La apuesta de ARENA

La Ley de Defensa Nacional
 

La Ley de Defensa Nacional es el nuevo tema de discusión entre los actores sociales y políticos del país. Durante la semana pasada, a raíz de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, muchas voces se levantaron para denunciar aspectos autoritarios en la misma y que se revelan atentatorios a la libertad de información. Por otro lado, muchos identifican algunos contenidos de la Ley de Defensa con una maniobra para devolver al ejército ciertas prerrogativas perdidas a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz. En fin, ya sea por la defensa de la libertad de información o por el mantenimiento de la Fuerza Armada al margen de actividades de seguridad ciudadana, se ha unido un coro de voces discordantes en contra de la normativa.

Primeras cifras presupuestarias para el año 2003

Se conocieron ya las primeras cifras del Presupuesto General de la Nación para 2003, y la situación no permite avizorar mayores cambios en las tendencias del gasto, los ingresos y el déficit fiscal. El gasto total se incrementará, aun a despecho de los esfuerzos de Hacienda por reducir el gasto corriente. La proyección de los ingresos se basa nuevamente en especulaciones optimistas sobre las tasas de crecimiento económico y el déficit fiscal se estima que rondará, como mínimo, en 2.7%, pero aumentará con la amortización que el Estado destinará para hacer frente a su deuda con el sistema de pensiones.

Planteamientos discutibles sobre el “desarrollo con rostro humano”

El documento que contiene la posición de los gobiernos centroamericanos —incluidos Belice y Panamá— ante la Cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, parece más bien una guía turística. No solamente por el despliegue de fotografías de paisajes, sino también por los términos idílicos en los que se refiere a la situación del medio ambiente en el istmo y a las soluciones aportadas desde los gobiernos.

Los compromisos ambientales de Centroamérica, título del documento, brinda un panorama de la situación ambiental de la región y traza un recorrido de las acciones tomadas por los Ejecutivos centroamericanos desde la Cumbre de Río de Janeiro, celebrada hace diez años, para hacerle frente a un panorama complicado, en el que, como se admite, “se deforestan 45 hectáreas por hora”.

Los compromisos ambientales en Centroamérica (I)

A continuación presentamos el contenido del documento que registra la posición de los gobiernos centroamericanos en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2002, celebrada en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre.
 

Los compromisos ambientales de Centroamérica (I)

Nosotros, los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), nos comprometemos a impulsar los principios y acuerdos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2002, y presentamos aquí una serie de compromisos basados en la Plataforma de Acción de Río de Janeiro hacia Johannesburgo y en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Ubicamos estos retos dentro de las cinco áreas clave señaladas por las Naciones Unidas: agua y sanidad, biodiversidad, energía, salud y agricultura. Y añadimos otra que cruza a todas las demás: la de políticas para el desarrollo sostenible. De igual forma, nos comprometemos a reforzar los acuerdos e iniciativas subregionales de desarrollo sostenible que Centroamérica ha puesto ya en marcha en cada uno de estos campos y contribuiremos, en todo lo posible, a promover nuevas propuestas y medidas que conduzcan a nuestros pueblos a un desarrollo en armonía con la naturaleza.

Los compromisos ambientales de Centroamérica en las seis áreas clave a partir de Johannesburgo
Declarar la paz a la naturaleza. Eso es lo que Centroamérica ha decidido hacer para el futuro e invita al resto del mundo a que haga lo mismo. De Johannesburgo los países centroamericanos esperamos salir con un Plan de Acción maestro para el desarrollo sostenible, basado en los principios y lineamientos señalados por las distintas cumbres y conferencias mundiales realizadas por las Naciones Unidas durante la última década en los diferentes temas de preocupación global. Para esta ocasión, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló cinco áreas claves en que la Cumbre de Johannesburgo puede hacer la diferencia: agua y sanidad, energía, salud, agricultura y biodiversidad. A estos puntos, los centroamericanos hemos agregado un sexto apartado sobre políticas generales de desarrollo sostenible, que proponemos como una línea trazadora para todas las áreas.

Estos compromisos recogen el espíritu de los diferentes esfuerzos de la región latinoamericana y caribeña resultantes del proceso preparatorio para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Inserta los retos que los centroamericanos asumimos en busca de este anhelado desarrollo con sostenibilidad.

Esta propuesta está desarrollada bajo la premisa de “piensa globalmente y actúa localmente”, e intenta reflejar acciones locales para cada uno de los grandes temas de preocupación mundial. En este sentido, pretende complementar “El Compromiso de Johannesburgo” desde la perspectiva ambiental centroamericana. Esto es lo que podemos aportar al mundo y a las nuevas generaciones:

Agua y saneamiento ambiental
Los países centroamericanos ampliarán la cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, con el fin de disminuir uno de los principales problemas de la región: la contaminación de las aguas para consumo humano y de los cuerpos de agua a nivel regional. Para ello se impulsará la Política Centroamericana de Salud y Ambiente, firmada en febrero del 2002, y el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente.

Producción limpia
Los países centroamericanos promoverán un sistema de producción más limpia, bajo normas y estándares ambientales que propicien la instalación de empresas de alto valor agregado y rechacen las de bajo valor. La producción con métodos ambientalmente amigables que no contaminen los suelos, el aire y las aguas favorecerá la salud, el comercio y el ambiente de la región. Como parte de estos esfuerzos, se apoyará a la Red de Empresas de Producción Más Limpia. También demandarán que las empresas multinacionales adopten los principios y estándares internacionales de la responsabilidad social en la esfera del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y que pongan en marcha mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas a los organismos pertinentes.

Protección de recursos hídricos
Los países centroamericanos impulsarán un manejo integrado de recursos hídricos, mediante un enfoque ecosistémico y un cambio en la cultura y la percepción del valor del agua, articulando acciones en los niveles regional, nacional y local, y considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales que permitan un manejo y una conservación eficaz del recurso. Potenciarán esquemas de cooperación internacional, particularmente en ecosistemas compartidos, incrementando la coordinación entre los diferentes actores que inciden en la gestión del recurso hídrico. Respaldarán el Plan de Acción Centroamericano para el Desarrollo Integrado de los Recursos Hídricos. También impulsarán un sistema articulado de protección de cuencas y microcuencas con la participación de los diferentes sectores de la sociedad.
 

BIODIVERSIDAD

Conservación, protección y restauración de ecosistemas
Los países centroamericanos se comprometen a aumentar la cobertura forestal de la región, consolidando el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas y desarrollando actividades de impacto económico positivo como bioprospección, ecoturismo y pago de servicios ambientales. Intensificarán, asimismo, la protección de las especies amenazadas, mediante la aplicación de la Convención CITES. Promoverán también la protección y manejo sostenible de los humedales y la diseminación de prácticas agrícolas que no destruyan los ecosistemas. Para ello implementarán, entre otras acciones, una Estrategia Mesoamericana de Biodiversidad, la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA), la Política Regional de Humedales, un Acuerdo sobre Seguridad de la Biotecnología y la aplicación de la Guía de Procedimientos de CITES. También continuarán dando prioridad al cumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales y regionales relacionados con estos temas.

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Los países centroamericanos fomentarán la cooperación para lograr la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas naturales, terrestres y marinos de Centroamérica, integrando esfuerzos en el ámbito local para que paralelo al cumplimiento de los convenios internacionales ambientales y al fortalecimiento de las áreas protegidas, se fomenten las actividades productivas sostenibles. Para ello consolidarán el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), e iniciativas que protejan los ecosistemas marino costeros como el sistema arrecifal mesoamericano, con el fin de que se conviertan en un modelo de desarrollo sostenible para la región y para el mundo. Se apoyarán los proyectos públicos y privados que se desarrollen en torno al CBM y se promoverá el intercambio de esta experiencia con otras regiones del mundo.

Acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de beneficios
Los países centroamericanos trabajarán en la identificación, conservación y uso sostenible de sus recursos biológicos y sus componentes, así como en la distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan con su utilización. Promoverán el respeto de las formas de vida de comunidades locales y pueblos indígenas y propiciarán la protección y reconocimiento justo y equitativo del valor del conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de estos pueblos. Para ello implementarán el Protocolo Centroamericano de Acceso a Recursos Genéticos y promoverán el diálogo y los esquemas de regulación nacional e internacional para estos fines.
Los países centroamericanos ratificarán el Protocolo de Kyoto y harán un llamado a los demás países del mundo para que también lo hagan. Participarán activamente en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y trabajarán en el control de sus emisiones, mediante el aumento de la cobertura boscosa, la regulación de su parque automotor, la regulación de la calidad de sus combustibles y de las emisiones de la industria. Para ello, promoverán programas regionales de adaptación al cambio climático que fortalezcan y complementen las iniciativas nacionales, considerando los esfuerzos de reforzamiento de capacidades para la adaptación en las áreas de mayor vulnerabilidad.

IDHUCA: Diecisiete años

Del martes 27 al sábado 31 de agosto se realizó la “VII jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos”, en el marco del decimoséptimo aniversario del IDHUCA. De las diversas actividades realizadas destacan la presentación del libro El caso García Prieto en dos universidades de San Miguel; talleres y conversatorios con juristas, académicos y población estudiantil; un foro abierto sobre la misión de la Fiscalía General de la República y la gestión de Belisario Amadeo Artiga Artiga al frente de la misma; dos interesantes ponencias: la primera, sobre la invalidez de las leyes de amnistía en Argentina, en la sede de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel, y la segunda, sobre crímenes internacionales desde la óptica del Sistema Interamericano, en la Academia Nacional de Seguridad Pública; la presentación del libro Justicia para las víctimas en el siglo XXI; y la mesa redonda sobre la condena de los generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova. La jornada finalizó con un torneo de “Papi Fútbol” —en el cual participaron instituciones estatales, medios de difusión masiva y organizaciones sociales— y una peña cultural.

Del exterior contribuyeron con su aporte las siguientes personalidades: Carlos Loarca, del Centro para la Acción Legal y los Derechos Humanos, de Guatemala; María José Guembe, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina; Margaret Popkin de la Fundación para el Debido Proceso Legal, de los Estados Unidos de América; y Caroline Patty Bloom, del Centro para la Justicia y Responsabilidad, de ese mismo país. Sus puntos de vista no sólo se difundieron a través de los eventos antes mencionados, sino también mediante entrevistas en radio y televisión. En esta ocasión, ofrecemos una síntesis sustantiva del interesante debate acerca la actuación del Fiscal.

 
El día que Artiga asumió el cargo, se refirió a sus principales retos en la institución y mencionó aspectos tales como capacidad, integridad, honestidad, independencia y valentía. A renglón seguido, afirmó en el podio legislativo: “Esas condiciones ustedes, señores diputados que me han favorecido con sus votos, pueden tener una valoración referencial de que las poseo o intuir que las tengo; pero estoy consciente que queda en mí corroborarlas en el ejercicio del cargo”. También dijo que no vacilaría en “hacer caer todo el peso de la ley en aquellas personas que resultaren responsables de la comisión de delitos en contra de la sociedad y de los ciudadanos honestos”. Esos parámetros, además de los establecidos en la Constitución y en las leyes, permiten calibrar su primera administración.

Entre los aspectos positivos se constata una preocupación por modernizar la administración y el funcionamiento de la institución. Así, es evidente la mejoría en las instalaciones de varias dependencias fiscales que facilita una atención distinta a las y los usuarios, en su mayoría víctimas de graves violaciones de sus derechos. Igualmente, se percibe un avance en la utilización de tecnología moderna por parte de los fiscales y personal administrativo para ordenar casos, estadísticas y en la preparación de audiencias; de volverse una práctica generalizada, serán enormes los beneficios en el trabajo diario del Ministerio Público.

También se nota un apoyo significativo a los fiscales de las unidades élites, a quienes se les han proporcionado mejores equipos de comunicaciones, transporte, medidas de seguridad y un sustancial aumento salarial, sin perjuicio de que eso a veces causa cierto recelo entre otras unidades. Merece especial mención el intento por depurar la institución; sin embargo, a futuro, esta labor no debería realizarse mediante leyes especiales —como la que en su momento se decretó—, sino que debe asumirse como una tarea permanente y sistemática dentro de la institución. Sobre este punto, de lo realizado, se puede afirmar que los métodos y sobre todo los resultados no fueron tan halagadores. Tampoco puede obviarse, como algo positivo, que el Ministerio Público ha obtenido en los últimos años sentencias condenatorias contra importantes bandas de secuestradores.

Pese a lo anterior, no se puede catalogar como óptima la gestión del actual Fiscal General de la República, pues en su mandato se han evidenciado fallas que se resumen en las siguientes tesis:

— La Fiscalía no es independiente de ciertas influencias o poderes, sobre todo, del Ejecutivo y del gran capital, que a veces hacen parecer que le dictan la agenda. Esto genera la percepción de que la persecución del delito es excesivamente elitista y excluyente, y que las facultades que concentra el Fiscal General no se utilizan igual en todos los casos.

— Tanto en los niveles altos como en los inferiores, existen deficiencias de formación jurídica serias y desconocimiento de la normativa penal, así como en las técnicas de investigación del delito.

 
— Al considerar los dos señalamientos anteriores, cuando la Fiscalía fracasa en el ejercicio de la acción penal se plantean dos posibilidades: puede ser por malicia o corrupción; o bien, puede ser por ignorancia o negligencia.

 
Para corroborar dichas tesis, se analizó el manejo de tres casos. El primero, tanto por tiempo como por lo repudiable del mismo, es el caso de Katya Natalia Miranda Jiménez. Fue la “carta de presentación” de Artiga el asumir personalmente la investigación de la violación y asesinato de esta niña. Al respecto, se debe apuntar que en las investigaciones iniciales se había cuestionado duramente —por parte de la madre— el papel de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Por ello, el entonces nuevo Fiscal General manifestó públicamente que este caso sería su estandarte y que lo resolvería adecuadamente. De hecho, consta que el expediente sobre este aberrante crimen se manejó en el despacho oficial de Artiga y que las decisiones estratégicas para la investigación y el juicio —que debían concretar los agentes auxiliares asignados— eran tomadas directamente por el Fiscal General o después de las consultas a éste. Algunas de las críticas más graves se mencionan a continuación.

Ante la solicitud para que gestionara una reconstrucción de los hechos, fue él quien ordenó la realización de la diligencia pese a no ser competencia suya sino de la autoridad judicial. Así, alertó a los imputados y les posibilitó prepararse mejor para la reconstrucción legalmente válida. Luego de una audiencia concedida a la madre de la víctima por la embajadora de los EE.UU., ésta ofreció servicios técnicos especializados de su país para el esclarecimiento del crimen, siempre y cuando le fueran solicitados oficialmente por el Ministerio Público; así se le informó por escrito a Artiga, pero éste rehusó siempre el apoyo y no lo solicitó.

 
Cuando la Jueza de Instrucción de San Luis Talpa ordenó, indebidamente y sin que concurrieran las circunstancias legales del anticipo de prueba, la comparecencia de testigos en la etapa de instrucción —lo que debe ocurrir sólo en la vista pública— y la Fiscalía no objetó conforme a la ley dichas diligencias. De esa forma, permitió que el juicio se contaminara. Ante la evidente ilegalidad de tales diligencias, Artiga ordenó a sus subordinados —en “señal de protesta”— no asistir a las declaraciones de los últimos testigos sin tomar en cuenta que existen recursos para oponerse a las decisiones de un juez, los cuales no tienen nada que ver con ese tipo de “berrinches”. Por último, cuando dicha Jueza decretó el sobreseimiento provisional para los imputados del crimen, se le concedió al Fiscal General el plazo de un año para buscar y ofrecer nuevas evidencias. Pero Artiga no movió un solo dedo y, de hecho, permitió que, un año después, su “caso estandarte” se archivara por inacción de la institución a su cargo.

Otro caso doloroso que también permanece en la impunidad, es el siguiente. El 15 de noviembre de 2000 fueron asesinados dos hermanos: Guillermo Salvador, de 29 años y Eduardo Federico Calderón Carías, de 12. La responsabilidad fiscal para que los autores del mismo permanezcan sin pagar el precio ante la justicia es grave, pues omitió efectuar retratos hablados con los principales testigos del hecho; además y muy “misteriosamente”, no consignó en las actas de entrevista las direcciones o domicilios de los mismos y —a esta fecha— no se han podido localizar de nuevo. La madre doliente ha mencionado nombres de sospechosos sobre la autoría intelectual y material del doble crimen, pero estas hipótesis no han sido trabajadas por la Fiscalía. De más está señalar que el principal señalado de ser el autor intelectual es un reconocido empresario hotelero y comerciante, lo que genera aún más dudas sobre la inexplicable pasividad de las autoridades fiscales.

 
Pasemos a otro caso “sonado”. Recientemente fue conocido —otra vez con gran despliegue publicitario— el operativo policial denominado “Tormenta tóxica”. En el mismo, alrededor de quince personas fueron capturadas por tráfico de drogas. Se debe mencionar que, en un primer momento, las autoridades policiales y fiscales dijeron que se trataba de un gran golpe al narcotráfico; hablaron de comercio de “éxtasis”, lo que a la larga resultó ser una falsedad. Al principio, la Fiscalía defendió a ultranza el operativo pese a los graves y evidentes yerros que le habían sido señalados, ante el manejo poco profesional del caso. Por ejemplo: las investigaciones se seguían contra un presunto vendedor de droga en la llamada ”Zona Rosa” y el procedimiento para capturarlo derivó en la detención de otras quince personas, de las que no se tenía ningún indicio de su pertenencia a alguna organización delictiva.

Además, resulta inaudito que los fiscales del caso no iniciaran la acción penal respectiva contra una ciudadana francesa, quien supuestamente participaba en los hechos investigados; la explicación “profesional” de la Fiscalía fue que la mujer poseía inmunidad diplomática —luego se comprobó que esto era falso— y que “no la vieron haciendo nada”. Lo extraño es que ella fue incluida en el requerimiento fiscal, no así las otras casi cien personas que también estaban presentes en el lugar y a quienes “tampoco las vieron haciendo nada”. Se debe recalcar que dicho requerimiento fue presentado después de las 72 horas que establece la ley, sin que hasta la fecha se conozca que el Fiscal General haya impuesto las sanciones correspondientes a sus agentes infractores. Luego, se cambió la calificación jurídica de los hechos para la mayoría de los imputados y —al momento de escribir estas líneas— ya fueron liberadas definitivamente casi todas las personas involucradas.

De todo lo dicho en el debate sobre la Fiscalía, realizado como parte la jornada, se impone una conclusión. Si se toma el mandato constitucional y legal del Fiscal General de la República, junto al contenido del discurso de toma de posesión de su actual titular, y se comparan con los resultados positivos y negativos de la actual gestión, es evidente que Belisario Artiga no pasa el examen. Su éxito más grande se centra en casos que, sin lugar a dudas, representan una afrenta para el gran capital de El Salvador: los secuestros; y en su mayoría, para salir bien librado, Artiga ha contado con el esencial apoyo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Por el contrario, aquellos casos de violaciones a los derechos humanos o en donde los victimarios están ligados al gran capital o al poder político, el tratamiento resulta totalmente distinto y se mantiene la impunidad —en nuestro país, histórica—. Esto hace pensar que la manera en que acá se persigue el delito es selectiva. Así, sea que el fracaso en los casos comentados obedezca a negligencia, corrupción o dependencia política, si no se corrige el rumbo en los tres años que siguen, El Salvador se encamina a ser un Estado de “des” Derecho.