PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1011
agosto 14, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: La corrupción se puede investigar

Economía: La transformación de la seguridad social en El Salvador

Sociedad: Privatización, ¿la solución?

Regional: Las privatizaciones en Centroamérica (I)

Derechos Humanos: ¿Emboscada o falta de costumbre?

 
 
Editorial


La corrupción se puede investigar

 

Nicaragua ha demostrado que la corrupción del poder ejecutivo puede ser investigada y quizás, lo que es más importante, que el dinero robado puede ser restituido, al menos en parte, a las arcas del Estado. El único requisito para esto es tener voluntad política. El gobierno actual de Nicaragua se encontró con un país al borde de la quiebra, endeudado y sin capacidad para endeudarse más. El gobierno anterior desvalijó la hacienda pública de manera escandalosa e inescrupulosa. Es la segunda vez que las arcas nacionales de ese país son saqueadas por un gobierno saliente. El primer saqueo lo hicieron los sandinistas, cuando tuvieron que dejar el poder; el segundo lo hizo el último gobierno, cuyo presidente, familiares y colaboradores más cercanos transfirieron a cuentas privadas enormes sumas de dinero en efectivo de la hacienda pública, no pagaron impuestos y utilizaron la propiedad pública para comprar silencios y voluntades, durante todo el periodo que estuvieron en el poder.

La telaraña que permitió extraer más de cien millones de dólares por medio de sociedades ficticias, transferencias, pagos en efectivos y tarjetas de crédito ha sido puesta al descubierto. El gobierno actual ha advertido, sin embargo, que ésta es sólo la primera parte. La comprobación y la exposición pública de este asalto fueron posibles por la determinación de un poder ejecutivo agobiado por la quiebra inminente. Con esa determinación y con la colaboración de otros gobiernos, descubrió cómo se ejecutó el asalto. El resultado de estas primeras averiguaciones ha sido expuesto con detalle y claridad a la sociedad nicaragüense por el mismo Presidente de la República. Las pruebas son claras e irrefutables. La exposición pública de los corruptos ha conmocionado a la sociedad nicaragüense, hasta el extremo que algunos hablan de “una revolución moral” de grandes proporciones. La defensa de los señalados es imputar a sus acusadores de complicidad en la corrupción, pero sin poder negar los hechos. Prescindiendo, pues, de las razones que hayan movido al poder ejecutivo actual a investigar la corrupción, ésta puede ser descubierta, si existe determinación para ello, y si la hay, se encuentra colaboración.

El que tanto el poder ejecutivo acusado de corrupto como el que lo acusa pertenezcan al mismo partido, no ha sido impedimento para investigar y denunciar de forma pública los desmanes cometidos. El descalabro de las finanzas públicas es tal que el poder ejecutivo actual tuvo que hacer a un lado las lealtades partidarias para salvaguardar el bien de la nación. El fraude llega a tales proporciones que le resulta imposible gobernar, si antes no resuelve este asunto, es decir, si no recupera el dinero robado. No le ha faltado el apoyo decidido de gobiernos extranjeros, en particular de Estados Unidos, ni de la sociedad nicaragüense. Estos respaldos son cruciales, porque el ex presidente se ha atrincherado en la inmunidad de un escaño parlamentario.

Además de saber la verdad sobre el paradero de los fondos nacionales, la investigación de la corrupción tiene dos propósitos adicionales. El primero es reintegrar el dinero a la hacienda pública para cubrir el déficit fiscal y evitar una subida de impuestos, la cual afectaría negativamente a las mayorías nicaragüenses, ya de hecho afectadas por el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y la desigualdad. No se trata, pues, de la simple curiosidad de averiguar cómo se llevó a cabo el fraude, sino también de localizar los fondos, congelarlos y reintegrarlos al erario nacional. En este punto, la colaboración de los gobiernos extranjeros es indispensable. El segundo propósito, tal vez el más remoto, es llevar ante la justicia al ex presidente, a sus familiares, incluidos su esposa y sus hijos, y a sus colaboradores más cercanos. Los que han podido, se han amparado en la inmunidad parlamentaria, otros han huido del país y algunos ya fueron encarcelados. Lo más probable es que ninguno de ellos vaya a parar a la cárcel durante mucho tiempo. Sin embargo, se habrían conseguido dos cosas importantes: demostrar que es posible tener éxito en la lucha contra la corrupción y reintegrar al menos una parte importante de lo robado.

Hasta ahora, nadie ha argumentado que el proceso judicial contra los corruptos ponga en peligro la gobernabilidad del país. Al contrario, la indignación es tan grande, que sólo los que se beneficiaron directamente de la corrupción se resisten a la evidencia. Los sandinistas guardan cauteloso silencio por la cuenta que les trae y porque todavía no ven qué ventaja política podrían sacar de esta coyuntura. Pero diferentes sectores sociales han dado respaldo público a la campaña emprendida por el gobierno actual, aun cuando no pertenecen al partido en el poder, ni comparten las mismas ideas.

La petición es unánime: ir hasta el final, recuperar el dinero y castigar a los culpables, de acuerdo a la ley. Sin embargo, algunas voces, entre ellas, de figuras eclesiásticas, se han levantado para pedir perdón y olvido, en nombre de la reconciliación nacional. Este reclamo es familiar en El Salvador. Aquí ha sido impuesto para beneficiar a los violadores de los derechos humanos, aunque luego se ha ido ampliando para incluir a otros delincuentes; en Nicaragua lo piden para los corruptos, para quienes con sus acciones han contribuido de manera directa e importante a aumentar la pobreza y la desigualdad. Alguno incluso ha pedido que las personas no sean acusadas en los tribunales, sino sólo las instituciones, como si éstas hubieran cometido los actos de corrupción. También esto fue pedido a la Comisión de la Verdad en El Salvador, cuando los interesados vieron que sus nombres aparecían en las investigaciones. Lo más escandaloso es que algunas de estas voces provienen de un sector que debiera distinguirse por defender la moral pública y a los más desvalidos.

No se puede pasar por alto que el gobierno nicaragüense libra esta lucha movido por la necesidad apremiante del déficit fiscal y la deuda. El Estado de este país carece de los fondos mínimos para atender las necesidades básicas de la sociedad e incluso para financiar sus gastos de funcionamiento, por causa de la corrupción. Es un caso patente de cómo la corrupción contribuye de forma directa y positiva a mantener a la mayoría de la población en la pobreza y al país en el subdesarrollo. Dicho de otra manera, de poco sirve estimular el crecimiento económico, si persiste la corrupción en el poder ejecutivo, y en el gobierno en general. Uno de los obstáculos principales para el desarrollo es la corrupción pública y privada.

G

 

Economía


La transformación de la seguridad social en El Salvador

 

Desde el surgimiento de la seguridad social en El Salvador, ésta ha desempeñado un papel humanizador de las relaciones obrero-patronales, y ha propiciado una relativa armonía entre ambos grupos de ciudadanos, al suponer una unión de aportes para financiar prestaciones sociales para los más necesitados: los trabajadores. En tiempos recientes, y especialmente desde mediados de los noventa, el tema de la seguridad social ha pasado a ser un tema que genera conflictos, especialmente debido a los procesos de reforma institucional que sucesivamente han venido implementándose, primero, con la privatización del sistema de pensiones a partir de 1998 y, luego, con la proyectada concesión de actividades no relacionadas directamente con la prestación de servicios de salud.

G

 

Sociedad


Privatización, ¿la solución?

 

El Seguro Social está al borde de una nueva crisis laboral de graves implicaciones sociales. El impulso reformista gubernamental a favor de la privatización, los planes de la empresa privada, el despido de once trabajadores y las amenazas de los sindicalistas de la institución permiten vislumbrar una nueva paralización de labores que vendría a agudizar el ya deficiente servicio que presta el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

G

 

Regional


Las privatizaciones en Centroamérica (I)

 

La fisonomía de las sociedades centroamericanas actuales está claramente definida por la privatización de entidades dirigidas anteriormente por los Estados. Quienes defienden la privatización, afirman que se trata de una necesidad para modernizar los aparatos estatales, optimizar su funcionamiento e imprimirles a las economías competitividad y dinamismo. Este último objetivo es de mucha importancia, sobre todo en un contexto mundial determinado por la globalización de las economías. El propósito de estas líneas es proponer elementos de juicio para valorar los alcances e impacto de las privatizaciones en la región centroamericana.

G

 

Derechos Humanos


¿Emboscada o falta de costumbre?

 

 “Ocultación de una o varias personas en parte retirada para atacar por sorpresa a otra u otras; comúnmente hablando de la guerra. Asechanza, maquinación en daño de alguien”. Así define a la “emboscada” el Diccionario de la Real Academia Española y de esa forma calificó un periodista de la Revista Dominical “Enfoques” al Foro denominado “La prensa en El Salvador”, realizado el martes 30 de julio. El evento fue organizado por el Canal 21, del Grupo Megavisión y lo comentamos brevemente la semana anterior. Asistieron como panelistas Alfredo Cabezas, de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras (ASDER); Cecilia Gallardo de Cano, de La Prensa Gráfica; Laffitte Fernández, de El Diario de Hoy; Mauricio Funes, del Canal 12 y David Rivas, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Ahora sí nos extenderemos en la reflexión general sobre ciertos aspectos abordados durante el Foro, a partir de lo dicho en el mismo; pero también comentaremos en particular algunos exabruptos proferidos por uno de los expositores, al haber sido dirigidos contra el trabajo del IDHUCA.

Es un hecho incuestionable que el diagnóstico sobre la situación en que se encuentra la prensa nacional, difiere según quien realice el análisis; esto, que se pudo comprobar durante el foro en cuestión, nos obliga a ubicar algo básico con lo que estamos plenamente de acuerdo. David Rivas, hasta entonces presidente de APES, afirmó en una de sus intervenciones que “el periodismo ha tenido avances importantes en los últimos años, pero no los avances espectaculares que nos quieren vender”. Y una de las mayores deudas en tal sentido tiene que ver, desde nuestra óptica, con la independencia del llamado “cuarto poder”. Acá se debe contemplar un aspecto tan polémico como el de la publicidad gubernamental: un “chorro” que se abre y se cierra en función de la información vertida por cada uno de los medios de difusión masiva.

Determinar quién abre o cierra esa “llave” es un asunto que debería ser sometido a discusiones y estudios más dedicados e intensos. Sin embargo, con lo que se tiene hasta ahora, resulta evidente que desde la administración pública se destinan enormes sumas de dinero por publicidad en los medios escritos, radiales o televisivos. De esta forma, los fondos estatales se convierten en la principal fuente de ingresos de muchos de aquéllos y ?en la práctica? pasan a ser mecanismo de premio o castigo, según sea el trato que reciba el funcionario o la entidad. No obstante lo que se diga en contrario, la calidad del medio pasa a segundo plano a la hora de decidir la asignación de la llamada pauta publicitaria gubernamental.

Muy relacionado con lo anterior se encuentra otro aspecto fundamental dentro del periodismo salvadoreño: el de la propiedad. Decimos esto porque, desde hace un buen tiempo, en nuestro país la noticia se alejó mucho de su esencia informativa para pasar a convertirse casi exclusivamente en negocio. Y eso es algo que los grandes capitales han aprendido muy bien. En ese marco, se ha ido estructurando una red empresarial que —fuera de algunas excepciones— impone un estilo en el quehacer periodístico. Alberto Cabezas, de ASDER, panelista del Foro comentado, no lo pudo decir más claro: “Soy empresario, y un empresario está para hacer dinero”.

Pero uno de los aspectos que suscitó más comentarios en el evento fue el de la formación del recurso humano, con especial énfasis en la ética y la deontología profesional. Laffitte Fernández, de El Diario de Hoy, centró su intervención al respecto en la necesidad de que existan grandes generaciones de periodistas para que se vean avances. Ignoramos, pues sus palabras no fueron claras en este punto, si él se incluye dentro de la actual generación. Además, su discurso parecía ajeno a la realidad —cosa inadmisible para un periodista— en la cual se desenvuelve el periodismo salvadoreño. Descargar toda la crítica de la calidad de un profesional en la “defectuosa” —según él— formación universitaria, es querer liberar a otros de toda responsabilidad. Sí es deseable y dable que se revise la formación académica de las personas que trabajan en los medios y se mejore. Pero, ¿qué hay de las condiciones laborales en las que se desenvuelven? ¿Corresponde, sólo por citar algo, el tiempo y la dedicación que destinan a realizar su función con los salarios que reciben? Parece que este asunto siempre resulta ser “harina de otro costal”.

Rivas replicó al más que “emotivo” jefe de redacción de El Diario de Hoy, señalando que “no hay generación de periodistas que valga sin la ética, ni generación talentosa sin independencia”. A ello sumó la acertada propuesta de un Código de Ética Profesional que, al aprobarse, pueda ser herramienta útil que coadyuve eficazmente para asegurarle a nuestra sociedad —por fin— un quehacer periodístico de calidad. El estilo polarizado, parcial, desmedido y alejado de las normas deontológicas es la práctica habitual en este “terruño”; práctica que, por lo general, tenemos que soportar.

Pasemos ahora a recoger el “guante” lanzado por Laffitte Fernández, al criticar sin fundamento al IDHUCA en el citado Foro. Para ello, transcribimos sus encendidas y arrebatadas palabras, que no tienen desperdicio alguno, y que luego comentaremos. Antes debemos indicar que su reacción estuvo motivada, pensamos, por una intervención de Rivas cuando aludió directamente a El Diario de Hoy. En ella, el periodista advirtió sobre la peligrosidad de los “juicios paralelos” en medios de prensa que en todo caso —como matizó el presidente de APES— “han de servir para fortalecer el derecho al debido proceso” y no para debilitarlo. Y puso como ejemplo negativo el tratamiento del caso “Riley Serrano” por parte del periódico para el cual trabaja Fernández.

Alzando la voz y moviendo constantemente las manos para imponer sus argumentos, Fernández dijo lo siguiente: “Hay mucho desconocimiento, se informa, pero también se interpreta. ¿Existió la presunción de inocencia con la niña ‘ésta’ que murió… ?breve pausa, pues no recordaba ni el nombre? Katya Miranda? Un caso abiertamente empujado por la UCA y donde hubo medios que escribieron y dijeron de acuerdo con una investigación: el abuelo es el asesino y el padre ¿Y quién responde por ese daño moral? ¡Ahí sí ya no se pelea por la presunción de inocencia! ¡Ahí ya no hay voces que se levanten y digan ?mirando a David Rivas? ¿método o ética?! Hubo momentos, y hay que decirlo claramente, en la prensa de este país que muchísimos de los grandes casos estaban movidos y motivados por organizaciones de la UCA. Y no lo digo esto por factores ideológicos”.

“Porque —airado y descompuesto, continuó vociferando— mi mensaje era: ¡Señores, nos están metiendo el caso y no hay pruebas, y no van a poder salir probados! Y el mayor deber del periodismo es probar la verdad! ¡Esa es también parte de la verdad del periodismo de El Salvador!”. En este momento, con su mano izquierda totalmente descontrolada —queriendo enfatizar sus palabras— Laffitte se golpeó el rostro lanzando sus lentes sobre la mesa. No obstante, siguió: “Y esa es la verdad que muchos no quieren decir, no quieren decir de dónde vienen las informaciones. ¿Ahí no había presunción de inocencia, ahí no había método, ahí ?dijo en referencia y mirando de nuevo a David Rivas? no había ética?”

Ante todo, le debemos aclarar a Fernández que el IDHUCA es sólo una herramienta en manos de las víctimas y nada más. Personas y grupos sociales que han sufrido graves violaciones en El Salvador —antes, durante y después de la guerra— acuden al Instituto buscando apoyo, tanto para conocer la verdad de los hechos que les produjeron algún daño como para obtener justicia y reparación. El IDHUCA no actúa de oficio “empujando” casos sin más, sino que acompaña en su justa lucha contra la impunidad a las víctimas que así se lo solicitan.

Para ahorrarle la consulta en su hemeroteca, vale la pena recordarle al jefe de redacción de El Diario de Hoy que fue gracias a la investigación impulsada por ese periódico —en el cual labora desde que llegó a El Salvador proveniente de Costa Rica, su país de origen— y publicada en el semanario “Vértice” el 25 de abril de 1999, que la madre de la niña inmolada comenzó a sospechar sobre la responsabilidad del atroz crimen. Después de leer el reportaje titulado “Una flor para Katya”, Hilda María Jiménez regresó al país dispuesta a darle un giro completo al caso, reclamando públicamente verdad y justicia. Hilda María, con toda la legitimidad del mundo, por ser la madre de la pequeña ultrajada y asesinada, empujó —y aún sigue empujando hoy desde su forzado “exilio”— el caso; el IDHUCA, a pedido de ella, únicamente la acompañó en su difícil esfuerzo. No es aceptable, desde ningún punto de vista, quitarle el protagonismo de esta lucha a una madre e impunemente adjudicárselo al IDHUCA.

Desde el Instituto de la UCA se ha denunciado —y así se continuará, mientras sea necesario— que en este “nuevo El Salvador” sin guerra aún persisten formas de actuar opuestas radicalmente a las de una convivencia armónica y democrática, propia de un verdadero Estado de Derecho. La violación y posterior asesinato de Katya junto a los intentos por descalificar a quienes luchan por que se haga justicia en el caso son, por desgracia, un trágico y lamentable cuadro que ilustra lo que sigue ocurriendo en nuestro país.

Si el “mayor deber del periodismo” —como afirmó Fernández el martes 30 de julio— es probar la verdad, ¿por qué no señala entonces que hay retardo de justicia cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no se pronuncia sobre la admisibilidad de un recurso de amparo presentado, hace nueve meses, por las víctimas en el caso de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras? ¿Por qué no reporta el reclamo del matrimonio García Prieto Giralt, cuando no se investiga acerca de la autoría intelectual en la muerte de su hijo, ocurrida hace más de ocho años? ¿Por qué no informa que el Fiscal General de la República no ha hecho nada para que la muerte de Katya continúe en la impunidad, después de que liberaron a cuatro imputados? ¿Por qué no lo hace, si esas demandas de las víctimas y ese deficiente funcionamiento de las instituciones, son verdades fácilmente verificables?

Tras el Foro organizado por Canal 21, el IDHUCA y Fernández coincidieron en la grabación de un programa televisivo. Ahí, el segundo tuvo oportunidad de repetir los señalamientos anteriores y, quien sabe por qué, no lo hizo. Durante el debate, se le preguntó si él se había planteado la posibilidad de una reparación moral a los once jóvenes “condenados socialmente” por los medios en el caso “Tormenta tóxica”. Por respuesta, Laffitte sostuvo que fue un error de la Policía y de la Fiscalía, al querer “venderles” —a los medios— algo que no existió. Más que de la Policía y la Fiscalía, el error fue suyo, y muy grave, al no cumplir con el “mayor deber del periodista”: probar la verdad.

Al inicio expresamos nuestro desacuerdo con el redactor de “Enfoques” que calificó como una emboscada el Foro “La prensa en El Salvador”. ¿Por qué? Pues, porque en el mismo no vimos persona o agenda oculta para atacar por sorpresa a nadie. Se estableció previamente una metodología con temas y tiempos, dejando para el final —en un período reducido, para nuestro gusto— la participación del público. Los exabruptos comenzaron con la intervención de los panelistas, algunos de ellos poco habituados a que se les cuestione de frente y se les rebatan sus afirmaciones, pues al parecer se creen “divinidades” que sólo merecen flores y reconocimientos. Eso pudo haber sido sorpresa para algunos de ellos, pero nunca emboscada. Sólo nos resta brindarle un gran aplauso a Canal 21 por esta iniciativa que, entre diversos sectores de nuestra sociedad, ha sido muy bien vista y mejor comentada.

G

 


 


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