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ECA, No. 576, octubre de 1996
Cruzada contra la delincuencia: ¿democracia versus autoritarismo?
El Salvador atraviesa por una difícil situación
de violencia social, en el marco de la cual ocupa un lugar
importante la llamada "violencia delincuencial". El combate de esta
última no sólo se ha vuelto punto de agenda
gubernamental, sino que se ha traducido en actitudes y
prácticas, emanadas de los círculos de poder estatal,
que han puesto en la mesa de discusión el tema de una
posible "involución autoritaria" que daría al traste
con los avances del proceso de democratización. Este peligro
ha llevado a prestar atención a un problema que algunos, a
estas alturas, creen superado: la necesidad de optar (y luchar) por
la democracia por sobre el autoritarismo. Si desde los
círculos de la derecha se apuesta por este último, la
sociedad civil debe defender los fueros de la legalidad, la
tolerancia, el pluralismo y el respeto a la dignidad humana. El
combate contra la delincuencia no debe convertirse en estratagema
para violentar los logros del proceso de democratización
alcanzados desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Para ponderar en todo su alcance la afirmación
precedente, hay que caer en la cuenta que la lucha contra la
delincuencia viene siendo desde hace varios meses el caballito de
batalla de las autoridades de nuestro país. El Presidente de
la República, Armando Calderón Sol, y el Ministro de
Seguridad Pública, Hugo Barrera, son las cabezas visibles de
la ofensiva que se ha iniciado en los círculos
gubernamentales con el propósito de enfrentar un problema -
el de la violencia delincuencial- que está dando lugar a un
clima de terror generalizado entre los distintos sectores sociales.
Ciertamente, las modalidades que ha cobrado este tipo de
violencia no son para cruzarse de brazos: a las prácticas
"tradicionales" de criminalidad (asaltos armados, secuestros, robos
callejeros, etc.), que por sí mismas han alcanzado
índices desde todo punto de vista intolerables, se han
sumado otras prácticas violentas con un claro componente
patológico que no se puede dejar de lado, como lo muestran
los asesinatos colectivos (en los que niños de brazos,
adolescentes y ancianos son masacrados con lujo de barbarie) que
han comenzado a volverse comunes en El Salvador. ¿Hasta
qué punto este segundo tipo de violencia es "delincuencial"
y hasta qué punto no lo es? Si no es puramente
delincuencial, ¿de qué tipo de violencia se trata?
¿Cómo enfrentarla eficazmente? Estas son algunas de las
interrogantes que deberían hacerse quienes se preocupan por
el auge delincuencial en el país. Porque ante el preocupante
incremento de la criminalidad, así como ante la diversidad
de sus modalidades, las respuestas simples no garantizan en lo
absoluto ni su prevención ni su control ni mucho menos su
erradicación.
La ofensiva antidelincuencial lanzada por las autoridades
gubernamentales tiene cuando menos dos limitantes: la primera es
que reduce la violencia imperante a "violencia delincuencial",
presuponiendo que en cada caso criminal existe como móvil
buscar apropiarse de los bienes de la víctima (bienes que no
tienen porqué ser estrictamente materiales), por lo cual el
ejercicio de fuerza que hace el víctimario es puramente
instrumental-racional: utiliza determinados medios para alcanzar
sus fines, cuidándose de que aquéllos no desborden
hacia prácticas que pongan en peligro la consecución
de éstos. En segundo lugar, si la violencia es tipificada
como delincuencial, las medidas para enfrentarla tienen que ser de
naturaleza "antidelincuencial", lo cual quiere decir instrumental-
punitivas. Se trata aquí, en lo que atañe a la
sanción o castigo, de un criterio de proporcionalidad: al
delincuente hay que castigarlo en un grado tal que compense el
daño causado a sus víctimas y a la sociedad. En lo
que se refiere a la seguridad de que ese castigo va a ser aplicado,
se trata de tecnificar los mecanismos de investigación y de
movilización judicial-policial de modo que éstos sean
lo más eficaces posible.
El combate contra la violencia, cuando esta es reducida a
violencia delincuencial, se resuelve con criterios cuantitativos.
Según sea el crimen, así será la
sanción penal. Y, resuelto eso, habrá que incrementar
el número de efectivos policiales para garantizar que cada
criminal reciba el castigo correspondiente a su delito. La
fórmula es simple: es la fórmula del Presidente
Calderón Sol y del Ministro Barrera; es también la
fórmula de los 48 diputados que decidieron reformar la
Constitución política para ampliar la
aplicación de la pena de muerte a los casos de
violación, secuestro y homicidio agravado.
En efecto, con la pena de muerte, el delincuente
vendría a compensar con su propia vida el haber violado,
secuestrado o asesinado. Siendo esta la pena máxima, los
demás castigos irían descendiendo en intensidad hasta
llegar a las sanciones menos fuertes. Cada delincuente
recibiría lo suyo, y precisamente esa certeza se
convertiría -para quienes aceptan la lógica de la
proporcionalidad- en un disuasivo importante para contener la
propensión al crimen. En el límite, el mayor
disuasivo sería la certeza de que en determinados actos
criminales el castigo puede ser la pérdida de la propia
vida.
Pero ¿qué sucede cuando, pese al imperio de esa
lógica, la criminalidad sigue en aumento? ¿Qué
sucede cuando, pese a la vigencia de la pena de muerte, los
asesinatos, las violaciones y los secuestros no disminuyen?
¿Qué decir de esa violencia que, al menos
aparentemente, no tiene un sentido instrumental-racional, pues
excede con creces aquellos objetivos que presuntamente se
buscarían?
Estas y otras interrogantes han salido a la luz pública
en más de una oportunidad. En ellas se trasluce que el
problema de la violencia es un fenómeno complejo, en el cual
la violencia delincuencial es una de sus dimensiones. Por
consiguiente, reducir las medidas para enfrentarlo a mecanismos
puramente punitivos es un desatino mayúsculo, sólo
explicable por las urgencias gubernamentales de encontrar
"soluciones" rápidas y simples a los complejos problemas del
país. El castigo, moderado o extremo, como respuesta al auge
de la violencia es la solución más fácil, pues
ahorra a las autoridades gubernamentales la penosa tarea de
elaborar un diagnóstico serio sobre las causas de la misma,
así como sobre los mecanismos más adecuados para
prevenirla y contenerla en sus distintas modalidades.
Pero falta algo más: la "solución" no
sólo sirve para colmar una demanda de seguridad que proviene
de la sociedad, sino también para reforzar las tendencias
autoritarias de un Estado controlado por la derecha. Una cosa es
innegable: la vida cotidiana de los salvadoreños está
en permanente amenaza y el Estado es el único responsable de
revertir esa situación. De ello no se sigue, sin embargo,
que las medidas estatales deban decantarse exclusivamente hacia la
coerción o, peor aún, que los dirigentes
gubernamentales se aprovechen de una demanda social impostergable
para reforzar sus pretensiones autoritarias.
No se trata de ser ingenuos, pues el auge de la delincuencia
tiene en jaque a la sociedad salvadoreña. Y, en un
afán de combatirla de la forma presumiblemente más
eficaz, desde la derecha se lanzó una feroz campaña
en favor de la pena de muerte que tuvo como uno de sus elementos
motivadores el fusilamiento, el viernes 13 de septiembre, de dos
ciudadanos guatemaltecos, quienes fueron declarados culpables de la
violación y asesinato de una niña de cuatro
años. Sumando esfuerzos a la campaña de la derecha,
los medios de comunicación salvadoreños dieron amplia
cobertura al momento crucial de la condena, y de ese modo
prácticamente todos pudimos presenciar cuando el
pelotón de fusilamiento hizo las descargas de rigor sobre la
humanidad de los condenados, así como el desplome de los
cuerpos de éstos. Se trató de una muerte
ascéptica, sin pedazos de miembros esparcidos por los aires
como en las películas de acción a las que nos tiene
acostumbrados el cine de Hollywood. Lo grotesco de la muerte
violenta -sangre, miembros destrozados- no apareció por
ninguna parte; todo sucedió como si la muerte real fuese
menos espectacular y sangrienta -más aceptable, más
llevadera- que la muerte de ficción.
En las fotografías tomadas por la prensa y en los
videos de la televisión quedó plasmado, como hecho
frío y ajeno, el momento de la ejecución. Una y otra
vez la escena fue llevada a la pantalla de la televisión y
la prensa la recordó una y otra vez. Asimismo, cuanto
más ello sucedió, más nos acostumbramos al
hecho; es decir, el mismo se fue convirtiendo en parte de nuestra
cotidianidad. Después de todo, ver a dos seres humanos caer
abatidos por ráfagas de fusil no fue tan trágico como
pudo parecer a primera vista: los dos guatemaltecos, como lo
mostraron "objetivamente" la televisión y la prensa,
murieron con la mayor simplicidad y limpieza.
Todos fuimos testigos de la muerte de dos hombres; más
aún, todos nos volvimos capaces de opinar con la mayor
naturalidad sobre la misma, poniéndonos a favor o en contra.
Los medios se encargaron de "enseñarnos" que la muerte no
era algo del otro mundo, sino algo para ver en familia, sentados en
un sillón, mientras descansábamos,
almorzábamos o manteníamos una conversación de
sobremesa. No hubo tragedia ni dolor, sólo
espectáculo y diversión. Los medios no sólo
nos convirtieron en espectadores de la muerte, sino que llevaron,
sin perder nuestra condición de espectadores, a decidir si
era legítimo o no condenar a alguien a morir. Y nosotros,
asumiendo nuestra condición de asistentes al show montado
por los medios, estuvimos prestos a decir "de acuerdo" con la pena
de muerte. No tuvimos problema para ello, pues los medios
(de)formaron nuestra opinión haciéndonos creer que lo
doloroso era indoloro y que la tragedia era comedia.
Por supuesto que el espectáculo en torno a la muerte de
los dos condenados guatemaltecos puso de relieve elementos
políticos importantes. No sólo se tenía que
convencer a todo el mundo que la ejecución por un
pelotón de fusilamiento era totalmente ascéptica,
sino que, por su simplicidad y contundencia, se convertiría
a partir de ese momento en la medida más eficaz para
combatir la delincuencia y la criminalidad. El razonamiento que
comenzó a difundirse era, de nuevo, simple: los
delincuentes, una vez que caigan en la cuenta que la muerte les
espera con seguridad por cometer determinadas fechorías
(violación, secuestro, asesinato), se
autocontrolarán, ya que el temor a ser fusilados será
más fuerte que su afán por delinquir. Quienes no se
autocontrolen serán eliminados, con un método simple,
eficaz y económico. El crimen disminuirá tanto por el
"temor" que envolverá a los delincuentes como por la
"limpieza" que se hará de quienes no se contengan pese a la
amenaza de ser penalizados con la muerte.
Este es el argumento que propagó el Presidente Armando
Calderón Sol -casi inmediatamente después del
fusilamiento de los guatemaltecos- cuando clamó por la pena
de muerte como mecanismo de persuación que ayudará a
los delincuentes a "meditar y reflexionar" sobre las consecuencias
de sus fechorías. Calderón Sol fue secundado en ese
momento por los diputados de ARENA, quienes clamaron no sólo
por aplicar la medida -misma que está contemplada en el
Artículo 22 de la Constitución Política para
penalizar delitos de orden militar-, sino por ampliarla hasta
abarcar el homicidio agravado, el secuestro y la violación.
A este coro de voces se sumó Ronal Umaña, quien -
apelando a la doctrina social de la Iglesia- afirmó
tajantemente estar a favor de la pena de muerte "para los
violadores de niños". En la misma línea, la
posición del líder de la "nueva clase
política" fue avalada por el Arzobispo de San Salvador,
Mons. Fernando Saénz Lacalle, quien sostuvo que "si
algún país no tiene los sufientes recursos como para
poderse defender de la delincuencia, no sería inmoral ni
amoral que tenga la pena de muerte en su
legislación". Progresivamente, un clamor a favor de la
pena de muerte comenzó a irradiarse desde los sectores
políticos y religiosos de derecha. A ese clamor se sumaron
los medios de comunicación, los cuales se dieron a la tarea
de crear en la conciencia colectiva el mito de la pena de muerte
como "solución" adecuada para la ola delincuencial que abate
al país. La campaña de los medios ha terminado siendo
avalada por el clima de opinión que se ha impuesto en la
sociedad: cada vez más salvadoreños aceptan sin
titubear la pena de muerte y son menos los que pueden ofrecer un
argumento contrario que pueda ser defendido sin parecer
antipopular.
Vox populi, vox Dei: este es el lema que el gobierno y los
grupos de derecha del país asumieron para hacer avanzar su
iniciativa en favor de la pena de muerte. Es decir, apelaron a la
opinión popular -una opinión prefabricada por la
arremetida de los medios- para lagitimar una medida que en lo
absoluto es la solución para la criminalidad y la
delincuencia. Ciertamente, se trató de una salida
fácil para el gobierno; una salida que le permitirá
blandir, sobre quienes son considerados como la escoria de la
sociedad, su brazo autoritario. Y ello sin la menor
contemplación y con el consentimiento de los ciudadanos.
Pero que sea lo más fácil para el gobierno no quiere
decir que sea lo mejor para la sociedad, por más que
ésta apoye masivamente la medida.
El gobierno de forma hábil ha pretendido hacer pasar
por democracia la apelación a la decisión de la mayor
parte de salvadoreños en favor de la pena de muerte. Pero
eso no es democracia ni mucho menos, pues una cosa es la "voluntad
de todos" y otra muy distinta la "volutad general": mientras que
aquélla apunta a los deseos del mayor número, esta
última tiene que ver con lo que es mejor para la
mayoría en orden a la humanización de la sociedad. En
El Salvador, que la mayoría clamara por la
implantación de la pena de muerte -y que el gobierno haya
apelado a ese deseo para implementarla- no era señal de
democracia, sino de deshumanización masiva. Algo que se
dejó de lado era si con una medida de esa naturaleza la
sociedad salvadoreña se humanizaría o se
deshumanizaría, si se fortalecería o se
denigraría moralmente.
Todo apunta a que en ese momento nos movíamos en la
segunda dirección, esto es, en la línea de la
deshumanización y la denigración moral. Que una
sociedad tenga que llegar a la eliminación física de
sus miembros pone de manifiesto lo precario de sus mecanismos de
justicia. Que una sociedad tenga que amenazar de muerte a los
transgresores del orden revela la debilidad de mecanismos de
control social alternativos a la pena de muerte. Lo peor, sin
embargo, es que nadie se avergonzó un ápice por ello.
Tener que matar a un ser humano, por más horrendo que haya
sido su crimen y por más que esa muerte esté avalada
por la sociedad, debía llenarnos de tristeza y bochorno,
pero nos pareció lo más normal. Con la ayuda de los
medios, trivializamos la muerte de esos a quienes consideramos
enemigos de nuestros bienes y de nuestras familias. ARENA, pues, se
las arregló para convencernos de que con el exterminio de la
escoria de la sociedad todos viviremos felices.
Una vez logrado lo anterior, restaba el trámite
legislativo que llevara a feliz término la iniciativa
arenera. Y así, tras varias semanas de discusión
pública y de una intensa campaña publicitaria, ARENA
pudo sacar adelante su propuesta de reformar el Artículo 27
de la Constitución Política para que los acusados de
secuestro, homicidio agravado y violación puedan ser
sentenciados con la pena de muerte. A los 40 votos de ARENA se
sumaron los votos del PCN (4), diputados independientes (3) y uno
del PDC, con lo cual se alcanzaron los 48 votos necesarios para
aprobar la reforma constitucional, que sin embargo tendrá
que ser ratificada por la próxima legislatura. Por su parte,
el FMLN, el PRSC, el PD y la Convergencia Democrática -que
en conjunto sumaron 23 votos- fueron tajantes en su rechazo a la
medida, por considerar que la misma, más que ser una
solución a la problemática delincuencial del
país, es una muestra de la incapacidad del gobierno para
elaborar y poner en práctica mecanismos más
integrales de prevención y control de la criminalidad.
Varias cosas llaman la atención en la decisión
de la Asamblea Legislativa. La primera es el servilismo mostrado
por los diputados del PCN, los independientes y el del PDC hacia
ARENA. Ante una situación que exigía un máximo
de seriedad y racionalidad, dominaron los favores que se han
recibido o que esperaban recibir, así como los pactos y las
negociaciones oscuras entre quienes, se supone, han sido electos
para defender los intereses ciudadanos y nos los intereses de un
grupo particular. Es inaceptable la subordinación de algunos
diputados a las decisiones de ARENA; es inaceptable que esa
subordinación esté motivada por intereses mezquinos.
Así como es necesario rechazar la sumisión
incondicional de los diputados a los dictados de su partido, es
necesario rechazar aun con mayor fuerza la sumisión de
aquéllos a los dictados de un partido que no es el suyo,
sobre todo cuando se sospecha de que en ello intervienen
regalías políticas y económicas.
En segundo lugar, ARENA mostró que es capaz de imponer
su poder de persuación por sobre los fueros de la
argumentación racional. La razón indica que la pena
de muerte no resolverá los problemas de criminalidad en el
país, pero el Presidente Calderón Sol, el Ministro de
Seguridad y los miembros del partido creyeron que sí. Como
en su lógica lo que ellos piensan debe ser aceptado por
todos sin discusión, entonces la pena de muerte tiene que
imponerse en el país. Y, de ese modo, todo el aparato
propagandístico de ARENA -apoyado por el amarillismo de
algunos medios y la voz ambigua del Arzobispo de San Salvador- se
pusieron en función de lograr aquel objetivo.
No se impuso la decisión más razonable, sino la
que se generó en los círculos de poder de la derecha.
ARENA hizo de la ampliación de la pena de muerte un asunto
en el cual tenía que demostrar a propios y extraños
quién tiene el poder en El Salvador. Una vez más,
pues, el poder se impuso sobre la razón; el autoritarismo
sobre la democracia. La gran perdedora es la sociedad, que ve
cómo el Estado se atribuye la función de administrar
la muerte sin que importen los costos éticos y humanos que
ello pueda traer consigo.
En el ambiente ha terminado por imponerse la tesis de que los
delincuentes son un cáncer que tiene que ser extirpado. No
sólo se presume que son personas de segunda o tercera
categoría, sino que el respeto de su vida no cuenta en lo
absoluto. Curiosamente, muchos de quienes defienden la pena de
muerte son feroces detractores del aborto; y su lucha la libran
apelando al respeto que debe tenerse por la vida humana como obra
de Dios. Es decir, quienes no aprueban bajo ninguna circunstancia
la práctica del aborto y señalan con el dedo
inquisidor a madres, médicos, enfermeras y parteros que se
involucran en la misma, están prestos a aprobar con la mayor
de la naturalidad que el Estado tome en sus manos la
decisión de quitar la vida a determinadas personas.
¿Quiere decir entonces que a los ojos de Dios hay vidas que
sí merecen respetarse y otras que no lo merecen?
¿Qué las vidas de los condenados a muerte no son obra
de Dios?
Otro argumento que se ha difundido es que quitar la vida a
unos cuantos delincuentes es totalmente legítimo si con ello
se va a garantizar la vida de muchas personas honestas. Estamos
aquí ante una consideración meramente
númerica, cuya frialdad no deja de ocultar un desprecio por
la vida humana sólo comparable con la que mostraron el
fascismo alemán y las dictaduras más sangrientas de
América Latina. Evidentemente, este argumento es sumamente
peligroso, porque a partir de él se pueden justificar las
más crueles atrocidades: si se considera legítimo que
el Estado quite la vida a algunos delincuentes para preservar la de
los ciudadanos honestos, igual de legítimo puede parecer que
el Estado extermine a los niños de la calle, prostitutas y
vagabundos porque ellos afean la ciudad o constituyen una amenaza
potencial para el bienestar y la seguridad de quienes no se
encuentran en una situación de marginalidad.
La idea de que hay que "sanear" a la sociedad no puede ser
aceptada por quienes se encuentran empeñados en defender la
dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Si se otorga
al Estado la postestad de realizar esa "limpieza" social no
sólo se le dará la facultad para que decida sobre la
vida de los ciudadanos, sino que éste decidirá a su
antojo (más en concreto, según los intereses de
quienes controlen sus instituciones) los alcances de esa limpieza.
De este modo, se abrirá la puerta para que de lo
delincuencial se pueda pasar a lo político. Porque, en
definitiva, quien decidirá qué debe ser limpiado de
la sociedad será el Estado, amparado en una
legislación antidemocrática y premoderna.
Muchos están contentos de que ARENA se haya salido con
la suya al lograr la reforma constitucional en torno a la pena de
muerte. Se entiende esa alegría en individuos y grupos
vinculados a la derecha, pero no en quienes se dicen defensores de
la vida humana, la igualdad y la fraternidad. Ojalá y estos
últimos no sean víctimas de esa "razón de
Estado" que ahora, con su alegría y sus posturas
públicas, están contribuyendo a construir. Al aceptar
que el Estado salvadoreño administre la muerte como una
esfera más de sus atribuciones, se le está otorgando
un poder que, como en el pasado, puede ser usado en contra de la
sociedad.
No cabe duda que estar en contra de la pena de muerte no es
estar a favor de la delincuencia. Pero estar en contra de
ésta no significa estar a favor de aquélla,
especialmente porque no está claro cómo la amenaza de
muerte va a detener el crimen cuando muchos de los que se
involucran en actividades ilegales ya han aprendido a convivir con
la muerte. Tampoco está claro como esa amanaza puede
contener a quienes se saben con el poder y las influencias
suficientes para evadir esa u otras medidas que pueda tomar el
Estado en su contra. Sobran argumentos éticos y
políticos para rechazar la pena de muerte. Sólo
esquemas mentales autoritarios pueden justificar una medida de esa
naturaleza. Sólo unos medios de comunicación faltos
de ética pueden tomarse la tarea de alimentar el morbo
popular haciendo de la muerte un espectáculo.
Una cruzada contra la delincuencia es necesaria, y en la misma
debemos involucrarnos todos los salvadoreños que le hemos
apostado a la democracia. Empero, más sustantivamente, hay
que lanzar una campaña contra la violencia en todas sus
manifestaciones y modalidades. Contra la violencia delincuencial,
sí; pero también contra la violencia estatal, la
violencia empresarial y, en general, la violencia social que permea
la cotidianidad familiar, escolar y laboral. Ello requiere un
diagnóstico epidemiológico completo y riguroso sin el
cual las medidas para combatir el problema de la violencia
seguirán pecando de una simplidad imperdonable.
Luis Armando González