Cuotas de poder

Inmigrantes non gratos

Los líderes de los países miembros de la Unión Europea se reunieron los días viernes 21 y sábado 22 de este mes, en la ciudad de Sevilla, España. Entre los muchos temas de debate en la clausura del semestre de la presidencia española de la Europa de los Quince, una propuesta apadrinada por el jefe del gobierno español, José María Aznar, y respaldada por el primer ministro inglés Tony Blair, relativa al espinoso problema de la inmigración ilegal en los países del Viejo Continente, ocupó la mayor parte de la opinión pública. Aznar pretende que “la lucha contra la inmigración ilegal [forme] parte a partir de ahora de los contenidos de la cooperación internacional con terceros países por parte de la Unión Europea”, lo que equivale a tomar represalias económicas en contra de los países que no controlan a sus inmigrantes.

Facetas de la vulnerabilidad salvadoreña

Con la llegada de la época lluviosa, se reviven las realidades y las discusiones sobre la problemática de los riesgos y desastres, ya sea porque se teme el impacto de una nueva sequía o porque ya se han sufrido los primeros impactos de las inundaciones en la ciudad de San Salvador. Este ha sido nuevamente el caso en el corriente año, cuando prácticamente desde antes de la época de transición a la época lluviosa, desde el 10 de abril, se reportaron los primeros estragos por inundaciones en la capital del país.

Nuevo rebrote de dengue, viejos males

En 2000, la epidemia de dengue segó la vida de una treintena de personas, fundamentalmente niños. El Ministerio de Salud fue duramente criticado por la tardanza e ineficacia de las medidas adoptadas. El sistema nacional de salud sencillamente colapsó ante la agresividad del virus y la creciente demanda de la población afectada. Este año, las autoridades de Salud han decretado estado de emergencia en cuatro departamentos, ante el rebrote del virus en la zona central del país. Los diputados de derecha de la Asamblea Legislativa han decretado estado de calamidad pública, autorizando al Ejecutivo para utilizar a su antojo fondos extraordinarios y así combatir la mortal enfermedad que ya se ha llevado la vida de por lo menos cinco infantes.

Reconstrucción nacional y cambio social

A casi un año y medio de los terremotos de enero y febrero de 2001, se impone una revisión del estado de la reconstrucción nacional. No tanto de cifras y datos, sino de situaciones, discursos, valores y actitudes. Primero, porque el escrutinio permitirá contrastar la versión gubernamental con la no oficial, en aras de presentar la versión más aproximada a la realidad. Segundo, porque los discursos gubernamental y empresarial parecen referirse al impacto de los sismos como algo del pasado, condenando al olvido a los cientos de familias que, en el interior del país y en las zonas de alto riesgo, aún viven en precarias condiciones.

Lidiando con el pasado de impunidad

Nuestra región ha llegado al siglo XXI sin haber dejado atrás la impunidad que acompañó a la sistemática violación a los derechos humanos. Las sociedades posdictatoriales —como es el caso de la mayor parte de Centroamérica— y aquellas que, sin padecer dictaduras abiertas, también han vivido los traumas de la represión, componen ahora un cuadro de claroscuros, donde las formas democráticas coexisten con la impunidad estructural heredada del pasado. En estas líneas pasamos revista a hechos recientes que ponen en relieve la marcha de la lucha contra la impunidad, tanto en países centroamericanos como en México, nación que no es en absoluto ajena a la historia pasada y presente del Istmo.

Panamá, las historias prohibidas del PRD
Hay, sin embargo, notables esfuerzos para lograr, por lo menos, asumir la carga de ese pasado. En Panamá, por ejemplo, se dio a conocer este año el informe de una Comisión de la Verdad nombrada para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1960 y 1989. La Comisión está presidida por el Arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño; el ex Presidente del Comité Panameño de Derechos Humanos (CPDH), Osvaldo Velásquez; la escritora Rosa María Britton; la activista de Derechos Humanos, Otilia de Koster; el Presidente de la organización Transparencia Internacional, Fernando Berguido; y el ex fiscal Juan Antonio Tejeda Mora.

Dentro de su labor investigativa, la Comisión realizó excavaciones en treinta y cinco puntos geográficos de Panamá, así como en diversas guarniciones militares. Ello posibilitó documentar alrededor de un centenar de casos de desapariciones forzadas y, además, se constató el apoyo económico y logístico estadounidense a los cuerpos represivos vinculados a estos actos.
El informe es un buen punto de partida para la sociedad panameña. Sin embargo, las conveniencias políticas han obstaculizado la labor de la Comisión y de los organismos de defensa de los derechos humanos para constatar cuáles son las responsabilidades que tuvo en estos hechos el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PRD estuvo en el poder desde finales de la década de los setenta hasta 1989, y puso a la cabeza del Estado a dos militares: Omar Torrijos y, a la muerte de éste, Juan Antonio Noriega, ambos respaldados por las fuerzas militares. Esto explica por qué es importante clarificar si hubo nexos entre las violaciones reportadas por el Informe y los gobernantes.

Vientos favorables en México
Otro informe similar se dio a conocer hace unos días en México. El gobierno de Vicente Fox tomó la encomiable decisión de abrir al público ochenta millones de fichas policiales de un período comprendido entre 1920 y 1985, incluyendo el tiempo de la ola represiva del sexenio presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, en el cual se dio la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en 1968. En estos hechos también se vio involucrado el sucesor de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, quien era Ministro del Interior.

Los archivos serán puestos a disposición del público de manera paulatina y se dispondrán en el Archivo General de la Nación. Un hecho alentador es que la apertura de los archivos permite abrir causas judiciales contra los involucrados en hechos violatorios a la integridad humana. El abogado Ignacio Prieto, quien preside la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, investigará, entre otros casos, los crímenes donde Echeverría aparece involucrado.

Esta buena noticia debe ser acogida con reservas. Los personajes involucrados, y el partido al cual pertenecieron, aún conservan mucho poder como para frenar las investigaciones. Sin embargo, el protagonismo de la ciudadanía para socavar el casi virtual predominio unipartidista que existió durante muchas décadas, puede ser decisivo para inclinar la balanza del lado de la justicia.

Corrupción civil e impunidad militar: la fórmula guatemalteca
No es tan halagüeño el panorama en la vecina Guatemala. La semana pasada, el actual presidente, Alfonso Portillo, hizo público su apoyo al levantamiento de las restricciones que actualmente impiden al ex mandatario Efraín Ríos Montt competir por un cargo público.

A Ríos Montt, quien pertenece al actual partido en el poder, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se le ha vedado la participación política, dado a que un fallo judicial se lo prohibe por haber llegado al poder tras un golpe de Estado. La pretensión del FRG es postularlo como candidato a la Presidencia de la República, sin importar que en su período presidencial (del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983) fueron asesinadas 17,000 personas, unas mil por cada mes de su mandato.

Guatemala no ha podido avanzar sustancialmente en su lucha contra la impunidad, debido a que todos los intentos por superarla han sido combatidos a sangre y fuego, desde la presentación del sustancial Informe de la Comisión de la Verdad, en cuya represalia fue inmolado el obispo Juan Gerardi, hasta la sostenida intimidación contra los organismos de defensa de los derechos humanos. La impunidad estructural tiene un firme aliado en el presidente Portillo, cuyos actos de corrupción se ven ensombrecidos solamente por individuos como el ex gobernante nicaragüense Arnoldo Alemán. Corrupción civil e impunidad militar se encubren mutuamente en la nación guatemalteca.

Los generales no tienen dónde reclinar la cabeza
El último caso al cual queremos hacer referencia tiene que ver con El Salvador, aunque su desarrollo tiene lugar en los Estados Unidos. Se trata del juicio entablado contra dos antiguos jefes castrenses, Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, acusados esta vez de ordenar torturas en contra de tres personas.

Los militares comparecen de nuevo ante los tribunales de Miami. El año 2000 enfrentaron una demanda por parte de los familiares de cuatro religiosas estadounidenses que fueron secuestradas, violadas y asesinadas por efectivos de la extinta Guardia Nacional. Cuando ocurrió el hecho, Vides Casanova dirigía el mencionado cuerpo de seguridad, mientras que García era Ministro de Defensa.

Aunque los imputados fueron exonerados del cargo, se dejó claro que los responsables de violaciones a los derechos humanos en El Salvador no son intocables. Si la justicia salvadoreña no ha podido sentarlos al banquillo, con ello se ha demostrado que desde otros países pueden levantárseles demandas judiciales. Tal como ocurrió antes con Pinochet: el largo proceso incoado en contra suya por el juez Baltasar Garzón en los tribunales británicos interrumpió la tranquilidad del ex dictador y puso a temblar a muchos en América Latina.

¿Tres años más de refuerzo a la impunidad?

Hace dos semanas —desde este espacio— advertíamos sobre las atropelladas y censurables formas utilizadas para satisfacer la urgencia que la bancada derechista tenía por asegurar, tres años más, a Belisario Artiga como Fiscal General de la República. En aquella ocasión, antes que referirnos a éste —para no personalizar la crítica, aunque tenga él una gran responsabilidad por prestarse al juego— cuestionábamos el método usado para llevarlo al cargo por segunda ocasión. Debido a eso, proponíamos la discusión previa y el debate social acerca de una institución de tanta trascendencia para el país, en función de propiciar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero de nuevo, al querer abrir puertas y caminos para la llamada “sociedad civil” —pensando, además, en el imprescindible fortalecimiento de las instituciones democráticas— fue ignorado el esfuerzo de algunas organizaciones.

El “bloque de derecha,” integrado por los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de Conciliación Nacional (PCN), junto a viejos y nuevos aliados —socialcristianos, socialdemócratas, demócratas y renovadores—, despreciaron las opiniones provenientes de la otra realidad: la de la gente que no piensa en un cargo público o en un partido político. No hay que ser muy astuto para entender que entre los más interesados en la reelección de Artiga como Fiscal, se encuentra ese sector. Y es que cuando el río suena piedras lleva. Con este nombramiento se garantizará, junto al de Hernán Contreras en la Corte de Cuentas, que durante tres años más la corrupción pública y privada —entre cuyos responsables destacan personajes de la “clase” política nacional— se pasee a sus anchas por todo el país y, principalmente, por los pasillos del Órgano Legislativo.

La votación, decíamos, fue clausurada entre abrazos y aplausos de quienes esperan un trato preferencial otorgando su voto al funcionario; éste —alcanzando el “éxtasis”— reveló que viajará al santuario de Fátima, en Portugal, para cumplir la promesa que le hizo a la Virgen y como muestra de agradecimiento hacia ella por la “dicha” de seguir en el cargo. De inmediato, surgieron las interrogantes: ¿Le cumplirá también al pueblo salvadoreño, en este nuevo período y como lo hará con la Virgen, lo que prometió hacer tres años cuando fue juramentado por primera vez como Fiscal General? ¿Seguirá faltando a su palabra? ¿Viajará a Portugal con cargo a los fondos públicos? ¿Estará agradeciendo la intercesión divina porque hasta él mismo estaba consciente de su falta de méritos para ocupar el puesto otra vez? ¿Irá con la esperanza de encontrar en Fátima la fórmula para cumplir, de verdad, su misión constitucional?

Independientemente de la forma cómo lo reeligieron, hubo festejo. Pero no de una sociedad que observa, a cada rato y con mucha preocupación, los desaciertos de su actuar. No; el homenaje se realizó en el edificio de la Fiscalía y acompañaron al agasajado, para compartir tan “inesperado” éxito, sus acólitos de más confianza. A los medios de comunicación, el eufórico funcionario les dijo entonces que una organización de la “sociedad civil” se encargaría de evaluar el nivel técnico-jurídico de sus subordinados. Al mismo tiempo ofreció conversar con el IDHUCA, de cara a los próximos tres años que ocupará el cargo. Según parece, Artiga tiene unas muy buenas y costosas asesorías en comunicaciones y relaciones públicas; de ahí que haya decidido intentar congraciarse con estas instituciones que, hasta el momento, habían críticado su gestión.

De forma similar actuó al tomar posesión del cargo, hace tres años. En aquella ocasión prometió hacer caer todo el peso de la ley sobre aquellos que resultaren responsables de la comisión de delitos contra la sociedad y la ciudadanía honesta. Sin embargo, basta con hacer un breve repaso a la ineficiente, negligente y hasta torpe labor realizada por la institución durante su mandato, para demostrar la falta de competencia de quién está al frente de la misma y de lo vacío de sus palabras.

Razones para respaldar nuestra posición, sobran. En tal sentido, debemos ampliar y aclarar lo dicho por el Fiscal General en su “fiesta particular” sobre el IDHUCA y la institución a su cargo. Entonces, a través de los medios manifestó que había más coincidencias que diferencias. Y no faltó a la verdad. Coincidir, sí que hemos coincidido; pero —dichosa circunstancia— la mayoría de las ocasiones ha sido durante procesos judiciales y por la desconfianza que las víctimas han manifestado sobre la actuación del Ministerio Fiscal.

Para comenzar podemos citar, como ejemplo, el caso Velis; caso que, por cierto, ha vuelto a ser noticia en estos días por la próxima liberación de Carlos Romero Alfaro, alias “Zaldaña”. Éste fue el autor material de la muerte del dirigente del FMLN, Darol Francisco Velis Castellanos; por tal crimen fue condenado a veinte años de prisión y el pago de quince mil colones en concepto de indemnización a las víctimas. Ojalá, superada la excitación y el jolgorio, la Fiscalía apele esta decisión de las autoridades y lo haga bien, pues —por encima de lo que digan— las estructuras criminales a las que perteneció “Zaldaña” permanecen y vienen épocas de peligrosa efervescencia electoral.

El IDHUCA también coincidió con la Fiscalía, durante la primera “administración” del Fiscal General reelecto, en el caso del cadete Erick Peña Carmona; se acompañó como querellantes hasta la vista pública. Lo mismo ocurrió en el caso García Prieto. Cuando finalmente se realizó la vista pública contra el segundo autor material de la ejecución de Ramón Mauricio García Prieto, el 25 de mayo del 2001, ahí estaba una abogada particular del Instituto acompañando a la y los agentes fiscales asignados. Además —por este caso aún no cerrado— el IDHUCA ha tenido que acudir en varias ocasiones al despacho del funcionario acompañando a los padres de Ramón Mauricio, también víctimas de amenazas. De igual forma, se han discutido con él —siempre en su despacho— casos como los de Katya Miranda, el de los jesuitas y sus colaboradoras y el de los hermanos asesinados en La Cima.
Otra de las coincidencias entre el IDHUCA y la Fiscalía, a las que quizás se refería en sus declaraciones Artiga, es el caso de Heriberto Bonilla. Este joven fue el “testigo clave” en el proceso contra la llamada “Banda del Sirra”, por el secuestro del joven Eduardo Álvarez. La Fiscalía, en aquel momento, buscaba la condena de sus integrantes y Heriberto había pertenecido a dicha agrupación criminal. Como estaba detenido, la Fiscalía le ofreció al joven el criterio de oportunidad y testificó en el juicio contra sus compañeros; a cambio de eso, se le brindaría seguridad a él y su familia integrada por cuatro miembros más. Pero la institución del Ministerio Público no cumplió a cabalidad; Heriberto fue asesinado y, “asombrosamente”, no se investigó con diligencia esa muerte.

Para que no trascendiera el crimen, la institución inició un simple trámite administrativo y de esa manera se logró silenciar el caso. La familia de la víctima comenzó a sufrir continuas amenazas y la Fiscalía no mostró interés alguno ni hizo nada al respecto. Ante la gravedad de las mismas y para su mayor seguridad, la familia buscó al IDHUCA; así se hicieron las gestiones necesarias para sacarla del país y —de nuevo— se concidió con el Ministerio Fiscal que “colaboró” con un porcentaje menor del costo realizado para lograr ese objetivo. Afortunadamente, la familia de Heriberto ya reside en el extranjero.

Asimismo, el IDHUCA ha coincidido con la administración de Artiga en cursos de capacitación donde han participado funcionarios del Ministerio Fiscal. Este tipo de actividades académicas son parte de la labor que el IDHUCA realiza para contribuir al fortalecimiento institucional en el país. Se busca que la Fiscalía, al igual que otras entidades de la administración pública relacionadas con la justicia y el respeto a los derechos humanos, cumpla su labor en estricto apego a su mandato constitucional.

No obstante, a pesar de esas diversas coincidencias y otras, a diferencia de la opinión del Fiscal General —quien dice que son pocas diferencias— el IDHUCA puede hablar de una sola discrepancia en lo relativo a su independencia y el cumplimiento de su misión. Eso ha quedado demostrado en los casos más complicados y de mayor impacto social, donde él debería mostrar su libertad de criterio y acción; es ahí donde, realmente, él podría revelar ser un Fiscal garante de la legalidad. Sin embargo, en la práctica no lo ha hecho y, por el contrario, en esos casos ha confirmado su ineptitud y temor de enfrentarse al poder. Entre otros muchos argumentos que acompañan este razonamiento, se encuentra el de la violación a la legislación secundaria, los tratados internacionales y —sobre todo— la Constitución. A éstas debería rendir —por razón de su cargo— veneración similar a la que, según sus palabras, le rinde a la Virgen de Fátima.

A todo lo dicho antes, se debe agregar su cuestionada y cuestionable actitud de aceptar la forma en que lo reeligieron. Él mismo tendría que haber exigido que lo ratificaran por sus méritos y no por arreglos políticos. Precisamente, su nombramiento —con base a semejantes componendas— pone en duda el respeto que se tiene a sí mismo, a la institución y a la sociedad salvadoreña. Obviamente, lo que ha hecho posible este nuevo obstáculo que se le pone a la justicia en nuestro país son las oscuras y deshonrosas negociaciones de los partidos de derecha y sus aliados.

De estos últimos, destaca la fracción política escindida del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): los renovadores, como ellos se llaman, pero mejor conocidos popularmente como los “arenovadores”. Algo prometía este grupo, pero resultó ser nada. En sus manos —con los cinco votos de sus representantes— estaba la posibilidad de dar la batalla por transformar esta importante institución pública, no permitiendo el método utilizado para la “renovación” en el cargo de Artiga. Pero demostraron que no les interesa la participación ciudadana y mucho menos el dolor de las víctimas, vendiendo sus votos a cambio de la inscripción de su “movimiento” como partido político.

No hace mucho tiempo, buena parte de los dirigentes del —dentro de poco— partido político, defendieron causas más trascendentales para el país desde las montañas, sin necesidad de cumplir con trámites impuestos por una legalidad ilegítima que ahora tanto les preocupa y por la cual justifican su sumisión.

Las responsabilidades que asumió Belisario Artiga hace casi tres años y que acaba de “renovar”, son fundamentales para que en el país brille la justicia. Por delante le quedan tres años para demostrar, ante todo, su independencia; en sus manos tiene suficientes casos para ello, empezando por la corrupción en la Asamblea Legislativa. Por tanto, tiene que dejar de dar respuestas políticas a los retos que le plantea su misión constitucional. Tiene que honrar su palabra, garantizar su autonomía y hacer respetar la ley sin importar quién es la víctima y —mucho menos— quién es el victimario. Mientras, desde nuestro lugar seguiremos “fiscalizando” su desempeño, sin concesiones en lo esencial.