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Maquilas: desarrollo versus condiciones laborales Al revisar el historial operativo de las industrias maquileras en El Salvador nos enfrentamos con un hecho paradójico: por un lado, un crecimiento de magnitud suficiente como para considerarlo el rubro que genera más empleo en el nivel formal, con un lugar primigenio en el balance de las exportaciones; por el otro, la industria más inestable y propensa a la violación de los derechos laborales. Correlativamente, las maquilas son defendidas a capa y espada por el gobierno y los empresarios, y condenadas por los defensores de los derechos humanos, algunos sectores de la oposición y los sindicatos. De esta paradoja se desprende una importante conclusión: la incongruencia entre el apabullante desarrollo de la industria y la conquista de condiciones laborales dignas es muestra de la incapacidad -o del desinterés- gubernamental de establecer mecanismos efectivos de negociación interinstitucionales; es decir, mecanismos que, reuniendo las expectativas del sector gubernamental, los sindicatos, los empresarios y los trabajadores, sean capaces de mediar en la solución de los conflictos obrero-patronales. En la práctica se registra todo lo contrario: cuando el Código de Trabajo es irrespetado escandalosamente, el gobierno y los empresarios optan por formar un frente común que, mostrando los indicadores oficiales de generación de empleo de la industria maquilera, se niega a ceder frente a los intentos de los trabajadores, organizados o no, de hacer valer sus derechos o, cuando menos, a que se reconozca públicamente que estos son violados continuamente. La ambigüedad y debilidad de los sindicatos -cuando no se han puesto cínicamente del lado de los empresarios- ha ayudado con la perpetuación de esta dinámica. Entre las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa para reglamentar y controlar la operación de las maquilas en el país -entre ellas obligar a las maquiladoras a presentar una fianza para cubrir las indemnizaciones y salarios de los trabajadores en caso de cierre o quiebra- la única aprobada hasta la fecha, la única que ha logrado atravesar el tamiz de los vetos oficiales, es la correspondiente al decreto ejecutivo número 37: la formación de una Comisión de Tratamiento y Prevención de Conflictos que, integrada por representantes de los ministerios de Trabajo, Economía, sector laboral y empresarios, operará en las zonas francas para resolver a corto plazo los conflictos. Aunque alentadora, la formación de la Comisión aún no da señales como para pensar que su operatividad pasará del nivel puramente formal. Las anteriores experiencias de formación de comisiones, donde ha imperado la defensa de los propios intereses sobre la necesidad del diálogo y la concertación, permiten suponer que su creación podría obedecer más a un interés de dar largas a los problemas y evitar que las denuncias de los trabajadores salgan a la luz pública, que a un afán real de concretar soluciones. En este sentido, el avocarse a este mecanismo tendría una utilidad doble: demostrar que en El Salvador la democracia sienta la pauta para resolver los conflictos, pese a que este ejercicio democrático sea totalmente inocuo e ineficaz, y al mismo tiempo preservar el estado actual de las cosas en el atascamiento inherente a los diálogos donde participan funcionarios del Estado. En este contexto, en el cual la operación de las maquilas se ha mantenido incólume de sanciones gracias a la protección del sector gubernamental, los esfuerzos más prometedores para reformular la política laboral de las maquilas han venido del extranjero, de organizaciones de derechos humanos, de otras relacionadas propiamente con la industria y del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Esto, como es de esperar si se consideran las líneas ideológicas del partido en el poder -propias de su exacerbado nacionalismo y de su enconada defensa de la empresa privada-, ha sido condenado inmediatamente como intervencionismo internacional, como una suerte de conjura para acabar con las fuentes de empleo que la industria de la maquila proporciona a El Salvador. Según la lógica gubernamental y empresarial, los "agitadores extranjeros", respaldados por la "información deformada" de algunos sindicalistas y políticos opositores, pretenden que las empresas transnacionales -la GAP, por ejemplo- ponga como condición indispensable para la renovación de sus contratos que las maquilas eleven las condiciones laborales de los trabajadores. De comprobarse que en ellas se viola la legislación laboral y al ser del todo imposible para los empresarios extranjeros dueños de las maquiladores -siguiendo el razonamiento- el cumplir con esta condición, los dueños de las maquilas se verían obligados a cerrar las fábricas y emigrar hacia otras regiones. Esta es, pues, la catástrofe que para el gobierno se cierne sobre el país: el cierre inminente de las fábricas. Y es un amenaza no tan irreal ya que, en primer lugar, en las maquilas sí existe una violación sistemática de los derechos de los trabajadores, y, en segundo, porque es merced -y sólo merced- a esa condición de explotación, baja remuneración, ausencia de indemnizaciones, la falta de seguro social, etc., que la permanencia en nuestro país y la contratación de nuestra mano de obra es rentable. Por otra parte, el insistir en el cierre "inevitable" de las maquilas a manos del entrometimiento extranjero o gracias a la gestión de denuncia de algunos sindicalistas y políticos nacionales, permite realizar una separación entre la clausura de las industrias maquileras y la responsabilidad que en ello podrían tener los empresarios que las manejan. En este sentido, el que las maquilas abandonaran el país sin saldar ninguna de sus obligaciones para con los empleados se debería únicamente a un ataque injustificado por parte de agentes externos a las mismas, y no a los intereses pragmáticos de sus dueños o a los particulares esquemas de operatividad desde los cuales se labora. Mas, bajo la futura cancelación de las operaciones podría estar operando una estrategia para acabar con los problemas derivados de la violación de los derechos laborales de una forma barata y rápida -cesan las operaciones, cesa la conflictividad- y seguir operando a partir de una alianza comercial con otra empresa maquiladora donde no existan sindicatos. Aunque efectiva para manejar los conflictos donde intervienen agentes exclusivamente nacionales, la política del cierre enfrentaría serias dificultades a la hora de tratar situaciones donde intervinieran individuos o agrupaciones extranejeras. Puesto que los despidos de los empleados y el traslado de los contratos poco podrían hacer cuando fuera la renovación o continuación de estos últimos los que se pusieran en juego. Por ello es que fue necesario realizar una demonización de las dos comisiones extranjeras que han visitado el país para verificar las condiciones laborales in situ -la primera en noviembre del año pasado y la segunda en los primeros días de septiembre del presente. Esa estrategia de ataque contra las comisiones parte de dos presupuestos. Primero, en el país las anomalías en las maquilas no dejan de ser más que "violaciones normales" -tal como expresó el Ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino-, por lo que lo único que perseguirían las gestiones en el extranjero serían "fines políticos" para desprestigiar al país y al gobierno frente a la inversión extranjera; segundo, "los asuntos internos deben ser manejados internamente" ya que se cuenta con la capacidad necesaria para solucionar los conflictos sin recurrir a la ayuda o el apoyo foráneo. Respecto del primer presupuesto, hay que admitir que la última visita de los delegados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se enmarca dentro del contexto electoral estadounidense. Emprender una campaña de verificación sobre el cumplimiento de los derechos laborales en aquellos países donde se elaboran artículos para compañías norteamericanas es plausible de ser interpretado como una estrategia del equipo de Clinton para atraer votantes. En ese sentido sí podría hablarse de un fin político en las visitas de las comisiones, pero no puede seguirse que efectivamente se busque cerrar fuentes de empleo o aislar al país de la inversión extranjera. Más bien lo que se buscaría, además del evidente objetivo electoral, sería precisamente lo contrario: hacer que las visitas de las comisiones y la presión del gobierno estadounidense se tradujeran en una relativa nivelación entre los salarios pagados en las industrias en suelo norteamericano y las industrias asentadas en los países subdesarrollados. Ello permitiría atajar una de las problemáticas más candentes de la política de la primera potencia: la constante inmigración de indocumentados. Si a la significativa generación de empleos que las maquilas generan en los países anfitriones pudieran añadirse condiciones laborales no desesperantes y sueldos decentes, esta industria se convertiría en un aliciente para que la mano de obra no emigrara a las regiones desarrolladas. En lo que respecta a la calificación "normal" que el ministro hizo de las violaciones a los derechos laborales, aparte de ser de suyo ofensiva, puesto que ningún tipo de irrespeto a los derechos de la persona es normal ni mucho menos tolerable, es insostenible cuando la tendencia de los empresarios de las maquilas a abandonar el país sin indemnizar o cancelar los salarios de los trabajadores, lejos de disminuir, aumenta constantemente. En lo que toca al segundo presupuesto, por la misma índole del funcionamiento de las maquilas, la solución de los conflictos sólo puede llevarse a buen término mediante una negociación que supere las fronteras de la nación que las acoge. Cuando ni los dueños de las maquilas ni los propietarios de las empresas que contratan sus servicios son nacionales, es evidente que la única manera de obligarlas a cumplir con los derechos laborales es respaldando la legislación de la nación anfitriona con una legislación internacional que controle sus operaciones, sea cual sea el país a donde lleguen para utilizar su mano de obra. De esta manera, abandonar una nación para asentarse en otra no tendría ninguna utilidad, puesto que las responsabilidades y las obligaciones de los empresarios para con sus empleados serían inescapables e irrenunciables. De lo contrario, como ya ha sido verificado en El Salvador, la alternativa de los empresarios maquiladores y las compañías que los contratan frente a los problemas que se deriven de irrespetar tal o cual derecho laboral será la de trasladarse a otro país con legislaciones más permisivas o gobiernos menos preocupados por hacerlas cumplir. Mientras no sea así, aun cuando los sindicatos nacionales de las maquilas estuvieran fortalecidos y tuviesen habilidad política, aun cuando el gobierno se mostrara más interesado en el bien de sus ciudadanos que en las exigencias de las empresarios extranjeros, y aun cuando existiera una legislación nacional robusta, sin un acuerdo internacional que vele por la ética y responsabilidad en el comportamiento de las empresas internacionales será inútil esperar condiciones dignas de trabajo y, mucho menos, impedir la volatilidad que hasta la fecha sigue caracterizando a las maquilas. Henry Marcel Vargas Escolero