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El caso del cadete Erick Peña Carmona
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| Relato del caso | |
| Resultados de la vista pública | |
| Tribunal condena a los asesinos de Erick Peña Carmona | |
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A sus 19 años de edad, Erick Mauricio Peña Carmona era un joven estudiante de tercer año en la Escuela de Aviación Militar. Desde niño soñó con llegar a ser un piloto de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) y había hecho todo lo necesario para ello. La vida le sonreía y su alegría contagiaba a la familia entera. Padres y hermanos estaban orgullosos de él; los vecinos lo querían. Era un joven agradable que nació cuando apenas comenzaba la guerra, pero que no iba a correr los peligros de quienes tuvieron que combatir en ella. Prometía ser un hombre de bien, al servicio de su país y de su gente en un ambiente distinto al que marcó la realidad de tantos otros jóvenes en el pasado reciente. Sin embargo, ya no está entre nosotros; murió el 31 de mayo del 2001. Sólo ese hecho brutal y dolorosamente inesperado, era suficiente para cambiar la vida de los seres que lo quisieron y desde aquel día lo lloran. Pero en El Salvador no basta con eso. A la tragedia, se le han sumado las enormes dificultades que las víctimas están enfrentando para obtener justicia. Aproximadamente a las diecinueve cuarenta horas -las 7 y 40 de la noche- de ese último día de mayo, en la Escuela de Aviación Militar ubicada dentro de la Base de la Fuerza Aérea, dos cadetes de cuarto año -Carlos Mauricio Melara y César Humberto Doratt Alvarez- aprovecharon que el encargado del curso se encontraba ausente y le ordenaron a los cadetes alumnos de tercer año que ingresaran al aula. Reunido todo el grupo en el interior del salón, el cadete Melara utilizó la “voz de mando militar” para ordenarles se pusieran en posición de “trípode” sobre los escritorios. Tal posición consiste en colocar el cuerpo apoyado sobre tres puntos: la parte superior de la cabeza y las puntas de los pies, con las manos tomadas sobre la espalda. La misma es una posición prohibida dentro de los reglamentos militares por ser lesiva a la salud. Sin embargo, siguiendo la acostumbrada “disciplina militar” que aún priva en la estructura castrense de El Salvador, la orden fue cumplida por todos los alumnos. El cadete Doratt se colocó en la puerta del aula, vigilando que no se acercara
ningún oficial. Mientras tanto, el cadete Melara hostigaba verbalmente a Erick
Mauricio acusándolo de desobediencia y le propinaba golpes con los puños en
varias partes del cuerpo. Transcurridos alrededor de quince minutos en esas
circunstancias, el cadete Melara le ordenó a Erick Mauricio que se bajara del
escritorio y se dirigiera al fondo del salón. Ya en ese lugar, le ordenó que
se colocara de nuevo en posición de "trípode". La víctima le obedeció.
Vista la situación, los compañeros de Erick Mauricio se asustaron y procedieron a aflojarle la camisa, dándole respiración "boca a boca" sin que Melara ni Doratt hicieran algo por ayudar. En esos momentos ingresó otro cadete de cuarto año, quien al observar lo que ocurría avisó al capitán Reynaldo Giovanni Hernández Valdivieso y al subteniente Víctor Manuel Castillo. Posteriormente, Erick Mauricio fue trasladado a la enfermería y luego, en helicóptero, al Hospital Militar. El informe oficial sostiene que falleció en dicho nosocomio. Un dato curioso: allí se le practicó un lavado peritoneal al cadáver, lo cual no es un procedimiento usual en este tipo de casos. En su declaración indagatoria, Melara recuerda así los hechos: “…y cuando le di la orden a Peña de que se trasladara al final del pasillo, adoptando la posición de trípode, le golpeé el abdomen de un puntapié y le dije ¡Cuento cinco y está recuperado de nuevo!’, se puso nuevamente pero se desmayó y le dijo Doratt que se pusiera en posición normal y que le ayudarán porque estaba pálido”. Fue hasta confirmarse la muerte de Erick Mauricio, que las autoridades de la Escuela de Aviación Militar notificaron el suceso a la Policía Nacional Civil. Y entonces pusieron a disposición de las autoridades a los cadetes Melara y Doratt, aunque era su obligación hacerlo desde que ocurrieron los hechos iniciales, por constituir éstos un delito. En ese marco de “movimientos raros”, la familia fue notificada de la muerte de Erick Mauricio con una inexplicable tardanza. Al respecto, en la denuncia presentada en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la madre de la víctima señaló: “Tenemos la sospecha de que nuestro hijo en realidad murió en las instalaciones de la Escuela de Aviación, pero aun así fue llevado posteriormente, vía aérea, al Hospital Militar, donde se dijo que mi hijo tuvo un paro cardio-respiratorio que le provocó la muerte. Fui notificada de la muerte de mi hijo hasta las doce treinta de la noche; es decir, aproximadamente a cuatro horas de ocurridos los hechos. Pero el cuerpo de mi hijo fue remitido del Hospital a Medicina Legal para que, al día siguiente, se le practicase la necropsia. Recibimos los restos de mi hijo aproximadamente a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siguiente día, siendo trasladado a la funeraria de la Fuerza Armada y colocado en la Capilla hasta las diecinueve horas; es decir, seis horas después, lo cual nos llama poderosamente la atención”. A lo anterior, es importante añadir lo que la ofendida declaró después en la misma Procuraduría. “Luego -se afirma en el texto incluido dentro del expediente- la dicente reclamó ver el cadáver, logrando ver que en la región frontal tenía como saltado el HUESO de la frente, pero sin señales de sangre ni de rotura de la piel, sino sólo la inflamación como en forma de ‘grada’ en la frente. Que luego logró moverle el cuello, viéndole unas heridas atrás de uno de los parietales de su cabeza y notando que el cuello era totalmente flexible, sin mostrar ninguna resistencia o rigidez, dándole la impresión de que sí había fractura en su cuello y viéndole un rasguño en su cuello. Que luego se lo llevaron a la funeraria de la Fuerza Armada, en donde les informaron que como la autopsia había sido bastante minuciosa, la preparación del cadáver sería más larga de lo acostumbrado, por lo que el cadáver estaría listo hasta como las diecisiete horas, pero lo subieron a la capilla de velación hasta las diecinueve horas”. Y pese a que públicamente las autoridades de la Escuela de Aviación Militar, la FAS y el Ministerio de la Defensa Nacional se comprometieron a darle su apoyo a la familia ofendida, en la práctica ha sido bastante difícil obtener la información pertinente para esclarecer los hechos. A la Fiscalía General de la República se le ha brindado la información a “cuenta gotas” e incompleta; ejemplo de ello, es lo relacionado con el procedimiento hospitalario practicado. La Fiscalía General de la República presentó requerimiento contra los detenidos, por el delito de Homicidio Agravado. Tal calificación fue aceptada por el Juzgado de Paz de Ilopango, el cual ordenó la instrucción con detención provisional. Tal decisión fue confirmada por la Cámara Segunda de lo Penal y el Juzgado de Instrucción de Ilopango. A solicitud de los padres de Erick Mauricio, el IDHUCA designó a dos abogados para representarlos como acusadores particulares en el proceso penal. Cabe destacar la reiterada negativa del tribunal de Ilopango ante la solicitud de diligencias fundamentales para la investigación; entre ellas, se deben señalar la reconstrucción de los hechos y la participación de un perito forense extranjero en el proceso con el objeto de contar, a partir de su conocimiento científico y experiencia, con mayores elementos sobre la causa de la muerte. En la audiencia preliminar realizada en noviembre de 2001, la Jueza de Instrucción resolvió ordenar la apertura a juicio por el delito de Homicidio Agravado. La funcionaria no fundamentó de forma debida su resolución y pasó el proceso al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador; éste programó la realización de la vista pública para los días 11, 12 y 13 de marzo de 2002. En diciembre de 2001, los defensores particulares de los acusados solicitaron al mencionado Tribunal de Sentencia la modificación de la calificación legal del delito. Pretendían que ésta se cambiara de Homicidio Agravado a Homicidio Culposo. Para ello, alegaron que los imputados nunca tuvieron la intención de causarle la muerte a Erick Mauricio. Se ordenó, entonces, la realización de una audiencia especial para decidir sobre la calificación del delito, argumentando que se debía subsanar la falta de fundamentación en la resolución adoptada por la Jueza de Instrucción. En una resolución extrañamente ambigua, el Tribunal de Sentencia modificó la calificación a “Lesiones muy graves en concurso ideal con Homicidio Culposo”. Eso, sin lugar a dudas, favorece a los imputados en cuanto a la pena que se les podría aplicar en caso de ser condenados. Para ilustrar al lector, por Homicidio Agravado la pena es de 25 a 30 años de prisión; en cambio, por la sui generis calificación del Tribunal de Sentencia la pena oscilaría entre 5 años 4 meses hasta 10 años de prisión. El IDHUCA solicitó aclaración de esta resolución pues, al modificar la calificación jurídica de los hechos, quedaron vacíos. El estado actual de la situación en el caso del cadete Erick Mauricio Peña Carmona es preocupante. Así como están las cosas, puede que ingrese a la larga lista de aquellos hechos criminales ocurridos tras el fin de la guerra y que permanecen en la impunidad. Hay que recordar que ésta se produce cuando un delito no es castigado. Pero la impunidad no termina ahí. También tiene lugar cuando se sanciona de forma leve a los responsables de un delito, frente a la grave dimensión del mismo. Y esto último es lo que parece estar ocurriendo ahora. Ciertos componentes del sistema parecen actuar en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. Eso nos inquieta. Pero, en cambio, nos alienta que -como en los casos de Ramón Mauricio García Prieto, Adriano Vilanova, William Gaytán y Katya Natalia Miranda Jiménez- los padres de Erick Mauricio están dispuestos a luchar hasta el fin para obtener justicia, dentro o fuera de El Salvador. El presente caso es otra prueba más para la justicia salvadoreña, que a diez años del fin de la guerra no cuenta con muchos créditos positivos a su favor. También debe asumirse como un llamado de atención a lo que pueda estar ocurriendo dentro de la institución armada, más allá de los aplausos que casi todo el mundo le brinda en la actualidad. Porque, en realidad, a estas alturas resultan demasiado preocupantes declaraciones como la siguiente: “…si yo no disciplinaba a los cadetes el castigo que yo les puse a ellos se me iba a ser impuesto a mí por parte de los oficiales. Los oficiales lo obligan a uno a darles ese trato a los cadetes de menor antigüedad, y de no ser así lo van evaluando con mala nota a los cadetes más antiguos por ser faltos de vocación militar al no corregir una falta…” (cadete Carlos Mauricio Melara). ¿Qué hubiera ocurrido -debemos preguntarnos- si los padres de Erick Mauricio no hubieran denunciado inmediatamente los hechos y no estuvieran insistiendo en que se haga justicia? Demos gracias a la gente que, como estas víctimas, no agachan la cabeza y se resignan. Son ellas las que van a salvar a El Salvador.
Resultados de la vista pública
El jurado
escuchó la declaración de 18 testigos, que describieron lo sucedido
el día del asesinato; y 3 peritos forenses, quienes establecieron la
causa de la muerte del joven Peña. Todos los compañeros de la
víctima, que declararon durante la vista pública, coincidieron
en señalar que por órdenes de los imputados estaban colocados en posición
de trípode (prohibida dentro de la institución castrense) y que
la agresión estaba dirigida, especialmente, hacia Erick Peña Carmona. Los tres defensores particulares intentaron convencer al jurado de que Melara y Doratt eran víctimas del sistema de educación de la Fuerza Aérea, en la cual se les enseña a golpear y agredir y lo que ellos hicieron fue reproducir esquemas aprendidos. Asimismo, manifestaron que la muerte de Erick Peña probablemente no fue producto del puntapié, sino que podía haber sido el resultado de un golpe que recibió en la cabeza cuando era transportado al Hospital o por una "indigestión". Los médicos forenses se encargaron de desvirtuar estas hipótesis. Luego
de escuchar los alegatos de los defensores, quienes pedían consideración
para las madres de los acusados, que sufrían al ver a sus hijos en prisión,
la señora Morena de Canales, entre lágrimas, se dirigió al jurado
y al público presente: "Sí, pobres las madres de estos
jóvenes, pero y ¿yo qué?, ¿A dónde queda mi dolor de madre?
Si hay madres en el público, les quiero preguntar: ¿Cuántas de ustedes
han ido a recoger un hijo a Medicina Legal y se los entregan dentro de una bolsa
negra de basura?" "No es justo que el autor intelectual de la muerte de mi hijo quede sin un castigo. Si él (Dorat) no hubiera incitado a Carlos Mauricio Melara, tal vez Erick estaría vivo" Misael Canales, padre del cadete Erick Peña Carmona
Tribunal condena a los asesinos de Erick Peña Carmona Después de tres años y tres meses, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpables a los cadetes Carlos Melara y César Dorat por el homicidio doloso del también cadete Erick Mauricio Peña Carmona. La condena, dictada el 27 de agosto, señaló a Melara como autor directo del asesinato y a Dorat como instigador. El crimen ocurrió el 31 de mayo del 2001 en la Escuela de Aviación Militar cuando Carlos Melara le dio un puntapié en el estómago a Erick Peña quien se encontraba en posición de trípode (prohibida en la institución militar), César Dorat vigilaba en la puerta e incitó a Melara para materializar el hecho. “Tenés luz verde, dale con todo, dale sin asco”, fueron las palabras con las que Dorat habilitó la patada mortal. (Más información sobre el caso) Durante la vista pública, los defensores afirmaron que no hubo intención de asesinar al cadete de parte de los imputados y que castigos como la posición trípode, puntapiés y otros tratos inhumanos son una “costumbre” en la Fuerza Armada y que por lo tanto debía condenarse a la formación militar impartida en las instituciones castrenses y no a los cadetes. Pese a estos argumentos, los jueces encontraron responsabilidad individual de los acusados, pero también expresaron que el fallo intentaba mandar un mensaje al ejército salvadoreño para que no se pusiera en riesgo la vida de los que ingresan a sus filas con una visión equivocada del castigo y la obediencia, además agregaron que el objetivo de la Fuerza Armada es proteger la vida, no arrebatarla. Esta es la segunda vez que se realiza la vista pública, luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptara un recurso de casación en el que se objetaba el cambio de la típificación del delito en una audiencia especial donde no correspondía dicha acción. Esto provocó la anulación del proceso judicial subsiguiente y posibilitó la instalación de una nueva vista pública. El fallo judicial en la prensa escrita nacional:
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