Segundo Montes, vigente

Hace dieciocho años, la UCA fue sacudida hasta su médula. En la residencia de los jesuitas fueron masacrados, junto a Elba y Celina Ramos, seis sacerdotes; mientras, afuera, otro tanto de salvadoreños y salvadoreñas –a quienes los curas ejecutados entregaron su vida– también eran víctimas de los combates entre los ejércitos gubernamental y guerrillero. Entre las y los mártires en la Universidad Centroamericana estaba Segundo Montes, un sociólogo brillante que fundó en 1975 el primer organismo de derechos humanos en Latinoamérica: el Socorro Jurídico Cristiano. Segundo nació en Valladolid, España; fue, entre sus compañeros, uno de los primeros que se nacionalizó salvadoreño. A sus cincuenta y seis años había acumulado amistades, conocimientos y publicaciones. Además, fue una voz importante y seria en el análisis de la situación de la población desplazada, refugiada y emigrante; también fue pionero en el estudio del impacto que las remesas tenían en la economía salvadoreña.

En 1988, sus investigaciones revelaban que en Estados Unidos de América había un millón de salvadoreños y salvadoreñas; asimismo, daban cuenta de que la cantidad de dólares que enviaban a sus familias posibilitaba no sólo la supervivencia de éstas sino la de todo el país. Eso, que ahora suena trillado, fue entonces una novedad y hoy, lamentablemente, aún es una realidad. El monto de las remesas que ascendía entonces a mil trescientos millones de dólares, era el equivalente a la “ayuda” que cada año enviaba EUA y el valor de todas las exportaciones nacionales; correspondía a casi dos veces el presupuesto nacional.

Para Montes, la salida de la gente hacia otras tierras y sus consecuencias eran otra prueba más de un profundo conflicto social que tenía como base la injusticia. “Si esta problemática no se aborda debidamente, quizás se finalice la guerra, pero las condiciones que la originaron perdurarán y volverán a hacer crisis o a estallar en cualquier momento”. Hoy, veinte años después del señalamiento, el desequilibrio social y económico persiste junto a una insoportable violencia y un ambiente de inseguridad casi pleno. Por ahora y ojalá para siempre, no se están padeciendo prácticas estatales de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales por razones políticas, como sucedía en aquellos años; pero sí se mantiene la exclusión de grandes sectores de la población que han comenzado a protestar por su precaria condición. A éstos les responden lanzándoles en su contra unidades antimotines, aprobando leyes para contener su movilización y crean tribunales especiales para encarcelarlos. La crisis se cuece a fuego lento, en una olla de presión que estallará de obstruirse su válvula fundida –como antes de 1970– entre la emigración y el mercado.

Y es que, como el mismo Montes afirmó en la revista ECA de junio de 1988, el fondo estructural del atropello de los derechos civiles y políticos es la negación sistemática de los económicos, sociales y culturales. “La urgencia por salvar vidas humanas, por detener la violación a estos derechos más perceptibles y coyunturales, puede hacer olvidar o perder el horizonte estructural que subyace a tales violaciones, y que ha sido y continúa siendo la causa de la presión social para hacer cambios. Esa presión es inhibida o reprimida violentamente (…) el fondo estructural de violación sistemática a los derechos humanos, es el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, que imposibilita la reproducción humana material, social y espiritual para una inmensa mayoría de los salvadoreños”.

La validez de este planteamiento se puede constatar con datos, como lo hizo en su momento Segundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que –de superar asuntos “metodológicos” en la medición oficial– el 58.4% de la población salvadoreña aparecería instalada en la pobreza relativa y el 27.7% en la extrema. “El estado o situación de pobreza –dijo en su momento el sacerdote mártir– es una secuencia de las condiciones estructurales de la sociedad, y a su vez se convierte en causa o limitante para salir de tal estado o situación, frente a la imposibilidad de movilidad social ascendente a través de la educación, trabajo, o salud”.

Otros datos. Según la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en la tasa de desempleo en el 2004 fue del 6.8%; la de subempleo del 35.4%. Significa eso que el 42.2% de la población no tuvo un ingreso fijo y estable ni servicios médicos y seguros de enfermedad, vejez, discapacidad o muerte. Además, FUNDE sostiene que en ese mismo año el 49.8% de los empleos se ubicaban en el sector informal y el 56% de las personas asalariadas en lo urbano no estaba cubierto por la seguridad social. Lo anterior profundiza la vulnerabilidad de un amplio sector, especialmente entre la juventud y quienes habitan en zonas rurales; además, impide que niñas, niños y adolescentes reciban la educación necesaria para romper tan perverso círculo.

También en este tema hay coincidencias con el padre Montes, quien en su momento señaló lo siguiente: “Las Oficinas Centrales de Empleo, ya sea para el área metropolitana de San Salvador, ya sea para las tres ciudades mayores del país, no sólo son incapaces de conseguir ocupación a sus demandantes inscritos, sino que, dada su limitada eficiencia, atraen a una cantidad insignificante de personas que buscan trabajo (….) Este agravamiento se puede apreciar también por la cantidad de empresas que han cerrado, así como el número significativo de trabajadores que han quedado cesantes”. Algún parecido con la realidad actual no es coincidencia, sino producto del régimen económico impuesto desde entonces y que –ahora también– genera a muchos y muchas profesionales jóvenes serios problemas para integrarse a la vida productiva por la falta de oportunidades; de ahí que salgan a buscarlas en otras latitudes.

Los ingresos de la población “privilegiada” que tiene un trabajo, deberían ser suficientes para garantizar alimentación y otros recursos básicos a sus familias; para disfrutar, pues, de una vida digna. Eso no sucede así por la defensa a ultranza que desde el Órgano Ejecutivo se ha hecho a favor del empresariado más poderoso, argumentando que una sustancial y justa subida de sueldos provocaría el cierre de varias compañías que no podrían cumplir tal disposición. Hace dos años hubo un risible y hasta ofensivo aumento del salario mínimo que ni siquiera compensó el alza del costo de la vida; hace unos días, el presidente Antonio Saca anunció otro mini incremento del mini salario mínimo. La reacción empresarial tras el anuncio reciente presagia otra decepción más. Igual pasaba en tiempos de Montes, quien aseguraba al respecto lo que sigue: “De cualquier forma, el salario mínimo es totalmente insuficiente, no ya para salir de la pobreza relativa, pero ni siquiera para romper la barrera infranqueable de la pobreza absoluta (...)”.

Los textos de Segundo ilustran no sólo la situación de la época que le tocó vivir y analizó con lucidez, sino también la actual. En buena medida porque fue un visionario, capaz de analizar los acontecimientos y prever sus consecuencias; pero también por la torpeza de quienes han mal dirigido al país después de la guerra y lo han llevado hasta el presente estado de cosas. Éstos han defendido los intereses que los jesuitas inmolados criticaban por mezquinos. Por eso ordenaron su muerte. Los responsables aún impunes de la masacre en la UCA buscaban, además de callar esas voces, desacreditar dichos planteamientos. Desdeñaron los llamados de atención de los mártires jesuitas y la crisis, aunque maquillada y disfrazada, permanece hoy y se agudiza pese al fin de la guerra.

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La tragedia de los "balseros salvadoreños"

Las costas de Oaxaca, México, fueron escenario de una nueva tragedia migratoria. Veinticuatro personas, la mayoría de El Salvador, perdieron la vida en su afán de llegar a Estados Unidos de América (EUA). Todas viajaban sin documentos, en busca de las oportunidades que no encontraron en sus países. Y es que, por encima del discurso oficial que se empeña en disfrazarlo, el éxodo de compatriotas sigue respondiendo a la realidad de una sociedad excluyente, violenta e insegura. Quienes en ese marco arriesgan sus vidas en una travesía cada vez más peligrosa, mantienen la “salud” financiera del país y hacen posible que la situación nacional todavía sea manejable. Sin esta salida obligada, la presión sería incontrolable hasta el punto de estar en la víspera de una crisis política, social y económica de grandes proporciones.

Ese torrente humano no lo ha detenido las dolorosas historias que constantemente se conocen a través de los medios de difusión masiva. El hambre y el deseo de romper con un destino fatal que condena a las mayorías a pasar sus vidas luchando contra la muerte violenta y lenta, son más fuertes que la posibilidad de perder la vida entre los rieles de un tren, la arena del desierto, el oleaje del mar, la correntada de los ríos, las balas de la “migra” o la furia de los “minuteman”. Los atropellos que sufren estas personas en el camino son innumerables y de todo tipo: asaltos, trata laboral, violaciones sexuales, patronos abusivos que les quitan sus documentos y las mantienen amenazadas en esa situación; hay quienes han sido secuestradas para pedirle rescate a sus familiares en EUA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) también ha documentado atentados contra sus derechos en el “Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana”.

Sobre los sitios de reclusión, la CNDH señala que “existe en estos establecimientos una concepción netamente compatible con el sistema carcelario, debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden más a un reclusorio que a un alojamiento administrativo. Lo anterior se agrava si se considera que a veces los periodos de aseguramiento se prolongan durante semanas o meses”. Semejante situación es reflejo de la tendencia, cada vez más marcada, a presentar la población emigrante como criminal; relacionada con el narcotráfico, el terrorismo internacional y, en el mejor de los casos como delincuente común aunque no existan pruebas que respalden tales vinculaciones.

De lo que sí hay evidencias es que alrededor del fenómeno imperan redes delictivas que le sacan un gran provecho. El tráfico de indocumentados está generando altas ganancias para quienes lo ejercen. Un “coyote”, por una persona, cobra cantidades que a veces superan los cinco mil dólares y es capaz de crear una verdadera estructura que incluye autoridades migratorias de los países de tránsito. También hay quienes se ofrecen para transportar personas en las fronteras, pero terminan explotándolas sexual o laboralmente; en otros casos las ejecutan para hacer jugosos negocios con sus órganos. Por eso, el refuerzo de las medidas de seguridad debe estar orientado contra las mafias y no contra la población emigrante.

Ésta también es utilizada para fines partidarios. En el país, el gobierno central de turno la ocupa como herramienta electoral no sólo afirmando que si pierden las elecciones habrá deportaciones masivas, sino también manipulando el Estado de Protección Temporal (TPS) para presentarse como una administración preocupada, humana y eficaz. Sin embargo, hasta el momento no ha sido capaz de volver más segura la llamada “ruta del migrante” o de garantizar el respeto de los derechos de quienes son detenidos y deportados antes de llegar a EUA. Los consulados no se han destacado por eso y en el IDHUCA se han documentado casos en los que la participación estatal ha sido reprochable. El de Elí Rivera es un de esos; tras sufrir un grave accidente en México, no obtuvo ayuda para regresar al país y completar el tratamiento necesario para su curación.

Por eso, al valorar la reacción oficial ante el naufragio reciente en Oaxaca, es válido afirmar que ha estado condicionada por la atención que los medios de difusión masiva y la comunidad internacional le brindaron al mismo. Que altas autoridades migratorias acudan al lugar a identificar a compatriotas salvadoreños fallecidos, a repatriar sus cadáveres y acompañar a los sobrevivientes es la excepción, no la regla, por esa indiferencia gubernamental. México, más allá de este caso, sigue siendo un cementerio de salvadoreños y salvadoreñas en el que las personas difuntas en su peregrinar no son reclamadas sino que van a dar a una fosa común; y sus familias las siguen reportando como desaparecidas, a quienes probablemente murieron sin que nadie las reconociera.

Ante la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas persiste entre los gobernantes una visión de mercaderes, según la cual los y las emigrantes son una fuerza laboral que permite el sostenimiento del modelo económico impuesto en sus países de origen. Se les necesita para globalizar la economía. Su condición permite “abaratar” costos y enviar recursos a las naciones pobres, pero en el país no están dispuestos a tolerar las consecuencias culturales, sociales y políticas de esa diáspora. Se pacta la liberación de bienes, recursos financieros y servicios, pero no de la mano de obra.

Acá cabe mencionar que, recientemente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) entregó el Premio en Derechos Humanos 2007 ala UCA y al congresista James McGovern. Este último fue reconocido, entre otros logros, por sus esfuerzos –junto a Joe Moakley– para frenar las deportaciones de salvadoreños durante la guerra y esclarecer la masacre en la UCA ocurrida en noviembre de 1989. La UCA, por su parte, recibió el reconocimiento por su trabajo a favor de los derechos humanos, que tiene en el padre Segundo Montes a uno de sus principales promotores e inspiradores.Segundo se caracterizó por su compromiso y labor con la gente más humilde de El Salvador; esa que en el intento por salvaguardar su integridad personal se vio forzada a abandonar hogares y pertenencias, a causa de la violencia política y la guerra. El padre Montes conoció, profundizó y reveló a la opinión pública –antes que nadie– la dimensión de la emigración salvadoreña y el impacto de sus remesas en la economía nacional. “Una vez más los pobres –denunció en 1987– están enviando divisas y sosteniendo en gran parte la economía del país, mientras otros con mayor capacidad hacen grandes capitales y los expatrian”.

Eso sigue ocurriendo hoy. La emigración, sobre todo a territorio estadounidense, se ha convertido en uno de los fenómenos actuales más preocupantes que influye y afecta el respeto de los derechos humanos en Centroamérica. Por eso urge enfrentarlo, con la certeza de que no se puede controlar pero sí humanizar.

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Piedra angular o de tropiezo (I y II)

I Parte

Convirtieron al Estado en una maquinaria criminal para aniquilar a sus enemigos; con sus recursos –supuestamente puestos en función de garantizar el respeto de la legalidad y los derechos humanos– los persiguieron, torturaron, desaparecieron y ejecutaron con salvajismo. Además, secuestraron las instituciones encargadas de investigar y sancionar esos hechos para asegurarse la impunidad. Y hasta hoy lo han logrado, pues pese a que transcurrieron ya quince años desde que el conflicto armado terminó, todos los que se han sentado en la silla presidencial apadrinados por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) han decidido no enfrentar ese pasado para resolverlo; por el contrario, resolvieron proteger a los mayores criminales de la historia nacional –junto con los de 1932– y así frenaron tanto el avance en la construcción y consolidación de un verdadero Estado de Derecho en el país.

Desde que la Asamblea Legislativa aprobó la funesta Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en marzo de 1993, han sostenido –sobre todo el anterior y el actual presidente– que esa normativa es la “piedra angular” de los acuerdos de paz; el soporte del “nuevo” El Salvador. En lo primero no tienen ninguna razón, pues nunca se mencionó esa medida en dichos convenios entre las partes beligerantes. Pero en lo segundo, no se equivocan. La impunidad y la violencia que hoy reinan en el territorio nacional son, en buena medida, fruto del “borrón” de aquel entonces; a la fecha, la “cuenta nueva” ya asciende a más de sesenta mil muertos y sigue creciendo. Contrario al discurso oficial, está claro que la amnistía no propició la reconciliación y la paz sino que “democratizó” la violencia, la inseguridad, el irrespeto de la ley y la discrecionalidad, tanto en la investigación de los delitos como en el castigo a sus responsables. Esa aberrante normativa, pues, es el sostén de un país que de “nuevo” no tiene nada de fondo pues sigue siendo malogrado por gobiernos inhumanos e indignos que desprecian a las víctimas y le rinden honores a los victimarios; gobiernos que en lugar de comprometerse con la verdad y la justicia, mienten y violan los derechos de quienes padecieron brutales ultrajes.

Al respecto, Paolo Luers sostiene –en su recién estrenado espacio de opinión– lo siguiente: “Hay dos afirmaciones, en este contexto, que requieren respuesta. Una es que la impunidad otorgada por la amnistía del (sic) 1993 es una especie de pecado de nacimiento de nuestra sociedad de posguerra y, como tal, directamente culpable de la impunidad que beneficia a los corruptos, los pandilleros y los narcos de hoy. Es como decir: Porque nadie está en la cárcel por el asesinato de Oscar Arnulfo Romero, andan libres los asesinos de los señores Manzanares en Suchitoto y de Federico Bloch”. Y continúa: “No hay nada para sustentar esta tesis. La impunidad de hoy es resultado de los pecados de la posguerra, no de los Acuerdos de Paz y la amnistía. Tiene que ver con la ineficiencia de la fiscalía (sic) de la policía, con los errores de la política de seguridad pública, con la corrupción entre los jueces. Tiene como trasfondo la extrema polarización que ha impedido pactos nacionales en el área de seguridad pública y reforma del sistema judicial”.

Hay que ir por partes. Nunca, al menos desde el IDHUCA, se ha dicho que esa amnistía sea “directamente culpable de la impunidad que beneficia a los corruptos, los pandilleros y los narcos de hoy”. Como se lee antes de la aseveración del citado columnista u “opinólogo”, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA sostiene que esa decisión política de los victimarios y sus representantes parlamentarios tiene mucho que ver –no todo, pero sí mucho– con la actual postración del país ante la violencia, la inseguridad, la corrupción y la falta de alternativas viables para superar semejantes problemas.

De acuerdo con lo relativo a la ineficiencia de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil, a las desatinadas políticas de seguridad, al problema de la impartición de justicia y a la continuada guerra –ya no armada, sino electorera– entre el gobierno de ARENA y la oposición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De acuerdo. Pero hay que ser más serios al analizar el por qué de esos “pecados de la posguerra”. Una mala investigación de los delitos como la que se estila en El Salvador, junto a los perversos requerimientos fiscales –dependiendo a quién hay que favorecer o a quién hundir–y la cargada “administración” de justicia al servicio de determinados intereses particulares y no del bien común, ¿a quiénes han beneficiado?

¿A lasvíctimas humildes y anónimas que aún buscan a sus familiares desaparecidos y a las cuales, sin afán de lucro ni agenda política, el IDHUCA se siente honrado no de hablar en su nombre sino de acompañarlas en su genuino bregar? ¿O al general retirado –ahora, como antes, empresario de basura– que pudo haberse molestado e iniciado otra guerra, derribando esta flamante sociedad “reconciliada y en paz” por ser señalado como lo que fue: responsable de graves violaciones de derechos humanos? ¿O a Gloria y Mauricio García Prieto que han batallado contra cualquier cantidad de amenazas y obstáculos de diverso signo para que la muerte inaceptable de su hijo Ramón Mauricio, ocurrida en medio de la naciente “paz”, no quede impune? ¿O al general retirado, firmante de los acuerdos que dieron paso a la actual sociedad salvadoreña –“altamente reconciliada”, en palabras de Luers– y señalado por las víctimas como principal sospechoso de la autoría intelectual en el citado caso García Prieto, cuya impunidad ha sido defendida con uñas y dientes por representantes oficiales en los órganos del sistema interamericano de derechos humanos?

A diferencia de lo que sostienen algunos, la amnistía –“parte vital e indispensable del proceso de reconciliación”, en palabras de Luers– es, más bien, base fundamental del autoritarismo actual. Esa decisión política inconsulta fue una de las primeras señales claras de éste, impulsado sobre todo –aunque no únicamente– por ARENA. Ese es el rasgo propio de ese partido; así impuso la dolarización, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y la progresiva destrucción de la Finca El Espino, por citar sólo tres situaciones emblemáticas.

Por respeto a las víctimas y por las nefastas consecuencias que la amnistía ha tenido para el país, es imperante derogarla. Pero no. El presidente Antonio Saca y su antecesor Francisco Flores –tristemente recordado y mal visto, según parece, hasta por sus mismos correligionarios– no sólo fueron incapaces de definir y ejecutar una agenda de derechos humanos que honrase y dignificase a las víctimas, sino que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a defender tan cuestionada ley.

Se les olvidó o no les importó que la CIDH la hubiese rechazado desde su aprobación y luego, de manera reiterada, al condenar al Estado por casos infamantes como el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, de Elba Ramos y de su hija Celina en la UCA. Como siempre, torpes, imaginaron que sus insolentes e insostenibles “argumentos” convencerían a dicha Comisión –justamente dedicada a promover y defender los derechos humanos en el continente– de dar marcha atrás en lo que ha sostenido persistentemente: que su contenido viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y constituye el mayor obstáculo para alcanzar la ansiada paz.

El mal gobierno actual y los anteriores, enfrascados en esa recalcitrante defensa de lo indefendible, han proclamado necedades como la siguiente de Flores: “La Ley de Amnistía es la piedra angular de los acuerdos de paz, es lo que nos permitió a nosotros perdonarnos (…) la persecución de los crímenes de guerra hubiera producido otra guerra; hubiera cerrado las puertas a la posibilidad de reconciliarnos (…) A mí me parece que aquellos que buscan quitar esa piedra angular de los acuerdos de paz, pueden sumergirnos en un grave conflicto adicional…” ¡Por favor! ¿Quién perdonó a quién? ¿Los de un bando a los del otro? ¿Cuál otra guerra? ¿La de los criminales de la anterior contra sus víctimas? ¿Cuál reconciliación? ¿Entre quienes? ¿Entre diputados y diputadas de uno y otra facción? ¿Cuál otro conflicto, si no se ha salido –del todo y bien– del anterior? Es cierto que se acabó la guerra. Pero para finalizar con éxito el llamado “proceso de pacificación” salvadoreño falta alcanzar tres metas más:democratización del país, respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificación de la sociedad salvadoreña. Eso no lo dice el IDHUCA, hablando en nombre de las víctimas; lo acordaron el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN en Ginebra, el 4 de abril de 1990.

Parte II

Para que una sociedad se presuma democrática, debe ser plural e inclusiva. Pero, como se afirmó en la primera entrega de esta reflexión, tras la guerra los poderes visibles y ocultos se apropiaron del Estado –del “nuevo El Salvador”– para profundizar la exclusión de las mayorías al arrogarse el “derecho” de negarle a otras personas sus derechos a la verdad y la justicia. Lo hicieron pasando por encima de las víctimas en nombre de la “democracia” y la “paz” alcanzadas, al aprobar una amnistía arbitraria mediante la cual anularon –al menos hasta ahora– la posibilidad de investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en los que participaron financiadores, planificadores, ejecutores y encubridores que aún permanecen cobijados bajo la impunidad.

La inclusión no es eso. Como asunto propio de un real proceso democratizador va más allá de la celebración periódica de elecciones, la apertura de mercados, la libertad para comerciar y otros temas concernientes a la forma y no al fondo. Tiene que ver con propiciar condiciones para la convivencia civilizada; con abolir privilegios de cualquier tipo para individuos ogrupos; con garantizar que el brazo de la justicia sea lo suficientemente largo para alcanzar a todos los criminales, sin importar de quién son familiares o amigos; con respetar la dignidad de todas las personas, por encima de cualquier cosa. Tiene que ver, esencialmente, con la observancia de los derechos humanos y tiene que producir buenos ejemplos que, además de generarle sano orgullo a algunos, envíen mensajes positivos que –superando lo que ahora ocurre en el país– encanten y animen a la sociedad entera para su participación organizada en el esfuerzo por alcanzar las metas de Ginebra.

Hoy acá no se vive eso, independientemente de lo que digan quienes le cantan a los “éxitos” de un “modelo” nacional que se exportó a otros países en los cuales, sin embargo, no se adoptaron medidas como la amnistía decretada por la Asamblea Legislativa salvadoreña el 20 de marzo de 1993. En Guatemala, por ejemplo, se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional mediante la cual se estableció que la justicia determinaría –en casos individuales– si se trataba de delitos políticos o comunes relacionados con el conflicto armado. La ley tenía excepciones: no se beneficiaría con la amnistía a responsables de tortura, genocidio o desapariciones forzadas, ni crímenes no relacionados con el conflicto armado. La ley guatemalteca reconoció la normativa internacional relativa a los delitos que no pueden ser amnistiados; y esas son, precisamente, las mismas disposiciones que le echan en cara a los representantes del Estado salvadoreño, cada vez que en algún foro internacional se atreven a defender a los victimarios –a hablar en su nombre, con el pretexto de hacerlo en nombre de toda la sociedad– para que sigan protegidos por la impunidad.

Dicen que cuando se pierde, hay que asegurarse de aprender bien la lección. Eso lo han logrado grupos de personas en comunidades en Chalatenango, Morazán, Tecoluca, Zacatecoluca y otras que fueron víctimas de actos criminales durante el conflicto político y bélico; éstas, que sufrieron grandes pérdidas, sí asimilaron una enseñanza esencial: nunca es tarde para establecer los cimientos de la paz, colocando donde corresponde las piedras de la verdad y la justicia, así sea hoy o mañana. Se trata de resolver el presente, no el pasado. ¿Por qué? Pues porque con la amnistía no se resolvió nada más que la seguridad, la tranquilidad y el progreso para los señores de la guerra y la muerte; mientras, la mayoría de la gente sigue sufriendo por múltiples razones que tienen que ver con una exclusión arbitraria y contraria a la democracia.

Sintiéndose dueños del destino nacional, durante las audiencias especiales ante la Comisión Interamericana celebradas el miércoles 10 de octubre, los grandes victimarios fueron representados por agentes de un Estado que han secuestrado para su beneficio. Cuando se abordó el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y lo hecho hasta ahora para dar con sus responsables, la respuesta oficial confirmó la estrategia que seguirá impulsando en el plano internacional cuando se le pida cuentas al gobierno. Carlos Alfredo Méndez Flores, pieza fundamental de ese contingente, aseguró que mantienen reuniones con altos representantes de la iglesia católica para –según él– poner fin al proceso dentro del sistema interamericano de derechos humanos.“Permítanos un compás de espera para que, primero Dios, logremos un acuerdo”, rogó ante dicha Comisión Méndez Flores.

Y agregó que el Estado salvadoreño “no reconoce la responsabilidad en este lamentable hecho”. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿A qué acuerdo pretende llegar el gobierno? Porque la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas no admite regateo alguno; no son negociables. Podrán conversarse los procedimientos para alcanzarlas, pero hasta ahí. No puede, el gobierno, ofrecer no entorpecer el proceso de beatificación de monseñor Romero para dar por cerrado el caso en la Comisión Interamericana. Son dos cosas distintas y, ante eso, no hay donde perderse.

Sin embargo, semejante proceder no es casual. También actuó así en el caso García Prieto, cuando negoció con la que fuera viuda de Ramón Mauricio; sobre la base de un monto, el gobierno logró que ésta se presentara en la audiencia final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero del año en curso, sosteniendo que ya había arreglado con el Estado. Sobre esa base, la delegación oficial presidida por Óscar Santamaría –también partícipe en las audiencias en octubre– pidió que la causa se cerrara. Así quisieron ignorar a los padres y a las hermanas de la víctima, también víctimas y parte principal en el proceso. Seguramente, se basaron en el adagio “divide y vencerás” para diseñar su perversa táctica en su afán de salir “bien librados”. Las zancadillas que pretenden echarle a la justicia en este terreno puede revertírseles, porque ni la Comisión Interamericana ni la Corte son como las instancias judiciales salvadoreñas.

No sólo hay que analizar qué se dice ante esos organismos regionales; también hay que evaluar a quienes hablan en nombre del Estado. Merece especial atención que a la Comisión acuda en su defensa alguien vinculado, de una u otra forma, a Álvaro Rafael Saravia; éste fue condenado en territorio estadounidense, a pagar diez millones de dólares a la familia de monseñor Romero por su asesinato. El juez Oliver Wanger, determinó que había suficiente prueba contra Saravia por su participación en el hecho, entre la cual figuraba la agenda decomisada en un operativo militar realizado en mayo de 1980. En una de sus hojas se detalla la compra de material bélico para la “Operación piña”, nombre asignado al magnicidio; en la siguiente aparece una tarjeta de presentación del “Dr. Carlos Alfredo Méndez Flores”. No se tiene certeza de qué tipo de relación tenía el citado abogado con Saravia, pero de no existir el argumento de la amnistía esa duda ya se hubiera aclarado.

Hay un caso en el cual se derrotó dicha amnistía: el de la autoría intelectual y el encubrimiento en la masacre de UCA. Pese a Méndez Flores, defensor de sus responsables como también lo fue de los materiales, el asunto se litigó en el sistema interno y en un Juzgado de Paz de San Salvador se emitió una histórica resolución que declaraba inaplicable la ley de amnistía por estar en obvia contradicción con la Constitución. Dicha resolución constituye un logro importante. Pero no todo fue “miel sobre hojuelas” pues la titular del tribunal agregó que, pese a lo anterior, no podía investigar a los imputados–altos jefes militares y un ex presidente– porque el crimen había prescrito.

El caso de la masacre en la UCA –como el de monseñor Romero– continúa activo en su exigencia por la verdad, la justicia y la reparación. No podrá el Estado, en éste, intentar negociar ninguna beatificación a cambio de la impunidad para los criminales. Habrá que ver, entonces, con qué sale. Pero en cualquiera de estos casos y otros, hasta ahora sólo ha logrado la impunidad judicial para sus autores dentro del país. Pero esos delincuentes no deben ser líderes políticos en la construcción de una sociedad distinta ni deben pasar a la historia como los salvadores de la Patria; mucho menos se debe permitir que los presentes como referentes morales para nadie. Ante esas facetas de la impunidad –la política, la histórica y la moral– no hay amnistía que valga.

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La niñez salvadoreña sí "suda la camiseta"

Desde los seis años, Paquito vende periódicos en las cercanías de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Todos los días se levanta a las cuatro de la madrugada para recoger su fardo de matutinos, que se los fía un distribuidor después de pagar los recibidos el día anterior. Luego carga sobre su espalda la mercancía por más de una hora, hasta llegar a su puesto. En el camino debe evitar que los niños mayores le quiten “su” venta. Así gasta su mañana entre el humo de los buses, los insultos de los conductores y el peligro de las calles capitalinas.

A mediodía, se va al parqueo de un supermercado donde gana unas monedas extra para su familia lavando y cuidando vehículos, cargando bultos y otras “artes” como cuando –en ocasiones– acarrea agua para una vendedora de flores que, junto a sus hijos, también busca algo de dinero para sobrevivir. La madre de Paquito lava y plancha ajeno, mientras su hermana mayor cuida al resto de sus hermanitos y vende dulces. A este niño la vida le ha pospuesto, de forma indefinida, el juego y los estudios. Recientemente, se enteró de la celebración del día del niño porque vio unos afiches que algunos estudiantes habían pegado en los postes cercanos a la UCA; pero la celebración para él, no le alcanzó más allá de ese cartel.

Algo parecido le toca sufrir a Lorena, una adolescente de quince años nacida en Chalatenango que se trasladó a San Salvador hace un año para trabajar en una residencia de la zona norte metropolitana. Aunque desde hace unos años siempre se levantaba temprano para hacer los oficios domésticos, la diferencia ahora es que cumple con esa tarea en una casa que no es la suya; en un lugar en el que no están ni su madre ni sus hermanos y donde recibe –por ese trabajo– cincuenta dólares mensuales, sus tres tiempos de comida y un sitio donde dormir. La mayor parte de ese dinero le sirve para ayudar a los suyos; con lo que le queda compra artículos básicos como el cepillo y la pasta dental, o cuando es posible un par de zapatos o ropa. Su jornada supera, por mucho, las ocho horas diarias establecidas por ley. Comienza a las cinco de la mañana y generalmente termina a las nueve de la noche, más o menos, después de levantar la mesa y lavar los trastes que utilizaron sus “patrones” durante la cena.

Lorena, igual que Paquito, tuvo que interrumpir sus estudios de cuarto grado porque en las mañanas y las tardes tiene mucho quehacer; si terminara a tiempo su jornada laboral, en las noches tampoco podría asistir a la escuela por no exponer su integridad física y su vida debido a la violencia y la delincuencia imperante en el país, además del mal servicio de buses que le dificultaría transportarse. Similar situación afrontan más de veinte mil niñas y mujeres que desempeñan este trabajo, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2002 titulado "Sin descanso: Abusos contra niños trabajadores domésticos en El Salvador". En éste se afirma que el llamado “servicio doméstico”, por realizarse en un lugar privado, es más complicado de monitorear para ubicar los abusos que se cometen contra quienes lo realizan. Sin embargo, el citado reporte documenta algunos como la vulnerabilidad ante el acoso sexual y el abuso físico. Lorena ha tenido la suerte de no enfrentar, aún, esos atropellos.

En este ámbito también es común que los empleadores o empleadoras retengan los “papeles” –documentos de identidad– de sus empleadas, con el pretexto de evitar que se roben las pertenencias familiares o para impedir que se relacionen con personas ajenas a la casa, que tengan amistades o que salgan a pasear. Tales medidas limitan la libertad de estas personas y las colocan en una situación que algunos no dudan en calificar como una forma moderna de esclavitud.

En ese escenario, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) no ha tenido el protagonismo esperado partiendo de sus atribuciones y su discurso. En la página web de esa cartera se presume, como un logro importante de El Salvadorhaber sido uno de los primeros Estados que ratificaron el Convenio 182 de la OIT, donde se plantea un compromiso oficial de eliminar las peores formas de trabajo infantil; sin embargo, en la práctica no existe la supervisión necesaria en trabajos como el doméstico que se realiza sin contratos, horarios, prestaciones y otras medidas de protección para las niñas y mujeres que lo desempeñan. Tampoco existe la posibilidad de que coticen seguridad social; y sólo si la “patrona” es “buena”, le abona a una cuenta previsional.

Lorena y Paquito son sólo dos muestras vivas y sufridas de un problema que afecta a miles de niños y niñas; problema ante el cual no se advierte una acción gubernamental eficaz, decidida y responsable. El trabajo infantil persistirá mientras no existan oportunidades para que las personas adultas saquen adelante a sus familias. Por eso, no basta con firmar convenios y crear comités; falta generar condiciones de vida y de trabajo dignas.

El desinterés de la administración pública se refleja, además, en la pobre promoción de valores a favor de la niñez. Este año, en medio del desfile declarado o no de precandidatos, precandidatas, “candidotes” y “candidotas” por la “pasarela” de una campaña electorera anticipadísima, se diluyó la celebración nacional del día de la niñez. Pero esa no es la única conmemoración tirada al olvido por esta sociedad. También está la del “Día Nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador” el 4 de abril de cada año, día en que violaron y asesinaron a Katya Miranda; ni el Ministerio de Educación ni otra entidad estatal han asumido la responsabilidad de evocarlo como es debido, promoviendo una reflexión crítica y sana sobre la necesidad de garantizarle a la niñez una existencia libre de ese mal.

Tampoco se ha promovido la conmemoración del 29 de marzo, que es el “Día dedicado a los niños y (las) niñas desaparecidos durante el conflicto armado”. A propósito, este segmento de la población también fue duramente golpeado durante la guerra. Murieron miles de niñas y niños en medio de masacres o enfrentamientos; sobre sus pocos años, cargaron fusiles gubernamentales o guerrilleros; cocinaron, llevaron mensajes y sirvieron de “pantalla” en casas de seguridad; vieron desintegrarse sus familias; sufrieron la separación forzada de sus padres y madres; su niñez la vivieron en medio de la muerte y el dolor.

Pero al final de los combates, sus padecimientos no terminaron. Ahí están–como ejemplo– las muertes violentas de Katya, Maycol Ticas, Federico Carías, Gerardo Villeda, Dany Alexander Guevara y otros niños ejecutados en el Plan de la Laguna, y tantos más fallecidos de forma violenta y también lenta por lascondiciones de pobreza y exclusión que les afectan; niñas y niños, además, arriesgan sus vidas al ser entregados a los “coyotes” en un intento por reencontrarse con sus padres, madres o hermanos que los esperan en suelo estadounidense.

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña establece que deben desarrollar su personalidad y crecer en el seno de su hogar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Sin embargo, Paquito y Lorena no disfrutan eso; su realidad es la evidencia del creciente segmento infantil desamparado por una sociedad donde –tras la guerra– el poder ha instalado como sus soportes la brutalidad, el egoísmo y la insensibilidad. Políticos y gobernantes se abstraen de esa realidad y dedican sus recursos humanos y materiales a sostener adelantadas batallas de grupos por encima del bien común; eso sí, a la hora de la retórica no dudan en proclamarse los “redentores” de la niñez y en colocarla a ésta en el primer lugar de sus prioridades. Eso pasa dentro y fuera del país; acá lo hacen con cinismo y afuera sin vergüenza. Como bien se afirma, el papel aguanta con todo; desde los discursos politiqueros hasta otro tipo de porquerías.

Un difícil presente y un peor futuro enfrentan Paquito y Lorena, de no cambiar de raíz la situación. A diario sudan la camiseta de verdad, buscando ingresos; sus vidas son un ejemplo real de solidaridad con sus seres queridos al entregar su infancia para asumir una carga que no les corresponde. En sus débiles hombros descansa el porvenir de un El Salvador que aún espera se cumplan las promesas de Antonio Saca; éste y la mayoría de los políticos sin importar su signo, por más que digan “sudar la camiseta” no han podido ver más allá de sus narices. Por eso, el compromiso no debe ser con “el caudillo” ni con “el partido” sino con la niñez y la adolescencia salvadoreña.

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Estética "Saca y asociados" (UNISEX)

Cosmetología. Puede que sea esa la profesión a la que se dedique Antonio Saca cuando desocupe Casa Presidencial. Él y su partido han demostrado ser expertos en esconder realidades bajo las cremas, la sombra y el carmín de la retórica que describe un país inexistente ante foros internacionales. Es lo que hizo el titular del Ejecutivo hace unos días en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Llegó a Nueva York y, entre otras cosas, dijo: “Debemos ser conscientes que el presente y el futuro del planeta y de nuestras sociedades, dependerá de las decisiones que tomemos y más aun de las medidas que tendremos que poner en práctica para revertir los actuales desequilibrios que enfrenta el ecosistema global, a fin de garantizar la continuidad de la vida y el desarrollo sostenible en su más amplia dimensión”. Eso hubiera satisfecho a “la noble afición”, usando un léxico que le luce más por su oficio anterior, de haber tenido credenciales comprobadas de defensor ambiental; pero en su boca, suena a embuste.

Ni el presidente ni su partido, están comprometidos con el tema pues desde hace más de dieciocho años han propiciado –por acción u omisión– severos daños ecológicos al país. ¡Cómo creerle a Saca si durante su gestión se ha devastado sin piedad el principal pulmón del “gran San Salvador”, la finca “El Espino”, con la venía de su anterior ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Barrera! A este último, además de no sancionarlo por otorgar un cuestionable permiso al Club Campestre para deforestar y permitir la destrucción del arrecife en la playa “Los Cóbanos”, lo mantiene aún en su equipo al frente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. En la administración de Saca, quien osa hablar de desarrollo sostenible, el ex ministro de Obras Públicas fue uno de los peores verdugos de la mencionada propiedad; también los predecesores del presidente permitieron a grupos empresariales la apropiación de terrenos en ese inmueble para ampliar una universidad privada y construir “moles” de cemento.

Si como Saca sostiene, el presente y el futuro de El Salvador dependen de lo que decida, habrá que evaluarlo –junto a los tres presidentes anteriores a él– a partir de eso: de sus medidas para bien o para mal del ambiente. Lo citado es sólo una parte de lo mal que lo han hecho. Pero hay más. La indiferencia estatal ante las empresas contaminantes ha distinguido, en negativo, a los cuatro gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el Ejecutivo. En el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, se instaló hace más de diez años Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., más conocida como “Record”. A partir de entonces se comenzaron a contaminar con plomo los mantos acuíferos, la tierra y el aire de la localidad; ahora la gente sufre mareos, vómitos, fuertes dolores de cabeza, debilidad, dificultades de aprendizaje y concentración en la niñez, así como problemas de coordinación motriz.

Desde el 2005, la fábrica operaba en dicho municipio sin permiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para entonces, ya había estudios que determinaban la existencia de plomo en la sangre de sus habitantes. Sin embargo, no fue sino hasta el recién pasado lunes 24 de septiembre que la cerraron. Pero ese tardío fallo no soluciona las desgracias en la zona. Pasarán muchos años antes de que se descontamine y repare el daño ecológico causado; los recursos naturales y las personas seguirán almacenando partículas del mencionado metal mientras éstas permanezcan ahí, diseminándosecon la lluvia y el viento.

La reprobación en este caso alcanza también al desempeño del actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, quien sigue confirmando que el cargo le queda grande. Pese al cierre de la fábrica, los pronunciamientos de la población y los informes de otras entidades estatales, el Fiscal no ha hecho nada para investigar los hechos y ubicar a los culpables para sancionarlos. Se escuda en que no es un especialista para determinar si hay plomo en el lugar; pero, eso sí, se atreve a decir que no ve delito alguno pese a no haber investigado todavía.

Pero, de esta experiencia también hay que rescatar la esperanza. Por eso, resulta válido subrayar el protagonismo de las comunidades afectadas. El cierre de “la Record” –un primer paso; un éxito parcial– es fruto de su participación auténtica y organizada, de su capacidad y valentía, de su imaginación­ y creatividad orientadas a reivindicar su dignidad y el futuro de sus hijas e hijos. Se debe destacar y aplaudir, además, el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos al emitir dos resoluciones señalando el abuso de la empresa mencionada, así como el pasivo y cómplice actuar de las instituciones públicas que también han permitido la contaminación en San Miguel.

En el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, una empresa de fertilizante –se dice que es la transnacional “Monsanto”– abandonó noventa y dos barriles de toxafeno, veinte de materia prima para elaborar insecticidas y cuarenta litros de metil y propanol. El toxafeno es un químico prohibido, incluido entre los doce contaminantes orgánicos persistentes; puede provocar convulsiones, cáncer y malformaciones genéticas. Actualmente, todo ese material está en recipientes deteriorados sin protección alguna que evite su filtración a los mantos acuíferos y que las lluvias lo lleven hasta los ríos, o que el sol lo convierta en vapor y se esparza por el aire. Los hechos ocurren ante la tradicional indiferencia de las autoridades sanitarias y fiscales, pese a que vecinos de la zona los denunciaron desde 1998, sin que a la fecha hayan logrado el retiro del material para que deje de afectar a ancianos, niños, niñas y adultos.

En la larga lista de la negligencia gubernamental para atender situaciones extremas de este tipo, se debe agregar lo que pasa desde 1986 en la quebrada El Garrobo en la ciudad capital. Desde entonces, Orlando de Sola descargó ripio y utilizó el lugar como un botadero a cielo abierto sin que los representantes del Estado hayan impuesto su “autoridad”. El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria le ordenó realizar obras de mitigación; pero el plazo para eso se venció, sin que hubiera cumplido. Ahora se le ha dado un nuevo término, hasta diciembre; a la fecha, no ha hecho nada para cumplir con la orden judicial. ¿Por qué? ¿Acaso sabe que es y seguirá siendo impune? Parece que sí, pues pese a que el 5 de octubre del 2005 se inundó la zona por causa de la tierra depositada en ese terreno tras la construcción del bulevar Orden de Malta, no se le sancionó por las pérdidas materiales producidas a las familias pobres de la zona.

Esas situaciones y otras igual o más graves, tienen como base la falta de una idea distorsionada de lo que significa el ambiente para la humanidad. Por más que pronuncien rimbombantes apologías, a quienes han conducido el Ejecutivo en el país los recursos naturales les valen desde la perspectiva de la dignidad individual y colectiva; sólo les interesan porque los ven como una posibilidad de lucrarse o favorecer a sus “amistades”, que se benefician de un “sistema de libertades” proclamado por un Estado cuyo origen y fin no es la persona humanani trabaja en función de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, como reza el primer artículo constitucional.

El discurso de Saca el pasado 19 de septiembre en el seno de la ONU, refleja que el ecosistema es visto desde su gobierno como fuente para llenar de dólares los bolsillos de sus allegados. “La iniciativa –sostuvo entonces– está basada en la demanda de los mercados, por medio de la administración y comercialización de los beneficios y servicios ambientales, derivados de la fijación y captura de carbono, que las propiedades cafetaleras generen y que sean viables de comercialización (…)El mercado voluntario de carbono presenta una nueva fuente de ingreso, a través de un servicio ambiental innovador que es la reducción de las emisiones de carbono”. Esa es su retorcida idea de desarrollo sostenible, maquillada con un inexistente sentido humano.

Ante gobiernos como éste y los anteriores, defensores del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado pero sólo del “smog” para arriba, el ejemplo del Movimiento sin Plomo y los esfuerzos de otras comunidades organizadas, deben ser ejemplos a imitar por el resto de la población para exigir que lo que se dice afuera se transforme –de veras– en una realidad adentro.

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La ignorancia es atrevida

La libertad de expresión fue considerada por primera vez como un derecho fundamental en cartas y declaraciones que, desde hace más de dos siglos, se redactaron en Estados Unidos de América y Francia; eso ocurrió, incluso, antes de que ambos países se constituyeran como estados libres e independientes. Casi dos siglos después, en 1969, la Organización de Estados Americanos (OEA) en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la definió como “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Con el paso del tiempo, estas normativas han influenciado a las constituciones de los países latinoamericanos, incluido El Salvador. Aunque la definición en la Carta Magna nacional no es tan amplia como la de la OEA, el presidente Antonio Saca no se cansa de pregonar que acá se respetan las libertades y en cada foro que puede presenta al país como un paraíso democrático.

El pasado 8 de mayo, en el marco de un taller que organizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), declaró lo siguiente: “Como presidente de El Salvador, me interesa defender los espacios para la expresión del ciudadano, de la prensa, y para las voces disidentes, las quejas y los reclamos. De eso se trata el proceso democrático en libertad (...) En este país, todos no debemos permitir que se adultere el juego democrático, ni tampoco debemos permitir que se manoseen las virtudes del estado de libertad que tanto nos ha costado construir a todos los salvadoreños”.”. Como bien señala el dicho: “Quien no lo conozca, que lo compre”. La realidad no tardó mucho en demostrar que el supuesto interés democratizador del mandatario no pasa de la labia. Ni dos meses habían pasado cuando el 2 de julio, en Suchitoto, trece manifestantes fueron arrestados y acusados de actos terroristas cuando protestaban por la posible privatización del agua. Entre los detenidos estaba una comunicadora. Y el presidente Saca avaló las capturas que cuestionan, por encima de cualquier retórica, la vigencia de la libertad de expresión en el país.

Eso ocurre en un mundo donde la muerte acecha a las y los comunicadores. Durante el 2006, según un informe de Reporteros Sin Fronteras, fueron asesinados 81 periodistas; también se habla de 871 detenidos, 56 secuestrados y 1,472 agredidos o amenazados. A estas cifras hay que sumarle los 912 medios de comunicación censurados. Eso hizo de dicho año, el más arriesgado en la materia; sólo 1994 lo supera, cuando muchos profesionales de este ámbito perdieron la vida cubriendo los genocidios de la antigua Yugoslavia y Ruanda.

En la lista de muertes, El Salvador también ha puesto su lamentable cuota. Douglas Hernández González, corresponsal de La Prensa Gráfica murió de forma violenta el año pasado. En 1997, Lorena Saravia –locutora de Radio Corporación Salvadoreña– fue ejecutada con un “tiro de gracia” sin que a la fecha se hayan ubicado y castigado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Más recientemente, el jueves 20 de septiembre, se agregó a la lista el nombre de Salvador Sánchez Roca. Las voces de estos comunicadores ya no sonarán en las estaciones de radio o televisión ni sus notas aparecerán en los periódicos. Todo lo que tenían que aportar, fue silenciado por la violencia. Ello, sin embargo, no debe ser excusa para perder la cordura y hacer imputaciones irresponsables; sin resultados contundentes de una investigación criminal irrefutable, estas víctimas no pueden ser piezas en el ajedrez electoral nacional y parte de la confrontación que ya empezó de cara al 2009.

Pero la población también ha visto vehículos de la Telecorporación Salvadoreña incendiados o a periodistas de esta u otra empresa siendo atacados por manifestantes que los identifican con una tendencia partidista. Esos grupos intolerantes no han acabado de entender que el ejercicio de estas libertades no es privilegio de un sector, sino también le corresponde a sus “contrarios”. Quienes se ganan la vida como cualquier otra persona y no necesariamente comparten la línea editorial del medio para el que trabajan, deben ser respetados sin que nadie impida su labor. Todas y todos deben asumir que el respeto a la dignidad de las personas no es parcial.

Otra forma de frenar el quehacer periodístico es la de intimidar a las y los periodistas, arriesgando su situación con citatorios para que testifiquen. Lo hizo el Tribunal de Ética Gubernamental cuando investigaba una acusación de corrupción al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Guillermo Maza. Dicho organismo llamó a Glenda Girón, la periodista que cubrió el caso, para que relatara lo que ya había sido investigado y publicado en la revista Enfoques de La Prensa Gráfica. Eso es peligroso, sobre todo si lo que se pretende es que revelen sus fuentes informativas. Tal medida coloca a estas personas como blanco de aquellos que se puedan sentir señalados y las ponen en la misma situación de indefensión que ya ha llevado a varios testigos a la tumba.

La Declaración de Principios Básicos sobre Libertad de Expresiónestablece que las leyes para proteger la reputación e intimidad no deberían tener penas de cárcel ni inhibir el trabajo periodístico. Delitos como las calumnias, los daños al honor y la intimidad, y el desacato son sancionados en El Salvador, precisamente, con prisión. Además, hay otras limitaciones legales a la libertad de expresión que tienen que ver con la posibilidad de obtener información. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, nombró a un vocero único para “controlar” lo que los medios de difusión publican. Asimismo, se ha señalado que la ley de la Corte de Cuentas impide que cualquier ciudadano pueda acceder a lo que produce.En la misma dirección, el presidente Saca ha declarado que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe.

Al hablar de libertad de expresión, suele hacerse un énfasis especial en el periodismo y las empresas mediáticas se han apropiado del término para defender sus intereses. Por eso, se debe aclarar que este derecho no es exclusivo de nadie sino propiedad de todos y todas. Los medios y los periodistas son importantes porque constituyen vehículos para que la población pueda informarse, manifestarse, organizarse y emprender creativamente la tarea de transformar la sociedad; deben, entonces, ser herramientas para facilitar el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

Resulta vital que la gente ejercite ese derecho; el país necesita que esta garantía constitucional sea recuperada por la colectividad y se asegure su vigencia. Debido a la trascendencia de la misma, tanto para la construcción de un mejor país como para la defensa de las libertades que pregona Saca, el IDHUCA y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –dependiente de la OEA– realizaron un taller dirigido a periodistas, comunicadores, estudiantes y docentes. En ese marco, se intercambiaron experiencias de trabajo y también se habló sobre las herramientas jurídicas básicas que dicha Relatoría provee, para que periodistas y la población en general puedan garantizar su ejercicio de este derecho en el Sistema Interamericano.

Pese a que se trató de un evento académico valioso para el país, no faltó el comentario visceral de El Diario de Hoy que lo definió como "un nuevo frente que abren instituciones identificadas con la izquierda". Tan desatinada nota –quien sabe si informativa o editorial, porque su redacción no deja claro cuál género periodístico se utilizó– indica que el discurso beligerante y polarizado que en el pasado provocó tanta muerte en el país, sigue vivo en ese medio. Atendiendo a las normas éticas, hay que decir que eso no es positivo aunque; hay que aclarar que la promoción, educación y difusión de los derechos humanos para todos y todas no es un acto ilícito ni lo cobija determinada bandera partidista. El IDHUCA y la OEA impartieron ese taller desde el único frente posible para quienes están comprometidos con la verdad y la justicia: el de la dignidad de las víctimas y la defensa de los derechos humanos en cualquier circunstancia. Lo demás, incluido el comentario del matutino, sólo es una muestra de que en el país la ignorancia es atrevida y calenturienta.

De la experiencia chilena en la creación de una verdadera entidad de investigación criminal, cabe rescatar lo que Andrés Domínguez califica como el liderazgo racional de mando; se trata de una conducción basada en la autoridad y no en el autoritarismo. El segundo tiene que ver con un poder derivado del rango o el “dedazo” y su concreción práctica da pie al abuso y la violencia, la afrenta para quien lo sufre y el descrédito de quien lo ejerce. La primera, por el contrario, proviene del latín “augere” que significa aumentar, hacer crecer; tiene que ver, entonces, con la capacidad de la persona que la detenta para elevar a quienes dirige, para hacerlos más humanos y mejores profesionales. Al autoritario se le obedece por obligación y no por convicción; en tal situación, el reducido no desperdicia oportunidad para engañarlo. A la autoridad se le cree y respeta; se cumplen sus disposiciones con motivación y satisfacción.

Dicho liderazgo, esencial para realizar la imperiosa reingeniería de la PNC, lo define Dominguez en su libro titulado “La Policía de Investigación Criminal: fundamentos, racionalidad y operación” como “la fuerza inteligente, emocional y profesional, capaz de implementar un proceso de modernización de un conjunto de personas desde la promoción de sus capacidades, aportes, creatividad y energías, hacia metas compartidas e innovadoras, que abran paso a los cambios positivos que impone el nuevo modelo de producción de la justicia penal, en una dinámica autosustentada y autosostenible en el tiempo”.

El verdadero líder –añade al oído de las jefaturas policiales salvadoreñas, desde la más baja hasta la más alta– “sabe descifrar las características de cada situación y los desafíos que de ella se desprenden, aprovechando el saber colectivo del conjunto, y se hace capaz de proponer la respuesta más adecuada del equipo y el concurso de cada uno de sus integrantes en ella. Esto implica que el líder conoce con objetividad sus fortalezas y debilidades, sus capacidades de comunicación y participación, abriendo paso a sus expresiones y contribuciones, creando una confianza compartida”.

Y al respecto, Dominguez remata señalando que “el liderazgo real de mando emerge desde su equipo, como el director de la orquesta desde los músicos de ésta, y no a la inversa, de modo que el desafío consiste en su capacidad de obtener de cada uno de los integrantes de su unidad toda su contribución potencial posible, armonizándola con los aportes de los otros, de manera que todo el equipo alcanza su productividad máxima en la medida que su líder construye, promueve y estabiliza una cultura relacional positiva (...)”

Para la reconversión requerida de la PNC que acá se plantea, se debe tener claro que la Policía materializa la fuerza del Derecho. No se puede admitir entonces que la institución ejerza la violencia porque, como bien señala el experto chileno en derechos humanos, “la fuerza es a la violencia lo que la música es al ruido; se miden por decibéles, pero hay una gran diferencia entre la primera y el segundo”. No existe entonces violencia legítima, sino fuerza válida fundada en normas legales y justas que se ejerce para que el Estado de Derecho funcione brindando seguridad a toda la sociedad; si no hay seguridad, éste no existe o es sumamente deficitario.

Es acá donde se puede observar, de forma más clara, que la eficacia de la fuerza policial es inseparable del buen desempeño del Estado de Derecho. Para eso está diseñada la corporación: para hacerlo eficaz. Una investigación del delitoprofesional, sin saltarse lo que algunos llaman “leguleyadas” ni recurrir a métodos criminales violentos como la mal llamada “limpieza social”, conducirá a imponer penas efectivas a los delincuentes; posibilitará, además, la reivindicación del derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que les sea reparado el dañosufrido. Sólo así, garantizando justicia sin discriminaciones, es posible hablar de democratización y respeto irrestricto de los derechos humanos

Con todo lo anterior, cabe hacer una breve reflexión final sobre la situación actual del país en la materia. Tras diversos hechos recientes –cuyos antecedentes datan de hace más de una década– se ha afirmado que dentro de la PNC existen estructuras de sicarios, narcotraficantes y otras formas del crimen organizado. En ese ambiente, su conducción ya anunció una amenazante depuración que llena de zozobra a sus integrantes, muchos de los cuales a diario exponen sus vidas. Qué bien que lo verdaderos delincuentes uniformados y armados, vayan a la cárcel porque es cierto que la institución está contaminada por un virus que la amenaza gravemente, como también es cierto que eso se debe denunciar con firmeza. Pero no es justo que las críticas obvien señalar a quien de verdad ha favorecido el surgimiento y desarrollo de esos y otros males: toda la “clase” política nacional que –como gobierno y oposición– ha metido a la corporación policial en su cancha electorera, descuidando la ruta fijada para ésta en 1992.

Desde hace varios años se ha vendido la idea de que la institución se depura constantemente, que las “manzanas podridas” no son toleradas y que se hacen esfuerzos sostenidos para que el resto no se pudra con las plagas de la corrupción y la criminalidad. Pero lo ocurrido demuestra que eso no es del todo real. Si hasta le han entregado reconocimientos a quienes ahora aparecen señalados como “casos aislados de malos policías”. Por eso, se debe exigir el pago cabal de la factura quienes han mal dirigido a la institución que tanta sangre le costó al pueblo salvadoreño. Esto último también debe ser motivo de reflexión para quienes desde la oposición ven ya a la PNC como un cuerpo carcomido, similar a los que tras años de cruenta lucha desaparecieron por su actuar represivo y criminal. Motivo de reflexión, sí; pero también de acción inteligente, para rescatar una institución secuestrada por intereses egoístas que le han torcido el rumbo.

Y la población también debe asumir su responsabilidad, impidiendo que la PNC se siga malogrando al alejarse más de la misión con la que surgió hace quince años: ser una de las herramientas estatales privilegiadas en la protección y la promoción de los derechos humanos. La sociedad sabe el mal que puede hacer una policía que no cumpla su misión; el pasado y el presente de El Salvador aportan elementos abundantes en tal dirección. Es hora, pues, de comenzar a imaginar todo lo bueno que se puede construir con una institución policial garante de los derechos humanos, porque ya se sabe todos los males que produce lo contrario. El reto está planteado.

SALUDAREMOS LA PATRIA, ORGULLOSOS

Saludaremos la Patria orgullosos, cuando el pan de cada día sea una realidad en todas las mesas y no existan niños quemándose la vida o drogándose para fantasear con el juguete que nunca han podido tener. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando nuestras libertades no sean pisoteadas por policías civiles o por militares que –en nombre del orden y el respeto ajeno– la siguen llenando de víctimas. Saludaremos la Patria, orgullosos cuando la educación y la salud sean algo más que una poética y bella declaración escrita en su Constitución. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando la justicia deje de ser la serpiente que anda por su tierra mordiendo sólo al descalzo, y cuando los que la enlutaron y bañaron con sangre paguen sus culpas.

Saludaremos la Patria orgullosos, cuando los que se apropian de los bienes públicos no sean encubiertos y cuando los que negocian con sus tierras y sus árboles –dejándonos sin agua y aire– reparen los daños que le han causado. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando seamos verdaderamente independientes de modelos, agencias y bancos que imponen miseria y hambre. Saludaremos la Patria orgullosos, el día que no pinten su campo de rojo sangre y cuando la paz deje de ser una simple palabra, lejana y con sabor amargo. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando la violencia deje de afligir nuestros rostros y robarnos lágrimas. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando el que exija lo justo sea respetado. Saludaremos la Patria orgullosos, cuando los frutos que da esta tierra no queden en pocas manos. Saludaremos la Patria orgullosos, el día que aprendamos a ser seres humanos.

¡Sólo entonces saludaremos con pleno orgullo a la Patria donde sus mejores hijas e hijos, sin descanso, trabajaron y trabajan por su verdadero bien: el bien común!

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