.

—   Diputados del FMLN anuncian sus intenciones de consensuar con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) una propuesta de candidatos para presidir la Corte de Cuentas.

—   El Banco Central de Reserva (BCR) informa que,  hasta abril de 2002, se acumuló un monto de US$621.6 millones en concepto de remesas familiares, superando en US$37.5 millones a la registrada durante el mismo período de 2001.

16. Tres diputados del FMLN se reúnen con el presidente de ARENA, Archie Baldocchi, para discutir la elección del presidente y los dos magistrados de la Corte de Cuentas.

20.  Se da a conocer informes del Ministerios de Salud donde se registran 675 casos de dengue clásico durante el año —frente a 348 correspondientes a 2001— y 351 de dengue hemorrágico —comparados a 63 del año anterior.

21.  La cúpula de ANEP pidió públicamente “despartidizar” a la Corte de Cuentas.

24. El matutino La Prensa Gráfica revela que el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el arenero Julio Gamero, destinó a uno de los empleados legislativos para trabajar en una propiedad suya ubicada en el departamento de La Libertad. El diputado acepta los hechos, arguyendo que el empleado trabaja en labores de vigilancia.

—   Ciro Cruz Zepeda manifiesta que ARENA seguirá manteniendo el acuerdo de reparto de instituciones con el PCN: para el primero, la Fiscalía General de la República y para este último, la Corte de Cuentas.

30. El Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) hace públicos los resultados de una encuesta realizada para conocer el desempeño de Flores, de la Asamblea Legislativa y de las alcaldías. Los ciudadanos consultados califican con una nota promedio de 6.2 al Ejecutivo, la mayor alcanzada por éste en los tres años de gestión.

31. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) revela que los entrevistados en un sondeo reprueban la actividad de la Asamblea Legislativa. El 50% de los encuestados dice no sentirse representado por los legisladores. No obstante, la encuesta del IUDOP revela una calificación positiva a la gestión gubernamental.

JUNIO

3.    El Ministerio de Salud declara estado de emergencia en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad. El presidente del Colegio Médico, Guillermo Mata, y el alcalde de San Tecla, Óscar Ortíz, critican la tardanza con que actúa la cartera de Salud.

6.    El PCN hace valer su peso en la Asamblea Legislativa al afianzar la conducción de la Corte de Cuentas por un nuevo período. 51 diputados deciden que el pecenista Hernán Contreras ocupe la presidencia del ente contralor.

11. La fracción del FMLN presenta una pieza de correspondencia en la que se propone reformar la Constitución y convertir a la Corte de Cuentas en una verdadera institución contralora.

13. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (FESPAD), piden a los diputados una prórroga de tres meses para evaluar detenidamente el trabajo de Belisario Artiga, Fiscal General, y Miguel Ángel Cardoza, Procurador General.

—   La Comisión Nacional de Desarrollo, designada para elaborar la consulta ciudadana sobre la construcción del anillo periférico, entrega el informe de resultado al Ministerio de Obras Públicas (MOP). En este informe se sugiere atender a veintiocho observaciones antes de ejecutar la obra.

19. El ministro de Obras Públicas  anuncia la decisión de cambiar el trazo del proyecto del anillo periférico para no afectar unas 480 viviendas de la comunidad “22 de Abril”, en Soyapango.

20. Diputados de ARENA, PCN, renova­dores y de partidos minoritarios concretan la reelección de Belisario Artiga y Miguel Ángel Cardoza para un nuevo período de gestión.

—   El bloque de derecha en la Asamblea Legislativa aprueba un estado de calamidad pública, autorizando al Ejecutivo la potestad de modificar la asignación de partidas presupuestarias y enfrentar la epidemia de dengue que abate al país.

22. Se confirman mil 584 casos de dengue en todo el país, de los cuales, 112 fueron del tipo hemorrágico.

27. Los legisladores juramentan a los cinco miembros propietarios del CNJ, quienes se suman a los dos representantes de la Universidad de El Salvador y de las universidades privadas, cuya gestión culminaría el próximo año.

28. Hernán Contreras asume la conducción de la Corte de Cuentas por segunda vez, relevando al también pecenista Rutilio Aguilera.

30.  A quince días de iniciada la campaña de fumigación y otras acciones contra el dengue, el ministro de Salud, López Beltrán, revela que la epidemia se muestra en descenso.

JULIO

1.    El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, propone la reforma de la normativa juvenil (Ley del Menor Infractor) para que se juzgue como adultos a adolescentes que mostrasen alto grado de peligrosidad y reincidencia en actividades delictivas.

5.    Unas 260 trabajadoras de la maquila Hoon’s Appareal International, en Olocuilta, resultaron con síntomas de intoxicación, al verse expuestas a un derrame de líquidos utilizados como desinfectante.

8.    Una nueva intoxicación masiva tiene lugar en tres fábricas de maquila ubicadas en el departamento de La Paz. Ante los hechos, Juan Mateu Llort, del Comité de Emergencia Nacional, manifiesta que todo se trata de una simple “histeria colectiva”, restando importancia a los hechos.

9.    El secretario de Justicia estadouniden­se, John Ashcroft, anuncia la prórroga de doce meses del programa migratorio TPS, que beneficia a cientos de salvadoreños residentes en Estados Unidos.

13. Los alcaldes de Nejapa y Soyapango acompañan dos manifestaciones públicas realizadas en importantes vías de acceso a la capital, como protesta por la construcción del Anillo Periférico, bajo el argumento de la transgresión a la autonomía municipal.

18. Una comisión interinstitucional determina que la intoxicación sufrida en 3 maquilas de La Paz fue provocada por químicos ajenos a las instalaciones industriales, lo cual fortalece la hipótesis de que la desgracia habría sido provocada.

—   El ministro de Obras Públicas, José Ángel Quirós, da a conocer el cambio de trazo del Anillo Periférico en tres secciones, para no afectar a la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, y para disminuir el impacto ambiental en zonas boscosas.

22. Se realiza el encuentro de la empresa privada aglutinada en ANEP, denominado ENADE 2002.

24. FUSADES presenta su informe de coyuntura económica en el que afirma que, durante el primer semestre del año, la economía nacional ha continuado perdiendo dinamismo, debido a un deterioro de los indicadores macroeconómicos y a la poca actividad de los sectores productivos.

27. El FMLN celebra su XV Convención Nacional Ordinaria para decidir la estrategia electoral y la reforma de algunos estatutos internos.

AGOSTO

8.    Las municipalidades de Soyapango y Ciudad Delgado se lanzan a protestar en contra del proyecto del Anillo Periférico, paralizando las obras por varios días.

12. El ministro de Hacienda, Juan José Daboub y el presidente de ANEP, Antonio Saca, hacen pública la creación de una mesa de trabajo en donde se discute la reforma del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en atención a la propuesta empresarial de ENADE 2002.

—   La alcaldesa de Soyapango, Marta Elena de Rodríguez, acude a la Asamblea Legislativa para solicitar la interpelación del ministro de Obras Públicas, Miguel Ángel Quirós, por haber transgredido la autonomía municipal.

13. Autoridades del ISSS informan que la institución cuenta con un plan de contingencia, en vistas de una posible paralización de labores de parte de los sindicatos.

—   El Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) alerta sobre una convocatoria a paro nacional debido al supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades de la institución en 1998 y 2000, y por las intenciones expresas del gobierno de privatizar los servicios de salud.

14. El FMLN presenta ante diversos medios informativos  su propuesta política denominada “democracia, prosperidad y justicia social, documento de consulta para la construcción de un proyecto de país”, en el que critica a los medios de comunicación que mantienen un “esquema de dominación política” y de “exclusión social”.

15. La Ley de Defensa Nacional, la cual permitirá, entre otras cosas, brindar obligatoriamente información para fines de la “Defensa Nacional”, es aprobada por 46 votos en la Asamblea Legislativa, bajo fuertes cuestionamientos de inconstituciona­lidad por parte de la fracción legislativa del FMLN.

22. Los dirigentes de los seis partidos políticos minoritarios de oposición hacen lo que ellos llamaron “el primer acercamiento” para definir la estrategia de coaliciones en las municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador.

23. El presidente de ARENA, Archie Baldocchi, revela que la ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, se convertirá en la virtual candidata del partido oficial para disputar la alcaldía de San Salvador.

SEPTIEMBRE

5.    Los sindicalistas de ISSS inician una huelga parcial en algunas dependencias de la institución.

8.    Will Salgado, alcalde de San Miguel, ex democristiano, oficializa su incorporación a las filas areneras, en la disputa por conservar el gobierno de la más importante ciudad oriental. 

10. El presidente Francisco Flores da a conocer la posición del gobierno salvadoreño en torno a la solicitud de apelación ante la Corte Internacional de La Haya sobre el litigio territorial con Honduras.

17. El concejo municipal de San Salvador acuerda un pliego de medidas para oponerse abiertamente a la construcción del Anillo Periférico en la capital y sus obras conexas.

—   El ministro de Trabajo, Jorge Nieto, reitera que los problemas financieros que dejaron los terremotos del 2001 no permitirán un aumento del salario mínimo en el año 2002.

18. El IUDOP da a conocer los resultados de una encuesta en los que Héctor Silva, candidato de la coalición FMLN-AP-CDU-Iniciativa Ciudadana, aventajaba a su contrincante arenera en las intenciones de voto: 51.5% frente a 34.7%.

–     Las autoridades del ISSS despiden a 10 empleados de la institución y sancionan a otros 400, luego que se comprobara su participación en el paro de labores del pasado 5 de septiembre.

26. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, informa que, hasta esta fecha, se han destituido a  38 jueces por comprobarse diversas fallas en su proceso de acreditación académica.

–     Los diputados de la Asamblea Legislativa, excepto los del FMLN y los Renovadores, aprueban un pliego de enmiendas a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República, en la que se establece que la entidad contralora se reserva la potestad de publicar los resultados de cualquier auditoría hasta que “se haya emitido resolución exonerando [a las entidades o personas investigadas] de responsabilidad”.

30. El Ejecutivo presenta el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2003 a la Asamblea Legislativa.

OCTUBRE

1.    Las autoridades del ISSS ponen en marcha un plan de contingencia, de cara a la huelga liderada por los sindicalistas de la institución, ofreciendo atención médica en hospitales alternativos como el Militar y el Roma en San Salvador.

2.    Un estudio de opinión pública de la Universidad Tecnológica revela que los candidatos de ARENA, Evelyn Jacir de Lovo y de la coalición FMLN-AP-CDU-IC, Héctor Silva, se encuentran en un virtual empate, en la disputa por la alcaldía capitalina.

3.    La Procuradora de Derechos Humanos, despliega, en los principales medios escritos, una censura pública, máxima sanción en sus manos, en contra del Director General del ISSS, Mauricio Ramos, por su actuación en el marco de la crisis de la salud.

8.    La jueza primera de lo laboral de San Salvador, Irma García, resuelve que la huelga liderada por los médicos y sindicalistas era ilegal, llamando a los huelguistas a reincorporarse a sus labores en un plazo estipulado.

14. El presidente Flores lanza oficialmente el plan de reforma del Seguro Social, denominado “Democratización del sistema previsional de salud”, basándose en cuatro ejes fundamentales: cuota solidaria, ampliación de cobertura, plan integral y libertad de elegir.

17. Los diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa aprueban el Decreto Legislativo 1024 que prohibe las concesiones de servicios a la empresa privada a partir del 31 de diciembre de 2002.

–     El BCR revela que las remesas familiares, entre enero y septiembre de 2002, acumulan US$1,442.6 millones, cifra superior en US$45.2 millones a las registradas durante el mismo período del año anterior, creciendo en 3.2% anual.

19. El FMLN realiza las elecciones primarias en las que sus militantes confirman a los candidatos a alcaldes, de cara a los comicios de 2003.

23.  Se registra una multitudinaria movilización —la segunda “marcha blanca”— en contra del plan de salud presidencial.

31. El presidente Flores, sorpresivamente, se retracta en su plan de salud y promete conformar una comisión de seguimiento en la que fungiría como primer representante el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. Los médicos no levantan la huelga.

NOVIEMBRE

4.    El gremio de médicos rechaza la mediación de Silva y del Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle en una eventual mesa de negociación.

6.    Las partes en conflicto, gobierno y médicos sindicalistas, se reúnen en Casa Presidencial sin llegar a acuerdos concretos.

11. Héctor Silva confirma que no buscará la reelección para comandar la alcaldía capitalina, renunciando así a su candidatura.

14. Los diputados de oposición ratifican el decreto 1024, sin tomar en cuenta las observaciones que le hiciera el presidente Flores.

15. El servicio en los hospitales nacionales Bloom y de Maternidad se normaliza con el regreso de los galenos que se mantenían en huelga.

20. Un integrante de la delegación venezolana de remo desaparece en el lago de Coatepeque, previo a los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe.

22. Médicos de la comisión tripartita y funcionarios del gobierno de Flores se reúnen por tercera vez para plantear sus puntos de vista. Al final del cónclave, no se da ningún resultado concreto.

23. Son inaugurados los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002.

27. Manifestantes y agentes policiales antidisturbios se enfrentan en las cercanías del Hospital de Oncología del Seguro Social, dejando a policías lesionados y personas afectadas por los gases lacrimógenos.

DICIEMBRE

1. El Partido Demócrata Cristiano presenta a sus bases a una nueva dirigente, la ex legisladora efemelenista Ana Guadalupe Martínez.

6.    Los médicos sindicalistas lideran una tercera “marcha blanca”. La procuradora de derechos humanos, Beatrice de Carrillo exige a las partes que busquen la solución a la crisis.

9.    Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenan que no se aplique el artículo 5 del Decreto 1024, dejando vigente la concesión de servicios de salud a empresas privadas.

16.  Durante una requisa, reos del penal de Mariona toman como rehenes a dos agentes de la División de Antinarcóti­cos, para luego asesinarlos. La procuradora de derechos humanos, Beatrice de Carrillo, había intentado, sin éxito, obtener la liberación de los rehenes.

–     El Director de la PNC, Mauricio Sandoval, responsabiliza a la procuradora de Derechos Humanos por la suerte de los agentes asesinados, por haber interferido en el procedimiento policial.

17. La Fiscalía General anuncia que investigará la actuación de la procuradora en el asesinato de dos agentes de la PNC.

–     La Procuradora se presenta a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados su actuación en el operativo de Mariona. Un legislador arenero exige la destitución de la funcionaria.

18. Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denuncian amenazas de muerte contra la procuradora.

—   El Banco Central de Reserva divulga un informe en el cual se asevera que la economía creció un 2.3% durante 2002. Empero, el mismo documento también admite que la inflación subió un 2.5% y que el déficit fiscal es de 3.3%.

19. El PCN y ARENA dan sus votos para derogar el Decreto 1024, que impedía la privatización del sector salud, a la vez que aprobaron otro decreto, denominado “Disposiciones de gestión pública de los servicios de salud y seguridad social”.

—   El director de la PNC, Mauricio Sandoval, anuncia que apoyará la demanda judicial de los familiares de los policías muertos en Mariona, en contra de la Procuradora de Derechos Humanos.

—   Medicina Legal constató que los agentes de la PNC murieron de forma inmediata, con lo cual se refutarían las acusaciones en contra de Beatrice Carillo.

20. El presidente Francisco Flores anuncia un plan en el que ofrece a los médicos el pago por adelantado de US$1,500, a cambio de horas extras para reponer consultas. Los representantes del SIMETRISS y el Colegio Médico adversaron la propuesta, afirmando que la propuesta no ofrece garantías laborales  para quienes se incorporaron a la huelga.

—   La PDDH muestra a la prensa un vídeo en el que se muestra cómo el asesinato de los agentes policiales en el penal de Mariona ocurrió antes de la llegada de la Procuradora al lugar y cómo, más bien, fueron los jefes policiales al mando del operativo quienes solicitaron la mediación de la PDDH. El director de la PNC restó importancia a la cinta, aunque admitió no haberla visto.

21. El último de los acusados del fraude millonario de FINSEPRO-INSEPRO, Mario Galdámez, es absuelto de todo cargo y recupera la libertad tras más de cinco años de guardar prisión en el penal de Ilobasco.

23. La Corte de Cuentas informa sobre un faltante de 418 millones de colones en el Instituto Nacional del Azúcar, INAZUCAR.

27.  Un grupo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC desalojó, en horas de la madrugada, los hospitales Médico-Quirúrgico y de Especialidades del Seguro Social.

—   El gobierno afirma que la inversión extranjera alcanzó los US$590.2 millones, siendo la agroindustria y la maquila los rubros más fortalecidos.

28. La PNC captura en la madrugada al conductor de una unidad de sonido que apoyaba a los médicos huelguistas. Los agentes adujeron que la detención se debía a “órdenes de arriba”.

29. El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, propone la intervención de un mediador extranjero en la crisis de la salud pública, tras la toma policial de dos hospitales públicos.

30. Dos vigilantes bancarios e igual número de asaltantes mueren durante el atraco a una agencia bancaria en Santa Tecla. Más adelante, se descubriría que uno de los dos asaltabancos era un policía activo. Apenas dos días antes, el director de la Policía anunció que  ocho países  habían solicitado asesoría a la PNC para el combate al crimen organizado.