La "cuestión Palestina": Una tragedia humana
Tras el fin de la segunda guerra mundial se comenzaron a conocer de forma más detallada sus horrores, entre los cuales destaca la terrible expresión de odio y violencia mediante la cual fueron exterminados seis millones de judíos: el llamado Holocausto. Ese inmenso sacrificio contribuyó a generar conciencia sobre dos cosas esenciales para la humanidad: la necesidad de trabajar por el respeto de los derechos humanos y el compromiso de mantener la paz mundial. Así, el 24 de octubre de 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas (ONU); cincuenta y un países firmaron el acta en la cual se definió su principal objetivo: "Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz".
Dos años después, el 29 de noviembre de 1947, la ONU decidió terminar la administración de Inglaterra sobre el territorio palestino retirando poco a poco el ejército extranjero y definiendo las fronteras con su Estado vecino −el judio− y las de Jerusalén. Pero la violencia no acabó. La diáspora judía, sobreviviente del gran genocidio, emigraba a la tierra prometida y la reclamaba; lo que encontró fue la resistencia y oposición de los pueblos árabes. Y a la ONU le tocó enfrentar en 1948, año en el que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer gran desafío para honrar su razón de ser: resolver este conflicto. Hasta la fecha, no lo ha logrado.
No se trata de desprestigiar a la institución mundial, sino de llamar la atención sobre una situación grave que despierta pasiones e irracionalidades en la zona y el mundo; pero que, sobre todo, origina numerosas e inaceptables víctimas inocentes de la violación de sus derechos humanos en todas sus expresiones.
De 1948 en adelante, numerosos hechos bélicos se han registrado y múltiples han sido las resoluciones de la ONU para mediar entre Israel, algunos Estados árabes -como Egipto y Jordania- y representantes palestinos. Pero el escenario, en lugar de mejorar, ahora está peor. El 27 de diciembre del 2008 -¡vaya homenaje a las seis décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos!- Israel comenzó a bombardear Gaza tras recibir en su territorio sur la agresión de la organización extremista Hamás, que gobierna esa ciudad.
Hace un par de años el IDHUCA citó a Kofi Annan, cuando dijo: "El terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se producen violaciones a derechos humanos y donde los derechos civiles y políticos están limitados". Así, la existencia de Hamás es producto de la ocupación, las precarias condiciones de vida en los refugios, la falta de entendimiento y la nula tolerancia hacia el otro. Este grupo –radical y, sin duda, terrorista– se ha fortalecido gracias a la sistemática violación de los derechos humanos de la población civil palestina; en medio de su desesperanza y los embates del conflicto, Hamás ha logrado apoyo popular. Pero también ha causado la muerte brutal de personas no combatientes en Estados que considera enemigos. Es señalado como una de las mayores amenazas mundiales; su radicalidad ha llegado al punto de reivindicar la idea de que Israel no debe existir.
Visto lo anterior, hay que regresar al escenario actual. A los misiles “caseros” de Hamás, el Estado judío respondió así: el día que inició la violencia, después de una tregua de seis meses, aniquiló a 281 personas. El miércoles 14 de enero pasaron el millar y las lesionadas las 4,600. Un día antes del fatídico fin de la tregua, eran veinte las víctimas mortales israelitas en ocho años. Eso no justifica los actos terroristas de Hamás, porque no se trata de números fríos. Pero el enorme costo humano y material que ha pagado el pueblo palestino con la reacción de Israel, no se apega para nada a los principios de proporcionalidad de la réplica e identificación de objetivos. “Ojo por ojo, diente por diente”, sentenció Hammurabi dieciocho siglos antes de Cristo en el Código que sirvió de base para la fundación del imperio babilónico. Ahora es calificada como una barbaridad, establecer la venganza como un recurso legal. Pero ni eso tiene comparación con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que es más bien toda la cabeza por un ojo y la quijada completa por un diente.
Además, en la Franja de Gaza –360 kilómetros cuadrados de superficie– vive un millón y medio de personas. ¡Más de cuatro mil por kilómetro cuadrado! Le han cerrado el único paso fronterizo para mercancías hacia el territorio, lo que ha provocado escasez de alimentos y otros productos básicos. El pan ha sido racionado. Los hospitales no tienen condiciones para curar a los enfermos y heridos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional demandaron el cese al fuego, dada la crisis humanitaria generada. A esos llamados se han sumado miles y miles de voces, incluyendo la del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el lunes 12 de enero con treinta y tres votos a favor, trece abstenciones y la negativa de Canadá. Como Estados Unidos de América (EUA) no es miembro de ese Consejo, sólo hubo un voto en contra. En el texto se "condena fuertemente las operaciones militares que Israel está llevando a cabo, las que han resultado en masivas violaciones a los derechos humanos de los palestinos y la sistemática destrucción de la infraestructura palestina". También plantea enviar con urgencia una misión internacional para investigar el proceder israelita en la zona y llama a ese Estado a colaborar con el esfuerzo.
La posición oficial judía fue de rechazo inmediato a la resolución, con el argumento que era “unilateral” y propia del "mundo de hadas" en que vive ese Consejo. Antes, la ONU ya había estado en el terreno impulsando tareas humanitarias a través de su agencia de ayuda a los refugiados palestinos. Pero se retiró el jueves 8 de enero, tras la muerte de uno de sus miembros a manos del ejército israelí.
Una gran cantidad de protestas se han registrado en todo el mundo, exigiendo el cese de esta matanza e instando a las partes a negociar otra tregua. El Consejo de Seguridad de la ONU no ha sido capaz de emitir un llamado vehemente en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo integran quince miembros; diez nombrados cada dos años y cinco permanentes: Francia, Inglaterra, China, Rusia y EUA. Cada uno de estos últimos puede vetar cualquier iniciativa; o sea que si uno se opone, no pasa nada aunque los catorce restantes estén de acuerdo.
En este caso, el jueves 8 de enero, emitió una resolución aprobada con catorce votos a favor, ninguno en contra y la abstención de EUA. En la misma manifestó –entre otras cosas– su preocupación por el incremento de la violencia y la elevada cantidad de civiles; condenó por igual la violencia contra la población civil y los actos de terrorismo, señalando que se debe proteger a palestinos y judíos no combatientes. Recalcó la necesidad del alto al fuego “inmediato, duradero y respetado”; también pidió que le permitieran desplegar ayuda humanitaria, paradójicamente el día que militares israelitas asesinaron a uno de sus representantes que realizaba esas tareas.
Cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno de George W. Bush se abstuvo de votar a favor en esta ocasión? Porque sostiene que la agresión brutal de Israel es una acción de “autodefensa”. Entonces, ¿por qué no vetó la resolución para que no se emitiera? Porque el Consejo de Seguridad de la ONU pudo haber hecho más y no lo hizo. Pudo, por ejemplo, exigir el fin de las hostilidades entre los dos bandos y no sólo hablar de la necesidad de hacerlo; eso hubiera frenado ya la tragedia y no lo hizo. Pudo, como el 27 de marzo del 2001, impulsar una resolución para mandar una fuerza de paz destinada a proteger a la población civil en Gaza y Cisjordania; la postura estadounidense, entonces, fue vetar la propuesta porque respondía más al “teatro político que a la realidad política”.
Vale la pena comentar que el papel principal de dicho Consejo es mantener la paz y la seguridad en el mundo; de acuerdo a la Carta de la ONU, los Estados miembros están obligados a cumplir sus decisiones. No se trata de que van a pensar si cumplen; ¡están obligados! Pero en este caso, como la resolución era “benigna” para los intereses israelitas, Bush no necesitó ocupar su poder de veto. Pero cuando ha sido necesario, lo ha hecho en innumerables ocasiones para proteger a su aliado de fuertes sanciones dictadas por el organismo internacional, como ocurrido en el 2001.
Y es que el casi ex presidente estadounidense no se ha caracterizado por ser respetuoso de la ONU, del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de la opinión mundial generalizada. A nueve meses de haber asumido el cargo invadió Afganistán al mejor estilo del ejército judío: atacando con todo sin importar lo que esté enfrente, ya sea personas o patrimonio de la humanidad histórico y cultural. En marzo del 2003 hizo lo mismo en Irak; además, en su “cruzada contra el terrorismo” utilizó la tortura sin ningún reparo. Ahora termina su paso por la Casa Blanca avalando y apoyando la matanza en la Franja de Gaza. Todos esos crímenes contra la humanidad lo hacen digno de ser recordado como el primer genocida del siglo XXI.
El predominio de su visión sobre el bien y el mal –“quien no está conmigo, está contra mí”– no le permitió interpretar el asunto desde su esencia: la paz entre las naciones y el respeto de los derechos humanos. De haberlo hecho se habría dado cuenta que no se puede negarle al pueblo judío su derecho a la libre determinación; esto es vivir bajo sus propias reglas, en su territorio y libre de violencia. Pero tampoco al pueblo palestino. Sin embargo, en gran medida por la política estadounidense, ni para uno ni para el otro ha sido una realidad ese elemental derecho en los últimos sesenta años.
Regresar al menú
Respetar los derechos humanos
Garantizar eso de forma irrestricta era otro de los objetivos del Acuerdo de Ginebra, suscrito por el gobierno y la entonces guerrilla el 4 de abril de 1990. Desde entonces, El Salvador ha firmado y ratificado documentos internacionales que lo obligan a cumplir aquel propósito y someterse a los designios de los comités de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Parece un avance, pero…
Hace un año, David Cabezas –presidente del Consejo Nacional de la Judicatura– afirmó que no se estaba brindando “pronta y cumplida justicia en muchas áreas”. ¡Eureka! Esa “confesión” no reveló nada nuevo. Varias voces desde la sociedad ya lo habían planteado y sólo se escucharon excusas oficiales: falta de presupuesto, sobresaturación del sistema y el “galantismo” de las leyes. Vanos intentos por justificar lo injustificable.
Es común que en El Salvador los criminales sean intocables cuando tienen algún poder. Por eso, la violación y el asesinato de Katya Miranda y el homicidio de Ramón Mauricio García Prieto siguen sin resolverse. El Estado fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el segundo caso y también por el de las hermanas Serrano Cruz. Ante ambos fallos, pidió una interpretación de las sentencias tratando de postergar o evitar obedecer a la Corte; pero las sentencias fueron ratificadas. En ese tribunal, las delegaciones estatales hicieron un obsceno ridículo negando la existencia de las víctimas, desacreditándolas o haciendo “movidas chuecas” queriendo evadir responsabilidades.
La población salvadoreña busca fuera lo que no encuentra acá: oportunidades de desarrollo y, también, ¡JUSTICIA! Ya desde antes de marzo de 1993, cuando se decretó la última amnistía; pero después más, porque así fortalecieron la impunidad. Editorialistas y funcionarios celebran los dos genocidios ocurridos en el país durante el siglo pasado y admiran a sus responsables. Presidentes y candidatos de todos los colores y sabores, se pronuncian por no derogar la amnistía, pese a los señalamientos internacionales y el reclamo de las víctimas. Y hay silencios “extraños” sobre esa coincidencia, impensable hace unos meses pero ahora una realidad.
Las libertades económicas para algunos, tan invocadas en tiempos electorales, descansan sobre el irrespeto de los derechos laborales y ambientales; trabajadores, trabajadoras, sus familias y las comunidades empobrecidas son y siguen siendo víctimas de esa perversidad. Seguro que no era esa la esperanza de la población aquel 16 de enero de 1992, cuando callaron los fusiles. El divorcio entre quienes acordaron eso y la gente que se ilusionó entonces, es un importante indicador de que la fe debe estar puesta en la capacidad de todos y todas para organizarse de forma creativa y pacífica, a fin de reclamar el irrestricto respeto de los derechos humanos.
Regresar al menú
Más que elecciones, democratización
Este 18 de marzo se celebró la sexta elección municipal y legislativa desde el Acuerdo de Chapultepec a la fecha. Aun con la euforia de unas y la depresión de otras, es importante analizar el camino andado desde el 16 de enero de 1992 considerando que antes –el 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza– se plantearon los siguientes retos, además del fin de la guerra: democratización, respeto de los derechos humanos y reunificación de la sociedad. Diecisiete años después, se deben analizar a la luz de la realidad actual. Ahora es oportuno hablar del primero. ¿Elegir gobernantes es prueba de esa deseada democratización? Aunque debe aceptarse como una evidencia, no es suficiente.
Primero, las elecciones deben desarrollarse en un ambiente de tolerancia y apertura; las piedras y los palos no pueden ser parte de este escenario, mucho menos las armas. Se requiere, además, instituciones fuertes y confiables para impartir justicia y solucionar las necesidades de la gente, asegurar su integridad y resolver conflictos. Eso no ocurre. Ninguna institución estatal consigue generarle confianza a más del 20% de la población, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA; tampoco han mostrado solvencia o voluntad para investigar muchos delitos y lograr la condena de sus responsables, controlar eventos electorales, solventar problemas ciudadanos y garantizar la vida de la gente. Peor aún, las autoridades gubernamentales y los partidos políticos –instituciones nada confiables según ese sondeo– han sido incapaces de consensuar una agenda de país y trabajar por el bien común. Sobre los partidos, es indispensable una ley que regule su funcionamiento. No es posible que sigan funcionando así; hay que democratizarlos y hacer que rindan cuentas.
Otro elemento pendiente: descentralizar el poder. Urge acercarlo a la población para que decida según las necesidades de ésta y la gente verifique su ejercicio. Transparencia y control ciudadano también demandan que cualquier persona conozca la información pública y privada de instituciones que administran fondos estatales. Hasta hoy, no existe una normativa que reglamente ese derecho por falta de voluntad política.
Finalmente, es necesario que la población se organice y haga valer sus derechos de forma pacífica pero enérgica. Se ha vendido la idea de que las elecciones son sinónimo de democratización y la única forma de participación ciudadana. No es cierto. No se puede dejar todo en manos de los partidos políticos, ni cifrar las ilusiones en los mismos o en sus líderes. La esperanza debe estar edificada en la capacidad ciudadana para impulsar los cambios. ¡Poder ciudadano! Después del 18 de enero y del 15 de marzo, queda mucho más por hacer para transformar el país y no se vale hacerse a un lado.
Regresar al menú
Bájenle al fuego electoral
Quienes buscan ser funcionarios y funcionarias son, se supone, seres racionales que deciden pensando en el bien común y no en sus intereses particulares; además, deberían ser sensibles a las necesidades y al dolor de sus compatriotas, sean su correligionarios o no.
Sin embargo, pese a que en los medios llaman a construir un “gran pacto de nación”, en la realidad de este El Salvador bipolar se observa que las dirigencias de ambas extremas se acercan mientras sus bases son enviadas a maltratar más al país, pegando afiches “sin ton ni son” y manchando cuanto espacio público o privado pueden. En esa alocado afán se disputan “territorios” con uñas y dientes, incrementando la ya grave situación de violencia que se padece.
Bastan dos dedos de frente para saber que se deben erradicar esas prácticas; más que por estética, por los enfrentamientos que provocan. Pero todo señala a unos jefes de campaña y dirigentes partidistas con mucho descaro y poca creatividad. Porque no se trata únicamente de postes engordados a puros papeles ni paredes con varias manos de pintura, que ya es lamentable; lo peor es el menosprecio a las instituciones.
Por más que no pidan votos, los polos partidistas se burlan de la Constitución y la ley promocionando a sus candidatos mucho antes del plazo normado y –con honrosas excepciones– pintan con sus colores las municipalidades que conquistaron, colocando sus emblemas como si fueran de su propiedad. ¡Cómo olvidar al candidato que anunció su aventura electoral uniformado de oficial policial! El colmo ha sido que el presidente de la República, Elías Antonio Saca, haya viajado al exterior en pos de unas monedas para aparecer hasta en la sopa de la gente o desprestigiar a sus contendientes.
Si esas dirigencias desprecian el incipiente Estado de Derecho, no extraña que sus bases actúen como lo hacen; tampoco que piensen salir impunes, si acá la justicia es de tercera o cuarta. Por eso, que de una vez por todas se sancione a los responsables de las agresiones contra un ciudadano y los periodistas de radio Maya Visión, de las lesiones a los policías en Santo Tomás, del asesinato del joven en San Martín y de los demás atropellos producto de la irracionalidad electoral.
Hay que aclararle al presidente del Tribunal Supremo Electoral que en estos procesos no hay “parámetros normales” de violencia y que a esa institución le toca regular la conducta de los contendientes, poniendo paro a los excesos que se han cometido hasta ahora debido a unas dirigencias partidistas que no actúan dentro de los márgenes de la norma, lo cual debería ser lo normal. Cuidado, pues. No contribuyan a que se incendie otra vez el país.
Regresar al menú
