© 1996 UCA Editores
ECA, No. 577-578, noviembre-diciembre de 1996
Verdad, justicia, perdón
José María Tojeira
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Resumen
Los años han pasado, pero
el asesinato de los sacerdotes jesuitas sigue siendo un doloroso
recuerdo, sobre todo si se considera que la equivocada axiología
de los que avalaron, ordenaron y cometieron el crimen continúa
orientando el rumbo del país.
Tojeira propone a la verdad, a la justicia y al perdón como
los valores fundamentales sobre los que construir una nueva
sociedad, más cristiana y más solidaria.
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Reflexionando un poco sobre las leyes de punto final luego de
un conflicto, sea este una guerra civil, una guerra sucia o una
situación en la que se entremezclan el terrorismo estatal
con el terrorismo de grupos rebeldes o insurgentes, quiero centrar
mi exposición sobre la experiencia salvadoreña en
tres palabras: verdad, justicia y perdón.
Estas tres palabras, acuñadas como camino de
acción por Francisco Estrada, rector de la UCA desde 1989,
tras el asesinato de los jesuitas, corresponden
simultáneamente a una experiencia y a un programa. A una
experiencia, porque las tres nacieron simultáneamente en los
jesuitas que quedábamos vivos tras el asesinato de nuestros
compañeros en El Salvador. Las primeras reacciones
gubernamentales trataron sistemáticamente de encubrir el
asesinato, y por ello la búsqueda de la verdad se
convirtió en tarea urgente y prioritaria. Todos
éramos conscientes, además, que nuestros
compañeros habían muerto como hombres libres, amantes
y testigos de la verdad. Proseguir en ese camino, cosechando
más verdad, era también un acto de coherencia con el
aprecio que les teníamos.
La tradición de impunidad frente a las violaciones de
los derechos humanos y los crímenes políticos en El
Salvador, que todos habíamos sufrido de una u otra forma,
desarrolló en nosotros un deseo de justicia tan
poderosamente arraigado como la compasión por las
víctimas. La ofensa recibida nos colocaba en una
situación en que la exigencia de justicia se
convertía en un deber ineludible. Lo contrario sería
olvidarnos irresponsablemente de la dignidad de las
víctimas.
Las primeras reacciones gubernamentales trataron
sistemáticamente de encubrir el asesinato, y por ello la
búsqueda de la verdad se convirtió en tarea urgente
y prioritaria.
Por otra parte, la dureza de la guerra y la proximidad de su
fin, así como el endurecimiento humano acumulado en el
país a lo largo de tantos años de lucha armada,
había sembrado en nosotros la convicción de que, sin
una fórmula de perdón legal que tradujera socialmente
la capacidad humana de perdonar, no podría conseguirse la
reconciliación de aquella sociedad tan golpeada. El
perdón cristiano y la exigencia evangélica de rezar
por los enemigos nos presentaban, ante los cadáveres de
nuestros compañeros, el reto de ampliar el perdón
personal a fórmulas de perdón social.
Estas palabras, que renacían entonces desde una
experiencia dura, contrastada en la oración y en el
Evangelio, habían sido ya antes, entre los mismos
asesinados, programa de acción. La fidelidad a la memoria de
los mártires y la misma formulación de estas tres
palabras como tarea, las fue convirtiendo en programa pensado y
reelaborado en el contraste con la práctica y en la lucha
diaria. El día a día nos dejaba ver que eran
útiles como programa, tanto ante el proceso que
siguió al asesinato de los jesuitas como ante la
reconciliación como tarea, tanto más urgente cuanto
más avanzaban las negociaciones que darían fin a la
guerra civil salvadoreña.
La verdad era necesaria, no sólo en el caso de los
jesuitas, sino respecto de los 75 mil muertos que costó el
conflicto salvadoreño. La justicia era indispensable para
que el futuro de la sociedad no se construyera sobre el olvido y,
al final, el desprecio de tanta víctima masacrada
únicamente por desear una pequeña parcela de
dignidad, justicia y libertad. Y la reconciliación se
convertía en exigencia frente a la polarización y el
entigrecimiento -como diría Antonio Machado- de los
espíritus, que llevaba a clasificar en amigos o enemigos a
los que no eran más que conciudadanos y hermanos.
En esta exposición quisiera hacer un recorrido por
estas tres palabras que, como he dicho, sintetizan el trabajo
realizado en tres campos. En la investigación del asesinato
de los jesuitas, en el trabajo y la presión en favor de la
finalización de la guerra civil salvadoreña, y en la
proposición de pasos eficaces para la reconciliación
social. La misma experiencia salvadoreña nos ha mostrado
que, si en verdad se quiere conquistar la reconciliación en
una sociedad dividida por la guerra, estas tres palabras, por lo
menos, tienen que regir cualquier intento de legislación que
pretenda poner punto final a los odios generados por el conflicto.
1. La verdad
La verdad era tarea urgente en El Salvador, en una sociedad
donde las cosas eran vistas como blancas o negras. De hecho, a ella
habían dirigido sus esfuerzos los jesuitas de la
Universidad, ejecutados por ser testigos de la verdad. Ignacio
Ellacuría gustaba repetir que la primera y prioritaria
materia de estudio universitaria debe ser siempre la realidad
nacional. Estaba convencido de que la racionalidad humana y la
racionalidad de la realidad, coincidían en la verdad. Y esa
verdad tenía fuerza suficiente, en sí misma, para ir
derrumbando falsedades ideológicas, políticas y
sociales.
Y El Salvador necesitaba verdad. La Fuerza Armada y el
Gobierno de El Salvador construían una falsa verdad
continuamente al hablar de la realidad. Las violaciones de los
derechos humanos eran para ellos resultado de una embestida
terrorista dirigida por el comunismo internacional. El Salvador era
un país democrático. La corrupción era un
problema mínimo o inexistente. La pobreza no
constituía un problema grave. Había una
campaña internacional de prensa, dirigida por la izquierda
extranjera y nacional, enfocada a aislar y desprestigiar al
gobierno de El Salvador. El Ejército defendía la
libertad y el gobierno era la quintaescencia de la democracia. Si
detrás de esta palabrería no hubiese existido tanta
muerte y corrupción, la cuestión se habría
reducido a la tragicomedia altisonante. Pero el abismo entre el
discurso oficial y la verdad era demasiado grave y estaba
construido sobre el sufrimiento humano.
El FMLN tampoco decía toda la verdad. Aunque con
reivindicaciones justas, pretendía la conquista del poder a
través de un triunfo revolucionario, sin reconocer que ni
estaban como grupo preparados para dirigir el país, ni
tenían un proyecto de gobierno viable en la región,
ni hubieran sido, previsiblemente, capaces de mantener lo que
hubieran conquistado. Sus métodos para la conquista del
poder eran con frecuencia inhumanos y/o injustos. El sometimiento
a la organización exigido a la militancia era excesivamente
dogmático e implicaba, con frecuencia, mecanismos de control
reñidos con la ética.
La verdad era necesaria, no sólo en el caso de los jesuitas,
sino respecto de los 75 mil muertos que costó el conflicto
salvadoreño.
Para establecer la verdad, en medio de la polarización
de la guerra, había que comenzar por hacer verdad sobre el
contexto en el que nos movíamos. De hecho, por ese camino se
vio forzada a comenzar, poco después, la Comisión de
la Verdad, fruto de los acuerdos de paz y auspiciada por Naciones
Unidas, cuando comenzó su mandato.
1.1. El contexto
La verdad de la situación salvadoreña
tenía hondas raíces en el pasado. La comisión
Económica para América Latina de las Naciones Unidas
(CEPAL) estimaba todavía en 1992 que un 60 por ciento de la
población vivía en extrema pobreza. Y esto no se
debía a la guerra sino que era parte de una larga historia
en El Salvador. El año de 1932 estuvo marcado por la matanza
de 30 mil campesinos, tras un alzamiento mal armado que reclamaba
acceso a la tierra. Entre los años cincuenta y setenta, El
Salvador había experimentado un crecimiento económico
constante, pero el sistema de apropiación privada de la
riqueza había ocasionado que la pobreza creciese
simultáneamente, haciendo cada vez más claras y
escandalosas las diferencias. Desde los años sesenta operaba
en El Salvador ORDEN (Organización Democrática
Nacionalista), institución paramilitar de defensa civil que
muy pronto comenzó a actuar, especialmente entre el
campesinado, con las técnicas de los escuadrones de la
muerte, reprimiendo todo descontento frente a gobiernos elitistas
y militarizados.
Los años setenta fueron testigos de dos elecciones
fraudulentas del Partido de Conciliación Nacional. Una
amplia alianza, que incluía desde la Democracia Cristiana al
Partido Comunista Salvadoreño, fue despojada del triunfo
merced a un fraude burdamente orquestado. A partir de la
última de estas elecciones, en 1976, el movimiento de masas
entró en un rápido proceso de radicalización,
exigiendo sus derechos en todos los campos. La guerrilla
comenzó a operar y establecer vínculos con
organizaciones populares. Las fuertes relaciones con organizaciones
de todo tipo, desesperadas por la violencia represiva del gobierno,
contribuyó a que el FMLN fuese creciendo y a que, con la
incorporación de grupos origen social heterogéneo,
comenzara a cuestionar los dogmatismos internos que caracterizaron
especialmente su génesis. En este contexto, la
agitación popular crecía diariamente.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Las
manifestaciones populares fueron dispersadas a tiros, los
asesinatos políticos se multiplicaron, los escuadrones de la
muerte y la policía fijaron a los sacerdotes vinculados con
el trabajo de concientización como "objetivos
susceptibles"...
Y, en los ochenta, la situación se agravó con el
estallido de la guerra civil, específicamente en 1981.
Según Socorro Jurídico, organización
salvadoreña de supervisión de los derechos humanos,
11 mil 903 civiles fueron asesinados, sólo en 1980. Al
año siguiente, la cifra de ciudadanos asesinados
subió a 16 mil 266, y en 1982 descendió a 5 mil 962.
Empero, ese descenso no dice nada. En 1980 y 1981 se
realizaron masacres masivas en el área rural, como parte de
la lógica contrainsurgente de "tierra arrasada". Con la
imposición norteamericana del modelo de guerra de baja
intensidad, el número de las víctimas entre la
población civil descendió paulatinamente, pero la
población siguió alimentando su miedo a la libre
participación en la problemática social. Esa "baja
intensidad" mantuvo, en el crimen y en la represión, las
raíces del miedo, mas, sin quererlo, también
abrió la posibilidad a voces como las de nuestros hermanos
asesinados, que propusieron con claridad el camino de la
negociación como única salida al conflicto.
La Comisión de la Verdad, que durante 1992 y 1993
abrió una investigación sobre los hechos de violencia
que golpearon a la sociedad salvadoreña durante los diez
años de guerra civil, recibió, en sólo tres
meses, más de 22 mil denuncias. Una muestra significativa.
Un poco más del 60 por ciento de las denuncias
correspondió a ejecuciones extrajudiciales. Algo más
del 25 por ciento se refirió a desapariciones forzadas, y
más del 20 por ciento a la tortura. Los denunciantes
atribuyeron casi el 85 por ciento de los casos a agentes del
Estado, mientras que el 5 por ciento responsabilizó al FMLN.
Cerca de la mitad de estas denuncias contra el FMLN -unos 800
casos- se refirieron a ejecuciones extrajudiciales.
La presencia de Estados Unidos, limitada por su propio
Congreso, incidía directamente en el diseño de
estrategias de guerra y especialmente en el encubrimiento de
crímenes de origen estatal, así como en lo que la
Fuerza Armada Salvadoreña llamaba entonces "operaciones
psicológicas". La ayuda para la guerra superó los 5
mil millones de dólares, y dentro de las estrategias de
guerra de baja intensidad, contribuyó simultáneamente
a frenar los excesos de la brutalidad y a prolongar el conflicto.
La dependencia de los Estados Unidos llegó a ser tan grande
que el propio presidente salvadoreño, Napoleón
Duarte, dijo en una ocasión ante los medios de
comunicación que el que financiaba la guerra tenía
derecho incluso a decidir qué tipo de calzado debía
ponerse el soldado salvadoreño.
El FMLN tampoco decía toda la verdad. Aunque con
reivindicaciones justas, pretendía la conquista del poder a
través de un triunfo revolucionario, sin reconocer que no
tenían un proyecto de gobierno viable.
La libertad de expresión había desaparecido y
sólo a partir de 1985 comenzarán a asomarse a la
realidad nacional algunos medios de información de masas
que, en ocasiones, se permiten disentir de las opiniones
gubernamentales. Esa libertad, y la conciencia del conglomerado
sobre la necesidad de una paz negociada, crecieron proporcional y
paralelamente. De hecho, la UCA, a través de sus revistas y
de las declaraciones, dentro y fuera del país, de algunos de
sus miembros, especialmente Ignacio Ellacuría, Ignacio
Martín-Baró y Segundo Montes, habían previa y
arriesgadamente, iniciado la apertura. En los tempranos ochenta, el
embajador norteamericano Pickering calificaba a la universitaria
revista ECA, en sus informes clasificados a Washington, como la
única revista izquierdista tolerada en El Salvador.
En este contexto trabajaban los jesuitas asesinados, y en
él fueron protagonistas, no exclusivos, por supuesto, de la
tarea de hacer verdad en El Salvador. Y en ese trabajo, y por esa
razón, fueron asesinados. Antes que ellos muchos otros,
entre los que quiero mencionar a Monseñor Romero,
habían dado su vida por la misma causa.
1.2. Las raíces
La búsqueda de la verdad lleva siempre a las
raíces de la realidad y, en este caso, a las raíces
de una situación violenta. Monseñor Romero
había escrito ya en su cuarta carta pastoral que las causas
de la violencia en El Salvador estaban en las idolatrías de
la riqueza, de la seguridad nacional y de la organización,
con una distinción en lo que respecta a esta última:
así como la riqueza y la seguridad nacional tienen una
dinámica propia que lleva a utilizar como cosas a las
personas, la organización popular es un bien necesario para
los pobres, aunque pueda desvirtuarse en la medida en que se la
coloque sobre la dignidad de la persona.
Los jesuitas asesinados no sólo miraron hacia las
raíces del conflicto, sino que, a partir de ellas,
analizaron científicamente patrones de comportamiento. El
problema de los refugiados fue sistemáticamente estudiado,
así como los daños psicológicos causados por
la guerra. Las opciones políticas, las posibilidades de
salida de la guerra, las violaciones de los derechos humanos, el
comportamiento bélico criminal y sus patrones de
actuación -que incluían secuestros, desapariciones,
asesinatos y destrucción de infraestructura civil- pasaron
también por la lupa de la reflexión y el debate.
Y fue precisamente esta búsqueda incesante de verdad la
que condujo más directamente a la paz. El análisis de
la situación, la búsqueda de racionalidad dentro de
una situación irracional, que incluía la
crítica de la barbarie y la propuesta de salidas humanas y
civilizadas al conflicto, fue al fin lo que hizo avanzar la
construcción de la paz. Porque la verdad al final tiene
tanta fuerza que incluso quienes quieren ocultarla y son sus
enemigos, no pueden sino plegarse, al menos parcialmente, a ella.
1.3. Conclusiones
Pero la verdad no sólo es indispensable para sentar las
bases de la paz en una guerra civil. Es necesario que la nueva paz
se construya con solidez, porque una paz construida sobre la
falsedad, sobre la criminalización de la víctima,
sobre el olvido irresponsable del dolor injusto, sobre la
absolutización de las posiciones políticas o
ideológicas triunfantes, aunque pueda suponer un respiro
frente a la extrema inhumanidad de la guerra, no garantiza la
perduración de la convivencia pacífica ni, mucho
menos, la construcción de una sociedad pluralista y
democrática.
En ese sentido, leyes de perdón, de
reconciliación, de amnistía o indulto que no hayan
sido precedidas de una elaboración de la verdad, sobre todo
la verdad de un pasado en que el crimen tuvo carta de
ciudadanía, son profundamente débiles. Y, por
supuesto, esas leyes no garantizan la paz, entendida como algo
menos simple que la mera ausencia de guerra.
Con diversos matices, los casos de paz endeble se repiten en
el panorama mundial. En estas paces débiles es
sintomático, casi siempre, encontrar encubrimiento o
ausencia de verdad. En Chile, por ejemplo, el Ejército
aún es una institución fundamentalmente
antidemocrática y, en ese sentido, una permanente y
desazonante amenaza en el horizonte político. La capacidad
de amenaza del Ejército en aquel país, indica que la
sociedad civil no ha logrado todavía sentar con claridad la
verdad sobre el pasado, a pesar de algunos casos que han llevado
ante los tribunales a militares que parecían estar por
encima de las instituciones democráticas.
En Argentina, la verdad, que dio importantes pasos con el
fiscal Strassera, sigue avanzando con dificultad. El oportunismo e
histrionismo de opereta de algunos políticos coadyuvan en
ese sentido. Las leyes de punto final decretadas bajo
presión no han calmado el anhelo de verdad. Aun con todas
las dificultades, la voz persistente de las víctimas ha
conseguido que por fin el Ejército pida perdón
institucional a la sociedad por los crímenes cometidos.
En Nicaragua, la crisis permanente tiene, entre otras causas,
la incapacidad de aceptar una verdad sobre el pasado por parte de
las principales fuerzas políticas del país,
empeñadas en mantener su parcela de verdad particular a toda
costa, sin reconocer los propios crímenes históricos.
En El Salvador, el intento de encubrir con una amnistía
excesivamente rápida la verdad lograda con tanto esfuerzo y
tanta sangre, y ratificada por una Comisión de la Verdad
auspiciada por las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de
paz, ha traído los males que más adelante veremos.
México y Guatemala enfrentan problemas que sólo desde
la verdad podrán encontrar cimientos sólidos de
solución. Pactos como el del gobierno y la guerrilla
guatemalteca, que han acordado que su comisión de la verdad
no mencionará por su nombre a los responsables, personales
o institucionales, de las violaciones a los derechos humanos,
ofrecerán una verdad desleída a su propia sociedad.
Y aunque este pacto se realice en el marco de un avance hacia el
final de la guerra, no garantizará ni una paz justa ni una
ruptura con la situación antidemocrática que
generó la guerra. Al menos en lo que se refiere a ese punto
concreto, que tiende a encubrir a los responsables de tanta muerte.
La verdad al final tiene tanta fuerza que incluso quienes quieren
ocultarla y son sus enemigos, no pueden sino plegarse, al menos
parcialmente, a ella.
La verdad sobre los crímenes del fascismo o del llamado
socialismo real es la mayor y mejor barrera para impedir el retorno
de estos sistemas aberrantes. De ese modo, para el caso, la verdad
sobre los Balcanes es una oportunidad para frenar el concepto y la
praxis de un nacionalismo excesivamente impregnado de
absolutización étnica y social, autoritarismo y
crímenes de lesa humanidad. La verdad no sólo
desenmascara el crimen, sino también sus causas. Si se la
deja avanzar, la verdad alcanza, amén de a las personas que
protagonizaron la barbarie, también a las estructuras de
fondo que la permitieron, ofreciendo la posibilidad de
transformarlas.
En este sentido es perfectamente coherente que la
Comisión de la Verdad de El Salvador se haya visto forzada,
por la dinámica de la realidad, a pasar, de los
crímenes analizados, a la recomendación de
transformar las estructuras que los permitieron y alentaron. Aunque
en su informe no hizo un análisis de la pobreza injusta,
detonante de fondo de la guerra civil, la Comisión
dictaminó que el militarismo impuesto sobre cualquier norma
legal de convivencia, la corrupción judicial y el
oportunismo político, habían sido fuente de "seria
responsabilidad" en los acontecimientos mencionados. Y por
supuesto, la Comisión se vio abocada a recomendar una
reforma y transformación de las instituciones mencionadas,
especialmente los estamentos militar y judicial.
2. La justicia
La verdad sobre realidades aberrantes sólo es
completamente verdad cuando los crímenes observados son
sometidos a la justicia. La verdad sin la justicia queda coja y
corre el peligro de abonar el cinismo o el fariseísmo,
construyendo así una nueva mentira. Por ello, después
de una guerra, es imprescindible que se recorra un proceso de
justicia.
Sin embargo, la guerra crea unas condiciones especiales, en el
campo ideológico, propagandístico y anímico,
que la acercan a la locura. De hecho,la Comisión de la
Verdad para El Salvador eligió para su informe el sugerente
título De la Locura a la Esperanza.
En este contexto, hay que reconocer que muchos de los
verdugos, sin quitarles la parte de responsabilidad que les
corresponde, tuvieron al mismo tiempo algo de víctimas de
una amalgama social en cuya construcción nunca fueron
protagonistas. Al mismo tiempo habría que tener en cuenta
que la capacidad regenerativa y de rehabilitación de
nuestras sociedades es con frecuencia muy limitada, al menos a
través del sistema penitenciario. Y la capacidad punitiva,
en el mismo sistema, demasiado cruel. Todo ello debe ser tomado en
cuenta a la hora de hacer justicia, sin convertirla en coartada de
perdones encubridores, pero tampoco en ajuste de cuentas inspirado
en oscuros sentimientos de venganza. El veredicto de culpabilidad
o inocencia debe ser pronunciado frente a todos aquellos que puedan
ser acusados de delitos a lo largo de la guerra, aunque en el
terreno de la pena se puedan hacer diversas consideraciones.
El primer paso en la administración de la justicia,
tras un conflicto bélico, es reconocer que la guerra no
puede ser justificación para violar derechos humanos
elementales. Ni de parte del agresor ni de parte del agredido. Ni
del vencedor ni del derrotado. Al contrario, si la guerra, como
suelen decir mentirosamente las partes contendientes, fuera un
mecanismo para conseguir una paz más perfecta,
debería legislarse con especial dureza, incluso de parte de
los bandos contendientes, contra aquellos que dañen a
quienes objetivamente tendrán un papel preponderante en la
construcción de la futura paz. En este sentido, el
asesinato, o cualquier tipo de vejación grave, de sectores
civiles como el de los niños, mujeres en edad y tiempo de
procrear, trabajadores, intelectuales y ancianos, debería
ser juzgado rigurosamente y sin paliativos. Cuando estos
crímenes, además, se elevan a la categoría de
masacre o a la de plan sistemático de eliminación de
supuestos o futuros opositores civiles, el ejercicio de la justicia
no debe ser limitado por ninguna consideración, pues se
terminaría oscureciendo sus fundamentos.
La verdad sin la justicia queda coja y corre el peligro de abonar
el cinismo o el fariseísmo, construyendo así una
nueva mentira.
Nuestra sociedad internacional ha legislado con frecuencia
sobre la guerra y ello ha sido un paso positivo. Hoy es
imprescindible legislar con mucha mayor exigencia y claridad contra
la guerra de agresión, de cualquier tipo que ésta
sea, o cualquiera que sea su origen. Y una de las mejores maneras
es legislando contra los abusos cometidos contra la
población civil. Esto es tanto más necesario cuando
los "especialistas bélicos" establecen cada vez con
más frecuencia estrategias de guerra total. Sólo la
racionalidad de una justicia que defienda con especial
empeño a las víctimas repara, al menos parcialmente,
la irracionalidad de quienes se creen dueños de la vida del
prójimo.
Un segundo paso es la observación del derecho
humanitario y de las convenciones internacionales sobre el
comportamiento de las partes en tiempo de guerra. Violaciones de
estos derechos deben ser escrupulosamente juzgados tras un
conflicto. De nuevo, todo lo que suponga un retroceso sobre el
avance en la humanización de los conflictos que con duro
trabajo ha ido conquistando la humanidad, debe ser contemplado
desde la justicia, al menos, con severidad. Nada debe eximir del
pronunciamiento de un veredicto contra estos crímenes.
Un tercer paso es determinar desde la justicia complicidades
personales o institucionales y deducir, en los casos adecuados,
responsabilidades subsidiarias al Estado. Aunque los
crímenes dependan casi siempre de decisiones personales, no
hay duda de que en la mayoría de las guerras civiles se da
una responsabilidad institucional que debe tener sus consecuencias
desde el punto de vista jurídico-legal.
En la imposición de la pena, y no en la
calificación del delito es donde conviene hacer mayores
consideraciones. En el caso de El Salvador, por ejemplo, como en
muchos otros países, el sistema penitenciario aparte de no
contar, de hecho, con funciones correctivas o regeneradoras, tiende
a reafirmar en quien lo padece la tendencia a la criminalidad. Es
además, en sí mismo, un sistema degradante por sus
condiciones de hacinamiento, de corrupción, de inseguridad
física y de trato ilegal por parte de las autoridades. Sin
una reforma del código penal y del sistema penitenciario,
centrar la pena en la reclusión temporal, aunque en
determinados casos sea indispensable, puede llevar a un costo
social de enormes dimensiones y convertirse, en la práctica,
en poco viable.
A modo de ejemplo podría recordar que cuando se me
preguntó por la pena que merecían los militares de
alta graduación que habían dado la orden de asesinar
a los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, afirmé que,
más que verlos en la cárcel, me gustaría
verlos trabajando en el campo, en las condiciones medias del
campesino salvadoreño. Estoy seguro que eso les
regeneraría mucho más que los años de
prisión.
Independientemente del ejemplo, lo cierto es que en el terreno
del derecho hace falta un esfuerzo mayor a la hora de contemplar
penas diferentes de la pena temporal: privación de riquezas
mediante multas e indemnizaciones, inhabilitación para
funciones públicas, servicios sociales compensatorios, etc.
De todos modos, los casos más graves deberían tener,
al menos por un tiempo, pena temporal. Y ello, con la finalidad de
disminuir o borrar la peligrosidad social objetiva de quienes
cometieron crímenes cuyo daño a la sociedad persiste
a lo largo del tiempo.
Un elemento fundamental en el ejercicio de la justicia,
especialmente después de una guerra, debe ser el elemento de
la reparación. Para el caso salvadoreño, la
Comisión de la Verdad a la que hemos aludido propuso varias
veces una doble reparación económica y moral. Y ello
se debe hacer, no sólo como muestra de solidaridad con las
víctimas, sino como exigencia de la justicia. La
compensación económica, tanto a los sobrevivientes de
la agresión como a los familiares de los que murieron, se
torna una necesidad perentoria cuando el Estado ha sido incapaz de
salvaguardar la seguridad de las personas. Y, sobre todo, cuando
desde cuerpos de seguridad del mismo Estado son agredidos
injustamente quienes tenían derecho a que se les protegiera.
La reparación moral pasa por el reconocimiento de las
culpas cometidas, especialmente a nivel institucional, en contra de
las víctimas. El recuerdo de las mismas como personas que,
desde su sufrimiento injusto, nos llaman a una paz construida sobre
la justicia, es indispensable para que la brutalidad no se repita.
Y el homenaje a estas mismas víctimas, a través de
fechas establecidas que mantengan su recuerdo, o a través de
monumentos que las honren, es del todo necesario si queremos hacer
justicia y devolver su dignidad a las víctimas.
En el caso del El Salvador ni la justicia ni la
reparación, que es parte de la misma, caminaron
después de la guerra. Entre las verdades que todos
manejábamos estaba la triste situación de la
administración judicial. Ya a finales de los setenta
Monseñor Romero había dicho que la justicia en El
Salvador era como la serpiente: sólo le mordía el pie
a los pobres porque eran los únicos que caminaban descalzos.
Más de diez años después, la Comisión
de la Verdad seguía afirmando "la notoria deficiencia del
sistema judicial, lo mismo para la investigación del delito
que para la aplicación de la ley, en especial cuando se
trata de delitos cometidos con el apoyo directo o indirecto del
aparato estatal". Tras constatar que las personas que
protagonizaron encubrimientos y complicidades con los
crímenes del Estado siguen en la estructura judicial, la
Comisión se enfrentó con un serio problema:
la cuestión que se plantea no es si se debe o no
sancionar a los culpables, sino si se puede o no hacer justicia.
La sanción a los responsables de los crímenes
descritos es un imperativo de la moral pública. Sin
embargo, no existe una administración de justicia que
reúna los requisitos mínimos de objetividad e
imparcialidad para impartirla de manera confiable... No cree
la Comisión que pueda encontrarse una respuesta fiable
a los problemas que ha examinado, reintroduciéndolos en lo
que es una de sus causas más relevantes.
Aunque el diagnóstico sobre el sistema judicial
salvadoreño hecho por la Comisión es exacto, lo que
no se puede hacer es dejar en la indefinición la
realización de la justicia, como hace el Informe. No
presentar propuestas claras que lleven a hacer justicia frente a la
barbarie constituye el aspecto más débil del informe,
que, en su conjunto, hay que reconocerlo, prestó un gran
servicio a la sociedad salvadoreña. A la Comisión le
faltó, entre sus propuestas, diseñar con mayor
viabilidad un camino que permitiera el paso de la justicia dentro
del avance que se pretendía hacia la reconciliación
nacional. Porque sin justicia, como decíamos anteriormente,
la verdad queda coja y es más difícil cumplir con la
inexcusable responsabilidad de devolver su dignidad a las
víctimas.
En el caso del El Salvador ni la justicia ni la reparación,
que es parte de la misma, caminaron después de la guerra.
De hecho, y a pesar de la multitud de crímenes
cometidos, sólo en el caso de los jesuitas de la UCA, tan
acuerpado por la presión internacional, se obtuvo una
mínima compensación económica en favor del
niño que perdió a su madre y su hermana, y se
pagó el costo de las reparaciones físicas en el
edificio donde se cometieron los asesinatos. Masacres como la del
Mozote, en la que el Ejército asesinó en un mismo
lugar a 143 personas, de las cuales 7 eran adultos, cinco
adolescentes y 131 niños con una edad promedio de seis
años, quedaron sin ningún tipo de justicia ni
reparación. Al menos de tipo estatal, pues un buen
número de particulares han tratado, y con razón, de
no olvidar a las víctimas, iniciando con ello un proceso de
reparación.
No podemos terminar este apartado sin responder a una de las
dificultades que se suele poner a la realización de la
justicia, especialmente al terminar un proceso de guerra civil.
Aunque generalmente las razones suelen concentrarse en argumentos
de posibilidad o de conveniencia político-social, hay una,
de tipo ideológico, que no conviene dejar pasar. Me refiero
a la afirmación de que el juicio de los crímenes
cometidos durante la guerra implica un costo social que la misma
sociedad, todavía herida por la guerra, no puede permitirse.
Argumento que se ha barajado en ocasiones para justificar
amnistías que han tenido más de encubrimiento que de
ley de reconciliación.
En primer lugar es importante recalcar que cuando se dice
esto, se suele apoyar, en definitiva, a quienes, desde el poder que
tuvieron durante la guerra civil, violaron los derechos humanos.
Personas que mantienen, llegada la paz, importantes cuotas de poder
e influencia. Más que al costo social, entonces, se mira al
costo de quienes son dueños o están en la
cúpula de la estructura social.
En segundo lugar, y aunque resulte duro decirlo, no es lo
mismo amnistiar o indultar delitos cometidos dentro del engranaje
de la guerra y dirigidos contra las partes armadas y participando
en el conflicto, que tender un velo de perdón sobre
atrocidades cometidas contra la población civil desarmada.
Extender la guerra, con su decisión de neutralizar o
destruir al enemigo, contra quienes se mueven en el terreno del
pensamiento, de las reivindicaciones racionales, o incluso de las
simpatías personales, no sólo muestra la maldad
inherente a la guerra como mecanismo de solución de
conflictos humanos, sino también la aberración moral
de quienes toman la decisión de ampliar el escenario
bélico. Si los crímenes se cometen, como acontece con
frecuencia dentro del marco del terrorismo, eligiendo las
víctimas al azar, simplemente con el afán de
utilizarlas como simple arma de propaganda, amedrentamiento o
presión contra el enemigo, el crimen es todavía
más grave.
Se puede entender que quienes utilizan un mecanismo
bárbaro de solución de conflictos se extralimiten en
sus enfrentamientos. Pero la sociedad no debe permitir que
débiles, inocentes -me refiero a niños-, o personas
que tratan de poner racionalidad en la situación a base de
ideas o de justos y pacíficos reclamos, sean incluidos en la
lógica de la brutalidad. La única medida posible para
evitarlo es la seguridad de que tras la guerra se hará
justicia, incluso contra los vencedores.
En tercer lugar, este tipo de amnistías generales, que
no tienen en cuenta ni la diversa gravedad de los delitos, ni el
derecho a la reparación de las víctimas, tienen
también su costo social. La desmoralización social
que produce la convivencia obligatoria con verdugos disfrazados de
próceres, el auge de delincuencia común, tantas veces
alentado, acrecentado y provocado por la impunidad de los
poderosos, la desconfianza en la democracia y en la igualdad ante
la ley, son costos que conviene también evaluar.
Los crímenes impunes son siempre fuente de nuevos
crímenes. Y el pasado inmediato nos ha enseñado que
el costo de la impunidad se mide en presente, pero también
en futuro.
No es lo mismo amnistiar o indultar delitos cometidos dentro del
engranaje de la guerra y dirigidos contra las partes armadas, que
tender un velo de perdón sobre atrocidades cometidas contra
la población civil desarmada.
Los campos de exterminio nazis fueron llevados a juicio y hoy
es más difícil pensar en la repetición de los
mismos. Pero los bombardeos masivos de ciudades, o la misma bomba
atómica, injusta en su capacidad de muerte indiscriminada
aun con todos los cálculos numéricos que se hagan
para justificarla -elucubraciones de si habría habido
más o menos muertos propios al final de los conflictos, de
no haber matado civiles enemigos-, al no haber sido llevados a
juicio, continúan manteniendo una mayor posibilidad
histórica. La represión franquista del nacionalismo
vasco, nunca juzgada, despertó a una fracción
nacionalista en ese pueblo que no duda en utilizar métodos
criminales claramente peores. Y lo que puede invitar a ETA a matar
no es descubrir la complicidad gubernamental en el terrorismo
policial (los GAL), como algunos han dicho, sino tratar de encubrir
y mantener en la impunidad a los cómplices. Quienes
permitieron que en la guerra del desierto se enterrara bajo la
arena a soldados iraquíes heridos, sin que a nadie se le
responsabilizara criminalmente, tienen después poca fuerza
moral para exigir a los serbios que cesen en su política de
exterminio y limpieza étnica. La inmoralidad e impunidad de
los vencedores es siempre acicate para el crimen de quienes creen
que pueden vencer una guerra.
3. El perdón
¿Se pueden perdonar crímenes sepultados en la
impunidad, nunca revisados por la justicia y sin ninguna
reparación de parte de quien tenía la
obligación de ofrecerla? El gobierno del El Salvador pensaba
que, sí cuando a los pocos días del informe De la
locura a la esperanza que hemos mencionado, promulgó una ley
de amnistía que consagraba lo que en términos
propagandísticos se denominaba "perdón y olvido". A
pesar de las reclamaciones frente a una amnistía que violaba
el artículo 244 de la Constitución vigente, que
impedía cualquier tipo de perdón legal a funcionarios
por crímenes cometidos durante el desempeño del
gobierno para el que trabajaron, a pesar de la
despreocupación absoluta y definitiva por la dignidad de las
víctimas que la misma ley de amnistía propiciaba, a
pesar del manto de impunidad que arrojaba sobre crímenes de
lesa humanidad, la ley de amnistía siguió adelante
tratando de convertir el perdón en auténtico olvido.
A quienes argüían contra la ley de amnistía
se les contestaba, desde el masivo aparato de propaganda del
gobierno, acusándoles de inhumanos, rencorosos, amargados,
partidarios de la guerra, enemigos de la paz, etc. Si estaban
vinculados a la fe cristiana, se les recordaba el mandato cristiano
de perdonar al enemigo y de poner la otra mejilla frente al
agresor.
Para quienes nunca habíamos sentido odio por los
verdugos, o habíamos aprendido a dominarlo desde la luz del
Evangelio, el problema no era el perdón cristiano,
fácil, en realidad, de dar, desde el primero momento. El
problema era la justicia debida a las víctimas, sobre las
cuales se pasaba con el mismo olímpico desprecio con el que
se había pasado antes frente al dolor de los pobres de El
Salvador. Si las víctimas, por serlo, carecen de todo
derecho, bienvenidas sean las amnistías generales. Pero si
las víctimas son personas humanas, con una dignidad que fue
pisoteada, con unos ideales y un futuro que fueron destrozados
irracionalmente, con unos derechos que no fueron tenidos en cuenta
por quienes tenían el deber moral y legal de protegerlos,
entonces la cuestión no es un problema de quién
perdona o quién no. Es un problema, más bien, de
continuar, en la práctica, conculcando los derechos de
quienes fueron, en su momento, despojados de los mismos, aunque
muchos de ellos estén ya muertos. Y es una
continuación de las violaciones del pasado, con el agravante
de ser ahora oficial y públicamente apoyada por las
instituciones gubernamentales. Esto, por más que se perdone
a los agresores, no puede ser olvidado.
El perdón, en realidad, camina de otra manera y no
puede funcionar como una coartada para evitar la justicia, en la
medida en que ésta sea posible. El problema, incluso legal,
no es perdonar, sino que los verdugos, en la medida en que
mantienen poder político e influencia, se dejen perdonar.
Porque el perdón legal sólo se puede otorgar cuando
se conoce y reconoce la realidad de la ofensa. Quienes niegan la
ofensa cometida sólo dejan la alternativa de ser absueltos
o vencidos en juicio. Y frente a estos verdugos pertinaces es un
deber ético y moral perseguir, al menos, que la historia los
juzgue, y, si es posible, también la justicia. Enfrentar hoy
la impunidad es salvar vidas el día de mañana.
Un perdón cristiano, por otra parte, que renunciara a
la defensa de las víctimas no sería perdón
cristiano sino sucia connivencia con los autores del crimen. Lo
mismo que un perdón legal que encubra a los verdugos y
olvide a las víctimas, podrá ser legal, pero nunca
ético o moral.
A quienes duden lo que hemos dicho sobre el perdón
cristiano bueno les sería leer las primeras predicaciones de
los Apóstoles. En ellas, en efecto, Pedro supedita la
conversión, y con ella el perdón, entre otros
aspectos, al reconocimiento del crimen cometido. "Ustedes lo
entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándole
en la cruz" (He. 2, 23), dice Pedro en su primera
predicación pública llamando a la conversión.
Y en la segunda no duda en repetir: "Dios... ha glorificado a su
siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y a quien negaron
ante Pilatos cuando éste quería ponerlo en libertad.
Ustedes renegaron del Santo y del Justo y pidieron como una gracia
la libertad de un asesino, mientras que al Señor de la
gloria lo hicieron morir" (He. 3, 13-14). No hay llamadas al
perdón y olvido sino exhortación al reconocimiento
del crimen. Y sólo desde ese reconocimiento la muerte del
justo se convierte en salvación para el verdugo.
Dentro de las posibilidades salvadoreñas, algunos de los
que nos considerábamos al menos "parte ofendida" por las
violaciones de los derechos humanos, proponíamos, como
contraparte al falso perdón, un esquema de
reconciliación distinto a la amnistía general. No nos
movía en ello ningún espíritu de venganza sino
el deseo de conseguir una reconciliación construida sobre la
verdad, y en ese sentido más duradera y con fuerza de
garantía contra una barbarie que no queríamos que
fuera repetida.
Proponíamos una ley de reconciliación que,
partiendo de los derechos de las víctimas, y de la necesidad
de reconciliación nacional después de una guerra
civil, tuviera las siguientes características. Durante un
tiempo todos los crímenes cometidos durante la guerra
serían perseguibles de oficio y/o a partir de la
acusación privada. Los acusados, previo reconocimiento de
sus crímenes ante un juez, podrían acogerse a una ley
de indulto que eximiera de la pena temporal -aunque no todos
estábamos de acuerdo en aceptar esto para todos los casos.
El juez sin embargo, según los delitos, impondría
penas que irían desde sanciones económicas en
beneficio de las víctimas hasta determinados servicios
sociales y/o la inhabilitación para cargos de
responsabilidad política o administrativa en instituciones
estatales. Quienes hubieran violado derechos humanos durante la
guerra podrían presentarse voluntariamente ante el juez y
seguir este proceso antes de ser acusados. Y los jueces, por su
parte, tendrían también la facultad de deducir
responsabilidades al Estado, cuando los acusados hubieran actuado
bajo su amparo. A quienes, tras ser acusados, no se quisieran
acoger al indulto ofrecido por la ley, se les seguiría
juicio, ateniéndose las partes a los resultados.
El perdón camina de otra manera y no puede funcionar como
una coartada para evitar la justicia, en la medida en que
ésta sea posible.
A pesar de la desconfianza que la Comisión de la Verdad
manifestaba frente al sistema judicial salvadoreño, del que
también tenemos experiencia quienes hemos seguido juicios,
la consideración de las instancias legales tiene toda una
serie de ventajas. Si la verdad, decíamos al principio, es
el elemento básico sobre el que se construye la
reconciliación, pasar los casos a través del sistema
judicial ofrecía la posibilidad de profundizar en ellos,
incluso aunque los resultados del juicio fueran adversos a las
víctimas. Las posibilidades de exigir responsabilidades
subsidiarias y reparación para las víctimas o sus
familiares hubiera estado consagrada por la ley. Y el mismo fallo
legal constituía, además de un desafío
positivo para un sistema judicial que comenzaba a aceptar la
necesidad de reformarse, una manera más racional de dar fin
al proceso de reconciliación. Incluso en el caso de que los
tribunales fallaran, siempre habría algún caso en el
que la justicia funcionara y se convirtiera en precedente. Y
siempre tendríamos una razón más para
reestructurar a fondo el sistema judicial.
Lo que aquí afirmamos, aunque en pequeña escala,
lo habíamos experimentado incluso antes de que el gobierno
promulgara la ley de amnistía. En efecto, cuando dos de los
militares condenados por el asesinato de los jesuitas de la UCA
llevaban un año de cárcel, tras haber terminado el
juicio (antes habían estado en situación de arresto
en batallones del Ejército), los jesuitas pedimos un indulto
para ellos. La coherencia con nuestro proyecto de verdad, justicia
y perdón, nos movía a tomar esta decisión.
Considerábamos entonces que realizados los pasos de verdad
y justicia, y acercándose la firma de los tratados de paz,
era el momento de echar a caminar un esquema de
reconciliación que resultara válido para la sociedad.
Además, el hecho de que los inductores del crimen -militares
de alto rango en servicio activo en el Ejército que
habían dado la orden de asesinar- permaneciesen libres, y
habiendo sido absueltos en el juicio los soldados y oficiales que
ejecutaron el crimen, nos parecía una injusticia comparativa
que los intermediarios de la orden continuaran en la cárcel.
De hecho, aunque la petición de indulto fue desechada,
atacada y calificada como "acto "político de curas
extranjeros" por parte de miembros del Congreso salvadoreño,
los efectos de nuestra petición en el terreno de la
reconciliación superaron nuestros cálculos. Y nos
mostró que, además del perdón cristiano, o
moral, como podrían decir otros, la reconciliación e
incluso la clara comprensión personal de quienes fueron reos
de crímenes, puede surgir incluso a lo largo de intrincados
y complejos procesos legales.
Más allá del perdón moral, siempre
necesario como un primer paso de reconciliación, ¿se
pueden perdonar legalmente, repetimos la pregunta, crímenes
de lesa humanidad después de una guerra civil? Nuestra
respuesta es clara en el sí, pero señalando al mismo
tiempo que el acusado y convicto del crimen debe dejarse perdonar.
Reconocer su culpa, reparar, o estar dispuesto a reparar, en la
medida de lo posible, el daño causado, y asumir algunas
consecuencias de tipo penal precautorias, serían las
condiciones que indicarían que la persona está
dispuesta para el perdón. Y por supuesto, realizando este
proceso ante la autoridad legítima.
4. Tareas
Cuando las cosas no salen como uno desearía, cuando se
producen amnistías encubridoras, cuando los verdugos se
siguen moviendo, al menos en algunos sectores de la sociedad, con
el estilo y la prepotencia de los vencedores, ¿cuál
sería la tarea de quienes desean verdad, justicia y
perdón? Creo que la tarea es sencilla, al menos en su
primera formulación. Se debe seguir batallando por devolver
su dignidad a las víctimas, bien sea por vías legales
o morales. Las del pasado y las que propicia la nueva impunidad. Y
simultáneamente, se debe proseguir la tarea de construir una
sociedad en la que estructuras sociales y leyes estén
basadas y realizadas desde una cultura solidaria.
Quedarse sólo en el recuerdo de las víctimas,
olvidando las responsabilidades del presente, lleva a traicionar a
aquellos a quienes decimos recordar. Puesto que quienes murieron,
lo hicieron, en general, ofreciendo sus vidas por una sociedad
más justa. O al menos, aunque fuera implícitamente,
deseando una sociedad en la que el fuerte no fuera por
definición el destructor de la vida del débil, sino
su protector. Y no podemos separar su vida de su muerte, si
queremos de veras reivindicarles. Cuando la venganza, en su
expresión legal, se pone por encima de la
construcción de una sociedad más justa, se prioriza
el ojo por ojo, olvidando lo más humano y honroso de quienes
cayeron.
Pero también pretender construir una sociedad
más justa sobre el olvido de todos aquellos que,
víctimas de la represión, cayeron buscando libertad,
dignidad humana y justicia social, sería una
aberración. La dignidad del género humano no puede
construirse sobre el olvido de los más dignos. Y
todavía más, la humanidad no tendrá futuro si
es incapaz de reconocer la dignidad de todas aquellas personas que
fueron víctimas del egoísmo institucionalizado y de
la indiferencia ante los problemas de los pobres. Llámense
éstos, niños que mueren por falta de vacunas en
Africa, o niños forzados a la prostitución infantil
en Asia y muertos de sida prematuramente. Al final olvidar puede
equivaler a construir un futuro de asesinos, por mucho que la
palabrería dominante hable maravillas de la democracia.
Sólo manteniendo simultáneamente el recuerdo de
las víctimas y de su dignidad, y el compromiso constante en
la construcción de una sociedad democrática,
tolerante y participativa, podemos redimir la incoherencia de vivir
en un mundo en el que el verdugo continúa, con frecuencia,
prevaleciendo sobre la víctima.
En este contexto es indispensable tener claridad sobre el tipo
de sociedad que deseamos para el futuro. Y especialmente, de los
valores que debemos personal y socialmente cultivar para construir
esa sociedad democrática y pluralista de la que hablamos. En
el contexto concreto de El Salvador, es preciso que dos valores,
con frecuencia mencionados por Ellacuría, estén
presentes en cualquier proyecto de futuro. Se trata de la
solidaridad y de la austeridad.
Quedarse sólo en el recuerdo de las víctimas,
olvidando las responsabilidades del presente, lleva a traicionar a
aquellos a quienes decimos recordar.
La verdad, la justicia y el perdón sólo tienen
eficacia histórica si generan y se unen a una nueva cultura.
De hecho este triple proceso no constituiría un proceso
auténtico de reconciliación si no engendra un nuevo
modo de ver las cosas. La verdad sobre nuestra dramática
historia no sería tal si no produjera un grito de "nunca
más", solidario con las víctimas y esperanzado con el
futuro. La justicia no sería completa si no se ubica en la
realidad y ofrece a todos posibilidades de reparación. Y el
perdón no sería real si no transforma las actitudes
culturales, sociales y políticas que desencadenaron la
violencia. En otras palabras, que estas tres dimensiones de verdad,
justicia y perdón, básicas para salir del pasado con
honestidad, únicamente pueden concretarse y hacerse eficaces
en el futuro a través de la solidaridad. Y, en el caso de un
país pobre como el nuestro, a través también
de la austeridad.
En efecto, si después de una guerra, no se resaltan, a
través de leyes y actitudes, los valores de la solidaridad,
tanto en el seno de la familia, el trabajo, las instituciones
estatales y las organizaciones no gubernamentales, no hay
garantía de restauración de los derechos humanos a
largo plazo, ni de construcción de una sociedad
democrática.
En El Salvador en particular, estamos asistiendo a un aumento
de la violencia, plagado de crímenes aterradores. Si bien es
cierto que es necesario un cierto endurecimiento de medidas contra
el crimen, y sobre todo una mayor profesionalización de la
policía y del sistema judicial, la solución a largo
plazo de lo que vivimos no estriba en la mano dura. El exceso de
crueldad y de insolidaridad que la guerra produjo, no sólo
destrozó valores, sino que creó una amplia gama de
desadaptados sociales que en muchos casos rayan claramente en el
desajuste psicológico y la enfermedad mental. Alentados,
además, por el ejemplo de impunidad de sus antiguos jefes,
que ya hemos analizado.
En esta situación de posguerra, en vez de responder a
la problemática económico-social con amplios
proyectos de solidaridad, nos hemos embarcado en unos sueños
de progreso de corte individual liberal que incitan a los
desadaptados sociales a buscarse la vida con los propios
únicos recursos que les han quedado después del
proceso de deshumanización que significó el conflicto
bélico: la violencia, el robo y la confianza en la
impunidad.
Es indudable que necesitamos, después de tantos
años de guerra, de un replanteamiento de la economía,
y que esta no puede organizarse de un modo ajeno a las tendencias
mundiales. Pero también es cierto que si no se toman medidas
serias y pensadas, para que el progreso económico vaya
acompañado de un claro desarrollo social, los resultados
pueden ser tan tristes como la guerra civil que acabamos de pasar.
Y se daría de nuevo la triste coincidencia de un grave
conflicto social tras una época de crecimiento
económico, como sucedió con la guerra de los '80.
Sólo el desarrollo social puede evitar el conflicto en una
sociedad como la nuestra. Y es evidente que dicho desarrollo
sólo se puede construirse sobre valores de solidaridad.
En la seguridad social, en el crédito al mediano y
pequeño productor, en el enfrentamiento eficaz de los
déficit de vivienda, salud o alimentación, en los
programas educativos, en el apoyo a la familia, quedan enormes
tareas por realizar. Pensar que lo más urgente es tener
dinero, y que ya más adelante nos ocuparemos de eso es un
error. Y es reproducir, a nivel macrosocial, las actitudes
machistas de algunos cabezas de familia que creen que su
única obligación con respecto al hogar es dar dinero.
El fracaso de tantas familias de este estilo debía hacernos
pensar en la posibilidad de fracaso de una gran estructura social
en la que el lucro sea el factor determinante del desarrollo, en
vez del bienestar de la ciudadanía.
La austeridad, por su parte, puede servirnos de baremo y
medida de la coherencia de nuestra solidaridad. Si a escala mundial
la austeridad es necesaria para construir un orden más
justo, y por ende más pacífico -no se pueden
universalizar los patrones de consumo de los países ricos-,
un país pobre como El Salvador no puede ser solidario sin
ser austero. El derroche, el lujo insensible de algunos sectores de
la población, la corrupción administrativa, la
despreocupación por el erario público, de la que
hemos visto recientemente un caso impactante en las manipulaciones
económicas del Fondo de Inversión Social, nos hablan
de algo muy distinto a la austeridad.
La insistente cultura consumista en medio de la pobreza, no es
sino una invitación al crimen hecha a quienes no pueden
consumir. En efecto, no se puede decir sistemáticamente a la
población en general que su dignidad humana y su
realización personal depende de consumir determinados
productos (aunque se utilicen otras palabras para transmitir este
mensaje), y al mismo tiempo hacerle ver al sesenta por ciento de la
ciudadanía que no puede consumir lo que se anuncia, que se
conformen, que trabajen, que ahorren y que tal vez algún
día les llegue a sus hijos la oportunidad de ser "personas".
Muchos aguantarán ese mensaje doble y desquiciado, pero
otros, simplemente, no querrán esperar más. Y no
buscarán caminos legales para obtener esos objetos de
consumo que dan status social.
Instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales,
sectores pudientes de la sociedad, embajadas, en algunos aspectos
las mismas iglesias, incluida la nuestra, deberían formular
planes de austeridad coherentes con la construcción de una
cultura solidaria y austera. El texto evangélico del pobre
Lázaro, sentado a la puerta de quien derrocha en banquetes,
permanece como denuncia profética en nuestra sociedad. Pero
además, y en el terreno estrictamente laico, es evidente que
un país pobre como el nuestro no puede alcanzar las metas de
desarrollo que se propone sin promover directamente la austeridad.
Valga como ejemplo la curiosa contradicción en la que caen
algunos economistas de los que suelen ser alabados por los sectores
dominantes. Estos economistas insisten en la necesidad de generar
ahorro en el país, pero no mencionan para nada la necesidad
de proponer planes de austeridad. ¿Puede un país pobre
como el nuestro desarrollar el hábito del ahorro sin
desarrollar primero hábitos de austeridad?
Verdad, justicia y perdón son valores por los que hemos
luchado como camino de reconciliación. Hoy, en una sociedad
no reconciliada con su propia realidad ni con su propia historia,
debemos continuar trabajando en la elaboración de la verdad
sobre nuestra propia realidad. Y debemos también continuar
en búsqueda de una justicia que dé amparo,
protección y reparación a las víctimas, y de
un perdón que garantice la convivencia reconciliada y
pacífica. Pero además, hoy debemos vivir esa triple
tarea desde el compromiso con la construcción de una
sociedad basada en la solidaridad y la austeridad. De lo contrario
no hay futuro, por mucho que nos lo canten quienes desde hace cien
años vienen repitiéndonos, con distintos tonos,
discursos sobre un progreso ilimitado que pondría a El
Salvador al frente del desarrrollo mundial.
Y no es que la solidaridad y la austeridad constituyan en
sí mismas programas de gobierno de efecto inmediato y
semimágico. Pero son realidades que deben verse reflejadas
no en los discursos, sino en los números, llámense
éstos renta per cápita, índices de mortalidad
infantil, ahorro, beneficios sociales, capacidad adquisitiva, etc.
Para ello es necesario que comencemos, poco a poco, con mucho
diálogo y buena voluntad, con mucha persistencia y honradez,
a trabajar en el establecimiento de las bases de una nueva cultura.