Header image  
Experiencia de lucha  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Relato del caso

El 10 de junio de 1994, a las 15:20 horas, Ramón Mauricio García Prieto Giralt se estacionó frente a la casa de sus tías; lo acompañaban su esposa y su pequeño hijo, nacido cinco meses atrás. Bajó del vehículo y, para ayudarle a su esposa, cargó al bebé. Minetras caminaba hacia la entrada de la vivienda, Ramón Mauricio fue interceptado por un sujeto vestido de negro que salió detrás de unos árboles, le colocó en la cabeza un arma corta y le gritó: "¡Te venimos a matar, hijo de p...!" Ramón Mauricio se dirigió a la parte trasera del vehículo sin que el sujeto dejara de encañonarlo. Entonces, un segundo individuo, también armado, intervino apuntándole al niño en su pecho. Ramón Mauricio les pidió tranquilidad; por respuesta, éste último le dio una patada en los testículos y otros golpes. Como pudo, la víctima le paso el niño a su esposa y así -entre golpes, insultos, gritos y jaloneos- el tipo que vestía de negro le disparó a quemarropa en el abdomen y la cabeza. La esposa de la víctima colocó a la criatura en el pavimento para acudir en su auxilio y el hombre que disparó no se movió hasta cerciorarse de que lo había herido mortalmente.

Semanas después, exactamente el 28 de julio, presentó su informe el llamado Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política. En dicho documento, el citado Grupo Conjunto se refirió a la mutación y atomización de esasa estructuras criminales -tradicionales durante la guerra- hacia nuevas formas de organización para llevar a cabo sus actividades, en un contexto nacional y regional distinto. De esta manera, se definió un escenario de violencia más confuso y complicado que el del conflicto armado; un escenario donde estas bandas criminales formadas por agentes estatales y civiles, actuaban por iniciativa propia o vendiendo sus "servicios" para eliminar personas por razones personales, patrimoniales o de cualquier otro tipo, incluso políticas.

Uno de esos grupos críminales fue el que, haciendo uso de recursos oficiales, ejecutó a Ramón Mauricio. Sus integrantes, antes de la ejecución, le dieron seguimiento a la víctima y a sus padres en repetidas ocasiones. Dicho acoso contra la familia se recrudreció después del crimen, mediante la vigilancia por parte de sujetos armados que llegaban a su domicilio en vehículos polarizados, sin placas o con placas asignadas a la extinta Policía Nacional o a otras entidades públicas y privadas. Así, también, comenzaron las amenazas por teléfono y la intervención de sus comunicaciones. A lo anterior se sumó la obstaculización de sus investigaciones iniciales porparte de las estructuras policiales, junto al escaso avance judicial del caso.

Debido a tantos hechos intimidatorios y tan flagrantes anomalías,la familia presentó denuncia formal en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; ésta emitió su resolución oficial el 23 de julio de 1996. En dicho documento, la institución dio por establecida la violación al derecho a la vida en perjuicio de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, atribuyendo la responsabilidad de la misma a "grupos armados irregulares"; también señaló la violación al debido proceso judicial, así como al derecho a la seguridad personal en perjuicio de los padres y esposa de la víctima.

Con todo, la infatigable lucha de la familia García Prieto se ha traducido en una sistemática afectación de la seguridad personal de sus integrantes durante más de siete años, lo que evidencia la capacidad logística de quienes tratan de entorpecer la investigación para mantener en la impunidad a los principales responsables de los hechos.

Pese a la compleja y peligrosa situación que enfrenta, la familia García Prieto denunció al Estado salvadoreño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En la práctica, la intervención de la Comisión Interamericana obligó a las autoridades del país a reanudar las investigaciones por el asesinato de Ramón Mauricio; gracias a ello se logró determinar la responsabilidad del segundo autor material, pero no se ha avanzado en la determinación de la autoría intelectual del crmen. Meintras tanto, la seguridad de la familia sigue siendo amenazada. En ese marco, han tenido lugar tres audiencias ante la Comisión Interamericana. En la que se realizó el 15 de noviembre de 2001, se planteó la persistencia de la impunidad en el caso y el grave riesgo que para la familia supone tal situación; también se insistión en los más de siete años transcurridos desde la ejecución de Ramón Mauricio, sin que los mecanismos institucionales en El Salvador respondan efectivamente a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así las cosas, cumplidos nueve años tras la ejecución de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, todavía no se ha realizado una investigación que permita procesar a quien o quienes la ordenaron; tampoco se ha buscado con seriedad a los responsables direxctoas de las llamadas amenazantes, de las intervenciones telefónicas de los seguimiento y de otro tipo de actos intimidatorios contra José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, padres de la víctima. Por eso, la situación de riesgo que afecta a esta familia persistirá mientras las autoridades salvadoreñas no cumplan con su deber de investigar y sancionar -sin excepción- a todas las personas involucradas en este caso.

 

 
 

 
 
Última Hora