Este documento esboza las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a la reaparición en El Salvador de los “escuadrones de la muerte” y los grupos paramilitares, que fueron responsables de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas sistemáticas de presuntos opositores políticos durante la década de los ochenta y principios de la de los noventa. El documento incluye asimismo algunos casos ilustrativos.

La reciente aparición de la Fuerza Nación alista Mayor Roberto D’Aubuisson (furoda) y las amenazas de muerte que ha proferido contra personalidades de la vida publica, de los medios de comunicación y de la esfera religiosa han causado creciente temor e indignación tanto en el país como fuera de el. Además, se sospecha que grupos que se crearon hace años, tales como Sombra Negra, al parecer con objeto de luchar contra la delincuencia y para llevar a cabo una “limpieza social” han cometido muchos homicidios. Estos grupos han amenazado también a jueces y fiscales.

La Comisión de la Verdad creada a raíz del Acuerdo de Paz que se firmó en 1992 y que termino con doce años de conflicto armado entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recomendaba una investigación inmediata y exhaustiva de los “escuadrones de la muerte”, ya que consideraba que esos grupos suponían una amenaza permanente par ala sociedad. En 1993 se estableció el Grupo Conjunto par a la Investigación de Grupos Armados ilegales con Motivación Política en El Salvador, cuyas recomendaciones, sin embargo, no han sido aplicadas por el gobierno.

La persistencia de los “escuadrones de la muerte”, ya se en su forma anterior o en una nueva, socava los avances que se están realizando desde el fin de la guerra civil para establecer en El Salvador un sistema verdaderamente libre y democrático. También constituye una fuente de temor e inseguridad constantes para la población que ha sufrido durante muchos años violaciones de derechos humanos de extrema gravedad.

Amnistía Internacional cree que las autoridades de El Salvador deben tomar medidas inmediatamente para aplicar las recomendaciones del Grupo Conjunto, a saber; que acaben con las actividades de los grupos ilegales armados que actúan por móviles políticos y que procesen a todos los integrantes de dichos grupos que hayan cometido violaciones de derechos humanos.

INTRODUCCIÓN

El espectro de los “escuadrones de la muerte” ha vuelto a ocupar la primera plana de la vida publica de El Salvador, al haber aparecido recientemente grupos clandestino tales como la Fuerza Nacionalista Mayor D’Aubuisson (furoda). Sus ataque, entre los que se incluyen amenazas de muerte contra personalidades de la vida publica, de los medios de comunicación y de la vida religiosa, entre otros, han causado un creciente temor e indignación tanto en el país como fuera de el.

Los “escuadrones de la muerte” y los grupos paramilitares fueron responsables del asesinato secreto y sistemático, de la tortura y de la desaparición forzada de presuntos opositores políticos durante los años ochenta y principios de los noventa, pero gozaron de plena impunidad. Se tenía la esperanza de que tuvieran que rendir cuentas y dejaran de existir como consecuencia del Acuerdo de Paz de 1992 y de los compromisos asumidos por las autoridades salvadoreñas, en vista del apoyo que recibieron de la comunidad internacional para que mejorasen la situación de los derechos humanos. En efecto, se vislumbro un rayo de esperanza cuando, al final de la guerra, se produjo un significativo descenso del número de violaciones graves de los derechos humanos, en especial de las “desapariciones”. Sin embargo, persistieron las amenazas de muerte de los grupos clandestinos contra los activistas políticos y de otra índole, y después de la firma de los Acuerdos se produjeron esporádicamente homicidios y atentados que llevaban el sello característico de los “escuadrones de la muerte”.

Amnistía Internacional considera que la amenaza de un retorno de los “escuadrones de la muerte” en El Salvador solo podrá anularse mediante una investigación especial de sus actividades- tanto pasadas como presentes- y el procesamiento de los que aparezcan como responsables.

INFORMACION GENERAL

Los Acuerdos de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, pusieron fin a doce años de conflicto armado entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que era una entidad no gubernamental. La Comisión de la Verdad, que estableció como consecuencia de los Acuerdos, llevo a cabo investigaciones sobre abusos cometidos en el pasado contra los derechos humanos; publico un informe en marzo de 1993 en el que concluía, entre otras cosas, que los “escuadrones de la muerte”, que estaban vinculados a organismos estables, se habían convertido en “instrumento de terror y de practica sistemática de eliminación física de opositores políticos”. La Comisión de la Verdad recomendaba una investigación inmediata y exhaustiva de los “escuadrones de la muerte”, ya que consideraba que seguían suponiendo una amenaza para la sociedad.

En 1993 se experimento un nuevo estallido de la violencia; varios dirigentes del FMLN y de Alianza Republicana Nacional (arena) fueron abatidos por grupos que actuaban como los “escuadrones de la muerte”. Estos acontecimientos dieron lugar a la creación del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados ilegales con Motivación Política en El Salvador (al que se denominará, en adelante, Grupo Conjunto). El Grupo Conjunto se estableció en diciembre de 1993 y publico sus conclusiones en julio de 1994. Tras analizar los casos y las pautas de los homicidios y las amenazas de aparente motivación política seguían funcionando, aunque su relación con los organismos del estado fuese menos patente que funcionando, aunque su relación con los organismos del estado fuese menos patente que antes. La violencia política parecía entretejida en las estructuras de la delincuencia organizada, lo que dificultaba la determinación de los motivos de algunos casos concretos. No obstante, el Grupo Conjunto pedía que se tomasen medidas en el plano de la investigación y de la prevención, tales como el fortalecimiento del sistema judicial de El Salvador y el establecimiento de una unidad especial en la Policía Nacional Civil para que hiciera un seguimiento de los tipos de casos de violencia política que el Grupo Conjunto  había examinado. El presidente Armando Calderón Sol, que recibió del Grupo Conjunto un apéndice confidencial en el que se citaban los nombres de presuntos culpables, prometió investigar todos los cargos que se apoyasen en indicios suficientes. A pesar de ello, el ministro de Defensa critico vehementemente el informe por ser confuso y nada concluyente; el ministro se hacia eco de la reacción de los militares al informe de 1993 de la Comisión de la Verdad. Poco o ningún progreso se ha hecho en el seguimiento de las conclusiones del Grupo Conjunto.

El secretario general de las Naciones Unidas, Butros Burros Ghali, en su informe sobre El Salvador, que abarcaba el período comprendido entre el 1 de mayo y el 20 de julio de 1996, observaba que la situación del país en lo relativo a la seguridad pública continuaba causando inquietud. Aludía a los comunicados de los grupos clandestinos, en los que se lanzaban amenazas de muerte que tenían repercusión política, y expresaba preocupación porque la repetición de tales incidentes pudiera hacer retroceder el proceso de paz. Burros Ghali reiteraba su llamamiento para que se intensificasen los esfuerzos por poner en práctica las recomendaciones del Grupo Conjunto relativas a la investigación de los grupos armados ilegales con motivación política, ya que ello evitaría la repetición de actos de violencia, y al procesamiento de los responsables.

El gobierno tiene la obligación de investigar todos los delitos que se cometen, incluidos los de los grupos ilegales, y de poner a disposición de la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional considera que, por ahora, las autoridades han incumplido esta obligación.

LOS NUEVOS “ESCUADRONES DE LA MUERTE”
 
Fuerza Nacionalista Mayor Roberto D’Aubuisson (furoda)

El 26 de junio de 1996 apareció en la escena publica salvadoreña un grupo que se autodenominaba Fuerza Nacionalista Mayor Roberto D’Aubuisson. Roberto D’Aubuisson fundo en 1981 el partido de derechas arena. Escudándose en los principios de nacionalismo y libertad, sus objetivos era, en aquel momento, liberar al país de las fuerzas reunidas en el FMLN. Tanto arena como el mayor D’Aubuisson han sido acusados de participar activamente en los “escuadrones de la muerte” responsables de la muerte de miles de salvadoreños, incluso del asesinato del arzobispo de San Salvador Oscar Romero en marzo de 1980. Roberto D’Aubuisson murió de cáncer en 1992.

En su primera declaración publica, hecha el 26 de junio de 1996, furoda amenazo a las siguientes personas:

En la declaración los llamaban “gusanos” y les advertían: “sus días están contados”. Muchos de ellos han trabajado sobre los derechos humanos y han expresado públicamente su compromiso con estos y con la democracia.

Entre otras amenazas, el grupo dice: “Queremos decirles, que desde este momento hemos preparado condiciones para dar un escarmiento ejemplar a los que pretenden hacer abortar el proceso democrático salvadoreño. Por tanto pasan a ser considerados como objetivos de la Fuerza Nacionalista “Roberto D’Aubuisson”. A continuación, advierte a los enumerados en la lista: “Sus días están contados y recibirán un justo pago por estar defendiendo a los terroristas que, desde la Universidad de El Salvador (ues) siguen siendo instrumento para desestabilizar El Salvador.

El 4 de julio de 1996, en una segunda declaración publica, profirieron nuevos insultos y amenazas y advirtieron: “A los cerdos politiqueros de la lista de nuestro comunicado no. 1, que no llegaran a las próximas elecciones…Que haremos una demostración de fuerza, profesionalmente conducida para evitar daños a sus familiares inocentes o a terceras personas que nada tienen que ver con sus infamias. Entonces y solo entonces conocerán la capacidad de maniobra de nuestras fuerzas…”.

El 26 de julio de 1996, furoda lanzo una nueva amenaza durante una reunión del Foro de Sao Paulo, una reunión internacional de partidos de izquierdas que se celebraba en San Salvador. La declaración advertía a la prensa “que informe la verdad y no la distorsione”.

SOMBRA NEGRA

Sombra Negra apareció en diciembre de 1994 en milagro de la Paz, San Miguel, con el propósito teórico de combatir la delincuencia y actuar como escuadrón de “limpieza social”. Aunque se desconoce el origen exacto del grupo y quienes son sus integrantes Amnistia Internacional sospecha que puede estar constituida por ex soldados que cuentan con el apoyo tácito de la Policía Nacional Civil. En abril de 1995, el grupo ya había asesinado a 17 personas, a las que acusaba de ser delincuentes. El grupo justificaba su actuación diciendo que la justicia no funcionaba en el país y que la Policía Nacional Civil no contaba con suficientes recursos como para combatir la delincuencia. Añadían, además, que cada día se cometían demasiados crímenes en El Salvador. A todos las victimas las ejecutaron extrajudicialmente disparándoles en la nuca con armas tales como rifles de asalto y ametralladoras.

En mayo de 1995, el grupo amenazo de muerte a seis jueces a los que califico de “corruptos”. El 21 de julio de 1995 se detuvo a 16 presuntos miembros del grupo acusados de delitos que iban desde el homicidio hasta la asociación ilícita. Los fiscales encargados de la causa informaron que habían recibido amenazas de muerte y que alguien había disparado una ráfaga de tiros contra el hotel donde se alojaban.

Amnistía Internacional siente honda preocupación porque no se haya procesado a nadie por esos delitos, que parecen haberse cometido con el consentimiento de las autoridades.

Otros “escuadrones de la muerte” y grupos armados ilegales de cuya existencia han informado los medios de comunicación son la Organización Maximiliano Hernández Martínez contra el Crimen (que opera también bajo el nombre de Domingo Monterrosa y la Unión Guerrera Blanca), el Movimiento Pueblo Unido Contra la Delincuencia (puad), y el Comando Ejecutivo Antidelincuencia Transitorio (ceat).

ALGUNOS CASOS ILUSTRATIVOS

Francisco Velis Castellanos, político

Francisco Velis era miembro del Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí, que había sido un grupo armado de oposición y se convirtió en partido político en 1993 como consecuencia del Acuerdo de Paz de 1992. Francisco Velis era el candidato del FMLN a diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarían en marzo de 1994.

El 25 de octubre de 1993 a las 7:40 de la mañana, cuando llevaba a su hija de un año a una guardería de la capital, San Salvador, se le acercaron dos hombres desconocidos, vestidos de civil, y le dispararon a quemarropa en la cabeza y el cuello. Los transeúntes que presenciaron el homicidio afirmaron que había varios vehículos estacionados en la zona donde ocurrieron los hechos y que la operación parecía haber sido cuidadosamente planeada. Los agresores lograron huir, a pesar de encontrarse en la zona una patrulla de la Policía Nacional Civil.

La esposa de la victima dijo en una entrevista de prensa que a lo largo de los dos meses que precedieron al asesinato, la familia había sufrido una serie de incidentes inquietantes, tales como interferencias en la línea telefónica, y que la situación se había hecho insoportable el mes anterior al asesinato. Dijo que oían ruidos por la noche y la víspera del asesinato aun más.

El homicidio de Francisco Velis aumento la preocupación de Amnistía Internacional por la seguridad de los miembros de los partidos de oposición durante la campaña para las elecciones de marzo de 1994; De hecho, se produjo una serie de asesinatos de miembros del FMLN y de su aliada electoral, la Convergencia Democrática.

En septiembre de 1995 detuvieron en Houston, Texas, Estados Unidos, a Carlos Romero Alfaro, alias “Zaldaña”, ex agente de policía y en marzo de 1996 lo extraditaron a El Salvador. Había desertado de la Policía Nacional Civil en marzo de 1995, al emitirse una orden de detención contra el por su implicación en el asesinato de Francisco Velis. Afirma que es totalmente inocente y que un preso contrariado, cuyo caso investigo el mismo cuando trabajaba en la División de Investigación Criminal (dic) de la Policía Nacional Civil, ha levantado falso testimonio contra el. A fines de agosto, la Corte Suprema de Justicia ratifico el auto de prisión preventiva, que Carlos Romero Alfaro había impugnado interponiendo una petición de habeas corpus. La Corte motivo su sentencia diciendo que “si bien la prisión preventiva no debe ser la regla general”, en este caso, la excarcelación del peticionario podría alterar la investigación del asesinato, que fue cometido por un grupo. Esta sentencia se envió al tribunal penal que entendía en la causa; según informes, podría constituirse un jurado para celebrar el juicio en plazo de unos dos meses, es decir, hacia fines de octubre. Todavía no se ha celebrado.

Otro sospechoso, Gonzalo Flores Guardado, fue detenido en marzo de 1996 y encarcelado en la Brigada Especial de Seguridad Militar (besm) de la Fuerza Armada, a la que pertenecía. Según el juez que instruye la causa, existen pruebas testimoniales convincentes de la participación de Flores en el asesinato. El 27 de junio, la Fiscalía General de la Republica rechazo una petición para que se retirase la orden de detención contra Ramón Arístides Díaz Ramos, que también esta implicada en el asesinato de Francisco Velis y que ha huido a los Estados Unidos. Según el director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, puede haber mas personas implicadas en este asesinato.

En junio de 1996, la Fiscalía General denuncio que se había perdido una prueba contra Romero. Se trataba de una fotografía de este que había permitido su identificación por el testigo principal. Luego, el 22 de agosto, hubo un intento de secuestro del testigo principal, al que se denomina “Julio”. Varios hombres que iban en un vehiculo con los cristales oscuros trataron de meter a “Julio” en el vehiculo, pero el logro escapar. Entonces le dispararon, pero se refugio en una casa y logro llamar a la Fiscalía General para informar sobre el suceso. Salio de la casa protegido por agentes de la dic de la Policía Nacional Civil. Ya había sufrido anteriormente otro ataque, justo después de prestar declaración ante un tribunal de Sonsonete.

A la vez que ve con satisfacción la investigación del asesinato, Amnistía Internacional siente preocupación porque casi tres años después de los hecho, el asesinato de Francisco Velis sigue pendiente de resolución y continua impune, y porque, además, aun puede transcurrir cierto tiempo antes de que el proceso entre en vías de conclusión. Así mismo, el incidente de junio y los atentados contra el testigo principal causan inquietud respecto al futuro de este proceso judicial.

Homicidio de tres menores

En abril de 1996 se encontró muertos a José Fidel Córdova, de dieciséis años; Jairo Jonathan Hernández Cornejo, de quince, y Carlos Wilfredo Hernández Cornejo, de dieciocho, en el pueblo de Agua Caliente, Platanillo, departamento de Quezaltepeque. Al primero de ellos le aplastaron el cráneo, al parecer con una hacha. Alos otros dos los ahorcaron de un árbol con las manos detrás de la espalda y los pulgares atados.

Según informes, las victimas, su padre y un hermano se encontraban en casa alrededor de las nueve de la noche cuando irrumpieron en ella seis hombres con uniforme negro y la cara cubierta. Llevaban rifles M-16 y granadas. Se llevaron a todos los presentes al pasillo, les ataron las manos y los pulgares a la espalda y los arrojaron al suelo. (La coerción de los prisioneros con los pulgares a la espalda era usada habitualmente en El Salvador por el ejército y los grupos paramilitares durante la guerra civil.) Los atacantes los golpearon con palos y robaron dinero y objetos de la casa. Preguntaron a José Fidel  por un rifle; el contesto que no sabia nada. Continuaron golpeándolo con el canto de un hacha hasta que lo mataron. Se llevaron a los demás y, tras robar en otras casas y aterrorizar a sus habitantes, llevaron a Jairo y a Carlos a un árbol de los alrededores y los ahorcaron de una rama, con los brazos a la espalda y los pulgares atados.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Martha Valladares, dijo que los homicidios eran análogos de los cometidos por los “escuadrones de la muerte”: “Aparecen unos individuos con capuchas, con fusiles, con granadas, son grupos ilegales armados…y genera una situación de inestabilidad”.

También la iglesia católica expreso su preocupación por los homicidios. La prensa cito las palabras de monseñor Fernando Sáenz Lcalle, arzobispo de San Salvador que afirmaba que nadie puede tomarse la justicia por su mano, y menos aun atentando contra la vida de personas inocentes, algo que la Iglesia considera un crimen.

Hasta la fecha, nadie ha comparecido ante los tribunales por estos delitos.

Centro par la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”

El Centro se fundo en El Salvador en 1992 con objeto de documentar casos para presentar a la Comisión de la Verdad. La organización continúo su labor después, para pedir la aplicación de las recomendaciones de la Comisión, con el fin de acabar con la impunidad. Se ha concentrado en la promoción de los derechos humanos, en impartir educación sobre ellos y en prestar apoyo a los familiares de los “desaparecidos”. Recientemente se ha dedicado a la promoción de los derechos civiles y a hacer campaña contra la restauración de la pena de muerte.

El 8 de octubre de 1996, Eliezar Ambelis, empleado del Centro, evito ser secuestrado por dos hombres desconocidos y enmascarados que intentaron raptarle en la carretera de Santa Clara a El Rosario, departamento de San Vicente.

Según los informes, los dos hombres agarraron a Eliezar Ambelis en mitad de la carretera y trataron de vedarle los ojos y empujarle a un vehiculo, pero logro escapar y huyo corriendo a través de un campo. Los hombres le dispararon mientras huía, pero no le hirieron. Una hora después, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” de San Salvador recibió una llamada telefónica amenazadora en que el anónimo interlocutor decía: “Quiero que sepan que esa oficina tiene que desapareceré, tengan cuidado. El que esta en Santa Clara ya esta en nuestro poder. Recen por el.” Se cree que este hombre no sabía que Eliezar Ambelis había conseguido escapar de sus captores.

Eliezar Ambelis ha trabajado en la promoción del derecho de voto en varias comunidades rurales. Ya había recibido otra amenaza de muerte el 27 de septiembre de 1996, en la que le advertían que no continuara con su labor: “No nos gusta que estés jodiendo con esas tus charlas en las comunidades…No te metas en lo que no te importa…hasta hoy te soportamos…Tené mucho cuidado gran pendejo…Deja el trabajo que solo te trae peligro.”

También el 8 de octubre, por la tarde, unos desconocidos dejaron una amenaza de muerte escrita a la puerta de la oficina de Santa Clara del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”. La nota decía: “…cuídense, pues ya luego llegara el día de ustedes”.

El 12 de octubre de 1996 entraron por la fuerza en las oficinas del Centro en Santa Ana y se llevaron artículos de oficina, así como archivos con casos de derechos humanos y material de promoción de los derechos civiles destinado a la población rural.

El 13 de agosto de 1996, los empleados de las oficinas del Centro en San Salvador habían encontrado una nota anónima en que les anunciaban que les robaría y continuaba: “…así que prepárense porque les vamos a matar”.

Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría de esas amenazas, Amnistía Internacional teme que sean obra de grupos armados clandestinos.

CONCLUSIONES

La persistencia de los “escuadrones de la muerte”, ya sea en forma anterior o en una nueva, socava los avances que se están realizando desde el fin de la guerra civil para establecer en El Salvador un sistema verdaderamente libre y democrático. También constituye una fuente de temor e inseguridad constantes para una población que ha sufrido durante muchos años violaciones de derechos humanos de extrema gravedad.

Amnistía Internacional considera que las autoridades de El Salvador deben aplicar inmediatamente las recomendaciones del Grupo Conjunto para acabar con las actividades de los grupos armados ilegales que actúan con una motivación política y para poner a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos a disposición de la justicia.

El Salvador: El espectro de los “escuadrones de la muerte” Amnistía Internacional, diciembre de 1996. Índice de AI: AMR 29/15/96/s
Índice de AI: AMR 29/15/96/s Amnistía Internacional, diciembre de 1996