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Documento Especial Informe del Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política en El Salvador Primera Parte In memoriam I. Introducción 1. Marco general de la formación y acción del Grupo Conjunto A. Antecedentes y recomendaciones anteriores a la formación del Grupo Conjunto a. Acuerdos de paz El proceso de paz en El Salvador no solamente buscaba la finalización del conflicto armado. Con los acuerdos, el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) establecieron las bases para la democratización del país, la reconciliación social y la modernización del Estado. Para desarrollar estos propósitos, los acuerdos previeron una serie de reformas en las instituciones políticas, administrativas y jurídicas del Estado. A la vez, crearon instancias nacionales de carácter temporal destinadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de pacificación. En este contexto surgió la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), como órgano nacional para la supervisión del cumplimiento de los acuerdos de paz, conformada por representantes de la totalidad de las fuerzas políticas del país. Asimismo, se creo una Comisión ad hoc encargada de la depuración de la Fuerza Armada. Su trabajo consistió, fundamentalmente, en una evaluación sobre la conducta de los miembros de la Fuerza Armada durante el conflicto y en la identificación de aquellos que fueron responsables de violaciones a los derechos humanos. En el mismo sentido, la referida Comisión debió sentar las bases para la redefinición de la doctrina de la Fuerza Armada, en el marco del Estado de derecho y del sistema democrático. Por otro lado, los acuerdos de paz establecieron la presencia de la comunidad internacional para la verificación de las obligaciones contraídas por las partes. Con ese fin se instaló la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador. De igual forma, se conformo una comisión encargada de investigar las graves violencias a los derechos humanos ocurridas en el país a partir de 1980.
b. La comisión de la verdad La Comisión de la verdad se integro por tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las partes, en conformidad con lo establecido por los acuerdos de México. Su mandato fue contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos que convulsionaron a la sociedad salvadoreña durante el conflicto armado. La Comisión, que trabajo durante un periodo de seis meses, entrego su informe público al gobierno de El salvador, al FMLN y al Secretario General de las Naciones Unidas. Las recomendaciones incluidas en el informe, según lo previsto, son de obligatorio cumplimiento para las partes. En el informe final la Comisión de la verdad incluyo un capitulo acerca de los escuadrones de la muerte, en el que expresa que recibió un considerable numero de denuncias sobre hechos de violencia perpetrados por grupos de esa naturaleza, entre los que se cuentan amenazas, torturas, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, ocurridas entre 1980 y 1992. La Comisión de la verdad expreso las dificultades que, por falta de tiempo, enfrento para establecer los eventuales vínculos entre diversos sectores sociales y los escuadrones de la muerte. No obstante, reitero la participación de miembros de la Fuerza Armada y de funcionarios civiles del Estado en el funcionamiento de los escuadrones de la muerte. Asimismo, llamo la atención acerca del peligro que podría representar el hecho que ex miembros de la defensa civil continúen armados en áreas rurales, así como de la utilización ilegal de los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad y de la Fuerza Armada. La deficiente actuación del sistema judicial fomentó la impunidad de los miembros y promotores de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Las conclusiones del informe señalan el peligro de una eventual conexión entre los escuadrones de la muerte y la delincuencia organizada. Finalmente, el informe de la Comisión de la verdad recomienda la realización de una investigación especial de los escuadrones de la muerte por parte de las instituciones nacionales con la colaboración y asistencia de instancias extranjeras. B. Resurgimiento de la violencia en 1993 Sucesivos hechos de violencia ocurridos durante el segundo semestre de 1993 alteraron el creciente clima de paz que se estaba viviendo en el país a partir de la firma de los acuerdos. Los asesinatos de dirigentes políticos del FMLN y de ARENA alteraron acerca de la posible reactivación de los denominados “escuadrones de la muerte”, y pusieron en evidencia la fragilidad de la estabilidad del proceso de paz y la necesidad de controlar la violencia. Al respecto, el director de la división de derechos humanos de ONUSAL, que venia advirtiendo en sus informes al Secretario General sobre el incremento de las ejecuciones arbitrarias y la presencia de grupos armados ilegales, señalo que durante los últimos meses de 1993 la situación de los derechos humanos sufrió un grave deterioro. La Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, en su tercer informe a la nación, el 1 de octubre de 1993, había señalado el problema de la violencia en el ámbito político, proponiendo la creación de una comisión para investigar esta temática. Ante esta situación, el gobierno de El Salvador creo un Grupo Interinstitucional, donde se integraron los organismos estatales con competencia para la investigación de hechos delictivos, y cuyo objeto era profundizar las indagaciones respecto a los atentados contra dirigentes políticos de primera línea. El trabajo de dicho grupo no dio los resultados esperados por el gobierno. Con base en las reflexiones antes sintetizadas, el Secretario General comunica al Consejo de Seguridad que había decidido “…encomendar al director de la división de derechos Humanos de la ONUSAL que, con la asistencia suplementaria de expertos que sea necesaria, trabaje en cooperación con los interesados para ayudar al gobierno a aplicar la recomendación de la Comisión de la verdad que se realice inmediatamente una investigación a fondo sobre los grupos armados privados. Aunque incumbe al gobierno la responsabilidad de aplicar esa recomendación, considero que el procurador para la defensa de los derechos humanos también podría desempeñar un papel importante, en el marco de sus responsabilidades dimanantes de la constitución”. En un informe posterior al Consejo de Seguridad, con fecha 23 de noviembre de 1993 (S/26790), el Secretario General reitero la necesidad de impulsar la investigación antes mencionada. Puso de manifiesto, asimismo, que hasta el 20 de noviembre aun no se habían convenido con el gobierno las disposiciones necesarias aunque anoto que se había avanzado en el logro de un acuerdo1.
2. Integración y mandato del Grupo Conjunto para investigar a los grupos armados ilegales con motivación política A. Formación y mandato del Grupo Conjunto Considerando las recomendaciones hechas por la Comisión de la verdad, el resurgimiento de la violencia durante el año 1993 y el consenso de las partes firmantes del Acuerdo de paz, con la mediación de Naciones Unidas se llego a un acuerdo sobre la creación del Grupo Conjunto, con el objetivo de ayudar al gobierno de El Salvador a descubrir la existencia de los grupos armados ilegales con motivaciones política, que desde la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, estaban poniendo en peligro el proceso de paz. Los principios para el establecimiento del Grupo Conjunto señalan que este “tendrá una identidad institucional propia y su propósito será ayudar al gobierno de El Salvador a aplicar la recomendación de la Comisión de la verdad en el sentido que se emprenda una investigación a fondo de grupos armados ilegales. A este respecto, se entenderá por grupos armados ilegales el fenómeno descrito en las recomendaciones del informe de la Comisión de la verdad”2. El Grupo Conjunto seria compuesto por el procurador para la defensa de los derechos humanos, un representante del Secretario General de Naciones Unidas y dos representantes del gobierno de El Salvador. Una vez acordados los principios bajo los cuales actuaría el Grupo Conjunto3, con fecha 8 diciembre de 1992, se procedió a su constitución. El Grupo Conjunto se constituyo con las siguientes facultadas: a) Organizar, dirigir y supervisar a un equipo de investigación técnico integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos; Los principios acordados para su establecimiento señalan que el Grupo Conjunto y el equipo técnico no tendrán funciones jurisdiccionales y operaran dentro de una marco de (a) autonomía; (b) imparcialidad y apoliticidad y (c) confidencialidad, excepto en los casos en que se descubran los criminales individuales o de estructuras que deban ser investigados inmediatamente por la Fiscalía General de la Republica, caso en el que los pondrá en conocimiento del fiscal general para que proceda a adelantar la investigación respectiva5. El Grupo Conjunto fue integrado por las siguientes personas: (a) Dos representantes del gobierno de El salvador, nombrados por el presidente de la republica designación que recayó en los doctores José Leandro Echeverria6 y Juan Jerónimo Castillo, abogados en ejercicio. Dichas designaciones contaron además con la aprobación del procurador para la defensa de los derechos humanos. (b)El procurador para la defensa de los derechos humanos, doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, quien por las propias responsabilidades atribuciones que le devienen del texto constitucional, debía pertenecer al Grupo. B. Naturaleza, alcances y limitaciones de investigación del Grupo Conjunto 1. Conforme al mandato del Grupo Conjunto el fenómeno a investigar es el de los grupos armados ilegales en los términos que el informe de la Comisión de la verdad los define. La investigación cubrirá la actividad de tales grupos a partir del 16 de enero de 1992. 2. En la sección del informe titulada “ El patrón de los escuadrones de la muerte”, la Comisión señala que se “trata de la organización de grupos de personas usualmente vestidas de civil, fuertemente armadas que, actuaban clandestinamente, y ocultaban su afiliación o identidad…” y añade que “los escuadrones, ligados a estructuras estatales por participación activa o por tolerancia, alcanzaron un control de tal naturaleza que sobrepaso los limites de fenómeno aislado o marginal para convertirse en instrumento de terror y de practica sistemática de eliminación física de opositores políticos”7. 3. En las conclusiones de la referida sección, la Comisión de la verdad señala una serie de aspectos del fenómeno, que constituyen elementos de juicio que, por su carácter prospectivo, deberían formar parte del marco de referencia de la investigación: (a) La vinculación de miembros de la Fuerza Armada y/o funcionarios civiles con las actividades de los escuadrones. (b) la existencia de una conexión estructural entre los escuadrones y determinados organismos del Estado, y la llamada de atención en el sentido “que hay duda y preocupación, en particular por el hecho que centenares de ex miembros de la defensa civil quedan armados en el campo”. (c) La participación de los servicios de inteligencia en las actividades de los escuadrones: “Una investigación debe llevar tanto a un saneamiento institucional del servicio de inteligencia como a la identificación de los responsables…”. (d) La necesidad de “aclarar la relación entre miembros de la empresa privada y algunas familias adineradas, con el financiamiento y uso de los escuadrones”. (e) El hecho que “por razones de su estructura organizativa y la posesión de armas, existe el grave peligro que los escuadrones de la muerte puedan incurrir, como se ha comprobado en algunos casos, en actividades ilegales como narcotráfico, el trafico de armas y secuestros extorsivos”8. 4. Asimismo, en sus recomendaciones, la Comisión expreso que “entre los instrumentos mas atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años, estuvo la acción de grupos armados particulares que actuaron con toda impunidad. Es necesario adoptar todas las medidas que sean precisas para el desmantelamiento de los mismos. A la luz de la historia del país, en este campo la prevención es imperativa”9. 5. En esa perspectiva, la investigación del Grupo Conjunto se ha centrado en los grupos armados particulares con características de escuadrones de la muerte. Sin embargo, en los últimos meses y como consecuencia de diversos y complejos factores derivados de la finalización del conflicto, han emergido también grupos armados que no pueden asimilarse a los escuadrones de la muerte, pero que ciertamente significan un peligro para la estabilidad del país y la vigencia de los derechos humanos. La investigación se ha referido también a estos grupos, cuya actuación afecta la seguridad pública y cuya estructura y modalidades de operación fácilmente podrían orientarse a actividades criminales con objetivos políticos. C. Duración y áreas de investigación De manera coherente con el marco de referencia de la investigación, esta abarco en forma interrelacionada las siguientes áreas: 1. Antecedentes: investigación documental y recepción de testimonios sobre hechos del pasado, anteriores a la fecha bajo mandato del Grupo Conjunto. 4. Investigación de las estructuras institucionales del Estado y su eventual vinculación con actividades de grupos armados particulares. Para efectuar su trabajo, el Grupo Conjunto contó con la cooperación financiera de la comunidad internacional, por intermedio de Naciones Unidas, lo que permitió disponer de un equipo técnico integrado por investigadores policiales y de derechos humanos, analistas, asesores de los miembros del Grupo Conjunto y personal de apoyo a la gestión administrativa. El personal esta coordinado por el secretario ejecutivo, como enlace entre los miembros del Grupo Conjunto y el equipo técnico. 3. Metodología para la investigación de los grupos armados ilegales con motivación política 1. El Grupo Conjunto, integrado el 8 de diciembre de 1993, inicio sus labores de gestión, análisis y planificación el mismo día de su instalación, integrándose progresivamente el equipo técnico a partir del 1 de febrero de 1994. En el transcurso del trabajo, el Grupo Conjunto y el secretario ejecutivo han recIbido información pormenorizada del desarrollo de las investigaciones realizada por el equipo técnico. Toda la información y el progreso de las investigaciones ha sido tratada bajo estricta confidencialidad. 2. Se realizaron llamados a la población a través de los medios masivos de comunicación y a las instituciones nacionales e internacionales de aportar información sobre la posible existencia de grupos armados ilegales con motivación política. Se hizo conciencia en la población que la información brindada es un aporte importante en el proceso de paz y se subrayo la confidencialidad de toda la información. Toda la información recIbida fue analizada, clasificada y procesada en el banco de datos del proyecto. 3. Para bordar el problema planeado, y a efectos de organización interna del equipo ejecutivo del Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política, se definieron las cuatro siguientes áreas de trabajo. A. Antecedentes En este apartado se elaboro una síntesis sobre lo que durante la etapa del conflicto bélico salvadoreño se denomino los “escuadrones de la muerte”, así como de otros grupos armados ilegales. El objetivo fue establecer los marcos operativos, lineamentos ideológicos, origen de su financiamiento, estructuración y áreas de actuación. El estudio de los antecedentes fue también un vehículo para analizar la posible sobre vivencia de esos grupos y las modificaciones en su estructura original, a partir de la firma de los acuerdos de paz. B. Grupos armados ilegales existentes en la actualidad Las recomendaciones de la Comisión de la verdad y el clima de violencia política creciente en los meses inmediatamente anteriores a la formación del Grupo Conjunto dieron fuerza a la hipótesis de la existencia en la actualidad de los grupos ilegales armados con motivación política. C. Muestreo de casos sobre violaciones a los Derechos Humanos verificados por la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y por ONUSAL. Se analizaron los casos verificados por las dos referidas instituciones en los que además de haberse demostrado la existencia de una violación a los derechos humanos, se identifico la existencia de grupos organizados y armados que operan en la ilegalidad y cuyas acciones tienen motivaciones o graves repercusiones políticas. D. Investigación de las estructuras institucionales del Estado y su posible vinculación con actividades de los grupos armados ilegales Se analizaron casos y situaciones de violaciones a los derechos humanos y de posibles acciones de grupos ilegales armados en las que el Estado pudo haber tenido responsabilidad, haya esta sido por acción o por omisión, en actividades ilegales de funcionarios en ejercicio de su investidura, o bien abusando de la misma. II. Antecedentes Resulta imprescindible detenerse en el análisis de los antecedentes de la actuación de los grupos ilegales armados con motivación política en el país para lograr una correcta aproximación al fenómeno. Es evidente que para la sociedad salvadoreña la existencia de grupos de esta naturaleza no es un tema nuevo. Su sola mención ha generado, y aun hoy genera, una sensación de inseguridad, temor y desconfianza que deben ser erradicados definitivamente para que pueda consolidarse el proceso de paz e instalarse un clima de convivencia democrática. Se trata, pues, de un punto neurálgico dentro de la estructura social, que exige ser al fin exorcizado, a través de los mecanismos idóneos que permitan desterrar la recurrencia a métodos violentos para procesar diferencias políticas. Teniendo en cuenta las informaciones que el Grupo Conjunto ha recIbido de diferentes fuentes, puede concluirse que existen indicios serios que involucran actualmente en acciones de violencia política a personas que han sido señaladas anteriormente como miembros operativos, organizadores o financiadores de los denominados “escuadrones de la muerte” en el pasado. La gravedad de esta constatación exige una extrema prudencia en el manejo de esas informaciones, ya que el Grupo Conjunto estima que los datos en su poder no tienen, por el momento, la fuerza de una evidencia plena que permita individualizar responsabilidades. No obstante, con base en una visión global de las informaciones que se han recogido dentro de las diferentes áreas en que el Grupo desarrollo su trabajo de investigación, pueden plantearse razonablemente una serie de interrogantes sobre hechos del presente, que justifican, una vez mas, la necesidad de considerar las informaciones sobre la actuación de estas estructuras ilegales con anterioridad a la firma de los acuerdos de paz. Necesariamente se debe conocer el proceso de evolución que han desarrollado los grupos ilegales que se investigan, paralelamente a los cambios en las condiciones políticas imperantes en el país. No se pretende elaborar una “historia de los escuadrones de la muerte”, sino centrar la atención en la trayectoria de estas estructuras y en su capacidad operacional con proyección a la actualidad. El Grupo Conjunto realizo sus investigaciones en base al trabajo de la Comisión de la verdad, la documentación recientemente desclasificada por el gobierno de Estados Unidos y diversas fuentes de carácter confidencial. Con fundamento en esta información, el Grupo Conjunto expresa su convicción que las actividades de estos grupos ilegales fueron dirigidas política, económica y operativamente a partir del año 1979 por un poderoso grupo de vaciles y militares que establecieron el marco ideológico y la agenda de la “guerra sucia”. Alegando razones de tipo ideológico, este grupo actuó clandestinamente, abarcando en sus operaciones asesinatos, sabotajes, secuestros, intentos de golpes de Estado y otras actividades criminales. 1. Síntesis de las informaciones analizada por el Grupo Conjunto 1.1 Introducción El objetivo especifico del trabajo desarrollado sobre los antecedentes de los grupos armados ilegales con motivación política es el de establecer los marcos operativos, los lineamentos ideológicos y políticos, el financiamiento, la estructuración y las áreas de actuación de estos grupos durante los últimos años del conflicto, etapa anterior al periodo que esta bajo el mandato del Grupo Conjunto. Dentro del universo de fuentes manejado, se destaca la recepción de testimonios confidenciales en El Salvador y en Estados Unidos, así como el examen de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, en noviembre de 1993, que incluyen informes de la CIA, del Departamento del Estado y del Departamento de Defensa, relacionados a casos investigados por la Comisión de la verdad. Estos materiales cubren el periodo que corre entre 1979 y 1992. Respecto a los “documentos descalcificados”, es amplia la información relacionada con las estructuras y operaciones de los llamados “escuadrones de la muerte” durante la década de los 80 y hasta 1991. El Grupo Conjunto, no obstante, entiende que no puede darse a esta documentación el valor de prueba suficiente o evidencia plena, en la mediad que la misma se basa, en muchas ocasiones, en informaciones que no construyen un soporte necesario como para permitir la emisión de juicios categóricos. 1.2. Reseña de algunos aspectos de la actuación de grupos armados ilegales con motivación política en El Salvador Pueden encontrarse las raíces y el desarrollo de los grupos armados ilegales con fines políticos en el país en el conflicto social histórico de las últimas décadas, especialmente a partir de la década de los 30. En su informe, la Comisión de la verdad situó incluso antes en el tiempo los orígenes de los llamados “escuadrones de la muerte” al hacer alusión a “una larga historia de violencia perpetrada por grupos que no son del Estado, ni de criminales ordinarios”10. Agrego esta Comisión que “la violencia ha formado parte de la practica del poder oficial, directamente orientado por funcionarios del Estado”11 y que las causas de ese fenómeno de los “escuadrones de la muerte” eran bien profundas; “en los últimos 150 años, varias insurrecciones de campesinos e indígenas fueron reprimidas violentamente por el Estado y por grupos civiles armados por terratenientes”12. Después del aplastamiento de una rebelión campesina en 1932, grupos de terratenientes comenzaron a organizarse para defender sus intereses. La denominada “guarida cívica” fue estructurada y financiada por grandes propietarios de tierras para recoger información y controlar a los campesinos bajo una estructura paramilitar13. En los años 60, dentro de la Guardia Nacional, se formaron las estructuras vinculadas o enclavadas en instituciones del Estado y posteriormente asociadas a los “escuadrones de la muerte”, en la década de los 80. De esta forma surgieron: la Organización Democrática nacionalista (ORDEN)14, y la Agencia de Seguridad Salvadoreña (ANSESAL)15. Sobre los organismo ORDEN y ANSESAL, la Comisión de la verdad señala que: “sirvieron para consolidar una época de hegemonía militar en El Salvador, sembrando en forma selectiva el terror contra supuestos subversivos identificados por los servicios de inteligencia”. La Comisión de la verdad concluyo al respecto: “se consolido así la dominación del ejercito sobre la sociedad civil a través de la represión para mantener el control de la sociedad.”16. 1.3 Financiamiento Las actividades de los llamados “escuadrones de la muerte” alcanzaron sus niveles más altos después del golpe de Estado de 1979. Durante los años siguientes, sus operaciones mostraron un dramático ascenso. En 1982, por ejemplo, cada día se encontraban en las calles cadáveres con sus dedos atados atrás. Numerosas personas dentro y fuera de los cuerpos de seguridad dirigieron y llevaron a cabo las operaciones de los “escuadrones de la muerte”. Según la documentación estudiada por el Grupo Conjunto, la actividad de los “escuadrones de la muerte” parece haberse financiado desde 1979 mediante diversos mecanismos: oficinas de seguridad del gobierno; secuestros extorsivos y aportes de miembros adinerados de la oligarquía dentro y fuera del país. El financiamiento y apoyo para las actividades de los “escuadrones de la muerte”, provino de “miembros adinerados de la oligarquía salvadoreña residiendo en Miami o Guatemala”17. Se señala, además, que estas estructuras “tuvieron apoyo de personas derechistas de Argentina, Venezuela, México y otros países de América Latina, así como de organizaciones como la Liga Anti-comunista Mundial”18. El Grupo Conjunto recibió informaciones respecto a que miembros de los escuadrones fueron entrenados en Guatemala y Costa Rica y que hasta 25 miembros fueron enviados a Venezuela a mediados de 1982 para recibir entrenamiento especial. Fuentes extensamente citadas en la misma documentación desclasificada indicaron incluso que seis adinerados salvadoreños que Vivian en Miami, quienes financiaban a los escuadrones de la muerte en El Salvador, podrían haber ordenado las muertes de un dirigente laboral salvadoreño y dos estadounidenses representantes de AFL-CIO asesinados en enero de 198120. 1.4. Organización Describir el aspecto organizativo del fenómeno de los grupos armados ilegales con motivación política no es tarea fácil, pues se puede caer en simplificaciones que distorsionan la realidad. Sin embargo, de la documentación desclasificada que ha sido analizada por el Grupo Conjunto se pueden extraer algunos elementos objetivos. 1.5. Topología La información obtenida y analizada por el Grupo Conjunto permite identificar grupos integrados principalmente por civiles y otros que actuaban desde la esfera militar y los cuerpos de seguridad. a. Grupos civiles El núcleo aludido conformo una organización política semiclandestina, el Frente Amplio Nacional (FAN), donde tiene su origen el autodenominado @Ejercito Secreto Anticomunista (ESA) 21, escuadrón que realizo una amplio actividad en la década de los 80. Este grupo paramilitar participo en asesinatos, secuestros, tortura e intimidación política. Sus blancos primarios fueron los miembros de la izquierda revolucionaria y de otros partidos políticos, principalmente del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En el crecimiento de estas organizaciones hubo una variedad de grupos secretos que aparecieron y desaparecieron. La mayoría actuaron sin nombre y de forma ad hoc, pero otros fueron organizados en una forma mas permanente, como la “Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez”23. b. Grupos dentro de los cuerpos de seguridad La policía de Hacienda también se involucro en las actividades de los escuadrones de la muerte. En materiales examinados por el Grupo Conjunto se llego a describir la Policía de Hacienda como “más allá de toda posibilidad de recuperación”. Según las mismas fuentes, los servicios de inteligencia (S-2) dentro de las instituciones de seguridad fueron, por excelencia, el foco donde se realizaba la planificación de operaciones del tipo de los “escuadrones de la muerte”. c. Las estructuras dentro de la Fuerza Armada De acuerdo a la información analizada, desde principios de los 80, los “escuadrones de la muerte” operaban dentro de los tres cuerpos de seguridad y de varias secciones de la Fuerza Armada. Sus acciones fueron apoyadas por altos oficiales del ejército. Oficiales que lograron puestos al más alto nivel a finales de la década de los 80, estuvieron profundamente involucrados en estas actividades. Ellos y otros mandos medios a su alrededor fueron los mentores de una nueva generación de oficiales jóvenes involucrados en acciones de violencia política y otras actividades ilegales. La Primera Brigada de Infantería tuvo un papel importante en estas acciones a finales de los años 80, según amplios señalamientos al respecto en la documentación descalcificada. Varias ejecuciones sumarias fueron planificadas y ejecutadas por elementos de este cuerpo militar. Diversas informaciones señalan al comandante de la Primera Brigada en esos años como implicado en el reclutamiento, entrenamiento y posible despliegue de “escuadrones de la muerte: de tipo paramilitar. Por las fuentes consultadas, el Grupo Conjunto considera que el comandante de la Primera Brigada uso el programa de entrenamiento de su unidad para la defensa civil como cobertura para el reclutamiento, entrenamiento y posible despliegue de escuadrones de la muerte27. d. Involucramiento de otros funcionarios del Estado en actividades de grupos ilegales armados con motivación política Los documentos analizados hacen referencia a la protección oficial de la que gozaran los miembros de los “escuadrones de la muerte” ante posibles acciones judiciales u otra interferencia gubernamental30. Esta garantía de impunidad era, ante todo, resultado de las alianzas políticas y personales entre funcionarios del Estado y dirigentes de los grupos ilegales. Por otra parte, fue evidente que funcionarios públicos se abstuvieron de efectuar investigaciones o de impulsar juicios”31. La documentación desclasificada enfatiza que "un problema básico en El Salvador es el temor. La gente que tiene conocimiento de crímenes de los escuadrones de la muerte se queda callada: nadie se atreve a hablar porque eso implica enfrentar un peligro grave"32. El sistema judicial fue objeto de actos de intimidaciones. Los jueces involucrados en casos criminales respondieron más a las amenazas y al soborno que a las evidencias. Ellos fueron fuertemente intimidados por los militares y por el FMLN, según se afirma en los documentos analizados33. Asimismo, la Fuerza Armada demostró no haber tenido la capacidad para vigilarse a si misma y llevar a cabo cualquier tipo de investigación interna. Representa un hecho notorio que la Fuerza Armada nunca entrego voluntariamente a ninguno de sus oficiales para ser sometido a juicio ante tribunales civiles34. e. Los escuadrones de la muerte y su relación con el crimen organizado En abril de 1986, salio a la luz publica evidencia que implico a civiles y militares en una red de secuestros y extorsión, cuyo modus operandi se asemejaba al utilizado por los escuadrones de la muerte35. Después de una minuciosa investigación, la Policía Nacional, con el apoyo del FBI y la policía venezolana (IVEPO), capturo a un grupo de personas que se había dedicado a secuestrar a empresarios entre los años 1983 y 1986 para cobrar fuertes sumas de dinero a cambio de su libertad. Las investigaciones llevaron a la identificación de varias personas, íntimamente relacionadas con actividades de los denominados "escuadrones", algunas de las cuales fueron puestas a disposición de la justicia; otras se encuentran aun prófugas. Existen informaciones concretas que hacen referencia a la participación de altos miembros del Órgano Judicial para obstaculizar el normal trámite de los procesos36. III. Aproximación al fenómeno investigado por el Grupo Conjunto 1. Caracterización preliminar 1.1 tal como se señalo en el capitulo anterior, es imprescindible hacer referencia a los antecedentes del fenómeno de la vigencia con cines políticos en El Salvador para llegar a tener una aproximación adecuada del mismo en la actualidad. Sin embargo, es necesario adelantar que el Grupo Conjunto estima que existe en el presente una modificación sustancial en la organización y el accionar de los grupos armados ilegales con motivación política, en relación a lo que puede definirse como el modelo "clásico" de sus operaciones en el país, en especial durante los años ochenta. En la actualidad, existen grupos armados ilegales, que cometen ejecuciones sumarias, amenazas y otros actos de intimidación por motivos políticos. Dichos grupos están conformados, financiados, dirigidos o apoyados por una minoría de la sociedad. No obstante, no son fácilmente detectables por el temor que generan entre la población, o porque obedecen o cuentan con el apoyo o tolerancia de algún agente del Estado. 1.2. Los cambios en las condiciones políticas internas como consecuencia del proceso de paz, la presencia de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) y las nuevas necesidades en materia de financiamiento y cobertura de seguridad, son razones que podrían haber obligado a estos grupos a cambiar su forma tradicional de operación como paso necesario para mantenerse en el nuevo mapa social. 1.3 La hipótesis precedente obliga a un adecuado análisis integral del problema para no caer en el facilismo de las respuestas apresuradas cuando se pretende un juicio acerca de la existencia o inexistencia de los llamados "escuadrones de la muerte" en la actualidad. Sin duda, ese no puede ser el punto de partida para el examen de un universo de tan difícil comprensión. 2. Mutación de las estructuras del pasado 2.1 Para el Grupo Conjunto es evidente que se ha producido un proceso de mutación y atomización de aquellas estructuras valentistas tradicionales hacia nuevas formas organizativas en un contexto diferente tanto a nivel nacional como regional. 2.2. Partiendo de las investigaciones realizadas puede definirse un panorama actual de violencia más complejo y sofisticado del que existía en los años previos y luego durante el conflicto armado: (a) Así, en el periodo anterior a los acuerdos de paz, la "guerra sucia" mostraba un panorama tal vez mas transparente y simple: el objetivo era enfrentar sacado por los grupos armados ilegales "amenaza del enemigo interno", valiéndose de todos los métodos posibles para eliminar físicamente a los opositores reales o presuntos, en forma sistemática y con el involucramiento directo de agentes del aparato del Estado. Poderosos sectores económicos y políticos estaban comprometidos con estos métodos violentos, en los que confiaban y a los cuales otorgaban legitimidad, pues entendían que esa era la única forma de defender sus intereses. (b) Actualmente, parece que el objetivo buscando por los grupos armados ilegales con motivación política tiende hacia la desestabilización del proceso de paz con el que se ha comprometido el propio gobierno, la inmensa mayoría de los salvadoreños y sus organizaciones políticas y sociales. (c) Con ese objetivo, tales grupos parecen además perseguir la generación de condiciones que favorecen la militarización del país, la prolongación de la presencia de la Policía Nacional, o la neutralización la Policía Nacional Civil. (d) Asimismo, estas estructuras pretenden generar temor en sectores de la población para que no se incorporen o apoyen a partidos políticos u organizaciones sociales percIbidos por los autores intelectuales de estas actividades criminales como una amenaza a sus intereses económicos, políticos o a sus concepciones ideológicas. (e) Por otro lado, es otra característica del presente proceso que las fuerzas que estuvieron duramente enfrentadas en el pasado han iniciado el difícil camino hacia la convivencia democrática, clima que es imprescindible para la estabilización social, política y económica del país. (f) Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos ininterrumpidos del pueblo de El Salvador por cerrar viejas heridas y avanzar en el proceso de transito hacia una sociedad esencialmente democrática, el Grupo Conjunto tiene elementos de juicio como para firmar que todavía subsisten estructuras y personas que persiguen el objetivo de minar el proceso pacificador ejemplar por el que han optado los salvadoreños. En este orden, el Grupo Conjunto señala que el esfuerzo para erradicar la intolerancia en el país, una de cuyas facetas es la violencia con fines políticos, es una tarea desgraciadamente aun inconclusa, que espera de la voluntad concertada y firme de todos los sectores de la sociedad para impulsarla en forma permanente. 3. Crimen organizado, delincuencia común y violencia política 3.1 El Grupo Conjunto señala que es imposible entender el fenómeno actual de la violencia con fines políticos en El Salvador sin una referencia permanente a la situación de inseguridad y criminalidad con alto grado de organización que azota al país. 3.2 El problema del crimen organizado enquistado incluso en instituciones del Estado ha sido señalado recientemente por el viceministro de seguridad publica, quien hizo referencia a la existencia de estructuras sofisticadas y a un sistema de protección bien establecido". El presidente de la republica llego incluso más lejos al afirmar que pudiera existir un vínculo entre crimen organizado, escuadrones de la muerte y delincuencia comun38. 3.3 por varias vías de diferente naturaleza, el Grupo Conjunto ha recIbido información que le permiten fundar la tesis que la violencia política se mueve y se mimetiza en el sub. Mundo del crimen organizado y la delincuencia común. 3.4 En cuanto al crimen organizado, son reiteradas las referencias al narcotráfico, el lavado de dinero, los secuestros extorsivos y el robo de carros, entre otras actividades ilicitas. Esta organizacion criminal se perfila como la base economica y logistica para mantener estructuras potencialmente aptas para la consecucion de objetivos politicos a traves del empleo de la violencia. 3.5. Por su parte, la delincuencia común es terreno fertil para escoger sicarios dispuestos a realizar cualquier "trabajo" a cambio de una suma de dinero. En ese orden, no puede soslayarse, como una consecuencia del conflicto armado que conmovió al país, la presencia de un gran numero de personas formadas exclusivamente para la guerra, que arrastran todavía los traumas de una época brutalmente violenta, y que no encuentran ubicación en el precoso iniciado a partir de los acuerdos de paz. 3.6 Parece razonable sostener que es imposible que estructuras criminales organizadas como las que actúan en el presente puedan sobrevivir sin la cobertura que les brinden algunos miembros de alta en los cuerpos de seguridad, situación que se puso de relieve recientemente en el sangriento atraco a un camión blindado frente a una institución bancaria. Asimismo, el sistema judicial, por acción u omisión, sigue brindando los márgenes de impunidad que esas estructuras necesitan. Evidentemente, esta situación esta dando muestras positivas de superación, a partir de la instalación del Consejo Nacional de la Judicatura, y se espera que los avances sean aun mayores con la Asunción de la nueva Corte Suprema de Justicia. En el mismo sentido, el volumen de las operaciones de estas organizaciones criminales deja entrever el involucramiento de sectores que manejan fuertes cantidades de dinero, sin perjuicio del conocido "delito de cuello blanco", cuyo combate siempre resulta de difícil abordaje por el sistema judicial-policial, en la medida que se necesita enfrentarse a poderosos intereses39. 3.7 Como indicativo de los puntos subrayados anteriormente, algunas cifras que reflejan el mapa criminal durante el desarrollo del mandato del Grupo Conjunto resultan alarmantes: (a) Durante el año 1993, se realizaron por lo menos seis operativos de gran envergadura en relación con el narcotráfico. En los mismos se decomisaron miles de kilogramos de cocaína. Según la División Antinarcotrafico de la Policía Nacional Civil (ex U.E.A.), se lograron descubrir cuatro operaciones que involucraban a narcotraficantes internacionales y dos operaciones realizadas por salvadoreños. Sin embargo, los nombres del os autores intelectuales de estos delitos nunca fueron revelados públicamente. (b) El lavador de dinero sigue siendo una realidad no debidamente abordada hasta el momento. Sin embargo, existen fundadas sospechas sobre el origen del dinero que se invierte en diversas actividades en varias zonas del país, situaciones hasta la fecha fuera de toda investigación estatal. Por otra parte, han salido a la luz recientemente otros delitos de tipo económico de gran envergadura, como la estafa a gran escala cometida en el caso FOMIEXPORT. (c) En cuanto al creciente robo de vehículos por bandas organizadas, la gravedad de la situación es públicamente conocida y sufrida por decenas de salvadoreños, existiendo indicios respecto a la participación en estos hechos de miembros de alta de los cuerpos de seguridad. La red de roba carros esta ampliamente extendida en la región, abarcando incluso geográficamente zonas de Estados Unidos hasta Colombia. Hay indicios para sostener la vinculación de esta actividad localmente con algunas acciones de violencia política. Según el actual viceministro de seguridad pública, recientemente se encontraron en Guatemala mas de decena de vehículos salvadoreños previamente robados, matriculados con placas hondureñas, saliendo en un barco de carga hacia Colombia40. Durante el transcurso del año 1992 se reportaba el robo de entre 30 y 40 vehículos diarios, de los cuales el 40 por ciento fue llevado fuera del país y otro 40 por ciento desmantelado. (d) El contrabando de armas sigue siendo una realidad en la región. En El Salvador se han detectado recientemente organizaciones delincuenciales dedicadas a este tipo de actividades, en las cuales se involucra a particulares y a miembros de la Fuerza Armada, algunos aun de alta. (e) Los asaltos a camiones blindados transportadores de valores y a instituciones bancarias, con el penoso resultado de varias victimas mortales, demuestran la existencia de una organización que maneja información, técnicas y armamento de guerra adecuados para la consecución de sus objetivos. Como antes se señalo, recientemente se ha involucrado a miembros de ex cuerpos de seguridad y a oficiales de alta en la Policía Nacional en estos operativos. En este orden se evalúa como politica la actuación del Órgano Ejecutivo, en cuanto a la disolución del cuerpo de investigadores de la Policía Nacional, y el adelantamiento de la total desmovilización de este cuerpo de seguridad. (f) Frente a la situación de violencia delincuencial anteriormente sintetizada, la actuación del Estado a trabes de su Órgano Judicial sigue siendo inadecuada. En los últimos años se ha denunciado como la ineficacia, la corrupción y la politización se enquistaron en varios sectores del Órgano Judicial. A consecuencia de esto, entre otras cosas, se contabilizan actualmente 137,000 casos pendientes de resolución judicial 41., al tiempo que el 74.8 por ciento de las tal 5,864 personas encarceladas permanece sin condena42 en establecimientos de reclusión con condiciones inhumanas, donde se repiten motines, asesinatos y hasta masacres. Como contra cara de esa realidad-y tal vez como consecuencia de la misma-entre 1980 y septiembre de 1993 fueron asesinados 35 jueces en el pais43. 4. La responsabilidad del Estado y la seguridad publica 4.1 En el análisis del fenómeno investigado, y sin perjuicio de las referencias sobre este mismo punto realizadas anteriormente, no puede dejar de reiterarse la referencia a la responsabilidad que le cabe a las instituciones oficiales en el mantenimiento del clima de inseguridad generado por acciones de violencia políticamente motivada. 4.2 El Grupo Conjunto asimismo vuelve a señalar que evalúa positivamente los esfuerzos actuales realizados por el Estado salvadoreño por dotar a su accionar de un mayor contenido garantista. Sin embargo, persisten situaciones que reclaman una urgente solución, con el fin de dotar a las instituciones nacionales de un perfil transparente, que genere en las ciudadanía una fundad confianza en las mismas. 4.3 Es altamente positivo el cambio que se aprecia en materia de políticas de seguridad pública, con el impulso que le ha otorgado la Policía Nacional civil a sus actividades, situación que mejorara cuando haya completado su despliegue en todo el territorio nacional. Una de las mayores garantías para la real vigencia de los derechos humanos en cualquier país es la actuación de un cuerpo policial comprometido con el estricto respeto a la ley, que tenga como contrapartida el respeto de la ciudadanía hacia su policía. En este sentido, es necesario que la Policía Nacional Civil continúe perfeccionando sus mecanismos de contralor interno para la prevención y eventual represión de cualquier conducta de sus funcionarios atentatoria contra el ordenamiento jurídico. 4.4. Asimismo, en el fenómeno investigado siguen apareciendo referencias a la participación de miembros de la Fuerza Armada en actividades ilícitas. Especialmente resulta preocupante encontrar elementos de juicio razonables como para sostener que las actividades de inteligencia militar dirigidas a la jurisdicción interna del Estado continúan desarrollándose por parte de algunas unidades. No se ha puesto la suficiente atención al uso de los aparatos de inteligencia de la Fuerza Armada y de las fuerzas de seguridad, de modo que se garantice el uso exclusivo de la inteligencia militar para la prevención de hechos que amenacen la soberanía nacional proveniente de un enemigo externo. A partir de las reformas originadas en los acuerdos de paz, las actividades de inteligencia son de exclusiva responsabilidad del Organismo de Inteligencia del Estado, directamente dependiente de la presidencia de la republica. Por lo tanto, el Estado salvadoreño debe tomar los recaudos necesarios, en forma inaplazable, para que la situación verificada sea corregida, y se someta una actividad tan delicada y riesgosa para la seguridad de los cuidadazos, como lo son las tareas de inteligencia, a los debidos controles. 4.5. Si bien el Grupo Conjunto no ha encontrado indicios para afirmar que la existencia de estos grupos ilegales obedezca a una política de Estado, esto no quiere decir que los mismos sean totalmente ajenos al aparato estatal, ya que, como antes se destaco, se han recogido elementos que señalan como integrantes de esas estructuras clandestinas a miembros de alta en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, o a personas que ocupan cargos públicos. Asimismo, puede afirmarse que algunas de estas actividades ilegales estarían dirigidas, apoyadas, encubiertas o toleradas por miembros de la institución castrense, policial, del órgano judicial o municipal. En el mismo sentido, parece haber existido debilidad para investigar y sancionar a estos agentes estatales presuntamente involucrados en delitos políticamente motivados y en el crimen organizado. Actualmente, se destaca que el gobierno ha manifestado una deposición muy seria de combatir la violencia políticamente motivada y el crimen organizado. Para ello cuenta con decisión política y con un nuevo cuerpo policial, la Policía Nacional Civil, dotado de una nueva mística, por lo que existen altas probabilidades que en adelante sea más efectiva la persecución de este tipo de delitos. 5. Atomización o regionalización de la violencia política 5.1 El mapa de la violencia políticamente motivada presenta especiales caracteres según se atienda a lo que sucede en zonas rurales y urbanas del país. 5.2 Así, en áreas rurales existen bandas fuertemente armadas, que lucen uniformes militares y cuentan hasta con sistemas de comunicaciones portátiles. Entre sus miembros aparecen ex miembros de la Fuerza Armada, ex miembros de las defensas civiles y cuerpos de seguridad y desmovilizados del FMLN, a quienes se suman personas con antecedentes como delincuentes comunes. Vinculados a estas estructuras aparecen efectivos de alta en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ciudadanos que ocupan cargos políticos, miembros del órgano judicial y particulares con gran poder económico local. 5.3 En las zonas urbanas, las bandas delincuenciales aparecen involucradas con el robo de vehículos, el trafico de drogas, y a otras acciones delincuenciales que exigen un alto grado de organización y formación. Estas mismas organizaciones, bien armadas, pueden constituirse en el brazo ejecutador de aquellas estructu que pretenden seguir apelando a la violencia como medio hábil para solucionar diferencias políticas. Del resultado de las investigaciones realizadas por el Grupo Conjunto surgen, asimismo, indicios respecto a la participación de miembros de los antiguos cuerpos de seguridad-algunos aun de alta-en estas estructuras, como autores intelectuales o materiales de acciones criminales, o como cómplices o encubridores de los mismos hechos. 6. Victimología 6.1. La victimología de la violencia política tiene también características especiales en relación con diferentes zonas del país. 6.2 En el área rural, el accionar de las estructuras ilegales analizadas se dirige, fundamentalmente, a la defensa de intereses tradicionales locales, los que se pretende verse lesionados antes la nueva coyuntura política y social que se comenzó a consolidar a partir de los acuerdos de paz. De esta forma, las victimas de la violencia (en forma de ejecuciones sumarias, amenazas de muerte u otros actos de amedrentamiento) son dirigentes politicos o sociales locales, y , muchas veces, ciudadanos sin mayores responsabilidades en sus respectivas organizaciones, pero que aparecen como "puntos de referencia" para los vecinos de su localidad. De esta forma se genera una sensación de temor e inseguridad que paraliza cualquier iniciativa que, en principio, pueda enfrentarse a esos intereses tradicionales. 6.3 En el mismo orden, al trasladarse el examen a las áreas urbanas, se percibe una victimología más selectiva. La violencia con fines políticos se dirige, en estos casos, fundamentalmente contra personas con responsabilidades relevantes en sus respectivas organizaciones, o con antecedentes de participación en el conflicto armado. La desestabilización política del proceso de paz aparece en estos casos como el objetivo directamente perseguido. Los autores de los atentados se mueven con seguridad, dando muestras de una gran organización y planificación. A partir de las investigaciones realizada por el Grupo Conjunto puede sostenerse que existen indicios claros respecto a la vinculación de los autores materiales de estos hechos criminales- de evidente motivación política-con la delincuencia organizada, según antes se adelanto. No puede obviarse en este punto la referencia a las amenazas de muerte que se hicieron publicas, verificadas luego de celebrados los acuerdos de Paz, cuyo registro se recoge en el Anexo No. 5. Esas acciones siguen generando un preocupante clima de inseguridad y recelo en la población, y relejan la intención de individuos o grupos que siguen buscando generar la inestabilidad del proceso de paz, apelando a la intimidación y el terror. 6.4 La "violencia privada", cuyo objetivo se encuentra en motivaciones personales o venganza, es otro ingrediente que no puede dejarse de lado en la comprensión cabal del fenómeno analizado. En este aspecto, el Grupo Conjunto observa con preocupación que el acudir al empleo de medios violentos es una opción que aun se considera valida por algunos ciudadanos en el momento de solucionar sus diferencias con oponentes políticos. Evidentemente esta situación responde a una ética violentista que tiene su orígenes en décadas de enfrentamiento entre los salvadoreños, que llego su punto mas dramático durante el conflicto armado. De esta forma, la intolerancia sigue ganando victimas, y la misma se ve reflejada hasta en acciones individuales de ciudadanos que no repoden a ningún grupo ni estructura clandestina, son simplemente a su propia decisión personal. IV. Indicios sobre la existencia de grupos armados ilegales con motivación política en el periodo abarcado por el mandato del grupo conjunto El Grupo Conjunto estimo procedente dirigir el proceso de investigación sobre la existencia de grupos armados ilegales con motivación positiva durante el período abarcado por su mandato en dos sentidos: (a) Por un lado, siguiendo el método inductivo, centro su atención en los casos verificados a partir del 16 de enero de 1992 que le fueron presentados. El Grupo Conjunto trabajo sobre casos en los que se constataron atentados contra la vida y la seguridad física, amenazadas de muerte y actos de intimidación contra miembros de organizaciones políticas y sociales, militares y ex militares, en los cuales existen indicios que permiten presumir una motivación política; (b) Por otro lado, aplicando el método deductivo, el Grupo Conjunto trabajo sobre información existente acerca de estructuras clandestinas, previamente identificadas, integradas por particulares y funcionarios públicos (civiles y militares), cuyo accionar prima facie parece perseguir móviles políticos, sin perjuicio que se mimetice o se desarrolle en forma no excluye con acciones dirigidas a objetivos meramente delincuenciales. Asimismo, analizo la posible responsabilidad, por acción u omisión, de miembros de instituciones del Estado que, por su posición, contribuyen o facilitan la operación de estas organizaciones ilegales. Las investigaciones realizadas, dentro del estrecho marco de las facultades otorgadas al Grupo Conjunto a partir de su mandato, han permitido identificar a varias personas presuntamente involucradas en actos de violencia política. No obstante, los elementos de prueba que pudieron ser recogidos no constituyen plena evidencia, y por lo tanto, impiden al Grupo Conjunto-por obvias razones-imputar públicamente responsabilidades personales, allí donde no se han realizado las diligencias judiciales que lo habilitan. Esta situación se presenta diferente en aquellos casos donde el Órgano Judicial ha iniciado las actuaciones correspondientes. Sin embargo, y de acuerda a las facultades del Grupo Conjunto, en el mismo acto de entrega de este informe y en forma reservada, el desarrollo total de sus investigaciones, incluyendo los nombres de las personas identificadas y la documentación obtenida, es puesto a disposición del presidente de la republica, del viceministro de seguridad publica y del fiscal general de la republica para que continúen y profundicen las investigaciones realizadas. Al mismo tiempo, se entregan las informaciones referidas a la procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y a la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), a los efectos de la supervisión y verificación correspondientes.
El trabajo de investigación encontró su marco en las definiciones conceptuales, criterios técnicos y procedimientos objetivos derivados de las normas, principios y prácticas del sistema universal de protección de los Derechos Humanos, que dan fundamentos para sostener en que casos existen los elementos de juicio suficientes para sostener que el hecho criminal que se investiga es políticamente motivado. En este marco, y especialmente par ala investigación de los casos denunciados, se atendió fundamentalmente a un patrón que recogiera los siguientes elementos: (a) El perfil de la victima, atendiendo a aquellas personas que, por sus antecedentes y sus actividades presentes, pueden señalarse como objetivo potencial de acciones de violencia con fines políticos. Para esta calificación, se analizo la vinculación de la victima con: (a) Actividades sociales y políticas; (b) actividades en relación directa con el pasado conflicto armado (con especial énfasis en los casos de militares de alta o en situación de retiro, ex combatientes del FMLN y civiles con algún tipo de responsabilidad especifica durante la guerra); (c) la posible actividad delincuencial, en los casos que se sospecha existió como móvil “limpieza social” o “justicia privada”. (b) el modus operandi seguido por los hechotes, cuando este permite detectar la actuación de grupos de personas organizados, fuertemente armados y que actúan clandestinamente. En este aspecto, se centro la atención en los siguientes datos objetivos: (a) indicios de planificación previa y logística adecuada par ala ejecución de la atentado; (b) tipo de armamento utilizado; (c) utilización de mascaras o uniformes; (d) señales que apuntan a la reivindicación del hecho criminal por parte de algún grupo organizado ( volantes, inscripciones u otro tipo de mensaje); (g) en los casos que pudo lograrse la identificación de los autores del atentado, su vinculación actual o pasada con cuerpos de seguridad, con la ex guerría o con el crimen organizado (a titulo de ejemplo: bandas “robacarros”, contrabando de armas, narcotráfico). (c) la impunidad de los autores de los hechos criminales investigados , originada en la inexistencia o ineficacia del sistema de investigación policía y judicial. Al respecto, se evalúa la actuación de los órganos auxiliares y del Órgano Judicial, en cuanto a la celeridad de las investigaciones, la adecuación de las pericias dispuestas, la forma en que se recoge le prueba testimonial y, en los casos en que se señala la responsabilidad de un presunto implicado, así como el señalamiento de un móvil determinado, la consistencia de los elementos de juicio a la luz de los principios internacionalmente reconocido a esos efectos. De conformidad con lo antes señalado, el Grupo Conjunto esta en condiciones de concluir que la motivación política se podía presumir en aquellos casos en que estos tres elementos confluye. Mas aun cuando no se aportan evidencias razonables que permitan sostener el móvil común en la realización del crimen. Con fundamento en el deber de garantía, es exigible al Estado la investigación eficiente y la posterior sanción de los autores en todos los casos en que se transgredí el orden jurídico. Ese deber se torna especifico cuando se esta frente a hechos en los que aparecen elementos de juicios razonables para sostener su motivación política. En la actual coyuntura que atraviesa el país, de transición hacia un pleno estado de derecho luego de décadas durante las cuales la violación de los derechos humanos fue sistemática, y atendiendo a los graves antecedentes sobre el accionar de grupos armados ilegales con motivación política en el pasado reciente, las instituciones permanentes del Estado deben conducir un proceso sistemático de investigación, con medios humanos y técnicos adecuados, que haga frente a la inseguridad, individualice responsabilidades y se proyecte a procesos judiciales en los que se sancione a los responsables. Los casos que se incorporan en este capitulo y en los anexos respectivos, constituyen un dramático dato de la realidad, cuya sola apreciación genera una sospecha fundada en cuanto a que el recurso a la violencia con el fin de obtener resultados políticos, aun no ha sido erradicado en el país. Desde el inicio de su mandato, el Grupo Conjunto trabajo a partir de un amplio universo de casos que le fuera proporcionado por la procuraduría para la defensa de los derechos humanos; la división de derechos humanos de la misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL); organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; organizaciones políticas y sociales y por particulares. El Grupo ha sido extremadamente prudente en el análisis de la información presentada respecto a cada uno de los varios centenares de casos que llegaron a su conocimiento. Se realizó una primera selección atendiendo a aquellos en que los tres elementos predefinidos se planteaban más nítidamente. Posteriormente, dentro de los márgenes que permitía el lapso asignado para la culminación de su mandato, el Grupo Conjunto profundizo las investigaciones, procediendo a una segunda selección en la que opto por aquellos casos donde los elementos de juicio eran sustanciales para sostener conclusiones debidamente fundadas. Como se reitera en el siguiente informe, la violencia políticamente motivada puede en la época actual no mostrarse con rasgos tan definidos y específicos como en los años previos y durante el conflicto armado. Se advierten varios casos el encubrimiento del móvil real en el hecho criminal con supuestas acciones propias de la delincuencia común u organizada, lo cual no parece extraño en la medida que, según las informaciones recogidas, son muchas veces delincuentes comunes los brazos ejecutadotes de los atentados, quienes, al mismo tiempo, recogen su “botín de guerra” procediendo al robo de objetos de valor de la victima. El análisis del universo de casos que se mantuvo luego del minucioso proceso de selección indicado, permite al Grupo Conjunto sostener que hay actualmente suficiente evidencia acerca de la existencia en El Salvador de la voluntad de recurrir al empleo de medios violentos con fines políticos.
1.2 Estructuras Mas allá de los casos específicos recogidos y con fundamento en los elementos de juicio obtenidos en sus investigaciones, el Grupo Conjunto esta en condiciones de afirmar que hay indicios serios sobre la existencia actual de estructuras ilegales armadas, que operan en la clandestinidad, con amplio capacidad logística, económica y política, integradas por particulares y dependientes del Estado (civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.) El Grupo Conjunto ha centrado preferentemente sus investigaciones en departamentos del interior del país, donde se han recogido indicios de la existencia de ciertos grupos que operan localmente, y en los cuales se ha detectado la participación de personas involucradas con el accionar de los llamados “escuadrones de la muerte” en el pasado reciente, así como de la Fuerza Armada y algunos integrantes de estructuras locales del partido de gobierno. En forma paralela, las estructuras señaladas manipularían las instituciones oficiales a nivel local. Sus objetivos positivos se concretarían en actos de intimidación y amenazas hacia la población local, llagando inclusive a la eliminación física de personas a las que se juzga como contrarias a los intereses que estas organizaciones ilícitas persiguen, generando de esa forma el clima de error e inseguridad necesaria para su subsistencia. Asimismo, sus objetivos económicos están dirigidos hacia la obtención de medios para financiar sus actividades, sin dejar de lado el mismo lucro personal. Partiendo de los elementos previamente identificados, el Grupo Conjunto estima que las condiciones necesarias para la sobreviviencia de grupos armados ilegales con motivación política y estructuras del crimen organizado son complementarias, pues los objetivos pueden, fácilmente, trasladarse de uno a otro campo de acción.
Esas condiciones se relacionan con la colaboración y/o tolerancia de miembros de algunas instituciones del Estado, que brindan cobertura, garantías de impunidad y hasta apoyo logístico y operacional a esas estructuras ilegales; con un ambiente de corrupción generalizado en algunos sectores de la sociedad; y con el temor y la desconfianza en ciertas instituciones que aun persiste en gran parte de la población. La metodología seguid por el Grupo Conjunto en su proceso de investigación de las referidas estructuras se desarrollo en diversas fases: -inicialmente, la tarea se centro en la obtención de una plataforma de información preliminar, que se concreto en la consecución de variadas fuentes que sirvieran de apoyo a las informaciones, indicios o evidencias que pudieran conocerse; -luego, se procedió a trabajar en el terreno en base a las informaciones recogidas, actividad que permitió acceder a nuevas y mas completas fuentes de información; -finalmente, se recogió el resultado de las investigaciones realizada dentro de los limites del mandato, las que constituyen, a juicio del Grupo Conjunto, un cúmulo de indicios serios para sentar las bases de un proceso investigativo que debe realizarse contando con las necesarias facultades legales, en el plano judicial y policial. Los elementos recogidos por el Grupo Conjunto en esta investigaciones surgen a partir de contactos realizados con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; funcionarios judiciales y de la Policía Nacional Civil; partidos políticos; organizaciones no gubernamentales; iglesias; testimonios de particulares y afectados; fuentes confidenciales y ONUSAL.
1. El Secretario General se refería a los resultados obtenidos por la misión dirigida por Marrack Goulding, Secretario General Adjunto, presenta en El Salvador, del 8 al 15 de noviembre de 1993. Goulding mantuvo amplias consultas con todos los interesados y se logro un progreso considerable con miras a un acuerdo sobre los principios para el establecimiento de un Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Dentro de esas consultas oficializo la propuesta al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a los efectos que se integrara el referido Grupo Conjunto. Este, después de solicitar la opinión de sectores políticos y sociales, acepto participar en este grupo, en aras de prevenir violaciones a los derechos humanos. En consulta ulterior se convino en que los miembros del Grupo Conjunto serian dos representantes independientes del gobierno de El Salvador designados por el presidente de la republica, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el director de la División de Derechos Humanos de ONUSAL. |
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