© 1996 UCA Editores
ECA, No. 576, octubre de 1996
El comal le dijo a la olla...
De una forma u otra, siempre resulta problemático
tener que elegir. Cuando la decisión debe hacerse entre
dos cosas buenas, quizás es menos complicado pues, si uno
se equivoca, no es mucho lo que pierde ya que, a fin de cuentas,
termina quedándose con algo útil. Pero cuando la
disyuntiva que nos presentan es la de escoger entre dos males,
el panorama se pone más difícil: si nos va bien,
con un poco de suerte, podemos conseguir lo menos malo.
Algo parecido, pero desde la segunda perspectiva, fue la
sensación que dejó en algunas personas la reciente
controversia entre Hugo Barrera, en su calidad de Ministro de
Seguridad Pública, y José Domingo Méndez,
presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Tras un aparente arreglo entre las partes, el sabor que
quedó a la población no fue precisamente el de
haber ganado algo; por el contrario, en el aire quedó
flotando una mala impresión. Pero ¿qué
sucedió entre ambos funcionarios para que
públicamente se enfrascaran en una discusión tan
fuerte? Hagamos, rápidamente, un poco de historia.
El 21 de septiembre de 1995, la Policía Nacional
Civil (PNC) detuvo a una mujer y dos hombres que -según
dijo- pertenecían a la ahora célebre "Banda del
chino y la niña". Días después fueron
remitidos al juzgado de paz de Apopa, donde se les decretó
órdenes de detención mientras se investigaba su
presunta participación en los delitos de robo, tenencia
y portación de armas de fuego. El caso ya era manejado por
un tribunal superior cuando, el 2 de mayo de 1996, la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la
libertad de esas tres personas al resolver un recurso de
exhibición personal presentado por su defensa. Entre los
liberados se encontraba el supuesto jefe de la pandilla, el ex
militar David Rodas Escobar.
Cinco meses transcurrieron y el 4 de octubre el famoso
"chino" volvió a caer en manos de la PNC, de nuevo con la
"niña" y dos sujetos más. Esta vez, los cargos en
su contra aumentaron: asalto a negocios de diverso tipo y varios
homicidios; además, la Policía informó que
les había decomisado "un sofisticado arsenal". Fue
entonces cuando el locuaz Ministro de Seguridad Pública
soltó la chispa que encendió la llama. Sin "pelos
en la lengua", Barrera dijo varias cosas: "parte de los delitos
cometidos por esta banda son (sic) responsabilidad de la Corte";
dichos delitos, "de una u otra manera van a tener que
achacárseles (a los miembros de la Sala de lo
Constitucional) aunque sea en su conciencia y esperamos que en
esta oportunidad el sector judicial responda a las necesidades
de la ciudadanía".
La decisión adoptada en mayo por el máximo
tribunal de justicia en el país, favorable a los
imputados, fue calificada por el Ministro como "ilógica
y atentatoria contra la vida e integridad física de la
población". "Todos los crímenes cometidos
después de su liberación por la Corte Suprema de
Justicia deberán pesar sobre la conciencia de quienes los
liberaron", sentenció. Para cerrar con "broche de oro" sus
críticas, el Ministro terminó diciendo que la PNC
estaba "triplicando su trabajo para recapturar a estas personas
que comprobadamente son criminales y que las autoridades
judiciales dejan en libertad", con "argumentos carentes de
sentido jurídico".
La reacción de la Corte no tardó. Del primero
de sus magistrados se escucharon, el 7 de octubre, las siguientes
declaraciones: "Nosotros podríamos decir que hay una gran
cantidad de órdenes de detención que no hacen (sic)
efectivas la PNC; por lo tanto, los delitos cometidos por los
delincuentes serían responsabilidad de la PNC... Ellos,
como institución investigadora del delito también
buscan perfeccionarse. Sin embargo, también cometen fallas
en el ejercicio de sus funciones". En tono más mesurado
y conciliador, el doctor Méndez también
afirmó que en la Corte estaban "abiertos a cualquier
comentario" y dejó sentado que querían "evitar la
confrontación pública".
A diferencia de su presidente, pues se notaba muy molesto,
el magistrado Mario Solano -también miembro de la Sala de
lo Constitucional- sostuvo que no estaba en contra de que les
señalaran sus errores. "Lo que no se va a tolerar -
expresó- son las injerencias, las intromisiones y, sobre
todo, las imputaciones calumniosas que no corresponden al momento
que estamos viviendo y que fueron hechas por el señor
Barrera". Según Solano, cuando la Corte tiene alguna
crítica para los organismos de seguridad pública
la hace "en el plano institucional, no a nivel
propagandístico".
En ese acalorado marco, con la intención de calmar
los ánimos encendidos y lograr entendimientos entre las
partes, según dijo, el Presidente de la república
convocó a una reunión entre "acusador" y
"acusados". Esta se realizaría el 11 de octubre; pero -
para sorpresa del mandatario- los integrantes de la Sala de lo
Constitucional no asistieron.
Mediante un comunicado aparecido en la prensa escrita el
mismo 11 de octubre, la Sala expuso sus razones para no asistir
a la cita: la Corte Plena resolvió declinar dicha
invitación, "lo que no ha reflejado en ningún
momento falta de voluntad, ni temor a discutir a cualquier nivel
cuestiones institucionales relativas al combate del crimen en el
país, pero se ha atendido a las propias reservas que la
Corte Plena tuvo sobre la conveniencia de reunirse con el
señor Ministro de Seguridad Pública, don Hugo
Barrera, debido a sus declaraciones públicas que contienen
una clara falta de respeto al órgano Judicial, a la Corte
Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional y a la
Comunidad Jurídica en general".
"Las expresiones del señor Ministro de Seguridad
Pública -enfatizó la Sala de lo Constitucional- son
una clara intromisión en las atribuciones que le
corresponden exclusivamente al Organo Judicial, atentando con
ello contra el principio de separación de Poderes".
Aquí vale la pena mencionar que el Artículo 86
constitucional establece que el poder público --emanado
del pueblo-- será ejercido por los órganos del
gobierno, de manera independiente, "dentro de las respectivas
competencias que establecen la Constitución y las leyes".
No obstante determinar que las atribuciones de estos
órganos --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- "son
indelegables", se dice que "estos colaborarán entre
sí en el ejercicio de sus funciones públicas".
En ese marco, nadie esperaba tal desaire a la
invitación del titular del Ejecutivo, quien -al menos en
apariencia y ante un problema como el que se había
suscitado- intentaba buscar una salida a la situación para
colaborar "en el ejercicio de sus funciones públicas" y,
así, brindar un mejor servicio al pueblo.
Mucho menos se esperaba que nuestra Corte comunicara los
hechos y su decisión a sus colegas del resto de
América, a los Tribunales Constitucionales Hispano-Luso
Americanos y a la Corte Centroamericana de Justicia. Sin embargo
así lo hizo pues, tal como afirmó en el comunicado
que citamos antes, "forma parte" de esas instituciones, "en cuyos
estatutos está previsto velar y luchar por la
Independencia Judicial y por la integridad física y moral
de los Magistrados y los Jueces, lo cual se pone en peligro con
esta clase de campañas".
Hay quienes, además de criticar la mala
formulación del desplegado y su excesivo dramatismo,
afirmaron que la Corte no se encontraba en condiciones de adoptar
posturas tan "dignas" cuando -independientemente de la manera
inadecuada que utilizó para hacer sus
señalamientos- el Ministro tenía razón en
algunas cosas. Hay quienes sostuvieron que, tras esas "poses",
parecía esconderse un peligroso espíritu
corporativo; un sentirse "por encima del bien y el mal"; una
altanera actitud "absolutista" con la que pretendían
"cerrar filas" ante cualquier cuestionamiento que se hiciera a
su labor. Ilustrativas son, en ese sentido, las siguientes
palabras del doctor Solano vertidas cuando más caliente
estaba la polémica: "El pensamiento de un magistrado debe
ser respetado, independientemente que cinco millones estén
en contra. Y si yo logro resolver un caso, de acuerdo a mi
pensamiento jurídico, con eso reafirmo la independencia
judicial. Si tengo la razón, mejor; y si me equivoco, no
importa".
Mientras la Corte advertía en los reproches de
Barrera la tendencia "a revivir una forma autoritaria", para el
director general de la PNC, Rodrigo Avila, la cosas eran mucho
más simples. El ingeniero metido a jefe policial sostuvo
que había "dos bandos: los buenos y los malos". "Nosotros
los buenos -dijo- nos tenemos que unir para hacer los esfuerzos
necesarios que permitan disminuir los niveles delincuenciales".
Confundido o confuso, conciliador o quizás un poco
desconectado de la realidad frente a lo que toda la gente
observaba, el joven funcionario sostuvo: "No nos estamos tirando
la pelota ni echándonos la culpa, ni dudamos de la
voluntad de la judicatura o de la Corte. Pero se trata de un
problema al que se suma la inoperancia de algunas leyes y la
obsolescencia de mecanismos en la aplicación de la
justicia". Sin embargo, en otro momento dijo que "algunos
jueces" filtraban información a los delincuentes", lo que
permitía que estos huyeran.
Frente a esas y otras apreciaciones que poco
favorecían a las instituciones responsables de impartir
justicia en el país, no faltaron las voces alabando la
postura del máximo tribunal. Según estas, de la
coyuntura había que rescatar la actitud del órgano
Judicial como un hecho sin precedentes en la historia nacional,
en lo que toca a la defensa de su autonomía. Sin embargo,
pese al publicitado alboroto de octubre, aún persisten las
dudas entre la población sobre esa total y real
independencia. No obstante la "dignidad" mostrada ante el
Ministro de Seguridad Pública, a la Corte le falta mucho
para ganarse el respeto de la gente que continúa
esperando, por ejemplo, la resolución de importantes
recursos que le han sido presentados, como aquel que pide se
declare inconstitucional la Ley de Emergencia o el que solicita
garantizar la conservación de la finca El Espino.
En ese sentido, también se plantean serias reservas
cuando la población sigue padeciendo por las
arbitrariedades que cometen los funcionarios judiciales que
están en contacto directo con ella. Fruto de la
incapacidad o por la corrupción que corroe las
entrañas del sistema judicial, las cosas en el país
no han cambiado sustancialmente en esta materia y no se observa
una sólida voluntad de la "cúpula" para impulsar
una depuración rápida y en serio. Al menos eso dijo
el secretario general de las Naciones Unidas en su informe sobre
El Salvador, que examina el período comprendido entre el
del 1 de mayo al 20 de julio de 1996. De manera clara, Boutros
Boutros-Ghali sostuvo que había "habido poco progreso en
la reforma judicial"; sobre la depuración de los jueces
afirmó que había "perdido su impulso inicial" y
que, en los últimos meses, prácticamente se
había "paralizado".
Pero si la Corte anda mal, la PNC y el Ministerio de
Seguridad Pública no están como para andar
presumiendo mucho. Cuando se conoció públicamente
ese último informe de Ghali sobre el estado de la
aplicación de los acuerdos de paz en El Salvador, las
reacciones oficiales no se hicieron esperar; de ellas, las
más fuertes fueron las de aquellos funcionarios
relacionados con la seguridad pública. No se podía
esperar menos: era lógico por ser este el primer tema que
se abordó en el documento y porque además
resultó ser, junto al de la impartición de
justicia, el que mayores cuestionamientos recibió.
Durante el período que estudió, el secretario
general observó "dificultades que persisten para
consolidar el sector de seguridad pública de conformidad
con el modelo establecido en los acuerdos de paz". Para Ghali,
esas dificultades son fruto de -léase bien- "los
diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los
encargados de formular políticas en esa esfera".
Eso no es nuevo. Mucho antes de que el informe apareciera,
era un secreto a voces confirmado diariamente por la falta de una
política de Estado integral, coherente, para enfrentar el
problema de la violencia que golpea a todo nivel a la
población mayoritaria y que, cada vez más, la sume
en un estado de indefensión e inseguridad. Confirmado,
además, por las actitudes de un Ministro que más
bien parece ser el verdadero director de la PNC, de un
subordinado del ingeniero Avila que más bien parece ser
su jefe y de un director formal de la Policía que -como
en alguna ocasión él mismo dijo-- se siente
más bien el "defensor general de la PNC".
Por eso, en el balance que hizo el IDHUCA sobre la
situación de los derechos humanos en 1995 se
planteó: "Hay quien explica el inadecuado desempeño
de la PNC porque muchos miembros de los viejos cuerpos policiales
pasaron a formar parte de ella; hay quien considera nocivo el
haberla integrado con un 20 por ciento de ex combatientes del
FMLN y otro tanto igual de ex agentes de la Policía
Nacional; por último, está quien piensa que -por
encima del origen de sus miembros- la PNC está mal debido
a que la cúpula de la seguridad pública no
actúa en forma acertada y que, por el contrario, ha
permitido o fomentado las arbitrariedades y la impunidad. Como
sea, el balance de la PNC no es satisfactorio desde la
óptica de su mandato y quedan muchos problemas por
superar" (Proceso, 691).
En el informe especial que solicitó el presidente
Calderón Sol a la Misión de las Naciones Unidas
(MINUSAL) sobre el estado de la seguridad pública en el
país -conocido a fines de septiembre de 1995-ya se
había mencionado otro tema preocupante que, después
de un año, continúa igual o peor: "que la PNC
pudiera perder su identidad de institución al servicio de
la comunidad y pasar a ser un nuevo instrumento de poder proclive
al autoritarismo y que no rinde cuentas al público, de lo
cual hay señales crecientes". En ese sentido, dentro del
mencionado informe de Boutros-Ghali se dijo que aún estaba
pendiente el cumplimiento de "varias de las cuestiones
mencionadas" en otro documento que, con fecha 23 de abril de
1996, se envió a la Asamblea General de la ONU.
Ante ese estado de cosas, la situación se vuelve
más complicada al descubrir que ni la unidad de control
ni la unidad de investigación disciplinaria ni el tribunal
disciplinario recibieron el "visto bueno" de la
observación internacional. En el informe varias veces
citado, el secretario general habla claramente de su "debilidad"
y, de manera más explícita, señala que
"sigue siendo evidente la falta de coherencia entre las diversas
instancias que participan en el proceso disciplinario". De esta
manera, observamos que no existen mecanismos dentro de la PNC con
la suficiente capacidad para vigilar y sancionar a sus miembros.
Conociendo la ineptitud interna para controlar la
actuación del personal policial, el panorama se torna
más oscuro cuando Ghali habla de las "graves dificultades
para consolidar la oficina del Inspector General de la PNC";
dificultades que -según él- "se agravaron con la
renuncia del propio Inspector General a fines de junio". Sin
mayores explicaciones de fondo, dicho funcionario regresó
a su cargo a los pocos días; Ghali se atrevió a
pensar que ese podía ser "un indicio de que algunas de
esas dificultades podrán superarse". Sin embargo, nosotros
no compartimos esa confianza. ¿Por qué?
Pues, porque desde que nació y hasta la fecha -ni con
el primer inspector ni con su sustituto- esa institución
ha dado muestras de una labor decidida y eficaz en el
cumplimiento de su misión: "vigilar y controlar las
actuaciones de los servicios operativos y de gestión del
cuerpo, así como lo referente a los Derechos Humanos",
según reza el artículo 8 de la Ley Orgánica
de la PNC. Y mientras esperamos que se arreglen las cosas al
interior de la inspectoría, la población
salvadoreña sigue sin contar con un mecanismo nacional que
observe el funcionamiento de la Policía -fuera de los
señalamientos que reiteradamente le hace la Procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos- y que además haga
uso de sus facultades para corregir las fallas que detecte.
Así se encuentran las cosas y es muy difícil
imaginar al Ministerio de Seguridad Pública y a la PNC
tirándole "la primera piedra" al órgano Judicial,
cuando no se encuentran "libres de pecado". De ahí la
insistencia del Jefe del Ejecutivo para limar asperezas y
conjuntar esfuerzos. Pese a su intento frustrado del 11 de
octubre, el presidente Calderón convocó a otra
reunión; sólo que, a diferencia de la anterior, ya
no invitó al Ministro de Seguridad Pública y
así pudo conversar con el primer magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.
Según el comunicado emitido por la Secretaría
de Información de la Presidencia, durante su encuentro con
el doctor Méndez se lograron algunos acuerdos importantes.
El principal: poner "en cintura" a las autoridades responsables
de la seguridad pública, "para que eviten hacer
declaraciones que no contribuyan a las buenas relaciones que
existen entre ambos órganos". También se
destacó la importancia de fortalecer la
coordinación entre el sector justicia, para enfrentar la
delincuencia con eficacia. Ello es importante, sobre todo cuando
-por su naturaleza- ambas partes deberían pensar que su
trabajo debe encaminarse a la protección de la
ciudadanía y no al ataque mutuo.
Sin duda, hay que felicitar al presidente Calderón
por la perseverancia mostrada en este caso. Pensando en positivo,
se debe esperar que continúen este tipo de intervenciones
para discutir con "altura" y tratar de mejorar en aspectos tan
sensibles como los debatidos entre la Corte Suprema y el Ministro
de Seguridad Pública; también quedamos a la espera
de esas intervenciones presidenciales cuando Barrera -de manera
infundada y con su cuestionado estilo- o alguno de sus
subordinados atacan la valiosa labor de la Procuradora.
Quedamos a la espera de que se realicen los buenos
propósitos expresados en la reunión entre los
titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, pues
sólo así podrá la población comenzar
a superar esa fea sensación que le provoca la falta de
entendimientos reales y coordinaciones eficaces entre las
diferentes instituciones gubernamentales. Los funcionarios,
especialmente aquellos que tienen que ver con la justicia y la
seguridad pública, deben caer en la cuenta que mientras
se sigan "enlodando" entre sí, la poca confianza que la
gente tiene en las instituciones del Estado será cada vez
menor; en consecuencia, se incrementará la
devaluación de un proceso que tanto costó
diseñar, con el loable propósito de lograr una
verdadera democratización del país.
Las razones para llegar a la situación que ahora nos
tocó comentar, son ampliamente conocidas por todas y
todos: nos encontramos ante las dos instituciones más
cuestionadas por su incapacidad para cumplir su rol de manera
eficiente; instituciones que en ocasiones, para ocultar sus
deficiencias, se acusan entre ellas. Valdría la pena
mencionar que cualquier funcionario público, antes de
brindar declaraciones, debería pensar las consecuencias
que puedan traer para no hacer más difícil el
trabajo de otros órganos del Estado. Quiérase o no,
de alguna manera existe una división de poderes que debe
respetarse; pero además, también por mandato
constitucional, se deben promover mecanismos para unificar
criterios y garantizar la colaboración mutua a fin de
enfrentar eficazmente la delincuencia mediante la
superación de la impunidad.
Si bien es cierto se han cometido muchos y muy graves
errores en el camino, estos no han sido exclusivos de la Corte
Suprema de Justicia, por un lado, o del Ministerio de Seguridad
Pública, por el otro. De ambas partes se han registrado
serias fallas y, en definitiva, quien paga los "platos rotos" es
la población. Somos una sociedad que intenta crear nuevas
formas de hacer política y gobierno. En ese marco, el
diálogo debe convertirse en el mecanismo privilegiado para
solucionar los problemas. No es por medio del enfrentamiento de
los poderes públicos que vamos a avanzar, porque eso, en
lugar de generar confianza, credibilidad y entusiasmo, conspira
contra la necesaria participación de la gente.
Frecuentemente, sobre todo durante este gobierno, las
instituciones estatales han "jalado" cada una por su lado y
resulta peligroso que en ese "estira y encoge" se pase por encima
de las necesidades más urgentes de la población.
Ojalá la controversia de octubre entre el Ministro de
Seguridad Pública y la Corte sea una señal de los
tiempos nuevos que se vivirán en El Salvador; tiempos en
los cuales, además de respetar la necesaria independencia
entre los poderes del Estado, pueda existir madurez y voluntad
políticas para colaborar entre las instituciones
estatalas, a fin de favorecer a quien en definitiva manda: la
población entera.
Benjamín Cuéllar