Precisiones sobre el mes cívico

La revisión del fallo
 

Velar por la integridad del territorio nacional es una obligación de las autoridades salvadoreñas. Así lo estipula la Constitución política y nadie en su sano juicio se imagina que pueda ser de otra manera. En este sentido, no debería levantar demasiadas sospechas el hecho de que el actual gobierno esté empeñado en agotar todos los recursos legales, reconocidos por la Comunidad Internacional, para hacer valer los intereses nacionales en el diferendo limítrofe con la República de Honduras. En este marco, la petición de revisión del fallo de La Haya que el gobierno salvadoreño no es algo extraordinario, ni mucho menos un acto de heroísmo, como lo pretenden hacer ver ciertas interpretaciones periodísticas. Además, es un derecho de El Salvador solicitar la revisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; ese derecho es reconocido hasta por las mismas autoridades hondureñas.

Se profundiza la crisis del agro

Es indudable que la situación del sector agropecuario se torna cada vez más preocupante, no solamente por la recurrente incidencia de fenómenos climatológicos como la canícula o el fenómeno de El Niño, sino también por diferentes políticas públicas y dinámicas exógenas que sobredeterminan el comportamiento del sector. Así, puede mencionarse que las políticas de apertura comercial han incidido en la pérdida de rentabilidad del sector agropecuario; las políticas de ajuste y modernización del Estado han disminuido la capacidad institucional de éste para propiciar procesos de desarrollo en el agro; y la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios ha provocado una marcada tendencia hacia la reducción de la producción y el empleo agropecuarios, así como de las exportaciones tradicionales.

Campañas sucias

Importantes medios informativos han emprendido una campaña de desprestigio en contra de los alcaldes efemelenistas del Gran San Salvador, liderados por el jefe edilicio capitalino, Héctor Silva —quien ya se ha postulado para una segunda reelección en el cargo—, por la existencia de supuestas irregularidades financieras en el mayor proyecto de tratamiento de desechos sólidos que se ha implementado en el país. Sin embargo, el hecho no es obra de la casualidad. La actual embestida mediática viene a ser un episodio más de la sistemática oposición que la iniciativa municipal efemelenista ha encontrado en las estructuras del gobierno central y en la prensa de derecha, que no se ha guardado las tintas para hacer de dominio público las flaquezas de la administración edilicia en manos del FMLN.

Las viejas discordias salen a flote

Septiembre, el mes en que los países centroamericanos conmemoran su independencia de la corona española, está signado por la reaparición de antagonismos entre esas mismas naciones. Dolorosa paradoja, puesto que el llamado “mes patrio” es aprovechado por los gobernantes para emitir discursos donde ensalza la unión centroamericana. Dos disputas limítrofes, una que involucra documentos de la época colonial y otra, en la que también participa una nación sudamericana, son suficientes para cuestionar ese tipo de discurso.

Código de silencio

Uno de los logros más buscados por la Ley de la Defensa Nacional ha sido el poner sobre la mesa el papel de la Fuerza Armada (FAES) tras los Acuerdos de “Paz”. No obstante, el “reaccionario” texto legal todavía se encuentra en revisión en la Asamblea Legislativa, por la sorprendente objeción del presidente de la República a su texto —fruto de la presión de la gran empresa radiofónica—, sobre todo, en lo relativo a la información que estaríamos obligados a “facilitar” las y los ciudadanos a los “funcionarios públicos”, cuando así seamos requeridos por estos. Decíamos que no ha tardado mucho tiempo la alta cúpula militar en querer figurar de nuevo en los altos puestos de dirección del país. Así, tras la “clausura” oficial de los Acuerdos suscritos en el Castillo de Chapultepec, y después de permanecer por más de una década en la sombra, reclaman ahora el espacio protagónico que tuvieron en décadas pasadas.

Nos causa perplejidad que todavía muchos miembros de la institución castrense no tengan claro cuál es el papel a desempeñar por el ejército en un Estado democrático de derecho, como es el nuestro. Fruto de esta confusión conceptual, es la “terca” intención de querer ampliar sus competencias —más allá de las de defensa de la soberanía nacional frente a las agresiones externas y la protección del territorio— para incluir entre sus obligaciones las labores de “mantenimiento” de la seguridad pública interna. Eso no es todo, la maniobra se vuelve más peligrosa porque quiere el olvido de nuestra memoria. Pretende “pasar la página” del trágico y destacado protagonismo de la FAES.

Precisamente todo lo contrario es lo que la Doctora Carolyn Bloom hizo en la mesa redonda —celebrada el 30 de agosto pasado— que presentaba a discusión el juicio de los Generales García y Vides Casanova, condenados el pasado 23 de julio en la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Con motivo de la celebración del 17º aniversario del IDHUCA, fue presentado, asimismo, el libro Justicia para las víctimas en el siglo XXI, que recoge las diversas actividades realizadas, entre el 3 y el 9 de noviembre de 2001, en el marco de la Jornada que, bajo el mismo nombre, fue auspiciada por la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Comisión de Cultura de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y el propio IDHUCA.

Como decíamos, la Dra. Bloom, nos relató cuál fue la “batalla legal” y los argumentos jurídicos utilizados por el equipo de abogados, entre los que ella misma se encontraba, hasta alcanzar la reparación moral y material de Carlos Mauricio, Neris González y Juan Romagoza, por las torturas a las que se fueron sometidos, por las Fuerzas de Seguridad interna, durante el conflicto armado. La abogada, integrante de la Fundación para el Debido Proceso Legal, es también profesora de Derecho y Directora de la Clínica de Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, de los Estados Unidos de América. Su ponencia, que ahora pasamos a comentar, versó sobre tan trascendental juicio.

Sus primeras palabras fueron para destacar el lugar que ocupa el “caso Vides Casanova y García” dentro de la amplia lucha que contra la impunidad está llevándose a cabo a escala mundial en la actualidad. Además, recordó que tan sólo es una herramienta más, entre muchas otras, que puede ser utilizada en los Estados Unidos, en El Salvador y en otras partes para exigir responsabilidades a los que violan los derechos humanos. Sin embargo, la motivación para explicar aquella tarde este caso de refugiados salvadoreños —en referencia a Carlos Mauricio, Neris y Juan— en los Estados Unidos, es porque similares situaciones a las de los tres protagonistas se presentan habitualmente entre la comunidad refugiada; y segundo, porque Estados Unidos de América jugó un papel directo en su apoyo a los militares salvadoreños durante el conflicto.

El juicio mismo —explicaba la doctora Bloom— fue una forma de contar una historia, la vida de tres personas, cada una de las cuales es ahora residente de los Estados Unidos, y por eso pudieron beneficiarse de la ley estadounidense. Cada una de sus experiencias es única, cada persona había vivido una historia antes de ser capturada por los militares salvadoreños. Esta vida cambió para siempre. “El juicio les dio la oportunidad a cada uno de ellos de decir la verdad con respecto a cada uno de sus casos” —explicaba la doctora Bloom— “cada uno de ellos habló en nombre de todos los desaparecidos y ejecutados en El Salvador”.

La otra historia del juicio radicó en las versiones encontradas. Por un lado, el punto de vista de los Generales y, por el otro, la historia de El Salvador, es decir, el presentado por las víctimas. Éstos últimos argumentaron su acusación fundamentándose en las experiencias vividas por salvadoreños y también en testimonios de expertos y otros testigos. La doctora Bloom, parte integrante del equipo jurídico que acompañó a las víctimas, así lo resume: “Intentamos excavar la historia de El Salvador para determinar la verdad de lo que pasó entre 1979 y 1983, para explicar al jurado que la violencia en El Salvador no fue un caos, sino, por el contrario, un ejemplo clásico de terror masivo estatal, que fue organizado y planificado; teniendo el control de estas acciones las fuerzas militares de seguridad y estando García y Vides Casanova al mando de las mismas”.

Una de las innovaciones jurídicas en el presente caso fue la base legal de la demanda. Sorprendentemente, fueron dos leyes apenas conocidas las que dieron, en esta ocasión, la argumentación. Por un lado, la Ley de Protección de Víctimas, aprobada en 1789 en los Estados Unidos de América, que faculta, a los sobrevivientes de graves abusos de Derechos Humanos donde quiera que haya sido cometidos, a demandar a los responsables en las Cortes Federales de los Estados Unidos; Carolyn Bloom indicó que desde 1980 esta ley ha sido utilizada con éxito en casos de tortura, violación, ejecuciones extrajudiciales, crímenes, crímenes de guerra y detención arbitraria prolongada. Y por el otro lado, la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, aprobada en 1981, que otorga derechos similares, tanto a ciudadanos como no ciudadanos de los Estados Unidos, a presentar denuncias por actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos en países extranjeros.

Con estas dos leyes, el responsable tiene que ser demandado en los Estados Unidos, para que los tribunales puedan conocer del caso. Al residir en los Estados Unidos, los demandados pudieron beneficiarse por esta legislación estadounidense. Sin embargo, ambos textos legales únicamente permiten litigios civiles, eso quiere decir que el único fallo que se puede conseguir es la declaración de responsabilidad o ausencia de responsabilidad; sin que se puede determinar la culpabilidad o inocencia, por no tratarse de un juicio penal. Por tanto, únicamente se va a poder obtener una condena favorable si se determinan económicamente los daños producidos. Como así ocurrió.

Debemos destacar que, ambas leyes permiten demandas en contra de los autores materiales y también en contra de los superiores en la cadena militar de mando. La doctrina de la responsabilidad de mando tiene su antecedente más próximo en los juicios, que tras la Segunda Guerra Mundial se celebraron en contra de los líderes militares de la Alemania nazi, en Nuremberg, y contra la cúpula militar japonesa, en Tokio. Este concepto vino a modificar principios básicos de la doctrina militar, como los de “juramento”, “orden” y “obediencia”, que han amparado en la más absoluta impunidad a los autores —materiales e intelectuales— de los más cruentos crímenes de guerra y violaciones al derecho humanitario. En el juicio a los dos Generales —ya retirados— lo importante fue la definición de lo que se entiende por responsabilidad de mando.

Dado que Vides Casanova y García no habían sido los autores materiales de los actos, pero sí eran los comandantes superiores en grado, fue posible su condena. De ahí la importancia de la doctrina de la responsabilidad de mando. Tres son los elementos básicos de esta doctrina: 1) que haya una relación de subalterno y de jefe entre el comandante y las tropas; 2) que el oficial de mando sabía, o debería haber sabido, dadas las circunstancias de tiempo, que sus subalternos estaban cometiendo, habían cometido, o iban a cometer abusos; y 3) el oficial de mando tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias y racionales para prevenir abusos y castigar a los perpetradores. Además, otra circunstancia más, considerada polémica, se sumó en este caso a la Ley de Responsabilidad de Mando. Había que probar que Vides Casanova y García tenían lo que se conoce por “mando efectivo”, es decir, que la habilidad verdadera de controlar sus tropas.

Como acertadamente afirmó la doctora Bloom, “el código de silencio gobernaba para las fuerzas militares de seguridad y, en fin, últimamente lo que demostramos fue el hecho de que las fuerzas militares tenían una estrategia planificada, organizada, que empezó en el año 1979. Se trató de una estrategia de terror en contra de la población civil y por eso el juicio no se trataba de la conducta del conflicto mismo entre las fuerzas armadas y de seguridad y el FMLN, sino que se trataba de una guerra en contra de la población civil, del pueblo”.

Es por esta razón que lo complicado del caso radicó en la vital importancia de probar que ambos generales sabían o deberían haber sabido de los abusos cometidos por sus subalternos. Por eso, buena parte de los testigos y documentos, presentados como pruebas de cargo, se destinaron a demostrar ésa afirmación. Un dato curioso: una de las fuentes de información más rica fueron los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Según la doctora Bloom, aportaron mucha información, ya que contenían documentación detallada de las reuniones que se habían llevado a cabo entre oficiales de los Estados Unidos de América y los dos Generales. En éstas, los primeros habían hablado y presionado a los segundos sobre varios casos de trascendencia política.

La situación es indignante, lo cual denota la calidad de estos dos “altos cargos” militares; mientras en las calles la represión y las masacres continuaron, en las reuniones que se estaban llevando a cabo, estos mismos militares le estaban mintiendo a los oficiales del gobierno norteamericano respecto a la situación real por la que pasaba el país. ¿Cuál es la explicación de esta actitud? No es otra que la de garantizar la aprobación de las ayudas militares a El Salvador y conseguir la denegación del acceso al status de refugiado a quien estaba buscando asilo en el vecino país del norte.

Finalmente, queremos concluir con las palabras que la doctora Carolyn Bloom cerró su intervención: “Ojalá que el impacto de este caso sea el inicio de un proceso para enfrentar a comandantes que perpetraron la represión en El Salvador. Muchos caminos han sido cerrados en la búsqueda de la justicia por los malos actos del pasado, pero esperamos que este caso dé esperanzas para que otros caminos se puedan abrir, tanto en los Estados Unidos como en El Salvador, donde un debate ha sido evitado para poder hablar del pasado. Un debate doloroso, pero necesario, y que esperamos se vaya a abrir de nuevo y que muchos otros caminos, ya sean internacionales o regionales, puedan ser buscados por equipos o personas creativas, por sobrevivientes y las personas que las apoyan”.

Los compromisos ambientales de Centroamérica (II)

Ambiente y salud

Reducción de la vulnerabilidad ambiental
Los países centroamericanos implementarán políticas y planes para reducir los riesgos ambientales causantes de daños a la salud, en especial, la contaminación hídrica, la proliferación de vectores por alteración de ecosistemas, la contaminación atmosférica y la exposición a sustancias químicas. Darán especial atención a la prevención, reducción y mitigación de los desastres causados por fenómenos naturales, favorecidos por las condiciones de pobreza y de deterioro ambiental. Impulsarán un diálogo y concertación con los demás sectores del desarrollo para promover la planificación urbana y el ordenamiento territorial, como medios para mejorar las condiciones de los asentamientos humanos en la región y reducir el riesgo ante desastres naturales, así como la generación de empleos que permitan una mejor calidad de vida a las personas.

Población y ciudades saludables
Los países centroamericanos promoverán el concepto de ciudades y municipios saludables, haciendo énfasis en el control de la contaminación del aire, la recolección y tratamiento de los desechos sólidos, el reciclaje y reuso, la promoción de estilos de vida saludables, el desarrollo de programas de vivienda saludable, la planificación urbana, el “reverdecer” de las ciudades y la prevención de la violencia. Para ello propiciarán una mayor inversión social y la inclusión de estos conceptos en los planes de desarrollo nacional y las iniciativas de desarrollo regional. Para la promoción de la salud y de un ambiente sano, los países impulsarán, entre otras iniciativas, las acciones señaladas por la Política Centroamericana de Salud y Ambiente y por el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente, aprobados en el 2002.

Ambiente y energía
Energías renovables
Los países centroamericanos impulsarán la diversificación de la oferta energética y fomentarán la eficiencia energética, evaluando el potencial de fuentes convencionales y mejorando la participación de fuentes renovables. Establecerán sinergias a largo plazo entre las políticas energéticas y ambientales de Centroamérica para lograr una mayor eficiencia, reducir las emisiones de gases efecto invernadero y promover el uso de tecnologías limpias. Explorarán la posibilidad de cofinanciar proyectos de energía renovable con capital de reducción de emisiones GEI. Mejorarán la coordinación intersectorial para estos fines, homologarán las normas respectivas a nivel regional y buscarán un apoyo más amplio de los organismos financieros.

Reducción del consumo
Los países centroamericanos promoverán el uso de tecnologías y sistemas energéticos eficientes, que reduzcan la presión sobre el medio ambiente y eviten el desperdicio, la contaminación o la sobreexplotación de los recursos. También fomentarán una conciencia ciudadana ambiental, informando y educando a las personas sobre las capacidades de su entorno y del planeta para satisfacer demandas irracionales o consumistas que conllevan a más generación de energías no sostenibles y de desechos sólidos y líquidos. Para ello, impulsarán la educación y la comunicación ambiental en niveles formales y no formales, en industrias, medios de comunicación y otros sectores clave de la sociedad. También promoverán el reciclaje y el uso de productos ecoamigables.

RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE KYOTO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Ambiente y agricultura
Manejo integrado de plagas y reducción del uso de plaguicidas
Los países centroamericanos promoverán programas para el manejo integrado de plagas e intensificarán sus acciones para reducir el uso de plaguicidas en las actividades agrícolas y otros productos químicos peligrosos. Vigilarán por que se cumpla la restricción impuesta en el año 2000 a los doce plaguicidas más peligrosos que circulan por el istmo, por ser los que mayor número de intoxicaciones y muertes causan en la región. También apoyarán los trámites del sector salud para lograr la prohibición de otros 107 plaguicidas peligrosos. Entre otras iniciativas, apoyarán al Programa de Plaguicidas y Salud en el istmo centroamericano, en conjunto con la OPS-OMS.

Producción amigable con el ambiente
Los países centroamericanos promoverán sistemas de producción amigable con el ambiente también en el plano agrícola. Impulsarán políticas públicas entre agricultura y ambiente relativas al desarrollo agroforestal articulado a sistemas productivos de seguridad alimentaria, a la introducción de métodos de conservación de los recursos naturales paralelos al cultivo agrícola, al desarrollo de métodos orgánicos en la agricultura y a la sustitución de la ganadería extensiva.

Ordenamiento territorial y de uso de suelos
Los países centroamericanos implementarán planes y políticas de ordenamiento territorial, a partir de un enfoque de desarrollo sostenible y un ordenamiento y uso del suelo de acuerdo con características geobiofísicas. Incorporarán instrumentos para la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento. Trabajarán para reducir significativamente la superficie del territorio regional sometida a erosión, salinización y otros procesos de deterioro y degradación del suelo.

Seguridad alimentaria y nutricional
Los países centroamericanos respaldarán e implementarán la Iniciativa de Promoción de la Seguridad Alimentaria Nutricional, promovida por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), integrante del SICA y de la OPS/OMS. Pretenden lograr que los miembros de cada país, municipio o comunidad cuenten con un abastecimiento alimentario suficiente, con los medios para tener acceso a esos alimentos disponibles y con las condiciones de saneamiento ambiental, salud e información para aprovechar mejor los alimentos.

Seguridad de la biotecnología
Los países centroamericanos desarrollarán mecanismos para evaluar la conveniencia de introducir especies y organismos genéticamente modificados en territorio regional, en los casos en que esto sea planteado. Permitirán el uso de estos organismos en los casos en que sea probado su beneficio y se garantice que no tendrán efectos colaterales en los seres humanos y en el ambiente. Ratificarán y cumplirán el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, e instarán a los demás países del mundo para que también lo hagan.

Políticas para el desarrollo sostenible
Reducción de la pobreza
Los países centroamericanos apoyarán fuertemente los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir de manera significativa la pobreza en la región. Para ello impulsarán una integración más efectiva de los componentes ambientales, sociales y económicos en las políticas públicas, programas y proyectos a nivel local, nacional, regional e internacional. Promoverán mecanismos para vincular la dimensión ambiental con las políticas fiscales de los países y así lograr una eficaz incorporación de los sectores financieros en la consecución hacia las metas de desarrollo sostenible. Procurarán el acceso a los mercados de los productos de los países en desarrollo como factor esencial para el desarrollo sostenible. Incrementarán los esfuerzos para que los países en desarrollo cumplan el compromiso de destinar el 0,7% de su PNB a la cooperación al desarrollo y facilitarán la atracción de nuevo financiamiento e inversiones para el desarrollo sostenible.

Enfoque estratégico para enfrentar los retos del desarrollo sostenible
Los países centroamericanos mantendrán la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), como guía regional para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la integración regional. Continuarán generando planes y programas inspirados en los principios y objetivos de la ALIDES, producto de una discusión participativa sobre la relación responsable y ética entre los seres humanos y la naturaleza.


Gobernabilidad
Los países centroamericanos fortalecerán los mecanismos clave para mejorar la gestión del desarrollo sostenible y generar reglas claras de juego que se respeten, con participación, transparencia y eficiencia. Promoverán la descentralización y el desarrollo de capacidades locales de gestión ambiental; respaldarán las políticas de ordenamiento y tenencia de la tierra; aplicarán y mejorarán (cuando corresponda) las leyes marco del ambiente; desarrollarán sistemas de información que ayuden a la toma de decisiones; realizarán monitoreo y verificación, estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, con el fin de orientar los procesos de desarrollo sostenible. Buscarán la eficiencia en todos los sectores y favorecerán programas de formación de recursos humanos. Evaluarán el avance mismo de los objetivos del desarrollo sostenible, adoptando sistemas de indicadores de sostenibilidad.
Educación, ciencia y tecnología para la toma de decisiones
Los países centroamericanos propiciarán la modernización tecnológica, el desarrollo científico, la investigación y la educación en torno a los temas del desarrollo sostenible. Establecerán alianzas con modernas empresas, centros de investigación, universidades y entes estatales de los países desarrollados, con el fin de asegurar la transferencia de conocimientos y tecnología de punta que potencialice el trabajo en desarrollo sostenible de la región. Se dará continuidad al acuerdo con la NASA y otros centros de punta para diferentes objetivos científicos y tecnológicos.

Fortalecimiento de la región en materia de política ambiental
Los países centroamericanos continuarán fortaleciendo su Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), su Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), sus entes rectores del ambiente y sus instancias de la sociedad civil en materia de desarrollo sostenible. Darán continuidad al Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA), que incluye una agenda de prioridades y un marco estratégico para la acción. También desarrollarán y fortalecerán los instrumentos clave de gestión ambiental. Fomentarán el intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas en los países y entre ellos, así como la promoción de la educación formal e informal para líderes nacionales y locales.

Participación social y equidad
Los países centroamericanos promoverán el protagonismo de la sociedad civil (sus empresas, ONG, organizaciones comunitarias, centros de educación e investigación privada, entre otras instancias) en las distintas áreas del desarrollo. Respetarán y exaltarán el patrimonio cultural indígena, afrodescendiente y mestizo que caracteriza la riqueza multicultural y multiétnica de esta zona del mundo. Reforzarán las capacidades y los recursos financieros para la toma de decisión de las comunidades locales y la participación de hombres y mujeres en este proceso. Entre otros mecanismos, impulsarán el Foro Permanente de la Sociedad Civil de la CCAD.

Acuerdos ambientales multilaterales
Los países centroamericanos honrarán los acuerdos y convenios internacionales y regionales que han adquirido, con un fiel cumplimiento y evaluación de ese cumplimiento. También suscribirán y promoverán nuevos acuerdos, iniciativas y proyectos que sean beneficiosos para el desarrollo sostenible de Centroamérica y aporten al mundo.

Cooperación internacional y financiamiento del desarrollo sostenible
Los países centroamericanos procurarán más apoyo de la comunidad internacional y fortalecerán los mecanismos nacionales y regionales de financiamiento (público y privado) para aumentar el financiamiento hacia el desarrollo sostenible. En materia ambiental, potenciarán el valor económico de los recursos naturales y promoverán los esquemas de cobro y pago de servicios ambientales, de venta de carbono, de turismo ecológico, de bioprospección y otras formas de generación de ingresos amigables con el ambiente. Fortalecerán el Foro de Cooperantes que trabaja estrechamente con la CCAD y continuarán trabajando en bloque para salir con una sola voz hacia el mundo y contribuir en el cumplimiento eficaz del Programa 21. Establecerán el Fondo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible (FOCADES).