¿Cómo andamos? o ¡cómo!... ¿andamos?

 

 

"Es hora de pensar en grande; y es hora de ser grandes

--por encima de todas las pequeñeces habituales-—

para poder también hacer grande a nuestro país: El Salvador,

la nación con destino común en cuyo espacio vital nos movemos y somos"

("Bases para el Plan de Nación")

 

Van seis años ya desde que se acordó finalizar la guerra y, por lo que hasta ahora se logra apreciar, lo cosechado no compensa la siembra. Porque para tener esto que ahora tenemos, nuestra tierra fue labrada --sangrienta y dolorosamente-- con el sacrificio directo de cientos de miles de personas y, sobre todo, con las esperanzas de millones de gentes que expectantes e ilusionadas imaginaban algo distinto. Decir algo así a estas alturas ya no es tan complicado, porque la realidad está demostrando que las tan anunciadas glorias del "proceso de paz salvadoreño" no son tales; sin embargo, este tipo de planteamientos no dejan de molestar a ciertos personajes que --como "generadores de opinión pública"-- continúan empeñados en magnificar lo logrado. En ese marco, para no caer en un "dime que te diré", más vale remitirnos a los hechos.

En primer lugar, hay que pasar una rápida revista a la situación de los derechos humanos en el país y la forma en que ésta afecta a la mayoría de las personas que lo habitan. No vamos a hablar del precario estado en que se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la gente, que buena atención requiere por ser uno de los factores que se encuentran presentes colocándole serios signos de interrogación a esta paz salvadoreña. Ni siquiera vamos a meternos a hablar de los niveles de realización en el campo de los derechos políticos, cuyo análisis --para evitar graves males futuros-- debería trascender al simple ejercicio del sufragio cada cierto tiempo y a la existencia de diversos partidos políticos, ya que estas cosas resultan vacías cuando no provocan la participación de la gente.

A lo que pensamos referirnos inicialmente es a lo más elemental. En ese marco, lo que aparece de inmediato ante nuestros ojos es el problema de la seguridad personal y la integridad física, porque quien sostenga que las cosas marchan bien en estas materias se encuentra --sin lugar a dudas-- bastante perdido. Eso lo hemos dicho nosotros a lo largo de estos años, sobre todo durante los últimos tres. Pero no sólo desde el IDHUCA y otros organismos de la sociedad se ha externado una marcada preocupación por el tema; ahora también existen señalamientos, muy silenciosos por cierto, desde instancias oficiales tales como el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

De entrada, en su "Diagnóstico de las instituciones del ramo de seguridad pública" el Consejo afirma lo siguiente: "Los indicadores delictivos reflejan (de acuerdo con los datos de los que se dispone por parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil) un incremento porcentual del 20 por ciento entre 1995 y 1996 y de un 8 por ciento entre 1996 y 1997. En términos absolutos, se reporta un incremento en el total de causas ingresadas en diversos tipos de delitos; así, en 1995 se registraron cuarenta y siete mil doscientas noventa y tres, en 1996 cincuenta y nueve mil doscientas cincuenta y dos, y en 1997 sesenta y tres mil novecientas diecisiete. Genera una preocupación especial los altísimos niveles de homicidios dolosos, los cuales han mantenido una cifra promedio de siete mil doscientos once por año entre 1995 y 1997".

Eso que se comenta en voz baja y muy restringidamente dentro de los círculos más estrechos del poder, tiene expresiones concretas que permiten a las personas "comunes y corrientes" --las "mortales"; esas sin posibilidades de acceso al "Olimpo" de la política nacional-- enterarse un poco sobre lo que verdaderamente está ocurriendo por estas nuestras tierras. Cualquiera podría imaginar que los medios masivos de difusión exageran la "nota roja" con el objeto de vender sus productos, en un mercado caracterizado por una feroz competencia; nosotros mismos lo hemos afirmado en más de una ocasión, al considerar la densa carga de violencia incluida dentro de las notas informativas. Y esas percepciones no son gratuitas, pero tan sólo reflejan aproximadamente un diez por ciento de lo que realmente está sucediendo según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con base en la información proveniente de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República. Sino, veamos a continuación los datos.

El seguimiento diario a la prensa escrita durante 1977 sirvió para que el IDHUCA ubicara, a lo largo de sus doce meses, 774 homicidios dolosos. Así las cosas, matemáticamente hablando encontramos un promedio mensual de casi 65 personas muertas en esas circunstancias y más de dos cada veinticuatro horas. Los casos más frecuentes fueron las ejecuciones realizadas por individuos cuya identidad no pudo ser establecida: 382 en total. Estos hechos superaron las 274 muertes causadas por la "ola delincuencial" que sigue ahogando a la población y que, pasados la media docena de años desde que acabó la guerra, no le permite vivir realmente en paz. Sumados ambos rubros, tenemos una cifra que alcanza las 656 víctimas, lo que se traduce en casi el 85 por ciento de todas las muertes que aparecieron en los cuatro periódicos de circulación nacional y que fueron registradas por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

Pero también hay que ver el 15 por ciento restante, pues nos indica responsabilidades y formas de operar que deberían preocupar a las autoridades correspondientes y al público en general. Ahí están las 39 personas que murieron como resultado de la activación de armas cuyo uso es exclusivo de la Fuerza Armada; hablamos, entonces, de ejecuciones individuales y masacres mediante la explosión de granadas y la lluvia de proyectiles vomitados por artefactos bélicos. Quiere decir que, no obstante los valiosos esfuerzos de alguna asociación civil, el Estado no ha hecho nada importante para limpiar el país de tanto instrumento mortal que se encuentra listo para ser usado o en uso.

También en ese 15 por ciento de víctimas se encuentran las 33 personas ejecutadas mediante el patrón instaurado en éste y otros países latinoamericanos por los "escuadrones de la muerte". Que sea por razones políticas en algunas ocasiones o por "limpieza social" en otras, no interesa mucho; el caso es que estos grupos continúan activos y una clara muestra de ello es que muchos de los cadáveres ubicados aparecieron con evidentes señales de tortura. Aquí también se incluyen siete muertes atribuidas a militares y elementos de la Policía Nacional Civil.

Las últimas dos modalidades mencionadas resultan sumamente inquietantes pues, independientemente de la cantidad, en este El Salvador de 1997 --después de tanto esfuerzo hecho sinceramente por algunos sectores y tantas "cuentas alegres" por parte de otros-- se continúan realizando acciones al estilo "escuadronero" y agentes del Estado siguen atentando contra la vida de las personas, lo que es más grave cuando a ellos corresponde garantizar la seguridad pública. Quedan, finalmente, 39 víctimas de la violencia muertas en circunstancias que no pudieron establecerse con los datos a la mano.

Si tal como advierte el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el promedio de homicidios dolosos durante los últimos tres años --de 1995 a 1997-- fue de siete mil doscientas víctimas y si consideramos que lo que el IDHUCA registró de la prensa nacional representa el 10 por ciento de ese total, nos podemos atrever a establecer ciertas cantidades que pueden ponerle "los pelos de punta" a cualquiera y generar rechazos completos o intentos por descalificar nuestras apreciaciones. Pero como no pretendemos tener la última palabra y mucho menos la última cifra, podemos aventurar la posibilidad de presumir que en El Salvador pasó algo similar a lo que se ofrece a continuación.

De acuerdo con las tendencias que se derivan de la información periodística, pues, en 1997 posiblemente tuvieron lugar en nuestra tierra 7,740 homicidios dolosos que podrían desglosarse así: 3,820 hechos realizados por individuos no identificados; 2,740 muertes atribuidas a delincuentes comunes; 390 fallecidas por uso de armamento bélico; 330 víctimas de acciones típicas de los "escuadrones de la muerte"; y 70 muertes atribuidas a militares y policías. A todos esos hechos, para completar el total antes mencionado, habría que agregar 390 posibles muertes ocurridas en circunstancias no establecidas.

Por encima de una discusión que a fin de cuentas vendría a resultar muy poco trascendental, interesa más apuntar que en ese marco de violencia fallecieron muchas personas indefensas --niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, adultos mayores-- durante la realización de matanzas sobre todo en zonas rurales del país, cuya característica fundamental fue la máxima barbarie. Tales acciones criminales continuaron evocando prácticas de un sombrío pasado reciente y no es atrevido pensar que, en muchos de esos casos, la permisividad y tolerancia que posibilitó su realización quizás se encuentran relacionadas con determinados sectores interesados en mantener a la gente totalmente atemorizada y --en consecuencia-- paralizada, inactiva antes los problemas que la afectan y dejando en manos extrañas las posibles soluciones a los mismos.

¿Quieren ejemplos de todo lo que en los párrafos precedentes presentamos por medio de los fríos números? Pues aquí están algunos. El 23 de mayo se encontraron los cadáveres de un hombre y una mujer en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador; se presume que ambos pertenecían a grupos de "maras" y se constató que fueron asesinados con arma blanca. También en la misma localidad, seis días más tarde aparecieron los cuerpos sin vida de otros dos jóvenes de quienes se dijo eran "pandilleros"; fueron ejecutados a balazos.

En Panchimalco, San Salvador, el 4 de junio aparecieron dentro de un automóvil los restos calcinados de un hombre y una mujer. Durante el mismo mes de junio, sujetos desconocidos asesinaron a tres familiares de dos mujeres pertenecientes a la Policía Nacional Civil; el hecho ocurrió en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. El 11 de agosto, los cuerpos sin vida de otros dos jóvenes fueron localizados entre los cantones Tres Ceibas y Zapotitán, el primero del municipio de Armenia en el departamento de Sonsonate, y el segundo de La Libertad; sus asesinos los decapitaron y les cortaron las manos. Dos semanas después del hecho anterior, la locutora de la estación de radio RCS, Lorena Saravia, fue asesinada y su cadáver localizado en la ciudad de Nueva San Salvador, La Libertad.

El 28 de agosto, tres miembros de una misma familia perecieron asesinados a balazos en el caserío Valle Nuevo, cantón El Arado, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. El 20 de septiembre, tres hermanos --entre los cuales se encontraban dos menores de dieciocho años-- fueron ejecutados a balazos por sujetos desconocidos en el cantón La Calera, municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas. Exactamente cuatro días después, seis personas --entre ellas tres menores de dieciocho años-- murieron a consecuencia de la explosión de una granada y numerosos disparos que les lanzaron sujetos desconocidos quienes irrumpieron en su casa situada en el cantón Platanares, Jutiapa, Cabañas.

En octubre, cuatro miembros de una misma familia, incluidos dos menores de dieciocho años, fueron ejecutados en el cantón La Danta, municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután. El 10 de ese mismo mes, dos hermanos murieron acribillados por desconocidos en la colonia Chintú I, municipio de Apopa, San Salvador. Finalmente, un niño de 13 años fue salvajemente asesinado también en octubre por sujetos desconocidos; su cuerpo fue encontrado con señales de tortura en la hacienda Prusia, cerca del río Sumpa en el municipio de Soyapango, San Salvador.

Si bien estos casos son sólo una pequeña muestra de la dura realidad dentro de la cual le tocó vivir a la mayoría de la gente en El Salvador durante 1997, sirven para revelar de nueva cuenta que en el país todavía falta mucho camino por recorrer en materia de seguridad pública. Ello hace más necesario y urgente obtener resultados concretos y esperanzadores que, por encima de las promesas, coadyuven a generar confianza entre la población respecto de las instituciones estatales correspondientes y amplíen la credibilidad de la gente alrededor de los cambios ocurridos en El Salvador.

Tomando en cuenta ese ambiente y para tener una visión más clara de las tendencias del país en la materia a lo largo del período examinado, se deben considerar las violaciones a los derechos humanos denunciadas ante la institución oficial encargada --por ley-- de su defensa y promoción. Tales datos se encuentran en el balance anual de la situación que hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); en dicho documento, la institución incluyó el conjunto de hechos que conoció a lo largo de 1997, así como su procesamiento y depuración.

De enero a diciembre, la "Defensoría del pueblo" --como se conoce a la figura en otros lares-- recibió 15,237 denuncias. De ellas, el 67.54 por ciento (10,291) "fueron analizadas, ponderadas, investigadas sumariamente y declaradas no admisibles por las resoluciones correspondientes"; a quienes realizaron tales denuncias que no ingresaron al sistema de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se les brindó orientación y asistencia, "canalizando sus reclamos a los organismos competentes". Se admitieron, entonces, 4,946 (32.46 por ciento) "por presumirse la existencia de violaciones a los derechos humanos"; de estas últimas denuncias --las admitidas-- se informó que fueron 5,548 los hechos violatorios detectados, "pues en muchas de ellas se produjo una concurrencia de violaciones a dos o más derechos".

En lo que toca a los llamados "derechos individuales" o derechos civiles y políticos, la PDDH informó que la mayoría de actos contra los mismos se concentró en el ámbito de la integridad personal: 21.61 por ciento de todas las violaciones detectadas en las denuncias admitidas; la institución señaló que, en su mayoría, éstos se produjeron en el marco de los operativos policiales realizados para combatir delincuentes. Aunque no se mencione dentro del citado resumen, vale la pena señalar que en una de sus publicaciones oficiales ("El Defensor del Pueblo", Año 1, Época 2, Nº 17, 13 de noviembre de 1997), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos refirió "tres casos de tortura en sede oficial" ocurridos durante el penúltimo trimestre del año.

En total, se habla de 1,199 casos de violación al derecho a la integridad personal, que es una cifra similar a la de 1996 (1,181) y superior a la de 1995 (749). Para la institución estatal informante, fueron dos las condiciones que propiciaron su realización: el incumplimiento de plazos para remitir las personas detenidas a los tribunales correspondientes y el uso desproporcionado de la fuerza. Como ejemplo de violaciones a este derecho, la delegación departamental de la PDDH en Sonsonate denunció en abril que un reo había sido torturado en un baño del Centro Penal de ese departamento.

El siguiente sitio dentro de este grupo de derechos, en orden descendente, lo ocuparon las 724 (13.05 por ciento) violaciones contra la libertad personal derivadas de las denuncias admitidas; en este rubro destacaron las detenciones ilegales y arbitrarias. Abajo de ellas, muy cerca, se detectaron aquellos hechos violatorios que afectaron a las personas en su seguridad y privacidad: 487 ocasiones, que representan el 8.78 por ciento del total general de violaciones ubicadas durante el año.

Luego se ubicaron los 188 actos contra la vida (3.39 por ciento), extraídos de las denuncias admitidas por la PDDH durante los doce meses comprendidos dentro de su balance sobre la situación; si bien la institución reconoció que esta cifra era menor que las registradas durante los años anteriores (248 en 1996 y 310 en 1995), también expresó su seria inquietud al respecto. Coincidiendo en eso último con la posición del IDHUCA expuesta antes, la PDDH afirmó que eran sumamente preocupantes las 26 denuncias por muerte arbitraria consumada donde aparecieron involucrados agentes estatales --sobre todo elementos de la Policía Nacional Civil-- "en conductas tipificadas por un uso extrafuncional de la fuerza, es decir, con motivaciones o en circunstancias ajenas a sus funciones, y en menor señalamiento, por el uso excesivo de la fuerza".

En cuanto a los derechos relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso legal, al igual que en 1995 y 1996 fueron abundantes los hechos registrados. Se informó de 998 casos, que representaron el 17.99 por ciento del total de denuncias admitidas sobre violaciones; además, la PDDH indicó que en este campo sólo después del correspondiente a la integridad personal es donde se siguieron produciendo más arbitrariedades en El Salvador, sobre todo en lo relativo a la retardación y denegación de justicia. Si a ello se suman las 723 violaciones al debido proceso administrativo detectadas en las denuncias que admitió la PDDH durante el período examinado --13.03 por ciento del total-- se revela que en el país continuó siendo difícil resolver los conflictos por estas vías, independientemente de las reformas y otras tantas cosas que se hayan hecho para habilitarlas.

En el panorama relacionado con la impartición de justicia, no puede obviarse lo relativo a la situación de las personas privadas de su libertad; al menos, se deben recordar ejemplos muy ilustrativos sobre los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en algunos sitios. En diversos casos, los detenidos protestaron debido a las pésimas condiciones en que se encontraban así como por el real estado de parálisis de la mayoría de sus procesos y el irrespeto a los derechos humanos, tanto los propios como los de sus familiares que los visitaron.

Uno de ellos fue el de 149 reos hacinados en las bartolinas de la delegación policial en la ciudad de San Miguel, que se amotinaron durante enero de 1997 precisamente por la falta de espacio; a la vez, denunciaron haber sufrido agresiones físicas y otras violaciones a su dignidad. Un día después de ocurrido lo anterior, alrededor de 200 reos en el Centro Penitenciario de Metapán, Santa Ana, amenazaron con adoptar medidas de hecho para reclamar por la mala alimentación y las acciones de los custodios contra sus familiares. También como parte de los graves incidentes ocurridos en el ámbito penitenciario, durante la última semana de marzo veinte menores de dieciocho años se fugaron del Centro de Rehabilitación "El Espino", ubicado en el departamento de Ahuachapán.

¿Quién no se acuerda, además, de las bocas de los prisioneros cosidas con hilo dental y la "lotería de la muerte"? De no ser por la oportuna y valiente intervención de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos en estos últimos casos, de nuevo las cárceles salvadoreñas hubieran sido el escenario de las más "creativas" acciones violentas realizadas por grupos humanos que por haber cometido un delito --muchas veces de poca monta-- o sin siquiera haberlo cometido, no sólo se encuentran privadas de su libertad sino también en un marco donde su dignidad --cuando aún la conservan-- pende de un hilo.

Tras cada uno de los hechos reportados por la Procuraduía como violaciones a los derechos humanos, existen responsabilidades con nombre y apellido. Y en ese marco, cabe advertir que las instituciones más denunciadas ante la PDDH guardan una relación directa con los derechos que resultaron más afectados: integridad personal y debido proceso legal. Eso es lo que se desprende de los datos incluidos en el informe anual de la misma, los cuales revelaron el siguiente panorama: en primer lugar se ubicó la Policía Nacional Civil con 2,498 casos, lo que se traduce en el 53.14 por ciento de todas las violaciones derivadas de las denuncias admitidas; el segundo sitio correspondió al Órgano Judicial con 975 (18.91 por ciento); en el tercer sitio apareció el Órgano Ejecutivo con 682 (13.23 por ciento) y, en el cuarto, la categoría registrada como "otras autoridades" instituciones autónomas, Ministerio Público y otras con 548 (10.62 por ciento); por último quedaron los gobiernos locales (437, 8.48 por ciento) y "otros responsables", entre ellos, el Órgano Legislativo con 106 casos (2.06 por ciento).

Eso nos lleva al otro aspecto de esta reflexión: el estado en que se encuentran las instituciones estatales más importantes directamente encargadas de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el país. Comenzando por la Policía Nacional Civil, se debe señalar que su capacidad técnica --sobre todo en lo relativo a la investigación de los delitos-- se vio limitada o fue mal utilizada, tanto por falta de recursos y preparación como por la mala conducción de la institución, a la cual se suma la ineficacia de sus controles dentro y fuera del cuerpo. Sin embargo, no obstante las resistencias e inercias negativas, al finalizar el año se pudieron contabilizar ciertos avances debido --de manera fundamental-- a la legítima terquedad de algunas personas que, afectadas por su accionar, no cejaron en su empeño por conseguir justicia.

A lo anterior debe agregarse la opinión del secretario general de las Naciones Unidas externada en julio de 1997, a propósito de su evaluación sobre el proceso salvadoreño en relación con el cuerpo policial. Entre otras cosas, Kofi Annan sostuvo que la Policía Nacional Civil cuenta con las "posibilidades de ejecutar políticas de seguridad pública modernas y democráticas", aunque afirmó también que "el modelo establecido por los acuerdos de paz no se ha consolidado sin que se produjeran distorsiones".

Tras enumerar las dificultades encontradas y los errores cometidos durante la corta existencia del cuerpo, como lo hemos hechos nosotros desde hace algún tiempo, Annan también se refirió a las deficiencias detectadas en los mecanismos que deberían regular su labor: unidades de control e investigación disciplinaria, tribunal disciplinario e inspectoría general. De ellos, dijo que "nunca lograron establecerse como garantes de la transparencia de los procedimientos policiales ni de la aplicación de una disciplina apropiada"; es más: de su trabajo señaló que carecía "de una coordinación eficaz, no sólo entre sí sino con otras entidades del Estado".

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas también lamentó la actitud de las autoridades del sector, al tratar "de obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa para modificar algunas de las normas fundamentales del funcionamiento de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, sin haber efectuado los necesarios estudios técnicos ni haber analizado las consecuencias de dichas modificaciones".

De Estados Unidos de América también se escucharon voces desfavorables, como las del Departamento de Estado desde donde se sostuvo --en su informe anual-- que la PNC cometió violaciones a los derechos humanos durante 1997. En el documento se lee que oficiales y agentes del cuerpo participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra personas detenidas; el informe refiere que mensualmente se produjeron, en promedio, 65 denuncias de violaciones a la libertad personal entre enero y septiembre de 1997; asimismo, precisa que la Policía Nacional Civil adolece de escasa preparación técnica y cuenta con poca experiencia en la persecución del delito.

Por último, tanto a nuestras apreciaciones como a las del máximo funcionario de la ONU y del Departamento de Estado, se deben agregar las provenientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sobre la base de los análisis realizados en el interior de la Policía Nacional Civil y las conclusiones de dos firmas consultoras privadas, reproducimos textualmente lo que --cierto o no, en parte o en todo-- ha sido identificado desde las entrañas de la institución como los problemas más relevantes que la aquejan:

(1) Predominio de rasgos que no son propios de una policía civil (castrenses, corporativistas, de falta de integración a la comunidad, que frecuentemente emplea malos modales o malos tratos hacia el ciudadano).

(2) Falta de claridad sobre los objetivos institucionales en toda la estructura de la Policía Nacional Civil y deficiencias de liderazgo de buena parte de las jefaturas de la institución.

(3) Predominio de la autonomía de las unidades, divisiones y delegaciones sobre los procedimientos, organización y jefatura.

(4) Dispersión funcional de la Subdirección General Operativa.

(5) La estructura de la Subdirección General de gestión es demasiado pesada y compleja y no presenta un apoyo efectivo a la Dirección General Operativa.

(6) Ha crecido la estructura de manera desordenada.

(7) Las divisiones técnico-funcionales están traslapadas entre sí y con la estructura territorial no se establecen objetivos concretos para las delegaciones. Las divisiones técnico-funcionales enfrentan problemas de falta de especialización de su personal.

(8) La dirección funcional de la Fiscalía General de la República, del Procurador General y de la Procuradora de Derechos Humanos sobre la DIC (División de Investigación Criminal), la del Ministerio de Hacienda sobre la División de Finanzas y la del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre la División de Medio Ambiente, crea dualidad de mando en la Policía Nacional Civil y no siempre los procedimientos de cómo ésta se ejerce son adecuados o están claramente definidos. El MAG no ha ejercido la dirección funcional de la División de Medio Ambiente. Se señalan deficiencias técnicas de parte de la FGR para dirigir investigaciones de la DIC. Existe entrecruce de competencias institucionales.

(9) La Ley Orgánica de la PNC (LOPNC) presenta importantes vacíos en relación con el desarrollo actual y las perspectivas de una corporación de dieciseis mil personas. En ese sentido, se necesita impulsar una reforma bastante sustancial de la misma. Las reformas a la Ley Orgánica de la PNC obviamente deben tener congruencia con las modificaciones que la estructura orgánica y funcional de la institución requiere.

(10) Al margen de las limitaciones, distorsiones e insuficiencias del marco legal y del papel de la Fiscalía General de la República (FGR) en la dirección funcional de las investigaciones, la capacidad investigativa de la PNC está seriamente cuestionada.

Como todo lo dicho antes sobre la Policía Nacional Civil resulta contundente, demos por cerrado esta parte y pasemos al Órgano Judicial. Sobre éste, el mismo Consejo Nacional de Seguridad Pública recomendó --a principios de 1997-- la creación urgente de una comisión ad hoc para impulsar su depuración. A ese señalamiento se sumó el ya citado informe del Departamento de Estado, dentro del cual se hablaba de un sistema ineficiente, sujeto a la corrupción y lento "para destituir jueces incompetentes".

El secretario general de la ONU no se quedó atrás en este punto y --en su documento de julio de 1997-- se expresó así: "la mayor deficiencia de esta esfera es la ineficacia del proceso de depuración de jueces y funcionarios deshonestos, incompetentes o poco motivados. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) han evaluado a los jueces de una manera y a un ritmo que no han sido suficientes, habida cuenta de la gravedad de la situación. El que no se hayan hecho mayores progresos al respecto impide cumplir con una condición indispensable para estructurar un sistema que, aunado a una policía eficaz, sea capaz de eliminar la impunidad y garantizar la justicia".

De lo que calificó como "considerables progresos alcanzados" en lo que toca a la impartición de justicia, Annan sólo pudo ofrecer un ejemplo: la Corte Suprema de Justicia electa en 1994. Frente a eso, las otras deficiencias apuntadas minimizan cualquier optimismo fácil: ineficaz justicia constitucional y lenta justicia penal, miles de personas esperando sentencia dentro de las tantas veces denunciadas infrahumanas cárceles salvadoreñas, concentración de funciones administrativas en el máximo tribunal, inexistencia real de una carrera judicial que fortalezca y estimule a sus miembros, negativa de otros sectores gubernamentales para respetar las decisiones judiciales. Para el funcionario internacional, "las debilidades en este sector constituyen un obstáculo fundamental al afianzamiento de un Estado verdaderamente democrático".

Mientras el Organo Judicial continúa sin dar respuesta a esas deficiencias, 9,235 reos se encuentran abarrotando los centros penitenciarios ubicados a lo largo y ancho del territorio salvadoreño, viviendo en condiciones realmente deplorables y sin ninguna esperanza de que ésta mejore. Según informes oficiales, de ese gran total sólo 2,029 (21.97 por ciento) personas se encuentran condenadas y 7,206 (78.03 por ciento) permanecen recluidas siendo procesadas, a la espera de su sentencia. Pero, además, cerca de 800 reos guardaron prisión en bartolinas policiales ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional; en esos lugares, sin celdas adecuadas, las personas detenidas se ubicaron en patios u otros sitios durante el día y pasaron noches enteras en condiciones inadecuadas para dormir.

En ese marco, a finales de septiembre y después de cerca de tres años de trabajo, la Asamblea Legislativa aprobó nuevos cuerpos normativos relacionados con la problemática y de los cuales se espera una contribución real a su solución: el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria. Pero poco antes de finalizar el año, Mario Solano --miembro de la Sala de lo Constitucional de la CSJ-- afirmó que la entrada en vigencia de dichas normativas estaba ocasionando una pugna de poder en el interior del aparato estatal, dentro del cual el protagonismo principal correspondía a un Organo Ejecutivo empecinado en mantener hasta donde le fuese posible el control sobre la investigación del delito. Tal opinión fue desmentida con celeridad por los presidentes de la República y del máximo tribunal de justicia; sin embargo, para el magistrado Solano, a ello se debía la reducción al presupuesto del Organo Judicial aprobada en el seno de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se puede afirmar que el trabajo desarrollado por la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés al frente de la misma merece un especial reconocimiento, pues lo ha desarrollado de acuerdo con los principios que la Constitución de la República establece. Prueba de ello es que, además de pronunciarse oportunamente frente a situaciones problemáticas y urgentes, también ha investigado hechos y situaciones de violación a los derechos humanos para determinar responsabilidades y recomendar lo necesario, a fin de restituir el derecho conculcado y reparar el daño ocasionado.

Sin embargo, como en este país las cosas no siempre se dan como debe ser, el esfuerzo de la señora procuradora y su equipo no fue bien visto por ciertos grupos minoritarios pero muy poderosos ubicados dentro y fuera del aparato estatal. Así, a lo largo de su segunda administración, la institución no contó con recursos suficientes ni sus recomendaciones fueron bien recibidas por los funcionarios a quienes estaban dirigidas. En la práctica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no habría hecho todo lo que hizo durante los últimos tres años de no haber sido por el aporte solidario de países amigos que sí entendieron el sentido de su misión y lo que significa su labor para la consolidación de la democracia y la paz en El Salvador.

De los tantos apoyos y reconocimientos recibidos por su gestión, destaca el juicio del secretario general de la ONU quien --en su antes citado informe-- sostuvo lo siguiente: "Tras un comienzo algo vacilante, se estableció la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic) para la Defensa de los Derechos Humanos... Con el correr del tiempo,... ha obtenido un alto nivel de reconocimiento público. Particularmente durante el mandato de su actual titular, ha hecho valientes esfuerzos para cumplir su mandato de supervisar la actuación del Estado y contrarrestar los posibles abusos de poder, a pesar de los obstáculos con que ha tropezado a causa de la falta de voluntad política de algunos funcionarios gubernamentales para responder adecuadamente a sus resoluciones y recomendaciones".

Sin "pelos en la lengua", el señor Annan lamentó "que la futura consolidación de la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic), institución indispensable para el fortalecimiento democrático del Estado y de la sociedad, pueda verse en peligro por el hecho de que su presupuesto para el año actual disminuyera considerablemente en lugar de aumentar, como lo había recomendado mi predecesor". Y eso lo dijo en julio de 1997, sin saber que meses después se anunciaría un nuevo recorte para 1998. Lo que no alcanzó a ver el actual dirigente de la ONU fue que esas y esos que presumen de representar al pueblo en el pleno legislativo, a la hora de la verdad dirían ¡no! a la reelección de la señora procuradora, pasando así por encima de su opinión y --sobre todo-- del sentir mayoritario expresado de diversas formas por la sociedad salvadoreña.

Sin embargo, aunque puedan, ciertos partidos --muchos de ellos con una muy cuestionada legitimidad-- no deben ahora pretender que ese lugar lo ocupen quienes ya dieron muestras de no ser las personas idóneas para ello, ni tampoco otras que son totalmente desconocidas por la comunidad de organismos defensores de los derechos humanos, que no tienen experiencia de trabajo en la materia o --peor aún-- que cuentan con una trayectoria que las coloca más bien en el otro lado: en el de las responsabilidades directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos. Cualquier decisión equivocada en relación con la persona que esté al frente de la institución durante los próximos tres años puede poner en riesgo al país, pues con ella se estarían haciendo peligrar los avances experimentados en esta materia con la actual administración de la PDDH y --sobre todo-- se estaría socavando la confianza que se pueda haber comenzado a generar entre la gente.

En El Salvador existe ya una historia en lo que se refiere al reparto de poder entre las distintas fuerzas políticas; según parece, ahora se está siguiendo el mismo esquema como si la selección de la persona para ocupar este importante puesto --el del Ombusman-- se tratase de una transacción comercial. ¿Así van a seguir decidiendo "los padres y las madres de la Patria" el futuro de nuestro país? Porque esa es la impresión que le dan a una población sumamente desencantada, que observa cómo se arruinan las pocas cosas buenas conseguidas después de tantos y tantos años de sacrificio y dolor, mediante componendas políticas y el nombramiento de funcionarios incapaces "a dedo" o por "compadrazgos" irresponsables, en lugar de tener siempre como criterio básico el "bien común". De esa forma, se han pasado y siguen pasando por alto los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos para acceder a puestos claves en las instituciones del Estado.

Con todo lo que ahora hemos incluido en el presente comentario, intentamos ofrecer un panorama objetivo en el cual se reúnen las grandes y más gruesas deficiencias ubicadas en el funcionamiento de las instituciones vitales para garantizar el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de todas y todos los salvadoreños; cabe señalar que, en ese marco, la excepción fue la gestión de la doctora de Avilés al frente de la PDDH. En nuestra reflexión dejamos en el tintero, a propósito, la mención explícita de muchas anomalías cotidianas y recurrentes derivadas de la labor policial y judicial que afectan a la inmensa mayoría de la gente, las cuales constatamos mediante nuestra labor permanente.

Ello no debe interpretarse como un inútil ejercicio sadomasoquista ni como una labor pesimista y desestabilizadora; por el contrario, es --como señala el documento Bases para el plan de nación-- un esfuerzo por "pensar en grande... por encima de todas las pequeñeces habituales". Porque pensar en grande nos obliga a decir la verdad, independientemente de que ésta no le suene bien a quienes proclaman las glorias de un malogrado proceso en el cual se invirtió mucho, prometía mucho y está produciendo muy poco para la mayoría de la población salvadoreña; y porque pequeñeces son las disputas palaciegas mediante las cuales se busca favorecer intereses particulares, por encima de la persona humana --reconocida constitucionalmente como "el origen y el fin de la actividad del Estado"-- y en contra de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"