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Pieza de correspondencia presentada en la Asamblea Legislativa

San Salvador, 12 de Mayo de 2004.

Señores Diputados
Honorable Asamblea Legislativa

A Ustedes respetuosamente EXPONEMOS:

Que los dos primeros somos padres de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, asesinado el 10 de junio de 1994 por dos sujetos que le esperaban cuando, en compañía de su esposa y su bebé de cinco meses de edad se dirigía a visitar a sus tías. Un tercer sujeto les esperaba en un vehículo aparcado a la vuelta de la esquina. Al acercarse a Ramón Mauricio, uno de los desconocidos le gritó: "¡Te venimos a matar, hijo de puta!". El segundo sujeto se dedicó a golpearlo varias veces. Creyendo que se trataba de un asalto, Ramón Mauricio les entregó -sin que los sujetos lo pidieran- una "mariconera" que portaba con dinero en efectivo y su arma. El primero de los sujetos le disparó en el abdómen y la cabeza, y permaneció un momento más observando si los impactos habían sido mortales. Ambos sujetos huyeron tranquilamente del lugar del crimen. Ninguno de los sujetos pidió otros objetos de valor que tanto Ramón Mauricio como su esposa portaban (joyas, relojes, cartera); se llevaron únicamente las llaves del vehículo, quizás para asegurar que no los siguieran en el mismo.

Por este crimen se encuentran condenados dos de los autores directos del homicidio: Raúl Argueta Rivas y Julio Ismael Ortíz Díaz; Ambos pertenecieron a la ya desaparecida Policía Nacional.

La forma en que se cometió el crimen, los autores materiales del mismo, el encubrimiento realizado desde las primeras investigaciones por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil así como las amenazas, atentados y hostigamiento contra la familia García Prieto durante casi diez años, indican que el crimen fue planeado y ordenado por una o más personas con acceso a estructuras del Estado para ejecutarlo y encubrirlo.

Tanto a nivel policial, fiscal y judicial hemos manifestado, desde hace varios años, nuestra firme sospecha de que la autoría intelectual del asesinato recae en Mauricio Ernesto Vargas así como en su concuño, Roberto Puente; sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación que confirme o desvirtúe tal sospecha, ni se ha determinado que otras personas fueron las responsables intelectuales de semejante atrocidad.

Si bien durante el proceso contra Julio Ismael Ortiz Díaz, la Fiscalía General de la República realizó algunos intentos destinados a indagar el móvil del crimen y la relación de los sicarios con el presunto autor intelectual, lo cierto es que esos primeros esfuerzos se paralizaron a partir de la gestión del actual Fiscal General, ya que pese a nuestros múltiples llamados para lograr justicia y a que el crimen es de aquellos perseguibles de oficio, la institución del Ministerio Público bajo su mando no continuó profundizando sobre los indicios existentes de autoría intelectual. Así entonces, el 6 de junio del año recién pasado presentamos una denuncia dirigida al Fiscal General de la República requiriendo la realización de investigaciones tendientes a la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Ramón Mauricio que todavía se encuentran impunes. En la misma fecha solicitamos a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos un pronunciamiento institucional sobre la violación de los derechos a la verdad y a la justicia, el cual había sido requerido desde el 14 de septiembre del 2001; asimismo, se le pidió que diera seguimiento a las actuaciones de la Fiscalía General de la República.

A la Fiscalía General de la República se le solicitó entonces, entre otras, la realización de las siguientes diligencias:

  • Indagar exhaustivamente los vínculos de los dos condenados por el crimen con estructuras de la Policía Nacional, Policía Nacional Civil y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador.

  • Indagar a las personas que pudieron haber cometido el delito de Falso Testimonio en la causa penal número 110/98 del Juzgado Tercero de Instrucción, en la cual fue condenado Julio Ismael Ortíz Díaz.

  • Investigar en el Banco Agrícola, S.A. (antes Banco Agrícola Comercial, S.A.), la gestión realizada por los señores Mauricio Ernesto Vargas y Roberto Puente para la aprobación de la compra de la finca "El Carmen", propiedad de Ile María García Prieto Giralt.

  • Investigar exhaustivamente los cargos y las funciones públicas y privadas desempeñadas por Mauricio Ernesto Vargas durante mil novecientos noventa y cuatro, así como el personal que tenía a su cargo.

  • Investigar la desaparición de la inscripción del arma que portaba Ramón Mauricio el día del crimen, de los registros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador.

A partir de nuestra denuncia antes citada, hemos sido atendidos únicamente en una ocasión -en enero del presente año- por los fiscales asignados al caso. Entonces, éstos se limitaron a exponer que habían obtenido fotocopias certificadas de los procesos penales contra Raúl Argueta Rivas y Julio Ismael Ortíz Díaz, sin que se denotara una estrategia de investigación definida.

Desde entonces desconocemos si la Fiscalía General de la República ha realizado alguna diligencia y cuáles han sido los resultados obtenidos, pese a que el próximo 10 de junio se cumplen el plazo que la legislación penal establece para dar por prescrita la acción penal.

Pese a que hemos solicitado información de las diligencias de investigación y acceso al expediente fiscal, a menos de un mes para que prescriba la acción penal la Fiscalía General de la República no ha dado respuesta a nuestras peticiones ni ha presentado requerimiento alguno a las autoridades judiciales. Eso nos hace temer que se esté dejando pasar el tiempo a propósito, para que se consolide la impunidad a favor de quienes ordenaron el asesinato de nuestro hijo.

Por otra parte, el 5 de marzo del presente año los abajo firmantes comparecimos a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de El Salvador fue representado -entre otros- por el señor Secretario General de la Fiscalía General de la República, Miguel Francia. En esa ocasión el representante fiscal acusó directamente a las víctimas de empeñarse en denunciar al señor Vargas, argumentando -falsamente- que José Mauricio García Prieto y Mauricio Ernesto Vargas habían sido "íntimos amigos". Además, sostuvo que las acusaciones contra esta persona habían sido "desestimadas judicialmente", cuando en realidad nunca se ha investigado ni procesado a Mauricio Ernesto Vargas, lo cual hace concluir que hay un interés marcado de la Fiscalía General de la República en abstenerse de investigar la autoría intelectual del crimen.

Por lo antes expuesto a esta Honorable Asamblea Legislativa, PEDIMOS:

1. Se admita la presente pieza de correspondencia y sea remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su trámite.

2. Requieran al Fiscal General de la República, licenciado Belisario Amadeo Artiga Artiga, proporcione a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos información sobre las diligencias realizadas a partir del 6 de junio del año próximo pasado, así como los resultados obtenidos en las mismas.

3. Citen al Fiscal General de la República, licenciado Belisario Amadeo Artiga Artiga para que comparezca en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a explicar por qué no se ha dado respuesta a nuestras solicitudes y ha evitado nuestro acceso al expediente de investigación, así como para que responda las siguientes interrogantes:

a) Si se requirió al Banco Agrícola, S.A. remitiera la nota suscrita por los señores Mauricio Ernesto Vargas y Roberto Puente, mediante la cual solicitaban autorización para realizar la compra de la finca "El Carmen", ofreciendo constituirse como codeudores solidarios de la hipoteca.

b) Si se establecieron responsabilidades por las contradicciones en que incurrieron Mauricio Ernesto Vargas y Roberto Hernán Puente en las declaraciones que, como testigos, rindieron en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador en la causa contra Julio Ismael Ortíz Díaz.

c) Si se investigó la procedencia de los fondos depositados en la cuenta bancaria de Julio Ismael Ortíz Díaz, antes y después del asesinato de Ramón Mauricio.

d) Si existe una línea definida de investigación y si se están haciendo todos los esfuerzos para obtener resultados positivos antes de que prescriba la acción penal.

e) Si instruyó al Secretario General de la Fiscalía General de la República para que en la audiencia sostenida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindiera información falsa sobre el caso y acusara a las víctimas de "autoperseguirse".

4. Citen a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, doctora Beatrice Alamanni de Carrillo para que comparezca al seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y exponga el resultado del seguimiento realizado por esa institución en el caso.

5. Nos concedan audiencia a fin de comparecer en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a exponer más ampliamente el caso, así como el desarrollo que éste ha tenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las perspectivas del mismo dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

6. Den seguimiento a las actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, aun después de cumplido el plazo para la prescripción de la acción penal en este crimen, a fin de dilucidar las responsabilidades en que incurra el Fiscal General por la omisión en la investigación.

José Mauricio García Prieto Hirlemann
Gloria Giralt de García Prieto
José Benjamín Cuéllar Martínez

 

 

 
 

 
 
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