Propuestas y publicaciones

Elementos para una política de prevención de violencia

Está claro que los problemas de violencia, delincuencia y criminalidad que vive El Salvador desde la posguerra y que se han acentuado en los últimos cinco años hasta convertirse en el problema principal que preocupa a la sociedad, es multicausal (salud, educación, empleo, policía, judicial…) y como tal requiere un abordaje multidisciplinario que atienda la causalidad, dimensión, características y las consecuencias de cada uno de los aspectos violentos intervinientes. Si bien tal argumentación es simple, no lo son las formas operativas de enfrentar la violencia, por el contrario representan un desafío extraordinario por vencer que toma su tiempo.

Los elementos para una política de prevención de violencia están orientados a la realización de acciones estatales y societales, dirigidos a establecer las condiciones para que la sociedad salvadoreña disfrute de un bien público denominado seguridad ciudadana. Se trata de que cada uno/a de los salvadoreños/as gocen de un entorno de tranquilidad individual y colectiva para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades al tiempo que actúan y establecen las condiciones que procuren la seguridad.

El IDHUCA está convencido de que prevenir la violencia es la estrategia ideal para garantizar la creación de condiciones de sostenibilidad para un entorno de seguridad de la ciudadanía, de ahí que el énfasis de los elementos para una política de prevención de la violencia tiene dos signos que le caracterizan, el primero es la participación organizada de los diferentes actores sociales y el segundo es el acento en los jóvenes.

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Los derechos humanos en el 2009

El balance sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el 2009, que tradicionalmente elabora el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), no dista demasiado del realizado el año anterior respecto a los avances y retrocesos en la materia; sin embargo, dos hechos caracterizan el actual. El primero: la profundización de la crisis mundial, según la cual se asegura que el país “tocó fondo”. Lo interesante de ese entorno crítico es que no queda alternativa más que emerger; como bien dice Joan Manuel Serrat: “Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”. El segundo: la llegada al Ejecutivo de una administración identificada con las más altas aspiraciones de las mayorías populares, encabezada por un presidente quien asegura que su fuente de inspiración proviene del legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el obispo mártir. 

El resultado de este proceso de investigación, análisis y reflexión puede resumirse en una frase: el 2009 fue un mal año, pero coloreado por algunas esperanzas. Los efectos rezagados de la crisis mundial hicieron que la economía nacional retrocediera hasta su contracción, impactando los desequilibrios consuetudinarios en la balanza comercial y la fiscal. El presente documento revela con crudeza que, año con año, se evidencian carencias las cuales se van acumulando y que –al tiempo que impiden el despegue de aquella– refuerzan el círculo perverso de exclusión, marginación y pobreza. De manera contradictoria, frente a los saldos rojos del año emergen caprichosamente los anhelos o– quizás– las necesidades irreductibles de las mayorías.

Las expectativas optimistas generadas por la llegada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Mauricio Funes a ocupar el Órgano Ejecutivo por primera vez en la historia del país, apuntaban a que ahora sí se resolverían viejos problemas con una inercia en la que el deseo es más fuerte que las restricciones; ese fue el signo del segundo semestre del año. Interpretando tal dinámica, dominó la idea de que la llegada del “gobierno del cambio” haría resplandecer la esperanza y con ella vendría la remoción de las injusticias estructurales. Pero más allá de las aspiraciones y de las buenas intenciones, existen pocas razones que induzcan a confiar en la materialización práctica de ese buen ánimo.

Planteado desde el pensamuiento del rector mártir, Ignacio Ellacuría, los derechos humanos no deben convertirse en una inacabable enumeración de preceptos que al final terminan siendo anhelos frustrados para las mayorías populares. Por ello, en la presente reflexión conviene realizar un examen de los mismos priorizando lo más urgente pero considerando dos etapas. Una: la de cierre de la administración de Antonio Saca, quien clausuró el último día de mayo la permanencia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el gobierno central durante cuatro períodos, con regímenes autocráticos e ideológicamente conservadores y derechistas que se encargaron de crear y reproducir modelos de funcionamiento en favor de una minoría colocada encima del bien común. La segunda, de junio a diciembre, con una administración –la del presidente Funes– signada por una suerte de promesas por cumplir que se impuso con el lema de campaña: “Nace la esperanza, viene el cambio”.

A lo largo de los últimos veinte años –con dieciocho sin guerra– el marco normativo y las instituciones creadas o recreadas, estructuradas o reestructuradas, organizadas o reorganizadas para el desarrollo normal del país, no trabajaron en función de eso sino que se dedicaron a garantizar el resguardo de privilegios particulares. El funcionamiento, la actuación, las costumbres institucionales en las últimas dos décadas desarrollaron un tinglado de reglas tácitas que condicionaron la actuación de actores públicos y privados, al punto de coaccionar a las disidencias y manipular la opinión pública a través de estrategias publicitarias meticulosamente diseñadas para la creación de imágenes sugestivas pero artificiales.

Esa pérfida costumbre se fue asentando y los males derivados de la misma fueron soportados por la población con estoicismo; las actuaciones indebidas y los vicios generalizados de diversos actores públicos, que se hicieron cada vez más frecuentes hasta convertirse en el pan de cada día, gozaron del beneplácito de casi todos los medios de difusión masiva; ante la falta de aplicación de las leyes e independencia de poderes prevaleció la indiferencia ciudadana, más preocupada por resolver sus propias urgencias. Los ejemplos de conductas impropias  abundan: solicitud de “mordidas”, licitaciones amañadas, gastos reservados, la llamada “flexibilización laboral”, el nombramiento tardío de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) así como el Fiscal General y el Procurador General de la República.

En suma, la sociedad salvadoreña –como pretendieron los integrantes de la Comisión de la Verdad– transitó de la locura a la esperanza pero por un muy corto tiempo; a esta última la “rentearon” y asesinaron quienes debían convertirla en una realidad en la línea del cumplimiento exacto del Acuerdo de Ginebra. En lugar de conducir bien esa transición, se pasó del estado de locura durante la guerra al de la impunidad discrecional en la posguerra y de ahí a uno de desorden que propició –por lógica– mayor delincuencia común y crimen organizado con sus consecuencias violentas y fatales. Ese resultado no deseado por la sociedad, provino de la irresponsabilidad rampante que ha caracterizado a la administración pública salvadoreña durante las últimas dos décadas. Y en esto no debe incluirse sólo las dependencias del Órgano Ejecutivo, empezando por su cabeza; también tienen su parte de responsabilidad el Legislativo y la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras entidades.

El paso de ese estado delincuencial y de impunidad discrecional al Estado de Derecho, no es automático ni se conseguirá sin más sólo con sentar en la silla presidencial a alguien que no es de ARENA. Los siete meses transcurridos de junio a diciembre del 2009, fueron insuficientes para remover todos los obstáculos erigidos por la injusticia estructural e histórica; apenas bastaron para que las nuevas autoridades tuvieran claro el diagnóstico, ya no como oposición sino como gobierno central, y comenzaran a aplicar medidas para el tratamiento de esas graves “enfermedades” sociales; en ese período, el cambio prometido hizo crecer la esperanza de que al menos se aplicaría la ley, operarían las instituciones y se combatirían las causas estructurales de los problemas para avanzar hacia el desarrollo, la justicia social y la equidad.

La imaginación ilusionada del inconsciente colectivo vio en el horizonte la posibilidad de superar –ahora sí– uno a uno los problemas de violencia, destrabajo, impunidad e ineficacia institucional para pasar a resolver asuntos estratégicos como el de la profunda brecha de la desigualdad social. Pero tanto lo primero como lo segundo no se logrará sin la determinación clara de que es necesario desarrollar una ciudadanía fuerte y demandante, esto debe entenderse como la participación de la gente organizada o no desde la niñez, la juventud y la población adulta en la defensa de sus derechos en todos los ámbitos; participación ciudadana activa e inteligente, para alcanzar verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de antes, durante y después de la guerra, afectadas tanto en sus derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales, culturales y ambientales. Si las políticas estatales continúan diciéndoles que no es el momento y dejándolas para más tarde, no habrá ni democracia ni armonía en el país.

La certeza de que el actual gobierno no podrá zanjar del todo esas deudas con las mayorías populares, exige comenzar hacer todos los esfuerzos para impulsar lo posible hasta ahora imposible; eso reclama un compromiso audaz para la puesta en marcha de un plan que establezca los pasos a dar para encarar cada desafío, de tal suerte que sea posible el respeto irrestricto de los derechos humanos sin distingo. Por el contrario, si esta administración no despega y continúa con prácticas del pasado, aunque con diferentes formas, se postergará la superación de los males.

Como se apuntó, la esperanza flotó y se palpó en el ambiente de junio en adelante durante el 2009 porque mucha gente confió en la voluntad decidida de impulsar un cambio transformador y visionario que proyecte a El Salvador hacia la justicia en todos los ámbitos como fundamento indispensable de la paz. Quedan cincuenta y cuatro meses para evaluar si se cumplieron las promesas; si se pasó de la palabra a la acción. Este balance de derechos humanos pretende contribuir a establecer la requerida auditoría social, objetiva y permanente, a fin de ofrecer algunos insumos que sirvan para ello. También intenta contribuir a incentivar la participación consciente e informada de la población para exigir lo que por derecho corresponde: vivir con dignidad.

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El IDHUCA ante la suspensión de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia

“Ves cosas y dices, ¿por qué?
Pero yo veo cosas y digo,
¿por qué no?”
(Sir George Bernard Shaw)

 ¿Da cólera lo que ha hecho la llamada “clase política” con el país después de la guerra? ¿Indigna que lo haya maltratado, manoseando las instituciones estatales que tantas vidas y dolor costaron al pueblo para crearlas y recrearlas? ¿Se puede aguantar más, permitiendo que se siga haciendo de forma impune?

Sí, da cólera e indigna. Pero de poco sirve gente enojada e indignada si no hace nada colectivo, firme y eficaz por revertir el rumbo de un Estado que transita de tiempos muy difíciles −conflicto armado y dilatada posguerra− adías peligrosos de crisis que ya tienen ubicado a El Salvador en una situación económica y social similar, al menos, a la de hace una década. El gran riesgo está en que, además, su agravamiento reedite −más allá del tiempo y las obvias diferencias− condiciones políticas de violencia, graves violaciones de derechos humanos y choques recurrentes entre fuerzas de seguridad y grupos sociales exigiendo el cumplimiento de sus demandas, como en la década de 1970.

¿Estaba bien el país antes de las crisis financiera, alimentaria y energética globales? ¡No! Esos golpes sólo se suman a los que, en El Salvador, le han pegado los partidos políticos a la esperanza de una sociedad que imaginó el inicio de una nueva convivencia, tras la firma de los acuerdos de paz. Pero eso no se logró a plenitud y, en el entorno actual, lo poco que se avanzó está amenazado. Aquellos se dedicaron a roer las herramientas básicas para realizar ese anhelo: las instituciones mandadas a combatir el crimen y superar la impunidad, mediante una buena investigación del delito y una cabal impartición de justicia. Léase: Fiscalía General de la República (FGR) y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Porque −dice Martin Luther King− “la verdadera paz no se caracteriza por la ausencia de tensiones, sino por la presencia de la justicia”.

Con una FGR y una CSJ conducidas por personas idóneas, técnicamente capaces y con estatura moral, se podría enfrentar esa impunidad que cobija la corrupción, el crimen organizado, la violencia en sus diversas expresiones −sobre todo la que lesiona la dignidad de mujeres, niñas, niños y jóvenes− y otros actos que perjudican a la población en lo económico, político y social.

Pero no. Y los partidos políticos, no pagan la factura por el daño que le causan a una sociedad agobiada por el deterioro de su calidad de vida, la inseguridad y el mal uso de los fondos públicos. También por la falta de acción ciudadana −fruto del desencanto o la prioridad de la subsistencia− y las acciones de grupos “dirigidos”, escasos de imaginación por su sumisión al pensamiento único que es propio de cualquier “comisión política”.

Lo último que ha ocurrido podría calificare como el colmo, pero la realidad partidista del país no da para eso porque nadie puede asegurar que pase algo peor en este “Macondo” institucional salvadoreño. No hay Fiscal General y la Sala de lo Constitucional de la CSJ −la más censurable de la posguerra hasta hoy, salvo por el actuar de la magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés− ha detenido la elección de sus nuevos integrantes tras admitir una demanda de Amparo, infundada a todas luces, en favor de Michelle Gallardo de Gutiérrez.

Responsables de eso y de sus graves consecuencias para el país son el Consejo Nacional de la Judicatura y la Sala de lo Constitucional, a excepción del caso de la mencionada magistrada; pero, sobre todo, las diputadas y los diputados que designaron sus miembros a partir de intereses particulares, mezquinos y censurables, del todo alejados de los que deberían prevalecer: los de la Nación.

La condena moral, política e histórica a quienes dañaron y dañan las instituciones estatales es un acto de dignidad nacional que debe expresarse en hechos concretos y efectivos, dentro y fuera del país. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó el pasado lunes 11 de mayo, demanda de Amparo y amicus curiae en apoyo al voto razonado de la magistrada Velásquez de Avilés. El IDHUCA analiza otras iniciativas, a fin lograr que −ante afrentas al país como las citadas− en El Salvador se pase del por qué ocurren los males al porqué no se castiga a los malos, con amor por la justicia.

San Salvador, miércoles 13 de mayo del 2009.

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Declaran improcedente el amparo del IDHUCA

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Recurso de amparo presentado por el IDHUCA por permitirsele al fiscal adjunto asumir como Fiscal General

Resolución de la Corte Suprema de Justicia

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Observatorio electoral 2004

Las elecciones constituyen uno de los pilares en los que se basa el ejercicio de los derechos políticos de las y los salvadoreños. Su desarrollo transparente en condiciones de igualdad y libertad, por citar algo fundamental, sirve para promover la democracia y darle legitimidad a este ejercicio ciudadano. Sin embargo, este no es un fin en sí mismo; es apenas la mejor vía para llegar a otro cometido mucho más elevado: el bien común, que incluye el hecho de que la sociedad entera participe en la delegación del poder político y posteriormente tenga la capacidad de controlarlo.

Esta formación de gobierno tiene, a su vez, relación con la plena sujeción de los funcionarios electos a las leyes y con el respeto a los límites que establecen los derechos humanos, cuyo goce integral depende del ejercicio racional del poder a favor de las mayorías gobernadas. La Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece en el artículo 3:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Esta Carta además de contemplar aspectos formales de la democracia representativa reconoce que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, los Estados tienen la obligación de “promover y fomentar diversas formas de participación para fortalecer la democracia.

Con las elecciones se pueden alcanzar –en parte– algunos de estos objetivos y construir una democracia formal en la que se desplieguen actores políticos y sociales, leyes e instituciones que garanticen el cumplimiento de un verdadero Estado de Derecho. Además, constituyen la puerta de entrada para verificar que los gobernantes elegidos trabajen por alcanzar una democracia real, es decir, aquella en que existen “oportunidades cada vez mayores y mejores, para una vida digna de amplio impacto; ésta también exige la existencia de condiciones para que toda la población, sin distingo alguno, pueda aprovechar esas oportunidades”.

Tras el fin de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador adecuó su marco legal y su institucionalidad a la nueva realidad democrática. Pese a ello, no puede darse por sentada la existencia de cambios relevantes en la práctica política, debido a la constante debilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como ente rector de la administración y organización de las elecciones, además del desempeño éticamente cuestionable de los partidos políticos en la solución de los principales problemas de la población.

En la práctica, los esfuerzos por establecer y consolidar la democracia salvadoreña han encontrado algunas limitantes en los eventos electorales de la última década del siglo pasado y los desarrollados en los últimos años del presente, caracterizados por la baja participación de votantes en los comicios y la poca credibilidad en los partidos políticos. El grado de abstencionismo en las elecciones presidenciales de 1999 se destacó por ser uno de los más elevados: 61.4%.

En el presente informe se ofrecen argumentos a favor del ejercicio de un voto consciente y razonado, y se cristaliza una observación de lo ocurrido antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 21 de marzo de 2004. De ahí se parte para realizar un balance de tales comicios y se extrae aquellas reflexiones que permitirían mejorar y valorar aspectos que inciden en la calidad de la democracia que se pretende construir.

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Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

Diversos instrumentos internacionales reconocen los derechos a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente sano, entre otros; consideran, además, que su satisfacción resulta necesaria para garantizar la dignidad humana de toda la población. La dignidad humana suele definirse como “un valor espiritual y moral inherente a la persona que ha de permanecer inalterado cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentra, constituyendo un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar”. Como se observa, este tipo de definición es demasiado abstracta, pues no establece los límites de dicho valor y tampoco señala las maneras a través de las cuales se atenta en su contra.

En ese sentido, la dignidad humana es un concepto complicado que suele invocarse constantemente para justificar la existencia de algún derecho. Casi siempre se hace de forma vaga y carente de argumentación respecto a su definición. Por lo tanto, el uso de este concepto en el ámbito de los derechos humanos es con frecuencia retórico, repleto de lógica circular y redundancias que no logra precisión. Se pretende concebir el contenido de la dignidad humana como valores presumiblemente intuitivos y a veces sin acceso desde la racionalidad.

Resulta llamativo que el principio de la dignidad humana en el cual se basa el ordenamiento de todos los derechos humanos, la democracia y los sistemas judiciales de los Estados, reciba poca atención académica en el ámbito legal. En contraste, su contenido ha sido desarrollado desde diversas posturas filosóficas a través de los siglos, tanto desde el punto de vista religioso como del secular.

Conocer los principales argumentos que se han elaborado acerca de la dignidad humana, es importante para entender cómo este concepto ha llegado a ser universalmente aceptado dentro del marco legal actual. La idea de que los seres humanos tienen una cualidad intrínseca que los distingue de los otros animales y los hace superiores a ellos, ha dominado implícita o explícitamente en el pensamiento de la humanidad a través de casi toda la historia. Esta concepción se encuentra tanto en el pensamiento judeocristiano como en el griego, los cuales constituyen las fuentes del pensamiento occidental que –a su vez– ha dominado en materia de derecho internacional.

La concepción del ser humano como “imagen de Dios” y poseedor de libre albedrío, sigue teniendo una tremenda influencia en los tiempos modernos; aunque, cabe reconocerlo, el respeto al pluralismo religioso y la libertad de creencia prohíbe su planteamiento explícito en el texto de los instrumentos internacionales como fundamento de la dignidad humana. En efecto, con el inicio de la modernidad se realizaron reflexiones acerca de la dignidad humana basadas en la razón, dejando de lado las afirmaciones dogmático religiosas. Una de las posturas más notables fue la de Emmanuel Kant, para quien todos los seres humanos tienen dignidad y son merecedores de respeto porque son los únicos seres auto legisladores, capaces de dictar una ley moral a sí mismos. Por lo tanto, esta autonomía moral conlleva la idea de que el ser humano sólo puede ser un fin en sí mismo y nunca utilizado como un medio.

Por otro lado, en la segunda mitad del siglo pasado John Rawls planteó que la justicia –la cual incluye el respeto por la dignidad humana– se alcanzaría si las reglas para la sociedad fueran establecidas bajo una
“vela de ignorancia” en la cual nadie conociera ni su posición social y económica ni sus habilidades mentales y físicas, ya que toda persona racional optaría por incluir varias protecciones para los más débiles. Existen otras posturas racionales que explican la dignidad humana desde diferentes puntos de vista, pero ninguna puede ponderarse como la predominante. En efecto, la falta de debate sobre este tema en la esfera del derecho internacional puede ser deliberada por el hecho deque “un ordenamiento jurídico que respete la libertad ideológica y religiosa de la persona, y que permanezca fiel al principio de laicidad o neutralidad ideológica, no puede concretar el fundamento último de la dignidad de la persona, pues ello supondría privar a sus ciudadanos de la libertad para deducir el fundamento último de la dignidad del ser humano en función de su forma de entender el mundo”. De esta manera, la noción de dignidad humana ha llegado a ser un valor con aceptación universal sin que tenga el mismo nivel de unanimidad con relación a sus fundamentos teóricos.

Atendido lo anterior, surgen dos cuestiones claves para los derechos humanos incluidas en el concepto de dignidad humana arriba citado. La primera consiste en que ésta no depende de ningún otro comportamiento o cualidad del individuo; por ende, no existe ninguna justificación para que un ser humano pierda su dignidad o alguien pretenda quitársela. La segunda es la igualdad en dignidad de los seres humanos. Toda persona tiene la misma. Entonces, la universalidad de la dignidad humana requiere que todas las personas vivan en un estado de igualdad. Es decir, la persona más rica y poderosa tiene la misma dignidad humana que la persona más pobre y marginada.

Con la aceptación de los principios de universalidad e igualdad, la dignidad humana ha servido como fundamento de todos los derechos humanos. Sin embargo, la manera como se ha podido desarrollar su contenido es a través de un “consenso gradual” sobre la primacía de los derechos humanos. Como parte de este consenso aparecen los DESC, entendidos como derechos de las personas para el ejercicio efectivo de su dignidad.

Muchas han sido las interpretaciones sobre los DESC y su relación con la dignidad humana. En el presente documento se defiende la postura que considera a los DESC como necesarios para el pleno goce de los otros derechos humanos, tanto civiles como políticos. Esta postura choca con las perspectivas “restrictivas”, que considera que los derechos civiles y políticos no tienen ninguna interrelación con los DESC.

Una de estas nociones “restrictivas” afirma que los derechos humanos se dividen en tres distintas “generaciones” y que cada una de éstas requiere el cumplimiento de diferentes tipos de obligaciones por parte de los Estados. Tal línea de pensamiento se popularizó en 1977 debido a los esfuerzos de Karel Vasak, quien entonces se convirtió en el asesor jurídico del Comité Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas.3 Según esta teoría, la “primera generación” correspondía a los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Se conocieron como derechos “negativos” porque, se afirmó, el deber estatal limitaba a no interferir. En la “segunda generación” se incluyeron los DESC, cuyos antecedentes se encuentran en las proclamas de las revoluciones rusa y mexicana; éstos quedaron registrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), cuyas obligaciones estatales son de índole positiva; es decir, de prestación. Intrínsicamente ligados a esta concepción, los derechos de “primera generación” son no sólo más justiciables sino que superiores a los de “segunda generación”.

La postura sobre la existencia de distintas obligaciones estatales según la “generación” de derechos humanos, ha sido superada por una visión integral acerca de los mismos. Un enfoque “generacional” o cualquier otro que no reconozca la interrelación de todos los derechos humanos, deriva en una discriminación que fomenta y refuerza la desigualdad social. En efecto, se ha optado por una visión integral de los derechos humanos que comprende los DESC como “los límites mínimos que debe cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el funcionamiento de sociedades justas y para legitimar su propia existencia”.

Dicha conceptualización integral de los derechos humanos resulta esencial para la dignidad humana y es el punto de partida adecuado para desarrollar el tema de la justiciabilidad de los DESC. En tal sentido, la Declaración de Viena de 1993 reafirma la siguiente norma: “Todos los derechos humanos son universales, interdependientes e interrelacionados. La comunidadinternacional debe tratar los derechos humanos globalmente de forma justa y equitativa, en pie de igualdad y con el mismo énfasis”.5 En efecto, cualquier
argumento que menosprecie los DESC es inaceptable en todo contexto jurídico, sea nacional o internacional.

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El IDHUCA ante la propuesta de Ley Antiterrorista

La lucha contra el terrorismo no puede desvincularse de la protección de los derechos humanos y la democracia; éstas son responsabilidades complementarias de los Estados. Precisamente, el fin último de cualquier campaña a desarrollar contra ese fenómeno es preservar la institucionalidad democrática, el respeto de la ley y la vigencia de los derechos humanos; no lo contrario.

Partiendo de lo anterior, a continuación se exponen las consideraciones del IDHUCA en lo relativo a la propuesta de una Ley Antiterrorista que, en la actualidad, se está discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa y en algunos espacios de la sociedad salvadoreña. Tras presentar un breve marco referencial desde el derecho internacional de los derechos humanos, el Instituto establece su posición frente al mencionado proyecto de normativa y a la manera de regular internamente las medidas para la prevención y el combate del terrorismo. Como anexo, a petición de la denominada Comisión Ad-Hoc para Estudiar el Tema de la Ley Antiterrorista, se incluyen las “propuestas concretas de redacción por escrito” de algunos artículos incluidos en dicho proyecto de Ley.

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Posición del IDHUCA ante el proyecto de Código Procesal Penal

Es un hecho objetivo que la realidad es dinámica y, por tanto, está sujeta a transformaciones permanentes. Ante eso, el Derecho debe estar en sintonía con dichos cambios sociales, económicos y políticos para intentar mantener la armonía y –de alguna manera– la cohesión entre todas las personas y los sectores de una colectividad.

Ello ocasiona que todas las leyes, de la naturaleza que fueren, son susceptiblesa modificaciones de acuerdo con los signos de los tiempos y las necesidades concretas de los pueblos. En esa línea, las normativas penal y procesal penal no son la excepción; deben, necesariamente, adaptarse a las exigencias que demanda la realidad así como a la propia evolución jurídica de las principales conceptos e instituciones.

Así, es indiscutible que cualquier Derecho Penal o Procesal Penal moderno deben incluir en sus disposiciones todos los componentes y aportes sobre garantías y derechos fundamentales que devienen de los grandes avances en materia de derechos humanos. De igual forma, se deben considerar el lamentable incremento y perfeccionamiento que ha tenido la delincuencia nacional y transnacional, sobre todo la organizada, la cual ha penetrado vitales instituciones estatales y amenaza con socavarlas.

Pero, además, se debe traer a colación de manera muy especial las realidades cultural, social, histórica y hasta política en las que se va a aplicar dichas disposiciones legales; ignorar estos aspectos contextuales básicos puede volver ineficientes o inútiles los propósitos contenidos en cualquier legislación.

Con estas breves palabras se pretende irle abriendo campo a la discusión integral sobre el proyecto de Código Procesal Penal propuesto por la Comisiónad hoc para el estudio del mismo, presentado en noviembre del 2007 ala Asamblea Legislativa por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y con el cual –de ser aprobado– se pretende derogar el Código Procesal Penal vigente desde abril de 1998.

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San Salvador, 14 de octubre del 2005

Subcomisión para impulsar la selección del
Fiscal General de la República e identificar las
reformas legales en el marco de la Seguridad Pública
Presente.

Por este medio, presentamos nuestras propuestas en el marco de la próxima elección de la persona que ocupará el cargo de Fiscal General de República. Lo hacemos, atendiendo a la convocatoria que se nos hizo; de esa forma, además, cumplimos con nuestros deberes y derechos ciudadanos contemplados en los artículos 18 y 72, número 2, de la Constitución.


1. Sobre la elección

Al respecto, planteamos la necesaria adecuación del mecanismo para la participación de la sociedad civil en este proceso de elección. Si bien existe ya una convocatoria para presentar candidaturas hasta el día 22 de octubre, es imprescindible contar con un perfil claro y adecuado para ponderar a las personas postulantes.

Como entidades de la sociedad que trabajan por el fortalecimiento de las instituciones estatales encargada de combatir la impunidad y proteger los derechos humanos, somos parte de un esfuerzo ciudadano tendiente a identificar reformas legales y constitucionales para tal fin; en ese espacio amplio, también estamos elaborando un listado de personas con la capacidad moral y técnica para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR).

Dado que el plazo establecido para el citado nombramiento vence el miércoles 23 de noviembre del corriente año y que no se cuenta con el tiempo suficiente para alcanzar el segundo de los anteriores propósitos, consideramos necesario ampliar el período para recibir candidaturas hasta el viernes 28 de octubre. En tal sentido, proponemos establecer el siguiente calendario de actividades:

En materia constitucional:

• Analizar la creación de un cuerpo de investigación criminal adscrito a la Fiscalía General de la República o el desarrollo de mecanismos eficaces de coordinación entre ambas instituciones.

Administrativas

• Creación de un programa permanente de formación (dogmática y técnica) de los agentes fiscales, a efecto de especializar su práctica profesional y garantizar un reconocimiento académico acumulable.
  
• Revisión de los mecanismos operativos de dirección funcional sobre la Policía Nacional Civil y de coordinación entre ambas instituciones.
  
• Racionalizar y reorganizar la distribución de la carga de trabajo al interior de la Fiscalía.
  

3. Sobre el procedimiento de propuesta y aprobación de las reformas

La necesidad de mejorar el desempeño de la FGR y otras instituciones vinculadas a la seguridad pública exige reformas constitucionales y legales, crear nuevas instituciones y adoptar medidas administrativas. Este conjunto de cambios constituye la plataforma básica de trabajo la persona que asuma el cargo. Algunas medidas son inmediatas; otras de mediano y largo plazo. Para identificarlas y proponerlas se requiere un ejercicio responsable y participativo (En el pasado, la creación a la ligera de algunas leyes ha tenido repercusiones negativas; por ejemplo, la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado o la Ley Antimaras, que fueron declaradas inconstitucionales).

En esta línea consideramos lógico y sano constituir un equipo técnico que depure, sistematice y analice los insumos recibidos por la Subcomisión para elaborar los nuevos textos legales que, posteriormente, sean entregados a las comisiones legislativas respectivas.

Este equipo técnico podría integrarse con representantes del nuevo Fiscal (Este sería uno de los primeros compromisos adquiridos por éste), universidades, organizaciones sociales o fundaciones que cuenten con departamentos de investigación jurídica, e instituciones estatales relacionadas con el tema de la seguridad pública y justicia. El plazo máximo de su funcionamiento sería de cuatro meses, para que las reformas constitucionales propuestas puedan aprobarse por esta legislatura y ratificarse por la siguiente.

En aras de garantizar el cumplimiento de lo anterior se sugiere que la creación del equipo técnico, sus objetivos, composición y período de funcionamiento aparezcan incorporados en el Decreto Legislativo para el nombramiento del o la Fiscal General de la República.


Conclusión y petitorio

Para cumplir la aspiración de construir en El Salvador una sociedad en democracia, es fundamental el buen trabajo de las instituciones estatales. Entre éstas, la labor de la Fiscalía General de la República es determinante tanto para atender eficazmente a las víctimas de la violencia en sus diversas expresiones, la delincuencia de todo tipo y la impunidad, así como para transmitir seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera necesaria para el desarrollo del país.

Por todo lo anterior, les solicitamos tengan por recibidas las propuestas que realizamos en torno al procedimiento y recepción de candidaturas, el perfil de las personas que aspiren a conducir la Fiscalía General de la República, las líneas básicas para la realización de una reforma integral y el procedimiento para ello.

Perfil del o la Fiscal General de la República

Cuando se habla del perfil de un funcionario, se hace referencia al conjunto de rasgos que lo caracterizan. Para este caso concreto, está comprendido por los requisitos que la Constitución establece, sumado a su capacidad y méritos personales. Todos estos atributos deben tener como punto de referencia la función que desempeñará y la realidad que debe enfrentar a partir de su nombramiento. En la actualidad, el o la Fiscal General de la República deberá trabajar en medio de una situación caracterizada por un amplio margen de violencia, corrupción, delincuencia común y organizada, e impunidad.


1. Requisitos constitucionales

Para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere:

• Ser de nacionalidad salvadoreña
  
• Del estado seglar
  
• De 35 años de edad o más
  
• Profesional de las Ciencias Jurídicas
  De moralidad y competencia notorias
  Haber servido en la judicatura de primera instancia durante seis años o haber sido autorizado(a) de abogado(a) ocho años antes de la elección
  
• Gozar de sus derechos ciudadanos seis años antes de la elección
  

• Hoja de vida en la que conste su experiencia y trayectoria en materia penal
  Artículos y libros escritos
  
• Estudios realizados
  
• Reconocimientos recibidos


• Desempeño en otros cargos
• Ejercicio de la docencia
  

• Solvencia de la Corte de Cuentas
  Solvencia de la Procuraduría General de la República y la de Derechos Humanos
  
• Solvencia del Ministerio de Hacienda
  
• Antecedentes penales
  
• Informe de la sección de investigación respectiva, profesional y/o judicial, de la Corte Suprema de Justicia

4. Independencia

Por lo general, en El Salvador la libertad de un funcionario o una funcionaria siempre o casi siempre ha estado condicionada a los intereses de quienes determinan su nombramiento o a los que se encuentra vinculado. De esa forma, se juega con los intereses de la sociedad entera pues su desempeño debería estar encaminado a garantizar el bien común.

Cuando en realidad existe un Estado de Derecho, las instituciones que activan diversos mecanismos para impartir justicia -como la Fiscalía General de la República- deben estar dispuestos a investigar, detener y procesar a cualquier persona sin ningún tipo de preferencias. De ahí que el Fiscal responda a la Asamblea Legislativa, como órgano plural que representa al pueblo entero(Artículo 125 de la Constitución de la República de El Salvador).

En ese marco, es una exigencia evidente que los candidatos y las candidatas al cargo no tengan vinculación alguna con determinados grupos de poder opartido político alguno; en el segundo de los casos, si ésta existe -como parte del ejercicio de sus derechos ciudadanos- debería ser mínima porque se trata de un cargo técnico y no político. Y, no cabe duda, la experiencia es rica en lecciones lamentables: la falta de independencia está estrechamente vinculada a la falta de voluntad para ejercer como se debe la conducción de la Fiscalía General de la República. En todo caso, si se cuenta con varios candidatos y candidatas lo ideal es valorar más a quien menos vinculación política o de otra índole tenga con grupos de poder.

En el proceso de selección, especialmente en las entrevistas, se debe verificar su propósito de independencia; es decir, la voluntad de la persona para colocar el compromiso de trabajar por el bien común, por encima de sus afinidades personales o de cualquier otro tipo.

Con estos elementos no se altera la Constitución; más bien, se trata de dar contenido y alcance a los requisitos establecidos dentro de la misma.

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El Salvador: protección a peritos, testigos y víctimas en procesos penales

Tras el fin de la guerra, los acuerdos de paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad establecieron las bases para una apuesta real a favor de la justicia, buscando el funcionamiento de las instituciones correspondientes acorde con los estándares internacionales mínimos de protección de derechos humanos. No obstante, en El Salvador aún continúan existiendo vacíos que no le garantizan a la sociedad el acceso pronto y cumplido a la misma.

En el ámbito concreto de la justicia penal, durante la década pasada se trabajó en una reforma completa para superar el sistema inquisitivo. Este cambio se cristalizó con la aprobación de los códigos Penal y Procesal Penal, que entraron en vigencia en abril de 1998. Hasta la fecha, dicha normativa ha sido reformada en numerosas ocasiones; esto puede ser muestra de profundas debilidades en su aplicación o de que, a pesar de sus bondades y algunos verdaderos avances hacia un sistema penal democráticamente configurado, existen intereses que abiertamente han promovido una regresión.

Lo cierto es que a pesar de los diversos aspectos positivos del ordenamiento penal, éstos han resultado insuficientes para reducir los índices de impunidad en el país. No se debe ignorar que las leyes penales sólo son una parte de la estrategia para enfrentar un problema tan complejo; pero como tal, deben ser diseñadas con mucho profesionalismo y responsabilidad, sobre todo, considerando que El Salvador se encuentra sumergido en una crisis delincuencial generalizada que necesita ser abordada de manera integral. Uno de los componentes de este esfuerzo tiene que ver con la revisión de algunos aspectos de las normativas penales y procesales, buscando su congruencia con la realidad actual.

Debido a fallos cuestionables, a situaciones de impunidad y la discrecionalidad en la aplicación de la justicia, la mayoría de la población no le reconoce muchos créditos al sistema de justicia salvadoreño; a ello se suma la constante debilidad institucional, la falta de recursos, la precaria formación de los funcionarios públicos y la escasa voluntad política para enfrentar el problema. La población no desea o descarta de plano colaborar en las investigaciones judiciales por el temor que genera la posibilidad de una venganza y por la poca confianza en que su participación tendrá algún resultado positivo a la hora de la verdad.

Se puede fundamentar lo anterior con diversos ejemplos. En este caso se hace referencia a uno que merece especial atención: la poca o nula protección de testigos, peritos y víctimas en causas criminales, así como para cualquier otra persona que se pueda encontrar en situación de riesgo. Este problema ha llamado la atención de algunas instituciones y organizaciones de la llamada “sociedad civil” durante los últimos años, al conocer casos en los que diferentes personas han sido asesinadas, coaccionadas o amenazadas como resultado de su participación en diversos procesos judiciales.

Esta es una necesidad actual, pero no un problema nuevo. Para muestra, luego de los acuerdos de paz el Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales con Motivación Política –uno de los mecanismos utilizados para disminuir la impunidad al final del conflicto– propuso en su informe final el diseño de un programa para proteger a las personas dispuestas a colaborar con los órganos estatales responsables de investigar delitos e impartir justicia. Sin embargo, esa propuesta no se ha concretado, habiéndose formulado hace más de diez años.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) ha insistido en la necesidad de implementar en el corto plazo un programa de protección a víctimas, testigos, peritos y otras personas, por dos razones fundamentales: terminar de una vez con el imperio de la impunidad basado en la intimidación o el miedo, la primera; y la segunda, por la vulnerabilidad en la que éstas se encuentran y a la cual debe responder especialmente el Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional de proteger la vida e integridad de todas las personas.

Una iniciativa adoptada en ese sentido es la de la reforma del Código Procesal Penal efectuada en el 2001; entonces se estableció una regulación especial para proteger testigos, peritos y víctimas en peligro, como resultado de su participación en procesos penales. Dada la grave situación de violencia e inseguridad que prevalece en el país, esta reforma no fue suficiente para garantizarles seguridad real, por ser escueta, carecer de respaldo presupuestario, no establecer con claridad las competencias institucionales para su aplicación y no contar con el compromiso firme de las autoridades para hacerla realidad.

En julio del 2004, se realizó otra reforma penal para ampliar los derechos de las víctimas; entre éstos se contempló su protección especial en albergues. En la práctica, tal disposición es inaplicable por falta de recursos para crearlos. Aun con esa última reforma, falta mucho por hacer para contar con un sistema amplio y completo de protección de los diversos actores que pueden ver amenazada su vida o integridad personal a raíz de su intervención en un proceso penal.

La finalidad del presente trabajo es, pues, realizar un análisis detallado del problema y proponer los elementos mínimos que debe contener un programa integral de protección de testigos, víctimas, peritos y demás personas que se encuentran en situación de riesgo por colaborar con la justicia. En el documento también se incluyen experiencias de otros países en la materia y se identifican algunas necesidades básicas a partir de algunos casos conocidos por el IDHUCA.

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La agenda pendiente, diez años después
(de la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas)

Hablar del cumplimiento de los acuerdos de paz en El Salvador exige -sin excusas- referirse tanto a las causas que generaron el conflicto armado y a sus consecuencias, como a la etapa de posguerra y a la situación actual del país. Para que el balance no sea un mero recuento de hechos o una valoración conceptual sin más de los cambios que hayan podido ocurrir, es imperativo hacer una observación objetiva de lo acontecido; tal estimación debe reflejar los avances reales producidos a lo largo de la década examinada y, al mismo tiempo, plantear los grandes desafíos en el presente, de cara al futuro que se debe construir. Todo ello, teniendo como guía básica el texto constitucional que -en su segundo artículo
- establece el derecho de todas las personas “a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegidas en la conservación y defensa de los mismos”.

Esas premisas son las que se deben utilizar al momento de revisar, con honestidad, cuánto se alcanzó de los objetivos básicos establecidos hace más de una década y cuánto falta por lograr de ellos. Sólo así se podrán definir los nuevos compromisos de todas y todos, si de verdad se quiere asegurar la irreversibilidad de lo poco o mucho que hasta ahora se ha logrado en la edificación de una sociedad en paz, por estar basada en una convivencia justa y democrática.

Desde tal perspectiva, lo esencial para conferirle validez al análisis es la adhesión explícita a un ideal de Nación deseable y posible. Un ideal de Nación que, al plantearse para su realización, permita establecer qué tanto prevalece hoy el imperio de la razón sobre la fuerza y qué tan sólidas se encuentran las bases para potenciar el desarrollo de toda la sociedad salvadoreña. Un ideal de Nación que -en el camino para alcanzarlo- admita medir y verificar los progresos en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, a partir de las indiscutibles transformaciones sociales que produzca y la mejor calidad de vida que genere
para toda su población, privilegiando en el esfuerzo a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de ésta.

Si eso ocurre, el proceso estará yendo por buen camino y tendrá enormes posibilidades de éxito en sus distintas dimensiones; si, por el contrario, existe exclusión y ésta afecta a la mayoría de la gente, hace falta identificar lo que debe ser ajustado y ajustarlo de verdad para garantizar así -de una vez por todas- la gobernabilidad y la sostenibilidad del país. Desde la óptica de los derechos humanos, esas condiciones son las que deberán prevalecer para dar por cumplidos los acuerdos de paz.

Ahí se encuentra lo central de la presente reflexión: el enfoque de los hechos y las proyecciones, desde y hacia la mayoría de la población salvadoreña. Pese a que no es un todo homogéneo -pues se expresa con una diversidad de características- ese gran conjunto de seres humanos tiene en común el constituirse como la razón de ser del Estado, de sus instituciones y de sus normas, en la medida que se considere en serio el primer artículo constitucional que a la letra reza: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.” Así las cosas, se trata de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz en términos de justicia integral para todas las personas; no de que exista y funcione formalmente un sistema que, en la práctica, sólo se encuentra al servicio de ciertos grupos de poder. En tal sentido, los resultados del proceso salvadoreño definido en abril de 1990 -con la firma del Acuerdo de Ginebra- irremediablemente pasan por justipreciar la situación actual de los derechos humanos; pero no comparándola con el estado de barbarie que se llegó a alcanzar durante el siglo recién pasado, entre 1972 y 1992, sino confrontándola con las aspiraciones de humanismo y humanidad que deben iluminar la instauración de un El Salvador distinto durante el nuevo siglo.

Para evaluar el presente estado de cosas, además, se debe considerar el siguiente planteamiento de Ignacio Ellacuría: “Muchas veces tras la normatividad absoluta abstracta se da el encubrimiento ideologizado e interesado que defiende lo ya adquirido sin discutir el modo de esa adquisición y sin discutir cómo el derecho de todos se convierte en privilegio de pocos, por cuanto son pocos quienes cuentan con las condiciones reales para hacer efectivos esos derechos. Cuando el derecho se convierte en privilegio niega su esencia universal y deja de ser derecho del hombre para ser privilegio de clase o de grupo de individuos”.

Por eso, para actuar con la necesaria congruencia al momento de analizar hoy la vigencia de los derechos humanos en El Salvador -tras diez años sin guerra- el punto de partida y el de llegada no difieren entre sí; se trata del mismo: la mayoría excluida y más frágil de su población. La universalidad de los derechos humanos en el país siempre se encontrará determinada por la situación de esa mayoría que fue víctima indefensa de la violencia política y de la guerra entre dos bandos largamente irreconciliables; esa que nunca tuvo quién le ayudara a encontrar su pariente desaparecido o a enterrar su muerto; esa que vio salir una parte de su familia hacia el norte de América, a sobrevivir sin las comodidades que sólo eran posibles para aquellos con abundantes recursos o que pertenecían a la alta diplomacia guerrillera; esa que deseó, en secreto o en las calles, la llegada de la paz; esa que se alegró con el acontecimiento de Chapultepec y que ahora -después de una década- siente y sufre por lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo, en el marco de un proceso considerado como “modelo” sólo entre algunos círculos privilegiados que participaron en el mismo, dentro o fuera del país.

La valoración desde la perspectiva de esa mayoría a partir de los cambios en su calidad de vida -positivos o negativos- resulta ineludible para dimensionar el cabal cumplimiento de los compromisos establecidos en todos los acuerdos que firmaron el gobierno y las entonces fuerzas insurgentes, bajo la tutela de la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas. Esa valoración desde las víctimas de la “locura” -parafraseando a la Comisión de la Verdad- es superior a cualquier juicio que emitan hoy quienes hicieron la guerra; éstos ni siquiera pudieron conmemorar juntos los diez años de aquel esperanzador 16 de enero de 1992. Peor aún: una década después del cese al fuego -a la hora de evocar el acontecimiento- la capacidad de las Partes que firmaron los acuerdos sólo alcanzó para enviarle señales negativas a esa mayoría de la población salvadoreña, no obstante haberla mantenido en los discursos como el fin último de su accionar. De esa manera, se ha incrementado el desencanto o la confusión de una buen parte de la sociedad que, desde antes, ya daba muestras de una amplia y peligrosa apatía.

Así, pues, desde “arriba y afuera” del país se ofrecen visiones y se asumen posiciones acerca de lo que ocurre en él, diez años después de haber terminado el conflicto armado. “De un lado se afirma que las cosas marchan bien, que los problemas existentes están a punto de resolverse y que, por tanto, no hay razones para preocuparse. Esos son los que de forma simplista, por su conveniencia, cantan victoria en los actos oficiales. Del otro, se quejan por el rumbo del país sin haber sido capaces de convertirse -a lo largo del decenio- en opción seria para la solución de los males que denuncian. Esos contribuyen a distanciar la esperanza. A esas voces se suman aquellas que, desde fuera, sostienen que El Salvador es un ‘modelo a seguir’. Esos son los que maquillan realidades y, después, no saben qué hacer cuando les explotan en las manos”.

“Y las salvadoreñas y salvadoreños que están abajo, que son la mayoría y que no pertenecen a esas “cúpulas” ni viven de ellas, ¿qué dicen sobre esos diez años?”. Sin duda, esa otra cara de la moneda -la que algunos pretenden esconder o desautorizar- siempre termina interpelando cualquier proyecto impulsado sin su participación. Ese “abajo y adentro”, definido como lo fundamental, es el lugar privilegiado desde el cual se debe valorar el actual estado de cosas. Solamente así se podrá determinar, siempre en la línea de Ellacuría, la verdad o la falsedad en el cumplimiento de lo pactado.

En concreto, se trata de establecer qué tanto el acceso a la justicia es igualitario, cuánto se ha avanzado en la realización de los derechos proclamados, en qué medida se puede constatar si tales derechos están siendo efectivos para garantizar la seguridad de toda la población -o sólo la de unos pocos- y hasta qué punto la satisfacción de los reclamos de la mayoría es verificable y cuantificable. Eso permitirá, por encima de cualquier opinión particular interesada o manipuladora, establecer la agenda pendiente de lo que hace falta transformar en el país; además, permitirá descubrir las pistas sobre las necesarias e ineludibles responsabilidades para lograrlo.

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