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Presentación
Con la firma del Acuerdo de Chapultepec entre el primer gobierno
de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), se estableció
formalmente el fin del conflicto armado en El Salvador.
Pero antes, el 4 de abril de 1990 se firmó en Ginebra el
documento donde se fijaron los cuatro objetivos principales
del proceso de pacificación; en éstos se incluían –además del
cese al fuego– el respeto irrestricto de los derechos humanos,
la democratización del país y la reunificación de la sociedad.
Para evaluar los avances y retrocesos de dicho proceso,
resulta imprescindible hacerlo desde los objetivos aludidos.
De ahí que, si bien el primer resultado fue logrado plenamente,
existen fuertes dudas sobre el cumplimiento de los otros
tres. Precisamente por eso se dice que en el país ya no hay
guerra, pero tampoco paz.1 Esta frase resume la considerable
división que existe al analizar la situación actual. Una parte
subraya logros en el fortalecimiento de la democracia y
las instituciones públicas, en el combate a la pobreza, en el mejoramiento de la salud y la educación pública, y en los
niveles de vida alcanzados en algunas zonas del país. Mientras,
la otra considera que la realidad desmiente esas afirmaciones.
El Órgano Ejecutivo administrado por Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) desde hace diecisiete años, resalta la
estabilidad macroeconómica y los indicadores que ubican a
El Salvador como un país de renta media baja. Ese balance
oficial contrasta con el malestar de la sociedad, organizada o
no, que se queja por los graves problemas que le afectan:
altísimos índices delincuenciales y de violencia, situación económica
cada vez más precaria, profunda y creciente desigualdad
entre ricos y pobres, falta de credibilidad en los partidos
políticos, fragilidad y mala conducción de las instituciones
publicas, excesivo peso de las élites económicas en decisiones
políticas, impunidad, corrupción y emigración constante
a los Estados Unidos de América (EUA). Tal cúmulo de
problemas y la incapacidad estatal para superarlos, influye
directa y negativamente en la situación de los derechos humanos.
No puede calificarse de exitosa una economía improductiva
que para sostenerse depende del ingreso del dinero enviado
por compatriotas y que esa sea, más allá del discurso,
la verdadera "estrategia" para reducir la pobreza. El régimen
económico impuesto desde 1992, sólo ha beneficiado a determinados
grupos empresariales y le ha exigido un enorme
sacrifico humano a las mayorías para conseguir escasos progresos
en los indicadores económicos y sociales. El Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asegura que,
entre 1990 y el 2004, la economía salvadoreña creció muy
lentamente y la poca riqueza creada se distribuyó de manera
muy desigual. De hecho, el 20% de la población con más
recursos recibió en el 2003 el 57% de todos los ingresos;mientras, el 40% de la gente más pobre sólo el 10%. Así,
ese año, el 31% de la población seguía viviendo en extrema
pobreza; es decir, con menos de un dólar diario.
Para el IDHUCA, en los últimos tres lustros todavía no se
ha conseguido consolidar la democracia ni se ha alcanzado el
respeto irrestricto de los derechos humanos; eso, que supone
además la ausencia de verdad y justicia para las víctimas
en todos los niveles, impide que la salvadoreña sea una sociedad
conciliada y unida. Dicho en otras palabras, no se han
alcanzado los grandes objetivos acordados el 4 de abril de
1990. Y de eso depende, en gran medida, el futuro.
Quienes cuentan con poder económico, político y mediático
difunden el rostro de un país que camina por la senda del
progreso; mientras, quienes están dispersos y forman parte
importante de la sociedad que vive descontenta, no encuentran ánimo ni recursos para comenzar a construir un poder
ciudadano capaz de empujar hacia los cambios necesarios
para transformarlo de fondo.
Otro factor que frena las posibilidades de salir a flote entre
las adversidades señaladas, es que las salvadoreñas y los
salvadoreños se encuentran en medio de una polarización
extrema entre las principales fuerzas políticas: ARENA y FMLN.
Esa situación ha neutralizado la posibilidad de lograr el consenso
de una agenda mínima de trabajo en beneficio de la
colectividad.
Esta profunda división interna alcanzó su máximo, hasta
la fecha, cuando el 5 de julio del 2006 en la capital del país un
manifestante disparó un arma de guerra contra un grupo de
policías, asesinando a dos agentes e hiriendo a más de diez.
Este hecho es relevante por las emociones y las acciones
que suscitó, pues mucha gente revivió dramáticos y terribles
hechos y caminos que llevaron al país a una guerra fratricida.
No obstante, en las semanas sucesivas la sociedad salvadoreña
–organizada o no– fue incapaz de unirse en una sola
reflexión compartida del evento; así, se utilizaron las dos
muertes con fines partidistas electoreros mientras otros sectores
las ignoraron, prefiriendo denunciar sólo el descontento
que llevó a la gente a protestar. En todo caso esos trágicos
sucesos fueron negados, adulterados o mal utilizados
según determinados intereses.
Por eso se puede afirmar que en El Salvador de la posguerra
nunca se alcanzó la verdadera reconciliación y que la ausencia
de la verdad seguida de la justicia como valores, aún
no constituye la base de una convivencia democrática. Ahora
que se le ha corrido el "maquillaje" al país, surge la interrogante: ¿quién puede asegurar que las divisiones y las tensiones
existentes no provocarán otro conflicto violento, independientemente
de su forma?
En el IDHUCA existe la convicción de que es necesario intervenir
ahora que todavía hay cierto margen de acción, en
lugar de esperar a mañana cuando la presión social busque
formas peligrosas de solución a sus problemas más graves.
Es necesario hacer un profundo balance sobre lo ocurrido
durante los últimos tres lustros y abrir un debate sobre el
pasado para buscar, en el presente, estrategias en función
de salvar el futuro. Por eso se habla de "la otra lectura", la
que debe hacerse desde la sociedad y no las de los poderes
económicos, políticos y mediáticos.
En ese marco, se realizó el Encuentro "El Salvador, quince
años después: otra lectura" como forma de concretar en el
2007 el Foro de San Salvador "VERDAD, JUSTICIA Y PAZ".
En ese evento se evaluó la situación del país desde una perspectiva
de derechos humanos más allá de las visiones ideológicas,
partidistas y oficiales con el fin de generar posteriores
discusiones y entendimientos básicos sobre el rumbo del
país, los graves problemas que afectan a la población en la
actualidad y las posibilidades objetivas para superarlos.
En el Encuentro participaron expertos y activistas sociales,
nacionales e internacionales. Para su mejor realización, se
organizaron conferencias abiertas al público; además, se integraron
cuatro mesas de trabajo para analizar –el viernes
23 y el sábado 24 de marzo– los temas de derechos humanos,
desarrollo económico y social, seguridad ciudadana y
democratización, tomando como base los acuerdos de paz.
El propósito de estas reflexiones colectivas especializadas
era buscar consensos sobre nuevos insumos para elaborar
propuestas de políticas públicas. Asimismo, se pretendía y
pretende –tras el evento– contribuir a generar e impulsar un
movimiento social que cuestione a los órganos estatales, a
los gobiernos locales y a otras instituciones como las que
integran el Ministerio Público, por sus decisiones erradas; éstas
deben entender que, de seguir así, se agravarán las actuales
condiciones y se producirán consecuencias nefastas
para una convivencia pacífica. También, con eso, se intenta
contar con los argumentos para convencer a quienes están
pensando emigrar al exterior de que, con su participación, es
posible que las cosas cambien y que vale la pena luchar por
una existencia digna en su propio país, en lugar de buscar el "sueño americano".
El decimoquinto aniversario del fin de la guerra fue recordado
en otras actividades desde una lectura partidista y
sesgada de sus causas, del significado de los acuerdos de
paz y de lo que se consiguió tras las hostilidades. Así, se
desperdició una buena oportunidad para retomar la senda
del diálogo y la negociación como fórmula para encarar los
conflictos y superarlos; en lugar de eso, durante esta conmemoración
se agudizó la fractura que divide al país. La conferencia
que realizó el IDHUCA pretendía dar voz a la sociedad
civil, en especial a los grupos e individuos que no se
sienten representados en la Asamblea Legislativa pero que
no están resignados a ver que se sigan malogrando posibilidades
para, finalmente, encaminar a El Salvador hacia un
desarrollo sostenible para todas y todos.
Por lo que concierne al desarrollo anual del Foro de San
Salvador "VERDAD, JUSTICIA Y PAZ" en marzo, cabe señalar
que esa decisión parte del compromiso con las víctimas.
Marzo es un mes con un sentido profundo para un pueblo al
que le arrebataron personas valientes y comprometidas con
la verdad y la justicia como el jesuita Rutilio Grande, asesinado
el 12 de marzo de 1977; Marianella García Villas, asesinada
el 14 de marzo de 1983; Koos Koster, otros tres periodistas
holandeses y sus acompañantes salvadoreños, asesinados
el 17 de marzo de 1982; y monseñor Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez, asesinado el 24 de marzo de 1980. Se
deben recordar, también, hechos relevantes ocurridos durante
ese mes, que marcaron la historia del país: la publicación
del informe de la Comisión de la Verdad, el 15 de marzo
de 1993 y –cinco días después– la auto amnistía de los responsables
de las atrocidades sufridas por la población durante
el conflicto armado.
La presente publicación contiene la sistematización de la
conferencia pública y el trabajo realizado en las mesas especializadas
durante el evento. De esa forma se intenta entregar
un documento que contribuya a que la sociedad salvadoreña
haga otra lectura de los acuerdos de paz, quince años
después del fin de la guerra. Las reflexiones, ideas y propuestas
que ahora se presentan son un aporte universitario
a la vida nacional, no sólo por el balance de la situación del
país que contienen sino también porque pretenden ser insumos
de una propuesta para enderezarle el rumbo político, económico
y social que lleva y encauzarlo hacia la dirección correcta:
la de la paz con verdad, justicia, democracia y respeto
plenos de los derechos humanos. La esperanzada intención
de quienes participaron en este esfuerzo es la de alejar a la
sociedad salvadoreña de la pesadilla que hace quince años
creyó haber superado y acercarla en serio al sueño que
entonces se forjó.
Benjamín Cuéllar
Director del IDHUCA
San Salvador, El Salvador, junio del 2007.
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