Demasiado bueno para ser verdadero

La salud en la encrucijada política
 

A escasos meses de la celebración de las justas electorales de marzo, se caldean los ánimos en torno al conflicto abierto en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). La derecha dice ver en ello una flagrante e inaceptable manipulación de la izquierda política. Los huelguistas, médicos y otros trabajadores, serían algo así —según la particular percepción de los voceros de ARENA— como unas marionetas en manos del FMLN, el principal partido de oposición. El presidente encuentra como prueba de lo anterior el hecho de que un ex coordinador de huelgas pasadas haya sido electo diputado del partido de izquierda. El FMLN, en cambio, no ha escondido su simpatía por el movimiento sindical antigubernamental. Es, sin duda, la única arma efectiva con que puede contar para detener el impulso privatizador de los dirigentes areneros.

Reflexiones sobre el plan “manos a la obra”

Antes de que se agudizara la crisis laboral en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y en la víspera del anuncio de sendos vetos a mociones legislativas que pretendían favorecer a los caficultores, el presidente Flores anunció la puesta en marcha del plan “Manos a la Obra”, el cual pretende enfrentar la problemática del desempleo y crisis estructural generada por la caída de los precios internacionales del café.

En principio, la medida entraña una priorización de iniciativas que persiguen, primordialmente, paliar los impactos de la crisis cafetalera sobre las ya precarias condiciones de vida de la población rural y apoyar esfuerzos de reconversión productiva de las haciendas. Dos aspectos destacan de la propuesta: primero, la flexibilidad que muestra para la adopción de políticas intervencionistas de corte keynesiano y, segundo, la permanencia de posturas de padrinazgo y respaldo hacia el debilitado sector cafetalero, pero ahora combinadas con medidas extremas que buscan evitar el surgimiento de condiciones generalizadas de indigencia en el campo.

Inminente reforma en el Seguro Social

A estas alturas, parece inminente la reforma de la seguridad social en El Salvador. Independientemente de que el Presidente Flores haya presentado su plan de reforma, el cambio en esa vital institución salvadoreña es de imperiosa necesidad. Ante esta urgencia surgen algunos hechos destacables. Por un lado, las sucesivas administraciones del ISSS, al cobijo de los gobiernos de ARENA, han sido incapaces de reformar la institución desde dentro. Todo lo contrario, el Seguro Social se ha erguido, año tras año, como una edificación debilitada desde sus cimientos y no ha podido responder a las demandas de sus usuarios, sin que las autoridades hagan algo. Sobre las deficiencias de la institución se ha hablado hasta la saciedad. Por otro lado, los problemas internos del Seguro Social —que, en principio, incluyen a empleados y autoridades— han desbordado sus muros hasta extenderse a todo el tejido de la sociedad salvadoreña, convirtiéndose en una problemática nacional. No sólo por haber ocupado, ininterrumpidamente, los principales espacios noticiosos del país, sino porque lo que se encuentra en juego es la estrategia de provisión de servicios de salud que, por mandato constitucional, le corresponde al Estado, lo cual involucra, directamente, a todos los salvadoreños.

Participación ciudadana, los límites del Plan Puebla-Panamá

Los promotores del Plan Puebla-Panamá (PPP) afirman que dicho proyecto se está construyendo a partir de la consulta permanente con la sociedad civil. Las entidades promotoras del PPP, en efecto, han celebrado encuentros con organizaciones sociales en los países centroamericanos. A raíz de estas consultas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sacado a la luz un importante documento, en el que se sistematizan las inquietudes presentadas por las organizaciones asistentes.

El documento —cuyo título es Reuniones con la sociedad civil dentro del proceso de Información, Consulta y Participación (ICP) para el Plan Puebla-Panamá (PPP)— está fechado en junio de 2002. Queremos hacer algunos breves comentarios sobre lo que el texto plantea, a la luz de los acontecimientos posteriores a esta fecha. Nuestro planteamiento es que la demanda central que se plantea no ha encontrado vías de para hacerse realidad.

Justicia: piedra angular de la paz

Trabajar para lograr que en El Salvador actual la población mayoritaria obtenga justicia y viva con dignidad, es bastante complicado. Más de alguna persona que lea esta afirmación, podrá extrañarse e incluso dudar de su veracidad. Es comprensible pues, de seguro, aún queda en sus mentes el recuerdo del llamado “proceso de paz” salvadoreño iniciado hace más de diez años; fue entonces cuando nuestro país comenzó a ser presentado ante el mundo como una intervención exitosa de las Naciones Unidas, como algo nunca visto en la materia. Sin embargo, más allá de la propaganda oficial, lo que está ocurriendo en la actualidad revela que —de forma inocente, las menos, o con una buena dosis de mala intención, las más— muchas voces se apresuraron a cantar victoria. Y es que a estas alturas no se puede presumir de un buen funcionamiento de la institucionalidad del Estado, ni garantizar que ésta le permita a la gente utilizarla para superar los males más graves que la aquejan: la exclusión económica y social, la violencia, la inseguridad y la impunidad.

 
Una descarnada prueba de la precipitada proclamación del “cierre de los acuerdos de paz”, por haber sido “cumplidos en su totalidad”, es la noticia recibida el pasado martes 15 de octubre relativa al asilo otorgado a Hilda María Jiménez Molina y su hija Marcelita, por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos de América (SIN, por sus siglas en español). Como bien dice Hilda María, el que las autoridades estadounidenses hayan decidido proteger a ambas con esa medida —que ocurre en muy pocos casos— es una “victoria con sabor agridulce”, por la deuda pendiente que el sistema de justicia salvadoreño mantiene con estas víctimas, madre y hermana de Katya Natalia.

 
Esta niña, quien nació el 13 de marzo de 1990, fue violada y asesinada brutalmente el 4 de abril de 1999. Vino a este mundo, en este nuestro maltratado país, cuando se ajustaban los últimos detalles para realizar la reunión de Ginebra entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); ese encuentro, con la mediación de la Naciones Unidas, sería el punto de partida en el proceso de negociación para poner fin a la guerra. Katya Natalia dejó de existir el día exacto en que se cumplían nueve años de haber firmado el llamado “Acuerdo de Ginebra”. Ella es el símbolo más impactante, trágico y doloroso de lo que ha ocurrido con la “paz salvadoreña”; esa “paz” donde las víctimas buscan justicia sin encontrarla, porque sus victimarios en el poder —protegidos por la impunidad que prevalece— se las niegan.

En una carta enviada al pueblo salvadoreño para anunciarle el otorgamiento del asilo, Hilda María agradece a Dios por ello. Pero, además, le recuerda a gobernantes y políticos, así como “a las mujeres y los hombres dispuestos a trabajar por un mejor El Salvador, que esa pequeña de apenas nueve años de edad —esa misma niña que enfrentó con valentía el terror y el dolor causados a cada parte de su frágil cuerpecito, que luchó con uñas y dientes defendiendo su pureza y que entregó su sangre para salvarnos— sigue pidiendo y rogando que no se olviden de ella; que no se olviden de todos los niños y las niñas que siguen soportando el abuso, el maltrato físico, psicológico, emocional y verbal, la falta de salud, educación, vivienda, agua, luz, comida y vestuario. Esas niñas y niños a quienes les falta un abrazo y un ‘te amo’; que siguen esperando esa justicia que les ha sido negada y robada en el país que les vio nacer, donde por primera vez vieron la luz y donde también han visto la oscuridad de la muerte y el pecado”.

 
Así habla hoy esta mujer que abandonó el país tras las amenazas contra su seguridad y la de su otra hija, sólo por haber reclamado verdad y justicia ante las autoridades estatales competentes —que, más bien, se han mostrado incompetentes, comenzando por el Fiscal General de la República— y por haber denunciado públicamente la impunidad institucional que le facilitó las cosas a los criminales. Así habla desde una distancia forzada que le impide poder visitar la tumba de Katya. Y eso último que están padeciendo Hilda María y Marcelita, también lo viven y sufren miles y miles de madres y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el recién pasado siglo en nuestro país, durante las décadas de los años setenta y ochenta, al no saber donde están los restos de sus seres queridos.

 
Por todo lo anterior, el pasado lunes 14 de octubre tuvo lugar una audiencia en Washington, D.C., ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ella se abordó la situación de impunidad que impera en nuestro país, favorecida por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que fue aprobada el 20 de marzo de 1993 para minimizar en la práctica el impacto del Informe de la Comisión de la Verdad que había sido presentado cinco días antes. Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) estuvieron presentes en la audiencia y demandaron crear un grupo interdisciplinario de trabajo encargado de ubicar alternativas jurídicas para derogar los artículos 1º y 4º de la citada Ley.

Ambas instituciones destacaron ante la CIDH el incumplimiento estatal de sus recomendaciones emitidas sobre los siguientes casos: “Las Hojas”, “Lucio Parada y otros”, “Monseñor Óscar A. Romero” e “Ignacio Ellacuría y otros”. En los informes finales de los mismos, la CIDH se pronunció sobre la incompatibilidad de la Ley de Amnistía salvadoreña con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le recomendó al Estado “adecuar su legislación a fin de dejar sin efectos la ley conocida como de Amnistía General”.

 
Frente a la propuesta de Tutela Legal del Arzobispado y CEJIL en la referida audiencia, la representante diplomática salvadoreña ante la Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó preocupada e insegura, manifestando que no podía pronunciarse al respecto porque en la misma se mencionaba la participación —entre otros— de los tres principales órganos de gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso, expresó, “rebasaba su jurisdicción” y por ello sólo se limitó a recibir la citada propuesta; ni siquiera se comprometió a entregar la respuesta oficial, ya que eso “dependía de su gobierno”. Su único compromiso fue el de trasladarla a sus autoridades superiores.

 
Quién sabe si habrá recibido la propuesta en mención y mucho menos si la habrá leído, analizado sus argumentos, ponderado en todo su valor y comentado con sus asesores. Con toda seguridad, no; pero, a final de cuentas, ¡qué le importa! El caso es que Francisco Flores, en menos de tres días ya había respondido con un NO rotundo. Así, con mayúsculas y sin ninguna responsabilidad ni congruencia, al menos, con las orientaciones de Juan Pablo II; eso sí, muy coherente con el mandato de quienes lo mantienen en la titularidad del Órgano Ejecutivo, por ser éstos de los más interesados en ocultar la verdad y negarle justicia a las víctimas.

 
¿Qué dijo el envalentonado y autoritario Flores cuando, en conferencia el viernes 18 de octubre, fue interrogado al respecto? Lean bien estas aberrantes declaraciones: “La ley de amnistía es la piedra angular de los acuerdos de paz; es lo que nos permitió a nosotros perdonarnos”. Y agregó que “la persecución de los crímenes de guerra hubiera producido otra guerra; hubiera cerrado las puertas a la posibilidad de reconciliarnos”. Flores selló su infeliz intervención con lo siguiente: “A mí me parece que aquellos que buscan quitar esa piedra angular de los acuerdos de paz, pueden sumergirnos en un grave conflicto adicional”.

Al definir “piedra angular” como “base o fundamento principal de algo”, según lo indica la edición del año 2001 del Diccionario de la Real Academia Española, se vuelven mucho más preocupantes las palabras de Flores porque revelan su distorsionada perspectiva de la paz y un manejo bastante arbitrario de los acuerdos mediante los cuales se pretendió realizarla en El Salvador. Quizás no esté enterado o tal vez no lo considere válido, pero el último mensaje de Juan Pablo II en ocasión de celebrar la Jornada Mundial de la Paz —pronunciado el 1º de enero del año en curso— contradice en todo su posición.

Su Santidad ha dicho: “La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas”. Asimismo, sostiene que la misma “debe ejercerse y en cierto modo complementarse con el perdón, que cura las heridas y restablece con profundidad las relaciones humanas truncadas. Esto vale tanto para las tensiones que afectan a los individuos, como para las de alcance más general, e incluso internacional”. Pero el perdón —siempre en palabras del Papa— “en modo alguno se contrapone a la justicia, porque no consiste en inhibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden violado”. He ahí el fundamento real de la paz y el sentido cristiano del perdón.

 
Por eso, la amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993 por la Asamblea Legislativa, manejada entonces sin problemas por el partido de Flores —Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— no es, pues, la “piedra angular” de los acuerdos de paz. Esa amnistía es, más bien, una gran piedra en el camino hacia la verdadera y tan ansiada paz que aún no llega para toda la población salvadoreña. Pero lo dicho por Flores es objetivo y tiene coherencia, si se observa el país con la lupa de sus jefes. Para ellos, era necesaria una amnistía amplia y totalmente contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que les permitiera —a quienes de entre ellos que lo necesitaban y a muchos de sus empleados en la administración pública, civiles y militares— evadir la justicia y hacer más lucrativos sus negocios en esa “paz”.

El 4 de abril de 1990 —cuando Katya Natalia acababa de nacer y nadie se imaginaba su terrible muerte nueve años después— se dijo que el propósito del proceso de negociación para alcanzar la paz era “terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos y reunificar a la sociedad salvadoreña”. Pero si —entre otras cosas— en el país ya se desterró casi del todo el diálogo civilizado como método para superar los conflictos y el autoritarismo está cada vez más presente, no podemos hablar de su “democratización”; si los niveles de pobreza y exclusión son más profundos, si la violencia y la inseguridad siguen siendo de las más elevadas en el continente, si la impunidad se mantiene en el presente y ni siquiera se escuchan los reclamos de justicia de las víctimas del pasado, nadie puede afirmar que acá se respetan los derechos humanos. Y si a quien trata de cambiar tal estado de cosas se le señala como desestabilizador, ¿en dónde está la solidez del “proceso de paz”? Si todo eso ocurre, ¿cómo se puede hablar de una sociedad “reunificada”?
Sin duda, el cese al fuego alcanzado hace más de diez años es lo único bien cumplido en el país. Ese logro lo han estirado demasiado desde el poder, para poder decir que se cumplieron los otros aspectos; pero, de seguir haciéndolo, se puede romper aquél y acabar con la frágil “paz” de la cual presume Flores.