Efectividad es lo que se necesita (18/Oct/2005)

Derrumbe de esperanzas, inundaciones de tristeza e indiferencia gubernamental (22/Sept/2005)

El luto habitual de vacaciones (09/Ago/2005)

Llueve sobre mojado (30/Jun/2005)

Policias y crimen organizado (12/May/2005)

Por Katya, no más impunidad en El Salvador (5/Abr/2005)

Lo verdaderamente importante (4/Ene/2005)

Efectividad es lo que se necesita

Imagínese esta escena: es de noche y mientras se encuentra tranquilo en su casa, junto a su familia y dispuesto a descansar después de un día difícil, escucha gritos afuera, su puerta es golpeada con tanta fuerza que al final cede ante la violencia. Entran sujetos armados y vestidos de negro que con sus pistolas le apuntan a su hijo.

Este escenario es real aunque parezca sacado de una película de Hollywood. Los testimonios fueron publicados por un periódico nacional junto a las fotos de los ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de un allanamiento de la PNC . La institución policial confundió sus hogares con escondite de delincuentes.

Aunque el comisionado Pedro González afirme lo contrario, estas equivocaciones policíales no son excepcionales. Suceden más frecuentemente de lo que parece. Por ejemplo, hace un par de años hubo un caso muy sonado. Según una noticia, el delincuente "más peligroso” de la zona de Panchimalco fue capturado. Junto a la nota periodística se publicó una foto, de tamaño regular que mostraba al supuesto criminal conocido como "el picaflor”. Este sujeto, acusado de homicidio y violación, portaba una cédula de identidad personal que según sus captores era falsa porque uno de los apellidos no correspondía con los datos del delincuente. Pero el error no estaba en el documento del acusado sino en quienes lo capturaron. Su cédula no era falsa, tampoco era un violador ni mucho menos un homicida, simplemente tuvo la "mala suerte" de tener los mismos nombres del citado prófugo de la justicia. No obstante por ese "error", debió pasar varios días detenido hasta que se pudo comprobar su inocencia.

Estas equivocaciones en los operativos policiales muestran un grave problema en la labor de la policía, la falta de investigación. Esto ocasiona que muchos casos queden en la impunidad. Pese a que se alegran porque muchos criminales con capturados, un gran número de ellos quedan en libertad por la falta de investigaciones eficaces. Sin embargo, la responsabilidad no es exclusiva de la PNC, la comparte con la Fiscalía General de la República que constitucionalmente es la encargada de dirigir la investigación del delito.

Por eso es necesario que ambas instituciones encargadas de impartir seguridad en todos los niveles, hagan bien su trabajo. La población no necesita espectáculos policiales, sino operativos efectivos. Tampoco le es útil una Fiscalía que deje en la impunidad casos como el de Katya Miranda, hermanitas Serrano, García Prieto, Jesuitas, entre otros, sino una instancia exitosa, imparcial y profesional. Eficacia y efectividad es lo que se necesita.

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Derrumbe de esperanzas, inundaciones de tristeza e indiferencia gubernamental

El ser humano siempre ha convivido con la naturaleza, aunque, constantemente lo amenace, por eso en el desarrollo de las sociedades se ha visto reflejada la creatividad humana en la búsqueda de alternativas para enfrentar o prevenir sus efectos y mitigar sus daños.

En El Salvador, tal inventiva no ha sido tan manifiesta, pues aunque se cuente con la suficiente claridad para poder advertir ciertos fenómenos recurrentes; como los terremotos y las lluvias; los recursos humanos y materiales del Estado no siempre son conducidos a favor de la labor preventiva. Por ejemplo, la llegada del invierno todos los años provoca derrumbes e inundaciones en las casas y calles cercanas a desagües, ríos y montañas. Por increíble que parezca, las autoridades no se anticipan a estos hechos y no hacen lo necesario para evitar que sucedan y que personas de escasos recursos pierdan sus bienes materiales y, en el peor de los casos, sus vidas.

La gran cantidad de personas que habitan en “viviendas” de adobe, lámina o cartón, y al borde de quebradas o ríos aumenta la vulnerabilidad y la posibilidad de que ocurran tragedias. Basta con una simple tormenta fuerte y un poco prolongada para que se una a la indiferencia estatal y se provoquen muertes y cuantiosas pérdidas materiales. De ahí la necesidad de que el Estado elabore un sistema sólido de prevención y mitigación de riesgos, privilegiando la atención y reubicación justa y preventiva de las comunidades ubicadas en zonas inseguras, tanto en las ciudades como en el campo.

Por eso es que las afirmaciones sobre lo inevitable de los fenómenos naturales para explicar las desgracias que periódicamente ocurren, no tienen suficiente fuerza científica. No se trata únicamente de que la naturaleza es amenazante e implacable; sino que también tiene que ver la condición social y económica altamente precaria de estas familias y la falta de prevención estatal.

Las lluvias que a diario se registran están amenazando con robarle la vida a los habitantes de municipios como Ciudad Delgado, San Martín, Soyapango y San Marcos, entre otros. Ayer una niña murió soterrada cuando se desprendió un paredón de tierra que estaba contiguo a su casa. La pared le cayó encima cuando dormía. ¿Cómo explicar que estos lamentables hechos ocurran?

El Estado ya cuenta con una Ley de Prevención y Mitigación de Desastres con la que se supone que existen las herramientas necesarias para desarrollar un plan más efectivo en la materia. Además está el Comité de Emergencia Nacional que demostró cierta capacidad para movilizar recursos y personas cuando se anunció la llegada del huracán Adrián y que se debe a la labor preventiva en cualquier tipo de situaciones.

En definitiva, se tienen los recursos mínimos para hacer algo. Lo que falta es un compromiso serio de todas las autoridades con la vida de la población vulnerable. Ellos y ellas, los funcionarios y funcionarias que tienen acceso al poder político están para resolver estas situaciones. Para eso han sido elegidos.

En conclusión, la extrema vulnerabilidad de nuestro país no se debe únicamente a la alta posibilidad de enfrentarnos a fenómenos naturales como huracanes, tormentas o depresiones tropicales, erupciones volcánicas y terremotos, sino que también a la ineficacia estatal para prevenir y mitigar sus efectos. Por eso ya no hay excusas para las negligencias e indiferencias.

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El luto habitual de vacaciones

Según el Comité de Emergencia Nacional, COEN, el número de fallecidos durante estas vacaciones agostinas fue de 103 personas. Cifra que es superior en comparación con este mismo período festivo del año pasado.

Las vacaciones, que tienen como finalidad la celebración de fiestas religiosas y que además son una oportunidad para pasar un momento alegre y familiar, se empañan por el luto y el dolor causado en parte por a la imprudencia, pero en mayor medida por el alto grado de violencia que persiste en nuestro país. De hecho, la mayoría de muertes fueron ocasionadas por la violencia: 77 asesinatos fueron registrados por el COEN. Este número también es superior al del 2004.

Hasta cuándo los salvadoreños y salvadoreñas sufrirán los estragos de la violencia social, cuándo el pueblo salvadoreño verá los frutos de tantas iniciativas gubernamentales que supuestamente brindarían más seguridad.

Es irónico leer y escuchar en los medios de comunicación que cada año se incrementa el número de asesinatos, mientras que los representantes gubernamentales anuncian, con bombos y platillos, los "grandes logros" de la policía rural, plan anti homicidios y Súper mano dura.

Frente a las crecientes cifras de la violencia, lo más razonable es concluir que las medidas adoptadas por el gobierno no son efectivas. Para frenar este problema debe ponerse atención a quienes han señalado, con mucha sensatez, que atacar la violencia con más violencia no funciona, simplemente la multiplica. Lastimosamente, este aparente callejón sin salida condena a muchos salvadoreños y salvadoreñas a la posibilidad de sufrir las consecuencias de esa desacertada política de seguridad.

Mientras eso ocurre, las instituciones encargadas de proteger la vida e integridad de las y los ciudadanos terminan por empañar el panorama. Ahora, se cuestiona a la PNC por las recientes muertes de agentes a manos de sus propios compañeros quienes, en estado de ebriedad, los han atacado y asesinado.

Tenemos entonces una política de seguridad, como estrategia, que no garantiza los resultados prometidos y por otro lado, tenemos instituciones débiles e ineficaces. Sin embargo, no todo debe ser desesperanza, es necesario que los ciudadanos tomen un papel activo y conciente de sus derechos y comiencen o sigan exigiendo el cumplimiento de las promesas que les hicieron antes de llegar a las urnas. Además, es necesario que las campañas de prevención que se realizan en las épocas vacacionales sean permanentes, tomando en cuenta los altos números de muertes en el país por conducción temeraria y alcohol; es decir, educar, para no lamentar.

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Llueve sobre mojado

Los nombres cambian pero la historia es la misma. Cada vez que llueve de forma más o menos constante, los deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones se vuelven primeras planas de los periódicos y noticieros salvadoreños. En la mayoría de casos, a los daños materiales, lamentablemente, deben sumárseles pérdidas de vidas humanas. Sólo quien no lo sufre no sabe lo que eso significa.

Este año, el invierno comenzó asustándonos con la entrada de un huracán a nuestras tierras. No pasó del susto y entonces comenzó el desfile de promesas y buenos propósitos, pero a sólo un mes del sobresalto, una situación atemporalada tomó desprevenido al sistema de emergencia nacional. El último fin de semana de junio, las lluvias provocaron 37 muertos en distintas zonas del país y nos demostraron que seguimos sin estar preparados.

Aunque durante la emergencia de Adrián el presidente Saca afirmó que no debía pasar el tiempo sin que se tomaran medidas para prevenir los desastres, ahora varias familias lloran la muerte de un ser querido sin que se haya hecho algo para hacer frente a estos fenómenos climáticos.

A corto plazo, aún no se ha avanzado en la discusión del Fondo para Prevenir y Reaccionar ante Desastres Naturales ni se ha definido cómo se obtendrán los ingresos para él, tampoco se ha despertado siquiera el debate para revisar el proyecto de Ley de Mitigación de Desastres, pese a que éste fue presentado hace más de cuatro años.

A largo plazo, aún no se ve la luz que saque de la miseria a las personas que siempre resultan ser damnificadas por la fuerza de la naturaleza y su vulnerabilidad. Salvo contadas excepciones, las poblaciones que habitan las zonas de alto riesgo, identificadas a raíz de los terremotos del 2001, todavía no han recibido una alternativa para trasladarse. Todas estas familias continúan en la zozobra cada vez que hay temporales u ondas tropicales.

Por otra parte, casos como el del camión que fue arrastrado por el caudal del río Pululuya en Cuisnahuat pudieron ser evitados si la discusión estéril sobre quién debe arreglar los caminos rurales estuviera solucionada. Un buen puente sobre la quebrada donde sucedió la tragedia hubiera salvado la vida de 26 personas.

Apaneca, San Pedro Puxtla, Cuisnahuat y Comasagua son ahora los nombres de la tragedia y se agregan a una larga y desdichada lista de comunidades afectadas por la vulnerabilidad y el desinterés de gobernantes y diputados.

Ahora que ya se anuncia una nuevas depresiones y ondas tropicales, deben tomarse las acciones que sean necesarias a corto plazo, como alerta temprana, el monitoreo constante de los fenómenos y los desalojos donde corresponda.

Pero también urgen las acciones a largo plazo. Reubicar a las comunidades que viven en zonas de alto riesgo, construir o reparar de los caminos rurales, luchar contra la pobreza y aprobar de la Ley de Mitigación de Desastres y el Fondo para Prevenir y Reaccionar ante Desastres Naturales son algunas medidas que evitarían que a estos salvadoreños y salvadoreñas les sigua lloviendo sobre mojado.

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Policías y crimen organizado

En lo que parece ser un fuerte golpe al crimen organizado, las autoridades reportaron en días anteriores la captura de nueve policías que se dedicaban tanto al robo de vehículos como a diferentes hechos delictivos, principalmente en la zona occidental de país.Este es el primer caso en varios años en que se capturan agentes de autoridad por su presunta participación en bandas delincuenciales.

Este nuevo hecho evidencia que son ciertos los temores, que desde diversos sectores sociales se han venido manifestando públicamente en los últimos años: que los tentáculos del crimen organizado han tocado las estructuras policiales y por tanto, debe existir una investigación exhaustiva para erradicar este tipo de problemas.

La situación es grave, pues la Policía Nacional Civil es un organismo esencial para el combate del delito, cuenta con información privilegiada y sus miembros han sido entrenados en áreas de investigación y manejo de armas. De hecho, en el caso que hoy comentamos se tienen informes que los agentes y oficiales involucrados entorpecieron o desviaron algunas investigaciones para no ser descubiertos.

Por ello no cabe duda que, si son ciertos los informes preliminares que han dado las autoridades, estas capturas representan un avance en el combate a la delincuencia. Pero ello nos debe hacer reflexionar un poco más, para que este esfuerzo no se vea opacado.

En primer lugar, la investigación debe profundizarse, pues tal como algunas voces ya comienzan a reclamar, hay que averiguar si existen jefes policiales de altos cargos involucrados en esta agrupación delictiva que se ha descubierto. Pero hay más: existen muchas denuncias ciudadanas en contra de abusos policiales, incluso informes detallados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que señalan graves delitos cometidos por policías, ante los cuales no se nota un interés de las autoridades por esclarecerlos.

Con ello queremos decir que, si bien es un buen logro el haber desarticulado esta peligrosa banda integrada por policías, se necesita un esfuerzo adicional para poder depurar completamente a la corporación policial y así lograr que sus malos elementos sean separados de la institución, pues no podemos darnos el lujo de tener que escondernos de quien supuestamente nos protege.
Sanear la policía es una tarea importante para poder disminuir la criminalidad del país y devolver la confianza a una ciudadanía que padece la delincuencia a diario. Por ello, es obligación de todos y todas colaborar en ello. Debemos denunciar cualquier abuso o arbitrariedad cometida por los agentes policiales y exigir que tanto la Dirección General de la PNC, como la Inspectoría, el Ministerio de Gobernacióny la Fiscalía investiguen sin tregua las denuncias que reciban.

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Por Katya, no más impunidad en El Salvador

Cuando un criminal queda impune, lo que en el fondo sucede es que el Estado, a través de las instituciones que velan por la justicia, no funcionó. Lo anterior empeora cuando no se hizo nada para encontrar y castigar a los responsables o se tomó partido para esconder bajo sus faldas a los culpables para que no sean alcanzados por la justicia.

Cualquiera que sea el caso, es algo grave. Si las instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Órgano Judicial no cumplen con su misión de buscar y sancionar a los malhechores, se comportan como un empleado ineficaz que no realiza su trabajo, entonces lo que debe hacerse es despedirlo. Pero si además de trabajar mal, se protege a los delincuentes, entonces lo que corresponde es enjuiciar a los responsables y hacer que paguen por oponerse a la justicia.

La impunidad es algo que ha sucedido al menos durante veinticinco años en El Salvador. Desde Monseñor Romero hasta Katya Miranda. Durante veinticinco años, y de forma recalcitrante, estas instituciones le han negado justicia a muchos salvadoreños y salvadoreñas.

Durante seis años también le han negado justicia a la madre de Katya Miranda. La muerte de esta niña de nueve años provocó una indignación nacional, tanto como el clamor del país y de su madre para que se encontraran a los culpables y se les sancionara por este bestial crimen.

Eso es lo que se pide a las autoridades. Se les pide que hagan su trabajo. Pero durante seis años, tanto la Policía como la Fiscalía se han amarado las manos y no han hecho nada bien. Quien sabe si por malicia o por ineptitud. Lamentablemente, el caso de Katya no pasó de ser la bandera publicitaria con la cual saludó Belisario Amadeo Artiga al asumir como Fiscal General, prometió que el expediente estaría en su escritorio y que lo resolvería. Pero hasta ahora, nada.

Fiel a esa costumbre de ofrecer trabajo y no hacerlo, hace dos años también prometió reabrir el caso y realizar nuevas investigaciones, pero ahora, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, no existe ningún proceso iniciado contra nadie porque simplemente no se ha hecho nada.

Contrario a lo que sucedería en un país normal, quien teme es la víctima y quienes se pasean con plena libertad por el país son los victimarios. Hilda María Jiménez, la madre de Katya, tuvo que irse asilada a Estados Unidos porque había sido amenazada de muerte, mientras el asesino está libre e impune.

Pero lo que sí ha sucedido durante estos seis años es que la población reconoce a Katya como un símbolo en la lucha por los derechos de la niñez y tiene claro quiénes participaron en su asesinato.

En su honor, el 4 de abril se ha declarado como el “Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual contra la Niñez y la Adolescencia”. En su honor, ocho municipios se han organizado para defender los derechos de la niñez y la adolescencia y en su honor, año con año se conmemora su asesinato promoviendo el respeto y cuido de nuestros niños y niñas. También en su memoria se nombró un centro deportivo, se pintó con su imagen el campanario de una iglesia, se han producido reportajes, escrito artículos y realizado foros y conferencias.

Esto sucede con las víctimas. A pesar del horror de su muerte, son capaces de dar vida, de cambiar formas de ver el mundo, de marcar la historia de los pueblos. Por eso dedicamos este espacio para denunciar a quienes se oponen a la verdad, la justicia y la paz. En honor a Katya y por su memoria exigimos, a seis años de su muerte, el fin de la impunidad.

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Lo verdaderamente importante

A la población salvadoreña poco le importa si su presidente es un ferviente creyente o si asiste a misa los domingos y festividades navideñas, eso no ocupa ni siquiera un segundo plano en sus preocupaciones diarias. Por eso, no tiene sentido que casa presidencial gaste el dinero que recauda con el IVA y los otros impuestos en contarnos las prácticas religiosas del presidente Saca.

Lo que sí tiene sentido es que nos informe, con datos reales, sobre lo que está haciendo para superar la pobreza, para dar empleo a las más de 200 mil personas que no lo tienen, para disminuir la inflación y para facilitar el acceso a la vivienda a todos y todas. Todo esto si ocupa un lugar importante en la mente de la gente.

En la última encuesta del 2004 que realizó el Instituto de Opinión Pública de la UCA, siete de cada 10 salvadoreños resaltaron los problemas económicos como sus principales preocupaciones. El desempleo, la pobreza y la situación económica en general les roban el sueño.

Pero el equipo de trabajo del cuarto gobierno arenero no puso atención a estos datos. Por el contrario, uno de los últimos mensajes de radio lo utilizaron para resaltar la imagen del presidente, a quien vincularon con la iglesia, conscientes que ésta es una de las instituciones más creíbles, según la misma encuesta. Propaganda pura.

Ese mismo estuche propagandístico de maquillaje fue utilizado por el ex presidente Flores para hacerse lucir bien ante la población salvadoreña y ante el mundo. Sin embargo, el maquillaje no hace milagros y con uso desmedido puede producir efectos contrarios a la belleza.

A diferencia de la superficialidad de estos mensajes, las preocupaciones de la gente no son vanas y están sustentadas en hechos reales que en este año nuevo han salido a la luz pública. Los datos de un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ubican a El Salvador como el país que menos ha crecido económicamente en la región.

Mientras el resto de América Latina creció en un promedio del cinco por ciento, nuestro país a penas alcanzó el uno punto ocho por ciento y para agravar la situación, todos los productos y servicios se encarecieron alrededor del tres por ciento.

Es decir que ha aumentado el costo de la vida y que la preocupación de las y los salvadoreños encuestados es más que una simple percepción.

Lo peor es que esto amenaza con agravarse, ya que se prevé que en la industria maquilera, que ha sido la principal apuesta de los gobiernos areneros para dar empleo a la gente, se perderán más de 30 mil empleos.

Otra preocupación que ahora deben encarar las y los salvadoreños es el encarecimiento de la vivienda de interés popular y el endurecimiento de lo requisitos para tener una techo que los proteja. Ahora el Fondo Social para la Vivienda pedirá una prima para financiar las casas y aumentará la tasa de interés. Resultado: viviendas más caras y difíciles de comprar para las personas más pobres.

Tener un trabajo digno, comida, una casa, salud y educación son ideales legítimos de todo ser humano. Ideales por los cuales se ha derramado mucha sangre en el mundo. Eso mismo es lo que preocupa a la población salvadoreña y para eso escoge a los gobernantes.

Un gobierno que se precie de tener sentido humano no debería gastar el dinero de su gente en propaganda sin sentido, sino que invertirlo en generar riqueza para favorecer a los más pobres y para garantizar salud, trabajo, vivienda y educación, por lo menos.

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A quince años de la masacre en la UCA

Quince años después de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras la impunidad de sus muertes sigue siendo uno de los principales reclamos por parte de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, cada día que pasa es una prueba más de la fuerza que contiene el mensaje que con su martirio nos legaron.

El lema escogido para la celebración de este nuevo aniversario es una frase de Ignacio Ellacuría en la que señalaba la necesidad de “revertir la historia desde las víctimas”. Concretamente, esta frase del rector mártir se encuentra en uno de sus últimos escritos, en el que buscaba dar forma a su propuesta filosófica de la necesidad de una nueva civilización: la que nace desde la pobreza.

Así, Ellacu dejó escrito que “hay que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”, es decir, que hay que darle vuelta al actual curso de la historia, porque la dirección que tiene no es la correcta. Por tanto, es necesario regresar lo mal andado. Tanto el capitalismo como el socialismo han fracasado, son dos modelos del mismo sistema: la civilización de la riqueza. Por eso es que Ellacuría dejó planteado que hay que darle vuelta la historia, hay que cambiar de civilización, cambiar las estructuras para que surjan otras nuevas que procuren la felicidad del ser humano.

Entre otras razones, este cambio se necesita porque no se puede cerrar los ojos a la realidad. Es una obligación moral denunciar que la maldad es producto de la opresión, una opresión que se hace presente a través de la muerte violenta, pero también con la muerte lenta. La que tiene que ver con la supervivencia de los seres humanos, que son los más amenazados. Una agonía que impide en nuestro país las mínimas condiciones para la vida, la salud, la educación, el vestido, la vivienda y el trabajo.

Por muchas “grandes vías” que se quieran ofrecer como alternativas al desarrollo, los modelos del norte no se pueden imponer acá en el sur, porque no hay recursos. Poca gente es quien los acapara, manteniendo a través de la opresión y la violencia, en condiciones de vida infrahumana, a la mayoría de la gente. Más aún, estamos ante modelos deshumanizantes y que generan deshumanización, siendo las drogas y las maras los ejemplos que mejor ilustran los resultados alcanzados.

De ahí que sea necesaria una nueva civilización del trabajo y de la pobreza. Más afín con la humanidad, respetuosa con los recursos naturales y que garantice una mejor distribución de la riqueza, no de la pobreza. Es necesario un nuevo dinamismo superador, apoyado en un modelo económico dirigido a las mayorías, a través de una reforma fiscal seria y sólida. Además, otra de las premisas básicas pasa por la dignificación del trabajo. Pero no produciendo capital, sino perfeccionando a las personas que trabajan.

A fin de cuentas, se necesita que el marginado, el oprimido, el pobre y la víctima sean los protagonistas de la nueva historia, ya no en el lado del ofendido, sino en el lugar del reivindicado, del re-dignificado y de un ser humano feliz.

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Pacto por la paz

El combate frontal a la violencia social y el elevado número de víctimas que genera continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. Y desde este espacio no dejaremos de advertir la relación directa que tienen las armas de fuego con esta problemática.

Los estudios especializados en esta temática así lo reflejan reiteradamente: Aquellos que tienen armas de fuego son más susceptibles de convertirse en víctimas de un delito. Las cifras demuestran que estamos ante un problema social de dimensiones estructurales, ya que de cada diez fallecidos nueve son hombres y cuatro de ellos tienen edades comprendidas entre los veinte y los veinticuatro años.

De ahí que la realidad se encargue de desmontar diariamente los argumentos de aquellos que defienden las presuntas virtudes de las armas de fuego: Únicamente sirven para matar y su letalidad está más que demostrada. Tan sólo tres personas de cada diez que resultan lesionadas por impactos de bala sobreviven. Eso sin contabilizar a los menores inocentes que resultan alcanzados fruto de una balacera callejera.

Sin embargo, pese a la cantidad de muertes de este tipo, sus verdaderas causas siguen siendo misteriosas. En todo caso, las autoridades públicas responsables de nuestra seguridad tienen por costumbre clasificar sin investigar a cabalidad este tipo de hechos. Así, justifican que su origen se debe a las pandillas, delitos comunes, peleas o a la violencia doméstica.

La experiencia ha demostrado que, hasta la fecha, la responsabilidad de combatir la epidemia de las armas se ha dejado en manos de la sociedad civil, que siempre ha contado con numerosos obstáculos, especialmente en la Asamblea Legislativa. No obstante existen en otros países iniciativas gubernamentales creativas y comprometidas para tomar ejemplo, como es el caso de Brasil.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado recientemente un programa nacional de desarme. Entre sus primeras iniciativas se incluye una campaña de entrega voluntaria de armas de fuego de distinto calibre para su destrucción, que desde el pasado 15 de julio entró en vigencia. Para impulsar esta iniciativa el gobierno de este país sudamericano prometió pagar entre 30 y 100 dólares por cada arma entregada hasta el próximo 23 de diciembre.

Junto a este tipo de medidas se acompañan otras de mayor contundencia. Destacan la prohibición de portación de armas en público por civiles, a los cuales ya se les exige mayores capacidades técnicas y aptitudes psicológicas para poder accesar a su legal uso. Además, cada tres años tendrán que superar una prueba de idoneidad para poder continuar con su licencia en vigencia.

Pero el gobierno carioca reserva para el año próximo su medida de mayor impacto: La prohibición —ratificada en referéndum— del comercio de armas de fuego y munición por parte de civiles. Sin lugar a dudas iniciativas de este tipo van a encontrar serios obstáculos hasta que se hagan realidad, pero este esfuerzo gubernamental merece todo nuestro reconocimiento por ser inédito en el continente.

Para el caso salvadoreño el reto es aún mayor ya que la firma de la paz no ha supuesto el fin de la violencia. Tanto las zonas urbanas como las comunidades rurales se ven afectadas diariamente por esta lacra. A esto se suma el escaso registro de armas legales que existe, de ahí que la falta de control demuestre que estas pueden ser utilizadas con fines ilícitos. De hecho, los departamentos más violentos del país son los que cuentan con menores registros legales de armas de fuego.

Por si no bastara con esto, las compañías de seguridad privada se han expandido hasta formar toda una industria. Esto que, en un principio, puede ser un indicador de cómo se está tratando de enfrentar la problemática, en realidad es también un contribuyente potencial del ambiente violento que padecemos.

Si bien es cierto que planes nacionales de desarme como el brasileño no se pueden implementar directamente en nuestro país, eso no impide que sí haya espacio para iniciativas presidencialistas de este tipo. ¿No es acaso este un gobierno con sentido humano?, qué mejor que impulsar un pacto por la paz, que tuviera en el control de las armas de fuego una de sus prioridades fundamentales.

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Se acabó la fiesta y comienza la función

Cada vez que se lanza un plan anti pandillas, las dudas entre lo que plantea el discurso del Presidente y lo que demuestran sus acciones se multiplican.

Recientemente, Elías Antonio Saca inauguró su plan “Super mano dura”, con el que anunció a los pandilleros que “se les acabó la fiesta”. Asimismo, anunció a la ciudadanía que con este plan se protegerán sus derechos fundamentales especialmente la vida, la integridad física y la libertad.

Según Saca, este plan contempla estrategias que van, desde la prevención del delito y la persecución, hasta la reinserción de los delincuentes a la sociedad. Pero además, el mandatario destacó que la instituciones encargadas de perseguir y sancionar el delito cuentan con herramientas legales para proceder, y que tiene a disposición unos once mil policías, cuatro mil soldados y las dependencias del Ministerio de Gobernación para actuar.

Una primera apreciación sugeriría que se trata de una buena medida para combatir la delincuencia en el país, pero como no todo lo que brilla es oro, y la experiencia nos ha enseñado a desconfiar de los anuncios gubernamentales tan pomposos, nos surge la pregunta ¿qué le falta al plan?.

No cabe duda que el discurso de Saca estuvo cargado de objetivos y anhelos, pero a la vez de pocas evidencias de que va a poder alcanzar esos fines. Ejemplos tenemos:

La nueva división de la policía rural —parte de esta Súper estrategia— fue lanzada hace varias semanas en el departamento de Sonsonate, por ser este lugar un foco de homicidios; sin embargo, el resultado ha evidenciado lo ineficaz de esta medida: la presencia de estos efectivos no ha disminuido el crimen, por el contrario la cifra de homicidios sigue en ascenso en el occidental departamento.

De lo anunciado contra las “maras” no podemos —por ahora— realizar conclusiones apresuradas, pero sí podemos hacer algunas consideraciones, especialmente en materia de participación y seguridad ciudadana, sobre la cual el presidente descarga parte de la eficacia de este plan.

Debemos partir que con la reforma legal, los jefes de pandillas tendrán una pena hasta de nueve años y para conseguir este objetivo el “super plan” plantea llevarlo a cabo con “inteligencia” policial, esto es, movilizando agentes entre las pandillas y motivando a los miembros de las comunidades a denunciar.

Constantemente se ha solicitado la creación de un verdadero programa de protección a testigos y víctimas y la respuesta de las autoridades ha sido la misma: no cuentan con los recursos necesarios.

Ahora Saca está ofreciendo de manera imprecisa un “programa especial de testigos del delito”, que ahora nos permite plantear dudas porque esto implica que debe hacer cambios en el marco legal de protección, y aumentar ampliamente el presupuesto, para brindar verdaderas garantías en la protección de las personas que atestiguan en juicios.

Justamente, muchos testigos y víctimas han sido asesinados por señalar y denunciar a miembros y cabecillas de pandillas juveniles, por la falta de una verdadera protección a su vida e integridad.

Pues bien, este es uno de los retos que separa lo que se dice en un discurso y lo que falta por hacer, es decir, lo que separa la simple “función publicitaria” y la necesidad de cambiar la difícil realidad de la mayoría de salvadoreños que viven en medio de la pobreza y la violencia en este país.

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El IDHUCA ante las muertes en el centro penal "La Esperanza"

El Centro Penal “La Esperanza” fue el escenario de una de las peores masacres carcelarias en los últimos años. Este hecho dejó el triste saldo de treinta y dos reos muertos y más de una veintena de heridos.

Sobre el inicio de los disturbios sólo hay relatos confusos. Unos dicen que la revuelta comenzó cuando miembros de la “mara” dieciocho lanzaron una granada de fabricación artesanal, con la que resultaron heridos varios reos, de los llamados “comunes,” por no pertenecer a una pandilla. Otros dicen que todo empezó cuando un miembro de la misma mara intentó abusar de una mujer que visitaba a otro interno.

Lo cierto es que la tragedia tomó forma a eso de las nueve de la mañana y la única intervención de los custodios del penal fue realizar disparos al aire para tratar de calmar a los reclusos, intervención tímida si se quiere, pero prudente, tomando en cuenta la obvia incapacidad de esto agentes frente a las dimensiones de estos problemas.

Fue hasta seis horas después de iniciadas las riñas que la “negociación e intervención” de otras autoridades convenció a los reos de la mara dieciocho de ingresar a sus recintos para poderse iniciar la labor de atención a los heridos y reconocimiento de los muertos.

En la trifulca se conoció que los internos estaban armados y que tanto los lesionados, como los fallecidos presentaban heridas de armas blancas y golpes con objetos contundentes.

Con esta desgracia explotó la olla de presión de un problema que va más allá de los pleitos entre reos, aunque las autoridades se limiten a buscar en los muertos y en las maras la única explicación del fenómeno.

En primer lugar, es necesario remarcar que este Penal “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, fue construido hace treinta y cinco años, con una capacidad para albergar ochocientos reos. Probablemente, respondía a las exigencias de la época en la que fue construido. Actualmente este penal alberga a más de tres mil reos, casi cuatro veces su capacidad real. Esto sugiere realizar las siguientes apreciaciones:

Lo sucedido este 18 de agosto en el penal, puede atribuirse a diversas causas, que a su vez distribuye —equitativamente— las responsabilidades a varias instituciones gubernamentales. Puede señalarse que ha existido en los últimos quince años de administración penitenciaria de los gobiernos de ARENA, verdadera indiferencia ante la situación de hacinamiento que viven las personas privadas de libertad.

Esta situación se ha visto agravada con la desatinada implementación del “Plan Mano dura” que tuvo como resultado el encarcelamiento, a toda costa, de todos los pandilleros así como por la adopción abusiva, por parte de los jueces, de la prisión como regla general en la tramitación de los procesos criminales.

A pesar que el mismo Vice ministro de Gobernación, Rodrigo Avila se empeñe en señalar que “estas muertes son producto de venganzas entre los mismos reos comunes y esto sólo demuestra que son personas violentas”, el funcionario olvida que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones mínimas para funcionar y que su estado actual solo genera condiciones para engendrar personas violentas.

Conviene preguntar ¿qué hace el sistema para minimizar los actos de violencia en las cárceles?. Las condiciones en que estos recintos se mantienen son incluso, violatorias a los derechos humanos, porque las personas internas son tratadas como si fuesen seres humanos de segunda categoría. La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado estas situaciones por lo que ahora la Procuradora señala que este hecho se trata de “una muerte anunciada”.

Puede agregarse como otros factores influyentes en la tragedia: la ineficacia de los registros de visitas, falta de presupuesto para ampliar la planta carcelaria, incapacidad del personal y custodios para laborar en dicho lugar y carencia de clasificación de reos, sumado esto a la ausencia de programas de inclusión y rehabilitación de estas personas.

Es por ello que aunque el mismo Director de Centro Penales, Rodolfo Garay Pineda, afirme que él “no es responsable”, sí acepta que hay crisis, pero olvida que tiene varios años de estar en el cargo y que no se ha demostrado que haya hecho algo para evitar que estos hechos se repitan, es por ello que resulta poco ético que el funcionario intente desligarse de su responsabilidad.

Esperemos que esta situación exija a las instituciones involucradas salvar “La Esperanza”, cumpliendo el rol que cada una tiene para evitar estas tragedias.

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El Hambre y las ganas de comer

Los problemas de la Policía Nacional Civil que recientemente se están ventilando a la luz pública no son más que un síntoma de cuál es el estado de la misma. Hoy por hoy, esta institución nacida con la firma de los acuerdos de paz, se encuentra en un cruce de caminos del que todavía no sale ni elige qué vía escoger para seguir su trayecto.

Los informes especiales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el estado de la PNC así lo han demostrado. La lista de abusos y arbitrariedades cometidas por funcionarios públicos registrados constatan que se encuentra en grave involución, con respecto al espíritu planteado en Chapultepec cuando se definió su creación.

A esto se suman los sucesivos planes de combate a la delincuencia juvenil organizada, que han provocado que la mayor parte de los recursos técnicos, económicos y humanos se centraran en este objetivo. Los resultados ya se han comentado en anteriores ocasiones en espacios como este.

Los graves errores contenidos en las leyes especiales creadas han generado el aumento de la discrecionalidad en el accionar de los agentes del orden público. Hasta tal punto que se han alcanzado cifras históricas en el campo de las detenciones, pero sin que eso suponga un cambio serio tanto en el combate a la delincuencia organizada como en el de la reducción de los altos índices de violencia social.

Se ha querido golpear con la mano y con el puño, pero los problemas siguen siendo los mismos. Más aún, el número de muertes violentas se ha disparado, especialmente en determinados núcleos poblacionales, como en Sonsonate.

Este caso nos sirve como ejemplo para evaluar el actuar de la institución. Pese a los esfuerzos realizados, la criminalidad no sólo se ha mantenido, sino que ha convertido a esta ciudad en uno de los focos más violentos del país. Frente a este problema el director de la PNC, Ricardo Meneses, y sus subcomisionados han decido entrarle de forma directa. La intención es clara: enfrentarlo pública y ejemplarmente para transmitir una presunta imagen de control de la institución.

Para ello la medida adoptada ha sido la de remover a algunos de estos funcionarios, debido a su ineficiencia. La cantidad de removidos sorprende porque supera los ciento setenta y cinco agentes. No se trata de un problema aislado, sino de una grave deficiencia estructural de la que adolece la institución. Sin embargo, no se ha optado por la depuración de algunos de estos agentes, cuando dada la gravedad de los hechos se han tomado medidas tan drásticas como estas.

Sorprende, además, que desde la Inspectoría General de la PNC no se hayan tomado las medidas respectivas en el momento oportuno, cuando precisamente ésa es uno de sus principales cometidos.

Con esto se evidencia el estado crítico en el que se encuentra la institución responsable de garantizarnos la tranquilidad, la seguridad y la paz pública. No sólo existen deficiencias externas a nivel investigativo, sino que también han surgido a la luz pública viejos problemas internos que hasta la fecha habían quedado solapados por las coyunturas que la realidad nacional ofrece día a día.

A la actual Policía Nacional Civil se la ha juntado el hambre con las ganas de comer, sin contar con los medios necesarios para apagar todos los fuegos que se le están presentando. Además, surgen nuevos escándalos como los de corrupción por los altos costos de mantenimiento o suministro de partes de aeronaves, que nos recuerdan que tampoco este es un problema aislado. Basta recordar los escándalos por antiguas licitaciones irregulares en el suministro de uniformes.

Es urgente la toma de medidas serias y profundas, no sólo para el combate a la criminalidad, sino para hacer de esta institución encargada de velar por la seguridad pública un organismo eficiente, que cumpla cabalmente con su cometido. Mientras los órganos de control al interior de la institución no funcionen correctamente y las respuestas que se den para enfrentar estos problemas sean circunstanciales o temporales la PNC seguirá caminando sin rumbo fijo, alejándose cada vez más del origen del cual surgió.

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Tropezar de nuevo con la misma piedra

Ni modo. Ni el Plan Mano Dura, ni la ley temporal antimaras y su prórroga, ni el posterior operativo Puño de Hierro, ni la dotación extra de presupuesto a la Policía Nacional Civil, ni la intensificación de los patrullajes de los Grupos de Tarea Conjunta que sacaron a la Fuerza Armada de los cuarteles para labores de seguridad pública, nada. Nada ha dado resultados efectivos para combatir la oleada de crímenes que nos sigue castigando. Peor aún, el número de homicidios ha aumentado en lo que va de año, comparándolo con lo acontecido en el 2003.

Por si fuera poco, todavía hay quienes hacen ironía de la muerte, asegurando que la cantidad de personas fallecidas por hechos de violencia social se ha "disparado". No cabe duda de ello, hasta la fecha en el 2004 la PNC lleva contabilizadas más de mil cuarenta muertes violentas, de las cuales más del setenta por ciento han sido cometidas con armas de fuego. Las cifras son escalofriantes, ya que continúan manteniendo a nuestro país como uno de los más violentos de Latinoamérica, dejando a San Salvador y sus alrededores como una de las áreas de mayor criminalidad en el hemisferio.

Se han gastado ríos de tinta en definir cuáles podrían ser las medidas a adoptar para frenar esta oleada criminal. Sin embargo, las opciones siguen encaminadas hacia un combate represivo de la violencia que, hasta la fecha sigue siendo claramente ineficaz. Es decir, por el momento, el pasado gobierno de Flores y el nuevo de Saca siguen optando por la fuerza como la única vía para combatir los hechos de violencia.

Si bien en un primer momento pueden resultar útiles este tipo de medidas, como es el caso de los operativos especiales, la eficacia de estos a lo largo del tiempo se pierde -como ha quedado demostrado reiteradamente- si no se acompañan de medidas de prevención de la violencia y de reinserción y reeducación de los violentos.

Pese a que el conteo incesante de muertes continúa, tanto desde la PNC, como por parte del ejecutivo se sigue insistiendo en poner el dedo a las "maras" como únicas responsables de los más graves actos de violencia cometidos en el país. El cómo se llega a esta conclusión tan absoluta sigue siendo todo un misterio.

Entre otras razones porque una de las fallas sobresalientes de la PNC sigue siendo el deficiente nivel investigativo. Si no son capaces de determinar la autoría de numerosos hechos delictivos, resulta fuera de toda lógica que puedan llegar a semejante deducción. Basta ver para comprobar: cuando los efectivos policiales no han realizado a cabalidad su labor se justifican asegurando que la causa de la muerte o fue debida a un crimen pasional, a la delincuencia común o a las maras.

Por desgracia en El Salvador somos muy dados a pensar que para cada problema hay que crear una ley. Lo malo viene después, porque cuando esta se crea definitivamente se dirige para enfrentar las consecuencias y no las causas de los problemas. Así, la ley temporal antimaras únicamente ataca a quienes por decisión presidencial son los responsables de la criminalidad salvadoreña.

Sin embargo, pese a que las estadísticas señalan que siete de cada diez homicidios han sido cometidos con armas de fuego, se sigue sin querer enfrentar el tema de su comercialización y tráfico clandestino como un tema prioritario y urgentísimo. No ya para reducir el número de muertes, sino para salvar vidas. Porque si algo hay que dejar claro es que las armas sólo sirven para matar. Junto a esto se sigue sin querer enfrentar otro dato también destacado: el de la participación de los hombres en los hechos de violencia, tanto como victimarios como víctimas de estos.

Mientras estos dos datos fundamentales continúen sin ser tomados en cuenta a la hora de combatir la criminalidad en nuestro país sobrarán las mesas de discusión que sobre la ley antimaras se puedan organizar. Será tropezar de nuevo con la misma piedra.

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De la mano dura a las manos limpias

Desde que Antonio Elías Saca presentó oficialmente su candidatura a la presidencia del gobierno y tras el gane electoral el pasado 21 de marzo sus mensajes lanzados respecto a cuál va a ser su plan de gobierno a partir del 1 de junio no cesan de transmitirse en los principales medios de difusión del país. Así, para los "mareros" va existir una súper mano dura y en el combate a la corrupción su política -asegura el presidente electo- será de cero tolerancia para los ladrones de "cuello blanco" y de transparencia en la gestión del dinero público.

Para el caso de la delincuencia juvenil organizada sus proyectos ya han comenzado a implementarse a través del Plan "Puño de Hierro", dirigido por el actual Ministro de Gobernación, René Figueroa. Junto a medidas de este calibre se acompañan otras a nivel legislativo como la prórroga a la polémica Ley Antimaras, entre otras.

Del otro lado, en el apartado de la corrupción gubernamental, la estrategia comienza a definirse de cara al gran público. Como si hubiese sido fruto de la divina providencia en dos semanas la investigación por el caso ANDA avanzó más que en los dos años que lleva abierta. Sin saber cómo ni porqué, la semana anterior se entregaron tranquilamente varios de los implicados en el fraude millonario, incluido el cerebro de las operaciones, Mario Orellana.

Esta semana el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, con sus presentaciones públicas por este caso, ha puesto al descubierto la campaña definitivamente. De ahí que sea necesario explicar, además, que no fue fruto de la transparente, oportuna y diligente labor de Artiga el que acudiera a ser entrevistado en un canal de televisión el lunes pasado ni que ofreciera una multitudinaria rueda de prensa, posteriormente.

El objetivo era lanzar el mensaje que con el nuevo presidente sí existirá mano dura para los "mareros" y para los corruptos el gobierno está preparado el operativo "manos limpias".

Sin embargo, a estas alturas no debemos dejarnos engañar por estas y otras ofertas de probidad y transparencia, precisamente cuando el que habla es el funcionario más oscuro y que más ha fomentado la impunidad desde su cargo público. Entre otras razones porque las distintas presentaciones que ha estado realizando el Fiscal General han sido todo menos limpias.

Así, pretende hacernos creer que basta con la designación de un abogado que se ocupe únicamente de dirigir las investigaciones relacionadas con el caso ANDA, para que el grave problema de la corrupción gubernamental en nuestro país tenga vías de solución. Por el contrario, con decisiones de este tipo ni se acaba la corrupción, ni la Fiscalía se vuelve eficiente.

Por si no bastara con semejantes ofertas, el Fiscal pretende apropiarse del éxito de esta lucha, cuando ni siquiera ha obtenido un resultado serio. Más aún, por un caso que decide investigar quiere que toda su gestión sea reconocida por su combate a estos ladrones de saco y chequera en mano.

Como en otras ocasiones ya le hemos recordado a este funcionario hace falta algo más que buenas intenciones para ocupar un puesto como el suyo, o para continuar en él. Los anuncios "a bombo y platillo" del inicio de sus investigaciones son por desgracia famosos. Basta recordar que con el mismo ruido quiso estrenar su mandato asegurando que daría con los responsables de la violación y asesinato de la pequeña Katya Miranda Jiménez. Pasados cinco años sigue sin ofrecer avance alguno en las investigaciones.

Por todo ello, es necesario recordar que para que exista un eficiente combate a la corrupción en nuestro país, no son necesarias medidas especiales o actos extraordinarios. Simplemente bastaría con que la Fiscalía y la Corte de Cuentas actuaran a cabalidad, y no fueran otra pieza más del engranaje partidista, y con que ambas instituciones obedecieran lo que la Constitución y las leyes les ordenan. Y que eso se cumpla es responsabilidad de las personas que están al frente de estas instituciones.

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