Perdón y olvido: nueva versión

Los diputados están en campaña
 

A escasos meses de las próximas elecciones legislativas, una de las preguntas que, sin duda, atormenta a más de un miembro de la Asamblea es la de la posibilidad de reelegirse. En consecuencia, lo lógico sería encontrar esta preocupación en las decisiones y temas más relevantes que dominan los debates en ese Órgano del Estado. Sería el tiempo de las iniciativas de ley susceptibles de crear un impacto mediático significativo y de los discursos pomposos a favor de algunos proyectos legislativos. Todo ello, enmarcado en la dinámica política nacional, en la que, por lo que concierne a las elecciones legislativas, importa más la estructura partidaria que la imagen de un diputado en particular. Bajo esta perspectiva, la guerra de palabras a la que se está asistiendo en el recinto legislativo es un apéndice de la lucha entre los partidos.

Los salvadoreños opinan sobre el proceso electoral de 2003

Más de la mitad de los salvadoreños tiene poco o ningún interés en el próximo proceso electoral, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con el propósito de recoger la opinión de los ciudadanos sobre las elecciones municipales y legislativas del próximo año, además de conocer las preferencias partidarias de cara a tales elecciones, se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de septiembre del año en curso, con una muestra total de 1,128 entrevistas a escala nacional, de las cuales 901 fueron realizadas como muestra de representatividad nacional con un error muestral del más/menos 3.3%; y 507 fueron hechas como muestra representativa exclusivamente del municipio de San Salvador, cuyos resultados contienen un error muestral de más/menos 4.4%.

La pesquisa revela que sólo un 21.7% de los ciudadanos de todo el país tiene mucho interés en el proceso eleccionario del próximo año, mientras que otro 21.2% dijo que tenía algo de interés por las elecciones. La consulta pública realizada por la UCA muestra también que solamente el 26.6% de los salvadoreños en edad de votar tienen interés pleno de emitir el sufragio, mientras que el resto de las personas se divide en diversos grados de incertidumbre con respecto a su propia participación en los comicios: el 19.2% dice que tiene algo de interés en votar y el 52.9% declaró que tiene poco o ningún interés en asistir a emitir el sufragio en marzo de 2003.

Por otro lado, muchos salvadoreños no parecen estar seguros de la transparencia del proceso eleccionario venidero. El 45% de los salvadoreños consultados cree que habrá fraude en los comicios de marzo, mientras que un 26.9% considera que el proceso será limpio y un 28.2% no supo dar una opinión con certeza. Sobre el sistema electoral, un poco más de la mitad de la gente cree que éste se mantiene igual, es decir, no ha mejorado, pero tampoco ha empeorado; un 27.3% piensa que el sistema electoral ha experimentado mejoras, mientras que un 12.8% cree que ha empeorado.

Sobre cómo encuentran los salvadoreños la situación general del país, casi el 70% de los ciudadanos dijo que la misma está volviéndose peor, frente a un 25.6% que dijo que está mejorando y el 4.8% restante, que prefirió no contestar a las preguntas.

Opiniones sobre los partidos
A los salvadoreños encuestados se les preguntó si ARENA debería seguir gobernando el país. Las respuestas muestran una opinión dividida al respecto. El 41.% contestó que no, que ARENA ya no debería gobernar al país; mientras que un 37.6% dijo que sí, que debería seguir adelante en la conducción nacional. Un 9.4% dijo que dependía de la labor que haga este partido en el gobierno, mientras que un 11.4% se negó a contestar la pregunta.

Por el otro lado, a los ciudadanos se les preguntó si ha sido beneficioso que el FMLN haya ganado algunas alcaldías importantes del país. Los resultados muestran nuevamente una fuerte división en las opiniones a este respecto. El 44.5% considera que sí ha sido beneficioso para el país, en tanto que un 40.7% sostiene que no ha sido así, y un 14.8% que se abstuvo de responder a la pregunta.

Preguntados sobre si se deberían crear alternativas políticas distintas a los partidos existentes en la actualidad, o si se debería reforzar a los partidos ya existentes, casi dos terceras partes de los ciudadanos consultados, el 62.8 %, dijeron que los partidos ya existentes deberían ser reforzados en lugar de crear otros, mientras que el 28.6% señaló que se deberían crear otros partidos. Sobre los partidos minoritarios, la opinión predominante fue que deberían unirse para conformar un solo bloque (78%) frente a un casi 20% que sostuvo que los partidos pequeños se deberían mantener sin alianzas.

Preferencias partidistas
Uno de los propósitos de la consulta de la UCA fue establecer cómo se están configurando en términos generales las preferencias políticas de los ciudadanos de cara a las elecciones de marzo de 2003. Los resultados indican que más de la mitad de los salvadoreños (el 56.4%) no tiene partido político alguno de preferencia; el resto se divide fundamentalmente entre los dos partidos más grandes: el 22.2% señaló a ARENA como su partido preferido, seguida a distancia del FMLN con un 13.4%. Los partidos restantes no logran reunir más del 4% de las simpatías del público: el PCN, que se ubica en el tercer lugar, sólo convoca a un 1.8 % de los salvadoreños, mientras que el PDC lo hace con el 1.7%.

Sin embargo, las preferencias partidarias no siempre reflejan de la mejor forma las intenciones de voto de los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de elecciones de representantes legislativos y de gobernantes locales. La misma encuesta de la UCA reveló que el 71.3% de los salvadoreños decide su voto para alcaldes en función del candidato y no en función del partido en sí; sólo el 15.8% de la gente decide su voto en virtud del partido de simpatías. De ahí la importancia de los personajes que corren como candidatos para distintos cargos públicos. Cuando se preguntó a los salvadoreños sobre las intenciones de voto para la diputados, los porcentajes se modificaron sustantivamente: el 29.6% dijo que votaría por ARENA, mientras que un 23.1% lo haría por el FMLN, el 4.8% se refirió al PCN y el 2.9 % se decantó por la Democracia Cristiana. Menos del 1% se concentró en el resto de partidos, y alrededor del 38% dijo que no votaría por partido alguno o que no sabía por quién votaría.
Sin embargo, cuando se preguntó a los ciudadanos por el partido que debería de dominar la Asamblea Legislativa en el próximo período para que ésta mejore, el 30.6% contestó a favor de ARENA, el 16.6% lo hizo refiréndose al FMLN, el 3.5% señaló al PCN, el 2.9% lo hizo con respecto al PDC y un 6.2% dijo que todos los partidos por igual deberían dominar la Asamblea. El resto de los consultados dijo que ningún partido o no supo dar una respuesta a la pregunta.

Las intenciones de voto por concejos municipales reflejan una contienda mucho más cerrada a nivel nacional entre los partidos más grandes. El 30.4% de los salvadoreños a nivel nacional votaría para alcaldes por ARENA, mientras que el 27.4% lo haría por el FMLN, el 4.9% votaría por el PCN para elegir alcaldes a nivel nacional y el 3.5% lo haría por el PDC. Estos porcentajes reflejan tendencias de votos por alcaldías a nivel nacional y de ninguna manera es posible calcular el número de alcaldías que cada partido obtendría a partir de esa distribución. En todo caso, la proyección nacional es útil para observar que las intenciones de voto por los gobiernos municipales implican una correlación de fuerzas distinta a la que tiene que ver con la Asamblea o con las preferencias partidarias generales. Pareciera que cuando se trata de los gobiernos locales, los salvadoreños hacen consideraciones que van mucho más allá de las simpatías de partido.

La alcaldía de San Salvador
La pesquisa de opinión realizada por la UCA exploró también las preferencias políticas de la ciudad de San Salvador de cara a los comicios.
En primer lugar, se exploró el apoyo con el que cuenta el alcalde Silva para reelegirse como tal. Un poco más de la mitad de los capitalinos consultados, el 54.8%, dijo estar a favor de que Héctor Silva siga siendo el alcalde de la ciudad capital, frente a un 31% que se manifestó en contra y un 14.2% que se mostró indeciso. También se consultó a los ciudadanos si Evelyn Jacir de Lovo representa una mejor forma de gobernar San Salvador o no. La mitad de los que residen en San Salvador dijo que no, que no representa una mejor forma de gobernar que Silva, mientras que el 38.1% sostuvo lo contrario, que sí representa un mejor gobierno que el candidato de izquierda.

Sin embargo, y por otro lado, seis de cada diez capitalinos (el 61.7%) dijo que ARENA hizo bien al elegir a Jacir de Lovo como candidata para la alcaldía de San Salvador, mientras que tres de esos diez (32.3%) dijo que ARENA no hizo bien. El resto no opinó al respecto.

Preguntados sobre a quién escogería para gobernar la alcaldía de San Salvador entre Evelyn Jacir y Héctor Silva, el 51.5 % de los capitalinos señaló a Héctor Silva, mientras que el 34.7% se decantó por Evelyn Jacir; un 12% dijo que ninguno y el resto de personas no quiso opinar.
En términos de intención de voto para la alcaldía de San Salvador por partidos, los resultados se modifican un poco pero conservan una ventaja considerable a favor de la coalición de izquierda. El 46.9% de los residentes de San Salvador dijo que votaría por la Coalición FMLN-CDU-AP-Iniciativa Ciudadana; mientras que el 29.4% lo haría por ARENA; alrededor del 3% lo haría por otros partidos y un poco más del 20% dijo que no votaría por partido alguno o no sabe por quién votar.

En resumen, la encuesta cursada por el IUDOP de la UCA a inicios del mes de septiembre muestra un escenario en la opinión pública dominado por la apatía de buena parte de la población hacia el proceso electoral y el mantenimiento de la polarización política entre los dos partidos mayoritarios. Más de la mitad de los salvadoreños no se sienten identificados con partido político alguno y aquellos que sí lo hacen se concentran básicamente en ARENA y el FMLN, más en el primero que en el segundo; el resto de partidos políticos pesan muy poco en la definición pública de simpatías.

En términos nacionales, ARENA domina tanto las preferencias políticas como las intenciones de voto para diputados y gobiernos locales. Sin embargo, las tendencias generales muestran que en las intenciones de voto por alcaldes, los partidos de oposición, en especial el FMLN, cuenta con más apoyo, que le permitiría ganar en ciertas localidades del país.

En el municipio de San Salvador, la encuesta, que fue diseñada para obtener representatividad y validez municipal, revela que Héctor Silva cuenta con un fuerte respaldo de un poco más de la mitad de los capitalinos. Este respaldo se traduce en una ventaja significativa en las intenciones de voto a favor de la coalición de izquierda encabezada por el FMLN. Sin embargo, la candidata de ARENA, aunque al momento de cursar la encuesta no parece haber modificado esa tendencia, aparece con una imagen personal que genera simpatías entre amplios sectores de la población del municipio de San Salvador. Las posibilidades de que estas simpatías se traduzcan en apoyo efectivo electoral frente al actual alcalde dependerán de que la campaña arenera convenza a los indecisos y a algunos antiguos votantes de izquierda de que la candidata representa efectivamente un mejor gobierno local que el liderado por Silva.

San Salvador, 18 de septiembre de 2002

La independencia de la verdad

Las actividades oficiales realizadas para conmemorar la independencia centroamericana de la corona española —y las paralelas a éstas— siempre ponen de manifiesto las más encontradas convicciones, creencias e ideologías, con el riesgo de resbalar hacia la superficialidad. Así, el colorido simbolismo patrio característico de las festividades puede conferir una identidad puramente formal a los pueblos, llegando incluso a suscitar discursos y prácticas distantes de la realidad. De igual modo, las prácticas y los discursos paralelos a aquéllas —casi siempre contestatarios— pueden llevar a posturas igualmente divorciadas de la realidad, con la agravante de decantar en acciones realizadas al borde del orden legal establecido. En El Salvador, los defensores de una y otra postura se precian de ser los exclusivos portadores de la verdad, cuando en realidad esta última se les escapa de las manos.

Desastres naturales y políticos

Un deslizamiento de tierra sepultó la semana pasada a varias personas en la comunidad guatemalteca de San Lucas Solimán. Ésta es una comunidad rural, lo cual significa que se encuentra en una posición de franca desventaja, no solamente frente a los elementos de la naturaleza —el alud fue provocado por las fuertes lluvias—, sino también frente a las inequidades estructurales. Cuando un fenómeno natural ocasiona víctimas en las zonas pobres, es necesario tener presente que no es tan sólo un “accidente” natural lo que ha provocado la mortandad: los elementos estructurales también han hecho lo suyo. Porque no es lo mismo tener viviendas precarias, en zonas proclives a desastres, que tener la posibilidad de vivir en un lugar menos expuesto a derrumbes o deslaves.

Participación ciudadana y niñez

A la memoria de Yajaira, la niña salvadoreña de nueve años que murió el 30 de agosto por infección generalizada en todo el cuerpo, tuberculosis, coagulación intravascular diseminada y desnutrición, tras haber sido abandonada en Tecún Umán —frontera de Guatemala y México— cuando se dirigía a los EE.UU. para reunirse con su familia.

La importancia de la participación ciudadana, tanto en los procesos de desarrollo como para la realización plena de los derechos humanos, ha sido reconocida en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Son abundantes las resoluciones emitidas por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el derecho a la participación ciudadana; no obstante, muy pocos Estados en el mundo lo han incorporado a su legislación y sus prácticas nacionales; de esa manera, se priva a cada sociedad en su conjunto del marco legal, jurídico e institucional —imprescindible, sin duda, para su realización efectiva— y de los mecanismos concretos requeridos para su operativización.

Históricamente, ha sido, sobre todo, en el marco de las estrategias para el desarrollo económico y social, que tal concepto se ha ido definiendo. De lo producido hasta ahora, cabe destacar la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, en la cual se subrayaba la conveniencia de “asegurar la participación efectiva de toda la población en todas las etapas del proceso de desarrollo” (Res. 31789-XXIII). Por su parte, el Consejo Económico y Social de la misma organización propuso “hacer de la participación popular un elemento fundamental de las políticas seguidas en materia de estrategia nacional de desarrollo” (Res. 1929 – LVIII).

El mencionado Consejo no ha vacilado en reconocer la existencia de un “derecho global a la participación”; ejemplo de ello es su Resolución 1983/31. De igual forma, en el quinto artículo de la Declaración de Teherán de 1968 —aprobada mediante la Resolución 2442 (XXIII)— la citada Asamblea General establece lo siguiente: “Las leyes de cada país deben acordar a cada ciudadano —sea cual sea su raza, su lengua, su religión, y sus convicciones políticas— la libertad de expresión, de información, de conciencia y de religión, así como el derecho de participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social de su país”.

En la misma línea, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social —del 11 de diciembre de 1969— considera que los dos asuntos fundamentales que dan origen a dicho instrumento exigen la plena utilización de todos los recursos humanos; se trata entonces de “la participación activa de todos los elementos de la sociedad, individualmente o a través de asociaciones, en la definición y la realización de los fines comunes del desarrollo”.

En 1985, a la luz de las anteriores proclamaciones así como de otras declaraciones y resoluciones más, el Secretario General de Naciones Unidas afirmó en el documento E/CN.4/1985/10 que la noción de participación que mejor transmitía el consenso de la comunidad internacional comprendía —dentro de ella— el derecho a un involucramiento activo y real de la población en todos los sectores de la vida pública de un país y en todas las fases del proceso de desarrollo; dicho de manera más explícita: en la toma de decisiones, en el seguimiento y la evaluación de los programas de desarrollo, y en la distribución equitativa de los frutos del desarrollo. Cuando se habla de “toma de decisiones”, esto debe entenderse como un proceso articulado que comprende la identificación, la planificación, la elaboración y la adopción de proyectos.

De acuerdo con esta noción, la participación ciudadana constituye un medio esencial para promover el desarrollo y asegurar la plena realización de todos los derechos humanos en su integralidad; es decir, tanto los derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y los de la llamada “tercera generación”. El respeto de éstos depende de que existan condiciones para promover, en la práctica, un involucramiento auténtico de la gente en los asuntos de su interés; cuanto más se organiza la participación, más se acentúa la toma de conciencia sobre los derechos fundamentales por parte de una población que —de esa forma— se encuentra en mejor y mayor capacidad para exigir y consolidar su real vigencia.

Para sustentar lo anterior, resulta importante traer a cuenta la Resolución A/Res/55/108 de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en marzo del 2001. En el cuarto numeral de la misma se establece que “la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. De forma más específica, el literal (e) del citado numeral señala lo siguiente: “La participación popular efectiva es un componente esencial del desarrollo fructífero y duradero”; en el siguiente literal, la Asamblea General se pronuncia así: “La democracia, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, el gobierno y la administración transparentes y responsables en todos los sectores de la sociedad y la participación efectiva de la sociedad civil son parte esencial de los fundamentos necesarios para la realización del desarrollo sostenible centrado en el progreso social y el ser humano”. Además, el sexto numeral de la mencionada Resolución reafirma “que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”.

En este marco, se debe brindar especial atención al cuatro informe de Arjun Sengupta —experto independiente en el Derecho al Desarrollo—, el cual fue presentado en febrero del 2002 al Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. De su valioso contenido destaca lo relativo a la definición del derecho al desarrollo, desde la perspectiva de un proceso particular dentro del cual “puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esta visión resulta —en palabras de Sengupta— “coherente con el enfoque del movimiento de los derechos humanos” y tiene que ver con “la realización de todos los derechos y libertades reconocidos como derechos humanos —los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales— en su globalidad, como un todo integral, puesto que están interrelacionados y son interdependientes”.

En el ámbito interamericano, cabe citar que la Carta Democrática de la OEA reconoce —en su artículo sexto— que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”. En la misma Carta, los Estados miembros de la OEA consideran que “la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados hemisféricos”.

Coherentes con todo lo anterior, treintiséis entidades, tanto organizaciones sociales de El Salvador pertenecientes a la Red para la Infancia y la Adolescencia, como algunas entidades estatales, firmaron recientemente un comunicado público en el que expresaron su convencimiento “de la necesidad de realizar todas aquellas acciones que procuren el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en un ámbito donde ellos y ellas sean prioridad, no se les discrimine y se les incluya con su propia voz”. De esa manera, estas instituciones salvadoreñas expresaron su posición sobre el proceso y los contenidos centrales del “Proyecto de Ley de Código de la Niñez y de la Adolescencia” entregado, hace unos días, a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación. En concreto, dijeron:

1. Coincidimos en la necesidad de contar con un Código para la Niñez y la Adolescencia, el cual, además de constituirse en un marco normativo que amplíe, unifique, armonice y dé más efectividad a la legislación nacional referida a los derechos de la niñez, también sea expresión de una amplia visión de nación sobre tales derechos.

2. Por lo anterior, consideramos que la construcción de dicho Código sólo puede desarrollarse por vía de la más amplia participación. Esto es importante, dado que legislaciones con escasa participación no han posibilitado que las diferentes entidades estatales y sociales comprometidas tomen un rol protagónico. De acuerdo con la idea de que el Código sea expresión de una voluntad y visión nacional, los foros y consultas realizadas han demostrado la necesidad de conocer más a fondo el contenido de la propuesta, para fortalecer las aportaciones y al mismo tiempo sensibilizar sobre el papel a desempeñar. Los resultados obtenidos hasta hoy en las actividades de consulta nos reafirman la importancia de contar con mecanismos de trabajo que permitan aportar en la construcción del Código, desde una dimensión multidisciplinaria y un enfoque basado en la doctrina de protección integral.

3. Respecto a sus principales contenidos, creemos importante compartir las siguientes reflexiones:

1. La necesidad de simplificar a lo largo de todo el texto del proyecto, lo referido a los principios y derechos.

2. La revisión de los regímenes especiales de protección, manteniendo como hilo conductor la doctrina de protección integral.

3. La revisión de la estructura del Sistema Nacional de Protección, poniendo especial atención en las funciones y responsabilidades que cada uno de sus integrantes tiene asignadas. Esta revisión, al menos, debe ser hecha con los sectores a los cuales la propuesta de Código les asigna responsabilidades directas.

4. La valoración de la conveniencia de crear Tribunales Especiales, así como una definición más adecuada de los mecanismos administrativos para atender cualquier violación a los derechos de la niñez, incluyendo la definición de sanciones aplicables a cada caso.

5. Es necesario establecer con claridad el origen de los fondos necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y para la aplicación del Código en general.

Por todo lo antes expuesto, consideramos necesario ampliar el proceso de participación y de reflexión a fondo sobre los contenidos del Código, para que el mismo no pase a ser una “ley más”.

Conscientes de que la formación de una propuesta nacional sobre niñez y adolescencia es algo “que no puede lograrse con espacios y tiempos limitados”, esta importante iniciativa exige “a las entidades que conducen el proceso, la continuidad de la fase de discusión, lo que significa que se posponga el sometimiento a su aprobación a la Asamblea Legislativa, previsto para octubre del corriente año”. ¿Serán escuchadas estas voces en el “nuevo El Salvador”? Dentro de poco lo sabremos.