Migrantes

 
   
 
Artículos
   
   
  Pobreza y trabajo. Testimonios de familias migrantes salvadoreñas -Introducción- (02/09/2004)
   
 
   
  Declaración de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones ante la IX Conferencia Regional sobre Migración (17-21 de Mayo de 2004)
   
  Propuestas de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones presentadas en el marco de la IX Conferencia Regional de Migración (17-21 de Mayo de 2004)
   
 
   
  Tráfico ilegal de personas (15/10/2003)
   
  Tragedia migratoria (15/05/2003)
   
  Los derechos humanos de los emigrantes, el tema excluido del Plan Puebla-Panamá (26/02/2003)
   
 

Terrorismo, migración y derechos humanos (28/11/2001)

   
  Segundo Montes y la investigación sobre los movimientos migratorios en El Salvador (14/11/2001)
Sergio Bran, Jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA
   
  Terremotos, migración y derechos humanos (07/03/2001)
   
 
Instrumentos internacionales sobre derechos migratorios
   
  Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
   
  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
   
  Declaración sobre el Asilo Territorial
   
  Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven

Artículos sobre migración

 

Muriendo para vivir: el camino del emigrante

Había una vez dos salvadoreños viajando fuera de su tierra. Ambos debían cruzar varios países para llegar a su meta; iban acompañados, con su equipaje y sus respectivas responsabilidades, pero las circunstancias eran distintas. El 24 de junio del 2005, el presidente Antonio Saca junto a miembros de su gabinete se reunía en Francia con empresarios y directores de organismos internacionales; mientras, Elí Rivera –joven emigrante originario de Ahuachapán– atravesaba México con la esperanza de llegar a Estados Unidos de América (EUA).

A Saca lo recibían con abrazos y apretones de mano, lo rodeaban con platos de buena comida, bebidas exóticas, sonrisas y ofrecimientos como el de “Lacoste”, la prestigiosa fábrica de camisas y otros artículos de moda que –según el mandatario– le interesaba establecer en El Salvador una planta de producción. En cambio Elí, en su viaje tenía que esconderse de algunas autoridades mejicanas o acostumbrarse a sus golpes, insultos y demandas de dinero para que lo dejaran continuar avanzando hasta su destino. Apenas comía y el agua era escasa. En México había conseguido que su hermano le prestara cincuenta dólares para continuar su trayecto y lideraba una “delegación” formada por algunos primos y amigos; en total, eran cuatro hombres camino al “norte”.

Ese día, Saca seguramente durmió en un hotel francés de cinco estrellas mientras Elí y sus acompañantes lo hicieron bajo todas las estrellas, a cielo abierto. Al día siguiente, la noticia de los “logros” de Saca apareció pomposa en los medios nacionales. A diferencia de esa “alegría”, la familia Rivera recibió un trágico aviso: un tren le había destrozado el cráneo a Elí. Sus acompañantes pidieron ayuda a la Cruz Roja de aquel país y lo trasladaron al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, en San Luis Potosí, donde lo atendieron.

Este joven ahuachapaneco no es la única persona emigrante accidentada en tierras extrañas. En la prensa escrita, radial, televisiva y electrónica del país se reporta una larga lista de lisiadas y mutiladas por los trenes en los que pretendían acercarse a la realización de su sueño en tierra estadounidense; sueño que, a final de cuentas, terminó siendo una verdadera pesadilla. Pese a esto, un promedio diario de quinientas personas hacen maletas y emprenden este peligroso viaje. El desempleo y el subempleo, la pobreza, el abandono del sector agrícola, los bajos salarios, la inseguridad y la falta de oportunidades son poderosas razones que les obligan a dejar su familia. No tienen otra opción que arriesgar su vida, con tal de que los suyos tengan lo necesario para sobrevivir.

Esas dificultades también las enfrentó Elí, el emigrante. Su vida inició en Tacuba, uno de los municipios ubicados en el rango de la extrema pobreza y “beneficiario” del programa “Red Solidaria”. Estudió hasta sexto grado y ayudó a su padre en las labores agrícolas. Era un muchacho sano, con las inquietudes propias de su edad. Pero llegaron las responsabilidades, se acompañó y fue padre. Entonces comenzó a buscar el pan diario para su nuevo hogar; esa necesidad básica que no pudo resolver en su país “seguro” y “unido”, según la propaganda oficial, lo obligó a abandonarlo y a alejarse de sus familiares. Cuando éstos se enteraron del accidente, comenzaron a gestionar su retorno. Enviaron cartas a diferentes entidades y funcionarios: al presidente Saca, a la primera dama y presidenta de la Secretaría Nacional de la Familia, y a Carlos Velasco, cónsul de El Salvador en México. Ninguno tuvo siquiera la decencia de responder; simplemente, los ignoraron. Para esta gente, como para mucha otra, no alcanzó el “sentido humano” del actual gobierno.

Semejante comportamiento contrastó con la repuesta del Estado mejicano, Elí fue muy bien atendido allá, tanto que le salvaron la vida pese a que las probabilidades eran mínimas. Por escrito, funcionarios de aquel país comunicaron que –en un acto de corresponsabilidad– asumirían los gastos de atención médica que ascendían a veinticinco mil dólares. También contrastó la actitud de la administración Saca con sus discursos antes de ganar las elecciones. Él llegó a la silla presidencial presentándose como “defensor” de los indocumentados. En este uso publicitario de las y los emigrantes anunció la creación del Vice Ministerio para los Salvadoreños en el Exterior, que tampoco fue capaz de dar respuesta a la familia Rivera. La prórroga del Estado de Protección Temporal (TPS) fue otra de sus maniobras propagandísticas, utilizada para el evento electoral de marzo del presente año. Estas medidas para el supuesto beneficio de las y los compatriotas en EUA, que en la mayoría de los casos abandonaron su tierra por la precaria situación económica, resultan huecas y ofensivas cuando alguien pide y no recibe del Estado lo que está obligado a brindar: atención a sus necesidades.

Por fortuna, gracias al grupo Beta Sur –que trasladó a Elí desde el sanatorio potosino hasta la frontera de Talismán, Chiapas, con Guatemala– y a Comandos de Salvamento de El Salvador que facilitaron una ambulancia con personal paramédico para el resto del trayecto, Elí pudo llegar al Hospital Nacional de Santa Ana. Pero su calvario aún no terminaba; tampoco la camándula de ineptitudes estatales. Después de “evaluarlo” y revisar el historial clínico, las autoridades del servicio de emergencias de dicho nosocomio lo remitieron al Hospital Nacional de Ahuachapán y de éste lo mandaron a su casa porque consideraron que su estadono ameritaba ingreso. Quién sabe cuál fue la base para tal decisión, porque Elí tenía un orificio y un tubo en la garganta para poder respirar; además, se alimentaba a través de una sonda introducida en el estómago. No podía hablar y carecía de movilidad en la parte izquierda de su cuerpo. No se necesita ser gran médico para darse cuenta de su delicada situación. En todo caso, debieron orientar a la familia sobre su atención; pero ni siquiera eso hicieron.

Una semana después, lo llevaron de regreso al centro médico porque vomitaba constantemente y tenía temperatura alta. La irresponsabilidad llegó a su máximo entonces: no los quisieron recibir, hasta que acudieron a la delegación departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero la atención fue muy mala y tuvieron que remitirlo, de nuevo, al Hospital santaneco donde mejoró un poco; pero la negligencia continuó. Toda la sonda se le introdujo en el estómago porque el personal médico quitó el clip que la sostenía. Por eso, se hicieron las gestiones necesarias para que fuera atendido en el Hospital Divina Providencia, donde fue aceptado pese a atender sólo pacientes con cáncer; pero antes se le llevó lo al Hospital Rosales para que le retiraran la sonda. Un equipo multidisciplinario del “Hospitalito”, como la gente conoce el lugar del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, le reestableció la salud.

A partir de este caso, revelador de una tragedia humana enorme, queda clara la urgente necesidad de diseñar e impulsar una política estatal o –al menos– un manual de procedimientos para atender a cualquier salvadoreña o salvadoreño que se accidente en otro país. Nada de lo sucedido debe repetirse, porque es una obligación constitucional asegurar la salud de cualquier compatriota. Brindarles atención médica u hospitalaria a esta gente, no es un favor o una obra de caridad. Asimismo deben proveerse recursos para contar con transporte aéreo y terrestre con las condiciones mínimas para trasladar a quienes sufran algún percance en el exterior. También debe destinarse una partida presupuestaria para cubrir estos gastos. Si de verdad hay interés en toda la población salvadoreña emigrante, esto es lo menos que pueden hacer las autoridades gubernamentales. Además, estos recursos servirían para aquellos seres humanos nacidos en otras tierras que sufran similares desgracias acá en El Salvador.

Sin embargo y sin quererlo, Elí el emigrante y su familia volvieron a descubrir y denunciar con su calvario el sentido inhumano del proyecto económico imperante en el país y de quienes se benefician del mismo. Por eso no han hecho nada ante este problema, que va más allá del presente caso. Cada situación que Elí enfrentó, mostró su indiferencia ante el dolor de los más necesitados y la inconsistencia de las frases publicitarias gastadas, así como la incompetencia que rodea a esta administración en todos los ámbitos. No solucionan nada y empeoran todo. Eso sí, para publicitarse no hay quien le gane.

 

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Pobreza y Trabajo. Testimonios de familias migrantes salvadoreñas

A fines de la década de los 70 y principios de los 80, comienza una ola migratoria del pueblo salvadoreño que eventualmente se convierte en un verdadero fenómeno migratorio quizás sin precedentes. Originalmente empujados por un conflicto civil que cobró la vida de al menos 75,000 salvadoreños a lo largo de 12 años, el pueblo salvadoreño no ha dejado de migrar pese a la firma de los acuerdos de paz.

Se estima que hoy en día hay 2 millones de salvadoreños que viven en el exterior. La vasta mayoría de ellos viven en los Estados Unidos, concentrados en California, Texas, Nueva York, Virginia y Maryland. Pero aún en estados como Massachusetts, la presencia del pueblo salvadoreño se ha sentido. De acuerdo al último censo estadounidense hecho en el año 2000, la comunidad inmigrante salvadoreña creció un 137.40% en el estado de Massachusetts, denotando la continua inmigración y más aún el aumento de ella.

La colección de entrevistas en este libro nace del deseo de entender mejor las implicaciones y consecuencias de este fenómeno migratorio y permitir que sean las voces mismas de aquellos que han vivido esta experiencia las que nos hablen directamente. Las entrevistas fueron hechas con 10 familias que viven mayormente en áreas rurales de El Salvador en departamentos como Chalatenango, Cuscatlán, La Unión y Santa Ana. Cada una de estas familias tiene al menos uno o, en la mayoría de los casos, más de un familiar que vive en el área metropolitana de Boston, en el estado de Massachusetts. Algunos de estos familiares emigraron hace mas de 10 años; otros, en los últimos cinco. Las entrevistas con el emigrante y un familiar cercano que todavía vive en El Salvador se realizaron durante el año 2002.

Son 10 familias quienes con mucha valentía y sencillez comparten con nuestros lectores las razones del porqué emigraron, el viaje hacia el norte, la realidad del “sueño americano”, la separación de las familias, la interdependencia económica que surge de las remesas familiares, sus apreciaciones en cuanto a la situación económica, social y política de El Salvador, la influencia de la cultura estadounidense y sus sueños para el futuro. Con estas diez familias aprendemos que la migración salvadoreña hoy en día es una historia en forma de círculo la cual comienza en un cantón, pueblo, o una ciudad en El Salvador y no termina en una ciudad estadounidense (en el caso de estas entrevistas Boston, Massachusetts) sino que regresa al mismo lugar en donde comenzó.

Esta colección de entrevistas no pretende ser un estudio científico social. Por ende, no podemos llegar a conclusiones definitivas que nos ayuden a entender a ciencia cierta las consecuencias e implicaciones del fenómeno migratorio salvadoreño. El mérito de estas entrevistas es el de permitir que las personas que han vivido en carne propia esta historia nos hablen directamente al corazón. Mucho podemos aprender de estas diez familias, y podemos escuchar los ecos que reflejan a través de sus historias y los temas que se entrelazan diciéndonos lo mucho que tienen en común. También nos revela lo importante que es reconocer y documentar la historia del pueblo salvadoreño.

Razones para inmigrar

El motivo de fondo que impulsó a uno o más miembros de estas diez familias a emprender un viaje incierto y peligroso fue la pobreza, agravada por la guerra civil en la década de los 80 y una carencia casi total de oportunidades laborales que les permitieran devengar un salario digno. Algunos de los entrevistados que emigraron en la década de los 80 y principio de los 90 se vieron más afectados por la violencia y el peligro del conflicto armado. Una de las personas entrevistadas cuenta detalladamente el asesinato de su hermano y de su propio secuestro. Otro cuenta su reclutamiento por los cuerpos militares y cómo esta experiencia lo impulsó aún más a salir del país.

Pero más allá del peligro, la violencia y la amenaza a sus propias vidas y la de sus familiares que significó el conflicto civil salvadoreño, la razón de fondo por la cual todos los salvadoreños entrevistados emigraron fue la pobreza. En las palabras de una de las personas entrevistadas: “Mis razones por qué salí de El Salvador son, como toda la gente que tiene el sueño de llegar acá, la situación económica, social y política.....Porque no hay muchas opciones allá. Porque la guerra afecta a lo económico. De por sí el país ya estaba en mala situación y esto vino a agravar la situación económica".

Son varias las historias de penuria que se escuchan en estas páginas relatando el trabajo arduo que no rinde lo suficiente para sobrevivir, mucho menos para superarse. La vasta mayoría de las familias entrevistadas viven en zonas rurales del país donde la manera de sobrevivir ha sido tradicionalmente de la tierra. Sus historias relatan los desafíos de esta vida: de las sequías y de las hambres cuando no se cosecha y del trabajo arduo bajo un sol y un calor desesperante que rinde muy poco. Como nos relata un salvadoreño en estas entrevistas: “....nosotros hacíamos agricultura – sembrar maíz, vender. En una parte de sol, trabajando para poder sobrevivir ya ve que el sustento de nosotros es más diferente. Usted puede trabajar todo un día y no gana". Otro salvadoreño hace eco a esta historia cuando nos relata que “cuando vivía en El Salvador, pasé momentos de hambre. Y no solamente yo, mis hermanos también. Porque hacíamos mucho, trabajábamos mucho. Por eso decidí venirme para acá, para este país, porque allá no se supera. Tal vez no buscar la manera de superarse, pero por lo menos ver lo que uno hace”.

El Viaje

Varias de las historias narran viajes hacia al Norte que implican un alto costo económico y que son sumamente peligrosos y difíciles. En la mayoría de los casos, los emigrantes tienen a un familiar o amigo viviendo en los Estados Unidos que le ayuda a conectarse con un “coyote” y a reunir gran parte del dinero para pagar el trayecto; por eso, muchos de estos emigrantes esperan ponerse a trabajar al llegar y así pagar pronto esta deuda.

El trayecto es largo y en algunos casos transcurren varias semanas antes de llegar a su destino. En ese camino encuentran todo tipo de peligros y amenazas: “coyotes” que los abandonan en México; encuentros con los cuerpos policiales mexicanos que los sobornan; largas caminatas por lugares desiertos sin comer ni beber; vehículos que los transportan a oscuras y tan apretados al punto de que sus músculos pierden su sensibilidad; y varios intentos de cruzar la frontera estadounidense. Son semanas de hambre, sed, incertidumbre, ansiedad, soledad y cansancio. Estos relatos son un verdadero testimonio de la fortaleza interna, valentía, determinación y perseverancia de los migrantes. Lo que los impulsa son unos deseos poderosos de escapar de la pobreza, la violencia y la inestabilidad económica y social que ven en sus vidas, superarse y ayudar a sus familias. Lo que los fortalece es su fe en Dios. En sus relatos escuchamos cómo varios de estos migrantes se vuelven a Dios en los momentos más duros y peligrosos.

No sólo son los migrantes quienes sufren. También sufren sus familiares que quedan atrás, quienes muchas veces se ven forzados a soportar una agonizante espera de semanas antes de escuchar si su ser querido llegó con bien a su destino. En las palabras de una madre: “El último en irse fue un varoncito, un cipote de unos 14. El último en irse estuvo como dos meses para entrar allá. No podía entrar. Para una madre es duro que sus hijos se le vayan. Mire que ya lo hacíamos perdido, porque no sabíamos nada de él. Hasta los que estaban ayudándole allá, lloraban por él, porque se había perdido. Pensábamos que se había ahogado en el Río Bravo...”

Como los mismos migrantes de estas entrevistas reconocen, el viaje hacia el “Norte” se ha tornado aún más peligroso y más caro desde que se detonó el fenómeno migratorio salvadoreño. A pesar de los peligros y del costo económico, salvadoreños continúan emprendiendo este viaje, dándonos un testimonio poderoso de la falta de alternativas en El Salvador para sus vidas.

Separación Familiar

Madres que comparten sus historias en estas entrevistas, nos dan un testimonio del sufrimiento que llevan en sus corazones de ver la partida de hijos que luego no vuelven a ver en años. “A mí me hacen mucha falta mis hijos, porque están lejos. Como les digo a ellos, cuando yo me recuerdo de ellos, me pongo a pensar mucho. Hay veces hasta lloro, porque deseo hablar, verlos, conversar con ellos personalmente y no puedo......Hay momentos, fíjese, cuando yo me quedo sola, digo yo: ‘mis hijos, ¿dónde estarán?' Yo no los puedo ver, y no puedo ir a verlos a ellos”.

Por otro lado, el salvadoreño que logra llegar a los Estados Unidos sufre un período igualmente conmovedor al verse aislado y sólo en un país extraño. “La llegada, no fue nada como yo me la esperaba. Es tan difícil. No podía ni hablar el inglés. Lo primero que fue difícil para mi fue llegar a una casa y encerrarme ahí. Es como vive la gente acá. Es totalmente diferente. No podía entender absolutamente nada de lo que la gente decía. Me sentía desesperado”. También sufren la separación de seres queridos a quienes extrañan aún después de largos años. Un salvadoreño comparte lo que más extraña después de más de diez años de vivir en los Estados Unidos: “Pero más que todo extraño a mi Mamá. A mi Mamá y a mi hermanita, que la dejé de 5 años. La extraño mucho porque era muy pegada a mí, muchísimo. Ella quería ir donde yo iba. La extraño mucho.” Varios de los que migran se ven obligados a dejar a sus hijos, agravando su angustia. Y aún años después de haberse establecido en los Estados Unidos hay muchos que todavía extrañan a sus seres queridos.

Las entrevistas nos pintan un panorama complejo de relaciones familiares. No son solo las remesas que unen a los familiares, sino también los vínculos tradicionales en una relación dinámica. Una madre en El Salvador nos dice: “Yo apoyo a mi hijo moralmente porque económicamente yo jamás podría darle pero espiritualmente, siempre lo aconsejo, a pesar de que él está más preparado que yo pero una nunca debe dejar de martillarlos que se porten bien. Porque están grandes pero no están seguros.”

La separación familiar que conlleva la migración se dificulta y se extiende debido a barreras estructurales relacionadas con la dificultad en obtener visas para los que viven en El Salvador y la falta de un estatus legal migratorio permanente para el salvadoreño que viven en los Estados. La combinación de estas barreras no les permite a estas familias mantener un acercamiento físico más regular y continuo. Por ende, la separación familiar es de largos años.

A pesar de la tristeza que sufren estas familias por la separación, regresar a El Salvador para el que emigró no es una alternativa. Prevalecen más las oportunidades laborales que tienen los emigrantes en los Estados Unidos y la dependencia económica que surge por medio de las remesas familiares. Por ende, estas familias sobrellevan la tristeza de la separación familiar como precio que necesariamente tienen que pagar para asegurar la sobrevivencia de la familia entera. “¡Dios guarde! Es cierto que están lejos, los extraño mucho. Me hacen falta mis hijos, pero si no estuvieran ellos allá, a saber qué sería de la vida de nosotros, porque el cambio que ha habido en la vida de nosotros ha sido grande. Todos los hijos que están en Estados Unidos me envían mensualmente". Otra madre dice: “No me gustaría que Marcela se viniera. Es que si ella se viene, no hay ayuda. Si se viene, aquí no hay trabajo.”

Remesas Familiares

Las remesas familiares son el vínculo mas concreto que existe entre estas familias.Ellas se han convertido en el sostén primordial que les permite a los parientes en El Salvador sobrellevar la vida cotidianamente. Una madre dice: “Si no hubieran remesas nos moriríamos de hambre”. Esta ayuda económica mayormente la ocupan para pagar necesidades básicas como comida, medicina y educación, aunque en algunos casos, familiares en El Salvador han logrado ocupar parte de este dinero para construir casas, comparar terreno y establecer pequeños negocios.

Además del aporte económico, los emigrantes envían bienes como muebles, aparatos electrónicos, refrigeradoras y otros artículos de casa que mejoraran cualitativamente la calidad de vida de estas familias. La ayuda total de estos emigrantes para con sus familias se resume en las palabras de una madre que tiene tres hijos que viven en Boston, Massachusetts: “Ellos nos ayudaron a construir esta casa. La casita estaba ya, pero ellos me han ayudado para hacer el baño, para cualquier cosita. Para la medicina, para comida, para comprar mueblecitos ellos me han ayudado. Me han mando roperos, jueguito de mesa, inodoro, cocina, este televisor, estéreo, teléfono, todo es por ellos. Mis hijitos me han ayudado. Mi vida ha mejorado desde que se fueron mis tres hijos.”

En casi todos los casos, hay un reconocimiento que sin estas remesas, la pobreza sería insoportable, tan insoportable que la separación familiar aunque dolorosa, es preferible. Una y otra vez escuchamos las voces de padres que aseguran que sus vidas han mejorado con la migración de sus hijos y la ayuda que reciben luego que ellos encuentran trabajos. De igual forma, reconocen que sus vidas volverían a la miseria de antes si regresan sus hijos a vivir a El Salvador o si dejan ellos de enviar las remesas familiares.

En las entrevistas se logra escuchar maneras concretas en que las vidas de estas familias que viven en El Salvador han mejorado, sobre todo en cuanto a su dieta y alimentación. Pasan de comer “tortillas con una tajadita de limón” y “agua de café” a una dieta más variada y nutritiva que incluye carne de res, pollo, cerdo, verduras y por supuesto, “frijolitos con queso y crema”.

Más allá del significado económico de estas remesas, en algunos casos, vemos como las remesas familiares también son una medida que algunos ocupan para concretizar la existencia o no del amor y la lealtad hacia la familia. La obligación que sienten los migrantes de mantener a sus familias, en la medida posible, es palpable. Como nos relata una joven salvadoreña migrante: “Es bastante dinero que enviamos a El Salvador. En realidad es es un gasto bastante grande viéndolo económicamente. Pero para nosotros es como un compromiso. Es una meta que nos hemos puesto: que el momento y el tiempo que nosotros estemos en este país no les falte nada a ellos. El hecho de estar tan lejos y que sufran nuestra ausencia queremos recompensarselos con un poco, aunque no se llegará a compensar todo”. Esta obligación refleja en gran medida las expectativas y la presión que sienten de parte de sus familiares en El Salvador de asumir dicha obligación. En respuesta a una pregunta de que pasaría si sus hijos dejaran de enviar ayuda económica, una madre responde: “Si mis hijos dejaran de enviar yo me sentiría mal y averiguaría que por qué es que ya no me ayudan, averiguaría por qué han cambiado. Averiguaría si no mandan por andar ahí talvez paseando, gastando o sería porque no tienen trabajo o por qué sería.Yo investigara eso.”

Para el migrante salvadoreño, en estas entrevistas, la obligación económica que asumen para con sus familias en El Salvador implica un trabajo adicional y en algunos casos privarse de alcanzar un nivel económico más cómodo en los Estados Unidos. En al menos un caso vemos la frustración de un migrante quien elige estudiar en lugar de realizar un segundo trabajo para enviar dinero a El Salvador y al tomar esa acción se encuentra marginado por sus amigos y por ende obligado a desvincularse de su familia en El Salvador y de sus amigos en Boston. En sus propias palabras, “...después de vivir un año, año y medio con mi amigo, decidí irme por mi propio camino. Porque teníamos problemas en la manera de pensar. Yo quería estudiar. Él decía que eso no lo podía hacer, que tenía que solo trabajar. Y yo siempre sentí la necesidad de estudiar. Entonces, fue muy difícil. Y pasé aproximadamente cuatro años que no me comuniqué con mi familia para nada”. Este migrante logró superarse, reconectarse con su familia y continúa estudios mas avanzados, lo cual, después de todo, le ha permitido ayudar aún más a su familia .

No es solo las remesas familiares que dan testimonio de la gran dependencia económica que ha surgido entre estas familias. También cuentan el impacto positivo que han tenido las remesas colectivas en los pueblos donde viven. Estas remesas colectivas se ocupan en proyectos de desarrollo local para mejorar la vida comunal de un pueblo o cantón. En las palabras de una persona entrevistada, “Allá en Loma Larga sí se ha construido una calle que va recto para arriba. Esa calle está construida de puro dinero de allá. Allá hacían colecta con la gente que vivía en Boston. Casi toda es de aquí, de Loma Larga. Bien bonito están dejando. Pusieron agua potable también. Todo eso es una gran ayuda.”

Las remesas colectivas muestran el alto grado de organización que tienen los salvadoreños que viven en el exterior. Y se organizan a nivel de las comunidades en ambos sitios, sin dependencia en gobiernos o agencias internacionales. Una salvadoreña que vive en Boston cuenta que “Acá existen grupos que tienen relación con El Salvador. Hay un pequeño comité que para cualquier cosa que sea, está mas al tanto de lo que esta pasando, lo que se necesita. También hay otro comité que se llama el Comité San Vicente. Y el Comité Plan de la Mesa. Hay pequeños comités que se unen. Talvez en ese pueblo no hay una calle que pueda entrar un carro; hacen la calle. El dinero se envía de acá para allá.”

Desafíos y Oportunidades en los Estados Unidos

Para los salvadoreños que viven en Boston y que compartieron sus historias, sus experiencias en los Estados Unidos han sido una combinación de desafíos y oportunidades. El período original de ajuste es obviamente difícil ya que todo es nuevo y diferente. Dominar el idioma ingles, la falta de documentación legal migratoria y la discriminación que enfrentan por no hablar el idioma y ser inmigrantes son algunos desafíos que enfrentan.

El Idioma. De acuerdo al censo estadounidense del año 2000, el 46% de salvadoreños que viven en Massachusetts no hablan inglés. Esta es una barrera enorme para el salvadoreño en términos de alcanzar mejores oportunidades laborales y académicas. También constituye un factor importante en la calidad de vida de estos inmigrantes, ya que el no dominar el idioma significa mayores dificultades en su proceso de integración plena, en lo social, económico y político del país que en gran medida han elegido como su nuevo hogar. Este proceso se trunca por no poder comunicar sus necesidades, opiniones, ideas, etc, ni entender plenamente lo que ocurre alrededor de ellos, lógicamente eso los lleva a una mayor marginalización de la sociedad en general. Tristemente, varios de los salvadoreños entrevistados cuentan de sus deseos y esfuerzos de mejorar el idioma pero de lo difícil que es lograr esta meta por sus horarios de trabajo. En las palabras de una salvadoreña, “Me gustaría tomar cursos de inglés pero ya ve que si lo tomo, se ocupa el tiempo y no puedo trabajar. Entonces no puedo.”

El Estatus Legal Migratorio. En cuanto a su estatus legal migratorio, la comunidad inmigrante salvadoreña, comparada a otros grupos inmigrante latinoamericanos, al menos goza de algunos programas especiales que les ha ofrecido cierto grado de protección. Estos programas son el resultado de luchas y trabajo de incidencia política que la misma comunidad salvadoreña organizada en los Estados Unidos ha emprendido a lo largo de los últimos 20 años. Programas como la ley NACARA por medio del cual salvadoreños que llegaron a los Estados Unidos antes del año 1990 y mayormente durante el conflicto armado del país pueden ahora obtener su residencia permanente. En el año 2001, el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) le dió protección al salvadoreño que llegó a los Estados Unidos en o antes del 13 de febrero del 2001 a raíz de los terremotos que sufrió el país ese año. Sin embargo, porque el fenómeno migratorio no ha menguado, hay miles de salvadoreños que no se pueden abrigar bajo la ley NACARA y para quienes el TPS simple y sencillamente significa un permiso de trabajo sin la libertad de viajar fuera de los Estados Unidos ni gozar de otros beneficios y privilegios de la residencia permanente. El TPS, por naturaleza, es un programa migratorio temporal, lo cual significa que aquellos que están inscritos en él, no necesariamente gozan de la tranquilidad de saber que pueden vivir en los Estados Unidos en una manera permanente. Finalmente, salvadoreños que llegaron a los Estados Unidos después de la fecha límite del TPS no se pueden abrigar bajo ningún programa.

Cuando el inmigrante es indocumentado es presa fácil para la explotación y la discriminación en el trabajo. Es una de las consecuencias más trágicas del sistema económico estadounidense que siendo ilegal el darle trabajo a personas indocumentadas, estas buscan no uno, sino dos y a veces hasta tres trabajos. La razón es que simple y sencillamente los inmigrantes aceptan trabajos que ciudadanos nunca aceptarían por el pago que reciben. Sin embargo, para muchos de los salvadoreños entrevistados, estos trabajos significaban ingresos que, comparado a lo ganado en El Salvador por trabajo igual o peor, son mucho mejores. Por ende, raramente reconocen ellos mismos la injusticia que viven.

Las entrevistas contenidas en este libro fueron hechas en el año 2002, unos meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Una de las respuestas del gobierno estadounidense a la luz de su vulnerabilidad en cuanto a su seguridad nacional fue el endurecer la política migratoria. A la misma vez, un sentimiento fuertemente anti-inmigrante se desató por el país entero. La situación vulnerable del inmigrante indocumentado y aún el que al menos tenía un permiso de trabajo se volvió aún más precaria.

Discriminación. La combinación de no hablar el inglés con su condición de inmigrante indocumentado o con un estatus migratorio temporal ocasiona discriminación. Aunque a veces alguno de ellos no reconoce dicha discriminación, sus relatos en cuanto a experiencias laborales dicen mucho de cómo son maltratados aún por otros inmigrantes latinoamericanos e incluso salvadoreños. Este maltrato incluye despidos, amenazas, insultos y hasta no pagarles por trabajo hecho. La experiencia la resume una salvadoreña en estas entrevistas cuando relata lo siguiente: “Con respecto a los trabajos, el solo hecho de no tener un papel, un documento para trabajar, ha servido un poco para ser discriminado. Porque a veces los supervisores con los que uno trabaja son personas que se portan muy duro y lo hacen sentir como que ser inmigrante es una desgracia para uno. Y el sueldo que a nosotros nos pagaban era muy bajo, especialmente comparado al sueldo que una persona debe ganar trabajando en un freezer, donde las temperaturas no cambian de 30 a 20 grados para abajo. Uno tiene que estar, por ejemplo, con tres suéteres, un gorro y tres pares de calcetines y dos pantalones porque no aguanta el frío. Entonces cinco dólares o seis dólares para un trabajo así, me parece, es muy poco. La discriminación también existe en el momento en que a uno lo despiden sin ninguna explicación”.

A pesar de los desafíos tan grandes que enfrentan los emigrantes de nuestras entrevistas relacionados con el idioma, su estatus legal migratorio y como estos resultan en su discriminación, con el tiempo logran ajustarse y hasta llegan a relacionarse con los Estados Unidos con una mezcla de agradecimiento y amor, sobre todo aquellos que han logrado conseguir un estatus legal migratorio permanente. La mayoría de ellos ven a los Estados Unidos como el país que les dio la mano y la oportunidad de salir adelante y ayudarle a sus familias. Como lo asegura una salvadoreña que vive en Boston: “Le debemos mucho a los Estados Unidos. Ellos han hecho mucho por nosotros, porque nos han dado muchas oportunidades”. Varios de las y los entrevistados que viven en El Salvador comparten esta opinión. De acuerdo a una de estas personas: “Los Estados Unidos nos ayuda dándoles trabajo a los que están allá. Sí, dándoles el trabajito que les dan a ellos.”

Los diferentes niveles de protección migratoria, desde indocumentado hasta residente permanente, están relacionados con los niveles de tranquilidad, seguridad, oportunidades laborales y de educación y hasta el amor que sienten por los Estados Unidos. Todos hablan sobre la falta de seguridad en sus lugares de trabajo, los bajos ingresos y el constante temor de ser delatados frente a inmigración cuando no tienen “papeles” y como esta situación mejora apreciablemente cuando logran su permiso de trabajo. Los que ya son residentes permanentes gozan de la libertad de viajar a El Salvador y ya se sienten mas parte de los Estados Unidos que de El Salvador.

Relación entre El Salvador y Estados Unidos

En las voces de los salvadoreños y las salvadoreñas que todavía viven en El Salvador y que nos hablan en estas entrevistas, escuchamos claramente vocabulario y expresiones idiomáticas como “cipote” y “pisto” netamente salvadoreñas. Podemos discernir mucho de la idiosincrasia y prácticas culturales que distinguen al salvadoreño. Sin embargo, casi todos ellos ven en el coloso del Norte, los Estados Unidos, a un país que admiran y al cual agradecen por las oportunidades de trabajo que les han dado a sus familiares. Algunos hablan de cómo El Salvador le pertenece a los Estados Unidos por la deuda externa y cómo con la dolarización El Salvador se convierte cada día mas como los Estados Unidos. “Perdió Colón, perdió España…El Salvador ya es colonia de los Estados. Sí, aquí, aunque no nos guste, hay que aceptarlo, dependemos de Estados Unidos”.

Casi todos valoran mucho que el Gobierno Salvadoreño tenga buenas relaciones con el Gobierno Estadounidense. Perciben en los Estados Unidos a un país que el salvadoreño necesita tanto para el que vive en El Salvador como para el que vive en los Estados Unidos. La admiración que sienten la mayoría de los entrevistados por los Estados Unidos la resume esta madre cuando dice: “Lo que más me gusta de los Estados Unidos es el buen corazón que tienen las personas que viven allá. Cuando uno tiene necesidad, por ejemplo en los tiempos del terremoto, del huracán, ellos están prestos para ayudarlos. Yo admiro el corazón de los gringos. No hay nada que no admire de los Estados Unidos. Casí todo lo admiro”. Aunque no necesariamente quisieran vivir en los Estados Unidos, todos expresan el deseo de al menos visitarlo. Y aquellos que sí han tenido la oportunidad de visitar, cuentan de las maravillas en los Estados Unidos y de lo “buena y linda” que es la gente. Muchos de ellos incluso se sienten parte de los Estados Unidos por tener familia que viven en ese país.

El salvadoreño que ha emigrado conserva su identidad. “Yo realmente me siento salvadoreña cien por ciento y la verdad para mi es un orgullo. No me olvido yo de mi patria; no la cambio por nada”. Al mismo tiempo los que ya tienen más años viviendo en los Estados Unidos y han logrado su residencia permanente adoptan una conciencia más amplia de ser latino o hispano y admiten el haber incorporado o integrado en su manera de ser y pensar aspectos estadounidenses. A diferencia de sus familiares en El Salvador, los salvadoreños que viven en los Estados Unidos hablan el español sazonado con palabras en inglés como “taxes” “biles” “social security” y otras. Van siendo ellos parte del fenómeno lingüístico estadounidense entre la comunidad de origen latinoamericano conocido como “Spanglish”. También se puede escuchar que el español se transforma un poco a medida adoptan expresiones idiomáticas de otros países latinoamericanos y caribeños.

Aquellos que han tenido hijos en los Estados Unidos, consideran a éstos como norteamericanos, aunque muchos de ellos se esfuerzan por inculcarles aspectos de sus raíces salvadoreñas como el idioma y algunas costumbres. “Mis niños se sienten más de acá que de allá. A mi me gustaría que mi hija supiera más de El Salvador. Hay muchas cosas que ya no recuerda”.

Algo que tienen en común es que ninguno quiere regresar a vivir en El Salvador. Aunque muchos añoran y extrañan a sus familias y algunos aspectos culturales como la comida, ninguno ve a su país como una alternativa para vivir, únicamente lo ven como un país para visitar y pasear, pero no como el lugar donde ellos volverían a hacer una vida. En las palabras de un salvadoreño que todavía no es residente, “Si me dieran la oportunidad de poder vivir acá o regresar a El Salvador yo me quedaba porque, como le estaba diciendo, por lo menos es un país donde uno puede trabajar. Si yo me fuera para mi país no podría vivir a como aquí, mi sueño es tener mi residencia, o qué se yo, mis papeles. Para ir a visitar mi país, lo único.”

Salvadoreños en El Salvador

No hay duda que el Gobierno de El Salvador enfrenta un desafío enorme en cuanto a resolver problemas viejos y estructurales que llevan a la pobreza a la mayoría de salvadoreños. Con un aproximado de 2 millones viviendo fuera de El Salvador y cientos más emigrando semanalmente, debemos preguntarnos ¿cuál será el futuro del país si este fenómeno migratorio continúa?. De acuerdo a las y los compatriotas entrevistados, las condiciones actuales del país no pintan un cambio radical y lo suficientemente estructural como para que alivie la pobreza y la falta de oportunidades de ganarse la vida en una manera digna y sostenible: “Yo dudo que la situación económica pueda mejorar. Yo dudo que mi país algún día pueda mejorar. Lo dudo porque no encuentro yo que mi país esté bien organizado, que sepa controlar las situaciones. Por eso lo dudo.”

A parte de la pobreza, los salvadoreños de nuestras entrevistas, tanto los que viven en El Salvador como los que han emigrado, señalaron la delincuencia como otro factor que hace de El Salvador un país inseguro e inestable. “Andar en San Salvador está terrible ahora. Las maras, las pandillas, todo está terrible. Antes no era así. Arruinado está El Salvador. Ya de noche no puede salir uno.Ya quedarse en hospedaje o si tiene casa o donde un amigo, porque sino me asaltan.”

Muchos también ven la delincuencia como un resultado de la pobreza: “Hay mucha delincuencia y personas que matan a otras personas por dinero. Eso es por el hambre. Esa delincuencia y gente que mata a otra persona para robarle algo, es por eso mismo. Por el hambre que hay en mi país. Porque yo sé que hay gente que no tiene dónde vivir, no tiene cómo hacer dinero. Imagínate tú la desesperación lo obliga a hacer algo que no es correcto. Eso es así. El hambre.”

Los salvadoreños de estas entrevistas que todavía viven en El Salvador no aprueban en gran medida lo que ellos consideran la falta de leyes “duras” para controlar el problema de la delincuencia: “Esas son cosas que talvez ni el gobierno las puede arreglar porque aunque ellos quieran, no pueden. Si ponen una ley dura y eso es lo que se necesita verdad, yo sé que el que es malo tiene que tener algo de miedo, verdad. El que merece la pena perpetua, pues está bien porque hacen unas cosas injustamente. El que la merece pues está bien.”

La delincuencia también hace menos deseable regresar, incluso visitar.Contemplando la posibilidad de regresar a El Salvador, una salvadoreña que ya es residente de los Estados Unidos comenta, “Con el ladronismo que hay y toda la delincuencia ya no se va a poder ni visitar allá ni nada.Porque si saben que uno llega de aquí piensan que tiene dinero, o que va con mucho dinero a visitar a la familia.Aunque usted no lleve nada. Entonces da un temor ir allá por eso. Porque a uno le da miedo por su vida.”

Todos los salvadoreños entrevistados residentes en nuestro país reconocen lo mucho que sus vidas han mejorado gracias a la ayuda económica que reciben de la familia que ahora viven en el exterior: “Nosotros diéramos lástima si esa gente no estuviera allá, porque la verdad es que aquí no hay fuentes de trabajo, aquí está tremendo esto”. Otra madre dice: “Ahora El Salvador ha mejorado un poquito más como le decimos porque hay muchos salvadoreños trabajando allá”. De igual forma, el salvadoreño que ha emigrado sabe muy bien que el poco progreso que se ve el país se debe a su ardua labor: “Yo pienso que si todos los salvadoreños que estamos acá no les ayudáramos en nada mucha gente hasta se escaparía a morir. Pues allá está difícil la situación. No lo quisiera decir pero quizás hubiesen casos de gente quese podría morir de hambre”.

La pobreza que tristemente ha caracterizado al país a través de su historia, ha menguado un poco para las familias que tienen hijos, hermanos, cónyuges viviendo en el exterior. Las remesas familiares rebasaron los 2 mil millones de dólares en el año 2003, constituyendo casi el 16% del Producto Interno Bruto del país. Éstas obviamente se han convertido en el pilar central de la economía salvadoreña. La vida de cientos de miles de familias ha mejorado, no como resultado de políticas económicas nacionales o internacionales, sino que, paradójicamente, como resultado del fracaso de estas políticas ya que, como hemos visto, la falta de oportunidades laborales y la pobreza son los motivos más poderosos que tienen los salvadoreños para emigrar.

Finalmente, aunque las remesas familiares han aliviado la pobreza extrema de estas familias y les ha permitido mejorar su calidad de vida, queda por verse si éstas serán suficientes y si lograrán pagar por un El Salvador que cada día se convierte al consumismo y servicios privatizados. Finalmente, estas entrevistas nos fuerza a hacer esta pregunta: ¿son las remesas -como respuesta a la pobreza estructural del país- sostenibles a largo plazo?

Salvadoreños en Estados Unidos

Los salvadoreños entrevistados que viven en el área metropolitana de la ciudad de Boston en Massachusetts son personas que, en sus propias palabras, trabajan arduamente para salir adelante con sus vidas y con las de sus familias tanto en los Estados Unidos como en El Salvador. Trabajan como lo hacían en El Salvador, pero en Estados Unidos dicen ver el fruto de su labor. Como explica un salvadoreño inmigrante: “Lo que también me gusta de la cultura americana es que se trabaja y conforme se trabaja así se divierte uno. Allá es muy diferente porque yo sentía que trabajaba duro y nada, nunca hice nada, nunca.”

A pesar de que lo mucho que trabajan, y a pesar de que relativamente ganan mejor que lo poco o nada que ganaban en El Salvador, la realidad es que el salvadoreño, por su falta de educación, desconocimiento del lenguaje y su estatus migratorio, gana mucho menos en promedio que el ciudadano americano.De acuerdo al Censo estadounidense del año 2000, la media de ingresos al año de lo salvadoreños era más bajo ($17,234) que la de otros grupos latinoamericanos y que la de la población en total ($28,420).Las tazas de pobreza también son más altas para los salvadoreños, aún cuando trabajan. De acuerdo al Censo estadounidense del año 2000, el porcentaje de familias salvadoreñas que viven en la pobreza fue casi el 20%, una taza mucho más alta que la de otros grupos latinoamericanos y casi el doble (10.48%) de la población en total.

La vida del salvadoreño que vive en Boston tiene sus desafíos, sobre todo en cuanto a su futuro. Los niveles de educación son bajísimos, lo cual limita sus opciones. Todos los entrevistados, tanto en El Salvador como en Boston, tienen bajos niveles de educación e incluso algunos ni siquiera fueron a la escuela. Estos niveles también se reflejan en las estadísticas del censo, las cuales ubican al salvadoreño como el menos educado formalmente de todos los grupos latinoamericanos y de la población en general. Un 45% de los que viven en Massachusetts tienen noveno grado o menos, comparado con el 20% de todos los grupos latinoamericanos y el 5% de la población en total.

En una sociedad donde cada día más y más se valora la educación formal como la estrategia más eficaz para avanzar social y económicamente, los bajos niveles de educación formal son sumamente preocupantes. Aún si el estatus migratorio del pueblo salvadoreño se solventara, ellos seguirían realizando los trabajos más duros y sucios y los peor pagados por su falta de educación formal. Esta situación, consecuencia de los mismos problemas estructurales de El Salvador, es agravada por la constante presión de tener que trabajar para mantener a dos familias lo que no les permite tener el tiempo adecuado para asistir a una escuela o centro educativo. El compromiso de enviar ayuda económica a sus familiares también significa recursos que no pueden ocupar para estudiar y superarse. Paradójicamente, como relata el joven en una de las entrevistas que eligió dedicarse a sus estudios en vez de buscar un trabajo adicional para enviar ayuda, el camino que tomó le permitió eventualmente ayudar a su familia aún más.

No hay duda que la migración salvadoreña es un fenómeno cuyas consecuencias e implicaciones son inmensas y las cuales pocos logramos verdaderamente concebir. Esta colección de entrevistas no nos da respuestas contundentes mas bien nos dejan más inquietudes e interrogantes.

Algo, que sí podemos decir con certeza es que los salvadoreños de estas entrevistas asombran e impresionan con su valentía, fortaleza y perseverancia. Es una verdadera hazaña el que la economía de un país vaya sobre los hombros de personas tan humildes y sin mucha educación formal y quienes tienen tan, pero tan poco apoyo de parte de estructuras gubernamentales tanto en El Salvador como en los Estados Unidos.

De igual modo podemos decir con certeza que, sumados a inmigrantes de otros países latinos, los salvadoreños están ayudando a transformar la cultura y las características sociales de los Estados Unidos. El Censo de 2000 pone la población latina en los Estados Unidos en un 13% de la población nacional: “Yo creo que en los Estados Unidos prácticamente ya solo somos latinos. Ahora todo está lleno de hispanos. Los restaurantes, las casas todo es de hispanos. Ellos tienen que aceptar. Ya nosotros estamos aquí, estamos invadiendo y estamos sacándolo adelante”.

Otra cosa que podemos aseverar es que la vida del salvadoreño que ha emigrado está íntimamente ligada a la vida del salvadoreño que dejó atrás y vice-versa. Aunque nuestras políticas sociales tanto en los Estados Unidos como en El Salvador no reconozcan lo entrelazado que está el pueblo salvadoreño a pesar de la distancia, la separación física de largos años y las fronteras entre países que cada día se tornan más y más permeables y artificiales, la verdad es que el pueblo salvadoreño es uno, no importa a donde esté. Creemos que este sentimiento, al igual que el espíritu inquebrantable del salvadoreño se resume en las palabras de un joven salvadoreño quien, a pesar de llevar más de 10 años viviendo en los Estados Unidos, no pierde ni la esperanza ni su compromiso con su familia.

“Lo que me alienta para enfrentarle a mis problemas es que tengo fe en el futuro. Eso es lo que me mantiene, me da fuerza y tranquilidad. Pienso que tengo esperanza de que el futuro vaya a ser mejor. Por supuesto, con sacrificio y luchando para mejorar las cosas. Y también pienso en mi familia. Una de las cosas que da fuerza y me motiva más a seguir adelante, aunque las cosas sean difíciles acá, es la situación de mi familia. Yo pienso en ellos y la situación que viven. Entonces digo: tengo que hacer algo por mí y tengo que ayudarles a ellos también. Su situación depende de lo que yo haga acá”.

En última instancia, políticas públicas y sociales a nivel nacional e internacional se concretizan en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes como las que tuvieron el coraje de compartir con nosotros.

 

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La vida en la frontera

En anteriores ocasiones hemos comentado algunas de las causas y consecuencias del problema migratorio, dentro y fuera de nuestro país. Hoy queremos analizar algo que se suele pasar por alto, cuando de migraciones y migrantes se trata. Este no es otro que el de los derechos humanos de esas personas que no encuentran más opción que la de "vivir una cultura diferente". Pero no sólo la de aquellas que emigran, sino también -y en especial- la de quienes consideran a El Salvador como tierra de paso o destino final. Porque ésa es la otra realidad que apenas se conoce. Veamos, entonces, qué hay detrás de esas vidas condicionadas por las fronteras.

Antes, es necesario referirnos a cómo esta realidad se ha ido incorporando a nuestra existencia; también hay que hablar de los costos humanos que conlleva una decisión de este tipo. A medida que la problemática se ha hecho más evidente, en medio de políticas oficiales exclusivas y excluyentes, la realidad se ha encargado de meterla a nuestras vidas. Sirva de ejemplo el de los medios masivos de -como ha dicho alguien- "confusión". Desde hace tiempo cubren, de manera regular, sucesos relacionados con este peregrinaje hacia la "tierra soñada". Tan es así que consideran a la población viajera y residente más allá de nuestras fronteras, como el decimoquinto departamento salvadoreño. Tampoco faltan los casos de familias enteras o de amigos cercanos que, hastiados de no encontrar oportunidades en este "país de las maravillas", prefieren coquetear con la muerte en busca del "sueño americano". De un modo u otro todas y todos sufrimos esta realidad.

Sin embargo, muy pocas personas y quizás hasta instituciones son las que conocen en detalle cuánto cuesta salir de acá para llegar allá. No nos referimos a las suculentas ganancias obtenidas por "coyotes" y "polleras", fruto de la desesperación de familias enteras. El costo al que hacemos referencia es el alto precio que, desgraciadamente, en muchas ocasiones se paga bien caro: con la existencia misma. Tal vez las cifras nos ayuden a visibilizar la tragedia.

Según los datos del monitoreo constante que desde el IDHUCA realizamos en las fronteras terrestres de nuestro país, son treinta y siete las y los salvadoreños deportados a diario luego de su captura en el tránsito por Guatemala o México hacia el norte. Este dato, además, nos ofrece una idea aproximada de la cantidad de gente que de hecho sale. Eso hace que, por ejemplo, en poco más de un mes -del 1 de marzo al 19 de abril del presente año- la cantidad se eleve hasta las 6,298 personas. Hay casos "récord"; por ejemplo, quien ha intentado salir hasta en dieciséis ocasiones con el único fin de reunirse con su familia.

De todo eso se pueden sacar muchas conclusiones. Una de ellas: que hay que observar con detenimiento la labor de los funcionarios aduanales, pues de éstos depende que se respeten o no los derechos de las personas que salen o que entran. En este punto, hay que hacer un breve recordatorio de los cambios en las aduanas salvadoreñas durante los dos últimos meses del 2001. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América (EUA), quienes ejercían esa labor fueron sustituidos por policías. Esta decisión adoptada por Mauricio Sandoval quizás aumentó los controles de seguridad, pero hizo más lentos los trámites por la falta de formación específica de las y los designados.

En el marco de la problemática en general, a lo largo del último semestre del 2003 y los primeros dos meses 2004 nuestro Instituto intentó suscribir un convenio de colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General de Migración y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El objetivo: trabajar de manera conjunta en una propuesta de procedimientos sobre la detención y deportación de extranjeros en El Salvador.

Las razones de la negativa o del silencio postergado de las dos primeras instituciones se comprende, al recordar la reciente campaña para las elecciones presidenciales. La negativa de la tercera es más complicada de entender, pese a que la titular de la misma -recién reelecta para un segundo período- hace tres años expresó su compromiso de trabajar a favor de las personas migrantes. La selección de la temática -detención y deportación- se explica porque ambos procedimientos carecen de una de regulación adecuada. No existen recursos ni coordinaciones entre las institucionales del caso, para equilibrar el ejercicio del control migratorio con el respeto de la dignidad humana.

La llegada de nuevos funcionarios dispuestos a trabajar de forma conjunta, acaso porque así lo ha expresado el Presidente Antonio Saca o porque están convencidos de eso, abrió ya un espacio de diálogo entre un actor civil y otros gubernamentales en torno a un tema común; de seguir eso, sin duda puede orientar la adopción de mejores prácticas. Nombrado el nuevo Viceministro de Seguridad Pública, realizamos un nuevo intento para realizar acciones combinadas y logramos resultados positivos al acordar con aquél realizar dos talleres para discutir el tema con personal de la División de Fronteras de la PNC y de la Dirección General de Migración.

El martes 29 de junio y el lunes 12 de julio se llevaron a cabo los eventos, logrando de esa forma compartir información técnico jurídica sobre la privación de libertad y el debido proceso administrativo. Eso fue el preámbulo para presentar, en las mismas actividades, los hallazgos encontrados durante nuestras visitas a las instalaciones de la División de Fronteras de la PNC, realizadas en febrero y septiembre del 2003; entonces entrevistamos 88 personas extranjeras puestas a la orden de las autoridades competentes, por carecer de los debidos permisos migratorios.

Entre otros asuntos se planteó, en los citados talleres, la necesidad de revisar las prolongadas detenciones de las personas por sólo haber incurrido en una falta administrativa, así como la falta de asesoría legal, la ausencia de una gestión y protección consular expedita, y el escaso presupuesto para un rápido retorno de dichas personas a sus países de origen, para su alimentación y para sus servicios de salud. También se hizo énfasis en la falta de instalaciones adecuadas para albergar a personas detenidas por motivos exclusivamente migratorios y nula atención especializada de mujeres, niñas y niños; asimismo, se señaló la dependencia económica de Estados Unidos de América (EUA) para asegurar el retorno. En respuesta a nuestro estudio, personal de la División de Fronteras de la PNC mencionó lo confuso que se puede volver el pertenecer orgánicamente a una institución -la PNC- y depender funcionalmente de la Dirección General de Migración.

También se abordó lo relativo a la responsabilidad institucional de cara a la persona detenida y cuya deportación tiende a prolongarse, por falta de recursos o de colaboración del funcionario consular acreditado en el país. Las y los participantes de la Dirección General de Migración reconocieron, sin ningún problema, lo difícil que resulta realizar un procedimiento administrativo a partir de una legislación que no regula lo necesario para garantizar que se dé de la manera más adecuada; también admitieron la necesidad de contar con un albergue que ofrezca condiciones apropiadas para las personas detenidas y reclamaron mayor colaboración del cuerpo diplomático acreditado en el país para una correcta protección consular.

Las puertas han sido abiertas y la invitación bien recibida para participar en la discusión de una nueva normativa que regule los procedimientos, los derechos y las obligaciones de las personas migratorias; normativa que, además, defina convenientemente las responsabilidades oficiales. Por último, cabe decir que el esfuerzo por hacer realidad la nueva Ley de Migración y Extranjería en nuestro país debe lograrse en completa armonía con un tratado internacional recientemente aceptado por el Estado salvadoreño: la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Hay, pues, mucho que andar y se ha dado un primer paso en ese trayecto.

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Declaración de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones ante la IX Conferencia Regional sobre Migración
Panamá, 17-21 de mayo 2004

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones celebra la realización de la IX Conferencia Regional sobre Migración, en un momento en que el incremento del fenómeno migratorio en la Región requiere de una especial atención y de respuestas decididas y concretas por parte de los gobiernos y los distintos sectores de la sociedad. Se trata de un tema que está cada día más presente en la vida de nuestras sociedades y que impacta prácticamente todos los ámbitos de su dinámica presente y futura. La gravedad que presenta el incremento de los flujos de población migrante regional y extraregional, demanda políticas públicas integrales que aborden el fenómeno en su conjunto. Políticas que por un lado busquen proteger a los migrantes; ordenar y regular los procesos migratorios; y por el otro, que atiendan las razones y efectos de dicha migración.

La Red reitera su agradecimiento a la Presidencia Pro Témpore y a la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración por la facilitación de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la cual consideramos se hace cada vez más necesaria para enriquecer y complementar sus esfuerzos. Todo pareciera indicar que la dinámica migratoria rebasa la capacidad actual de cualquier gobierno y sus instituciones.

Como lo manifestamos el año anterior, valoramos en su justa medida la apertura del espacio de diálogo con los miembros de la Red de Funcionarios de Enlace para la Protección Consular, el cual ha venido a sumarse a los espacios existentes con el Grupo Regional de Consulta y la Conferencia Regional propiamente dicha. Desearíamos que estos espacios ya establecidos puedan ser permanentes para que a lo largo de cada año, demos seguimiento a las grandes tareas en cada uno de nuestros países y regionalmente. Asimismo, que los mismos se extiendan en el futuro a la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Las organizaciones de la sociedad civil somos una importante fuente de información para los gobiernos; nuestro contacto directo y extendido con el fenómeno y sus protagonistas son un valioso recurso para su mayor conocimiento; y finalmente, nuestras capacidades instaladas son factores que debieran ser tomados en consideración en los diferentes planes, programas y proyectos de los gobiernos de la región.


MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En anteriores Conferencias Regionales sobre Migración se ha planteado correctamente que la migración irregular de personas no constituye una amenaza y que por lo tanto, todas las personas que migran deben contar con la garantía de que sus derechos serán respetados en todo momento del tránsito, el destino y el retorno a sus países de origen. Partiendo de dicho principio y de que es responsabilidad del Estado proteger a sus ciudadanos sin importar el lugar donde se encuentren, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) quiere insistir en varios aspectos.

Antes que nada, es importante recordar la imperiosa necesidad de disminuir la brecha entre el discurso de voluntad política de los Estados en el tema de los Derechos Humanos de los migrantes y la realidad, diametralmente diferente, vivida por éstos. Por lo que es urgente trabajar para la definición y puesta en práctica de medidas concretas para la aplicabilidad y justiciabilidad de sus derechos, aprovechando la oportunidad presentada


Convención de 1990 y protección consular

Es necesario que los países de la región que forman parte de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hagan una revisión y adecuen su legislación nacional y garanticen su aplicación a la luz de lo establecido en dicha Convención, otros instrumentos y jurisprudencia internacional como las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, instamos a los países de la región que no la han ratificado, a que lo hagan para el bien de los derechos humanos de sus conciudadanos.

Reconocemos los esfuerzos concretos de varios gobiernos de la región por responder a las justas demandas de sus connacionales en los Estados Unidos. Sin embargo, queremos llamar la atención en dos sentidos:

Primero, la dinámica migratoria en la región no es únicamente aquella que se produce hacia los países del norte y que utiliza Centroamérica y México como territorio de tránsito. Como hemos planteado en otras ocasiones, hay una importante dinámica migratoria sur-sur, que si bien tiene algunas características comunes con la migración hacia el norte, también demanda una atención especial en países como Haití, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Segundo, los migrantes en tránsito son especialmente vulnerables y por lo tanto requieren de una protección y asistencia especiales y adecuadas a las particularidades de su situación y necesidades. Por ello, reiteramos nuestra petición por el fortalecimiento de los servicios consulares, principalmente en países de tránsito. En ese sentido, reiteramos la necesidad de agilizar la puesta en operación plena del consulado centroamericano en la ciudad de Veracruz. Asimismo, hacemos un llamado a los gobiernos a revisar la ubicación actual de sus consulados con el fin de garantizar que los mismos se encuentren en los lugares más necesarios. Destacamos como buena práctica la implementación de servicios a través de consulados móviles y por lo mismo, debe ser replicada por más países y en nuevos lugares. El acceso a la identificación personal es un derecho básico de toda persona y un deber del Estado proveérsela.

Es imperativo dar mayor institucionalidad a la protección consular con la formación y capacitación de un cuerpo de cónsules de protección de carrera y la correspondiente asignación de recursos técnicos y financieros.


Retorno digno y seguro de migrantes regionales

Nos permitimos hacer de la consideración de los gobiernos la revisión del Acuerdo bilateral entre México y Guatemala para el retorno seguro y digno de los migrantes centroamericanos. Además de revisar el contenido del mismo a la luz de la experiencia de su aplicación y del monitoreo realizado por varias organizaciones civiles de la región, consideramos indispensable la celebración de acuerdos bilaterales entre Guatemala, El Salvador y Honduras, y de éstos con Nicaragua para asegurar la llegada de los migrantes a sus fronteras en condiciones dignas, seguras y ordenadas.

En la misma línea, habría que abordar de manera profunda y regular en estricto apego al respeto de los Derechos Humanos el tema de las deportaciones de migrantes haitianos desde República Dominicana, las deportaciones de nicaragüenses desde Costa Rica, entre otras.


Protección de grupos vulnerables

Instamos a los gobiernos a procurar una atención más adecuada y especializada a favor de grupos especialmente vulnerables como pueden ser niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes, muchos de ellos indígenas; que por su condición se enfrentan a mayores riesgos de diverso tipo incluyendo la trata de personas. Dentro de los sectores vulnerables, reiteramos también nuestra preocupación porque los solicitantes de asilo y refugio inmersos en los flujos migratorios reciban la orientación, protección y regularización necesarias en los países receptores.

Incluimos también en este apartado a los migrantes extraregionales, para quienes no es fácil brindar respuesta rápida, pero a quienes igualmente deben respetárseles sus derechos y particularmente, debe procurárseles el apoyo de sus gobiernos a través de la facilitación de servicios consulares.


Recursos para una mejor gestión migratoria

No ignoramos las limitaciones financieras que enfrenta la mayoría de los gobiernos de la región para poder atender adecuadamente las múltiples necesidades y nuevas demandas que el fenómeno migratorio plantea. Sin embargo, consideramos que la voluntad política de atenderlo debe materializarse en la asignación de fondos, su adecuada y correcta aplicación en congruencia con las prioridades que las necesidades plantean.

Una optimización de recursos es posible si se cuenta con más socios: la iniciativa privada, las Iglesias, la sociedad civil y desde luego la cooperación internacional y los organismos intergubernamentales. Es necesario buscar las maneras concretas de aunar esfuerzos en tareas comunes a través de acciones colaborativas como pueden ser: el intercambio de información, el seguimiento de casos, la búsqueda de personas desaparecidas, la repatriación a sus lugares de origen de las personas fallecidas, la colaboración en temas específicos como la salud y el VIH/SIDA, entre otras. Prácticas conjuntas de esta naturaleza seguramente permitirían ir avanzando en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, la garantía del debido proceso y las prácticas correctas en los procesos de verificación, detención y deportación de migrantes. Los gobiernos asimismo podrían comprometer a la iniciativa privada en la creación de fondos para la atención de migrantes, la prestación de algunos servicios de manera gratuita o a bajos costos, etc.

Una condición indispensable para el impulso y buen desarrollo de acciones colaborativas como las sugeridas, lo constituye el establecimiento de la transparencia desde el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas.

Finalmente retomamos el tema planteado el año pasado con relación a las visitas realizadas a varios países de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes y de la Organización de los Estados Americanos para los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Nuevamente la RROCM solicita a los gobiernos de las naciones visitadas compartir los avances logrados en atención a las recomendaciones emitidas por las Relatorías.




TRATA Y TRÁFICO

El tema del tráfico ilícito de personas no puede ser abordado al margen del de la delincuencia organizada transnacional, ni desde un enfoque migratorio cuando su dimensión es mayor: trata para fines de explotación sexual, adopción ilícita, tráfico de órganos, explotación laboral de manera interna o internacional. De lo contrario, podría resultar un enfoque de combate al tráfico y la trata centrado en el control migratorio, la criminalización y penalización de la migración irregular. Lo que en realidad se necesita es emprender acciones preventivas como la creación de mecanismos que permitan regular y ordenar la migración, evitando que los migrantes se vean forzados a recurrir a los traficantes o caigan en manos de los tratantes.

Consideramos necesaria la continuidad en el interés de los países por introducir el tema de la trata de personas como una prioridad. Sin embargo, ésta no solamente tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, sino debe abordarse como muchas otras formas de esclavitud que hoy en día enfrentan principalmente niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes ya que son los sectores más vulnerables. Aunque no podemos dejar de lado la situación de muchos hombres víctimas de trata, especialmente para fines de explotación laboral.

Es importante hacer del conocimiento de los gobiernos la existencia en la región de una importante red de organizaciones civiles trabajando en torno a la problemática de la trata de personas. Sobre este tema se abren también importantes posibilidades de colaboración e impulso de acciones conjuntas en el sentido de abordar las causas que generan la vulnerabilidad de las personas que emigran, el seguimiento a los procesos en materia de la legislación de cada uno de los países de la región, el seguimiento de casos, el monitoreo, entre otros.



MIGRACIÓN Y SEGURIDAD

En su oportunidad, la Red manifestó su satisfacción por el enfoque asumido por los gobiernos durante la pasada Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica realizada en México, los días 27 y 28 de octubre del año recién pasado. Especialmente compartimos la reafirmación de la protección de la persona humana como fundamento y razón de ser de la seguridad, la cual se fortalece mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social y educación, y la lucha contra la pobreza. Asimismo nos congratulamos del enfoque asumido por los gobiernos, el cual adecuadamente no incluye las migraciones entre las amenazas a la seguridad. Dicha claridad conceptual nos pareció un paso importante para modificar una agenda, políticas y acciones de seguridad que tiende a criminalizar la movilidad de las personas, empleando mecanismos represivos para el control migratorio y provocando la exacerbación de posiciones discriminatorias, racistas y xenófobas.

A tono con lo anterior, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones reafirma que el tema migratorio debe abordarse desde una óptica de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, así como desde una óptica de desarrollo sostenible nacional y regional. Es necesario avanzar en la creación de mecanismos que faciliten los movimientos regulares y que eviten que los migrantes recurran a la irregularidad, la cual solamente los coloca en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La falta de mecanismos que faciliten los movimientos regulares favorece el crecimiento de las redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico o la trata de personas y genera un espacio que dificulta el combate a la corrupción y la impunidad.

Finalmente, exhortamos a los gobiernos para que los planteamientos antes mencionados se materialicen en planes de acción, recursos y mecanismos de seguimiento que permitan el avance que nuestras sociedades requieren en cuanto a la consecución de la estabilidad, la paz y el desarrollo. Para ello, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) reitera su disposición y compromiso de participar activamente en las distintas fases de dicho proceso de implementación.

 

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Propuestas de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones presentadas en el marco de la IX Conferencia Regional de Migración
Panamá, 17 - 21 de mayo

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) ha presentado en ocasiones anteriores propuestas de colaboración entre los Gobiernos y la sociedad civil, con el propósito de coordinar esfuerzos en beneficio de la población migrante incluyendo a los y las solicitantes de refugio y refugiados /as. Consideramos que las actividades regionales son cada vez más necesarias e importantes debido a los flujos migratorios, y que éstas deben también reflejarse en lo nacional. Deben manifestarse en actividades coordinadas entre la sociedad civil y los gobiernos que trabajen en la esfera nacional y que a la vez nutran y se retroalimenten de experiencias de otros países.

En este sentido, la Conferencia Regional de Migración (CRM) es un espacio primordial para compartir experiencias de estas actividades por lo que la Red Regional propone las siguientes actividades en torno al tema de la protección consular.


Acceso a la protección consular

La RROCM considera importante que los gobiernos miembros de la CRM garanticen el acceso a protección consular efectiva, especialmente a la población migrante en detención y sujeta a deportación. En particular nos preocupa la situación de las víctimas de la trata de personas, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Para lograr lo anterior, proponemos:

  • Que se haga una evaluación de la ubicación geográfica y partidas presupuestarias de los consulados en correspondencia con el volumen y características de los flujos migratorios de cada país.


  • Revisar los costos de los documentos migratorios y de identidad expedidos por los consulados ya que siendo tan altos se convierten en una de las razones por lo que algunas personas optan por la irregularidad.


  • Considerar la posibilidad de extender la implementación del sistema de matrícula consular, actualmente utilizada por México, y de consulados móviles que ofrecen varios países de la región.


  • Realizar esfuerzos para practicar inspecciones en centros de detención migratorios, en cárceles comunes y en puestos fronterizos para verificar el respeto de los derechos humanos y evitar el trato delincuencial.


  • Establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las representaciones consulares y las organizaciones civiles de cada país para la protección de la población migrante.


Programas de repatriación segura y ordenada

En cuanto a los programas existentes, proponemos el establecimiento de mecanismos de seguimiento que verifiquen su cumplimiento en cuanto a los horarios y condiciones del retorno.

La ampliación de los programas bilaterales para el retorno digno y seguro, con el propósito de que se regionalicen, garantizando una adecuada coordinación entre las autoridades migratorias de los países involucrados.

Realizar gestiones ante la Organización Internacional para las Migraciones y otras agencias y organismos de cooperación para el diseño y la implementación de programas de retorno por vía terrestre con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estos programas deberán respetar la normativa internacional y los acuerdos políticos de protección de los derechos humanos.


Localización de migrantes

Que se facilite a las organizaciones de la sociedad civil el acceso a la información actualizada de las personas accidentadas, fallecidas y detenidas para su localización.

Crear una página electrónica con dicha información, disponible para las organizaciones de la sociedad civil y familiares de la población migrante.

Consideración de una partida presupuestaria adecuada para apoyar el traslado digno de migrantes accidentados y fallecidos.

Que las autoridades migratorias de los países de la región permitan el acceso de las organizaciones civiles a los centros de detención para ofrecer sus servicios.


Niños, niñas y adolescentes migrantes

En seguimiento a las recomendaciones que emanaron del documento que en el año 2002 preparó Action Canada for Population and Development (ACPD) en torno a los derechos humanos, la protección y los servicios para niños, niñas y adolescentes migrantes en los países miembros de la Conferencia Regional de Migración, la RROCM propone las siguientes actividades:

  • Crear un grupo de trabajo conformado por representantes de los Gobiernos y de las organizaciones civiles, que defina lineamientos para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes durante la verificación del estatus migratorio, la detención, la deportación y la recepción. Dichos lineamientos deberán basarse en los derechos de la niñez y la adolescencia contenidos en tratados regionales e internacionales existentes en la materia, en especial, en la Convención de los Derechos del Niño.


  • La identificación expedita de medidas alternativas a la detención en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial de los y las no acompañadas, dado que su alojamiento en centros de detención o cárceles es una violación a sus derechos.


  • El establecimiento de programas de atención, considerando las necesidades específicas de esta población, incluyendo acceso a servicios de salud y a un alojamiento seguro.


Protección de trabajadores migratorios y sus familiares

Crear mecanismos de intercambio de información respecto a los avances logrados en la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Convención de 1990) entre los países miembros de la CRM que la han ratificado y adherido.

 

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El costo humanos de las remesas

Una de las consecuencias más visibles e inmediatas del proyecto que impulsa el gran poder económico del país y que padece la gran mayoría de nuestra población, es la ausencia de oportunidades de desarrollo humano. De ahí que la huida de compatriotas hacia otras tierras —esa gente que acá no encuentra posibilidad alguna de subsistencia— sea algo de lo más lamentable, peligroso y sobre todo cotidiano. Si fijamos la mirada en la historia reciente de El Salvador, veremos que las políticas excluyentes impulsadas desde antes del fin de la guerra y consolidadas en la etapa posterior, han provocado la huida masiva de centenas de miles de personas. Muchas de éstas son las que, hace ya algunas décadas, creyeron en y trabajaron por la transformación real y profunda de esta sociedad; a estas alturas y después de su odisea —la mayoría viviendo en condiciones precarias dentro del territorio estadounidense— es muy probable que estén frustradas, cansadas y distanciadas de aquella lucha.

Y es que esa gente creyó lo que le dijeron unos y otros, hace más de doce años. “¡Ganamos la paz!”, cantaban; “¡Viva el nuevo El Salvador!”, gritaban. Sin embargo, permaneció la guerra del hambre y la violencia para los más que menos tienen, frente a la concentración de riqueza y la impunidad para los menos que más tienen; así se siguió castigando al pueblo salvadoreño, sobre todo a su niñez y juventud. En ese entorno y ante la ausencia de ideas e iniciativas para superar tal situación, una enorme cantidad de salvadoreñas y salvadoreños prefirió seguir arriesgándose en una marcha sin fin hacia el norte de América, en lugar de continuar esperando el famoso “rebalse” por mínimo que este pudiera ser. Pero acá, lo único que rebalsa es el agua de los ríos durante la temporada lluviosa para arrastrar las “champas” de la pobrería que vive en sus orillas y para poner al borde del colapso los embalses de las grandes hidroeléctricas.

Por eso, el principal producto de exportación nacional está constituido por las personas que diariamente emigran a otro país en busca de la mínima oportunidad de empleo y alguna posibilidad de desarrollo. Antes la gente se organizaba para luchar por cambiar la realidad; ahora también lo hace, pero para viajar a Estados Unidos de América. Antes hubo un vasto y combativo movimiento social; ahora lo que hay es un enorme y creativo movimiento migratorio. ¿Por qué? Por el tipo de políticas públicas que sólo privilegian a unos pocos y que ha sido constante en la historia salvadoreña.

De ahí que la confirmación electoral por cuarta vez consecutiva del proyecto impuesto por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no tenga nada de nuevo desde nuestra perspectiva. Por mucha propaganda que nos obliguen a soportar, aun finalizadas las elecciones, no podemos creer que está a punto de llegar el paraíso que el Presidente electo promete. “Hombres de poca fe” nos dirán, como antes Joaquín Villalobos nos dijo “antisistema” por pedir justicia para sus víctimas cuando fue guerrillero y para las del aparato estatal. Sería una verdadera gran sorpresa que al tomar posesión del cargo, Antonio Elías Saca adopte decisiones de política económica distintas a las actuales.

Porque después del mal gobierno de Francisco Flores —quien ha intentado presentar como héroes a la gente que expulsa ese sistema asfixiante del cual es parte– el país está sumido en una grave crisis que no ha explotado, aún, por el dinero de las remesas. En los “medios de manipulación masiva” se habló mucho de éstas durante la campaña electoral recién pasada, con el evidente propósito de favorecer a ARENA y perjudicar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, muy poco se ha dicho sobre la situación personal y las condiciones de vida de aquellos y aquellas que un día se lanzaron a buscar el llamado “sueño americano”. Un estudio publicado hace poco comenzó a borrar la imagen oficial de nuestros “hermanos lejanos” exitosos, descubriendo y describiendo la pesadilla que padece la mayoría.

El documento revela, con argumentos y cifras, una buena parte de esos rostros humanos sufriendo; de esos rostros dolidos que siempre han tratado de esconder quienes se lucran, en serio y en abundancia, con ese sacrificio. Así, la investigación constata y revela que —a pesar de las precarias condiciones en las que subsisten nuestros y nuestras compatriotas— buena parte de esa gente ya comenzó a echar raíces en su actual lugar de residencia. Una nueva generación de salvadoreñas y salvadoreños que sólo conocen el país de sus padres por fotografías o Internet, es un hecho objetivo fundamentado por las estadísticas.

Eso sí, se habla bastante de su participación aunque no hagan nada —las entidades estatales— para que sea una realidad. ¿O se ha discutido siquiera formalmente, para citar algo, lo relativo al voto de esta gente? No, pero la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ya plantea su participación directa en los asuntos económicos. En esa línea, el “tanque de pensamiento” de la gran empresa privada nacional habla de “reorientar” las remesas. En realidad, lo que busca es mantener el envío de éstas y para ello propone otorgar facilidades crediticias o que “los hermanos lejanos” puedan recibir y gastar acá el dinero de la jubilación obtenida allá.

¿Cuál es el camino a elegir?: ¿El del envío de remesas controlado por el gobierno o el de la participación plena, tanto en las decisiones económicas como en las políticas, para quienes constituyen el salvavidas de la economía “nacional”? Esa discusión debió darse antes de las elecciones recientes; pero como se retorció premeditadamente el abordaje del tema “remesas”, ahora tiene que impulsarse como es debido. Sorprende este ejercicio de cinismo democrático que pretende aparecer como participativo, cuando nunca antes se le dio —al colectivo de compatriotas en el exterior— la mínima oportunidad para influir en el rumbo del país.

En ese marco, el embajador salvadoreño en Washington —quien, sin asomo de vergüenza, hasta el último minuto hizo abierto proselitismo a favor del ahora Presidente electo— declaró públicamente que es seguro el voto de las y los salvadoreños residentes en el exterior para las elecciones del 2009. Semejante anuncio muestra el nivel de manipulación gubernamental. ARENA sabe perfectamente que debe congraciarse con quienes constituyen el “otro El Salvador”; de lo contrario, su proyecto económico se hunde. Por tanto, semejante noticia lanzada con bombo y platillo apunta hacia esa dirección.

Pese a lo que representan las remesas para las familias que las reciben y para quienes se lucran con éstas, poca gente desea o puede escuchar cuál es su costo humano. Esos dólares enviados vienen manchados por humillaciones y maltratos de todo tipo, salarios bajos para el medio y formas aberrantes de discriminación. ¿Por qué es posible que suceda? Por una vulnerabilidad que se funda en la falta de documentos, el temor o simplemente por ignorar el sistema legal en el cual viven. Además, cada remesa también significa —para nuestra gente fuera del país— vivir en el hacinamiento y la promiscuidad para ahorrarse la renta, suprimir algún tiempo de comida y jugar “escondelero” todo el tiempo para evitar la deportación.

Ante esta situación, mucha de la población salvadoreña en el exterior reconoce que cuando emigró lo hizo para superar una crisis económica de corto plazo. Sin embargo, estando allá esa gente se dio cuenta que no hay esperanza ni futuro si regresa a su tierra natal. No pueden retornar. ¿A qué? ¿Para qué? En el mejor de los casos, vienen de visita, por el afecto familiar y la nostalgia. Pero, ¿quedarse? No.

Por si fuera poco, en este río revuelto siempre hay pescadores que hacen de la miseria y la desesperación un negocio lucrativo. Tal es el abatimiento popular, que ahora es considerado un auténtico líder de su comunidad quien comercia con la necesidad de la gente. La reciente absolución de Narcisco José Narciso Ramírez –conocido como “Chicho” y procesado por tráfico de personas indocumentadas– es un ejemplo de ello. Igual pasó hace años con el famoso narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero. ¿Y por qué nos extraña que se den esas cosas si grandes delincuentes —de cuello blanco o de traje de fatiga— son “líderes” o “analistas” en el “nuevo El Salvador”? Esas son las ironías de un país donde los desterrados por su economía, que son mayoría, sostienen las riquezas y privilegios de una minoría.

 

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Tráfico ilegal de personas

En el recién pasado siglo, durante la década de los ochenta, familias enteras abandonaban el territorio nacional huyendo del conflicto bélico que por doce años asoló al país. Finalizada la guerra y pese a las promesas de construir un nuevo El Salvador, la gente sigue saliendo en igual o mayor cantidad; ya no escapa al extranjero por la violencia política y los combates militares, sino que lo hace por la difícil situación económica y social que afecta a la mayoría de la población. He ahí uno de los resultados más notorios y lamentables de las políticas excluyentes impulsadas por los tres sucesivos gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a favor de unos pocos y en perjuicio de los muchos que no encuentran oportunidades de desarrollo humano integral y digno en su propio suelo. Es tal la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños en el extranjero, que la economía nacional se sostiene gracias a esas personas que un día pensaron que acá no hay salida posible, ni siquiera para sobrevivir.

Es necesario recordar los escasos datos de referencia acerca del tema. El último censo de población realizado en el país es de 1992. De entonces a la fecha, no existe cifra oficial sobre la población que vive en el país ni acerca de la gente que ha salido del mismo y reside en el extranjero. El gobierno sólo reconoce la cantidad aproximada de dos millones doscientas quince mil personas que se encuentran fuera de El Salvador. Lo demás son aproximaciones y estimaciones. Eso sí, los números son claros respecto al gran aporte que supone para la supuesta “estabilidad macroeconómica” de la que presumen los “areneros”; se trata del dinero remesado por estos que llaman ”hermanos lejanos”. Tan es así que las cuentas gubernamentales no cuadran si no se considera ese enorme monto, que más o menos representa el trece por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Una de las consecuencias directas de la migración es la desintegración familiar. La costumbre es que sea el padre el que migre, mientras la madre realiza acá varios trabajos para que el resto de la familia subsista en espera de las ansiadas remesas. En tal escenario, no pasa una semana sin que aparezca la noticia del caso de uno o varios salvadoreños repatriados a nuestro país después de intentar ingresar —sin éxito— a los Estados Unidos de América. El caso más dramático es el de los niños y las niñas que viajan para reunirse con sus familiares que trabajan allá; sin duda, porque existen trágicas pruebas de ello, es un viaje infinitamente peligroso para esas criaturas. Pese a que sus familiares invierten grandes sumas de dinero en estos desplazamientos clandestinos, la seguridad y las condiciones del viaje son en extremo arriesgadas para todas las personas, pero de manera especial para las y los niños. Durante el trayecto, la mayoría termina siendo víctima de explotación sexual, secuestros, violaciones y maltratos, tanto físicos como psicológicos.

Además de aquellos que han impuesto condiciones de vida tan desfavorables en nuestro país mediante una economía fundada en el lucro egoísta y no en el bien común, hay otros responsables de estas tragedias: los integrantes de las bandas que mueven a nuestra gente del país al exterior. Los procedimientos de los “coyotes” o “polleros” no son nada bondadosos y es la niñez migrante quien sufre las peores consecuencias. Y a eso contribuye la precaria legislación salvadoreña, que resulta propicia para que éstos amasen grandes fortunas a costa de los sueños de los más pobres. Antes del 2001, esta actividad no era considerada un delito. Muestra de ello es la banda liderada por Berta Parada Campos, que operaba desde hace 14 años y se había especializado en llevar niñas y niños; se habla de casi cincuenta por semana. Sin embargo, estos individuos son vistos en sus comunidades como los héroes locales, al haber ayudado a miles de familias a conseguir el “sueño dorado”.

Los casos en que los traficantes de personas son detenidos y puestos en libertad son incontables; es más, hasta el momento no existe uno que haya llegado a la fase de sentencia o el imputado haya sido condenado, pese a que el Código Penal reconoce el tráfico de menores como un delito. A veces, el problema radica en que los jurados de conciencia valoran más la reunificación familiar del menor que la motivación del delito. Además, demostrar con cifras lo peligroso del tráfico de menores hacia el norte de América es casi imposible pues se trata de una actividad ilegal apenas registrada por las autoridades.

Más allá de un débil sistema de justicia como el nuestro, sin la independencia e imparcialidad necesarias, las legislaciones internacionales de derechos humanos han definido este tipo de delitos como crímenes contra la humanidad; para evitar la impunidad en estos casos, se plantean como delitos imprescriptibles. Debido a esto, en la práctica, la persecución de estos delitos sólo puede realizarse mediante la acción y cooperación judicial internacional, pues de poco sirven las acciones aisladas y descoordinadas en cada uno de los países.

No obstante lo anterior, en este marco cabe recordar que la reunificación familiar es un derecho humano básico; a través de ésta, se busca mejorar las condiciones de vida del trabajador migrante y de su familia. Además, es uno de los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la que El Salvador forma parte.

Considerando todos estos aspectos y otros, la situación es realmente compleja. ¿Cómo oponerse a estas salidas cuando el “gobierno del Presidente Francisco Flores” se ha destacado por profundizar la crisis, al no ofrecer oportunidades para el desarrollo local y la agricultura? Ante la migración masiva, que fundamentalmente se produce por razones económicas y laborales, el titular del Ejecutivo juega al avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra.

Pero una cosa sí es cierta: que la escasa legislación existente en este ámbito es una muestra clara y directa de que los gobiernos —no sólo el salvadoreño, sino los de toda la región— optan por aquellas decisiones que les rinden más beneficios y les plantean menos obligaciones. Ahora ofrecen, como respuesta al fenómeno, políticas migratorias policiales que pretenden sustentar recurriendo a “razones de seguridad nacional”, frente a quienes enfocan la temática desde una óptica más amplia y comprensiva que incluye aspectos sociales, laborales, culturales y económicos. El resultado: el predominio de un tipo de trabajador migrante clandestino, indocumentado y dispuesto a ser explotado en jornadas extenuantes, en condiciones laborales indignas.

Es necesario, entonces, contar con una política migratoria que abarque tanto la revisión de la legislación actual, como los procedimientos y las competencias de las autoridades. Esto guarda estrecha relación con la posible firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, que con tanto entusiasmo está impulsando Flores. En ese “acuerdo comercial”, la libertad para la migración de personas que se tolerará estará relacionada con aquellas que puedan desempeñar puestos de trabajo cualificados, para lo cual deberán poseer una preparación teórica o técnica previa. Y ese no es el caso de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños que salen del país, en busca de una mejor vida.

Ese es el cuadro. Dentro del mismo, el tercer gobierno de ARENA sigue sin asumir la triple responsabilidad que le corresponde ante una problemática tan complicada. Primero: proceder con más contundencia contra las bandas que trafican con las personas y que se están lucrando de las situaciones precarias que padecen los más necesitados; más aún, el castigo de los “coyotes” debe ser ejemplarizante cuando se trata de desplazamiento de niñas y niños. Segundo: debe asumir un papel más protagónico para que las migraciones sean reguladas y controladas, evitando así los abusos y la explotación que padece tanta gente en el trayecto hacia el país de destino. Tercero: tiene que establecer condiciones de vida dignas en nuestro país para la mayoría de nuestra población, para que ésta no se vea obligada a emigrar.

Por último, es importante considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió —el 17 de septiembre del presente año— la Opinión Consultiva OC-18/03 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, sobre la condición jurídica y los derechos de los trabajadores migrantes. Esa resolución deberá ser tomada con mucha seriedad por el Estado salvadoreño, cosa que no acostumbra a hacer, sobre todo con Flores en Casa Presidencial, en el marco de las negociaciones y compromisos del citado TLC. Sobre todo cuando la Corte Interamericana establece en dicha Opinión Consultiva que “la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas”.


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Tragedia migratoria

El jueves 15 de mayo de 2003, tanto la prensa nacional como la internacional dieron cuenta del hallazgo -por parte de autoridades estadounidenses- de un contenedor en Victoria, condado perteneciente al Estado de Texas, en el cual habían sido transportadas entre noventa y cien personas, aproximadamente. En el interior del mismo yacían los cadáveres de dieciocho de ellas, incluidos menores de edad. Todos ellos tenían una circunstancia en común: eran migrantes centroamericanos. Los sobrevivientes en estado más grave pudieron recibir atención médica, pero la mayoría de los ocupantes del contenedor de la muerte huyeron despavoridos del lugar. Según las noticias, el vehículo fue encontrado en horas de la madrugada tras haber sido abandonado en el lugar por los propios "coyotes" responsables de su traslado. Hasta el momento, solamente se ha podido detener a uno de los responsables directos de esta nueva tragedia migratoria.

Semejante hecho, escalofriante y condenable, revela las inhumanas condiciones a las que decenas de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de Latinoamérica se someten -acaso de manera consciente- con tal de ingresar a la "tierra de las oportunidades" para vivir el "sueño americano". Bien podríamos detenernos y hablar de la inhumanidad del conductor que llevaba a las decenas de personas sin ventilación alguna, expuestas a una deshidratación aguda y a una asfixia terminal; o podríamos juzgar a los padres que dejaron a sus hijos partir, exponiéndolos a tales condiciones de viaje; también podríamos elogiar a las autoridades por el hallazgo o detenernos a censurar la actuación de los cónsules salvadoreños, por su ausencia o por su falta de colaboración.

De cualquier manera, el lamentable hecho y sus consecuencias deben ser objeto de una evaluación, pero de manera aislada porque lo ocurrido tiene múltiples dimensiones. ¿Qué vamos a hacer para evitar que sucesos como el que ahora nos ocupa, se repitan en el futuro? Porque, desafortunadamente una sola cosa hay clara en el tema migratorio, es que desgracias como ésta pueden volver a ocurrir. Sobre todo si seguimos pensando que la migración es exclusivamente un problema de los que se van a ir, de los que ya se fueron y de sus familiares.

Paradójicamente, la triste noticia coincidió con la de una reunión en Guatemala entre los negociadores de los países de la región centroamericana y de los Estados Unidos de América, alrededor de tratados de -¿libre?- comercio. Mientras las conversaciones avanzan y se estancan, vuelven a avanzar y se vuelven a estancar, lo único en lo que parece que ningún representante gubernamental quiere entrar a debatir con detenimiento son las graves consecuencias que la suscripción de tales tratados tendrán. Entre otras razones porque se está dejando fuera -intencionadamente, por supuesto- el tema migratorio sin querer aceptar que, si de por sí en la actualidad las migraciones son diarias y masivas, como consecuencia de la firma del tratado las personas sin documentos pero desesperadas por instalarse en aquél país del norte, se van a incrementar.

Pero, ¿por qué continúa emigrando tanta gente de nuestro país? La realidad de la migración salvadoreña -pese al discurso oficial que pregona las maravillas de nuestra sociedad y grita a los cuatro vientos que "aquí no pasa nada"- tiene lugar por la confluencia de un amplio grupo de inseguridades: alimentaria, ciudadana, jurídica, laboral, social, inseguridad en el funcionamiento adecuado de la institucionalidad del país, inseguridad en la protección de las autoridades ante la violación o el irrespeto de los derechos de la población y también -desde luego- inseguridad económica. Y por extraño que parezca, la suma de éstas constituye la tan publicitada "seguridad" macroeconómica que sin reparos y hasta con orgullo pregona el Presidente de la República, Francisco Flores.

Para colmo de males, la situación actual en cuanto al manejo de fronteras y aduanas se ha visto agravada -para la gente que emigra- por un hecho cercano de sobra conocido. A partir de los siempre condenables atentados del 11 de septiembre, el fenómeno migratorio pasó a formar parte de la agenda de seguridad nacional no sólo para el país que resultó ser el principal afectado -los Estados Unidos de América- sino también por los de esta región centroamericana. Por ello, cuando los gobiernos del área mezclaron los términos seguridad y migración, terminaron por adoptar un concepto de "seguridad" que esencialmente se centró en que las exigencias y las consecuencias, tanto para las migraciones legales como para las ilegales, serían hasta la fecha mucho más restringidas.

En el marco de una actitud que sólo puede calificarse como hipócrita, llama la atención los múltiples esfuerzos y el consenso logrado entre diversos Estados -incluido el nuestro- para emitir una severa condena por el delito de tráfico de personas. Nada es casualidad, sobre todo si descubrimos que detrás de esas "vestiduras rasgadas" lo que en realidad se encuentra es una novedosa opción para que los gobiernos de los países empobrecidos -por la voracidad de algunos poderosos- puedan acceder a fuertes donaciones.

¿Se hará una gestión adecuada de esos fondos? El caso salvadoreño nos lleva a imaginar que éstos se invertirán en campañas publicitarias, para demostrar la "sensibilidad" gubernamental y para hacernos creer que de verdad se está siendo solidario con las víctimas de los traficantes. Otro gallo nos cantaría si las autoridades dejaran de centrar sus esfuerzos y su presupuesto, en enmascarar su responsabilidad en la adopción de medidas que exponen a las trabajadoras y trabajadores a la explotación y el comercio. Otra realidad se plantearía para gente más vulnerables si "nuestros" representantes, que están dispuestos a proveer donaciones para la atención de las víctimas del tráfico, sustituyeran esta ayuda para presionar por una vigilancia fronteriza seria que -de una vez por todas- haga frente a las inseguridades que provocan la permanente expulsión de personas que ponen su vida en alto riesgo e incrementan el lucro inhumano de inescrupulosos "coyotes".

Unos meses antes de lo sucedido en Victoria, Texas -el 19 de febrero- el Estado de El Salvador ratificó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. En ella se reconoce la situación de vulnerabilidad y las dificultades a las que frecuentemente se enfrenta las y los trabajadores migratorios, así como sus parientes en los estados de empleo; la desintegración de familias por causa de las migraciones; y también se plantea el problema de la migración irregular, así como la adopción de medidas adecuadas con el fin de eliminar estos movimientos, asegurando para ello la protección de derechos fundamentales. Que nuestro gobierno adopte instrumentos internacionales es siempre una novedad, sobre todo si los que firma y ratifica son en materia laboral.

Pero las contradicciones surgen al instante, y no hay que permitir el engaño ¿De qué nos sirve adoptar una convención como ésta si nuestro país, en la práctica, es de los que ofrece una de las peores protecciones jurídicas a las y los trabajadores? La hipocresía gubernamental nos ha llevado a ser, en la actualidad, el país centroamericano que menos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado. ¿Qué sentido tiene entonces reconocer sólo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, si los permanentes carecen también de sus derechos laborales más fundamentales?.

 

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Los derechos humanos de los emigrantes, el tema excluido del Plan Puebla-Panamá

Un informe periodístico publicado en el periódico mexicano La Jornada, sobre las violaciones a los derechos humanos en contra de los emigrantes centroamericanos, revela que sólo durante 2002 han desaparecido 25.000 personas indocumentadas en su paso por México a los EEUU. De estas, 10.000 son salvadoreñas. El reportaje —Migrantes centroamericanos: todos sufren en México. El costo de cuidar el patio trasero—, escrito por el periodista Alberto Najar, denuncia los abusos de los que los centroamericanos son objeto por parte de las autoridades mexicanas.

“El 100% de los salvadoreños que cruzan por nuestro parís son víctimas de maltrato y, en su mayoría, sufren además robos, extorsiones, golpes, detenciones arbitrarias y abuso sexual”, escribe Najar, citando datos proporcionados por la organización El Rescate, que se ocupa de proteger a los emigrantes indocumentados, así como por el informe de la Relatora Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, Gabriela Rodríguez Pizarro.

El periodista señala, además, que una promesa incumplida por parte del gobierno de su país fue “realizar ‘esfuerzos extraordinarios’ para garantizar el respeto a los derechos humanos a los migrantes centroamericanos”. Lejos de esto, los controles migratorios se han vuelto más severos, y las arbitrariedades más frecuentes. Es así como México se habría convertido en un muro de contención para los inmigrantes indocumentados que pretenden viajar a los EEUU. Para quien lo dude, Najar cita las declaraciones del Secretario mexicano de Gobernación, Santiago Creel, quien afirmó que su gobierno “está preparado para quebrar el creciente flujo de extranjeros que utilizan el país como un punto de tránsito en sus esfuerzos por entrar” a territorio estadounidense.

El Plan Sur, en virtud del cual las autoridades mexicanas “quiebran” ese flujo migratorio, se contradice con los grandes objetivos que se plantean en otro plan: el Plan Puebla Panamá (PPP).

El espinoso tema de las violaciones a los derechos humanos que históricamente han sufrido los emigrantes centroamericanos en México —el reportaje de Najar es abundante en testimonios al respecto— no se trata en el PPP con toda la seriedad que merece. Llama la atención que las constantes violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del Istmo que pasan por México no sea un punto de discusión entre las autoridades de los países afectados.

La responsabilidad de esta situación tan inhumana no es únicamente de las autoridades migratorias mexicanas. También los gobiernos del Istmo tienen su parte en este cuadro. Posiblemente es mucho pedir que nuestros gobiernos puedan proteger desde aquí a nuestros compatriotas. Lo que sí se echa en falta es mayor diligencia de su parte para hacer la presión política necesaria para garantizar el respeto a la integridad física y moral de los emigrantes. Aunque poco se puede esperar si existen compromisos con Washington. Muchas veces, estos compromisos son más fuertes que cualquier voluntad de integración regional y que cualquier consideración humanitaria.

En donde sí tienen nuestros gobiernos una responsabilidad directa con lo que está pasando desde hace años en las fronteras mexicanas es en el de estar propiciando —y exacerbando— las condiciones que invitan a la gente a emigrar, en vez de quedarse en sus países. Nuestra región ha salido de una década de tensiones político-militares, pero no ha alcanzado la paz estructural. La paz estructural se alcanzará en la medida que nuestras sociedades sean hospitalarias para quienes las conforman. Si nuestras sociedades son pobres y además padecen males como la corrupción a todo nivel, seguirán siendo sociedades sin paz, y por ende, continuarán ahuyentando a sus habitantes.

Es vergonzoso que nuestras economías tengan a las remesas familiares como uno de sus bastiones. Ello significa que los logros que se alcancen, son a costa de la desesperación que arroja a muchos a emigrar.

El tema de la emigración no se toma en serio, con todo y que es, tácitamente, el eje de muchas de las economías que se aprestan a integrarse en el libre comercio. Las supercarreteras y la red de ferrocarriles que contempla el PPP servirán únicamente para agilizar el transporte de mercaderías de un lugar al otro. No serán útiles para que los inmigrantes que buscan trabajo en otros países viajen con mayor seguridad.

 

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Terrorismo, migración y derechos humanos

Del martes 13 al viernes 16 de noviembre de 2001 se realizó en la ciudad de San José, Costa Rica, la reunión del Grupo Regional de Consulta de la Conferencia Regional para las Migraciones (CRM). En esta importante actividad participaron directores generales y otros funcionarios de migración junto a personal de las cancillerías de los países ubicados en el Norte y el Centro de América, así como de República Dominicana. Además, estuvieron representados organismos internacionales cuya labor está enfocada a los temas del refugio, las migraciones y los derechos humanos; hablamos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última, se involucró en calidad de observadora.

También hizo acto de presencia la llamada “sociedad civil” de los países arriba mencionados, por medio de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM). Con dicha participación se pretendía sostener reuniones de trabajo paralelas y ofrecer a las delegaciones gubernamentales —en dos breves espacios de diálogo— sus demandas y la posición común en torno a los últimos acontecimientos ocurridos en la región vinculados a la temática migratoria, así como también su perspectiva sobre asuntos relativos al cumplimiento del plan de trabajo que rige, desde 1996, la agenda de los países convocados en la Conferencia Regional para las Migraciones.

Dicha Conferencia —conocida también como el “Proceso Puebla”— constituye un valioso ámbito para el intercambio de información y experiencias entre estos países, en un esfuerzo trascendental por atender la problemática migratoria y homogeneizar las actividades que en ellos se realizan para garantizar un mayor respeto de los derechos humanos. Todo eso, en un marco dentro del cual destaca la evidente necesidad de ordenar los flujos migratorios que, en los últimos años, tienen lugar con una intensidad que difícilmente pueden obviar los Estados.

Los trágicos acontecimientos ocurridos el martes 11 de septiembre del presente año en Washington y Nueva York, desataron la adopción de disposiciones extremas —en algunos casos, poco razonadas— por parte de los gobiernos involucrados en el “Proceso Puebla”. Algunas de ellas tienen que ver con restricciones migratorias, máximas medidas de seguridad en aeropuertos y la puesta en marcha de nuevos procedimientos para realizar investigaciones contra personas sospechosas de estar vinculadas al ”terrorismo” o de ser “terroristas”. Fue inevitable, entonces, que tales disposiciones aparecieran sobre la mesa de discusión en San José.

Con bastante claridad se pudo evidenciar cómo la adopción de algunas de ellas habían dejado de lado, entre otros aspectos, acuerdos de buena fe suscritos por los países de la región en torno a las migraciones y otros compromisos mediante los cuales se estaba buscando garantizar el respeto de los derechos humanos. Si bien los mismos aún no constituían una realidad plena, al menos podían empezar a propiciar condiciones básicas para hacer exigible —tanto jurídica como políticamente— el cumplimiento de ciertas garantías para proteger a la población migrante. Un ejemplo de ello se ofrece a continuación.

Entre los avances más importantes logrados en la Conferencia Regional para las Migraciones, se encuentra la formulación de lineamientos mínimos constituidos por normas y procedimientos que —con base al contenido de diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos— fueron redactados y presentados a los gobiernos por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones. De esa forma, la RROCM esperaba que los vicecancilleres de los países involucrados los aprobaran en la próxima reunión del “Proceso Puebla”, a realizarse en Guatemala durante marzo del 2002. De haber ocurrido eso, hubiera existido la posibilidad de su realización práctica por las autoridades respectivas.

Sin embargo, dados los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos y los retrocesos que implícitamente representan algunas de las medidas adoptadas a raíz de éstos, eso no ocurrió y la Red identifica tal situación como una amenaza al “Proceso Puebla”. Por ello, en su oportunidad, ésta formuló una Declaración en la cual lanzó un llamado a los gobiernos en aras de considerar la problemática migratoria en su adecuada dimensión y complejidad. Se buscaba, así, evitar caer en la tentación de entenderla como una “amenaza terrorista” pues eso —sin duda— redundaría en la aplicación de criterios discrecionales cargados de xenofobia y altos niveles de discriminación.

Antes y después de ese terrible martes 11 de septiembre, la migración que ha preocupado y preocupa a las organizaciones de la “sociedad civil” integrantes de la Red, es aquella que involucra a personas que —por razones políticas, económicas, sociales o religiosas— no encuentran condiciones óptimas para desarrollarse en su país de origen y deciden abandonarlo. Preocupa a la Red el respeto a los derechos humanos de quienes emigran de forma irregular, al margen de los procesos legales establecidos para ello en el marco de políticas estatales cada vez más restrictivas tendientes a frenar los flujos migratorios.

Cabe decir que mediante esas políticas se diseñan y aplican criterios de mayor selectividad para la admisión de extranjeros y se privilegian a algunos profesionales o técnicos, en detrimento de quienes no tienen ni capital ni conocimiento técnico que ofrecer y del cual se pueda beneficiar el país de destino. Además, preocupan a Red la situación de las personas que al desear emigrar y no tener la posibilidad de hacerlo por las vías regulares —es decir, las legales— recurren a medios irregulares —los “coyotes” y la corrupción— para alcanzar el objetivo de llegar a su país de destino, aun a costa de los atropellos a su dignidad y el riesgo para sus vidas.

Desdichadamente, los bajos índices de desarrollo humano y los elevados niveles de pobreza que siguen presentes en la mayoría de los países del mundo y particularmente en buena parte de nuestra región, hacen difícil pensar que en el corto plazo las migraciones disminuirán. Y es que la migración sigue siendo, para mucha gente, la solución; eso es así, incluso cuando se sufra por el desarraigo que ésta también trae consigo.

Los fenómenos naturales, así se trate de sequías o terremotos; los conflictos armados internos, como el que actualmente tiene lugar en Colombia; la inestabilidad o la recesión económica; y, desde luego, la situación actual del mundo después de lo ocurrido el 11 de septiembre en los Estados Unidos de América, animarán —por un buen tiempo— la emigración de numerosos grupos humanos a otras latitudes. Eso involucrará a un buen número de países como productores de migrantes, como destino de éstos, como rutas para su tránsito o compartiendo más de una de estas calidades. Y mientras la realidad nos revela por un lado que aumenta el número de países productores de migrantes, del otro lado se observa que disminuye la cantidad de países dispuestos a recibirlos.

Siquiera en este mínimo nivel de análisis debemos situarnos en nuestros países para preparar mejores condiciones en la atención de los flujos migratorios existentes y los que vendrán, para revisar las políticas y programas que impulsan en la actualidad cada gobierno de la región, y —desde luego— para realizar los ajustes pertinentes que permitan elevar los niveles de vida de la población de cada país, especialmente aquéllos donde se origina el mayor número de migrantes. Todo ello, garantizando el respeto pleno a la dignidad de las personas.

La actual coyuntura mundial impone, a las organizaciones de la “sociedad civil”, nuevos retos. Ahora, con ojo más crítico, hemos de hacer los esfuerzos necesarios para identificar y denunciar leyes, procedimientos, políticas y discursos que —bajo el argumento de la “seguridad” y la “salvaguarda de la ciudadanía”— encubran antiguos prejuicios xenofóbicos o intenten instaurar, con visos de aparente legitimidad, procesos discrecionales y contrarios a las garantías de debido proceso, valiéndose de argumentos de solidaridad o en medio de un descarado servilismo.

En sintonía con lo anterior, la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones trasladó a los gobiernos su citada Declaración. En ella se afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente: “…Consideramos que, a pesar del ambiente generado a partir de los indignantes y condenables actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, el respeto y la protección a los derechos humanos, incluyendo la no-discriminación por motivos de raza, religión o nacionalidad así como el derecho a solicitar y recibir refugio, son principios universales que deben continuar prevaleciendo bajo cualquier circunstancia. En este sentido, hacemos un llamado a la cordura para que no se establezca, equivocadamente un vínculo entre migración y terrorismo que conlleve a una vulneración de los derechos de las personas que migran y su acceso al debido proceso”.

Y luego, se sostiene: “Negar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia en perjuicio de la población migrante como medida para resguardar la seguridad de nuestros países no puede ser aceptado. El mismo ejercicio que actualmente nos encontramos desarrollando de manera conjunta organizaciones de la sociedad civil y gobiernos en torno a la definición de lineamientos mínimos, el cual aspira a calificar más los procesos de intercepción, detención, deportación y recepción de migrantes practicados por nuestros gobiernos, debe corresponderse con el resto de acciones y políticas que desde el espacio gubernamental se implementen en un marco de claro interés por un mayor respeto de los derechos y garantías de la población migrante”.

En el encuentro que comentamos en esta ocasión, El Salvador estuvo bien representado. Participaron dos funcionarios del Ministerio de Gobernación y tres del Ministerio de Relaciones Exteriores. Importante resulta esto, cuando en nuestro país se discute un nuevo texto legal para el tema de migración y extranjería; cuando además, a raíz de lo acontecido en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre, cuatro ciudadanos salvadoreños son sujetos de extraños procesos ante autoridades de Virginia.

Las cosas no marchaban bien en nuestros países y después del 11 de septiembre se han agregado nuevos problemas: compatriotas en el país del Norte temen por su futuro, desconocemos las cifra exacta de las personas que murieron en los atentados y buena parte de latinos han perdido ya sus empleos. Mucha gente, ni siquiera puede pensar en regresar a sus países de origen porque las causas que motivaron su salida continúan vigentes y, en algunos casos, quizá más acentuadas.

En medio de este panorama sombrío, debemos fijar nuestra atención sobre los problemas estructurales de injusticia, exclusión, marginación, violencia y otras violaciones a los derechos humanos —por acción y también omisión— que ocurren en El Salvador. Nuestra propuesta no es quedarnos al margen de lo que ocupa la atención de la comunidad internacional, aunque es poco lo que hacia fuera podemos hacer. Pero dentro tenemos muchas más condiciones para participar, demandar y aportar. Cuanto más rápido y con buen criterio lo hagamos, mejor. Participar, cuando muchos no pueden hacerlo, no es en El Salvador un derecho; es un deber.

 

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Segundo Montes y la investigación sobre los movimientos migratorios en El Salvador

El tema de las migraciones fue un objeto de estudio abordado por Segundo Montes en la década de los ochenta. En aquella época, El Salvador se encontraba sumergido en una guerra civil y los movimientos migratorios oscilaban del campo a la ciudad y del país hacia otros países receptores. Segundo Montes contribuyó a comprender los procesos políticos que se encontraban sobre la base de este fenómeno. A diferencia de la movilidad asociada a la búsqueda de tierra y trabajo y al uso de los recursos disponibles, en los años ochenta, la movilidad migratoria modificó su patrón en forma significativa, hasta el punto de generar una inflexión en dicho comportamiento. Desde entonces, las migraciones abarcaron un amplio espectro de flujos categorizados en dos niveles, a saber: los documentados y los indocumentados. Para ambos casos, las causas explicativas oscilaban entre los que migraban por razones económicas, hasta los que migraron en calidad de refugiados, exiliados y desplazados internos.

Un aporte específico en los estudios de Segundo Montes al respecto fue también determinar el volumen y la composición de estos flujos. A diferencia de las migraciones anteriores al conflicto armado, las nuevas migraciones se caracterizaron por una mayor complejidad tanto en sus causas como en sus efectos. Para esas épocas, la participación de mujeres, niños, niñas y familias completas, de los estratos populares y medios, demuestran claramente lo dramático de la situación económica, política y social que vivía el país. Efectivamente, El Salvador entró en una profunda crisis global en la década de los ochenta que terminó permeando la tradicional dinámica social, hasta el punto que, en la actualidad, el país depende inexorablemente de las remesas familiares para no hundirse dentro de este catastrófico laberinto económico. Y esto para mencionar tan sólo uno de los aspectos determinantes de estos cambios en la dinámica social del país.

La magnitud de estos movimientos migratorios en el país ha afectado su ritmo de crecimiento económico, su perfil sociocultural y su perfil demográfico. El mapa poblacional de El Salvador se reconfiguró durante y después de la guerra. El país ya no es el mismo. En promedio, la población urbana representa el 52% de la población total y los flujos migratorios internos continúan movilizando gente de las zonas rurales a las ciudades del país y hacia otros países receptores. Con más de un millón y medio de compatriotas viviendo fuera de sus fronteras y con más de mil setecientos millones de dólares anuales en concepto de remesas, El Salvador, ha experimentado procesos de cambio social. Ahora toca determinar cómo las migraciones se han convertido en uno de sus motores principales.

Paradójicamente, el rol del Estado y del gobierno central no ha sido significativamente crucial en lo que a política migratoria se refiere. En la época en la que Segundo Montes investigó este fenómeno, las políticas de contrainsurgencia organizadas a través del aparato estatal por los gobiernos de turno, fueron las responsables de la mayor parte de desplazamientos poblacionales en búsqueda de seguridad. En su afán por estudiar estos movimientos, Segundo Montes, dio excelentes aportaciones para la comprensión del tema de los refugiados. A su vez, se dedicó a estudiar el impacto de las remesas en el país, remesas que en parte, fueron producidas y enviadas por un alto porcentaje de esta población desplazada por razones políticas, económicas y sociales.

La agudeza de sus análisis nos permitió conocer no sólo el monto anual de estas remesas, sino también su contribución a la economía nacional en cuanto flujo de divisas. Contradictoriamente, aquellas personas y familias que abandonaron sus casas y sus lugares de origen contra su voluntad, en el afán de apoyar a sus parientes en el país, terminaron contribuyendo a sostener la malograda economía nacional. Pese a estos aportes significativos, aun en la actualidad, estos compatriotas en la diáspora adolecen de una política migratoria coherente y estructurada de acuerdo a sus fines e intereses.

No obstante la diferencia de la época en que Segundo Montes investigó este tema, en la actualidad el gobierno ha desarrollado intensas campañas para que dentro de la política migratoria de los Estados Unidos se flexibilice las posturas con respecto a las y los salvadoreños ilegales en aquel país. El principal argumento de los últimos dos gobiernos centrales ha sido demostrar su incapacidad económica de absorber productivamente y sin generar conflictos sociales a esta población numerosa en un corto período. Sin embargo, estas campañas revelan un problema más de fondo: la ineficiencia de los gobiernos de frenar las oleadas de emigrantes a través del desarrollo de políticas sociales encaminadas a reducir la exagerada brecha entre ricos y pobres y su incapacidad de asumir con liderazgo, su rol rector en el campo de la economía. Sin duda alguna, estos aspectos ya habrían sido objeto de estudio para Segundo Montes.

El Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, fiel a la tradición de Segundo Montes, está trabajando en una investigación sobre el problema de las migraciones. En este sentido, quiere indagar sobre diferentes tópicos asociados a esta temática, especialmente, los de carácter sociocultural y su relación con el cambio social. Los aportes de Segundo Montes constituyen nuestro punto de partida en esta empresa y como tal, queremos presentar a continuación, en el marco del XII aniversario de su martirio, algunas reflexiones sociológicas al respecto.

Uno de esos aspectos tiene que ver con el tema de la transculturización o con la transmigración de nuevos sentidos y significados de la acción social. Los emigrantes salvadoreños han establecido nuevas redes sociales a través de las cuales se relacionan con “su gente” y con sus comunidades. En estas relaciones sociales, estos emigrantes no sólo envían remesas, sino que con ellas transfieren los sentidos y significados adoptados de la cultura del país receptor. Trasladan una nueva visión del mundo, una nueva racionalidad en la misma acción social y un nuevo orden en la escala de los valores sociales y culturales.

Esto inexorablemente está provocando cambios en los patrones de vida, de consumo y de conducta social en la población que depende y ha entrado en contacto con los emigrantes. También está generando cambios en las formas de organización familiar y en las formas como las personas se vinculan con diversas instituciones. Indiscutiblemente, estas nuevas conductas sociales alimentadas por los procesos de transculturización demandan ser investigadas. La identidad cultural está pasando por un acelerado proceso de cambio y comprender sus causas y efectos podría ayudar a comprender la nueva configuración societal de El Salvador.

Por otra parte, el fenómeno de las migraciones puede ayudarnos a comprender otras manifestaciones del proceso de globalización. Los flujos migratorios de ilegales no se han detenido en el país. Pese a los peligros y las medidas de seguridad y vigilancia que han adoptado los países receptores, cada día, cada semana, cada mes, muchas personas sin ninguna oportunidad de empleo o de estabilidad económica inician el camino de la diáspora hacia otros países y de manera muy recurrente hacia los Estados Unidos. En cada uno de estos desplazamientos se desafía la idea misma de mundialización y del pensamiento único. Las migraciones son causa de una libertad de pensamiento, de actitudes, de costumbres y por estas razones, escapan al control social. La transculturización también afecta a los países receptores y posiblemente esto explica en parte por qué estos países endurecen sus políticas migratorias y tratan al emigrante “ilegal” como peligroso e incontrolable. En el fondo, hay un afán por invisibilizar a estos seres humanos.

Desde este contexto explicativo, las migraciones son una forma de protesta en contra de una organización de la vida alrededor de la sola producción. Las migraciones son una manifestación de rebeldía en contra del nuevo orden mundial. Definitivamente, las migraciones son una manera de escapar a la muerte lenta, a la muerte súbita. Desde el punto de vista antropológico, la innata capacidad de innovación que poseemos los seres humanos, nos lleva al riesgo y a la aventura. El sueño utópico de un nuevo horizonte permea la voluntad de los migrantes y antes de aceptar la muerte, se lanza en búsqueda de ese horizonte sin importar los costos. Aquí el migrante se reconoce en el otro migrante. Ambos aceptan llevar juntos los riesgos y sufrimientos. La movilidad pone el acento sobre el hecho de que lo provisorio, lo precario, todo lo que es propio a esa aventura individual, tiende a reforzar el cuerpo colectivo y a serle necesario.

Segundo Montes nos ayudó a comprender que las razones fundamentales del fenómeno actual de las migraciones se deben a situaciones de supervivencia. Esto implica entonces que aquel que emigra no defiende lo que posee, sino lo que es. Reafirma esa parte de él que escapa a todo control, esa parte que no es “fuerza de trabajo” transformada en mercancía.

En su primer movimiento, el emigrante es rebelde. Si no fuera así, al individuo le bastaría juntarse a los que se dedican a robarle a los demás el objeto de su envidia. No obstante, cuando los controles migratorios o de repatriación se hacen más agudos, entonces la propensión a este tipo de actos delictivos se incrementa debido a que se reducen los espacios de movilidad, generando analogías de riesgo entre ambas actividades: emigrar y delinquir. Sin embargo y gracias a la cultura dominante del país receptor, pasa que muchas veces el migrante, una vez instalado en ese país, pierde su rebeldía, su memoria, pierde su pasado. Se generan procesos de aculturación que influyen directa e indirectamente sobre la identidad cultural de estas personas.

Frente a estos elementos socioculturales, las migraciones revelan que las cosas han cambiado. El sistema practicó la destrucción de las instituciones tradicionales a fin de liberar para el mercado el elemento de trabajo. Prácticamente, todas las organizaciones no contractuales de parentesco, de vecindad, de profesión han venido siendo destruidas. Estamos evidenciando la forma en que las tradiciones y costumbres vinculadas a la sociedad orgánica están desapareciendo, ante lo cual se generan diversos problemas de identidad cultural. Estas situaciones nos motivan a reiniciar el trabajo investigativo de Segundo Montes en lo que respecta a este tema crucial, para comprender uno de los aspectos fundamentales del cambio social en El Salvador.

Sergio Bran, Jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

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Terremotos, migración y derechos humanos

La situación de emergencia y desastre que vive nuestro país a raíz de los terremotos sufridos en los primeros meses del año, así como la falta de políticas de prevención, ha propiciado toda suerte de opiniones, análisis y explicaciones. Sin embargo, poco se ha hablado sobre la relación desastre y migración.

Es obvio que los fenómenos naturales ocasionan desastres, en la medida en que la mayoría de la población vive en situaciones de vulnerabilidad, consecuencia de la pobreza, ignorancia, falta de voluntad política o capacidad gubernamental.

En este marco, uno de los efectos de los desastres, es el incremento de la migración de la masa poblacional en dos vías: la migración interna y la externa. La migración interna de las poblaciones afectadas (principalmente rural) hacia los grandes centros de concentración urbanos, propicia nuevos problemas o agrava los ya existentes: ampliación de los cinturones de miseria, más desempleo, aumento de los índices de delincuencia, mayor presión sobre los limitados servicios básicos, etc.

Por otra parte, la migración externa –ya elevada por las condiciones económicas y sociales del país— se ve incrementada por la sensación de inseguridad que ocasionan los desastres aunado a la falta de oportunidades internas, búsqueda de mejores condiciones de vida y deseo de ayudar a los familiares que se quedan a través de las remesas. Sobre lo anterior, el Doctor Ponciano Torales –colaborador de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM)— asegura que “cuando ya estamos muy inmersos en una dinámica de migración económica, principalmente de parte de la población “excluida”, los desastres naturales, al igual que los conflictos internos, lo que hacen es agudizar aún más la migración económica”.

Datos proporcionados por las diferentes Procuradurías de Derechos Humanos de Centroamérica, Panamá y Belice en el reciente seminario sobre “Mecanismos de coordinación para la ejecución de políticas en materia migratoria”, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), indican el aumento del paso de personas de diferentes nacionalidades –centroamericanos, asiáticos y hasta africanos— en el área, en calidad de transmigrantes, con destino hacia Estados Unidos de Norte América principalmente.

El fenómeno anterior enfrenta a los migrantes, a múltiples riesgos durante su tránsito por varios países, así como durante su estadía —en caso de que se logre llegar— en el país de destino, desde ser víctimas de la delincuencia común —asaltos, violaciones y asesinatos—; caer en las redes de peligrosas estructuras del crimen organizado —prostitución, narcotráfico, etc.— y sufrir graves violaciones a sus derechos humanos.

En este último punto, las Procuradurías de Derechos Humanos revelan el problema de los abusos institucionales en general: detenciones arbitrarias, brutalidad policial, negación a juicios justos, excesiva burocracia, entre otros.

A lo expuesto se suma la pésima percepción ciudadana hacia los inmigrantes, asociándolos con delincuencia y criminalidad, responsabilizándolos de la disminución de fuentes u oportunidades de trabajo y considerándolos una carga para la sociedad o el Estado, lo cual viene a acentuar los sentimientos de xenofobia en las comunidades receptoras de inmigrantes.

Además, el fenómeno de la migración ocasiona otras consecuencias: desterritorialización, dispersión de la población, surgimiento de nuevas articulaciones económicas y sociales, nuevas conformaciones familiares, pérdida de la identidad cultural y del sentimiento de pertenencia a su comunidad de origen.

En otro aspecto, el incremento del fenómeno de la migración revela la incapacidad de los diversos gobiernos —sobre todo de la región centroamericana— en el tratamiento de este importante tema. La ausencia de registros completos y confiables no permite obtener la información idónea para conocer las tendencias demográficas y de movilización de la masa poblacional, lo que a su vez imposibilita la adopción de las políticas adecuadas para solucionar los múltiples problemas. A esto se añade la inexistencia de acuerdos transfronterizos con el fin de erradicar las migraciones, en la mayoría de los países del área (a excepción de Panamá y Costa Rica), así como la falta de estrategias o esfuerzos tendientes a capacitar a los funcionarios encargados o involucrados en los procedimientos migratorios.

Por lo anterior, es sumamente preocupante que al seminario organizado por el IIDH y desarrollado en Managua, no haya asistido ningún representante de la Dirección General de Migración de nuestro país, con la inaceptable excusa que las responsabilidades asumidas a raíz de la “emergencia”, imposibilitaron la participación de un delegado en el evento.

Y es que tal como lo ha expresado la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) de 1992, citada por el doctor Jaime Ruiz De Santiago, las migraciones son un fenómeno de tendencia creciente, que se constituyen como “signo de los nuevos tiempos”. Por ello los migrantes deben ser protegidos en la conservación y goce de sus derechos humanos, inclusive en el “Lus Peregrinandi” o derecho de circulación, establecido desde la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, y desarrollado en otros instrumentos de protección internacional de los derechos humanos.

Es en todo este contexto que se hace más urgente e imprescindible la presencia del “Ombudsman”: Un procurador o procuradora de los derechos humanos que desarrolle verdaderamente su misión de defensor del pueblo.

El estudio y análisis sistemático de la situación de los derechos humanos de la población migrante, unido a la denuncia oportuna y la elaboración de propuestas, podría incidir positivamente en la adopción y ejecución de políticas migratorias acordes a la realidad del país.

Lo anterior es necesario ya que como expresa el Doctor Torales, el fenómeno de la migración es complejo y requiere de un tratamiento integral, que no sólo considere al migrante si no también a su familia. Es aquí en donde un verdadero procurador de derechos humanos asumiría un rol protagónico, haciendo cumplir los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, promoviendo el conocimiento y difusión de los mismos, propiciando la concertación entre gobiernos, y de éstos con su propia sociedad y comunidades de migrantes, e impulsando el desarrollo de acciones programáticas sostenibles destinadas a capacitar permanentemente a los funcionarios sobre la administración y tratamiento de los migrantes, combatir la corrupción, mejorar los instrumentos y procedimientos legales, y asegurar el respeto de los derechos de los migrantes.

Sin embargo, la sociedad civil también tiene la obligación de concientizarse y organizarse para hacer valer los derechos de los migrantes. Al respecto, en nuestro país ya se cuenta con un importante avance, a través del Foro de Migrantes de El Salvador, el cual ha obtenido significativos logros, sobre todo en el marco de la actual situación de desastre nacional, al realizar gestiones con diversas embajadas con el fin de detener las deportaciones y lograr programas de protección temporal a salvadoreños.

México ha anunciado la prórroga de un programa de regularización para salvadoreños en dicho país, y Estados Unidos accedió a la petición del Presidente Flores de otorgar un programa de protección temporal a nuestros compatriotas.

Pese a ello el camino aún es largo, ya que no es posible exigir que los derechos de los salvadoreños sean respetados, si nosotros mismos no respetamos los derechos de aquellos que utilizan nuestro territorio como punto de paso hacia otras latitudes. Esto redundaría en la fuerza moral que el pueblo y el gobierno salvadoreño necesitan para luchar por nuestros propios migrantes.

A continuación se transcriben las peticiones que formuló el lunes 22 de enero del presente año el Foro de Migrantes de El Salvador a los Estados de la región solidarizados ante el desafortunado desastre natural que sufrió y que afecto severamente a la población:

1. La creación de un programa de protección temporal para salvadoreñas y salvadoreños que residan en forma irregular en estos países.

2. La suspensión al menos temporal de deportaciones de salvadoreñas y salvadoreños.

3. La atención con prioridad de los trámites respectivos para facilitar salidas de emergencia a salvadoreños que necesiten trasladarse con urgencia a El Salvador, sin que hacerlo ponga en riesgo el potencial status migratorio que éstos tengan en el país extranjero.

4. Específicamente al gobierno de Estados Unidos en atención al elevado numero de salvadoreños en dicho país, se le solicita considere una reforma a la ley NACARA, a fin de que se prescinda de la exigibilidad de demostración de “sufrimiento extremo”, dada la magnitud del desastre causado, y se otorgue en forma automática a éstos la calidad de residentes.

5. Siendo coherentes con la solidaridad que pedimos para nuestros connacionales en el exterior, solicitamos a las autoridades migratorias de El Salvador tomar la iniciativa y conceder protección temporal para extranjeros que en forma migratoria irregular permanezcan en territorio salvadoreño cuando así lo soliciten.

6. Finalmente pedimos a los organismos internacionales comprometidos con el tema migratorio y a las organizaciones de la sociedad civil de los países de la región que apoyen la petición que en forma legitima y ampliamente justificada desde El Salvador formulamos.

 

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