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Maquilas: desarrollo versus condiciones laborales
Al revisar el historial operativo de las industrias
maquileras en El Salvador nos enfrentamos con un hecho
paradójico: por un lado, un crecimiento de magnitud
suficiente como para considerarlo el rubro que genera
más empleo en el nivel formal, con un lugar primigenio
en el balance de las exportaciones; por el otro, la industria
más inestable y propensa a la violación de los
derechos laborales. Correlativamente, las maquilas son
defendidas a capa y espada por el gobierno y los empresarios,
y condenadas por los defensores de los derechos humanos,
algunos sectores de la oposición y los sindicatos.
De esta paradoja se desprende una importante
conclusión: la incongruencia entre el apabullante
desarrollo de la industria y la conquista de condiciones
laborales dignas es muestra de la incapacidad -o del
desinterés- gubernamental de establecer mecanismos
efectivos de negociación interinstitucionales; es
decir, mecanismos que, reuniendo las expectativas del sector
gubernamental, los sindicatos, los empresarios y los
trabajadores, sean capaces de mediar en la solución de
los conflictos obrero-patronales.
En la práctica se registra todo lo contrario:
cuando el Código de Trabajo es irrespetado
escandalosamente, el gobierno y los empresarios optan por
formar un frente común que, mostrando los indicadores
oficiales de generación de empleo de la industria
maquilera, se niega a ceder frente a los intentos de los
trabajadores, organizados o no, de hacer valer sus derechos
o, cuando menos, a que se reconozca públicamente que
estos son violados continuamente. La ambigüedad y
debilidad de los sindicatos -cuando no se han puesto
cínicamente del lado de los empresarios- ha ayudado
con la perpetuación de esta dinámica.
Entre las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa
para reglamentar y controlar la operación de las
maquilas en el país -entre ellas obligar a las
maquiladoras a presentar una fianza para cubrir las
indemnizaciones y salarios de los trabajadores en caso de
cierre o quiebra- la única aprobada hasta la fecha, la
única que ha logrado atravesar el tamiz de los vetos
oficiales, es la correspondiente al decreto ejecutivo
número 37: la formación de una Comisión
de Tratamiento y Prevención de Conflictos que,
integrada por representantes de los ministerios de Trabajo,
Economía, sector laboral y empresarios, operará
en las zonas francas para resolver a corto plazo los
conflictos. Aunque alentadora, la formación de la
Comisión aún no da señales como para
pensar que su operatividad pasará del nivel puramente
formal.
Las anteriores experiencias de formación de
comisiones, donde ha imperado la defensa de los propios
intereses sobre la necesidad del diálogo y la
concertación, permiten suponer que su creación
podría obedecer más a un interés de dar
largas a los problemas y evitar que las denuncias de los
trabajadores salgan a la luz pública, que a un
afán real de concretar soluciones. En este sentido, el
avocarse a este mecanismo tendría una utilidad doble:
demostrar que en El Salvador la democracia sienta la pauta
para resolver los conflictos, pese a que este ejercicio
democrático sea totalmente inocuo e ineficaz, y al
mismo tiempo preservar el estado actual de las cosas en el
atascamiento inherente a los diálogos donde participan
funcionarios del Estado.
En este contexto, en el cual la operación de las
maquilas se ha mantenido incólume de sanciones gracias
a la protección del sector gubernamental, los
esfuerzos más prometedores para reformular la
política laboral de las maquilas han venido del
extranjero, de organizaciones de derechos humanos, de otras
relacionadas propiamente con la industria y del Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos. Esto, como es de esperar si
se consideran las líneas ideológicas del
partido en el poder -propias de su exacerbado nacionalismo y
de su enconada defensa de la empresa privada-, ha sido
condenado inmediatamente como intervencionismo internacional,
como una suerte de conjura para acabar con las fuentes de
empleo que la industria de la maquila proporciona a El
Salvador.
Según la lógica gubernamental y empresarial,
los "agitadores extranjeros", respaldados por la
"información deformada" de algunos sindicalistas y
políticos opositores, pretenden que las empresas
transnacionales -la GAP, por ejemplo- ponga como
condición indispensable para la renovación de
sus contratos que las maquilas eleven las condiciones
laborales de los trabajadores. De comprobarse que en ellas se
viola la legislación laboral y al ser del todo
imposible para los empresarios extranjeros dueños de
las maquiladores -siguiendo el razonamiento- el cumplir con
esta condición, los dueños de las maquilas se
verían obligados a cerrar las fábricas y
emigrar hacia otras regiones.
Esta es, pues, la catástrofe que para el gobierno
se cierne sobre el país: el cierre inminente de las
fábricas. Y es un amenaza no tan irreal ya que, en
primer lugar, en las maquilas sí existe una
violación sistemática de los derechos de los
trabajadores, y, en segundo, porque es merced -y sólo
merced- a esa condición de explotación, baja
remuneración, ausencia de indemnizaciones, la falta de
seguro social, etc., que la permanencia en nuestro
país y la contratación de nuestra mano de obra
es rentable.
Por otra parte, el insistir en el cierre "inevitable" de
las maquilas a manos del entrometimiento extranjero o gracias
a la gestión de denuncia de algunos sindicalistas y
políticos nacionales, permite realizar una
separación entre la clausura de las industrias
maquileras y la responsabilidad que en ello podrían
tener los empresarios que las manejan. En este sentido, el
que las maquilas abandonaran el país sin saldar
ninguna de sus obligaciones para con los empleados se
debería únicamente a un ataque injustificado
por parte de agentes externos a las mismas, y no a los
intereses pragmáticos de sus dueños o a los
particulares esquemas de operatividad desde los cuales se
labora.
Mas, bajo la futura cancelación de las operaciones
podría estar operando una estrategia para acabar con
los problemas derivados de la violación de los
derechos laborales de una forma barata y rápida -cesan
las operaciones, cesa la conflictividad- y seguir operando a
partir de una alianza comercial con otra empresa maquiladora
donde no existan sindicatos.
Aunque efectiva para manejar los conflictos donde
intervienen agentes exclusivamente nacionales, la
política del cierre enfrentaría serias
dificultades a la hora de tratar situaciones donde
intervinieran individuos o agrupaciones extranejeras. Puesto
que los despidos de los empleados y el traslado de los
contratos poco podrían hacer cuando fuera la
renovación o continuación de estos
últimos los que se pusieran en juego. Por ello es que
fue necesario realizar una demonización de las dos
comisiones extranjeras que han visitado el país para
verificar las condiciones laborales in situ -la primera en
noviembre del año pasado y la segunda en los primeros
días de septiembre del presente.
Esa estrategia de ataque contra las comisiones parte de
dos presupuestos. Primero, en el país las
anomalías en las maquilas no dejan de ser más
que "violaciones normales" -tal como expresó el
Ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino-, por lo que lo
único que perseguirían las gestiones en el
extranjero serían "fines políticos" para
desprestigiar al país y al gobierno frente a la
inversión extranjera; segundo, "los asuntos internos
deben ser manejados internamente" ya que se cuenta con la
capacidad necesaria para solucionar los conflictos sin
recurrir a la ayuda o el apoyo foráneo.
Respecto del primer presupuesto, hay que admitir que la
última visita de los delegados del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos se enmarca dentro del contexto
electoral estadounidense. Emprender una campaña de
verificación sobre el cumplimiento de los derechos
laborales en aquellos países donde se elaboran
artículos para compañías norteamericanas
es plausible de ser interpretado como una estrategia del
equipo de Clinton para atraer votantes. En ese sentido
sí podría hablarse de un fin político en
las visitas de las comisiones, pero no puede seguirse que
efectivamente se busque cerrar fuentes de empleo o aislar al
país de la inversión extranjera. Más
bien lo que se buscaría, además del evidente
objetivo electoral, sería precisamente lo contrario:
hacer que las visitas de las comisiones y la presión
del gobierno estadounidense se tradujeran en una relativa
nivelación entre los salarios pagados en las
industrias en suelo norteamericano y las industrias asentadas
en los países subdesarrollados. Ello permitiría
atajar una de las problemáticas más candentes
de la política de la primera potencia: la constante
inmigración de indocumentados. Si a la significativa
generación de empleos que las maquilas generan en los
países anfitriones pudieran añadirse
condiciones laborales no desesperantes y sueldos decentes,
esta industria se convertiría en un aliciente para que
la mano de obra no emigrara a las regiones desarrolladas.
En lo que respecta a la calificación "normal" que
el ministro hizo de las violaciones a los derechos laborales,
aparte de ser de suyo ofensiva, puesto que ningún tipo
de irrespeto a los derechos de la persona es normal ni mucho
menos tolerable, es insostenible cuando la tendencia de los
empresarios de las maquilas a abandonar el país sin
indemnizar o cancelar los salarios de los trabajadores, lejos
de disminuir, aumenta constantemente.
En lo que toca al segundo presupuesto, por la misma
índole del funcionamiento de las maquilas, la
solución de los conflictos sólo puede llevarse
a buen término mediante una negociación que
supere las fronteras de la nación que las acoge.
Cuando ni los dueños de las maquilas ni los
propietarios de las empresas que contratan sus servicios son
nacionales, es evidente que la única manera de
obligarlas a cumplir con los derechos laborales es
respaldando la legislación de la nación
anfitriona con una legislación internacional que
controle sus operaciones, sea cual sea el país a donde
lleguen para utilizar su mano de obra. De esta manera,
abandonar una nación para asentarse en otra no
tendría ninguna utilidad, puesto que las
responsabilidades y las obligaciones de los empresarios para
con sus empleados serían inescapables e
irrenunciables.
De lo contrario, como ya ha sido verificado en El
Salvador, la alternativa de los empresarios maquiladores y
las compañías que los contratan frente a los
problemas que se deriven de irrespetar tal o cual derecho
laboral será la de trasladarse a otro país con
legislaciones más permisivas o gobiernos menos
preocupados por hacerlas cumplir.
Mientras no sea así, aun cuando los sindicatos
nacionales de las maquilas estuvieran fortalecidos y tuviesen
habilidad política, aun cuando el gobierno se mostrara
más interesado en el bien de sus ciudadanos que en las
exigencias de las empresarios extranjeros, y aun cuando
existiera una legislación nacional robusta, sin un
acuerdo internacional que vele por la ética y
responsabilidad en el comportamiento de las empresas
internacionales será inútil esperar condiciones
dignas de trabajo y, mucho menos, impedir la volatilidad que
hasta la fecha sigue caracterizando a las maquilas.
Henry Marcel Vargas Escolero