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54
son muchos años
Un año más conmemoramos el
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada
el 10 de diciembre de 1948. Hoy, 54 años después de la aprobación de la
también conocida como “Carta de San Francisco”, el cumplimiento del
compromiso con la humanidad —transcrito en 30 artículos— dista mucho todavía
de hacerse realidad. 54 años son ya muchos como para no haber querido o no
haber podido concretar sus mandatos. Un claro ejemplo de ello sigue siendo
nuestro país, donde las pésimas condiciones de la población mayoritaria
constituyen la evidencia más clara del nulo interés de quienes ocupan los
cargos de gobierno, tras más de medio siglo.
Basta leer el primer artículo de la Declaración para darnos cuenta de la
drástica realidad en la que vive y la imposibilidad manifiesta para poder
cumplir las aspiraciones contenidas en la Declaración Universal: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo,
las condiciones que presenta la institucionalidad de nuestro país nos
muestran que el presente se aleja a grandes pasos de lo acordado por aquel
entonces. Es más, las constantes violaciones a la Carta Fundamental
provienen en su mayor grado del pésimo nivel de vida que, como señalábamos
arriba, sufren las mayorías de nuestro país, es decir, de las graves
violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para argumentarlo, ahí están
los resultados del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador para el 2001,
que revelan avances y desafíos que no deben soslayarse. Y si bien es cierto
que mejoramos diez posiciones durante la última década, no hay que olvidar
que “semejante” avance ocurrió en una clasificación de 174 países; eso
representa, en definitiva, un adelanto que no puede obviarse, pero que
tampoco debe ocultar dos preguntas claves: ¿cómo se logró? ¿es irreversible?
Para responder la primera, se deben tomar en cuenta —al menos— el flujo de
las remesas del exterior y la ayuda internacional para una afamada
“reconstrucción” después de la guerra. Para contestar la segunda, habría que
pensar en serio sobre las interrogantes acerca del futuro de esas remesas,
tema de actualidad en estos días pre-electorales por el tan necesitado “voto
exterior”. Además, se debería meditar sobre el escaso desarrollo de la
capacidad productiva nacional mientras duró esa ayuda que sólo se reanimó,
temporalmente, por los terremotos del 2001. Pero el citado documento también
señala una grave realidad que ya se mencionó antes: de la población
salvadoreña, el 20 por ciento más rico percibe —en promedio— ingresos 18
veces más altos que el 20 por ciento más pobre. Debido a eso, El Salvador
presenta una de las brechas de desigualdad más elevadas en el mundo, si se
considera que en los países de alto desarrollo humano esa diferencia es de
cinco veces.
Un crecimiento sostenido y vigoroso exige algo más que aparecer en la región
como el país líder en libertades económicas. Para lograr dicho crecimiento,
hace falta superar la competitividad espúrea basada en artificios monetarios
o de política comercial; es necesario invertir tanto en tecnologías limpias
y en formación profesional, como en dotación y fomento de habilidades y
capacidades humanas, científicas, técnicas y gerenciales; hace falta
invertir en atención a la salud, sobre todo en sus aspectos preventivos por
ser más rentables y sostenibles.
Asimismo, es importante que existan condiciones para que la gente —sobre
todo, la niñez y juventud— se encuentre bien alimentada. Es necesario que su
desarrollo físico y psicológico esté asegurado, no sólo por el imperativo
ético de poseer mayores niveles culturales o hasta por la “aspiración” de
obtener victorias deportivas en competencias regionales; más allá de esos
anhelos positivos, se impone el desafío de construir un país competitivo en
los índices de desarrollo humano. Pero la realidad nacional dista mucho de
eso. En nuestro país existen graves y peligrosos “déficits sociales
acumulados”, como señala el mencionado informe de desarrollo humano. Y pese
a que es oficialmente aceptado que cerca de la mitad de la población
continúa percibiendo ingresos inferiores al costo de la canasta básica de
consumo, siguen sin adoptarse medias para ello, como el incremento del
salario mínimo.
Como es fácil de comprobar, el “maquillaje” social en temas económicos
comienza a ser ya una práctica habitual dentro de los planes presidenciales.
Así, al finalizar la XII Cumbre Iberoamericana a la que acudió “nuestro”
representante, Francisco Flores, este anunció ante los medios de
comunicación que el combate a la pobreza era uno de los objetivos a
perseguir en su mandato. No obstante la declaraciones oficiales, siguen
siendo elevados los porcentajes de población que presenta carencias en salud
y en nutrición, destacando la infancia como sector más vulnerable. Para ello
baste mencionar la publicación, el recién pasado día 11, del Informe del
Estado Mundial de la Niñez, realizado por UNICEF, donde ubica a nuestro país
en la cola de los países con más alto índice de muertes infantiles. Sólo por
detrás de nosotros están Haití, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y
Nicaragua, mientras que Cuba se mantiene con la tasa de mortalidad más baja.
Como ocurre casi siempre en este “terruño”, las evicencias, por desgracia
caen por su propio peso y, generalmente, terminan aplastando a los más
débiles e indefensos. Pero más allá de las indignantes muertes de los más
pequeños, están los puntos pendientes de esa agenda social. Entre otros,
desde las instituciones públicas se prefiere dar la espalda a la realidad y
seguir sin determinar cuánto es lo que se necesita para asegurar la
cobertura universal de los servicios sociales básicos y la determinación de
las estrategias para alcanzar tales objetivos. La problemática se acentúa
cuando de los préstamos y donaciones recibidas por la cooperación
internacional, sólo el 14 por ciento se destina a servicios sociales
básicos. Siguiendo sin cumplirse el compromiso de otorgar “al menos” el 20
por ciento de todo lo donado.
No podemos seguir pensando que la ausencia de estrategias es tan sólo fruto
de la negligencia gubernamental, porque —como decíamos anteriormente— no
sólo se presentas carencias en salud y nutrición, sino también en educación,
acceso a servicios de agua potable, saneamiento y vivienda digna. Situación
por otro lado evidente si de 1994 al 2000 la inversión social tan sólo se
incrementó en un 1,6 por ciento, en relación con el Producto Interno Bruto.
Junto a esto hay que añadir que las desigualdades se están extremando cada
vez más entre la población que reside en las zonas rurales y las que lo
hacen en las urbanas y el gran San Salvador. Los últimos datos son claros,
sólo el 36,6 por ciento de los que están en extrema pobreza en el campo
reciben agua potable, mientras que en la ciudad tiene ese servicio el 75,4
por ciento de la población.
A esto hay que sumarle las dificultades que persisten en el acceso a la
educación en el país, cuando el 17 por ciento es aún analfabeta y las
mujeres tienen dificultades en acceder a la educación. Para éstas últimas
continúan existiendo menores oportunidades que para los hombres. Siguen
teniendo una participación marginal en los espacios de poder, percibiendo
ingresos sustancialmente más bajos que los hombres, enfrentando mayores
dificultades para encontrar un empleo y, como contrapartida, desarrollando
la mayoría de las actividades domésticas no remuneradas. Es indispensable
adoptar nuevas prácticas económicas que no dejen fuera a sectores
importantes, sino hacer del crecimiento económico un objetivo de todos y
todas.
No podemos obviar, que para un completo desarrollo humano es necesario
considerar el aspecto ambiental y su influencia determinante en lo que
ocurra a futuro. En el mencionado Informe se habla de un “déficit cada vez
mayor de la base de recursos naturales para sustentar necesidades humanas
básicas y dedesarrollo de nuestra población”. En síntesis, se advierte sobre
el agotamiento de reservas forestales, áreas naturales, suelo, agua, pesca y
demás vida silvestre. Todo ello, en suma, constituye “una señal de mal
manejo, más que de una pobreza de recursos naturales”. Por eso y junto a
otras consideraciones igualmente graves, en el documento se cuestiona “la
capacidad de nuestro territorio de sustentar la vida humana en calidad
además de cantidad”.
Son por estas causas y, por desgracia en nuestro país, muchas otras, por las
que en días como el martes pasado se acentúan los compromisos con el respeto
irrestricto de los derechos humanos. Así, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (por sus siglas PDDH) convocó a una amplia gama de
instituciones, personalidades, funcionarios y representantes de
organizaciones de la sociedad civil a la conmemoración de dicho aniversario.
Dos acontecimientos principales ocuparon la agenda del evento: por un lado,
la presentación de un cuaderno elaborado por la PDDH en el cual se reafirma
el compromiso de la institución en materia de derechos humanos y en un
estado democrático de derecho. El citado documento se presentó como un
primer esfuerzo de lo que será una próxima colección de cuadernos sobre
derechos humanos.
Y por el otro, el segundo momento relevante de la actividad fue la entrega
de reconocimientos a personas e instituciones que con su quehacer hacen
vigente la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entre las
categorías estaban comprendidas las instituciones gubernamentales,
personalidades, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
artistas, entre otros. La “magnitud” del evento la dieron las autoridades
invitadas, ente otros el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla
y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.
Pero de toda la ceremonia queremos destacar dos de los galardones
entregados, en la categoría de “mención honorífica” a la Canciller de la
República, María Eugenia Brizuela de Ávila, así como al viceministro de
seguridad del ministerio de Gobernación, René Domínguez, y a la Casa de
Huéspedes “La Concordia”, recibido por el Obispo Medardo Gómez.
Resulta contradictorio que se premie al viceministro de seguridad, quien
precisamente es el que refleja una actitud hostil para los extranjeros en el
país, entorpeciendo los procesos de revisión de procedimientos
administrativos. ¿Acaso la premiación le servirá de estímulo para modificar
tales actitudes? Esperemos que así sea, porque en líneas generales sigue sin
mostrar una apertura a las organizaciones de la sociedad civil. Pero, lo que
resulta más contradictorio aún es la premiación al albergue de migrantes. No
discutimos el premio a tan benéfica labor, sino a la actitud gubernamental,
sobre todo porque los migrantes deberían de ser acogidos en un lugar en
dignas condiciones y provisto por el gobierno, como muestra del cumplimiento
de sus obligaciones públicas. En los casos que son conocidos por la PDDH y
que tienen que ver con población migrante extranjera, es el obispo Gómez
quien provee a la institución de la única alternativa para llevar a los
“localizados” a un lugar más humano, de lo que son las bartolinas de la
delegación de oriente de la división de fronteras de la Policía Nacional
Civil. División, por cierto, bajo la responsabilidad del viceministro
Domínguez.
Visto que el objetivo de la premiación es estimular a las y los
galardonados, la entrega de la mención honorífica a la Canciller nos lleva a
los siguientes cuestionamientos: ¿Impulsará ahora dicha funcionaria la firma
y posterior ratificación del Estatuto de Roma para la inclusión de nuestro
país como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI por sus siglas)?
¿Frenará a aquellos que desde instancias gubernamentales buscan la firma de
acuerdos bilaterales con países miembros de la CPI, con el fin de que los
más aberrantes crímenes ocurridos en nuestro país permanezcan en la
impunidad también a nivel internacional? ¿Cumplirá con las recomendaciones
que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le observen cumplir
en el caso del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto?
La indivisibilidad de los derechos humanos desnuda la realidad mostrando el
auténtico compromiso que desde las instancias gubernamentales se tiene por
alcanzar su cumplimiento irrestricto. En nuestro caso, mientras el
compromiso por los derechos humanos no se refleje en la observancia de los
económicos, sociales y culturales, que afectan seriamente a las mayorías, no
podremos decir que estamos en un verdadero Estado democrático de derecho.
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