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Posiciones institucionales
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El 20 de noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “García Prieto y Otro Vs. El Salvador”. En ésta, dicha Corte estableció la responsabilidad estatal en la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de Gloria Giralt de García Prieto y José Mauricio García Prieto Hirleman, tanto por no haber realizado una “investigación completa” como por la “falta de la debida diligencia para actuar de oficio por parte de las autoridades policiales y judiciales de El Salvador, así como el retardo en el pronunciamiento de la resolución judicial para concluir la investigación de los hechos”1 sobre el asesinato su hijo, Ramón Mauricio García Prieto Giralt. La sentencia confirma que “existió, por parte de las autoridades policiales y fiscales, una falta de diligencia en la conducción de la investigación, lo cual ha impedido el esclarecimiento e identificación de los autores responsables de las amenazas y hostigamientos en contra de algunos miembros de la familia García Prieto Giralt, así como su procesamiento y eventual sanción. Además, la falta de una investigación adecuada y seria ha permitido la continuidad de tales actos hasta el presente”. 2 También determinó la existencia de responsabilidad oficial en la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de las mismas víctimas, “por el incumplimiento del deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirleman y la señora Gloria Giralt de García Prieto […]”.3 En la parte dispositiva de la sentencia, la Corte ordenó al Estado “[…] concluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos, en un plazo razonable […]”.4 En tal sentido, “ debe utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos, y así evitar la repetición de hechos como los del presente caso”. 5 Pese a todo lo anterior, transcurridos más de seis meses desde la notificación de la sentencia, las víctimas no han sido informadas sobre la estrategia o los avances en las indagaciones fiscales tanto por el homicidio de Ramón Mauricio, como por las amenazas y hostigamientos contra los señores García Prieto Giralt. En cambio, el Estado salvadoreño ha solicitado a la Corte una interpretación de la sentencia; pero eso no lo exime de su obligación de cumplirla, pues el artículo 59.4 del Reglamento de la misma dispone que “la demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia”. Transcurridos catorce años desde el asesinato de Ramón Mauricio, sus padres siguen exigiendo justicia. Por lo anterior, el pasado 6 de junio se reunieron con el Fiscal Adjunto de Derechos Humanos para:
Finalmente, Gloria y Mauricio –víctimas de la impunidad, pero ejemplo de lucha para la sociedad en la posguerra– requieren de la población digna del país su solidaridad, para derrotar la injusticia en su contra y sanear, de una vez y para siempre, El Salvador. La situación del país es insostenible, precisamente por la impunidad imperante que favorece en diversos ámbitos a grupos o figuras poderosas, sin importar el agravio intolerable que le generan al resto de la colectividad. Es tiempo, ya, de acabar con eso mediante la unidad de las víctimas en contra del abuso oficial. San Salvador, 9 de junio del 2008. Posición del IDHUCA ante el proyecto de Código Procesal Penal Es un hecho objetivo que la realidad es dinámica y, por tanto, está sujeta a transformaciones permanentes. Ante eso, el Derecho debe estar en sintonía con dichos cambios sociales, económicos y políticos para intentar mantener la armonía y –de alguna manera– la cohesión entre todas las personas y los sectores de una colectividad. Ello ocasiona que todas las leyes, de la naturaleza que fueren, son susceptiblesa modificaciones de acuerdo con los signos de los tiempos y las necesidades concretas de los pueblos. En esa línea, las normativas penal y procesal penal no son la excepción; deben, necesariamente, adaptarse a las exigencias que demanda la realidad así como a la propia evolución jurídica de las principales conceptos e instituciones. Así, es indiscutible que cualquier Derecho Penal o Procesal Penal moderno deben incluir en sus disposiciones todos los componentes y aportes sobre garantías y derechos fundamentales que devienen de los grandes avances en materia de derechos humanos. De igual forma, se deben considerar el lamentable incremento y perfeccionamiento que ha tenido la delincuencia nacional y transnacional, sobre todo la organizada, la cual ha penetrado vitales instituciones estatales y amenaza con socavarlas. Pero, además, se debe traer a colación de manera muy especial las realidades cultural, social, histórica y hasta política en las que se va a aplicar dichas disposiciones legales; ignorar estos aspectos contextuales básicos puede volver ineficientes o inútiles los propósitos contenidos en cualquier legislación. Con estas breves palabras se pretende irle abriendo campo a la discusión integral sobre el proyecto de Código Procesal Penal propuesto por la Comisiónad hoc para el estudio del mismo, presentado en noviembre del 2007 ala Asamblea Legislativa por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y con el cual –de ser aprobado– se pretende derogar el Código Procesal Penal vigente desde abril de 1998. Lea el documento completo en formato PDF IDHUCA Y APES EXIGEN RESPETO A LA LIBRE EXPRESIÓN “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.” (Artículo 9, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión) Siempre que puede, el presidente Antonio Saca se declara defensor de la libertad de expresión y presume de su gobierno como un garante de su respeto. Pero la realidad es otra. Mucha gente es víctima de la inestabilidad laboral; sin embargo, en el caso de las y los periodistas ésta compromete su independencia. Al final del 2007, por ejemplo, un comunicador radiofónico fue despedido sin indemnización. En otro ámbito, está la agresión policial contra Alex Nolasco, del Canal 21, en Cutumay Camones; también la captura y prisión de Haydeé Chicas, encargada de comunicaciones del Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador (CRIPDES). Todas son señales inquietantes que no deben obviarse, en medio de un clima generalizado de violencia que ha alcanzado al gremio como en el caso del asesinato de Salvador Sánchez, corresponsal de Radio Cadena “Mi Gente” y YSUCA, hace cuatro meses. A esos hechos se agrega otro reciente. Desde inicios de enero, el empresario William Chamagua –propietario de Radio “Cadena Mi Gente”– así como el personal de la emisora han recibido amenazas de muerte a causa de su labor informativa; éstas ya fueron denunciadas al más alto nivel en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento del IDHUCA y la APES. Las autoridades se comprometieron a investigar los hechos a la brevedad posible. No obstante, a dieciséis años de la firma del Acuerdo de Chapultepec y el inicio de los esfuerzos por democratizar al país, es deplorable que la libre difusión de ideas, pensamientos e información sea empañada por amenazas serias con las que, según parece, se pretende callar voces críticas a la actual gestión gubernamental. Garantizar la vigencia de estos derechos, es una obligación que adquirió el Estado salvadoreño cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Este caso cuestiona el supuesto clima favorable para la inversión extranjera y el sistema de libertades que pregona el presidente Saca. Chamagua –socio mayoritario de Radio Cadena “Mi Gente”– es un emigrante salvadoreño comprometido con el desarrollo del país y la democratización de la palabra. Su situación de riesgo es muestra de lo lejos que se encuentra El Salvador de la tan difundida paz social, así como del irrestricto respeto de los derechos humanos. En el marco de una campaña preelectoral adelantada, inconstitucional y tensa como la actual, el libre ejercicio periodístico es fundamental para monitorear las acciones de los políticos y dar espacio a la voz ciudadana. Atentar contra los medios de difusión mina la posibilidad de que la población se informe y participe racionalmente, pidiendo cordura a los partidos y escogiendo la mejor opción para ser representados. Ante estos hechos, el IDHUCA y APES exigen:
San Salvador, 21 de enero del 2008.
URGE ENCAUZAR EL PAÍS HACIA LA PAZ Los hechos recientes ocurridos en Cutumay Camones confirman que El Salvador se dirige hacia una crisis más profunda y ponen en entredicho los supuestos avances, logrados tras la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra. Cada vez más, la población ocupa espacios públicos exigiendo respeto de sus derechos; no le queda otra, por el mal servicio que le presta un sistema de justicia y otras instituciones inoperantes cuando busca solucionar sus legítimas demandas. Y después, lo que recibe como respuesta es la acción represiva de las autoridades. En el presente año declarado oficial y pomposamente como el de “la paz social”, da fe de lo anterior –por citar tres ejemplos– lo acontecido en Tacuba, Suchitoto y Cutumay Camones. Así reacciona el gobierno. Primero golpea a la gente con el incremento del costo de la vida y la grave alteración de sus condiciones ambientales; luego, lo hace mediante la fuerza excesiva e injustificada de una Policía Nacional Civil distante del sueño de 1992 –cuando sustituyó a los antiguos cuerpos de (in)seguridad– y cercana, para mal del país, a los primeros círculos de un infierno con el que nadie –por acción u omisión– debería coquetear. Lejos de ser garante del respeto de los derechos humanos, se está convirtiendo en el brazo represor del opresor al actuar en función de intereses políticos, partidistas y empresariales. De esa brutalidad no se ha librado ni la prensa. En el plano normativo, impone leyes coercitivas para frenar con antelación cualquier intento de construir un movimiento social amplio y creativo, fuerte y participativo. Decretar una ley “especial” antiterrorista, crear tribunales con “dedicatoria” e incluir en el Código Penal el delito de desórdenes públicos agravados con prisión de cuatro a ocho años, sin posibilidad de sustituir esa pena por otra medida, son ejemplos recientes. ¿Qué harían quienes habitan lujosas residenciales si les montaran un relleno sanitario en la puerta de sus mansiones o suspendieran el servicio de agua para su consumo unos días, sin que nadie resolviera su problema? Protestarían, como cualquiera. ¿Les echarían entonces los antimotines? ¿Les dirían “terroristas”? No, obvio, porque este es un país con dos caras. La del glamour, de los pocos que tienen mucho, de los que salen del territorio a derrochar su riqueza, de los que pagan seguridad privada para tener tranquilidad, de los que se cobijaron con el manto de la impunidad y –por ahora– siguen gozando de ésta. Esa es una; pero está la otra sangrienta y doliente de las más de diez muertes violentas al día; la de quienes viven atormentados por la inseguridad permanente y pagan “renta” o una “cora” para que no les pase algo; la de quienes no recibieron ni reciben justicia y salen a buscarla junto a la gente que emigra en balsas, trenes, camiones, buses o a pie en pos de oportunidades de desarrollo. Elcaso de Cutumay Camones, además, muestra otra arista de la crisis que se cierne sobre el país. Esos intereses particulares, en el marco de una campaña electorera más adelantada que nunca y por ende inconstitucional, son combustible barato para la confrontación y la violencia. En el afán de desacreditar, obstruir y anular al adversario, es la población más necesitada la que sufre –como en la guerra– las consecuencias lamentables de una disputa sin fin entre dos polos encontrados. Por lo anterior, el IDHUCA hace un enérgico llamado a:
Aún es posible cambiar el rumbo de El Salvador que ahora va hacia una progresiva ingobernabilidad. Ante las medidas autoritarias como las adoptadas este año, la participación ciudadana decidida y responsable es fundamental para empujar al Estado hacia el camino apropiado de la democratización y el respeto de los derechos humanos sobre la base de la verdad la justicia y la reconciliación. Ese es el verdadero sendero hacia la paz. San Salvador, martes 27 de noviembre del 2007.
Derechos humanos, pactos y elecciones. Cátedra de realidad nacional (14-11-2007) Reflexionar sobre estos asuntos en la realidad de nuestro país, profundamente dividido en diversos y esenciales ámbitos, no es tan difícil; pero tampoco es tan satisfactorio. No es difícil, porque las cosas están claras. Pero no es grato porque esa claridad no la genera una luz al final del túnel, sino que es producto de un escenario en el cual son demasiado obvias las posiciones intolerantes, con poca o nula perspectiva de Patria y a veces hasta torpes, que no alcanzan a ver en la persona humana “el origen y el fin de la actividad del Estado” como ordena el primer artículo constitucional. Eso ocurre, pese a contar con documentos internacionales y acuerdos nacionales –junto a opiniones y propuestas de una sociedad preocupada por el rumbo del país– que bien podrían orientar a cualquiera con la suficiente voluntad y la necesaria destreza para culminar con éxito el proceso de pacificación nacional cuyos componentes fundamentales se establecieron en Ginebra, el 4 de abril de 1990, con la rúbrica de las representaciones estatal e insurgente. El fin del conflicto armado era el primero de esos grandes pasos a dar para llegar a la paz. Pero a ese le seguían otros tres: “impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña”. El del inicio, aparentemente el más complicado, se dio y muy bien. Acabó la guerra “por la vía política al más corto plazo posible”, sin que un solo proyectil se cruzara y mucho menos un combate se entablara entre los ejércitos gubernamental y guerrillero. Pero, ¿y los demás? El análisis de lo ocurrido lo hago desde el trabajo del IDHUCA, cuyo origen y fin –en palabras de su fundador, el mártir Segundo Montes– es la mayoría de la población que “lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas”, es víctima de “una secular situación de injusticia estructural” y de “múltiples formas de violencia”. De 1980 en adelante, las perspectivas de una real democratización se alejaron más y sólo volvieron a presentarse cuando acabó la guerra. Bien había quedado establecido en el citado Acuerdo de Ginebra, el que marcó el rumbo del proceso a impulsar, que esa era el siguiente paso. ¿Qué ha ocurrió en ese ámbito? ¿Se avanzó? ¿Cuánto? ¿Por qué? La Carta Democrática Interamericana señala en su segundo artículo lo siguiente: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. ¿Participa en esas condiciones la población salvadoreña para profundizar, así, la democracia representativa en el país? Comencemos por algo de lo más relevante: las “reglas del juego” las quebranta cualquiera de manera impune, sobre todo las autoridades encargadas de garantizar que sean respetables y respetadas. Es el caso, primero, de la Asamblea Legislativa que el 21 de julio del 2004 acordó incluir nombrar magistrado del Tribunal Supremo Electoral a Julio Moreno Niños violando, flagrante y descaradamente, la Constitución. Tres años después y pese a que hay más de un recurso admitido por la llamada Corte “Suprema” de Justicia impugnando la elección de Moreno Niños, el ente rector de los comicios –integrado de esa forma– ha adoptado decisiones cruciales que sólo han contribuido a una mayor polarización partidista y al deterioro de la credibilidad ciudadana en la supuesta “democracia” salvadoreña; “democracia” que como una especie de Rey Midas, pero al revés, para mal nacional convierte en indigno lo que debería florecer como supremo: impartir justicia y ejercer el sufragio. Pero la democracia no termina ahí, según la Carta Democrática Interamericana. Su cuarto artículo establece los “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”: transparencia de las actividades gubernamentales, probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; respeto de los derechos sociales así como la libertad de expresión y de prensa; y subordinación constitucional de todas las instituciones estatales a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho por parte de todas las entidades y todos los sectores de la sociedad. ¿Está el gobierno salvadoreño en la posibilidad de dar la cara sin temor para sostener su solvencia en estos temas? ¿Es una buena carta de presentación el hecho de que sólo acá –a diferencia del resto de países en la región latinoamericana– nunca se haya denunciado e investigado en serio, procesado en los tribunales, sancionado como manda la ley y detenido aunque sea en “jaula de oro” a un ex presidente de la República por corrupción y/o por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos? ¿Será que todos han sido hombres probos, inmaculados, dignos de toda fe, merecedores del reconocimiento y la gratitud de la sociedad entera? ¿O será que el férreo control de las dos instituciones que tapan la cloaca donde se esconden los delincuentes de cuello blanco y los de camisa ensangrentada –Fiscalía General de la República y Corte de Cuentas– les permiten a esos y otros siniestros personajes de la vida política, económica y social permanecer impunes? ¿Hablamos también del respeto de los derechos sociales, otrocomponente fundamental del ejercicio de la democracia según el citado documento interamericano? Pues resulta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al analizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio por parte del Estado salvadoreño, sostuvo en mayo del año en curso que –de superar asuntos “metodológicos” en la medición oficial– en el 2005 la población salvadoreña en situación de pobreza relativa alcanzaría el 58.4% y en pobreza extrema el 27.7%. Vivimos en un país con dos rostros. Uno: el del glamour, el de los pocos que tienen mucho, el de los que viajan al extranjero a derrochar su riqueza, el de los que pagan seguridad privada para su tranquilidad, el de los que salen en la revista “Blur” de La Prensa Gráfica, el de los que se cubrieron con el manto de la impunidad y siguen –por ahora– regocijándose con ésta. Pero está el otro rostro sangriento, doliente; el de las más de diez personas muertas a diario cuyas fotos –con suerte– aparecen también en el mismo periódico, pero en la “nota roja”; el de quienes no recibieron ni aún reciben justicia y tienen que salir al exterior a buscarla junto a la gente que emigra en balsas, trenes, camiones buses o a pie en pos de las oportunidades que aquí no le ofrecen; el de quienes viven atormentados por la inseguridad permanente y pagan la “renta” o una “cora” para que no les pase algo. En fin, el de la niña Yolan que ahora cumple siete años de ser víctima de la impunidad, tras el asesinato de sus dos hijos Memo y Liquito Carías, de veintinueve y doce años. El de Gloria Giralt de García Prieto, quien sentó en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un Estado protector de criminales y están en la víspera de su sentencia. El de Hilda María Jiménez, madre de Katya, quien escapó del país también hace siete años y vive asilada en los Estados Unidos de América junto a su otra hija, Marcelita, tras ser amenazada de muerte por reclamar la justicia que aún no llega. Estas tres mujeres con su ternura y digna terquedad, su imaginación e inteligencia, le sacaron la máscara que le colocaron al país para cubrirle su rostro doloroso, injusto y ensangrentado, aquellos que aún presumen de un “nuevo” El Salvador. Son estas víctimas valiosas y valientes, junto a otras tantas producto de hechos ocurridos antes de 1992 y después de ese año, las que sin quitar el dedo de la llaga les gritan a los victimarios y a sus defensores, asesores y aliados que las heridas no se han cerraron con el fin de la guerra y que luego de ésta se han abierto muchas más. Son estas víctimas de la muerte violenta junto a las de la muerte lenta, producto de un régimen económico y social desigual y excluyente, quienes poco o nada fueron consideradas en las negociaciones de los llamados “acuerdos de paz” ni en el “Pacto de San Andrés” y el “Plan de Nación” durante el gobierno Calderón Sol; tampoco en “La Nueva Alianza” y el “Foro de Solidaridad por el Empleo” de Flores, o las mesas de trabajo y el “País Seguro” de Saca; mucho menos en cada ENADE donde se proclama –como ocurrió ayer, en palabras del presidente de la ANEP– que el éxito del país se basa en el “capitalismo moderno”. No hay pacto ni elecciones que valgan si las víctimas del “mal común” vigente no son la principal parte protagónica de esos acontecimientos. Es necesario eso para evitar más engaño o confusión, en aras de alcanzar un gran objetivo: el de la construcción de una mejor sociedad donde se dignifique a sus víctimas sin distinción y, así, la sociedad se dignifique a sí misma. 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LA IMPUNIDAD: EL GRAN OBSTÁCULO PARA LA PAZ El pasado miércoles 10 de octubre, una representación oficial estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intentando justificar lo injustificable. Los voceros oficiales se enredaron torpemente tratando de explicar y convencer al ilustre organismo regional de la validez y la eficacia de la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. En ese afán persistieron con el absurdo argumento de colocar esa aberración legislativa como el soporte, “la piedra angular”, de la situación actual del país: con algunas dificultades, según éstos, pero armónica y esperanzadora. Así, manifestaron ante la CIDH que dicha ley era producto del consenso de los actores políticos. Claro, hablaban en nombre de los victimarios y no de las víctimas. También sostuvieron que las condiciones del momento en que se aprobó, la exigían; es decir, hace catorce años, cuando se daban los primeros pasos para establecer la democracia de la cual ahora presumen. Mal lugar y peor momento escogieron para eso. Se les olvidó que la CIDH rechazó esa amnistía desde su aprobación y luego, de manera reiterada, al condenar al Estado por casos infamantes como el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, de Elba Ramos y de su hija Celina en esta Universidad. Como siempre, imaginaron que sus insolentes e insostenibles “argumentos” convencerían a esa Comisión –justamente dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente– de dar marcha atrás en lo que ha sostenido persistentemente: que su contenido viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y constituye el mayor obstáculo para alcanzar la ansiada paz. Ante esos hechos, el IDHUCA manifiesta:
En medio de ese escenario, el vil asesinato de Manuel Córdova Castellanos, un día después del triste papel gubernamental en la CIDH, es una bofetada más al rostro de los criminales que pretenden pasar a la historia como “héroes”, como “personas decentes”, como “empresarios honorables”... La ejecución del único Fiscal General de la República que en la posguerra trató –con suslimitaciones– de derrotar la impunidad, exige una investigación oportuna y profesional porque tras aquélla deben estar agazapados quienes secuestraron las instituciones para su beneficio particular. EL IDHUCA reconoce públicamente la valiente labor del doctor Córdova Castellanos. Para que los derechos humanos se realicen, es imprescindible contar con funcionarios comprometidos en serio como él con la verdad y la justicia. Asumió investigaciones criminales de alto riesgo y encaró a poderes ocultos e impunes en casos como los de Ramón Mauricio García Prieto, Francisco Velis, las señoras Kalberg y Cromeyer, Lorena Saravia y Adriano Vilanova. También pidió la captura del venezolano Víctor Rivera, alias “Zacarías”, cuya intervención en la ejecución de los diputados salvadoreños en Guatemala ha dado mucho de qué hablar. Además, fue el Fiscal General que condujo la reforma del sistema penal en el marco de los lineamientos establecidos por los llamados “acuerdos de paz”. Por último, el IDHUCA reitera el llamado a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos antes, durante y después de la guerra, que continúan exigiendo o esperando justicia. Éstas y los organismos que las acompañan, junto al resto de la sociedad, deben hacer un frente común para emplazar a un Gobierno que alardea de la solidez de sus instituciones y de la calidad de la democracia salvadoreña. Que el Estado no le tenga miedo, entonces, a comprobar que eso es cierto impulsando la reconciliación nacional mediante el establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación del daño causado a esas víctimas y el estímulo de mecanismos racionales de perdón. Que se atreva; si no, jamás habrá paz en el país. San Salvador, sábado 13 de octubre de 2007. Ver archivo de audiencia pública en CIDH: Ver archivo de audiencia pública en CIDH:
Comunicado del Movimiento Sin Plomo y el IDHUCA Desde el 2005, varias comunidades del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, denunciaron la contaminación ambiental por plomo a causa de las operaciones industriales de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V. Sin embargo, el presidente Elías Antonio Saca, varios de sus ministros y gobiernos anteriores incumplieron su obligación constitucional de proteger la vida y la salud de la población salvadoreña, además del medio ambiente, al tolerar dichas actividades lesivas e ilegales desde mucho antes. Dos años después de las denuncias iniciales,cuando ya se ha agravó la contaminación de la zona, el gobierno ordenó el cierre de la empresa; dicha medida no constituye una respuesta satisfactoria frente al daño producido a las víctimas. Por eso MANIFESTAMOS:
EL MOVIMIENTO SIN PLOMO –integrado por habitantes de las colonias Santa Fe, Joya de Cerén, Nueva Candelaria, Brisas de San Andrés, Ciudad Versailles, Estación Banderas, Lotificación Prado II, Cantón Chanmico, Cooperativa 5 de Noviembre y Asociación de Regantes de Zapotitán– continuará su lucha con el respaldo del IDHUCA y el CESTA hasta lograr que se investiguen hasta el fondo de los hechos, se sancione a todos los responsables del deterioro de la salud de personas inocentes, se repare a las víctimas los daños causados –tanto materiales como humanos—y se descontamine la zona. San Salvador, 26 de septiembre de 2007. Leer también: IDHUCA anuncia adhesión en defensa de afectados por plomo Libres tres detenidos en protestas de Tacuba En 1995, un grupo de comunidades del municipio de Tacuba, Ahuchapán, abrió zanjas e instaló tuberías para hacer realidad un viejo sueño: tener agua potable en sus casas. Para lograrlo tocaron todas las puertas posibles, incluida la del alcalde, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Finalmente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de CREA Internacional, les entregó quince millones de colones; es decir, más de un millón setecientos mil dólares. Sin embargo, ese monto no era suficiente. Por eso, los habitantes de la zona –considerada en extrema pobreza y, por lo tanto, beneficiaria actual del programa Red Solidaria– lograron reunir con grandes esfuerzos otros tres millones de la antigua moneda salvadoreña, lo que significó un aporte de 225 colones por familia. Eso no fue todo; durante 350 horas planificaron la ejecución del proyecto que, además, les tomó 96 días de trabajo de sol a sol hasta que salió agua de un chorro en sus hogares. Esta historia contrasta con otro hecho ocurrido ese mismo añocuando Carlos Augusto Perla tomó las riendas de ANDA –la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados– y entró al gabinete del entonces mandatario, Armando Calderón Sol. Así, mientras las comunidades se “rebuscaban” para conseguir el vital líquido, Perla y una red de pícaros –parte de la cual, la de abajo y no la de sus jefes, se descubrió ocho años después– avanzaban en una historia de corrupción que minó las arcas estatales y socavó la promesa de llevar agua a todo el país. Los dieciocho millones de colones que invirtieron las comunidades de Tacuba resultaron una migaja, al compararlos con lo hecho por Perla, Orellana y compañía con –en el mejor de los casos– la anuencia de autoridades más altas. Los fondos defraudados no llegaron a su destino: aliviar las necesidades de la gente. En medio de escenario tan perverso, para evitar sospechas y acusaciones la rendición transparente de cuentas era lo más lógico por parte de quienes manejarían cualquier dinero. También era comprensible que la gente exigiera balances claros de los recursos invertidos, sobre todo cuando eran resultado de su esfuerzo y sacrificio. Esto último sucedió en el caso del municipio examinado. Una vez instalado el sistema de agua, la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) “Bendición de Dios” fue delegada para administrarlo. Pasaron once años sin que ésta informara a la comunidad. Por eso y por el temor de que se estuvieran usando mal los recursos, la población eligió una nueva junta directiva de la ADESCO; ésta no fue reconocida por el alcalde y no asumió el control de un sistema que dentro de ocho años verá agotada su vida útil. Frente a esa urgencia, la población acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al juzgado de paz local, buscando soluciones; pero los directivos de la ADESCO no se presentaron. Luego de agotar todas las instancias y ante la falta de resultados, la nueva junta directiva ocupó la oficina desde donde se controlaba el recurso hídrico. El jueves 28 de junio, agentes enmascarados de la Unidad de Mantenimiento del Orden –con apoyo de helicópteros y a balazos– irrumpieron en el local para capturar a cuatro líderes comunales y remitirlos al tribunal; de éstos, tres quedaron detenidos tras la audiencia inicial por la supuesta realización de los siguientes delitos: disparo de arma de fuego, lesiones, privación de libertad y amenazas agravadas. El juez de Paz de Tacuba los sobreseyó de los dos primeros, pero mantuvo el resto; así, decretó pena de prisión para los dirigentes por considerar que podían fugarse y eso lo confirmó el juez de Instrucción de Ahuachapán. Los abogados del IDHUCA y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) acudieron a la instancia superior que resolvió, el jueves 19 de julio, que los líderes comunales no cometieron el delito de privación de libertad; sobre la detención de los dirigentes, estableció lo siguiente: “La libertad en el proceso es la regla general y la prisión preventiva absolutamente excepcional”. Por eso, decretó medidas sustitutivas. Mientras esto le sucedía a quienes reclamaban transparencia en la administración de fondos, Perla fue condenado; el tribunal 3º de Sentencia de San Salvador le recetó quince años de prisión, pero podrá salir libre al cumplir dos tercios de su pena. Como ya estuvo tres años detenido, sólo le restan siete para que eso ocurra. Premio inmerecido a quien impidió que comunidades como Tacuba tuvieran el servicio, ante el inadmisible castigo a quienes lograron instalar el sistema de agua potable en esa localidad. Estas resoluciones demuestran lo que desde acá se ha repetido: que en el país le cae todo el peso de la ley al que no tiene influencias, vinculaciones con el partido o algún tipo de poder, mientras a los verdaderos delincuentes se les trata con “guante de seda”. Eso pasa porque la institucionalidad –construida o reformada con mucha ilusión cuando acabó la guerra– ha sido secuestrada y es manipulada al antojo de sus captores. Por eso se aprueban y aplican iniciativas contra la libertad de expresión y el derecho al debido proceso, como la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Por eso el Ejecutivo impone el endurecimiento innecesario de normas penales y procesales, como el aplicarle diez años de cárcel a quien ejerce su derecho a protestar. Tal sanción es desproporcionada frente a otras establecidas en el Código Penal; éste establece de tres a seis años de prisión por tortura o privación de libertad, de cuatro a ocho por desaparición forzada de personas, de cuatro a seis por fraude electoral, de cuatro a ocho por negociaciones ilícitas, de tres a diez años por enriquecimiento ilícito, de seis a diez por violación sexual o de tres a cinco años por acoso sexual, por citar sólo algunos ejemplos. Es evidente, entonces, que se pretende intimidar a quienes pretendan ejercer sus derechos a expresarse y protestar contra los desatinos oficiales, que suelen ser muchos. Así, lo que están consiguiendo es que la mayoría de la población viva en una especie de libertad condicional: si la gente no reclama, estará tranquila aunque viva –por ejemplo– sin agua; pero si abre la boca y sale a la calle para quejarse por ese o cualquier otro mal su destino será Mariona, Cárcel de Mujeres o cualquier otro penal del país, como ya ocurrió. ¿Es este el país de las libertades que pregona el presidente Antonio Saca? ¿O lo que él plantea se restringe a los intereses económicos y políticos de sus “padrinos”? No obstante, en medio de todo eso hay señales positivas como para no bajar la guardia creyendo que la construcción de un mejor país ya no es posible. Por un lado, hay que rescatar el protagonismo de las comunidades organizadas de Tacuba que lograron –pese a todos los obstáculos– proveerse de agua y demostraron que el trabajo conjunto es el mejor camino para progresar y avanzar en lo que el Estado no ha hecho. Asimismo, es digno de resaltar el papel jugado por la cámara judicial que resolvió el jueves 19 de julio: que los líderes comunales no cometieron el delito de privación de libertad y que la prisión preventiva no es la regla sino la excepción. La situación actual demanda que el país se conduzca por el camino del fortalecimiento de las instituciones. Eso requiere respetar la independencia entre los órganos estatales; que a todas las entidades públicas les permitan desarrollarse sin interferencias políticas partidarias, económicas, mediáticas o de cualquier otro tipo. Pero eso no se logrará sin una ciudadanía fuerte, organizada, creativa y responsable, capaz de lanzarse al rescate de la institucionalidad secuestrada. En el pasado, la población se organizó en torno a su principal preocupación: tener tierra para trabajarla y ganarse el sustento diario. Pero entonces los poderes reales usaron las instituciones para impedir eso, mediante la represión y la impunidad de sus responsables. Ahora, no es la tierra el gran problema que aglutina a las mayorías sino el agua. Para reivindicar su derecho al vital líquido, la población ha comenzado a unirse y, de nuevo, los poderes reales han comenzado a enfrentarla con las mismas herramientas: el endurecimiento de las leyes, la brutalidad policial, el uso de los militares –por de pronto, más para intimidar– y la distorsión de la verdad. ¿Se cometerán los mismos errores? ¡Cuidado!
“El terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se (Kofi Annan) Quince años y medio después del fin de la guerra, el país está a la deriva y va en retroceso. Como en el pasado, se manipula la institucionalidad al antojo del grupo en el poder y se restringe gradualmente el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por eso, pero sobre todo porque aún es tiempo de salvar a El Salvador, ante la situación actual el IDHUCA:
Por todo lo anterior, el IDHUCA:
Por último, al no haber individualizado responsabilidad penal alguna y a partir de la definición que Amnistía Internacional hace de los presos de conciencia –quienes “sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma”– el IDHUCA exige la inmediata liberación de las trece personas detenidas en Suchitoto el lunes 2 de julio. San Salvador, miércoles 18 de julio del 2007.
Exitoso combate a la tortura y la impunidad en la PNC El 19 de diciembre del año pasado, el Sub Inspector Edwin Arnoldo Guevara Henríquez y otros agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pertenecientes a la Unidad 911 en Apopa, San Salvador, ingresaron sin orden judicial y de forma prepotente a la casa de Liliana Cecilia López. En el lugar funciona un negocio familiar; los policías argumentaron que era un “chupadero y un prostíbulo”. Liliana, con su hijo de tres meses en brazos, los cuestionó por la forma en que entraron; por eso comenzó a maltratarla Guevara Henríquez, quien le pegó varias veces y la tiró al suelo. El bebé recibió un golpe en la cabeza; para evitar una tragedia, Liliana se lo entregó como pudo a su madre. Entonces, Julio César López –hermano de la víctima– intervinó para que cesara el atropello y sólo consiguió que le fracturaran la nariz. Su padre fue encañonado y agredido por los agentes; su hermana fue amenazada. Los agresores llevaron a Liliana y a Julio César a la delegación El Ángel, en Quezaltepeque; los amarraron a un poste y les dijeron que con la policía no debían meterse porque siempre perderían y podían terminar muertos. Una hora después los trasladaron a la delegación Centro, donde les hicieron un chequeo médico medianrte el cual se determinó que Julio César debía ser hospitalizado; sin embargo, Guevara Henríquez los trasladó a la delegación del Distrito Italia. Ahí continuaron los atropellos. Liliana pidió que le llevaran a su hijo para amamantarlo y le dijeron que lo hiciera entre las rejas de la bartolina, porque no tenían la llave. Al ser liberados, Liliana y JulioCésar denunciaron a los delincuentes con uniforme en la Inspectoría de la PNC y en la Fiscalía General de la República. Mientras duró el proceso judicial, observaron gente merodeando su casa. Eso y el miedo a perder el caso, los motivó a buscar el acompañamiento del IDHUCA. Así, el jueves 7 de junio del año en curso, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Guevara Henríquez –por cometer actos arbitrarios y lesiones– a cinco años en prisión. Ante el triunfo de estas víctimas, el IDHUCA considera:
San Salvador, 11 de junio del 2007.
En primer momento debe decirse que Luna es una persona con experiencia y conocimientos previos en el tema. Él ya había trabajado en la institución durante el período de Molina Fonseca, además ha ejercido una labor de cátedra universitaria en la materia que le ha permitido obtener importantes conocimientos teóricos. Se está, pues, frente a una persona que no puede alegar ignorancia y a quien, por lo tanto, debe exigírsele un trabajo de calidad y un cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Por eso, y con la experiencia que da el acompañamiento a las víctimas, el IDHUCA desea proponer algunos desafíos importantes para el nuevo titular. Uno de sus principales retos será recuperar la estatura moral y ética de la institución para que nuevamente sus resoluciones –pese a no ser vinculantes– sean atendidas y acatadas. Una señal de que esto ha sucedido será que todos los funcionarios y funcionarias temblarán de remordimiento ante la sola posibilidad de ser condenados y señalados como violadores de derechos humanos. El procurador deberá entonces ganarse la credibilidad de la población, para que todos los ciudadanos decentes vean a los señalados como los caínes bíblicos, marcados por su delito y entonces le pasen la factura. Esto demanda rapidez para resolver y atender casos, así como voluntad para dar seguimiento a sus resoluciones. Asimismo, es importante que evalúe el estado actual de la PDDH, los recursos humanos y materiales con los que cuenta para que desde ahí pueda plantearse una reingeniería y proyectarse estratégicamente para atender las necesidades de la sociedad. Habrá que buscar la forma de construir una institucionalidadfuerte que no dependa de los vaivenes políticos ni de la voluntad de quien llegue ahí sino de una base organizativa y de personal que le marque el ritmo al titular y le facilite el cumplimiento de sus deberes. En cuanto a los males del país, habrá que recordar un planteamiento hecho cuando se eligió a la procuradora saliente desde este mismo espacio. Entonces se dijo que debía ser parcial “pero esa parcialidad no tiene que ver con favorecer a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino con una opción sin regateos a favor de las víctimas” (Proceso 960, 18/7/2001). Y es que la raíz de los males nacionales está en la impunidad en todos los ámbitos, jurídica, económica, política, ambiental, social, cultural, etcétera. Sin embargo, entre todo será importante que priorice su atención hacia la violación del derecho a la vida y la seguridad y de los derechos económicos, sociales y culturales. Las más de diez muertes diarias, la sospecha del funcionamiento de grupos de exterminio y la brutalidad con que se cometen los asesinatos en el país merece su acción decidida investigando y denunciando. Anteriormente, frente al primer informe del que fue su jefe, Carlos Molina Fonseca, también se había señalado esta necesidad. “A la procuraduría le corresponde actuar con mayor decisión en la investigación, en la elaboración de recomendaciones puntuales que ataquen los fenómenos, en el seguimiento de las mismas y en la exigencia de su cabal cumplimiento” (Proceso 542, 9/12/1992), se dijo entonces y se mantiene ahora. También se demanda este mismo protagonismo frente a la violación sistemática de los derechos laborales, la posibilidad de que se privaticen servicios importantes para la población como la salud y el agua potable y los reiterados señalamientos al sistema de pensiones. Además hay que recordar que Óscar Luna llega a la institución en un momento difícil, cuando puede verse el inicio de una campaña electoral adelantada, caliente y polarizante. En esta dinámica están todos los funcionarios y políticos tanto del partido oficial como de la oposición, incluido el propio presidente Saca quien ha encabezado los llamados a polarizar el país. Semejante situación plantea la posibilidad de un aumento paulatino o quizás repentino de la violencia y ante esto tendrá que responder la PDDH. Para darle respuesta a estas y otras demandas el nuevo titular deberá armarse de valor y firmeza. Se requiere que adquiera o potencie sus capacidades técnicas y administrativas, así como su habilidad para dialogar y negociar. En esta nueva etapa de la institución deben tenderse nuevos puentes de acercamiento con las demás instituciones del Estado y con la sociedad y sus expresiones. Buena parte de su éxito depende de la facultad que tenga para coordinar el trabajo. En ese sentido, y parafraseando los íconos de la política de inseguridad impulsada por Saca y Flores, el IDHUCA le tiende su “mano amiga” para apoyar el trabajo de fortalecimiento institucional, capacitando y ofreciéndose a sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Esto sin embargo no implica que se callará ante los fallos y omisiones, cuando eso suceda también habrá “mano dura”, denunciando cuando se aleje del cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. Se espera de esta nueva gestión un marcado protagonismo en defensa de los intereses de las mayorías y no una reedición de la gestión de Molina Fonseca cuando la institución era demasiado timorata para enfrentarse a los problemas nacionales y señalar a los criminales. Finalmente, se aplaudirá con ambas manos cuando se demuestre capacidad para enfrentar los desafíos planteados y otros que seguramente aparecerán. Luna deberá enfrentarse a dos grandes males que afectan la institucionalidad nacional y en particular a la PDDH. El primero, es el reparto de las entidades gubernamentales, así logran ponerlas al servicio de sus intereses y no de los del país. La PDDH es una porción de ese pastel y eso debe tenerlo claro el nuevo titular y la población. Y el segundo, es la asignación presupuestaria, en particular a esta institución se le asigna muy pocos recursos y todos los años se ve a sus funcionarios solicitando aumento de recursos sin obtener mayores resultados. Tan infame es esta asignación que hasta el momento ha funcionado con una cantidad de fondos similar a la que tiene la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Ninguno de estos males se ha solucionado en la Asamblea Legislativa. Han pasado quince años desde que la Procuraduría ilusionó a la población y desde entonces no se ha hecho más que atacarla o ignorarla. Es necesario entonces la acción de un movimiento social inteligente, racional y creativo para que se alíe a esta institución que tanta sangre y dolor le costó a cientos de víctimas. No puede permitirse que se le siga matando a pausas y para evitarlo es necesario el ojo vigilante y el involucramiento de todos y todas, para premiar a los funcionarios y políticos que cumplan con su trabajo pero también para pasarle factura a quienes no lo hagan. No debe permitirse que esta institución se convierta en un satélite del gobierno de turno sino una piedra en el zapato que le obligue a quitárselo para ponerse al lado del descalzo. Parte 1:
La empresa Just Garments cierra en medio de abusos La empresa salvadoreña Just Garments, S.A. de C.V. fue fundada en el 2003 y promocionada en el exterior como una “cooperativa sindicalizada” controlada por las trabajadoras, donde todos sus derechos serían impecablemente respetados. Pero la fábrica, rápidamente se convirtió en una compañía violadora de las leyes laborales internas y de los derechos de las trabajadoras, víctimas de quienes supuestamente las beneficiaban.
El pago de la deuda a la empresa de comercio justo SEAC Internacional LLC, para no afectar aún más la imagen del país entre los buenos inversionistas. Asociación de Mujeres por la Dignidad y La Vida (Las Dignas) Por la dignidad de las víctimas, no a los criminales impunes En otros países, a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos les piden perdón y se adoptan medidas para repararles el daño sufrido; acá, el poder las ignora y las desprecia. En otros países se investiga, enjuicia y castiga a los responsables de esos terribles actos; acá, el poder los premia. En otros países como Alemania, Rusia e Irak derribaron las efigies de esos criminales; en El Salvador –quince años después de la guerra– quieren presentar a genocidas como héroes y pretenden terminar de sellar el blindaje de impunidad que los protege, con homenajes insultantes y provocadores. La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia ¿Es cierto o no lo que afirmó Su Santidad? |