PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1013
agosto 28, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Proyecto alternativo mal concebido

Política: ¿Cómo está la política nacional?

Economía: Segunda cumbre de la tierra: antecedentes y perspectivas

Regional: Un camino accidentado hacia la estabilidad

Derechos Humanos: Los hilos de la uniforme corrupción

 
 
Editorial


Proyecto alternativo mal concebido

 

El FMLN le ha hecho el favor a la derecha, al proporcionarle un pretexto gratuito para atacarlo y desvirtuar sus aspiraciones políticas durante mucho tiempo. La gran prensa destaca dos o tres puntos, en cierto modo, secundarios, de su proyecto de país y deja de lado los temas más importantes de la propuesta. El trabajo de la gran prensa hace que la larga serie de proposiciones que integran la propuesta de país del FMLN se reduzca a esos puntos en los cuales ella se ha fijado.

A la gran prensa le ha llamado la atención que el FMLN siga insistiendo en construir un país socialista. Ni siquiera presta atención al matiz que sus voceros agregan que se trataría de una versión salvadoreña. Pero, al no adelantar ninguna idea definida sobre lo que esto pueda significar, el FMLN deja el campo libre para que la derecha, dirigida por la prensa, se le eche encima y lo presente como un partido que insiste en mantenerse en un pasado ya superado. A la derecha no le será difícil saltar luego, durante la campaña que se avecina, a 1932 y a la guerra civil, a la amenaza comunista y a las graves consecuencias que un régimen socialista tendría para el país. Así, con un solo golpe, refuerza los miedos ancestrales al cambio social y confirma que la única alternativa es ARENA. La propaganda de derecha es especialista en explotar estos viejos temores en la población.

En vísperas de dos campañas electorales, es claro entonces que esta propuesta, tal como ha sido presentada, es inoportuna. Aunque la derecha debiera también saber ver lo positivo. El partido se confiesa socialista, por lo tanto, ya sabe con qué clase de adversario se enfrenta. Sin duda, esta es una ventaja para la derecha, pero no lo es para un partido que se confiesa socialista y es incapaz de explicar en qué consiste ese socialismo suyo. No es el de los países socialistas del este, no es el cubano, no es el soviético, no es el chino, ni el vietnamita, sino la versión salvadoreña. Sin embargo, al parecer nadie en sus filas sabe con exactitud qué quiere decir esto. Tal vez lo más prudente hubiera sido guardar silencio al respecto, hasta que las ideas estuviesen claras.

Desde la perspectiva del FMLN, la cuestión aquí es su pretensión al hacer esta confesión de fe pública socialista. Si de lo que se trata es de declarar ante la sociedad salvadoreña su ideología, entonces, habría que reclamarle por usar un concepto que no parece tener contenido. La única referencia existente es la que la gran prensa maneja con bastante vaguedad, pero que el partido niega. Si lo que busca es ampliar su base electoral para ganar las próximas dos elecciones, entonces, se equivoca, porque con esta clase de declaraciones ahuyenta votos, abre espacio para que la derecha lo destroce y no tiene defensa posible, porque el concepto clave no tiene contenido. Los únicos satisfechos son los convencidos, pero esos, ya se sabe, siempre votarán de manera disciplinada por el FMLN. Pero con esos votos, no puede ganar una elección. La única posibilidad que tiene para ganar es aumentar la cantidad de simpatizantes y atraer a otros que no votan por la derecha, pero tampoco por un FMLN como el que le está presentando la dirección actual del partido.

Con todo, el tema que más perturba a las empresas mediáticas es el de los medios de comunicación. El FMLN diagnostica que éstos están al servicio de la dominación política y de la exclusión social, impiden el acceso a la información objetiva y suficiente, encubren la corrupción, engañan respecto al futuro del país e impiden el desarrollo de una conciencia crítica. En vista de ello, el FMLN propone garantizar el derecho violado, promover y respetar la libertad de expresión y prensa, “creando condiciones para la democratización de la información”. Las empresas mediáticas rechazan tanto el diagnóstico como la propuesta de democratizar la información y crear las condiciones para ello. Ven en ella una amenaza a su libertad de operación. Buena parte de la alharaca se ha centrado en este punto, que es el que a ella le interesa, por encima de todas las cosas.

Un análisis más serio puede observar que tanto el diagnóstico como algunas de las propuestas del FMLN coinciden con las de la gran empresa privada organizada y lo que es más interesante, los dos coinciden en no relacionar sus propuestas con la disponibilidad de recursos nacionales. El FMLN, por ejemplo, no adelanta cuánto le costaría al país restablecer el colón como moneda nacional. Al igual que la gran empresa privada organizada, el FMLN no ha calculado el costo de sus propuestas para construir su utopía de un nuevo país socialista. Por lo tanto, estas propuestas carecen de base real. Su discusión no tiene mucho sentido, si no va acompañada del costo de cada una de ellas y de todas ellas en conjunto.

Esto lleva a observar una tercera coincidencia con la gran empresa privada organizada y es que tampoco el FMLN ha articulado su propuesta. Su proyecto se limita a agrupar bajo diversos temas generales una serie de medidas, en sí mismas, necesarias y urgentes, pero presentadas de manera aislada. Un proyecto viable presenta de manera coherente sus propuestas, establece prioridades y considera los recursos disponibles para su ejecución. Es claro que todas las medidas propuestas no se pueden poner en práctica al mismo tiempo, que algunas de ellas son de largo plazo, que otras presentan problemas difíciles de carácter económico o político. Dicho con otras palabras, es una propuesta idealista.

No hay, pues, que preocuparse por la confesión de fe socialista, porque así como es de vaga, el proyecto que la acompaña es inviable. Más provechoso para el FMLN hubiera sido fijarse en unas cuantas medidas importantes para contener el avance de la desigualdad. Asimismo, sería más provechoso para todos que las empresas mediáticas abrieran espacios para discutir la viabilidad no sólo de esta clase de propuestas, sino también la del país como un todo. De todas maneras, es bueno conocer los planteamientos de un partido político con aspiraciones a desempeñar un papel importante en la vida nacional; sin embargo, un planteamiento mal concebido como el que hace el FMLN es contraproducente para el partido mismo, puesto que le facilita a su adversario principal el ataque, no le consigue más adeptos y desprestigia aún más la causa que defiende.

G

 

Política


¿Cómo está la política nacional?

 

En estos tiempos pre electorales, la vida política nacional se mueve a un ritmo vertiginoso, susceptible de confundir a los observadores más avisados. Mientras los dirigentes de los partidos políticos discuten de estrategia electoral y penan por encontrar los candidatos que, a su juicio, puedan garantizar mayores éxitos ante el electorado, hace su camino —en buena parte de la prensa— un discurso apologético sobre las virtudes del libre mercado, en contra de un pretendido socialismo que despunta como una temible amenaza. Los medios de derecha y sus voceros aprovechan el más mínimo espacio para insistir en las afinidades “estalinistas” del FMLN. Los problemas nacionales se reducen a disputas ideológicas de los candidatos y los partidos en liza, obviando lo importante: los efectos desastrosos de la actual gestión gubernamental.

G

 

Economía


Segunda cumbre de la tierra: antecedentes y perspectivas

 

Hace treinta años se inició el debate sobre la problemática de los recursos naturales y su interrelación con el desarrollo, en la ahora célebre Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo en 1972. En la actualidad, se celebra en Sudáfrica la segunda Cumbre de la Tierra, también llamada Cumbre del Desarrollo Sustentable, en la que se debaten prácticamente los mismos aspectos que en la cita de hace tres décadas, con la diferencia de que existe mayor claridad científica y técnica sobre los pasos que se deben seguir.

G

 

Regional


Un camino accidentado hacia la estabilidad
 

La situación socioeconómica en Nicaragua se ha vuelto poco menos que inviable. El saqueo sistemático al que el país centroamericano fue sometido —primero, durante el final del sandinismo, después, durante todo el régimen de Arnoldo Alemán— hace que la estabilidad tenga que alcanzarse a un alto costo.

G

 

Derechos Humanos


Los hilos de la uniforme corrupción

 

Normalmente, quienes son señalados como sospechosos de participar en actos de corrupción se enredan en sus ridículas explicaciones. O presentan esos actos como simples e inocentes favores mal entendidos; o le echan la culpa a los medios de masivos de difusión que “confunden” las cosas o las “exageran”; o acuden al gastado discurso de una oposición que “politiza” todo. Pero en nuestro país, aquellos sectores que tienen en sus manos las riendas de la administración pública no dejan de sorprendernos por su capacidad para sobrepasar los “lugares comunes” e inventar lo que sea para evitar el inicio de una investigación seria cuando surge una denuncia al respecto.

Lo que el Diccionario de la Real Academia Española define como una “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas (las organizaciones públicas) en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, en este “nuevo El Salvador” se ha convertido en una especie de “tumor maligno” que ha corroído y continúa pudriendo el aparato estatal. Habrá quien diga: “Bueno, pero eso pasa en todos lados”. De acuerdo; pero, bien o mal, existen mecanismos institucionales que —aunque no erradican del todo la corrupción— van más allá del alboroto coyuntural e impulsan acciones eficaces tendientes a reducir la corrupción hasta donde es posible, mediante la sanción de sus responsables. El problema es que en nuestro país, esas herramientas estatales o se encuentran desnaturalizadas —en manos de aquellos que son parte del problema— o están del todo neutralizadas, mediante la falta de independencia y valentía por parte de los funcionarios que las administran.

Que semana a semana aparezcan señalamientos en los medios sobre funcionarios de los órganos Legislativo y Judicial —por citar algunos— involucrados en hechos de este tipo, viene a ser algo normal. Pero que esos espacios también los ocupe la Policía Nacional Civil (PNC), ya no lo es tanto. Los mayores escándalos policiales habían ocurrido en su accionar operativo de “calle”, por referirnos al lugar habitual donde observamos el desarrollo de su trabajo; sin embargo, ahora nos enteramos de cosas y casos que huelen a podrido en otros espacios de la corporación.

Hoy no vamos a hablar sobre los quehaceres propios de la actividad policial que cada cierto tiempo, muy seguido por cierto, nos preocupan. Hoy, mejor, lo haremos sobre otro aspecto. Y empecemos por el “desdoblamiento funcional” de Mauricio Sandoval como Director General de la PNC. “Responsabilidad, disciplina y capacidad en las responsabilidades desempeñadas, son algunos de los atributos que han caracterizado al Lic. Sandoval tanto en su gestión empresarial, al igual que en su rol como funcionario de Gobierno”. Lo anterior es parte de su curriculum vitae y aparece en la página electrónica oficial de la institución. Si es cierto, no nos explicamos todavía el porqué de las “supuestas” irregularidades en una reciente licitación relativa a la confección de uniformes policiales ni, mucho menos, comprendemos su reacción cuando ocurrió el “destape” de las mismas.

Entre las numerosas facetas públicas por las que destaca Sandoval, había una que permanecía oculta. Y esto lo decimos porque, sin perjucio de que lo haya venido haciendo antes de modo “encubierto”, ha sido gracias a una denuncia desde la llamada “sociedad civil” que pudimos conocer cómo “se las gasta” la PNC en la gestión de “sus” recursos económicos. Resulta evidente que la realidad es bien distinta a como nos gustaría que fuese, sobre todo en este “paisito” donde los hechos son dignos de la ficción cinematográfica, cuando de beneficios y favores políticos se trata. Pero antes de entrar en materia, ubiquemos el hecho que nos ocupa.

Fue tras el discurso de su tercer año de gobierno, cuando el presidente Francisco Guillermo Flores Pérez movió algunas piezas dentro del ajedrez de su gabinete ministerial. Las “carteras” afectadas fueron las de Medio Ambiente y Gobernación. Como si de un taller de mecánica se tratara, en Gobernación se cambió una pieza por otra equivalente. Así, salió Francisco Bertrand Galindo hijo, para integrarse al Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la misión de idear y dirigir la estrategia política del partido de cara a las próximas elecciones; su lugar lo ocupó Conrado López Andreu, quien tiempo atrás fungió como vicepresidente de campaña, enlace y coordinador “arenero” para el gremio empresarial.

Tras esa especie de permuta, López Andreu se encarga del “buen gobierno” del país. No es un puesto sencillo, por la cantidad de materias que cubre el Ministerio y porque una de ellas tiene que ver con lo que —en los últimos diez años— ha constituido el mayor problema para la mayoría de la gente, junto a su situación económica y social: la seguridad pública. A eso se suma que, en lo relativo al combate de la delincuencia, debe lidiar con dos personajes públicos cuestionados y también, con seguridad, difíciles: el anticipadamente reelecto Fiscal General de República, Belisario Amadeo Artiga Artiga y, por supuesto, el ya mencionado Sandoval. Para colmo de males, por “confesión de parte”, se sabe que al momento de ocupar el cargo López Andreu no conocía nada acerca de sus responsabilidades y de la estructura del —por algunos llamado— “superministerio” que le entregaron.

Y en ese escenario apareció con su denuncia PROBIDAD, que —en sus mismas palabras— se define como “una organización de la sociedad civil salvadoreña, sin fines de lucro y sin vínculos partidarios, que promueve la democracia, la anticorrupción y la prensa libre en América Latina”. La secuencia de hechos que PROBIDAD brindó al público, demandando de las autoridades una investigación seria, es clara y contundente. Veamos.

El 11 de abril de 2002 se creó la empresa Abastecedora de Uniformes S.A. (ABACUS), cuyo primer director fue Conrado López Andreu; éste, para entonces, también era director propietario de la empresa textil denominada Industrias Sintéticas de Centroamérica (INSINCA). Dato curioso: ABACUS no cuenta hasta la fecha con una planta de producción propia, no obstante su objetivo s—y por lo que ofertó en la licitación que nos ocupa— es la confección de uniformes. La licitación para el “suministro de telas y/o maquila de uniformes policiales” fue abierta en mayo del 2002, correspondiéndole a la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional (UACI) de la PNC su gestión. Otro dato curioso: una “eventualidad” quiso que las iniciales especificaciones técnicas de la tela para los uniformes policiales de este año, se cambiaran; y, “casualmente”, sólo INSINCA produce el nuevo tipo de tela exigido en la licitación. En esas condiciones, ABACUS ofertó tejido de INSINCA como muestra para la licitación. Dos días después de abierta ésta —exactamente el 13 de mayo del 2002— el presidente Flores Pérez colocó a Conrado López Andreu como titular del Ministerio de Gobernación, que es la Secretaría de Estado de la cual depende la PNC.

Quienes primero “pusieron el dedo en la llaga”, fueron los otros empresarios que participaron en la licitación. La UACI no dijo nada ante sus indignados reclamos. Se iban a evaluar, de las ofertas, tres aspectos; el primero y más importante, pues constituía el 50% de la calificación, era el precio. En teoría, se escogería a la que menor costo ofreciese en la producción de los uniformes. Los otros aspectos tenían que ver con tiempos de entrega del producto y capacidad financiera de la empresa; les correspondía el 35% y el 15% de la calificación, respectivamente. Los empresarios “perdedores” y PROBIDAD sostienen que el precio ofertado por ABACUS superaba en un 48% al resto; tal porcentaje no es cosa de juego, si hablamos de miles de dólares. Además, su “corta edad” y falta de experiencia, así como la ausencia de instalaciones propias, no le permiten a ABACUS fijar el tiempo para entregar el producto ni determinar su capacidad financiera, puesto que no ha podido cerrar todavía ningún ejercicio anual contable.

La “gota que rebalsó el vaso” fueron los documentos que usó la UACI para disipar los cuestionamientos. El 25 de julio de 2002, hechas ya las denuncias contra la licitación, aquélla dio a conocer dos cartas de fecha 11 de mayo mediante las cuales López Andreu anunciaba su “renuncia irrevocable” a sus cargos directivos en ABACUS e INSINCA. ¡Tan sólo dos días antes de ser juramentado como miembro del gabinete! Tras el escándalo, López Andreu declaró —en conferencia de prensa de la que excluyó a ciertos medios— lo siguiente: “A estas alturas no voy a meterme en cuestiones de corrupción”. Parece que nadie le explicó al “introvertido” Ministro —hombre “correcto y responsable”, como él mismo se califica— que en el escenario político no iba a tener la misma tranquilidad de la que gozaba en el “mundo de los negocios”, donde se hace y deshace sin que se alce voz alguna.

Antes, la corrupción —como un “cáncer”— estaba focalizada en órganos concretos del Estado. Pero en el diagnostico actual, el “tumor” ha devenido en “metástasis” cuyo devastador efecto alcanza a buena parte —sino a toda— de la administración” pública. La “sintomatología” se aprecia, en el presente caso, con claridad: tráfico de influencias y encubrimiento. Más allá de la denuncia ante la UACI de la PNC, PROBIDAD acudió a la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas. Nos sorprendería gratamente si su actuar fuera el que por ley les corresponde; sin embargo, la realidad no da para esperar mucho de estas dos instituciones, cuyos titulares fueron nombrados hace unas semanas mediante la mala costumbre del “reparto del pastel” entre los políticos de derecha. ¿Esperar de Belisario Artiga y Hernán Contreras, independencia y valentía? ¡No se burlen, por favor!

Un clavo más en el ataúd lo constituyen las reacciones de Mauricio Sandoval y René Figueroa —Viceministro de Gobernación— en defensa de Conrado López Andreu. Tras la declaración de este último amenazando con una demanda judicial a PROBIDAD, Figueroa se refirió a la “génesis” de la organización social ubicándola como parte del “sector ortodoxo del FMLN”; Sandoval fue más allá, cuando dijo —palabras más, palabras menos— que no había encontrado en las leyes disposición alguna autorizando a PROBIDAD para denunciar los hechos y exigir una investigación sobre los mismos.

Estos señores, tan preocupados por atraer la inversión extranjera, no se dan cuenta que son ellos —por acción u omisión— sus peores enemigos. ¿Qué pensará un inversionista foráneo cuando El Salvador aparece en el Informe Anual de Transparencia Internacional 2002 con un IPC (“Índice de Percepción de Corrupción”) de 3.4 en una escala que va del 10 (“altamente limpio”) al 0 (“altamente corrupto? Y mucho cuidado, pues en el 2001 el IPC salvadoreño fue de 3.6; o sea, que nos vamos acercando al fondo.

Mientras la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la PNC y otras instituciones estatales no funcionen como es debido, siempre será necesario que la población se indigne y actúe contra los desmanes y atropellos de cualquier tipo generados por quienes “administran” el Estado. Recuerden que el inadecuado uso de nuestros recursos, el obcecado rechazo a la rendición de cuentas, la precaria situación de la mayoría de nuestra población, el deterioro del nivel de vida entre las “clases medias”, la aplicación arbitraria de la ley y la impunidad que protege a corruptos, asesinos y violadores de los derechos humanos son ingredientes de una muy peligrosa “bomba de tiempo”.

G

 


 


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