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ECA, No. 576, octubre de 1996 El comal le dijo a la olla... De una forma u otra, siempre resulta problemático tener que elegir. Cuando la decisión debe hacerse entre dos cosas buenas, quizás es menos complicado pues, si uno se equivoca, no es mucho lo que pierde ya que, a fin de cuentas, termina quedándose con algo útil. Pero cuando la disyuntiva que nos presentan es la de escoger entre dos males, el panorama se pone más difícil: si nos va bien, con un poco de suerte, podemos conseguir lo menos malo. Algo parecido, pero desde la segunda perspectiva, fue la sensación que dejó en algunas personas la reciente controversia entre Hugo Barrera, en su calidad de Ministro de Seguridad Pública, y José Domingo Méndez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tras un aparente arreglo entre las partes, el sabor que quedó a la población no fue precisamente el de haber ganado algo; por el contrario, en el aire quedó flotando una mala impresión. Pero ¿qué sucedió entre ambos funcionarios para que públicamente se enfrascaran en una discusión tan fuerte? Hagamos, rápidamente, un poco de historia. El 21 de septiembre de 1995, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a una mujer y dos hombres que -según dijo- pertenecían a la ahora célebre "Banda del chino y la niña". Días después fueron remitidos al juzgado de paz de Apopa, donde se les decretó órdenes de detención mientras se investigaba su presunta participación en los delitos de robo, tenencia y portación de armas de fuego. El caso ya era manejado por un tribunal superior cuando, el 2 de mayo de 1996, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de esas tres personas al resolver un recurso de exhibición personal presentado por su defensa. Entre los liberados se encontraba el supuesto jefe de la pandilla, el ex militar David Rodas Escobar. Cinco meses transcurrieron y el 4 de octubre el famoso "chino" volvió a caer en manos de la PNC, de nuevo con la "niña" y dos sujetos más. Esta vez, los cargos en su contra aumentaron: asalto a negocios de diverso tipo y varios homicidios; además, la Policía informó que les había decomisado "un sofisticado arsenal". Fue entonces cuando el locuaz Ministro de Seguridad Pública soltó la chispa que encendió la llama. Sin "pelos en la lengua", Barrera dijo varias cosas: "parte de los delitos cometidos por esta banda son (sic) responsabilidad de la Corte"; dichos delitos, "de una u otra manera van a tener que achacárseles (a los miembros de la Sala de lo Constitucional) aunque sea en su conciencia y esperamos que en esta oportunidad el sector judicial responda a las necesidades de la ciudadanía". La decisión adoptada en mayo por el máximo tribunal de justicia en el país, favorable a los imputados, fue calificada por el Ministro como "ilógica y atentatoria contra la vida e integridad física de la población". "Todos los crímenes cometidos después de su liberación por la Corte Suprema de Justicia deberán pesar sobre la conciencia de quienes los liberaron", sentenció. Para cerrar con "broche de oro" sus críticas, el Ministro terminó diciendo que la PNC estaba "triplicando su trabajo para recapturar a estas personas que comprobadamente son criminales y que las autoridades judiciales dejan en libertad", con "argumentos carentes de sentido jurídico". La reacción de la Corte no tardó. Del primero de sus magistrados se escucharon, el 7 de octubre, las siguientes declaraciones: "Nosotros podríamos decir que hay una gran cantidad de órdenes de detención que no hacen (sic) efectivas la PNC; por lo tanto, los delitos cometidos por los delincuentes serían responsabilidad de la PNC... Ellos, como institución investigadora del delito también buscan perfeccionarse. Sin embargo, también cometen fallas en el ejercicio de sus funciones". En tono más mesurado y conciliador, el doctor Méndez también afirmó que en la Corte estaban "abiertos a cualquier comentario" y dejó sentado que querían "evitar la confrontación pública". A diferencia de su presidente, pues se notaba muy molesto, el magistrado Mario Solano -también miembro de la Sala de lo Constitucional- sostuvo que no estaba en contra de que les señalaran sus errores. "Lo que no se va a tolerar - expresó- son las injerencias, las intromisiones y, sobre todo, las imputaciones calumniosas que no corresponden al momento que estamos viviendo y que fueron hechas por el señor Barrera". Según Solano, cuando la Corte tiene alguna crítica para los organismos de seguridad pública la hace "en el plano institucional, no a nivel propagandístico". En ese acalorado marco, con la intención de calmar los ánimos encendidos y lograr entendimientos entre las partes, según dijo, el Presidente de la república convocó a una reunión entre "acusador" y "acusados". Esta se realizaría el 11 de octubre; pero - para sorpresa del mandatario- los integrantes de la Sala de lo Constitucional no asistieron. Mediante un comunicado aparecido en la prensa escrita el mismo 11 de octubre, la Sala expuso sus razones para no asistir a la cita: la Corte Plena resolvió declinar dicha invitación, "lo que no ha reflejado en ningún momento falta de voluntad, ni temor a discutir a cualquier nivel cuestiones institucionales relativas al combate del crimen en el país, pero se ha atendido a las propias reservas que la Corte Plena tuvo sobre la conveniencia de reunirse con el señor Ministro de Seguridad Pública, don Hugo Barrera, debido a sus declaraciones públicas que contienen una clara falta de respeto al órgano Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional y a la Comunidad Jurídica en general". "Las expresiones del señor Ministro de Seguridad Pública -enfatizó la Sala de lo Constitucional- son una clara intromisión en las atribuciones que le corresponden exclusivamente al Organo Judicial, atentando con ello contra el principio de separación de Poderes". Aquí vale la pena mencionar que el Artículo 86 constitucional establece que el poder público --emanado del pueblo-- será ejercido por los órganos del gobierno, de manera independiente, "dentro de las respectivas competencias que establecen la Constitución y las leyes". No obstante determinar que las atribuciones de estos órganos --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- "son indelegables", se dice que "estos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus funciones públicas". En ese marco, nadie esperaba tal desaire a la invitación del titular del Ejecutivo, quien -al menos en apariencia y ante un problema como el que se había suscitado- intentaba buscar una salida a la situación para colaborar "en el ejercicio de sus funciones públicas" y, así, brindar un mejor servicio al pueblo. Mucho menos se esperaba que nuestra Corte comunicara los hechos y su decisión a sus colegas del resto de América, a los Tribunales Constitucionales Hispano-Luso Americanos y a la Corte Centroamericana de Justicia. Sin embargo así lo hizo pues, tal como afirmó en el comunicado que citamos antes, "forma parte" de esas instituciones, "en cuyos estatutos está previsto velar y luchar por la Independencia Judicial y por la integridad física y moral de los Magistrados y los Jueces, lo cual se pone en peligro con esta clase de campañas". Hay quienes, además de criticar la mala formulación del desplegado y su excesivo dramatismo, afirmaron que la Corte no se encontraba en condiciones de adoptar posturas tan "dignas" cuando -independientemente de la manera inadecuada que utilizó para hacer sus señalamientos- el Ministro tenía razón en algunas cosas. Hay quienes sostuvieron que, tras esas "poses", parecía esconderse un peligroso espíritu corporativo; un sentirse "por encima del bien y el mal"; una altanera actitud "absolutista" con la que pretendían "cerrar filas" ante cualquier cuestionamiento que se hiciera a su labor. Ilustrativas son, en ese sentido, las siguientes palabras del doctor Solano vertidas cuando más caliente estaba la polémica: "El pensamiento de un magistrado debe ser respetado, independientemente que cinco millones estén en contra. Y si yo logro resolver un caso, de acuerdo a mi pensamiento jurídico, con eso reafirmo la independencia judicial. Si tengo la razón, mejor; y si me equivoco, no importa". Mientras la Corte advertía en los reproches de Barrera la tendencia "a revivir una forma autoritaria", para el director general de la PNC, Rodrigo Avila, la cosas eran mucho más simples. El ingeniero metido a jefe policial sostuvo que había "dos bandos: los buenos y los malos". "Nosotros los buenos -dijo- nos tenemos que unir para hacer los esfuerzos necesarios que permitan disminuir los niveles delincuenciales". Confundido o confuso, conciliador o quizás un poco desconectado de la realidad frente a lo que toda la gente observaba, el joven funcionario sostuvo: "No nos estamos tirando la pelota ni echándonos la culpa, ni dudamos de la voluntad de la judicatura o de la Corte. Pero se trata de un problema al que se suma la inoperancia de algunas leyes y la obsolescencia de mecanismos en la aplicación de la justicia". Sin embargo, en otro momento dijo que "algunos jueces" filtraban información a los delincuentes", lo que permitía que estos huyeran. Frente a esas y otras apreciaciones que poco favorecían a las instituciones responsables de impartir justicia en el país, no faltaron las voces alabando la postura del máximo tribunal. Según estas, de la coyuntura había que rescatar la actitud del órgano Judicial como un hecho sin precedentes en la historia nacional, en lo que toca a la defensa de su autonomía. Sin embargo, pese al publicitado alboroto de octubre, aún persisten las dudas entre la población sobre esa total y real independencia. No obstante la "dignidad" mostrada ante el Ministro de Seguridad Pública, a la Corte le falta mucho para ganarse el respeto de la gente que continúa esperando, por ejemplo, la resolución de importantes recursos que le han sido presentados, como aquel que pide se declare inconstitucional la Ley de Emergencia o el que solicita garantizar la conservación de la finca El Espino. En ese sentido, también se plantean serias reservas cuando la población sigue padeciendo por las arbitrariedades que cometen los funcionarios judiciales que están en contacto directo con ella. Fruto de la incapacidad o por la corrupción que corroe las entrañas del sistema judicial, las cosas en el país no han cambiado sustancialmente en esta materia y no se observa una sólida voluntad de la "cúpula" para impulsar una depuración rápida y en serio. Al menos eso dijo el secretario general de las Naciones Unidas en su informe sobre El Salvador, que examina el período comprendido entre el del 1 de mayo al 20 de julio de 1996. De manera clara, Boutros Boutros-Ghali sostuvo que había "habido poco progreso en la reforma judicial"; sobre la depuración de los jueces afirmó que había "perdido su impulso inicial" y que, en los últimos meses, prácticamente se había "paralizado". Pero si la Corte anda mal, la PNC y el Ministerio de Seguridad Pública no están como para andar presumiendo mucho. Cuando se conoció públicamente ese último informe de Ghali sobre el estado de la aplicación de los acuerdos de paz en El Salvador, las reacciones oficiales no se hicieron esperar; de ellas, las más fuertes fueron las de aquellos funcionarios relacionados con la seguridad pública. No se podía esperar menos: era lógico por ser este el primer tema que se abordó en el documento y porque además resultó ser, junto al de la impartición de justicia, el que mayores cuestionamientos recibió. Durante el período que estudió, el secretario general observó "dificultades que persisten para consolidar el sector de seguridad pública de conformidad con el modelo establecido en los acuerdos de paz". Para Ghali, esas dificultades son fruto de -léase bien- "los diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los encargados de formular políticas en esa esfera". Eso no es nuevo. Mucho antes de que el informe apareciera, era un secreto a voces confirmado diariamente por la falta de una política de Estado integral, coherente, para enfrentar el problema de la violencia que golpea a todo nivel a la población mayoritaria y que, cada vez más, la sume en un estado de indefensión e inseguridad. Confirmado, además, por las actitudes de un Ministro que más bien parece ser el verdadero director de la PNC, de un subordinado del ingeniero Avila que más bien parece ser su jefe y de un director formal de la Policía que -como en alguna ocasión él mismo dijo-- se siente más bien el "defensor general de la PNC". Por eso, en el balance que hizo el IDHUCA sobre la situación de los derechos humanos en 1995 se planteó: "Hay quien explica el inadecuado desempeño de la PNC porque muchos miembros de los viejos cuerpos policiales pasaron a formar parte de ella; hay quien considera nocivo el haberla integrado con un 20 por ciento de ex combatientes del FMLN y otro tanto igual de ex agentes de la Policía Nacional; por último, está quien piensa que -por encima del origen de sus miembros- la PNC está mal debido a que la cúpula de la seguridad pública no actúa en forma acertada y que, por el contrario, ha permitido o fomentado las arbitrariedades y la impunidad. Como sea, el balance de la PNC no es satisfactorio desde la óptica de su mandato y quedan muchos problemas por superar" (Proceso, 691). En el informe especial que solicitó el presidente Calderón Sol a la Misión de las Naciones Unidas (MINUSAL) sobre el estado de la seguridad pública en el país -conocido a fines de septiembre de 1995-ya se había mencionado otro tema preocupante que, después de un año, continúa igual o peor: "que la PNC pudiera perder su identidad de institución al servicio de la comunidad y pasar a ser un nuevo instrumento de poder proclive al autoritarismo y que no rinde cuentas al público, de lo cual hay señales crecientes". En ese sentido, dentro del mencionado informe de Boutros-Ghali se dijo que aún estaba pendiente el cumplimiento de "varias de las cuestiones mencionadas" en otro documento que, con fecha 23 de abril de 1996, se envió a la Asamblea General de la ONU. Ante ese estado de cosas, la situación se vuelve más complicada al descubrir que ni la unidad de control ni la unidad de investigación disciplinaria ni el tribunal disciplinario recibieron el "visto bueno" de la observación internacional. En el informe varias veces citado, el secretario general habla claramente de su "debilidad" y, de manera más explícita, señala que "sigue siendo evidente la falta de coherencia entre las diversas instancias que participan en el proceso disciplinario". De esta manera, observamos que no existen mecanismos dentro de la PNC con la suficiente capacidad para vigilar y sancionar a sus miembros. Conociendo la ineptitud interna para controlar la actuación del personal policial, el panorama se torna más oscuro cuando Ghali habla de las "graves dificultades para consolidar la oficina del Inspector General de la PNC"; dificultades que -según él- "se agravaron con la renuncia del propio Inspector General a fines de junio". Sin mayores explicaciones de fondo, dicho funcionario regresó a su cargo a los pocos días; Ghali se atrevió a pensar que ese podía ser "un indicio de que algunas de esas dificultades podrán superarse". Sin embargo, nosotros no compartimos esa confianza. ¿Por qué? Pues, porque desde que nació y hasta la fecha -ni con el primer inspector ni con su sustituto- esa institución ha dado muestras de una labor decidida y eficaz en el cumplimiento de su misión: "vigilar y controlar las actuaciones de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como lo referente a los Derechos Humanos", según reza el artículo 8 de la Ley Orgánica de la PNC. Y mientras esperamos que se arreglen las cosas al interior de la inspectoría, la población salvadoreña sigue sin contar con un mecanismo nacional que observe el funcionamiento de la Policía -fuera de los señalamientos que reiteradamente le hace la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos- y que además haga uso de sus facultades para corregir las fallas que detecte. Así se encuentran las cosas y es muy difícil imaginar al Ministerio de Seguridad Pública y a la PNC tirándole "la primera piedra" al órgano Judicial, cuando no se encuentran "libres de pecado". De ahí la insistencia del Jefe del Ejecutivo para limar asperezas y conjuntar esfuerzos. Pese a su intento frustrado del 11 de octubre, el presidente Calderón convocó a otra reunión; sólo que, a diferencia de la anterior, ya no invitó al Ministro de Seguridad Pública y así pudo conversar con el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Según el comunicado emitido por la Secretaría de Información de la Presidencia, durante su encuentro con el doctor Méndez se lograron algunos acuerdos importantes. El principal: poner "en cintura" a las autoridades responsables de la seguridad pública, "para que eviten hacer declaraciones que no contribuyan a las buenas relaciones que existen entre ambos órganos". También se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector justicia, para enfrentar la delincuencia con eficacia. Ello es importante, sobre todo cuando -por su naturaleza- ambas partes deberían pensar que su trabajo debe encaminarse a la protección de la ciudadanía y no al ataque mutuo. Sin duda, hay que felicitar al presidente Calderón por la perseverancia mostrada en este caso. Pensando en positivo, se debe esperar que continúen este tipo de intervenciones para discutir con "altura" y tratar de mejorar en aspectos tan sensibles como los debatidos entre la Corte Suprema y el Ministro de Seguridad Pública; también quedamos a la espera de esas intervenciones presidenciales cuando Barrera -de manera infundada y con su cuestionado estilo- o alguno de sus subordinados atacan la valiosa labor de la Procuradora. Quedamos a la espera de que se realicen los buenos propósitos expresados en la reunión entre los titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, pues sólo así podrá la población comenzar a superar esa fea sensación que le provoca la falta de entendimientos reales y coordinaciones eficaces entre las diferentes instituciones gubernamentales. Los funcionarios, especialmente aquellos que tienen que ver con la justicia y la seguridad pública, deben caer en la cuenta que mientras se sigan "enlodando" entre sí, la poca confianza que la gente tiene en las instituciones del Estado será cada vez menor; en consecuencia, se incrementará la devaluación de un proceso que tanto costó diseñar, con el loable propósito de lograr una verdadera democratización del país. Las razones para llegar a la situación que ahora nos tocó comentar, son ampliamente conocidas por todas y todos: nos encontramos ante las dos instituciones más cuestionadas por su incapacidad para cumplir su rol de manera eficiente; instituciones que en ocasiones, para ocultar sus deficiencias, se acusan entre ellas. Valdría la pena mencionar que cualquier funcionario público, antes de brindar declaraciones, debería pensar las consecuencias que puedan traer para no hacer más difícil el trabajo de otros órganos del Estado. Quiérase o no, de alguna manera existe una división de poderes que debe respetarse; pero además, también por mandato constitucional, se deben promover mecanismos para unificar criterios y garantizar la colaboración mutua a fin de enfrentar eficazmente la delincuencia mediante la superación de la impunidad. Si bien es cierto se han cometido muchos y muy graves errores en el camino, estos no han sido exclusivos de la Corte Suprema de Justicia, por un lado, o del Ministerio de Seguridad Pública, por el otro. De ambas partes se han registrado serias fallas y, en definitiva, quien paga los "platos rotos" es la población. Somos una sociedad que intenta crear nuevas formas de hacer política y gobierno. En ese marco, el diálogo debe convertirse en el mecanismo privilegiado para solucionar los problemas. No es por medio del enfrentamiento de los poderes públicos que vamos a avanzar, porque eso, en lugar de generar confianza, credibilidad y entusiasmo, conspira contra la necesaria participación de la gente. Frecuentemente, sobre todo durante este gobierno, las instituciones estatales han "jalado" cada una por su lado y resulta peligroso que en ese "estira y encoge" se pase por encima de las necesidades más urgentes de la población. Ojalá la controversia de octubre entre el Ministro de Seguridad Pública y la Corte sea una señal de los tiempos nuevos que se vivirán en El Salvador; tiempos en los cuales, además de respetar la necesaria independencia entre los poderes del Estado, pueda existir madurez y voluntad políticas para colaborar entre las instituciones estatalas, a fin de favorecer a quien en definitiva manda: la población entera. Benjamín Cuéllar