¿Quiénes somos?

1. Un poco de nuestra historia

Desde su fundación, el principal objetivo del IDHUCA ha sido contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas.

Desde 1980 hasta 1992, un enfrentamiento armado –originado por la crisis económica, el cierre de espacios políticos para la participación ciudadana y la constante represión– generó la violación de los derechos humanos de la mayoría de la población salvadoreña. Preocupada por lo que sucedía, la comunidad internacional se interesó en observar esa situación. Así, año tras año varios organismos gubernamentales y no gubernamentales, se dedicaron a darle seguimiento al acontecer nacional.

En el ámbito interno, el padre Segundo Montes Mozo S.J., había creado el Socorro Jurídico Cristiano (SJC), en 1975. Esta entidad funcionó en el Colegio Externado San José y brindó un valioso apoyo legal a las víctimas de la represión política y sus familiares. En 1985, el padre Montes también fundó el IDHUCA con la idea de que fuera un instituto universitario congruente con el compromiso de la UCA: de interpretar la realidad salvadoreña e influir en ella para construir de una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana. Así pues, desde la dirección del IDHUCA, se preocupó por registrar cuidadosa y rigurosamente las violaciones a estos derechos, pero su trabajo no se limitó a una simple recopilación de atropellos, sino que se esforzó por iniciar una reflexión sobre su significado teórico y práctico. Y por último, procuró movilizar a la opinión pública y organizar una red de solidaridad internacional con El Salvador.

En la madrugada del 16 noviembre de 1989, la UCA y el IDHUCA sufrieron un duro golpe por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el Padre Segundo Montes, y dos colaboradoras. A pesar de lo que significó esta pérdida, no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad salvadoreña, el IDHUCA no se detuvo en su labor y bajo la dirección del sacerdote jesuita Michael Czerny retomó su misión y su razón de ser. En este esfuerzo continuó en gran medida, gracias a la persistencia de la subdirectora del Instituto, Margaret Popkin.

Ya en esta etapa, los bandos en conflicto comenzaron a negociar el fin de la guerra. Entonces el Instituto se planteó abordar el problema del respeto de los derechos humanos a partir de un tratamiento multidisciplinario del mismo, con el objeto de propiciar, dentro y fuera de los espacios académicos, una mejor comprensión del fenómeno y posibilitar la búsqueda de propuestas fundamentadas para su solución.

Además, el IDHUCA concentró parte de su trabajo en la resolución del caso jesuitas, y desde entonces ha luchado para lograr justicia en este brutal crimen que se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una vez firmados los acuerdos de paz en El Salvador, el IDHUCA asumió un rol activo y propositivo para el cumplimiento de los compromisos asumidos. La transición hacia el régimen democrático abrió una amplia gama de posibilidades y desafíos. En ese momento llegó el actual director del Instituto, Benjamín Cuéllar. Así pues, durante la primera etapa de este período de transición, se planteó como prioridad apoyar el trabajo de la comisión Ad Hoc para la depuración del ejército, que tenía como objetivo contribuir a la transformación profunda de la Fuerza Armada a través de la evaluación de sus miembros, y de la Comisión de la Verdad, diseñada para evitar la impunidad de los crimenes cometidos durante la guerra.

Asimismo, el IDHUCA colaboró de manera decidida a la construcción y consolidación, de las dos instituciones permanentes encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país: La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Además el Instituto enfocó el área de educación en el trabajo por el fortalecimiento institucional, capacitando a funcionarios públicos en la defensa y respeto de los derechos humanos. Paralelamente a estos esfuerzos de democratización, la Oficina de Asistencia Legal del IDHUCA continuó con su labor de prestar asistencia legal a las personas que así lo requerían.

Es a partir de la experiencia de acompañamiento a la familia García Prieto en su búsqueda por la verdad y la justicia que el IDHUCA decide centrar su trabajo en la detección de las violaciones a los derechos humanos que se producen en el marco del sistema democrático. En este contexto, entiende prioritarias cuestiones como el combate de la corrupción, ineficacia e impunidad imperante en el sistema nacional de derechos humanos, y otros aspectos como el acceso a la justicia, las condiciones de detención, el acceso a la información y la libertad de expresión, la discriminación, la situación de los inmigrantes y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, y culturales.

Al mismo tiempo, se consideró ineludible la tarea de mantener viva la memoria del pasado y continuar la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por durante el conflicto bélico.

Asimismo, procuró informar, tanto a la población como a las personas que están a su servicio dentro de la administración pública, sobre los éxitos logrados por quienes se animaron a participar de manera activa en la solución de sus problemas usando las instituciones del Estado en forma individual y/o colectiva.

A raíz de su vasta trayectoria, el IDHUCA es consultado por víctimas de violaciones a los derechos humanos, abogados, entidades no gubernamentales y universidades, que piden el acompañamiento y asesoramiento en causas judiciales que involucran diferentes temas. Algunos de ellos lo han hecho pese a que ya cuentan con una representación legal; otros han acudido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la PNC o a la Fiscalía General de la República (FGR) y desean que se le dé seguimiento y fiscalización al trabajo de dichas instituciones o que se analice si tales instituciones han actuado de forma correcta.

Por otra parte, se intenta incidir en la PGR, FGR, PNC y PDDH a través de la presión que el Instituto y las víctimas realizan para que mejoren la calidad del servicio que prestan, respeten los derechos humanos y se apeguen a los procedimientos legales, con eso se espera que la población tenga un mayor acceso a la justicia.

En ese mismo esfuerzo, desde su creación el IDHUCA investiga y propone a la sociedad y al Estado medidas para garantizar el respeto de la dignidad humana. Para eso, cuenta con un área de Análisis y Comunicaciones que también monitorea las noticias relacionadas con la situación de derechos humanos en el país, elabora editoriales radiofónicos para YSUCA, así como artículos para el semanario Proceso de la UCA y la revista ECA.

Asimismo, a través de los distintos medios de difusión que tiene a su alcance, el IDHUCA mantiene una constante labor de información y denuncia. Así se logró, por ejemplo, colocar en la agenda pública el problema de la desprotección de víctimas y testigos, se presentó una propuesta para la construcción de un nuevo marco jurídico que sirvió de base en la elaboración del que se encuentra vigente en la actualidad. Así, se dio el primer paso en este ámbito para el combate de la impunidad.

Además, se han creado nuevos espacios culturales para propiciar la participación de las personas. Éstos son un canal alternativo para promover los derechos humanos. Entre ellos está el Festival Verdad que se realiza durante marzo y en el que participan artistas nacionales e internacionales.

Otra forma de incidir en el fortalecimiento de las instituciones ha sido el desarrollo de diplomados sobre derechos humanos, victimología y resolución alternativa de conflictos con funcionarios del Ministerio Público y miembros de la PNC que posteriormente conformaron la Unidad de Derechos Humanos.

Además, en el IDHUCA los estudiantes de Derecho realizan su servicio social y práctica jurídica para obtener su autorización en el ejercicio de la abogacía y pasantes esto les da la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos y ganar la experiencia necesaria para su desarrollo profesional posterior.

Actualmente, el IDHUCA ha trabajado en la formación, organización, consolidación y funcionamiento de diez Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, una Comisión de Derechos Humanos vinculada con la Parroquia de San José las Flores (Tonacatepeque) y dos mesas interinstitucionales de prevención de la violencia en los municipios de Colón y Zacatecoluca. Por ese esfuerzo que incluye instituciones del estado y de la sociedad civil, el IDHUCA fue reconocido en el 2004 con el Premio de los Derechos Humanos de la Republica Francesa.

Finalmente, el seguimiento del IDHUCA a la realidad nacional y el funcionamiento de las instituciones estatales permitió reabrir una línea de trabajo que antes había sido impulsada –de forma pionera – por Segundo Montes: la emigración. Desde enero del 2001, el IDHUCA ha extendido sus servicios de asesoria legal a migrantes y sus familiares, nacionales y extranjeros; además, ofrece capacitación sobre el tema con enfoque de derechos humanos y ha realizado investigaciones bajo la modalidad de monitoreos, para develar la ausencia de un debido proceso administrativo a favor de población migrante y la necesidad de una moderna legislación en la materia. El IDHUCA también está interesado en facilitar mecanismos de participación política real de la comunidad salvadoreña en el exterior, pese a que el gobierno de turno no está dispuesto a reconocerles ese derecho. Todo lo anterior obliga, inevitablemente, a revisar las causas estructurales de la emigración de la población salvadoreña.

A continuación se ofrece una sinopsis de los principales programas administrados por el instituto, con los cuales se pretende contribuir –en la medida de sus posibilidades – a que en El Salvador se garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos, se democratice el país y se viva en una sociedad conciliada.

Litigio estratégico

Desde hace veinte años, el IDHUCA ofrece –de forma individual o colectiva – asistencia legal a personas que les han violado sus derechos o que potencialmente pueden ser víctimas de alguna violación a los mismos. Lo hace desde la prevención para que no ocurran los atropellos –como sucede con la legalización de tierras – hasta la acción judicial y política para resguardar vidas, como pasa hoy en día con las extorsiones, o para empujar el funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos (SNDH) –compuesto por Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR), Órgano Judicial (OJ) y Policía Nacional Civil (PNC)–a fin de procesar y sancionar a los responsables cuando, por ejemplo, se ha cometido un homicidio y el Estado no actúa como es debido.

Para tener una idea de la dimensión de ese trabajo, se debe considerarse que a lo largo del 2004 el IDHUCA atendió 1,751 denuncias; en el 2005, fueron 1,763 y en lo que va del 2006 ya pasan de las 1,250. La mayoría de las personas interesadas recibe asesoría para acudir a las entidades estatales correspondientes, pero a las víctimas de las violaciones más emblemáticas se les ofrece una representación completa que incluye el acompañamiento legal, así como una estrategia política y mediática.

Ambos escenarios constituyen el litigio estratégico que impulsa el IDHUCA en los ámbitos nacional e internacional (Fuera del país se pueden mencionar los casos Jesuitas, García Prieto, Katya Miranda y otros). Esa labor le ha permitido adquirir progresivamente –a lo largo de dos décadas – habilidades diversas y un vasto conocimiento sobre los principales abusos que afectan y deterioraran la calidad de vida de mucha gente en el país; también ha posibilitado conocer la opinión de la población acerca del funcionamiento de las entidades integrantes del SNDH y comprobar cómo las condiciones económicas, sociales y culturales en que viven muchos sectores influyen para que no reciban justicia. También, con su labor, el IDHUCA conoce más de cerca las acciones promovidas por las instituciones estatales que –para bien o para mal – impactan en la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y el pleno respeto de los derechos humanos en el país.

En El Salvador, el IDHUCA es uno de los pocos espacios en la sociedad con dicha experticia –la del litigio estratégico – y con información derivada de esa labor, importante tanto en cantidad como en calidad.

Educación y capacitación

En el país, algunas instituciones estatales han identificado vacíos sustanciales en el conocimiento de los derechos humanos que, obviamente, influyen en la actuación de sus funcionarios al momento de darle tratamiento a los casos bajo su responsabilidad. No obstante, carecen de capacidades y presupuesto suficientes que les permita superar tales limitaciones. Por eso, el IDHUCA ha trabajado en este ámbito desde hace varios años impulsando – como estrategia prioritaria – la inclusión del enfoque de derechos humanos en el desempeño de las entidades integrantes del SNDH a través de diversas actividades de educación y capacitación como talleres, seminarios, cursos especializados y diplomados. Entre el 2004 y el 2006, han participado en éstas quinientos funcionarios y funcionarias.

Otro esfuerzo que merece atención es la estrategia de promover –a partir de las lecciones aprendidas en las luchas exitosas protagonizadas por víctimas que acompaña el IDHUCA – procesos de empoderamiento y organización de la población en las localidades para la defensa y protección de sus derechos. Así se le ha incentivado para asumir, también, el necesario protagonismo en el ejercicio de la contraloría social y la exigencia a los funcionarios públicos para que rindan cuentas. La utilización de esos casos emblemáticos, como herramienta pedagógica y de estímulo, ha resultado ser un mecanismo que facilita la participación para la denuncia de casos de violación a sus derechos. Estas experiencias prácticas se reflejan en el funcionamiento dentro del país de diez Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia, una Comisión de Derechos Humanos vinculada con la Parroquia de San José las Flores, municipio de Tonacatepeque, y dos mesas interinstitucionales de prevención de la violencia en los municipios de Colón y Zacatecoluca.

Por ese esfuerzo educativo en derechos humanos que incluye instituciones estatales y sociedad civil, el IDHUCA fue reconocido en el 2004 con el Premio de los Derechos Humanos de la Republica Francesa.

Comunicación social e incidencia política

El litigio estratégico de casos emblemáticos es insuficiente, si no va acompañado de la denuncia y la presión pública hacia los funcionarios del Estado. Muchos de esos casos no han avanzado judicialmente por la impunidad prevaleciente en el país, pero su impacto en la sensibilidad de la sociedad es tan relevanteque ha conmovido a muchagente y movido a otras víctimas (como en los casos Katya Miranda, cadete Peña Carmona, García Prieto y Jesuitas, por citar algunos). Además, han trascendido las fronteras nacionales; por ejemplo, al aparecer en el informe de derechos humanos en el mundo que anualmente de publica el gobierno estadounidense o ser tramitados exitosamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Comunicar ampliamente experiencias de lucha a la sociedad es algo imprescindible para sacudir conciencias y voluntades de otras víctimas y ciudadanos, pero también para animarlas a la participación organizada. Por eso, el IDHUCA cuenta con una oferta de comunicación social en derechos humanos con espacios mediáticos –en radio, televisión, Web y revistas universitarias – en los que víctimas, funcionarios y organizaciones sociales debaten, se transmiten vivencias y alcanzan compromisos..

El monitoreo de denuncias, el litigio estratégico y el seguimiento de la información oficial y periodística permite al IDHUCA contar con una herramienta para demostrar la existencia de patrones de impunidad y –desde ahí – plantear propuestas de solución. Con ese esfuerzo se logró, por ejemplo, colocar en la agenda pública el problema de la desprotección de víctimas y testigos; a eso le siguió la presentación de una propuesta para la construcción de un nuevo marco jurídico que –con deficiencias y limitaciones – se encuentra vigente en la actualidad, con lo que se dio el primer paso en este ámbito para el combate de la impunidad.

El IDHUCA es así un referente par la opinión pública, los medios de comunicación masiva y otros entes –como el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, diversas embajadas, universidades extranjeras y organizaciones de derechos humanos como Washington Office on Latin America (WOLA), entre otros.

El Festival VERDAD

Después de los cambios formales suscitados tras el fin de la guerra, en el país se lograron concretar positivamente nuevas leyes e instituciones. Luego del arranque entusiasta del proceso de pacificación, en un recorrido con lentos avances y posteriores retrocesos graves, hoy la sociedad salvadoreña camina en sentido contrario con desesperanza, desconfianza, individualismo y apatía para ejercer ciudadanía mediante su participación organizada.

A revertir tal estado de cosas apunta el fundamento de este evento: convertirse y consolidarse como un espacio para fomentar –a través de la reflexión – la comunicación, la coordinación y la acción mediante el desarrollo de una cultura ciudadana democrática activa y favorable a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país y la región. A casi diez años de su creación, lo más importante es que en el Festival VERDAD coinciden víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, artistas y funcionarios para conversar, reflexionar, intercambiar experiencias e impulsar procesos de participación.

El Festival VERDAD se ha ubicado entre los eventos académicos, culturales y de debate más sobresalientes de América y el mundo. Esto fue reconocido en el exterior al otorgarle, en el 2002, una mención especial en el marco del Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa.

Emigración: acción desde los derechos humanos

El seguimiento del IDHUCA a la realidad nacional y el funcionamiento de las instituciones estatales permitió, oportunamente, reabrir una línea de trabajo que antes había sido impulsada –de forma pionera – por Segundo Montes: la emigración. El jesuita fundador del IDHUCA no sólo fue visionario; también sigue vigente.

Además del peso específico de este tema en materia de derechos humanos, lo que obliga a trabajarlo como tal, también se ha asumido como un eje transversal por su impacto –concreto e importante – en las vidas de una alta y significativa cantidad de población, en la sociedad en general y en la región.

Institucionalmente se comprende que la salida permanente de compatriotas al exterior, en condiciones irregulares y sin la más elemental información, obedece a una situación generalizada de exclusión social y de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales, aunque últimamente también la población está emigrando para defender el elemental derecho a la vida y a su integridad física y moral, a causa de la violencia y la incapacidad gubernamental de frenarla.

Desde enero del 2001, el IDHUCA ha extendido sus servicios de asesoria legal a emigrantes y sus familiares, nacionales y extranjeros; además, ofrece capacitación sobre el tema con enfoque de derechos humanos y ha realizado investigaciones bajo la modalidad de monitoreos, para develar la ausencia de un debido proceso administrativo a favor de población emigrante y la necesidad de una moderna legislación en la materia. El IDHUCA también está interesado en facilitar mecanismos de participación política real de la comunidad salvadoreña en el exterior, pese a que el gobierno de turno no está dispuesto a reconocerles su derecho al voto.

Todo lo anterior obliga, inevitablemente, a revisar las causas estructurales de la emigración de la población salvadoreña.

Para continuar actuando en el marco del compromiso con la población que abandona el país y quienes se quedan en éste –familiares y población en general – se requieren el diseño de estrategias de intervención en las condiciones actuales y su puesta en marcha. Asimismo se necesita sumar fuerzas, para multiplicar resultados.

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2. Misión Institucional

Contribuir a que la población salvadoreña logre vivir con Justicia y respeto a sus Derechos Humanos.

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Objetivos específicos

Funcionarios y actores sociales desarrollan mayores niveles de sensibilidad, conocimiento y organización en el marco de los derechos humanos.

Actores sociales demandan justicia y funcionarios del Sistema de Protección de los Derechos Humanos (SPDDHH) responden efectivamente.

Actores sociales hacen propuestas para incidir en decisiones del Estado relacionadas con la vigencia de los derechos humanos.