Anomalías en el Instituto de Medicina Legal (21/Nov/2006)

Cuando las palabras vuelan (10/Oct/2006)

Herederos de la impunidad (24/Ago/2006)

Terror ante la nueva ley (11/May/2006)

Una crisis anunciada (16/Mar/2006)

Tras la guerra, catorce años de violencia e impunidad (16/Ene/2006)

Anomalías en el Instituto de Medicina Legal

A diario, varias personas son acusadas y procesadas en los tribunales salvadoreños. Su futuro depende de la valoración que los jueces realizan al evaluar los argumentos y pruebas que defensores y fiscales les presentan. Por eso, es importante para la sociedad, y para quienes enfrentan a la justicia, que se cuente con mecanismos e instrumentos adecuados para la recolección, procesamiento y almacenamiento de pruebas científicas.

En esa dinámica, la Fiscalía General de la Rapública, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal deben garantizar que se cumplan de forma efectiva todos estos pasos. Sin embargo, eso no siempre sucede por negligencia de los funcionarios encargados de recogerlas y cuidarlas, porque no se cuenta con los instrumentos necesarios o porque no se tiene capacidad para usar y cuidar esos recursos.

Eso sucedió con el aparato para realizar análisis géneticos que está en manos del Instituto de Medicina Legal desde el 2002 y que en abril de este año se arruinó. En una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia se descubrieron anomalías relacionadas con la negligencia en el manejo del equipo, omisión de algunos procesos administrativos y corrupción.

En esta investigación también se descubrió incompatibilidad de cargos, pues la subdirectora del departamento de huella genética, encargada de la máquina arruinada, es la esposa del director de la institución. Además, la pareja de cónyuges es la única que saben manejar dicho instrumento y que firma los resultados de las evidencias procesadas, así se aseguran el monopolio para la realización de las pruebas.

Este hecho se traduce en importantes cuotas de poder para la encargada del laboratorio de ADN, pues haber acaparado junto a su compañero de vida el manejo de esta máquina hace que sea imposibe auditar que los resultados emitidos por la institución sean certeros.

La corrupción, esta vez representada por la colocación de familiares en puestos de peso, así como la negligencia en el manejo del equipo son sólo algunas de las irregularidades que se suscitan al interior del sistema de justicia salvadoreño y por consiguiente, los obstáculos a vencer si se quiere combatir eficazmente el delito.

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Cuando las palabras vuelan

Cualquier ciudadano o ciudadana que visite la Corte Suprema de Justicia encontrará en su entrada una placa que dice: "A las obras de restauración física de este palacio de justicia, que hoy se inauguran corresponde el compromiso de impartir una justicia para todos, independiente, siempre garante, eficaz del Estado de Derecho, orgullo de la nación.Quien necesita justicia y la merezca aquí la encontrará”.

Este supuesto compromiso de los juzgadores debería traducirse en la pronta resolución de los casos que se les presentan; es decir, se debería pasar de las palabras a los hechos. Sin embargo, siete años después de colocada esta placa, algunas personas pueden dar fe de que las y los representantes de este Órgano de Justicia no cumplen con lo señalado, pues en ese edificio no han encontrado lo que buscaban: justicia.

Eso es lo que sucedió con el caso de la jueza de Paz de Jocoaitique, María Cristina Sagastizado, a quien se le acusó de uso y tenencia de documentos falsos. Aunque en febrero de 2004, un Tribunal de Sentencia la declaró inocente, la Corte Suprema de Justicia que la había suspendido sin goce de sueldo por esta acusación, no la quiso restituir ni le pagó los salarios no devengados; peor aún, la “honorable” Corte ordenó a la Sección de Investigación Profesional iniciarle un proceso para inhabilitarla en el ejercicio de su profesión.

Un año después, en septiembre de 2005, el panorama empeoró para la licenciada Sagastizado ya que se encontraba enferma de cáncer y necesitaba urgentemente tratarse la enfermedad en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al cual no tenía acceso por la suspensión ordenada por el Órgano de Justicia, por eso le solicitó a las y los magistrados resolver su situación. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano.El pleno de la Corte, aunque sí conoció el caso, no tomó ninguna decisión a pesar del sufrimiento y la necesidad de la víctima, quien falleció el pasado mes de agosto a consecuencia de su padecimiento.

Este es otro ejemplo, entre tantos, de las injustificadas tardanzas e impunes atropellos que ocurren en la casa de la justicia salvadoreña. En este caso, la familia sufrió graves perjuicios y daños irreparables. Semejante situación preocupa, porque lejos de ser una situación aislada, es un modo de actuqar permanente que contradice el principio constitucional de vigilar que se administra pronta y cumplida justicia.

De nada sirven las placas, aunque estén escritas con letras doradas, si a la hora de actuar se es inoperante, miedoso o insensible. Si no hay justicia para quien la merece, las palabras vuelan, no valen.

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Herederos de la impunidad

El problema de la impunidad ha sido una constante a lo largo de la historia reciente del país. Tanto los hechos ocurridos durante el conflicto armado, como la mayoría de muertes violentas que suceden semana a semana en este tiempo de “postguerra”, se caracterizan por tener un elemento común: la falta de investigación y castigo a los responsables.

Por eso la criminalidad se ha adueñado del país y las demandas por la inseguridad no se han hecho esperar. Diversos sectores empresariales de la zona oriental hicieron llegar al gobierno sus quejas y además una amenaza: si no se les resuleve el problema, dejarán de pagar impuestos. El Ejecutivo, amedrentado, respondió de manera inmediata ofreciendo nuevos planes anti delincuenciales y envió al director de la corporación policial a reunirse con los representantes de los sectores afectados.

Tampoco ha faltado la respuesta ilegal y extrema. Intentando justificar su accionar en la necesidad de enfrentar el fenómeno delincuencial, han reaparecido los llamados “grupos de limpieza social”, esos que durante el conflicto, y al principio de la post guerra, persiguieron y asesinaron a quienes identificaban como enemigos políticos y ya en tiempos más recientes tomaron el apelativo "Sombra negra" para matar delincuentes.

La más reciente aparición de estos grupos ha eligido como nombre de batalla a uno de los peores genocidas en la historia nacional: “Maximiliano Hernández Martínez”. Esta organización ha comenzado a enviar pronunciamientos a diversos medios de comunicación con sede en San Miguel, en los que se advierte a los padres de familia para que no permitan que sus hijos participen en las maras y los amenaza con tomar represalias contra los jóvenes y sus progenitores.

Semejante situación de descontrol social podría haberse erradicado desde hace mucho tiempo, si se hubieran cumplido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, del Grupo Conjunto Para la Investigación de Grupos Armados Irregulares y de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que desde 1993 han denunciado la existencia de grupos armados ilegales con motivación política que se convirtieron en instrumentos del crimen organizado y ahora también de "limpieza social".

Todo este caos, es herencia de la impunidad. Lamentablemente, El Salvador es un país en el que los problemas sociales tales como la inseguridad ciudadana, se combate con la misma violencia que la origina, es un país en el que las mismas fuerzas de seguridad del Estado reconocen que han perdido el control de las organizaciones delictivas. Todo esto, por histórico que sea, hay que cambiarlo.

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Terror ante la nueva ley

A raíz de los disturbios del pasado 5 de julio en los alrededores del Universidad de El Salvador, las y los diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) retomaron sus intentos de aprobar la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Como era de esperarse, en este afán fueron apoyados por el Presidente de la República y el Ministro de Gobernación.

Sin embargo, el anteproyecto de ley, que estuvo engavetado durante meses, no pudo ser aprobado por la Asamblea Legislativa, pues los legisladores de las otras fracciones no lo permitieron; al contrario, con 80 votos se ordenó crear una comisión para que estudiara los desordenes en los que murieron dos policías y analizara el contenido de la normativa en cuestión.

El intento de los parlamentarios areneros mostró su falta de responsabilidad ante los temas de importancia nacional. Sin mayores discusiones, intentaban aprobar una normativa que ha estado guardada durante meses, sin someterla a un estudio previo que determine su conveniencia o no ni adaptarla a las necesidades actuales.

Otro aspecto que llama la atención es la decisión de crear una comisión especial para que analice tal ley, siendo que ya existe la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a quien le corresponde hacer esto ¿acaso tal medida está motivada por fines partidarios y no por la necesidad de buscar el bien del país?, si no es así ¿entonces por que no seguir los canales ya establecidos para estudiarla?

En todo caso, es necesario advertir que el análisis de la legislación propuesta debe hacer a la luz de la Constitución y los derechos humanos y no influidos por los lamentables sucesos del 5 de julio. El buen juicio debe primar sobre la indignación. No debería promulgarse una ley únicamente por lo que el hígado dicta ni utilizar la muerte de los agentes para justificar medidas autoritarias e inconstitucionales.

Respecto a la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo que algunos diputados impulsan, hay que señalar que adolece de varias inconsistencias que pueden dar origen a arbitrariedades, sobre todo de la Fiscalía, pues en ella se establecen atribuciones amplias para esta institución muchas de las cuales son propias de los jueces.

En lo referente a las pruebas aportadas en un juicio de este tipo, se incluye presentar fotocopias de documentos, sin que sea obligatorio presentar el original y corroborar su autenticidad. Esto da un margen de inseguridad para el acusado y afecta su derecho defenderse.

A estas facultades se deben abonar que los “nuevos delitos” contemplan penas excesivamente altas que andan entre los 30 a 50 años de prisión. Tales sanciones están encaminadas a castigar y no a rehabilitar al individuo tal como lo señala la Constitución.

Sería más conveniente que las y los diputados se despojaran de los intereses partidistas y comiencen a trabajar por la armonía de la sociedad salvadoreña. Antes que nada habrá que revisar lo que establece la legislación actual cuando se habla del terrorismo y sobre esa base, más los parámetros constitucionales y de derechos humanos, analizar la propuesta arenera.

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Una crisis anunciada

La noche del miércoles 15 de marzo los salvadoreños y salvadoreñas observaron, de forma directa o a través de los medios de comunicación, a simpatizantes del FMLN y miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC enfrentándose entre nubes de gases lacrimógenos, petardos y piedras. Todo esto ocurría en las cercanías del hotel capitalino donde se realizaba el escrutinio final para decidir al nuevo alcalde o alcaldesa de San Salvador.

La movilización de estos simpatizantes no fue espontánea, sino que respondió a la denuncia delFMLN sobre la posibilidad de fraude. Por eso la militancia del partido la emprendió contra las autoridades electorales y se lanzó a las calles en esta acción, que según ellos, era la mejor forma de defender el voto. Y también por eso, el partido de izquierda abandonó el puesto que le corresponde en el Tribunal Supremo Electoral.

En una entrevista televisiva, el Magistrado que representante al FMLN en el Tribunal, Eugenio Chicas, justificó la manifestación de sus correligionarios y avaló su comportamiento al señalar que se trató de masas pacíficas provocadas por la policía. Esto sucedió en el mismo momento que se realizaba el escrutinio final, es decir que no estaba presente en el conteo de votos vigilando la legalidad de las decisiones.

¡Vaya forma de manifestar su descontento! Si el partido que representa temía un fraude, esta actitud servía la mesa para que los supuestos defraudadores hicieran lo que quisieran con los votos ¿Cómo pedirle a la militancia que defienda la decisión del pueblo en las urnas si su dirigencia no lo hace?

Por otra parte, debe decirse que este hecho pudo evitarse si el Magistrado Presidente de ARENA, Walter Araujo, hubiese sido transparente. Araujo debió publicar los resultados del escrutinio preliminar, para evitar que se hicieran estas acusaciones, especialmente, si la diferencia de votos entre los partidos en disputa era tan poca.

Las posturas aquí descritas son expresión del grado de irresponsabilidad que existe entre la clase política, independientemente del partido al que pertenezcan o a la institución que representen.

Puede criticarse desde la Presidencia de la República hasta la oposición en la Asamblea, porque al parecer lo único que les importa es alcanzar los votos que les permitan tener más poder, seguros de que no serán sometidos a control alguno debido a la pobre institucionalidad imperante en el país.

Los problemas relacionados con estas elecciones eran previsibles y se seguirán presentando siempre que las autoridades electorales dependan y representen a las fuerzas políticas en contienda, y que el Fiscal General de la República sea incapaz de defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña.

En este marco, con las anormalidades y las actitudes irresponsables que se han presentado ¿Será posible que las recientes elecciones nos puedan heredar funcionarios responsables, honrados y comprometidos con el bienestar de la nación? ¿O sería más sensato esperar que los alcaldes y diputados respondan únicamente a los intereses del partido político que los llevó al poder?

Irónicamente, ahora los nuevos diputados y diputadas son los encargados de responder a estas interrogantes, de realizar los cambios que el país necesita en su sistema eleccionario, y de seleccionar a los funcionarios que le faltan a El Salvador, independientes, valientes y capaces. Está es una tarea pendiente para los nuevos legisladores y legisladoras y requiere una alta responsabilidad que y hoy por hoy, parece quedarle grande a la clase política salvadoreña.

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Tras la guerra, catorce años de violencia e impunidad

El 16 de enero de 1992 finalizaron los combates entre las fuerzas armadas del gobierno y las del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A pesar de que los fusiles callaron, El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica y del mundo.

Mientras la sociedad anhela vivir en paz, las instituciones estatales y las fuerzas políticas no trabajan como es debido para darle tranquilidad a la población. Las instituciones han fallado por acción u omisión, por incapacidad e insuficiencia de recursos, por agendas electorales partidarias y falta de voluntad política.

Improductivos debates legislativos, investigaciones policiales y fiscales absurdas y hasta perversas, cambio de planes contra la delincuencia y cambio de funcionarios sin razones claras y fundadas, así como la escasa o nula humildad para reconocer los errores y rectificar forma parte de una lista más larga de irracionalidades del estado.

De continuar así, no habrá propaganda oficial ni discurso partidario que evite el incremento de la violencia. Entonces urge un esfuerzo nacional para derrotar la impunidad. Es necesario que se diseñe una política estatal de combate a la criminalidad y que esta política favorezca a toda la población y no sólo a determinados grupos.

También deben crearse mecanismos de participación ciudadana en el nombramiento de funcionarios claves y en el control de las instituciones que investigan y persiguen a los malhechores. Debe haber, también, un acuerdo legislativo para impulsar una “Agenda para una sociedad sin violencia”, también con participación ciudadana. En esta agenda deben incluirse temas como la capacitación de fiscales y policías, orientar recursos del presupuesto para invertir en la investigación del delito y finalmente, aprobar la Ley de Protección a Víctimas y Testigos”.

Sobre esto cabe decir que la mala dirección de las instituciones y la inadecuada coordinación entre las mismas, junto a la deficiente formación en investigación científica del delito convierte a las víctimas y testigos en la única y fundamental prueba en los procesos judiciales.

Esto coloca en constante y enorme riesgo a estas personas y sus familiares al ser objeto de amenazas, acoso, lesiones y muertes para que desistan de denunciar y colaborar con la justicia. Eso continuara mientras policías y fiscales no sean capaces de aportar otro tipo de pruebas.

Por eso el IDHUCA planteó una propuesta para proteger a las víctimas y testigos y a partir de ella la Mesa Técnica del Ministerio de Gobernación elaboró un anteproyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde junio del año pasado. A la fecha ni siquiera se ha discutido. Con esta actitud despreocupada ante el dolor de las víctimas se le ha fallado a la sociedad salvadoreña.

Señoras diputadas y señores diputados: ¿Cuándo aprobarán la ley de protección a víctimas y testigos? ¿Cuándo elegirán al Fiscal General de la República? ¿Cuántas muertes más habrá que lamentar para que decidan iniciar el camino hacia una sociedad sin impunidad ni violencia?

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