La lista de la gran empresa

¿Ruptura o estrategia de campaña?

Las noticias de los últimos días hacen eco de una supuesta ruptura política entre el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Desde el inicio de esta legislatura, estos dos partidos sellaron una especie de pacto entre aliados de tendencia derechista. Los resultados de la alianza saltan a la vista. Se ha revelado eficaz hasta ahora, en cuanto que su finalidad última consiste en contrarrestar cualquier iniciativa política del partido de izquierda. A lo largo de estos tres años, ARENA y PCN han impulsado las leyes más controversiales, sin tomar en cuenta sus efectos políticos para la frágil democracia en construcción. Es así como, haciendo un recuento somero de las actividades de la actual Asamblea Legislativa, se destaca una serie de decisiones polémicas que van desde la aprobación inconsulta de la dolarización de la economía nacional, hasta la instalación de una base de monitoreo del ejército estadounidense en el país. Dos leyes que, en opinión de muchos, dan al traste con lo que quedaba de independencia nacional.

El sector empresarial toma de nuevo la palabra

No cabe duda que los trece años de gobierno del partido ARENA han envalentonado hasta niveles insospechados al sector empresarial. En la tercera edición del denominado Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), el empresariado lanzó nuevas propuestas de políticas públicas, que van desde la promoción del libre comercio, hasta recomendar que los empresarios colaboren con “los señores magistrados, para que en El Salvador la administración de justicia sea pronta y cumplida, con jueces y abogados probos”. Estas últimas son palabras del anfitrión del evento y presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Antonio Saca.

Anillos, carreteras y… más carreteras

Bloqueos de calles, manifestaciones lideradas por alcaldes, debate público, consulta ciudadana… todo ello, orientado hacia un inexorable hecho: el Anillo Periférico para el Área Metropolitana de San Salvador, pese a las oposiciones, es un proyecto que se echa a andar. El ministro de Obras Públicas, Miguel Ángel Quirós, ha desairado a sus férreos opositores —muchos de ellos guiados más por criterios viscerales que técnicos, otros auténticamente fundamentados— al mantenerse firme en el proyecto que, según el gobierno salvadoreño, sería la solución al problema del tráfico vehicular capitalino, por lo menos hasta el año 2030.

Recrudecimiento de la violencia en Guatemala

La sociedad guatemalteca es una de las más violentas en Centroamérica. Sin embargo, esta violencia se ha recrudecido en las últimas semanas. En nuestro país ha causado impacto la noticia de una familia salvadoreña víctima de la delincuencia en las carreteras del país vecino, pero las expresiones violentas son mucho mayores.

El mes pasado, un grupo de desmovilizados de las Patrullas de Autodefensa Civil —un cuerpo paramilitar al estilo de lo que fue ORDEN en El Salvador— se tomó la provincia de Petén durante tres días, para exigir una pensión por sus “servicios prestados” durante la guerra contrainsurgente. Los paramilitares bloquearon carreteras y se tomaron el aeropuerto local, así como las entradas a las ruinas del Tikal, un importante sitio turístico de la zona. El gobierno de Alfonso Portillo dio muestras de una voluntad política que debiera ser encauzada hacia la erradicación de la impunidad y la corrupción. El mandatario negoció con los desmovilizados, no ordenó represalia alguna en su contra y se comprometió a crear un impuesto para cubrir los gastos de su “reinserción”.

El bumerang que regresa

Cuentan que un hombre, al consultar a una vidente su destino, supo que la muerte lo visitaría en poco tiempo y se lo llevaría con ella. El sujeto, sumamente preocupado, pensó para sí: “No voy a permitir que me encuentre; huiré muy lejos de aquí”. Y en efecto, el angustiado hombre atravesó tierra y mar hasta llegar a otro continente donde cruzó ríos, montañas y bosques hasta llegar a una distante y casi inalcanzable cueva. “En este lugar tan lejano no me encontrará la muerte”, se dijo a sí mismo más calmado. Al ingresar a la caverna, se llevó la última sorpresa de su vida. Sentada, tranquila, la muerte lo aguardaba en dicho lugar. “Te estaba esperando; has llegado a tiempo”, le dijo y se lo llevó.

Es sabido que a lo largo de los años, al ocurrir crímenes aberrantes y grandes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, siempre se ha intentado proteger a sus responsables cuando éstos o sus “herederos” detentan el poder. Son innumerables los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar las víctimas para que las ejecuciones individuales y colectivas, las torturas y las desapariciones forzadas se investiguen; es lógico, pues las autoridades que realizan tales actos intentan mantenerse, a toda costa, protegidos por la mentira oficial y el temor de la población. Leyes de amnistía, procesos viciados, funcionarios amenazados o comprados, inmunidades vitalicias, destrucción de evidencias y muerte de testigos son sólo algunas de las piedras del camino con las cuales se levantaron —aunque de manera temporal— verdaderos muros de impunidad en derredor de estas tragedias, sobre la falsa creencia de que la justicia y la verdad nunca aparecerían.

Pero quienes le han colocado a las víctimas semejantes valladares estuvieron equivocados desde siempre, dado que el engaño y la injusticia —por su misma inconsistencia y mezquindad— son parte de una realidad pasajera de la historia, que se desvirtúa en la medida que, con el esfuerzo de quienes las padecen, asoman las pinceladas de justicia y de verdad.

Por eso, no hay que estremecerse tanto con el reciente fallo condenatorio que en el ámbito civil emitió un jurado de Florida, en los Estados Unidos de América, contra los generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García. Estos militares fueron acusados allá por tres personas salvadoreñas que padecieron crueles torturas mientras aquellos, durante una parte de la larga noche de violencia política y guerra que asoló todo en nuestro país, ocupaban los cargos de Director de la Guardia Nacional, el primero, y Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública, el segundo. El jurado los declaró culpables por no haber impedido las torturas que sufrió esta gente. Esa condena, así como otras, son totalmente previsibles si tomamos en cuenta —como un hecho irreversible e irremediable— que la justicia terminará prevaleciendo siempre sobre cualquier intento de socavarla o desaparecerla.

Podríamos afirmar que con esta sentencia, irónicamente pronunciada en territorio del país que fue el principal aliado de los militares salvadoreños durante la guerra, comienza una nueva etapa en los intentos por hacer valer los derechos humanos en El Salvador. Hoy aparece, por primera vez y de forma clara, la reivindicación de las víctimas —antes indefensas— frente a los responsables de un aparato organizado de poder que ordenó, toleró y encubrió las grandes atrocidades antes de la guerra y durante ésta. Con ello comienza a hacerse más difícil para los altos jefes castrenses de entonces el evadir sus responsabilidades, luego de haberse reconocido en el país del norte —eterno modelo para muchos de los que ahora critican el fallo en cuestión— la culpabilidad judicial de los mandos más importantes de una institución que obró, en muchas ocasiones, al margen de la legalidad.

Ciertamente, es claro que con la condena de Vides Casanova y García comienza lo que ya Roque Dalton anunció como el “turno del ofendido”: esa segunda parte de la historia, tan anhelada, tan buscada por las víctimas y quienes han acompañado sus lucha desde la trinchera de los derechos humanos. Esas víctimas que luego de ser pisoteadas en lo más profundo de su dignidad, pagando incluso con la vida los constantes atropellos del pasado, encuentran hoy una luz esperanzadora: que los torturadores, asesinos y criminales, así como sus mentores, encubridores o facilitadores, no disfrutarán las comodidades de la impunidad por más tiempo. En el fondo, con el reconocimiento de la responsabilidad de los generales ya indicados, se está señalando a la Fuerza Armada como una institución que violó de forma sistemática los derechos humanos y se está desterrando por completo la idea de que los abusos militares de entonces fueron, simplemente, “exabruptos aislados atribuidos a malos elementos”.

Es muy importante y positivo que los ciudadanos estadounidenses hayan comprendido estos aspectos. Sin embargo, todavía resulta escandaloso que en un país como El Salvador —que se jacta de tener una institucionalidad democrática— no se cuente ni con un sistema de justicia funcionando bien, ni con las personas de agallas suficientes para investigar hechos aberrantes, vergonzosos y constitutivos de verdaderos crímenes contra la humanidad, a fin de sentar en el banquillo de los acusados a sus responsables. Ese es un paso que todavía hay que dar; en tal sentido, se cuenta con la fortuna de que la justicia —como derecho y como valor— es universal y no habrá lugar ni ambiente que le impida llegar a estos casos y a estos criminales.

Es evidente y lógico que quienes no tienen la conciencia tranquila se alarmen con sucesos como el que hoy nos ocupa y que comiencen a alzar sus voces airadas contra este tipo de procedimientos y fallos judiciales. De todos modos, la búsqueda de la justicia no cesará hasta que la encuentren aquellos y aquellos que sufrieron tantos vejámenes durante la época de la violencia política y el conflicto armado en nuestro país. Ejemplos como los de Argentina, Chile, Perú, Guatemala y ahora el de El Salvador, con lo ocurrido a estos ex jefes militares salvadoreños, nos corroboran nuestra certeza de siempre acerca de lo que vendrá.

Este fallo del 23 de julio, ha sentado un importante precedente para quienes buscan la justicia en un territorio tan huérfano de ella. Desde antes, ya había quedado claro que la Ley de Amnistía no iba a garantizar la impunidad de los asesinos, torturadores y criminales. Recordemos que en el 2000, la Corte Suprema de Justicia señaló importantes excepciones en la aplicación de la misma. Ahora, la justicia estadounidense ha caído implacable sobre quienes eran piezas indispensables en un aparato organizado de poder. Bajo esta última perspectiva, no sólo se ha condenado a dos oficiales del Alto Mando dentro de la institución que orquestó la represión y la tortura, sino a toda la maquinaria militar, a los gobiernos de turno y a los sectores civiles que los mantuvieron.

Presas de miedo ante esta resolución, ya comenzaron a escucharse las voces de quienes saben que la justicia puede tocar sus puertas. Adueñándose de la voz y la palabra de todo el pueblo, vociferan declarando héroes a los torturadores y se muestran dispuestos a defenderlos como sea. Claro que hubo injusticia, como lo afirma un ex Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública de la posguerra, pero no contra los militares enjuiciados. La hubo y la sigue habiendo contra las decenas de miles de civiles que murieron durante la época de la violencia política y la guerra. Hubo injusticia contra niñas y niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos ejecutados en las masacres que arrasaron el campo salvadoreño. Hubo injusticia y la sigue habiendo por las miles y miles de personas desaparecidas y, además, por el sufrimiento de sus familias que aún las buscan.

La historia da vueltas. Y en materia de graves violaciones a los derechos humanos es como el bumerang que regresa justo al lugar de donde fue lanzado, sólo que con sus puntas al revés y en dirección de quien lo lanzó. Ha llegado el momento de la siega y tal como le ocurriera al hombre de nuestra historia inicial, no importa donde se escondan los responsables de tanta atrocidad ocurrida en nuestro país ni la finura de los tejidos que se hayan elaborado para enmarañar la verdad; lo cierto es que la impunidad terminará siendo derrotada, porque la justicia —tarde o temprano— prevalecerá.

Para bien del pueblo, por fin ha llegado ese “turno del ofendido”. Es la hora de comenzar a escribir la otra parte de la historia, con tinta de justicia. La de las víctimas; la que borrará las amnistías, los perdones y olvidos impuestos, los manejos publicitarios impulsados por quienes tienen los medios para ello. Así caerá, por fin el muro de impunidad. No se trata de venganza, sino de un auténtico proceso de paz y conciliación. Cuando exista una democracia real en el país, las instituciones buscarán la verdad, impartirán justicia y repararán el daño a las víctimas de antes, durante y después de la guerra; cuando eso ocurra, esas víctimas estarán en condiciones de perdonar y en El Salvador se podrá hablar de una sociedad en paz y conciliada. Así será cuando acá —parafraseando a Montesquieu— la justicia sea como la muerte: que nadie escape de ella.
 

Boletín de prensa

Ante el fallo dictado por un jurado de West Palm Beach, Florida, que declaró culpables a los generales José Guillermo García, ex Ministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública, y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex Director de la Guardia Nacional, por no evitar actos de tortura y violación a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato, el IDHUCA declara que:

1. Con este veredicto se ha sentado un importante precedente en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país y el mundo, al ser enjuiciados y condenados dos altos oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña que no cumplieron con su responsabilidad de proteger a la población y que —por el contrario— ocultaron a los torturadores y a los responsables de otros intolerables crímenes contra la persona humana.

2. Ahora, más que nunca, se debe revisar la inadecuada forma que se utilizó en El Salvador para enfrentar —después de la guerra— las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en nuestro territorio durante más de quince años.

3. Como ha ocurrido en Florida, en nuestro país se deben iniciar las investigaciones para impartir justicia a las víctimas de otros hechos que igualmente lesionan la dignidad humana. Estos procesos no deben estar orientados sólo a castigar a los hechores materiales de las atrocidades, sino también a los que las ordenaron y a quienes las trataron de ocultar. Muchos de los primeros fueron elementos circunstanciales, piezas sustituibles del aparato organizado de poder que sumió en el terror a la sociedad salvadoreña; sobre los segundos recae la mayor responsabilidad, por ser las piezas insustituibles de dicho aparato.

4. Para construir una sociedad reconciliada y en auténtica paz, se necesita conocer la verdad y hacer que prevalezca la justicia. Sin esas bases sólidas, propias de una convivencia social moderna y democrática, la estabilidad del país siempre será frágil y estará en peligro. Por ello, se deben erradicar de una vez por todas las estructuras de poder que —en función de sus intereses particulares— continúan impidiendo el buen funcionamiento de las instituciones, la superación de la violencia y el fin de la impunidad, en el marco de una preocupante exclusión económica y social en la que sobrevive la mayoría de la población salvadoreña.

San Salvador, 25 de julio de 2002.