PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1017
septiembre 25, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: El conflicto en el Seguro Social

Política: Proceso de consolidación democrática

Economía: Balance semestral de la economía salvadoreña

Sociedad: Golpe a la salud

Regional: Evaluaciones sobre el TLC con EEUU

Derechos Humanos: Los cuatro fantásticos

 
 
Editorial


El conflicto en el Seguro Social

 

En un editorial de este semanario, publicado hace poco menos de tres años (“Los problemas en ISSS”, Proceso, Nº 880, 24 de noviembre de 1999) se apuntaba —en un momento en el cual la institución estaba pasando por una aguda crisis suscitada por las demandas del sector laboral— que el problema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) era, ante todo, un problema entre los trabajadores y el gobierno. También se hacía notar que este último tenía la obligación de hacerse cargo de la preocupación de los trabajadores por los posibles efectos que la privatización de la institución traería consigo. En segundo lugar, en el citado editorial, se decía que, si bien el problema del ISSS era un problema que involucraba directamente a los trabajadores y a las autoridades gubernamentales, los usuarios no podían ser excluidos, ni de la interpretación de la problemática del Seguro Social, ni de las soluciones que se dieran a la misma. En 1999, dijimos lo siguiente: “una huelga en la principal institución de seguridad social del país tiene implicaciones totalmente distintas a una huelga que se suscite en una empresa o institución de otra naturaleza. De aquí que las soluciones que se planteen para resolver un conflicto como el del Seguro Social, tanto por el lado gubernamental, como por el lado de los trabajadores, deben considerar seriamente el impacto de su prolongación sobre los usuarios”.

El reciente conflicto en el ISSS nos obliga a insistir en planteamientos que hicimos hace casi tres años, pero que aún tienen vigencia en vistas a lo que está sucediendo de nuevo en la institución, así como de cara a las reacciones que se han generado ante el paro laboral decretado por los sus trabajadores sindicalizados. Esta vez, los trabajadores han decidido encarar, mediante la suspensión de labores, las amenazas de privatización que se ciernen –esta vez con bastante claridad— sobre su centro de trabajo.

De nuevo, los medios de comunicación se han hecho cargo de los “efectos perversos” que está teniendo el paro en la atención de los usuarios. Dejando de lado el amarillismo de la prensa más derechista, un paro en el Seguro Social provoca efectos inmediatos en los usuarios que no pueden obviarse. No es fácil que personas con dolencias que requieren de una atención inmediata puedan mostrar alguna disposición a entender lo que está en juego en la protesta laboral. En este sentido, quienes promueven la protesta en el ISSS están contra la espada y la pared: por un lado, la huelga es uno de los pocos mecanismos que tienen a su disposición para hacerse escuchar; por otro, esa medida, al ser llevada a la práctica, genera una malestar legítimo en los usuarios —un malestar que es alentado y aumentado por los grandes medios de comunicación—.

El gobierno y las autoridades del Seguro Social, por su parte, no sólo usan el malestar de los usuarios para denigrar a los trabajadores en huelga, sino que se envalentonan y se mantienen firmes en su posición de no discutir seriamente los problemas planteados por aquéllos. Así las cosas, la tensión se prolonga más de lo necesario, lo cual termina por perjudicar de nueva cuenta al usuario. Y, como pocos alcanzan a entender la responsabilidad del gobierno y las autoridades del ISSS en la prolongación del conflicto, los huelguistas tienen que cargar con la culpa por los males dejados por este último. Por lo mismo, los planteamientos de fondo de los trabajadores de la institución terminan siendo obviados por todos, en tanto que la discusión se centra en los daños inmediatos provocados por la suspensión de labores.

Como ya se dijo, los paros en el Seguro Social generan inconvenientes a los usuarios que no se pueden ni deben tomar a la ligera. Sin embargo, el rechazo o malestar que puedan suscitar esos paros entre los ciudadanos, en general, y entre los usuarios del ISSS, en particular, no debería ser un obstáculo para considerar más detenidamente los planteamientos de fondo de los sindicalistas en huelga. Es cierto que, por la huelga, hay consecuencias inmediatas para los usuarios del ISSS que no son para nada favorables a sus intereses. Pero, aunque no inmediatamente, la privatización de la institución va a traer consigo una serie de efectos negativos de mayor impacto sobre los ciudadanos que la huelga de estas últimas semanas.

No se tiene que perder de vista que la actual protesta laboral en el ISSS tiene su origen en el rechazo de los trabajadores a las claras señales que ha dado el gobierno –en sintonía con el ENADE 2002— de proceder a la privatización de la institución. El gobierno y las autoridades del ISSS han negado una y otra vez que se estén tomando medidas para privatizar el Seguro Social, aunque no ocultan que se está contratando a determinadas empresas para que se hagan cargo, como concesión, de algunas actividades de la institución. Los sindicalistas no han sido sorprendidos; antes bien, lo que está sucediendo comprueba muchos de los temores que ellos hicieron públicos antes de que las empresas concesionarias comenzaran a meter sus manos —y a hacer pingües negocios— en el ISSS.

La privatización del ISSS no sólo va a encarecer los servicios de salud, sino que también hará que, irremediablemente, el acceso a la salud dependa de la cantidad de dinero que cada salvadoreño tenga en su bolsillo. Por lo mismo, los sectores más pobres —asalariados y no asalariados— se las verán en aprietos cuando, a la hora de ir en busca de servicios médicos, no tengan el dinero suficiente para cubrir sus costos. La tesis de que, una vez privatizados, los servicios médicos se abaratarán, estarán al alcance de todos y serán más eficientes, es buena como propaganda, pero no como argumento honrado y serio. Lo que hace baratos y accesibles los servicios de salud pública es el aporte estatal, el cual desaparecería con su privatización.

No es algo sin importancia lo que está en juego cuando se baraja la posibilidad de privatizar el Seguro Social. Los usuarios con menos recursos económicos —es decir, la mayor parte de los salvadoreños—van a ser los grandes perdedores. El enojo, totalmente justificado, al no ser atendidos en estos momentos por una dolencia que exige tratamiento inmediato, no debería cerrarles los ojos ante los males mayores que se les vendrán encima de seguir adelante la privatización del Seguro Social. Quizás los sindicalistas del ISSS no han sabido vender su preocupación a los usuarios; quizás éstos —urgidos por la necesidad de atención médica inmediata— no hayan tenido tiempo de pensar en sus condiciones de acceso a la salud en el mediano y largo plazo. Como quiera que sea, sin la unidad y esfuerzo de ambos —usuarios y trabajadores— no será posible contener la arremetida privatizadora de los gobiernos de ARENA.

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Política


Proceso de consolidación democrática
 

En el análisis de las transiciones políticas, los investigadores describen una serie de elementos que conviene tomar en cuenta para dar cuenta del proceso político salvadoreño, a esta altura de su marcha. Transición política es el conjunto de características de un nuevo régimen político que se distingue por su naturaleza distinta del anterior. Sin embargo, este cambio no significa que el nuevo régimen no mantiene características del pasado, en este caso del período autoritario, ni mucho menos que no se pueda volver a la misma situación que se ha dejado. Es la razón por la que Samuel Huntington habla de olas de democratizaciones, en las que analiza los procesos de cambio y de reversión autoritaria de transiciones aparentemente exitosas en el pasado. Una vez acaecidos los cambios políticos —la transición—, surge una fase de consolidación. El éxito de ésta depende en gran medida de la capacidad de los actores políticos para dar vida a las nuevas instituciones creadas y cuán comprometidos están con el rompimiento gradual y total con el pasado autoritario. De ahí que la consolidación es una tarea de larga y paciente duración, a cuya realización deben empeñarse los principales actores socio políticos.

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Economía


Balance semestral de la economía salvadoreña

 

Al realizar un balance de la economía salvadoreña a mediados del año 2002, destaca el hecho de que, aun sin empeñarse en ser pesimistas, se detectan claras señales de alerta sobre la marcha del país. La producción creció levemente y, sólo porque el sector construcción creció desproporcionadamente, gracias a la reconstrucción posterior a los terremotos, la balanza comercial continúa con altos déficits que son compensados con remesas familiares, mientras que el déficit fiscal se incrementó en relación con el año anterior, cuando la situación ya no era buena.

En realidad, la dinámica económica no parece reflejar mayores cambios con relación a años pasados, especialmente la segunda mitad de la década de los noventa, cuando la norma fue (y sigue siendo) un lento crecimiento económico y la ampliación de los déficits fiscal y comercial, combinados con un creciente flujo de remesas familiares que son las que, a final de cuentas, sostienen la supuesta estabilidad macroeconómica que el gobierno se jacta de haber alcanzado.

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Sociedad


Golpe a la salud

 

Nuevamente, el acceso a los servicios de salud de miles de usuarios del Seguro Social se ve condicionado al desenlace de las disputas político-laborales dentro de esa institución. Como ocurrió en 1999, trabajadores y médicos agremiados a los sindicatos STISSS y SIMETRISS recurrieron, durante la semana pasada, a la paralización de labores, último recurso para hacer oír sus demandas. La respuesta de las autoridades de la institución y de la prensa nacional ha sido la misma que en aquella oportunidad: los primeros se han cerrado al diálogo, y la segunda —importante formadora de opinión pública— ha alimentado el descontento popular hacia los sindicalistas, introduciendo, así, una visión sesgada de la compleja problemática de la seguridad social en El Salvador.

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Regional


Evaluaciones sobre el TLC con EEUU

 

Los mandatarios centroamericanos están evaluando el proceso seguido para llegar a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. La sesión que tendrán esta semana en San José de Costa Rica abrirá una serie de discusiones sobre aspectos operativos del tratado. Es positivo que los mandatarios hagan su evaluación sobre este tratado comercial, al cual se le están apostando las esperanzas del desarrollo económico de la región. En estas líneas propondremos algunos elementos de análisis que deberían de tomarse en cuenta para analizar las perspectivas del TLC con la primera potencia mundial.

Recuérdese que los TLC, que establecen zonas de intercambio comercial sin restricciones arancelarias o de otro tipo, son parte de un proyecto mayor: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto que los EEUU anunciaron en 1994 y se han planteado consumar para 2005. En teoría, el paso previo sería integrar regiones o subregiones mediante la suscripción de diversos TLC. La primera región en hacerlo fue América del Norte, en 1994, con el llamado NAFTA (siglas en inglés para el TLC de Norteamérica).

G

 

Derechos Humanos


Los cuatro fantásticos

 

Semana tras semana, la crisis económica crónica en la que nos encontramos ofrece nuevas víctimas dentro del panorama nacional. Hace apenas quince días, el problema crítico a resolver urgentemente eran los más de ochenta mil cortadores de café que, debido a la crisis del “grano de oro” no tenían como pasar la temporada. Esta semana la polémica se centra en el sistema de salud. Éste pasa por los momentos más complicados, los previos a su privatización total o lo que el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, ha venido en llamar como “modernización del sistema”.

Tal y como vemos, el gran capital salvadoreño tiene claro su objetivo de imponer por encima de la mayor parte de la población “su modelo” económico. Pero ya ha previsto que para conseguir esos fines se hace necesario adoptar medidas “impopulares” —como la privatización total de la salud— que, según sus previsiones, van a ser rechazadas por una minoría “bulliciosa” y asumidas “resignadamente” por el resto. Sin embargo, el “temor” y el “respeto” a que las protestas sociales de disconformidad con el sistema se agraven es evidente en el gobierno actual. Por ello, ven como un “mal menor” el que se adopten ciertas medidas que permitan mantener la situación social actual en un clima de tensión controlada, para evitar que la “enfermedad crónica” se convierta en “terminal”.

El “vocero” de todos ellos y responsable de aplicar tales “cambios de imagen” al ya maquillado panorama nacional es el Presidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez. Cada cierto tiempo, es decir, cuando sus obligaciones de gobierno se lo permiten y no está inaugurando ninguna reconstrucción ni asistiendo a otra “cumbre” de Jefes de Estado, se dedica a fortalecer todavía más su imagen pública. El método ya lo tiene bien aprendido y desarrollado. Para él bastan un atril y un micrófono para aplicar el “remedio” sobre un país tan enfermo. Eso es lo que precisamente vino a hacer el pasado domingo 15 de septiembre, con motivo de la celebración del 181º aniversario de la independencia de nuestro país.

La apuesta del Presidente, la de sus asesores y la de quienes le redactaron el discurso, consiste en que la imagen presidencial ha de ser la de la conciliación. Por eso, a pesar del conflicto territorial con Honduras, dejando —por el momento, según dice él— en manos de los tribunales la decisión, sigue apostando por la integración Centroamericana, como “remedio” para alcanzar el tan ansiado TLC. En otras ediciones hemos mencionado la preocupación que nos causa que Francisco Flores quiera “vender los huevos antes de tener la gallina”. Apuntar a este tipo de tratados comerciales, como la “panacea” que resolverá todos los problemas, ya que “dará prosperidad y puede sacar a la región adelante” —según sus propias palabras— resulta, cuando menos, arriesgado dada la crisis económica aguda y sostenida en la que nos encontramos. Ciertamente, es peligroso mantener siempre la mirada hacia afuera sin querer prestar atención a los problemas pendientes de adentro.

Precisamente, de tareas pendientes habló Francisco Flores en su discurso. Al parecer, sólo existen dos motivaciones últimas que a él le mueven en su tarea de gobierno: la primera, la prosperidad del país o, como él mismo vino a decir: “lo que todo salvadoreño honrado desea: la justa educación, salud y una oportunidad de futuro”. Lo que en verdad se traduce como “lo que la mayoría de las salvadoreñas y los salvadoreños padecemos en la realidad actual”: por justa educación, un sistema de enseñanaza en crisis y caro de costear, siendo un lujo su acceso para las niñas y los niños de familias que no tienen recursos. Por salud, un sistema diseñado para unos pocos privilegiados y a las puertas de la privatización. Y por oportunidad de futuro, el “Gobierno del Presidente Francisco Flores” ofrece la posibilidad, para los hombres, de sobrevivir a duras penas de la agricultura o “mojarse” emigrando “al norte” y para las mujeres la única alternativa es la de ser explotadas en una maquila.

Ésta es la realidad de un país a la que Francisco Flores también quiso hacer referencia en un discurso anterior, el de su tercer año de gobierno. Aquélla vez fue él mismo quien destacó los pretendidos logros del “nuevo El Salvador”. Basta recordar su promesa de eliminar el “pago forzado” de la “cuota voluntaria”, por recibir atención médica en las unidades de salud. Como es lógico, al no implementar otras medidas que puedan reforzar su compromiso público, el sistema nacional de salud está premeditadamente al borde de la quiebra.

Sorprendentemente, la única reacción que ha tenido la “administración Flores” tras cuatro meses y dos discursos oficiales es el actual plan “Manos a la obra”, para hacer frente a la crisis cafetalera. Un plan de ayuda muy al estilo del gran capital —benéfico y caritativo— que contrasta con los “ideales desarrollistas” que él mismo “fabuló” con la “montaña mágica”, en su discurso de tercer año de gobierno (Proceso, Nº 1002). De esta manera, el mencionado proyecto, por un lado, beneficia a los propietarios cafetaleros otorgándoles facilidades de crédito para que hagan frente a sus deudas, mientras que por el otro, pretende “distraer” a las y los cortadores de café desocupados por la crisis —apartando a un lado la tecnología y las máquinas, para trabajar a brazo partido— ocupándolos en trabajos “no cualificados”. Flores y ARENA no han tardado mucho en darse cuenta que más de ochenta mil personas hambrientas y sin trabajo son un foco subversivo potencial que hay que tener controlado. Para ello, ¡qué mejor solución que volver a formas de trabajo propias de la época colonial!

De esta forma, hemos visto en lo que se traduce el primero de sus compromisos con el país, nos corresponde analizar —desde este nuestro espacio— el siguiente. Así, como segunda tarea pendiente en su ejercicio de gobierno, el Presidente Flores se comprometió con la “creación de un país más seguro y más justo”. Resulta paradójico que tras trece años de gobierno de ARENA y tres de los cinco que disfruta Flores, no haya sido posible alcanzarlo. Pero resulta más irónico aún que éste último reconozca la necesidad de “crear”, y no de “reforzar”, ni de “implementar” lo ya realizado. ¿Por qué? Evidentemente, porque en el “nuevo El Salvador”, ni la seguridad, ni la justicia existen para todos y por igual. Más aún, quienes padecen la impunidad y la ineficiencia del Órgano Judicial, las víctimas que exigen a la PNC y a la Fiscalía una investigación del delito a cabalidad con la ley, están excluidas de todo proceso de participación social, cuando representan la mayoría de la población del país. Y por este motivo, para todas esas víctimas siguen sin existir condiciones que les permitan alcanzar la convivencia pacífica y una reparación moral y material ajustada a derecho.

Debemos entender, por tanto, que estamos ante un reconocimiento de que las medidas aplicadas hasta ahora no han surtido el efecto esperado. Por ello, tras entonar este velado “mea culpa” y para alcanzar, presuntamente, semejantes propósitos, Flores, “comprometió públicamente” a los Presidentes de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Y como si de “los 4 fantásticos” se tratase, resulta que a partir de ahora la solución a las problemáticas del país se encuentran únicamente en las manos de cuatro personas. Precisamente, los órganos del Estado que por excelencia reflejan la corrupción, la ineficiencia y la impunidad del país. Se nos ocurren múltiples vías posibles de enfrentar esta problemática, pero —“por fortuna nuestra”— Francisco Flores razonó y explicó que deben ser un “juez honrado y respetable, un policía efectivo, un marco legal acorde con nuestra realidad y una investigación seria del delito” los que consigan tan ansiados fines por todos.

Más vale tarde que nunca, dirían algunos. Parece que el Presidentese ha dado cuenta de cuál debe ser el camino a seguir. Pero, aún con todo, es evidente la “manipulación” del lenguaje que realizaron Flores y quienes le escribieron el discurso. Entre otras razones, porque lo que en realidad necesitamos son jueces honestos —y no sólo honrados— que puedan gozar de plena independencia en el ejercicio de su cargo. Además, la efectividad policial no puede ser entendida como contundencia, sino como un respeto irrestricto de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. En referencia al marco legal, bastaría con el cumplimiento a cabalidad de todos y cada uno de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y con la aplicación real de todas las resoluciones y recomendaciones emitidas por organismos internacionales a los que nuestro país pertenece o está vinculado. Ciertamente, ninguna de las propuestas que realiza Flores se cumple hoy —suficientemente— en el país, o dicho de otro modo, los jueces honestos, los policías eficientes y los diputados aptos son “frijoles contados” al interior de los órganos del Estado.

Un dato curioso: por sorpresa nuestra, el Presidente de la República ha evidenciado —¿por fin?— que las investigaciones del delito que realiza la Fiscalía son todo, menos serias y profesionales. De ahí la orden directa que le hizo al Fiscal General de la República, Belisario Artiga, para que de una vez por todas cumpla con los mandatos constitucionales. Sin embargo, para alcanzar los fines últimos de seguridad y justicia únicamente bastan cuatro “personalidades”, esto es lo que nos “inquieta” de su mensaje. Si la propuesta se aplica ¿qué papel van a desempeñar otros órganos del Estado como la Corte de Cuentas o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Acaso sus labores de control no son fundamentales para todas y todos? ¿Quiere decir esto que en el camino por alcanzar los “dos retos pendientes” van a ser necesarios más actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos?

En conclusión, estamos ante “otro” discurso que rehuye mirar de frente a los problemas estructurales del país y que habla de democracia y de libertad con facilidad y demagogia. No hay lugar a mencionarlas cuando la gran mayoría de la población no las tiene ni las goza. Queda mucho camino por recorrer en “nuestra” transición hacia la democracia, porque en todo caso, no estamos caminando hacia ella, sino que estamos regresando —cada vez a pasos más agigantados— hacia formas represivas de gobierno que marcaron épocas anteriores, que no “pasadas”. Es necesario realizar este camino con honestidad, ya que para alcanzar la libertad no basta cumplir con lo legalmente establecido, también es necesario asumir los compromisos, pero hacerlo en base a la ética, a los principios democráticos y los derechos humanos. El reto en verdad pendiente.

Todos los años celebramos el día 15 de septiembre la independencia de nuestro país, la de un país “independiente” de la justicia y la equidad, pero asimismo “dependiente” del autoritarismo y de la corrupción para imponer “el modelo” del actual gobierno. Sin embargo, para que todas y todos podamos gozar de la libertad y de la democracia —tal y como “anhela” nuestro Presidente— no basta con la firma en un “castillo mejicano” para alcanzarlas. Se necesita algo más que pretender clausurar los Acuerdos de “Paz” para ser demócratas. Y ése es un fin que no se podrá alcanzar mientras no se acepte la necesaria participación de las mayorías.

G

 


 


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