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Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Revista ECA

© 1996 UCA Editores





ECA, No. 576, octubre de 1996



                 El comal le dijo a la olla...



     De una forma u otra, siempre resulta problemático

tener que elegir. Cuando la decisión debe hacerse entre

dos cosas buenas,  quizás es menos complicado pues, si uno

se equivoca, no es mucho lo que pierde ya que, a fin de cuentas,

termina quedándose con algo útil. Pero cuando la

disyuntiva que nos presentan es la de escoger entre dos males,

el panorama se pone más difícil: si nos va bien,

con un poco de suerte, podemos conseguir lo menos malo. 



     Algo parecido, pero desde la segunda perspectiva, fue la

sensación que dejó en algunas personas la reciente

controversia entre Hugo Barrera, en su calidad de Ministro de

Seguridad Pública, y José Domingo Méndez,

presidente de la Corte Suprema de Justicia. 



     Tras un aparente arreglo entre las partes, el sabor que

quedó a la población no fue precisamente el de

haber ganado algo; por el contrario, en el aire quedó

flotando una mala impresión. Pero ¿qué

sucedió entre ambos funcionarios para que

públicamente se enfrascaran en una discusión tan

fuerte?  Hagamos, rápidamente, un poco de historia. 



     El 21 de septiembre de 1995, la Policía Nacional

Civil (PNC) detuvo a una mujer y dos hombres que -según

dijo- pertenecían a la ahora célebre "Banda del

chino y la niña". Días después fueron

remitidos al juzgado de paz de Apopa, donde se les decretó

órdenes de detención mientras se investigaba su

presunta participación en los delitos de robo, tenencia

y portación de armas de fuego. El caso ya era manejado por

un tribunal superior cuando, el 2 de mayo de 1996, la Sala de lo

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la

libertad de esas tres personas al resolver un recurso de

exhibición personal presentado por su defensa. Entre los

liberados se encontraba el supuesto jefe de la pandilla, el ex

militar David Rodas Escobar. 



     Cinco meses transcurrieron y el 4 de octubre el famoso

"chino" volvió a caer en manos de la PNC, de nuevo con la

"niña" y dos sujetos más. Esta vez, los cargos en

su contra aumentaron: asalto a negocios de diverso tipo y varios

homicidios; además, la Policía informó que

les había decomisado "un sofisticado arsenal". Fue

entonces cuando el locuaz Ministro de Seguridad Pública

soltó la chispa que encendió la llama. Sin "pelos

en la lengua", Barrera dijo varias cosas: "parte de los delitos

cometidos por esta banda son (sic) responsabilidad de la Corte";

dichos delitos, "de una u otra manera van a tener que

achacárseles (a los miembros de la Sala de lo

Constitucional) aunque sea en su conciencia y esperamos que en

esta oportunidad el sector judicial responda a las necesidades

de la ciudadanía".

     La decisión adoptada en mayo por el máximo

tribunal de justicia en el país, favorable a los

imputados, fue calificada por el Ministro como "ilógica

y atentatoria contra la vida e integridad física de la

población". "Todos los crímenes cometidos

después de su liberación por la Corte Suprema de

Justicia deberán pesar sobre la conciencia de quienes los

liberaron", sentenció. Para cerrar con "broche de oro" sus

críticas, el Ministro terminó diciendo que la PNC

estaba "triplicando su trabajo para recapturar a estas personas

que comprobadamente son criminales y que las autoridades

judiciales dejan en libertad", con "argumentos carentes de

sentido jurídico". 



     La reacción de la Corte no tardó. Del primero

de sus magistrados se escucharon, el 7 de octubre, las siguientes

declaraciones: "Nosotros podríamos decir que hay una gran

cantidad de órdenes de detención que no hacen (sic)

efectivas la PNC; por lo tanto, los delitos cometidos por los

delincuentes serían responsabilidad de la PNC... Ellos,

como institución investigadora del delito también

buscan perfeccionarse. Sin embargo, también cometen fallas

en el ejercicio de sus funciones". En tono más mesurado

y conciliador, el doctor Méndez  también

afirmó que en la Corte estaban "abiertos a cualquier

comentario" y dejó sentado que querían "evitar la

confrontación pública".



     A diferencia de su presidente, pues se notaba muy molesto,

el magistrado Mario Solano -también miembro de la Sala de

lo Constitucional- sostuvo que no estaba en contra de que les

señalaran sus errores. "Lo que no se va a tolerar -

expresó- son las injerencias, las intromisiones y, sobre

todo, las imputaciones calumniosas que no corresponden al momento

que estamos viviendo y que fueron hechas por el señor

Barrera". Según Solano, cuando la Corte tiene alguna

crítica para los organismos de seguridad pública

la hace "en el plano institucional, no a nivel

propagandístico". 



     En ese acalorado marco, con la intención de calmar

los ánimos encendidos y lograr entendimientos entre las

partes, según dijo, el Presidente de la república

convocó a una reunión entre "acusador" y

"acusados". Esta se realizaría el 11 de octubre; pero -

para sorpresa del mandatario- los integrantes de la Sala de lo

Constitucional no asistieron. 



     Mediante un comunicado aparecido en la prensa escrita el

mismo 11 de octubre, la Sala expuso sus razones para no asistir

a la cita: la Corte Plena resolvió declinar dicha

invitación, "lo que no ha reflejado en ningún

momento falta de voluntad, ni temor a discutir a cualquier nivel

cuestiones institucionales relativas al combate del crimen en el

país, pero se ha atendido a las propias reservas que la

Corte Plena tuvo sobre la conveniencia de reunirse con el

señor Ministro de Seguridad Pública, don Hugo

Barrera, debido a sus declaraciones públicas que contienen

una clara falta de respeto al órgano Judicial, a la Corte

Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional y a la

Comunidad Jurídica en general".



     "Las expresiones del señor Ministro de Seguridad

Pública -enfatizó la Sala de lo Constitucional- son

una clara intromisión en las atribuciones que le

corresponden exclusivamente al Organo Judicial, atentando con

ello contra el principio de separación de Poderes".

Aquí vale la pena mencionar que el Artículo 86

constitucional establece que el poder público --emanado

del pueblo-- será ejercido por los órganos del

gobierno, de manera independiente, "dentro de las respectivas

competencias que establecen la Constitución y las leyes".

No obstante determinar que las atribuciones de estos

órganos --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- "son

indelegables", se dice que "estos colaborarán entre

sí en el ejercicio de sus funciones públicas".



     En ese marco, nadie esperaba tal desaire a la

invitación del titular del Ejecutivo, quien -al menos en

apariencia y ante un problema como el que se había

suscitado- intentaba buscar una salida a la situación para

colaborar "en el ejercicio de sus funciones públicas" y,

así, brindar un mejor servicio al pueblo. 



     Mucho menos se esperaba que nuestra Corte comunicara los

hechos y su decisión a sus colegas del resto de

América, a los Tribunales Constitucionales Hispano-Luso

Americanos y a la Corte Centroamericana de Justicia. Sin embargo

así lo hizo pues, tal como afirmó en el comunicado

que citamos antes, "forma parte" de esas instituciones, "en cuyos

estatutos está previsto velar y luchar por la

Independencia Judicial y por la integridad física y moral

de los Magistrados y los Jueces, lo cual se pone en peligro con

esta clase de campañas".



     Hay quienes, además de criticar la mala

formulación del desplegado y su excesivo dramatismo,

afirmaron que la Corte no se encontraba en condiciones de adoptar

posturas tan "dignas" cuando -independientemente de la manera

inadecuada que utilizó para hacer sus

señalamientos- el Ministro tenía razón en

algunas cosas. Hay quienes sostuvieron que, tras esas "poses",

parecía esconderse un peligroso espíritu

corporativo; un sentirse "por encima del bien y el mal"; una

altanera actitud "absolutista" con la que pretendían

"cerrar filas" ante cualquier cuestionamiento que se hiciera a

su labor. Ilustrativas son, en ese sentido, las siguientes

palabras del doctor Solano vertidas cuando más caliente

estaba la polémica: "El pensamiento de un magistrado debe

ser respetado, independientemente que cinco millones estén

en contra. Y si yo logro resolver un caso, de acuerdo a mi

pensamiento jurídico, con eso reafirmo la independencia

judicial. Si tengo la razón, mejor; y si me equivoco, no

importa". 



     Mientras la Corte advertía en los reproches de

Barrera la tendencia "a revivir una forma autoritaria", para el

director general de la PNC, Rodrigo Avila, la cosas eran mucho

más simples. El ingeniero metido a jefe policial sostuvo

que había "dos bandos: los buenos y los malos". "Nosotros

los buenos -dijo- nos tenemos que unir para hacer los esfuerzos

necesarios que permitan disminuir los niveles delincuenciales".

Confundido o confuso, conciliador o quizás un poco

desconectado de la realidad frente a lo que toda la gente

observaba, el joven funcionario sostuvo: "No nos estamos tirando

la pelota ni echándonos la culpa, ni dudamos de la

voluntad de la judicatura o de la Corte. Pero se trata de un

problema al que se suma la inoperancia de algunas leyes y la

obsolescencia  de mecanismos en la aplicación de la

justicia". Sin embargo, en otro momento  dijo que "algunos

jueces" filtraban información a los delincuentes", lo que

permitía que estos huyeran.



     Frente a esas y otras apreciaciones que poco

favorecían a las instituciones responsables de impartir

justicia en el país, no faltaron las voces alabando la

postura del máximo tribunal. Según estas, de la

coyuntura había que rescatar la actitud del órgano

Judicial como un hecho sin precedentes en la historia nacional,

en lo que toca a la defensa de su autonomía. Sin embargo,

pese al publicitado alboroto de octubre, aún persisten las

dudas entre la población sobre esa total y real

independencia. No obstante la "dignidad" mostrada ante el

Ministro de Seguridad Pública, a la Corte le falta mucho

para ganarse el respeto de la gente que continúa

esperando, por ejemplo, la resolución de importantes

recursos que le han sido presentados, como aquel que pide se

declare inconstitucional la Ley de Emergencia o el que solicita

garantizar la conservación de la finca El Espino. 



     En ese sentido, también se plantean serias reservas

cuando la población sigue padeciendo por las

arbitrariedades que cometen los funcionarios judiciales que

están en contacto directo con ella. Fruto de la

incapacidad o por la corrupción que corroe las

entrañas del sistema judicial, las cosas en el país

no han cambiado sustancialmente en esta materia y no se observa

una sólida voluntad de la "cúpula" para impulsar

una depuración rápida y en serio. Al menos eso dijo

el secretario general de las Naciones Unidas en su informe sobre

El Salvador, que examina el período comprendido entre el 

del 1 de mayo al 20 de julio de 1996. De manera clara, Boutros

Boutros-Ghali sostuvo que había "habido poco progreso en

la reforma judicial"; sobre la depuración de los jueces

afirmó que había "perdido su impulso inicial" y

que, en los últimos meses, prácticamente se

había "paralizado".



     Pero si la Corte anda mal, la PNC y el Ministerio de

Seguridad Pública no están como para andar

presumiendo mucho. Cuando se conoció públicamente

ese último informe de Ghali sobre el estado de la

aplicación de los acuerdos de paz en El Salvador, las

reacciones oficiales no se hicieron esperar; de ellas, las

más fuertes fueron las de aquellos funcionarios

relacionados con la seguridad pública. No se podía

esperar menos: era lógico por ser este el primer tema que

se abordó en el documento y porque además

resultó ser, junto al de la impartición de

justicia, el que mayores cuestionamientos recibió. 



     Durante el período que estudió, el secretario

general observó "dificultades que persisten para

consolidar el sector de seguridad pública de conformidad

con el modelo establecido en los acuerdos de paz". Para Ghali,

esas dificultades son fruto de -léase bien- "los

diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los

encargados de formular políticas en esa esfera".     



     Eso no es nuevo. Mucho antes de que el informe apareciera,

era un secreto a voces confirmado diariamente por la falta de una

política de Estado integral, coherente, para enfrentar el

problema de la violencia que golpea a todo nivel a la

población mayoritaria y que, cada vez más, la sume

en un estado de indefensión e inseguridad. Confirmado,

además, por las actitudes de un Ministro que más

bien parece ser el verdadero director de la PNC, de un

subordinado del ingeniero Avila que más bien parece ser

su jefe y de un director formal de la Policía que -como

en alguna ocasión él mismo dijo-- se siente

más bien el "defensor general de la PNC".



     Por eso, en el balance que hizo el IDHUCA sobre la

situación de los derechos humanos en 1995 se

planteó: "Hay quien explica el inadecuado desempeño

de la PNC porque muchos miembros de los viejos cuerpos policiales

pasaron a formar parte de ella; hay quien considera nocivo el

haberla integrado con un 20 por ciento de ex combatientes del

FMLN y otro tanto igual de ex agentes de la Policía

Nacional; por último, está quien piensa que -por

encima del origen de sus miembros- la PNC está mal debido

a que la cúpula de la seguridad pública no

actúa en forma acertada y que, por el contrario, ha

permitido o fomentado las arbitrariedades y la impunidad. Como

sea, el balance de la PNC no es satisfactorio desde la

óptica de su mandato y quedan muchos problemas por

superar" (Proceso, 691). 



     En el informe especial que solicitó el presidente

Calderón Sol a la Misión de las Naciones Unidas

(MINUSAL) sobre el estado de la seguridad pública en el

país -conocido a fines de septiembre de 1995-ya se

había mencionado otro tema preocupante que, después

de un año, continúa igual o peor: "que la PNC

pudiera perder su identidad de institución al servicio de

la comunidad y pasar a ser un nuevo instrumento de poder proclive

al autoritarismo y que no rinde cuentas al público, de lo

cual hay señales crecientes". En ese sentido, dentro del

mencionado informe de Boutros-Ghali se dijo que aún estaba

pendiente el cumplimiento de "varias de las cuestiones

mencionadas" en otro documento que, con fecha 23 de abril de

1996, se envió a la Asamblea General de la ONU.

     Ante ese estado de cosas, la situación se vuelve

más complicada al descubrir que ni la unidad de control

ni la unidad de investigación disciplinaria ni el tribunal

disciplinario recibieron el "visto bueno" de la

observación internacional. En el informe varias veces

citado, el secretario general habla claramente de su "debilidad"

y, de manera más explícita, señala que

"sigue siendo evidente la falta de coherencia entre las diversas

instancias que participan en el proceso disciplinario". De esta

manera, observamos que no existen mecanismos dentro de la PNC con

la suficiente capacidad para vigilar y sancionar a sus miembros. 





     Conociendo la ineptitud interna para controlar la

actuación del personal policial, el panorama se torna

más oscuro cuando Ghali habla de las "graves dificultades

para consolidar la oficina del Inspector General de la PNC";

dificultades que -según él- "se agravaron con la

renuncia del propio Inspector General a fines de junio". Sin

mayores explicaciones de fondo, dicho funcionario regresó

a su cargo a los pocos días; Ghali se atrevió a

pensar que ese podía ser "un indicio de que algunas de

esas dificultades podrán superarse". Sin embargo, nosotros

no compartimos esa confianza. ¿Por qué? 



     Pues, porque desde que nació y hasta la fecha -ni con

el primer inspector ni con su sustituto- esa institución

ha dado muestras de una labor decidida y eficaz en el

cumplimiento de su misión: "vigilar y controlar las

actuaciones de los servicios operativos y de gestión del

cuerpo, así como lo referente a los Derechos Humanos",

según reza el artículo 8 de la Ley Orgánica

de la PNC. Y mientras esperamos que se arreglen las cosas al

interior de la inspectoría, la población

salvadoreña sigue sin contar con un mecanismo nacional que

observe el funcionamiento de la Policía -fuera de los

señalamientos que reiteradamente le hace la Procuradora

para la Defensa de los Derechos Humanos- y que además haga

uso de sus facultades para corregir las fallas que detecte. 



     Así se encuentran las cosas y es muy difícil

imaginar al Ministerio de Seguridad Pública y a la PNC

tirándole "la primera piedra" al órgano Judicial,

cuando no se encuentran "libres de pecado". De ahí la

insistencia del Jefe del Ejecutivo para limar asperezas y

conjuntar esfuerzos. Pese a su intento frustrado del 11 de

octubre, el presidente Calderón convocó a otra

reunión; sólo que, a diferencia de la anterior, ya

no invitó al Ministro de Seguridad Pública y

así pudo conversar con el primer magistrado de la Corte

Suprema de Justicia. 



     Según el comunicado emitido por la Secretaría

de Información de la Presidencia, durante su encuentro con

el doctor Méndez se lograron algunos acuerdos importantes.

El principal: poner "en cintura" a las autoridades responsables

de la seguridad pública, "para que eviten hacer

declaraciones que no contribuyan a las buenas relaciones que

existen entre ambos órganos". También se

destacó la importancia de fortalecer la

coordinación entre el sector justicia, para enfrentar la

delincuencia con eficacia. Ello es importante, sobre todo cuando

-por su naturaleza- ambas partes deberían pensar que su

trabajo debe encaminarse a la protección de la

ciudadanía y no al ataque mutuo.



     Sin duda, hay que felicitar al presidente Calderón

por la perseverancia mostrada en este caso. Pensando en positivo,

se debe esperar que continúen este tipo de intervenciones

para discutir con "altura" y tratar de mejorar en aspectos tan

sensibles como los debatidos entre la Corte Suprema y el Ministro

de Seguridad Pública; también quedamos a la espera

de esas intervenciones presidenciales cuando Barrera -de manera

infundada y con su cuestionado estilo- o alguno de sus

subordinados atacan la valiosa labor de la Procuradora. 



     Quedamos a la espera de que se realicen los buenos

propósitos expresados en la reunión entre los

titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, pues

sólo así podrá la población comenzar

a superar esa fea sensación que le provoca la falta de

entendimientos reales y coordinaciones eficaces entre las

diferentes instituciones gubernamentales. Los funcionarios,

especialmente aquellos que tienen que ver con la justicia y la

seguridad pública, deben caer en la cuenta que mientras

se sigan "enlodando" entre sí, la poca confianza que la

gente tiene en las instituciones del Estado será cada vez

menor; en consecuencia, se incrementará la

devaluación de un proceso que tanto costó

diseñar, con el loable propósito de lograr una

verdadera democratización del país. 



     Las razones para llegar a la situación que ahora nos

tocó comentar, son ampliamente conocidas por todas y

todos: nos encontramos ante las dos instituciones más

cuestionadas por su incapacidad para cumplir su rol de manera

eficiente; instituciones que en ocasiones, para ocultar sus

deficiencias, se acusan entre ellas. Valdría la pena

mencionar que cualquier funcionario público, antes de

brindar declaraciones, debería pensar las consecuencias

que puedan traer para no hacer más difícil el

trabajo de otros órganos del Estado. Quiérase o no,

de alguna manera existe una división de poderes que debe

respetarse; pero además, también por mandato

constitucional, se deben promover mecanismos para unificar

criterios y garantizar la colaboración mutua a fin de

enfrentar eficazmente la delincuencia mediante la

superación de la impunidad.



     Si bien es cierto se han cometido muchos y muy graves

errores en el camino, estos no han sido exclusivos de la Corte

Suprema de Justicia, por un lado, o del Ministerio de Seguridad

Pública, por el otro. De ambas partes se han registrado

serias fallas y, en definitiva, quien paga los "platos rotos" es

la población. Somos una sociedad que intenta crear nuevas

formas de hacer política y gobierno. En ese marco, el

diálogo debe convertirse en el mecanismo privilegiado para

solucionar los problemas. No es por medio del enfrentamiento de

los poderes públicos que vamos a avanzar, porque eso, en

lugar de generar confianza, credibilidad y entusiasmo, conspira

contra la necesaria participación de la gente.



     Frecuentemente, sobre todo durante este gobierno, las

instituciones estatales han "jalado" cada una por su lado y

resulta peligroso que en ese "estira y encoge" se pase por encima

de las necesidades más urgentes de la población.

Ojalá la controversia de octubre entre el Ministro de

Seguridad Pública y la Corte sea una señal de los

tiempos nuevos que se vivirán en El Salvador; tiempos en

los cuales, además de respetar la necesaria independencia

entre los poderes del Estado, pueda existir madurez y voluntad

políticas para colaborar entre las instituciones

estatalas, a fin de favorecer a quien en definitiva manda: la

población entera.





                                   Benjamín Cuéllar