La propuesta del FMLN

El FMLN revela sus intenciones

Pocos en El Salvador podían alegar desconocimiento de las intenciones políticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, antes del miércoles 14 de agosto, fecha en la que este partido presentó su “documento de consulta para la construcción de un proyecto de país”, se echaba en falta un texto que expusiera, desde un punto de vista integrador y de largo plazo, la visión de país que se tiene en el partido de izquierda. Con el texto Democracia, prosperidad y justicia social, los efemelenistas parecen empeñados en llenar este vacío. El proyecto representaría un paso importante hacia la institucionalización, no sólo de su proyecto de partido, sino también ayudaría a apuntalar un marco orientador de su lucha política. De hoy en adelante, los militantes del FMLN sabrán qué esperar de su partido, al mismo tiempo que sus representantes en las instituciones estatales tendrán algo así como un cuaderno de camino desde dónde guiar sus pasos.

La propuesta del FMLN: aspectos económicos

A poco menos de ocho meses de los comicios para elegir Concejos Municipales y diputados, y a veinte de las elecciones presidenciales, el FMLN ha presentado una nueva propuesta de proyecto de nación, desde su perspectiva ideológica y política. No es la primera vez que el partido de izquierda toma postura ante los problemas del país. Durante las últimas elecciones presidenciales circuló una plataforma electoral que, en el campo económico proponía mejorar la situación del empleo, crear una nueva política fiscal, reformar el sistema financiero, potenciar el desarrollo rural y diseñar una política para el sector industrial y la micro y pequeña empresa (Proceso, 845).

Pobreza, llamas y frustración

El 14 de agosto pasado en la madrugada, la vida de una humilde familia salvadoreña cambió estrepitosa y violentamente. Mientras sus padres y hermano mayor salían a las labores para conseguir el ingreso diario —que según éstos no pasa de los 40 colones (casi 5 dólares)—, Jonathan Giovani Nájera, de 10 años, y sus hermanos Samuel Elías, de seis; José Nahún, de dos y medio; y Sandra Raquel, de año y medio, morían abrazados por las llamas originadas dentro de su vivienda en Santo Tomás, al sur de San Salvador. Las causas, según la apresurada versión de la policía y los periodistas, que de inmediato se dieron cita en el lugar de la tragedia, fueron la “negligencia” y el “descuido” de los padres.

Las privatizaciones en Centroamérica (II)

Las privatizaciones en el istmo han seguido procesos similares. Similar ha sido también su estrategia de mercadeo. Se las ha promocionado, tal cual hoy se promocionan los tratados de libre comercio, vendiéndolas como el remedio infalible para los problemas socioeconómicos de carácter estructural. Sin embargo, la realidad desmiente las loas fáciles y sitúa a los centroamericanos en un panorama un tanto más complicado.

La Ley de Defensa “Nazional”

No es nuevo que Francisco Guillermo Flores Pérez y algunos de sus subordinados más inmediatos adopten actitudes prepotentes, al momento de ejercer el poder público que les ha sido delegado y que por Constitución emana del pueblo. Precisamente por eso, en este y otros espacios de opinión, se ha criticado a la actual administración del Ejecutivo. La gestión de Flores Pérez inició con un perfil bastante bajo; pero fue cambiando de forma progresiva y ahora se caracteriza por la intolerancia y el autoritarismo, junto a una desmedida publicidad, mediante la cual se intenta cubrir aquéllas o disimularlas aunque sea un poco. Ejemplos de lo anterior, abundan en ámbitos muy diversos. Baste con recordar uno: el relativo al nombre que llevarían los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en el país dentro de pocos meses.

Nos explicamos: los organizadores oficiales de los mismos, dentro de los cuales destacan miembros del partido de Flores Pérez que hasta han sido mencionados como posibles candidatos “areneros” a la Alcaldía de San Salvador, decidieron hace unas semanas que dicho acontecimiento se llamaría “El Salvador 2002”. Semejante determinación provocó una reacción en contra, que sólo tuvo efecto por las consecuencias internacionales de la misma. Y no era para menos, pues por primera vez en la historia un evento de este tipo no sería bautizado con el nombre de la ciudad anfitriona, sino con el del país. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pretendía evitar que los citados juegos se llamen “San Salvador 2002”? Sencillo: para hacerse propaganda con ellos, de cara a las elecciones de marzo del 2003, elevando el protagonismo de su posible candidato a la Alcaldía de la capital y disminuyéndoselo al actual responsable de la municipalidad, quien también se menciona como aspirante a un tercer período al frente de la misma.

Lo anterior inquieta, pero preocupa más —en el marco de ese estilo de gobierno, acentuado después del 11 de septiembre de 2001 y la visita al país de su “amigo” George W. Bush— las medidas adoptadas por el presidente Flores Pérez en materia de seguridad, obviamente contando con el concurso de sus partidarios y conexos en el Órgano Legislativo.

¿A dónde queremos llegar? Únicamente a advertir sobre las peligrosas consecuencias de una política exclusivista, como la de Flores Pérez y sus dos antecesores, al servicio de una minoría poderosa y privilegiada. En la práctica, se están preparando —ahora que la situación es mala— para cuando sea peor. Quizás han observado con atención la realidad en el sur del continente de unos meses para acá, agitada y convulsa, pensando que existen condiciones para que aquí ocurra lo mismo: la desesperación popular, al ver cómo se deteriora de forma acelerada la calidad de vida y las manifestaciones violentas derivadas de ella, en contra del modelo económico responsable de ese estado de cosas.

Para ello precisamente y no sólo para el “combate al secuestro”, se desmontó la Policía Nacional Civil que surgió con los acuerdos de paz y se creó otra esencialmente distinta al aprobarse una nueva Ley Orgánica en diciembre de 2001. Al Director General de esta otra PNC, se le ha dotado, entre otras cosas, de una partida presupuestaria secreta y se le ha dejado abierta la posibilidad de perpetuarse en el cargo como —en el siglo pasado— lo hizo Edward J. Hoover al frente del estadounidense Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, por sus siglas en inglés. Tras la “autodepuración” del actual cuerpo policial, los mandos operativos estratégicos han quedado en manos de oficiales que pertenecieron a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la guerra y a los cuerpos de seguridad que desaparecieron tras el fin de la misma, quienes son considerados personal de confianza del Director General de la PNC.

Ese rumbo de la Policía ya se advertía desde hace varios años. Lo que francamente no esperábamos, entre las medidas de control social proyectadas, es que también se echara mano de la FAES para tales fines. O, por lo menos, no pensamos que lo hicieran tan rápido; pero, como ya dijimos, son previsores. Y si por algo hemos sostenido que corren malos tiempos para los derechos humanos, es simplemente porque los hechos diarios así lo demuestran. Argumentos no nos faltan, pues el pasado viernes 16 de agosto nos “desayunamos” la noticia de la aprobación —un día antes— de la llamada Ley de Defensa Nacional. Son muchas las reacciones que nos provoca la sanción del ahora texto legal y éstas se incrementan en la medida que nos adentramos en el mismo.

La institución castrense —por mucho que se diga en contrario— fue la más señalada dentro y fuera del país por graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, durante el conflicto político y militar. Sin embargo, viene la paradoja: tras haberse labrado una buena imagen en tan sólo diez años —en buena medida, por realizar tareas de emergencia durante el huracán “Mitch” y los terremotos de 2001— ahora aparecen con esta ley que, en la práctica, pone en riesgo lo anterior, al ser escasa, ambigua, de deficiente calidad jurídica, mal redactada y muy discrecional.

Tomando en cuenta algunos de los aspectos fundamentales de la citada ley, ubiquemos lo que puede suceder en la práctica teniendo presente siempre en qué país vivimos: un país con una historia de violencia no superada, aunque por el momento no se ejerza por razones políticas; con una realidad económica y social altamente desfavorable para la mayoría de su población; sin institucionalidad capaz de cumplir a cabalidad su misión constitucional y sin seguridad jurídica; sin liderazgo honesto, humilde y abierto al dialogo; y, por último, con elevados niveles de impunidad, en buena medida por no haber resuelto de forma responsable —de cara a los hechos del pasado— el problema de la verdad, la justicia, el castigo a los victimarios y la reparación a sus víctimas. Un país, a fin de cuentas, muy distinto al que quieren vender en el exterior como “modelo” de paz y democracia.

Para ilustrar un poco sobre los peligros que se ciernen con estas disposiciones, tomemos el tercer numeral del primer artículo de la ley que ahora nos ocupa: “Garantizar la supervivencia del Estado Salvadoreño, a fin de preservar los intereses nacionales, ante amenazas de origen interno o externo que atenten contra la Seguridad Nacional”. Veamos luego el primer numeral del artículo cuarto, que trata sobre las definiciones; éste dice así: “Seguridad Nacional. Conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales, perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional y pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales”.

Al quedarnos sólo con eso, estamos ante la posibilidad cierta de que —por ejemplo— quien critique una acción represiva de la PNC contra un grupo de manifestantes que reclama en la calle vivienda digna, sea considerado una amenaza interna en el marco de ese concepto de seguridad nacional. Y al ser considerado de tal forma, esa voz crítica se convierte en un obstáculo que puede y debe ser neutralizado porque el segundo numeral del artículo tercero, al establecer las finalidades “de la Defensa Nacional”, habla de: “Vencer los obstáculos que se opongan a la consecución de los objetivos nacionales e impedir que se logren objetivos que resulten vulnerantes para el Estado Salvadoreño”.

¿Cuáles son esos “objetivos nacionales”? Los mismos aparecen así en el séptimo numeral del artículo cuarto: “Metas que el Estado salvadoreño se propone alcanzar al interpretar los intereses y aspiraciones nacionales. Pueden ser permanentes o actuales”. ¿Quién “interpreta”? ¿Quién define? ¿Estará incluido entre los objetivos nacionales actuales “la estabilidad del proceso de paz salvadoreño”, como pregonan algunos dentro y fuera del gobierno? De ser así, ¿corre peligro de que se le aplique esta ley a quien se le ocurra, tras su aprobación, pedir de nuevo que se investigue a la cúpula de “La Tandona” y al ex presidente Alfredo Cristiani por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres dentro de la UCA, en noviembre de 1989? Porque, hasta ahora, el argumento para negarse a investigar esa responsabilidad criminal ha sido precisamente el del supuesto peligro que eso representa para la estabilidad del país.

A pesar de las atribuciones y calificativos que se pretendan colocarle, como la evolución del concepto de seguridad pública hacia el de seguridad democrática —en clara referencia al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en vigor desde diciembre de 1997—, lo cierto es que esta ley ataca los principios básicos del Estado de Derecho. Viola principios fundamentales como son la seguridad jurídica, el sometimiento a la ley y los derechos individuales. Obviamente, las preguntas surgen al instante. ¿Es realmente necesaria una ley cómo esta? ¿Temen una agresión militar externa? La situación actual nos dice lo contrario, cuando se habla tanto de una integración económica regional. ¿O en realidad temen a los más que posibles disturbios sociales como consecuencia de una política capitalista voraz y despiada?

En realidad, no han tardado mucho ARENA y los otros dos partidos que lo secundan, en dar por cerrados los acuerdos de paz y regresar —aunque con nuevos ropajes— a antiguas formas de gobierno que conocen tan bien. Esta “democracia” para ellos es tan sólo un medio que utilizan para seguir imponiendo sus privilegios. Ahora, ante la posibilidad de que se pongan en peligro los “objetivos nacionales”, anuncian la posibilidad de vestirse nuevamente con el “verde olivo”. Es, en realidad, el lobo con piel de lobo. El recuerdo de pasadas juntas militares permanece y, sin embargo, legislan sin hacer memoria de la reciente historia del país; regresamos a las “viejas” formas de gobernar, en las que el ejército acompañaba con su presencia todas y cada una de las decisiones del Ejecutivo. Ésa parece ser la dirección buscada, con suficiente anticipación: la de la desinformación, el miedo y el control social por cualquier medio.

Para muestra un botón. El artículo 25 de la ley nos obliga a proporcionar la información que nos requieran; eso sí, “de manera oficial” y “por la autoridad competente” para los fines de la “defensa nacional”. ¿Bajo qué límites? ¿Adónde quedan, según esta ley, nuestras garantías constitucionales? La conflictividad social en el país comienza a anunciarse y el gobierno ya “carga sus baterías”. No podemos callarnos ante retrocesos en las garantías constitucionales y democráticas, como el que ahora comentamos. El gobierno visible y quienes de verdad mandan en las sombras, han terminado por “destapar” hasta dónde son capaces de llegar para imponer su modelo económico. En manos del pueblo —del Soberano— está agachar la cabeza ante esta situación, o luchar por cambiarla; del pueblo depende regresar al pasado, o pelear en el presente por un mejor futuro. Están en juego la verdadera paz, la democracia y el Estado de Derecho.