El que promete, ¿sabe en qué se mete?
En El Salvador la política se alimenta de promesas, mientras la realidad de mucha gente lo hace de tragedias. Esto se verifica cada vez que la ocasión se presta para evaluar o contrastar las palabras y los hechos. En cada evento electoral –es decir, a cada rato– aparecen las quimeras como regalo para la ciudadanía salvadoreña; las ilusiones son el anzuelo para pescar voluntades. Una vez instalado en lo municipal o nacional, el gobierno de turno se dedica a administrar calamidades; en la mayoría de ocasiones, con mucho desacierto. Las promesas hechas con bombo y platillo, repetidas a lo largo de una permanente y cada vez más descarada campaña publicitaria de los partidos mayoritarios, no se concretan y entre la gente crecen la desesperanza y la apatía; entre la gente, cabe aclarar, que no pertenece a ninguna de las dos “barras bravas” cuya conducta –alentada por sus “cúpulas”– también tiende a crecer pero en “calenturas” y agresividad mutua.
Ese es el escenario nacional. Bastante complicado para una extendida cantidad de población que tiene claras sus desventuras: la situación económica y social, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la mala calidad de los sistemas públicos de salud y de transporte, el deterioro del medio ambiente, y el alto costo de bienes y servicios, entre otras. Y sus hipotéticos representantes pertenecientes a la llamada “clase política” lo complican más, al utilizar los clamores populares para ofrecer salidas que ya demostraron su inutilidad o que antes las habían rechazado.
Por ejemplo, al presidente Antonio Saca le queda un año para terminar su mandato y durante ese período deberá –como dice que “las únicas promesas que valen son las que se cumplen”– honrar su palabra empeñada dentro del denominado Plan de Gobierno 2004-2009, en el numeral siete de sus ofertas: hacer de El Salvador, un país seguro. Apelando a la fallida “mano dura” de Francisco Flores que convirtió en “súper”, afirmó en dicho documento lo siguiente:
“El Estado tiene la responsabilidad constitucional de realizar todas las acciones conducentes para procurar a los habitantes de la Nación la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente la vida, la integridad física y moral y la libertad, los cuales se ven permanentemente amenazados por la criminalidad. Concibiendo la seguridad en forma amplia, y no solo referida a la necesidad de mantener el orden público y la tranquilidad ciudadana, creemos que el concepto también engloba la preocupación por la falta de trabajo, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la falta de recreación, la falta de vivienda, etc. Este proyecto persigue un accionar nacional conjunto en la búsqueda de la seguridad personal, buscando el involucramiento de las comunidades, los políticos, el Estado, la Sociedad Civil, la Empresa Privada, etc. Su ámbito de acción abarcará desde la prevención, hasta la reinserción, pasando por el combate a la delincuencia y los programas de rehabilitación”.
Y de eso, ¿qué? La realidad es infalible. El Presidente le apostó hace cuatro años a este tema, dado el significado que tenía para el electorado. Se pasó el tiempo entre anuncios y, en la práctica, la gente sigue viviendo con el alma en un hilo. Desde que asumió el cargo hasta abril del año en curso, asegura el periódico digital El Faro en su edición de la presente semana, son más de catorce mil los homicidios ocurridos en el país. Por eso se dice en las calles: “Tanto cacarea la gallina y nunca pone el huevo”.
En este ámbito, Saca designó a su hombre confianza –su compadre, su socio, su amigo…– como ministro de Gobernación, primero, y luego de Seguridad Pública y Justicia tras la creación de esa cartera. Así, a René Figueroa le encargó hacer realidad su promesa de campaña. Junto a éste figuró Rodrigo Ávila como segundo al mando, hasta que lo trasladaron de nuevo al puesto que ocupó durante la administración de Armando Calderón Sol: la dirección general de la Policía Nacional Civil (PNC). Saca inició la ejecución del ya citado plan “Súper mano dura”, aduciendo que éste había sido apoyado ampliamente en las mesas “interinstitucionales” a las que convocó el Ministerio de Gobernación para discutir –con entidades estatales y organismos de la sociedad– las medidas para enfrentar el fenómeno de las maras. El IDHUCA participó en tal iniciativa y da fe que nunca se acordó ese supuesto “apoyo”.
La ejecución del plan se limitó a algunas modificaciones en los procedimientos policiales, mayor coordinación entre la PNC y la Fiscalía General de la República, y redadas nocturnas con Grupos de Tarea Antipandillas; pero en los ámbitos de la investigación criminal, la prevención de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes y su reinserción no mejoró sustancialmente. Lo que sí logró fue dejar en la memoria colectiva la frase que, pretencioso, pronunció al anunciar el inicio del mencionado plan a finales de agosto del 2004. “¡Se les acabó la fiesta a los malacates!”, dijo entonces Saca.
Más adelante, en noviembre del 2006, formó la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social con diversas personalidades que entregaron su informe final en julio del siguiente año con más de setenta recomendaciones que –como dijo Saca en su discurso de cuatro años en el gobierno– “se están implementando”. ¿Todas? ¿Algunas? Quién sabe. También creó un fideicomiso, cuestionado por inconstitucional, para financiar asuntos relacionados con seguridad y educación. Adicionalmente, propuso leyes como la “Antiterrorista”, contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja, reformas penales para que la privación de libertad fuese la regla y no la excepción y –en la actualidad– se discute la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal también controvertido.
En medio de ese cúmulo de medidas, en su mayoría improductivas, la prevención del delito y su investigación parecen haber llegado tarde o se quedaron en simple retórica. Sin embargo, el Ejecutivo se ufana del trabajo realizado por la Secretaría de la Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la práctica, sus logros se cuentan con los dedos de una mano. Por ejemplo, existen dos granjas de rehabilitación para integrantes de maras que deciden abandonarlas; eso es insignificante, considerando la cantidad de pandilleros en el país. La construcción de canchas deportivas en comunidades de riesgo, es otro resultado que se publicita del trabajo preventivo. Pero no basta. Una cancha puede ayudar, cierto; el problema es que, en la realidad, éstas son escenarios de violencia y asesinatos de jóvenes. ¡Son inseguras! No hay que detenerse mucho para caer en la cuenta que más que canchas, la gente reclama oportunidades de desarrollo y ciudades seguras.
En febrero del 2008, el presidente Saca juramentó al quinto director de la PNC. Francisco Rovira sustituyó a Ávila, quien renunció para convertirse en el candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Rovira se definió desde el principio como “administrador” y asumió el cargo prometiendo modernizar la institución. Hace unas semanas ofreció una quimera más: reducir los homicidios a cuatro diarios antes del 7 de agosto; sin embargo, su jefe inmediato ya intervino para remediar semejante “desliz”. “No hay que ser morboso y casarse con un número, lo importante es que disminuyan los homicidios”, lo corrigió el ministro Figueroa; Saca, por su lado, calificó la oferta del director policial como “ambiciosa”.
Aunque la criminalidad tiene diferentes expresiones, la de los homicidios es la que más preocupa. De ahí que hay que contarle las costillas al Estado, con números en mano, frente a la promesa electorera de convertir a El Salvador en un “país seguro”. Las cifras reflejan una tragedia. ¿Qué peso tienen frente a ésta las palabras de Saca? Ninguno. Si a eso se suma la falta de una investigación que logre la condena de los victimarios y la reparación a las víctimas, el asunto es más grave. Como dato estadístico no se conoce a ciencia cierta el nivel de impunidad que reina en el país, pero se cuenta con estimados a partir de la cantidad de audiencias judiciales las cuales son mínimas ante la cantidad de crímenes que a diario se comenten.
Luego de cuatro años de aquella promesa, llama la atención la ausencia deliberada y maliciosa de una evaluación sobre la misma en el discurso del presidente dirigido a la Asamblea Legislativa y a la Nación hace unos días. Resulta lógico que calle cuando se tiene el “techo de vidrio”. Simplemente no cumplió y trata de evitar que se le pase la factura, en el marco de un descontento social bastante generalizado que se refleja en la baja calificación ciudadana otorgada a su gestión. Ojalá, ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprendan de esta lección; porque cuando la mayoría de la gente vive desesperada por su situación pero tiene esperanza, es posible avanzar. Pero si se generan grandes expectativas y no se le cumple esa desesperación se puede volver explosiva. Piensen bien, entonces, lo que van a prometer; porque después el problema en que van a meter al país, puede ser mayúsculo.
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Para Katya y la niñez salvadoreña: justicia ¡ya!
Parte I
Era la madrugada del domingo de Resurrección de 1999. Horas antes, las fogatas de las iglesias se habían encendido para celebrar la Vigilia Pascual que para los católicos simboliza el paso de la muerte, causa del pecado, a la vida eterna producto de la salvación. Toda la semana, las y los feligreses habían recordado el calvario de Jesús con su juicio amañado y la tortura a la que fue sometido, para después ser crucificado. En la noche del sábado, en la colonia Costa Rica de San Salvador, una madre se unía a ese gozo cristiano sin imaginar que le tocaría sufrir el dolor que la muerte deja a su paso. Hilda María Jiménez se enteraría de que su hija, Katya Natalia Miranda Jiménez de solo nueve años, había muerto en la playa Los Blancos en la Costa del Sol, jurisdicción del departamento de La Paz. La niña se ahogó, le dijeron; pero no era cierto. Katya había sido violada y asesinada.
A raíz de esa mentira, comenzaron a surgir las dudas ¿Por qué esconderle la verdad a una madre? ¿Por qué nadie vio ni escuchó nada? ¿Cómo es posible que un numeroso grupo familiar con al menos tres personas entrenadas militar o policialmente, no haya protegido la vida de esta pequeña víctima? ¿Escandaloso? ¡Claro que sí! Tanto que el entonces subcomisionado y subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) –tío de Katya y presente a la hora de los hechos, Godofredo Miranda– resultó ser incapaz de aplicar sus conocimientos y proteger la escena del delito en el caso de su sobrina, pese a ser experto en esos menesteres. Ese alto jefe policial permitió que movieran el cuerpo de la niña, que desmontaran y empaquetaran la tienda de campaña donde durmió, que el abuelo y el padre de la víctima trasladaran su cadáver a Zacatecoluca, que se retiraran las y los testigos, y quién qué más. Su “excusa”: no estaba de servicio. O es incompetente, o protegía a alguien. Cualquiera de esas razones debió provocar su despido del cuerpo. Pero no. Al contrario; desde hace varios años es jefe de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC. ¿O le debían algunos “favores”?
Por lo sintetizado en los párrafos anteriores y por cómo se ha portado el dizque sistema de justicia salvadoreño hasta la fecha, el caso refleja el fracaso profundo de El Salvador de la posguerra en la materia al demostrar el secuestro de las débiles e inoperantes instituciones encargadas de investigar los delitos e impartir justicia. Y no se trata de hechos políticos que también permanecen en la impunidad, bajo el falso argumento de que la aplicación de justicia en éstos pone en peligro la “paz”; o que la amnistía es la “piedra angular” de los acuerdos que lograron “alcanzarla”. Es un crimen realizado por sujetos que, por la razón que sea, gozan de la protección estatal. En ese escenario, la Fiscalía General de la República (FGR) es la entidad más patética de todas.
Dos titulares de la misma han tenido en sus manos este expediente y no han sabido o no han querido hacer más que el ridículo. Belisario Amadeo Artiga Artiga alardeó diciendo que lo resolvería al declararlo el caso “emblemático” de su gestión. Seis años estuvo apoltronado en el puesto y no cumplió. Ahora, Félix Garrid Safie tiene la posibilidad de apartarse de ese desatinado camino, lleno de fracasos y bochornos que le marcó su antecesor. Pero no da signos de que lo vaya a hacer, pues por el mismo ha transitado durante sus dos años en el cargo. Este Fiscal General anunció hace algún rato, refiriéndose al asesinato de Katya, que iba “a revisar todos los casos emblemáticos”. Ahora tiene la oportunidad de cumplirle a la madre y hermana de la niña, o de ponerle la cereza al pastel condimentado de fracasos como lo ha sido hasta ahora su administración, dejando que el caso prescriba. El final de su período al frente de la institución coincide con ese plazo aparentemente fatal, así que eso marcará decisivamente la forma en que lo recordará la ciudadanía.
Este asesinato, asimismo, desenmascara a un Estado –parafraseando al rector de la UCA, José María Tojeira– fuerte ante los débiles y débil ante los fuertes. La misma falda que ocultó a los grandes violadores de derechos humanos después de la guerra bajo la mencionada ley de amnistía, sirve ahora para que los abusadores y asesinos de Katya evadan su merecido castigo. Por las omisiones fiscales y las torpezas policiales, la valiente y valiosa madre de la niña –Hilda María– junto a su otra hija Marcelita han sido forzadas a cargar una cruz. Y en ese calvario, hasta una jueza se atrevió a culpar a la primera por lo sucedido. En cambio, de ninguna institución recibió auxilio efectivo cuando fue amenazada de muerte por exigir verdad y justicia para su pequeña. Por eso, ambas viven fuera del país, asiladas en territorio estadounidense.
Ahí hay otra grave falla del “nuevo” El Salvador. Su población lo abandona por la situación económica, cierto, pero también por la inseguridad; ambos males, insoportables sobre todo para las mayorías. Se busca en otras tierras el amparo que no le brinda la propia. El de Hilda María Jiménez es uno de los contados casos de asilo concedidos por Estados Unidos de América a gente salvadoreña, después del fin de la guerra; no estuviera en esa condición si no hubiera exigido justicia, si no se la hubieran negado y si las autoridades de ese país del norte continental no estuvieran convencidas de que su vida estaba realmente en riesgo. Así, estas salvadoreñas se han unido a una innumerable “paisanada” en la diáspora dejando tierra y seres queridos para asegurarse la supervivencia económica y física.
El caso de Katya, también simboliza el sufrimiento de toda la niñez salvadoreña abusada de diversas maneras. No es el único hecho en el que un niño o una niña es víctima de violencia sexual y se le asesina, como tampoco es la única experiencia en la que sus agresores quedan impunes. En realidad, es “pan de cada día” que la niñez y la adolescencia en el país sean víctimas cotidianas de ese tipo de atropellos, aunque no se consume la muerte. Esas condenables prácticas criminales –graves violaciones de derechos fundamentales– han penetrado hasta el sistema educativo. En octubre del año pasado, el Ministerio de Educación y OXFAM América realizaron un estudio con mil cincuenta estudiantes de sexto grado a bachillerato. El 34% dijo haber sido agredido. Pero el mal alcanza para más. Para muestra, la nota siguiente.
“Una niña con retraso mental –El Diario de Hoy, edición del martes 19 de febrero del presente año– sufrió violencia sexual y física dentro de un centro de protección para niños especiales de San Martín durante un período de ocho meses aproximadamente (...) Aunque el 25 de enero el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de cárcel al abusador, Candelario Cabezas Barillas, el caso evidencia las debilidades que tiene el sistema de protección de menores en El Salvador: faltan instrumentos internos de control y faltan criterios de selección del personal. Esa es la conclusión del Procurador Adjunto de la Niñez y la Juventud, Luis Salazar (...) Por su parte, en el ISNA eluden cualquier responsabilidad con respecto a la contratación de las empresas de seguridad, como de los controles de las mismas (...) Según el expediente judicial, Cabezas Barillas era empleado de una empresa de seguridad y desde el 5 de julio de 2006 custodiaba las instalaciones del Centro de Educación Especial de San Martín. Al ser su víctima una menor con retardo mental, esta no recuerda desde cuándo empezaron los abusos, pero sí cómo él la llamaba insistente desde afuera del pabellón donde dormía y le decía: ‘Salí bicha fea’ (...) Ella abandonaba la habitación y una vez afuera él la conducía hacía unos matorrales donde la desnudaba y abusaba de ella, diciéndole que era su esposo. Cuando la menor se resistía y le recriminaba que aquello no estaba bien, Cabezas Barillas la golpeaba”.
Siquiera por cultura general, cabe preguntar qué es el mencionado ISNA. El ISNA –Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y de la Adolescencia– es, según su propia definición, “una Institución del estado con autonomía en lo técnico, financiero y administrativo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, para la ejecución de la Política Nacional de atención al menor dictada por el órgano ejecutivo y que desde el año de 1993, ha venido evolucionando y mejorando en beneficio de la niñez y la adolescencia de la República de El Salvador” . Y ahí, ocurren esos aberrantes hechos.
Parte II
Como se apuntó en la anterior entrega, Katya simboliza el sufrimiento de la niñez salvadoreña expuesta día a día, así como la lucha contra un sistema de justicia que privilegia a los victimarios y castiga a las víctimas ─pequeños e inocentes─ con la impunidad, el desprecio y el irrespeto de sus derechos humanos. Así como este caso, existen otros hechos del pasado que aún esperan justicia. Basta recordar a los cientos de niñas y niños desaparecidos de manera forzada durante el conflicto armado, de quienes el Estado se ha olvidado por completo pese a que el 29 de marzo es el “Día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado”; el “Día Nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador” es el 4 de abril, fecha en que Katya fue violada y asesinada en 1999. Ambas conmemoraciones oficiales pasarían desapercibidas de no ser por sus familiares y las instituciones sociales que las acompañan demandando verdad y exigiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las investigaciones respectivas. Hasta el momento, ésta no ha cumplido su deber en estos hechos y otros similares.
La desaparición de las hermanas Serrano Cruz, de la cual se derivó la primera condena del Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de tantos casos que demuestran lo anterior y que al igual que el de Katya cuestionan a quienes proclaman que se ha avanzado en esta materia. Agréguese que las causas estructurales que originaron el conflicto bélico continúan vigentes; así, tanto ayer como hoy, la mayoría de la niñez salvadoreña vive en condiciones sociales desfavorables y padece por la violencia en sus múltiples dimensiones, sin una administración pública capaz de afrontar con éxito el desafío de superar esos y otros males.
Para colmo, hasta en instituciones estatales encargadas de su protección se registran maltratos y abusos sexuales. Esto amerita ─además del castigo ejemplar a sus responsables─ la elaboración y ejecución de planes de acción integrales que coloquen como eje central el respeto de los derechos de la niñez. Las autoridades competentes deberían preocuparse por esta situación, pues además de dañar la integridad física y moral de la niñez, también se erosiona los niveles de confianza de la población hacia el funcionamiento de las entidades oficiales. Pero hay otra realidad igual de perversa: la de funcionarios judiciales, fiscales y policiales que victimizan una y otra vez a la niñez atropellada y sus familiares, pues en varios casos se ha visto complicidad entre aquéllos y los imputados.
En el IDHUCA se acompaña a otras mujeres que como Hilda María Jiménez, madre de Katya, buscan justicia para sus hijos e hijas víctimas de maltrato y violencia sexual sin encontrar respuesta pronta y favorable en el sistema. Si bien existen excepciones como el caso de dos niñas abusadas por un miembro de una iglesia evangélica, condenado a catorce años de prisión, la otra cara de la moneda es la de un niño que desde los tres años fue violado por su padre mientras ejercía su derecho a la custodia compartida. Según la madre, en febrero del 2006 su hijo presentó signos de abuso sexual y acudió al Instituto de Medicina Legal; luego demandó al criminal en la FGR. Al ver que la hermana del imputado fungía como fiscal en Sonsonate, donde ocurrieron los hechos, la madre solicitó se conociera en San Salvador; la Corte Suprema de Justicia decidió que no. Antes había pedido que le asignaran agentes del Ministerio Público destacados en San Salvador para evitar la desnaturalización del proceso. Contrario a otros casos, éstos tuvieron un buen desempeño.
No obstante, quienes han dejado mucho qué desear son los funcionarios judiciales. Desde el inicio, el Juzgado Segundo de Instrucción de Sonsonate se declaró incompetente para conocer el caso y trasladó a San Salvador, pues los hechos ocurrieron en ambas ciudades. El tribunal capitalino argumentó que era en Sonsonete donde debía diligenciarse. Ambos se declararon incompetentes y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que éste último era el competente. Así, se inició el largo proceso que culminó, en octubre del 2007, con la audiencia preliminar en la que el juez sobreseyó provisionalmente al imputado; mientras transcurrió el plazo para apelar, decidió otorgarle medidas sustitutivas que no proceden en este tipo de delitos pues el Código Procesal Penal lo prohíbe, por sus características. El juez argumentó que no se realizó un peritaje al imputado para determinar el tamaño de su órgano genital, para determinar si el padre era responsable.
La FGR apeló y la Cámara de lo Penal de Sonsonate, a fin de que el caso pasara a la etapa de sentencia por la negligente actuación del juez. La Cámara concluyó que el juez no actuó apegado a derecho, por lo cual el caso fue conocido por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate; éste mantuvo las medidas sustitutivas en lugar de la detención, lo cual fue una negligencia procesal más. Por cierto, en palabras de la madre de la víctima, el citado juez afirmó extrajudicialmente ser amigo del imputado. La vista pública se suspendió tres veces, generando desgaste a las víctimas y los peritos. Así, el niño se vio sometido al suplicio de enfrentar a su victimario y revivir su tragedia en esas tres ocasiones sin apoyo psicosocial. Finalmente, el 6 de marzo del 2008, se dictó un fallo a favor del imputado sin importar que las pruebas presentadas eran determinantes para establecer su responsabilidad. Ante esa sentencia, la FGR presentó recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que aún se encuentra en trámite.
Este caso, como el de Katya, muestra cómo algunos funcionarios realizan su labor sirviendo a intereses particulares y no en aras del bien común; en éste caso, el del interés de un niño abusado sexualmente y vuelto a victimizar en varias ocasiones por el sistema cuya reivindicación pudo convertirse en un precedente social positivo a favor de estimular la cultura de denuncia. En lugar de procurar una pronta resolución de los procesos judiciales cuya víctima sea un menor de edad, así como velar por el respeto a sus derechos y garantizar condiciones favorables para estas, el Estado salvadoreño -a través de algunos de sus funcionarios- actúa con una lógica contraria. Bien haría éste respondiendo de una buena vez con eficacia para resolver este tipo de delitos, así como para combatir y erradicar la violencia contra este sector vulnerable de la población.
La Organización de las Naciones Unidas publicó en el 2006 el informe “La violencia contra los niños”, elaborado por el experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro quien -además- es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator especial de la misma en la materia. En este documento, el autor incluyó recomendaciones dirigidas a los Estados miembros para que ejecuten acciones preventivas en la materia; éstas son herramientas útiles para diseñar y ejecutar estrategias, políticas o planes que contribuyan a erradicar la violencia contra la niñez.
Sin embargo, estos valiosos planteamientos se quedan sólo en el papel para el Estado salvadoreño; son letra muerta, pues las acciones y omisiones de sus autoridades al intervenir en delitos contra menores de edad dejan mucho que desear. Para muestra, la deplorable actuación del Fiscal General, Félix Garrid Safie, quien ante los medios y la sociedad entera ha demostrado su ignorancia o su falta de voluntad para resolver el caso Katya. Si así actúa la cabeza de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos, como ocurrió con su antecesor, ¿qué pueden esperar las víctimas en un país donde la delincuencia, la violencia y la corrupción abundan? Muy poco, pues al parecer la incompetencia y la falta de ética han minado el núcleo del sector justicia. Quienes conducen esas instituciones por obra de los arreglos político partidistas y para desgracia casi general no deben olvidar que, aunque se hagan los sordos, tarde o temprano deberán atender el grito unánime de una población que comienza a pasar de la indignación a la acción: ¡Justicia ya para Katya y la niñez salvadoreña!
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Una casa por demoler
Cuarenta y cinco días le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño para que diga por escrito qué ha cumplido de sus recomendaciones en el caso de la masacre de la UCA, ocurrida el 16 de noviembre de 1989. En su informe de fondo al respecto –de diciembre de 1999– la CIDH le señaló que debía investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la misma; además, tenía que reparar el daño a las víctimas y derogar la ley de amnistía. El plazo fatal se determinó luego que, el pasado martes 11 de marzo, la representación oficial llegó con las manos vacías a una reunión de trabajo con dicha Comisión y el IDHUCA en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), evidenciando su descarada pasividad e indiferencia ante señalamientos internacionales referentes a este atroz hecho. Tal posición fue validada por el presidente Antonio Saca, cuando su delegación regresó al país con dicho plazo bajo el brazo, al negar la posibilidad de reabrir el caso. “Nosotros creemos que en el país las cosas juzgadas no deben reabrirse porque definitivamente este fue el sello que terminó la guerra y que generó un proceso de paz”, sentenció Saca.
Hace unos meses, Saca también mandó sus representantes a una audiencia en la misma CIDH relativa al magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Igual de torpes, negaron la responsabilidad estatal en éste, pese a que la Comisión la había establecido. La embajadora salvadoreña ante la OEA, Abigail Castro, se atrevió a solicitar no informar “a la Asamblea General que hay desacato porque no hay desacato". Según ella, dejar pasar ocho años desde que la Comisión dictó sus recomendaciones en el caso Romero u otros nueve en el de los jesuitas y sus colaboradoras sin mover un dedo para cumplirlas, no es un acto de desobediencia y desprecio a su autoridad. Entonces. ¿qué es?
Estos casos no sólo tienen en común el intento oficial por evadir una innegable responsabilidad y evitar una condena en la OEA; además, en ambos se ha enviado al mismo representante estatal aun cuando su sola presencia es ofensiva para las víctimas. Carlos Méndez Flores acudió como enviado de Casa Presidencial a las dos audiencias, pese a su vinculación directa y determinante con los responsables materiales e intelectuales de la matanza en la UCA, al ser su principal defensor legal y utilizar artimañas de diverso tipo para lograr la impunidad a su favor. Además, en el caso Romero su tarjeta de presentación profesional apareció en la agenda decomisada al capitán Álvaro Rafael Saravia, quien fue condenado en Estados Unidos de América por el magnicidio. ¡Cómo se le ocurre a Saca semejante afrenta a las víctimas!
Este desprecio por el dolor y la dignidad de quienes han padecido los estragos de la represión oficial no es exclusivo de estos casos. En el de las hermanas Serrano Cruz, el Estado afirmó ante la CIDH que las niñas no existieron y que los demandantes se inventaron su desaparición; que lo que buscaban era dinero. También acusó de fantasear al matrimonio García Prieto Giralt, que exige justicia por el asesinato de su hijo Ramón Mauricio. No sólo eso; también acosó y amenazó a esta valiente y valiosa pareja durante años y lo continúa haciendo. La pedestre actitud de este gobierno y sus antecesores, llegó al absurdo de decir que se “auto perseguían”. En el caso de Katya Miranda, la jueza que lo conoció culpó a Hilda María Jiménez –madre de la niña– por haber dejado a la pequeña con su familia paterna.
En otros hechos ocurridos durante la guerra que se han presentado a la Fiscalía General de la República, esta institución ni siquiera a respondido a las demandas. ¿Por qué? Porque el poder decidió proteger a criminales considerados intocables. Eso explica la resistencia a derogar la ya mencionada amnistía. Respecto a esto, David Escobar Galindo –negociador gubernamental de los acuerdos que pusieron fin a la guerra– declaró el año pasado que “si no se daba una amnistía las culpas se iban a sobreponer a la razón (…) La amnistía era un sacrificio para las víctimas. No dar una amnistía era un sacrificio para el proceso. Se optó por no sacrificar el proceso”.
¿Por qué se ponía en peligro el “proceso”? ¿Cuál “proceso”? ¿El que mantiene a El Salvador como uno de los países más violentos, sino el más, de la región? ¿El que lo coloca como el que relativamente expulsa más población a buscar oportunidades en otros lares? ¿El que menos justicia brinda a las víctimas?¿Quién les preguntó a éstas si querían “sacrificarse”? ¿Quién dice que seguir “sacrificándolas” es lo mejor para el país? ¿Quién? Sus victimarios y quienes los encubren. En cambio, los organismos internacionales y la misma gente afectada sigue exigiendo verdad. El Vaticano, en sus mensajes de las jornadas anuales por la paz, insiste en que ésta es fruto de la justicia. Frente a esas y otras voces, la respuesta oficial igual a la del sombrío ex presidente Francisco Flores: que la amnistía es “la piedra angular de los acuerdos de paz”.
Esa recalcitrante negativa –piedra de tropiezo para superar los males, más bien– ha impedido avanzar en la construcción de una sociedad conciliada. Las heridas personales y sociales siguen abiertas. Todavía hay familias que recuerdan con lágrimas en los ojos a sus asesinados o desaparecidos en fechas especiales como sus cumpleaños o las navidades; entonces no hay festejo, sino dolor. Aliviar ese sufrimiento debería ser la principal razón para derogar la amnistía, conocer la verdad y ubicar a los responsables del mismo en aras de lograr –si las víctimas así lo desean y los victimarios lo piden– el perdón; pero éste no puede ni debe imponerse por decreto, como se ha pretendido hasta ahora.
Eso también ha obstaculizado avanzar en lo que el gobierno de Saca llama “paz social”. Él y el resto de políticos han alentado la polarización y el enfrentamiento con sus hechos, símbolos y lenguajes. Iniciar las campañas electorales en Izalco –donde se ejecutaron miles de indígenas en 1932– o proclamar candidatos en fechas que recuerdan sucesos que generaron muerte y dolor a mucha gente inocente, no abona en nada a la conciliación. Tampoco que se siga rindiendo culto a responsables de graves violaciones de derechos humanos, como Roberto D’Abuisson o Domingo Monterrosa; ni que en el himno del partido instalado en el Ejecutivo desde hace casi dos décadas. se proclame que el país será la tumba de los “rojos”. Esas son apologías del delito. Mientras desde arriba no se deje de exaltar la confrontación y el deseo de “eliminar” al contrario, será imposible construir otra sociedad; sobre todo, porque las bases de ambos bandos –esas “barras bravas”– seguirán fieles al discurso de su respectiva dirigencia como lo han hecho hasta ahora, no obstante el resultado sea el incremento de la violencia.
Conocer la verdad en casos como el de monseñor Romero y la UCA, demostrará que sus autores fueron criminales; eso se aplica también a los que desde el otro “bando” cometieron atrocidades o las toleraron, como en el caso de la barbarie conducida por el “comandante” Mayo Sibrián en San Vicente, las ejecuciones de alcaldes indefensos y los “ajusticiamientos” de otros funcionarios civiles de mayor nivel. Sólo así dejarán de ser “héroes” para unos y se convertirán en lo que verdaderamente deben ser para todos: responsables de graves violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad. Contrario a esos falsos “ídolos”, Romero y los mártires de la UCA –junto a tantas víctimas más–mostraron el camino seguro por el que debe transitar la sociedad para su cambio real: el diálogo y la concertación para solucionar los problemas nacionales y la defensa del más débil para alcanzar el desarrollo.
Si la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz es considerada la piedra angular de la actual sociedad salvadoreña y la paz verdadera no ha llegado a ésta, entonces hay que removerla. La casa común para toda la población salvadoreña que se soñó tras el fin de la guerra –acogedora y gentil, tierna y dulce– no existe ahora tras más de dieciséis años del fin de los combates. Lógico, su cimiento fue la impunidad. Así se construyó, entonces, una cueva de criminales y ladrones; las víctimas quedaron en el más absoluto desamparo de la injusticia. Derribar ese nido que acoge a victimarios y desprecia a la gente sufrida, urge; hacer realidad el sueño de las y los mártires, donde –en palabras de Amós– “el derecho fluya como el agua y la justicia como río inagotable”, es el gran desafío nacional.
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Saca: las mujeres salvadoreñas no están solas
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es entonces cuando numerosas mujeres en el mundo, masivamente, reivindican derechos y plantean demandas concretas. Desde 1975, proclamado Año Internacional de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa fecha es un referente de las luchas por mejorar sus condiciones de vida mediante el reconocimiento y el respeto de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y más. En el caso salvadoreño, ese esfuerzo es siempre necesario y cada vez cobra más fuerza. La población femenina constituye el 53% del total que habita el territorio nacional; no obstante, es el sector más vulnerable ante los dos grandes males que afligen a las mayorías: pobreza y violencia. Cerca de cinco mil de éstas conmemoraron el contenido de este domingo con una marcha que partió de la Plaza Cívica, en el Centro Histórico capitalino, al Parque Cuscatlán. Durante la actividad, agrupaciones y organizaciones de diverso tipo expresaron de manera pública sus aspiraciones y logros.
Este año, la ONU ha enfatizado en su llamado a los Estados la necesidad de una mayor apuesta por la inversión social a favor de mujeres y niñas, así como la formulación de políticas económicas dirigidas a este sector de la población, a fin de erradicar las crecientes desigualdades sociales y lograr un desarrollo con equidad de género. De hecho, el comunicado elaborado por ese organismo en el marco del 8 de marzo es muy crítico de la situación actual de los derechos de las mujeres en el mundo.
Tras casi sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros menos de estar vigentes instrumentos específicos relativos a los derechos de las mujeres, son pocos los avances. Asimismo, la ONU señala cómo los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres aún no cuentan con igual grado de aceptación y promoción que los civiles y políticos. De igual forma, solicita a los Estados parte que erradiquen –con políticas públicas y estrategias efectivas– las expresiones de violencia contra las mujeres. Que un organismo multilateral como éste se pronuncie así, indica que el panorama actual de los derechos de las mujeres está lejos de ser el mejor. Para avanzar, las apuestas estatales deben asumir dos vías: la prevención y erradicación de la violencia, por un lado; por el otro, la garantía de mejores condiciones de vida.
Ahora bien, esa invitación contrasta con la realidad nacional. En 1995, el Estado salvadoreño ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belém Do Pará". Esta normativa regional sentó las bases para el combate efectivo de esa lacra. A partir de la misma, se creó elInstituto Salvadoreñopara el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) con el encargo de impulsar la Política Nacional de la Mujer, que sintetiza las líneas de trabajo estatales a impulsar en favor de esta población. En sintonía con lo anterior, también en 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley contra la Violencia Intra familiar.
Poco se dice sobre el papel de las organizaciones en la formulación y aprobación de la misma, las cuales presionaron de manera efectiva para su materialización legislativa; también, después, para introducirle las reformas necesarias a fin de clarificar y especificar aspectos clave.
Doce años pasaron ya desde que esa ley entró en vigencia. Sin embargo, la violencia dentro de las familias sigue siendo constante en el seno de la sociedad salvadoreña; las principales víctimas continúan siendo las mujeres y las niñas. Un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) del 2006, da cuenta que durante el año anterior –el 2005– hubo casi cuatrocientas mujeres asesinadas y en el 2006 la cifra aumentó hasta 437 víctimas. Con relación a delitos sexuales, el informe quinquenal del IML 2002-2007 presenta 7,936 mujeres víctimas de abusos; de éstas, casi tres mil son niñas de entre diez y catorce años, a las cuales se suman jóvenes de entre quince y diecinueve. Otro dato lamentable es que durante esos cinco años, hubo 267 niñas de cinco a nueve años víctimas de abuso sexual.
Desde luego, la norma sola no cambia una situación negativa estructural.. Se necesita, además, una institucionalidad eficaz; también se requieren cambios culturales que deben operar para que lo normado se cumpla en la realidad y se logre, así, transformar un estado de cosas negativo. En el caso salvadoreño, esta violencia no sólo le genera efectos nocivos a las víctimas directas; afecta, además,un tejido social frágil de por sí por los daños que le produjo la violencia política y bélica anterior. Por si no fuera bastante, además de la violencia, las víctimas deben aguantar una impunidad insoportable y peligrosa producto de la ineficacia del sistema de justicia, fallido en la investigación y la persecución del delito.
Para muestra de lo último, un doloroso e infamante botón. El 4 de abril de 1999 –exactamente nueve años después de la firma del Acuerdo de Ginebra– Katya Miranda, también de nueve años, fue violada y asesinada en circunstancias poco claras sólo para las autoridades. Ese hecho abominable se ha convertido en un símbolo de la desprotección que la niñez, en especial las niñas, padece por parte del Estado salvadoreño. Días faltan para que se cumpla el último aniversario del crimen, sin que la Fiscalía General de la República agote los esfuerzos necesarios para investigarlo a fondo y determine responsabilidades. El caso Katya, pues, representa cómo –pese a los cambios de forma en el país– la violencia sigue siendo una constante en la vida cotidiana de niñas, niños y mujeres sin que el Estado actúe eficazmente para prevenirla.
Si se es crítico ante el fenómeno de la violencia contra esta amplia población, es fácil ver cómo ésta también debe enfrentar situaciones adversas para recibir justicia. En ese sentido, las mujeres y la niñez no sólo son dos y hasta tres o más veces victimizadas durante las investigaciones fiscales y los procesos judiciales, sino que al final no obtienen justicia y los delitos que les trastornan su vida quedan en la impunidad. Esta triste realidad contrasta en mucho con la retórica de políticos y funcionarios públicos.
Por otro lado, junto a ese cuadro de violencia cotidiana, las mujeres salvadoreñas –como se afirmó antes– también son víctimas de la violencia estructural; léase, de la situación de pobreza y precariedad en la que viven cientos de familias salvadoreñas presididas por una mujer sola. Eso, pese que la ONU –como ya se dijo– enfatizó la necesidad de erradicar la violencia y mejorar las condiciones sociales de las mujeres.
Justo con estos objetivos en mente, hay que recordar el discurso de Antonio Saca en medio de su campaña para alcanzar la presidencia de la República. El ahora mandatario se llenaba la boca asegurando que durante su gestión las mujeres ya no estarían solas. A simple vista, el eslogan pretendía comunicar que haría lo posible por superar tal condición mediante una política pública decidida y de resultados. Obviamente, eso no sucedió ni sucederá en lo que le resta de su período. Lo que tampoco pasó ni pasará es que mejorarán las condiciones de vida de las mujeres. Por más que Saca se publicite, tal realidad dista mucho de ser alcanzable. Por ejemplo, sus políticas económicas han incrementado las brechas sociales. Ahora, hay mucha más distancia entre “los de arriba” y “los de abajo”. Lamentablemente, al final de su gestión, el rostro más evidente de la pobreza en el país es femenino. Con medidas puntuales como las del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y Red Solidaria, la población que vive en extrema pobreza nunca mejorará sustancialmente sus precarias condiciones de vida.
Del lado de la justicia, el Estado también tiene serias deudas hacia la población. El caso de Katya es símbolo de la negligencia de las instituciones encargadas de impartirla. A la luz del actual estado de cosas, es imposible afirmar que las condiciones sociales de las mujeres mejoraron y que sus derechos fundamentales estén garantizados. Sin embargo, contrario a la incumplida promesa de Saca, las mujeres no están solas en El Salvador. Por suerte, algunas están organizadas y luchan por cambiar su realidad a favor de todas las salvadoreñas.
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Le faltan más glorias a El Salvador
El país no tiene muchas glorias de qué presumir en aspectos vitales para su estabilidad y desarrollo. En lo económico, la precariedad es la característica constante en la mayoría de familias privadas del acceso a servicios básicos como salud y educación; en lo político, la democracia sigue siendo una aspiración y el camino recorrido tras el fin ha estado lleno de obstáculos: corrupción gubernamental, manipulación mediática, secuestro de instituciones y privilegios para grupos afines al partido en el poder desde hace casi veinte años, por mencionar algunos de los males. Así, en lugar de austeridad estatal hay despilfarro; en lugar de eficacia, torpeza; en lugar de justicia, impunidad; y en lugar del irrestricto respeto de los derechos humanos, violaciones sistemáticas de los mismos y protección para sus autores. Una complicación más: quienes ocupan cargos de elección popular están lejos de desempeñar su labor en función del bien común. Sus actuaciones no son un ejemplo de notoria moralidad ni mucho menos de algún grado mínimo de conciencia social. La muestra más reciente de esas carencias es el descaro de los mal llamados “padres de la patria”, al aumentar sus salarios sin fundamento legal ni justificación alguna.
Ese desvergonzado capítulo de la historia política salvadoreña bien podría servir como argumento de una historia denominada “Saliva va y los más de cuarenta ladrones”, digna de ser filmada ahora que están estrenando producciones nacionales y exhibida junto a –por ejemplo– “Hannibal, el origen del mal” porque los desaciertos legislativos engendran en gran medida la situación de El Salvador de las mayorías, no el de los poderosos. La segunda parte del título sugerido para lo que podría ser un éxito de taquilla guanaco, tiene que ver con esa obscena subida salarial que se auto recetaron los diputados y las diputadas; pero más que por eso, la sugerencia de llevar al celuloide esos hechos tiene que ver con lo que se aborda en el siguiente párrafo: el triunfo de “los buenos”. La primer parte del nombre de ese imaginario filme, surge de todas las acusaciones que en medio de esa coyuntura se lanzaron quienes deshonran con su actuar el recinto parlamentario; imputaciones que fueron desde hipócritas y mentirosas hasta ingenuas y pendencieras.
Los fuertes cuestionamientos cibernéticos y mediáticos provenientes de personas y agrupaciones con diverso signo junto a la indignación general de la población, le dieron vuelta a esa arbitraria medida. ¡Gloria! Ante la gesta social, diputados y diputadas fingieron demencia luego de alegar “inocencia” o “justificar” con declaraciones insultantes el ofensivo aumento. Por suerte, parece que a estas alturas nadie en el país acepta a esos “padres” y esas “madres”; ni siquiera como parientes lejanos de este sufrido El Salvador. De seguir nombrando gente de esa calaña para ocupar un sitio en la Asamblea Legislativa, habrá que reivindicar la orfandad ciudadana como motivo de dignidad y orgullo, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Contrario a la gloria, está el infierno; en este caso, el del desgobierno que afecta a la mayoría de la población por una u otra razón, que no sólo se produce desde el Parlamento. También hay que fijar la mirada en otros órganos estatales como el Ejecutivo, por ejemplo, presidido por alguien que no debería presumir de una actuación gloriosa. Desde que ocupó la silla presidencial en el 2004 y sobre todo para las elecciones del 2006, Antonio Saca ha portado orondo dos camisetas. Y a estas alturas, ya no sabe qué hacer con éstas ni como “lucirlas”. Contrario a la obligación constitucional de ejercer el cargo de manera permanente durante todo el período para el cual fue electo, en algún momento declaró Saca que a las cuatro de la tarde y los fines de semana se quitaba la de primer mandatario para ponerse la otra: la de presidente de su partido ARENA. Él lo dijo. Por tanto, de ser cierto, en el 2008 trabajará 4,584 horas de las 8,760 que tiene el año; es decir, el 52.32% de lo que le corresponde por obligación. Quizá dedique un poco más de tiempo a su cargo oficial, pero a estas alturas ya no se atina.
Saca no sólo incumple con su deber de trabajar como debiera. Además, viola la Constitución al presidir actos oficiales de su partido y hacer campaña electoral constante a favor de éste. En esos escenarios, se enreda solo con su lengua. Por ejemplo, afanado en criticar la actual gestión municipal de San Salvador –que es criticable, pero no en aras del interés que él lo hace sino para superar deficiencias– afirmó hace poco que “la comuna deberá responder porque está haciendo más cara la vida de los capitalinos, con servicios tan deteriorados y tan escasos que tenemos a una capital que se deteriora por la falta de responsabilidad en el manejo de la Alcaldía”. Lo dijo luego que se anunció la subida de algunas tasas. Quien vive en el San Salvador profundo, cierto, no está en la gloria. Pero, ¿olvidó o no asume su responsabilidad y la de sus antecesores, al no hacer nada para eliminar las razones que obligan a la gente a subsistir del ambulantaje? ¿Tendrá algo que ver en eso, el que las cuatro administraciones de su partido han hecho una opción preferencial por los ricos?
En el marco de esos reproches a la Alcaldía capitalina, sostuvo que él ha cumplido su promesa de no aumentar impuestos. Quizá Saca cree que la gente no piensa. Pero quienes practican el sano ejercicio de no olvidar y cultivan la memoria histórica, recuerdan que el 15 de junio del 2005 en Casa Presidencial un reportero le pidió su opinión sobre los diez centavos que los dueños de buses querían aumentarle entonces al galón de combustible. Pomposo como acostumbra, respondió: “Yo creo que el diálogo es lo más importante. Yo invito a los transportistas, a que se sienten con el ministro de Obras Públicas, porque solamente la autorización del gobierno puede validar un aumento al transporte público. Por supuesto que yo no voy a autorizar ningún aumento de diez centavos, al transporte público; ni tampoco lo va hacer el ministerio de Obras Públicas”. Poco más de dos años lo autorizó, con las consecuencias gravosas para la economía familiar, sobre todo la de los sectores de la población en mayor desventaja. ¿Cumple o no?
En fin, de no ser por algunas luces que han brillado en la posguerra –algunas recientes y muy vigentes– quizá sería mayor el número de gente deseando salir del país. Pero ahí están las víctimas que no agachan la cabeza; por ejemplo, Gloria y Mauricio García Prieto, quienes han sufrido un largo calvario de casi catorce años tras la muerte de su hijo Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ejecutado a plena luz del día y ante numerosos testigos por un “escuadrón de la muerte” el 10 de junio de 1994. Ese gallardo matrimonio ha ido cosechando victoria tras victoria, dentro y fuera del país. La última, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde derrotó a un Estado violador de derechos humanos, cómplice y protector de criminales. Este triunfo de Gloria y Mauricio puso en evidencia como tal a buena parte de la institucionalidad estatal y merece ser comentado de forma más amplia en otra oportunidad.
A la anterior se suman otras luchas meritorias. La de las comunidades del Sitio del Niño y Cutumay Camones, son muestra de eso. También está el ejercicio ciudadano con el cual se revirtió la vulgar decisión diputadil de hace unos días. La sociedad no se conformó con sólo la indignación y pasó a la acción. Batallas victoriosas y gloriosas como las anteriores, parciales o totales, enaltecen y dignifican al país porque animan a otras víctimas a levantar la cabeza, a denunciar los atropellos sufridos y a sumarse a la empresa de la transformación real, a fondo, que aún se le debe al pueblo salvadoreño. Ese cometido, para culminarlo con éxito, requiere mucho; es una carrera larga que, además de la inteligencia y la creatividad necesarias para superar los obstáculos durante la misma, exige preparar el relevo –la niñez y la juventud– desde los derechos humanos y el coraje para hacer valer su respeto.
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Familia y paz
Se acaba de conmemorar una fecha de mucho significado para El Salvador: el decimosexto aniversario de la firma del Acuerdo de Chapultepec. Con éste, finalizó oficialmente la guerra. Pero –¡ojo!– no llegó la paz al territorio nacional como se pretendió presentar con ligereza irresponsable la etapa que entonces iniciaba. ¿Por qué? Pues porque entonces lo que empezaba era un arduo y complejo camino para alcanzarla que –además del “adiós a las armas”– pasaba por la democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Eso se planteó en el primer acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, suscrito en Ginebra el 4 de abril de 1990. Por eso, a estas alturas, conviene formular dos interrogantes. ¿Se alcanzó ya la paz? ¿Se está en la ruta correcta para lograrla? Y la respuesta a ambas, también es negativa. Lo reconoció el presidente Antonio Saca, cuando declaró el 2007 como el “año de la paz social”; pero se confirmó aún más al observar el saldo final del mismo en los ámbitos económico, de seguridad y político, sobre todo. Pero hay otros argumentos para sostener eso y resulta oportuno exponerlos, examinando la situación actual del país desde la óptica del reciente mensaje del Papa Benedicto XVI publicado el 1 de enero, a propósito de la tradicional Jornada Mundial de la Paz que ahora cumple cuarenta años de su realización.
“La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Al menos, eso es lo que dice el artículo 32 de la Constitución. Sin embargo, en El Salvador, una buena cantidad de éstas enfrenta serias dificultades para salir adelante y consolidarse. En primer lugar, en muchos hogares no existe la estructura tradicional de madre, padre y descendientes. Según la Fundación Intervida, uno de cada tres está liderado por mujeres; son éstas las responsables de mantener a sus hijos e hijas sin presencia masculina. Las razones de eso son diversas. La irresponsabilidad paternal es una, pero también existe un alto porcentaje de casos en los que el hombre emigró buscando oportunidades que no encontró acá o fue asesinado en medio de la violencia imperante desde tantos años. La desintegración no sólo se da por la ausencia de la figura paterna; hay niños y niñas que están bajo el cuido de sus abuelos, tíos o primos porque el éxodo hacia el norte es, cada vez más, una decisión familiar y las mujeres también emprenden el camino.
Así las cosas, en este país, esa “institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social” –como la califica Su Santidad en el texto que tituló “Familia humana, comunidad de paz”– es un ente irregular donde la niñez no siempre encuentra las condiciones de amor y protección que necesita. “En una vida familiar sana –agrega el Pontífice– se experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo”. Además, considera a los pueblos como familias humanas “llamadas a establecer entre sí relaciones de solidaridad y colaboración”. Vale destacar de lo anterior, en principio, el calificativo de “familia sana” para extrapolarlo y analizar cómo está la sociedad salvadoreña.
¿Hay justicia para las mayorías? No porque cuando se imparte, se hace discrecionalmente dependiendo de quién es la víctima y quién el victimario; porque es innegable la “mora prolongada” que se traduce en la falta de “una pronta y cumplida justicia en muchas áreas”, como lo reconoció hace unos días el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, David Cabezas (LPG, 12/01/2008, p.22); y –sobre todo– por la corrupción imperante y las decisiones políticas que como metástasis corroen de los pies a la cabeza al Órgano Judicial, siendo sus ejemplos más recientes, graves y escandalosos el inaceptable retraso del fallo en la Sala de lo Constitucional sobre el litigio entre dos líneas aéreas –por cierto, ¿por qué inauguró el presidente de ésta, Agustín García Calderón, el edificio de una de las dos empresas enfrentadas?– así como en la “bendición” dada a la violación de la Constitución cuando se nombró magistrado del Tribunal Supremo Electoral a Julio Moreno Niños.
Siempre en la línea de Benedicto XVI con relación a las condiciones para la buena salud de la familia, se debe examinar si el Estado salvadoreño –cuyo origen y fin es la persona humana, según la Constitución– ejerce autoridad. En realidad, más que autoridad –del latín “augere”, que significa “hacer crecer”– lo que practica cada vez más es un autoritarismo destinado a impedir que se desarrolle un movimiento social fuerte opuesto a sus designios, reivindicador inteligente, creativo y eficaz del respeto de sus derechos humanos.
¿La administración pública está al servicio de los sectores en mayor desventaja? Pues no. Basta ver la situación de las personas con discapacidad, cuyo número se calcula en 600,000, por lo menos; es decir, el 10% de la población total en el país. Maritza Melara –consultora independiente, especialista en derechos humanos sobre esta materia– con propiedad señala algunas de las violaciones que padecen: “La educación continúa siendo privilegio de pocas personas con discapacidad cuando sus familias se sacrifican o tienen solvencia económica para ello, lo cual no supone que ésta sea accesible pues permanecen los centros educativos con múltiples barreras, desde las arquitectónicas, las actitudinales, y las de formas y formatos para lograr la inclusión real al aula de clase. El transporte público sigue siendo el problema de fondo para la movilización de personas con discapacidad a centros de estudio, salud, recreación y empleo. Las principales calles de la ciudad y de los cascos urbanos de los departamentos continúan siendo inaccesibles para personas con discapacidad física y ciegas. En el área rural la discriminación y falta de oportunidades es más aguda. Los noticieros en televisión son inaccesibles para personas sordas...”
No son éstas las únicas víctimas excluidas de un “servicio afectuoso” por parte de las autoridades estatales. La niñez, la adolescencia, las mujeres y las personas adultas mayores también lo son. Para relacionarlas con la última condición establecida por el Papa en su mensaje, vale la pena destacar la muerte, desaparición, cárcel y tortura que sufrieron miles y miles de personas, antes y durante la guerra. A éstas se suman las que sobrevivieron a esa terrible época y la parentela de las que no, víctimas de la impunidad durante la posguerra después de la auto amnistia decretada a favor de los criminales. A esta gente, le han negado oficialmente verdad, justicia, reparación y la posibilidad de perdonar para poder, así, cerrar heridas y (re)conciliar la sociedad.
Eso ha contribuido a que El Salvador esté situado hoy entre los países más violentos de la región y el mundo. Y eso ha obligado a que otras víctimas de la posguerra –como Gloria y Mauricio García Prieto, o la madre de Katya Miranda– hayan tenido que buscar justicia fuera porque quienes sembraron y siembran muerte, dolor y odio están protegidos fronteras adentro, primero con leyes de amnistía y luego con la inoperancia de las instituciones; peor aún, a esos victimarios el gobierno los ha intentado defender también en los sistemas internacionales de derechos humanos, atacando a sus víctimas. Pero ahí no le ha ido nada bien.
Con todo, entonces, difícilmente se puede hablar de una “familia salvadoreña sana” porque en realidad –más que un “gobierno con sentido humano”, como pregona la falsa propaganda oficial– lo que existe en el país es un Estado “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”en palabras del rector de la UCA, José María Tojeira.
Y no ha pasado un mes desde su publicación para que el mensaje de Benedicto XVI cuestione, con nuevos argumentos, a ese Estado muy bien caracterizado por el rector de la UCA. El Papa sostiene que existe “una auténtica experiencia de paz en la familia cuando a nadie le falta lo necesario, y el patrimonio familiar –fruto del trabajo de unos, del ahorro de otros y de la colaboración activa de todos– se administra correctamente con solidaridad, sin excesos ni despilfarro”. Por eso, entre otras cosas, no vive en paz la “familia salvadoreña”. Tras la barata privatización de la banca hace unos años y su cara venta reciente a transnacionales financieras sin ningún beneficio para el pueblo, junto al disfrute de otras tantas formas de corrupción y tráfico de influencias lucrativas e impunes en su mayoría, ahora resulta que en la Asamblea Legislativa se aumentaron de forma inmoderada el salario. Mientras más del 42% de la población está desempleada o subempleada y otro tanto ve en la emigración el único camino para asegurar la supervivencia propia y de su familia, los diputados y las diputadas –como sipadecieran de autismo– se recetan sin descaro ese privilegio.
Es un agravio a la sociedad. ¿O no? Haga números. Con el aumento ganan, cada día, entre 196 y 290 dólares estadounidenses; si en realidad trabajaran siquiera las ocho horas, estarían cobrarían entre 24 y 36 cada sesenta minutos. En cambio, aproximada y nominalmente –con la “subida de su salario” decretada el año pasado– el pueblo trabajador percibe en la maquila 162, en la industria 179, y 183 en el comercio y servicios; a diario saca 5.4, 5.9 y 6.1 respectivamente. Con eso, debe sobrevivir con su grupo familiar; pero la canasta básica cuesta, más o menos, 277 dólares. ¿Y a la gente que “hacen milagros” con menos de dos dólares diarios? ¡Ahí están los quince mensuales de la Red Solidaria para ésta!
Entonces, mejor reivindicar la orfandad como una condición de dignidad nacional. Eso es lo único que queda con esos “padres” y “madres” de la Patria que traicionan y ultrajan desoyendo el llamado del jerarca católico, similares a los progenitores irresponsables demandados en la Procuraduría General de la República. Sus decisiones alejan más las posibilidades de desarrollo para los sectores en profunda desventaja económica y social. Por eso hay que exigirles no sólo que reculen, sino que se solidaricen con las mayorías empobrecidas por la difícil situación económica del país que –según el dicho oficial y empresarial–impide un aumento superior al salario mínimo. ¿Cómo? Disminuyendo el monto de lo que ganaban el año pasado. Si se analiza su labor a partir de los resultados de la misma, hasta debería reducirse la cantidad de diputadas y diputados.
Asimismo, se debe demandar a las instituciones y sus representantes, empezando por el presidente Saca, que hagan públicos los montos reales de sus ingresos como señal de transparencia. También le corresponde al Tribunal de Ética Gubernamental evaluar si esta medida parlamentaria no contradice el artículo seis, inciso h, que prohíbe “utilizar en forma indebida los bienes y patrimonio del Estado”. Este despilfarro descarado de la hacienda pública debe hacer reaccionar a la gente para que vaya más allá de la indignación y pase a la acción decidida, organizada y consciente, que frene tanto abuso.
Desde siempre, los más débiles en El Salvador no reciben el “servicio afectuoso” –en palabras del Sumo Pontífice– del Estado. Al revés, mientras más riqueza y poder se tiene, son mayores las posibilidades por parte del gobierno. La solidaridad tampoco ha sido una característica de esta familia. Más allá del proceder parlamentario, hay un pequeño grupo viviendo en la opulencia cuando cerca del 30% de la población sufre por la muerte lenta de la extrema pobreza. Según datos del VII Censo Económico realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía en 1995, el 66% de lo producido quedaba entonces en manos de empresarios y el resto era para los salarios de sus trabajadores; diez años después, ciento trece mil patrones captaron el 75% de las ganancias, mientras que 2,591,000 empleados percibió lo demás sin que el Estado elevara sus salarios de forma sustancial para reducir esa brecha.
Tras un nuevo aniversario del Acuerdo de Chapultepec, está claro que los objetivos planteados dieciocho años atrás en Ginebra siguen sin alcanzarse. No puede haber democratización con una desigualdad tan marcada; ni (re)conciliación cuando no se descubre la verdad, se imparte justicia, se sanciona y se repara a las víctimas. Tampoco se logrará nada si se profundiza la confrontación ideológica y ésta llega a la violencia verbal o física. En ese marco, el año comenzó de forma inquietante con las amenazas al director y los periodistas de la Radio “Mi Gente”. Eso habla de una sociedad en la que no se toleran voces críticas, sobre todo cuando cuestionan al poder político y tienen eco entre la población; entonces se pretende callarlas como antes. Menos habrá respeto irrestricto de los derechos humanos, si persisten tales condiciones. En la “familia salvadoreña” también abunden historias de Caín y Abel; el hermano asesina al hermano. Aunque el enfrentamiento armado cesó, la muerte violenta sigue siendo un drama cotidiano. Sólo para ilustrar: el primer domingo del 2008 hubo veintidós homicidios, en la mayoría con armas de fuego.
Siguiendo el símil utilizado por el Papa, tampoco el hogar de la “familia salvadoreña” está bien. “Esta casa es la tierra (…) Respetar el medio ambiente no quiere decir que la naturaleza material o animal sea más importante que el hombre. Quiere decir más bien que no se la considera de manera egoísta, a plena disposición de los propios intereses, porque las generaciones futuras tienen también el derecho a obtener beneficio de la creación”, dijo. Y eso no está sucediendo. El principal pulmón de la capital ha sido depredado sin misericordia, para construir “moles” que intentan reproducir el primer mundo para quienes usufructúan los beneficios del régimen económico impuesto. Así, mientras ese reducido grupo compra en tiendas exclusivas sin ninguna preocupación ni remordimiento, tierra abajo la población mayoritaria busca cómo proteger sus pocos bienes y su vida cada vez que llueve y los ríos bajan con furia, arrasando cuanto encuentran a su paso; todo porque arriba no existen árboles que disminuyan la escorrentía.
Quienes viven de la pesca artesanal han visto disminuidas sus posibilidades por la construcción de puertos o la práctica de embarcaciones de mayor capacidad. El descuido ambiental también tiene que ver con las sequías e inundaciones que, paradójicamente, todos los años afectan sobre todo a la zona oriental del país. Y qué decir de la contaminación empresarial. Ahí está el caso “Record” o el de los tóxicos abandonados en San Miguel. Así los desmanes de quienes tienen más recursos y depredan más, afectan a los que tienen menos ingresos.
La familia, para ser una comunidad de paz y vivir sana, requiere el concurso de todos sus miembros y buenos padres que la mantengan unida. La negación o restricción de los derechos de sus integrantes “amenaza los fundamentos mismos de la paz”, dice Benedicto XVI. Lo mismo pasa con la sociedad. Se deben fomentar otras formas de relación, pensando en los sectores que menos posibilidades tienen para equiparles sus oportunidades de crecer y desarrollarse. A dieciséis años del fin de la guerra, las autoridades deben retomar el rumbo que marcaron los objetivos pendientes del Acuerdo de Ginebra. De nada sirve hablar de alianzas desde “arriba”, si no se toman las decisiones a partir del diálogo amplio con los sectores de “abajo”; son éstas las que generan sociedades sanas.
Su Santidad también señala que “en la inflación de lenguajes, la sociedad no puede perder la referencia a esa ‘gramática’ que todo niño aprende de los gestos y miradas de mamá y papá, antes incluso que de sus palabras”. No es pues el verbo hueco del presidente Saca y los suyos, lo que cambiará al país o volverá humano a su gobierno. Urgen hechos como revertir la Ley de Amnistía o alterar el rumbo de la economía poniendo al centro a la persona humana. En este 2008, el principal propósito que debe plantearse Saca para encauzar al país de una vez por todas por el camino de la paz es dejar de pensar, sentir y actuar como presidente de su partido y hacerlo como gobernante de una República que va a la deriva camino al despeñadero. Si no, es la sociedad indignada y organizada la que deberá corregirle la plana.
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