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Tomado de ECA, No. 575, septiembre de 1996 Editorial Debate sobre un El Salvador viable Nuestro último editorial concluía diciendo que El Salvador necesita una alternativa de desarrollo, cuyas características fundamentales no han sido definidas todavía y, por lo tanto, era necesaria una búsqueda intensa, en la cual debiéramos participar todos. Agregábamos también que la coyuntura era propicia para iniciar dicha búsqueda (Un manifiesto a favor del cambio, ECA, 573-574, p. 553 ss.). Ahí se insinuaban algunas características necesarias para que la búsqueda arrojase resultados positivos. Sin embargo, el tema amerita ser tratado en sí mismo. Esa búsqueda se plantea como un debate, porque los planteamientos son encontrados y deben ser discutidos y porque todas las fuerzas sociales debieran participar en la discusión de los problemas más graves del país. Este debate debiera conducir a una negociación y a un acuerdo fundamental sobre los compromisos para superar la crisis actual. Aunque en este momento la situación del país favorece la realización de ese debate, deben satisfacerse algunos requisitos mínimos para garantizar su resultado: colocar a El Salvador en el camino correcto para resolver la crisis estructural interna. Dicho en otros términos, no cualquier clase de debate dará los frutos esperados. Es más, si no se establecen algunas condiciones, corre el grave riesgo de abortar. En las siguientes páginas, trataremos de responder a dos preguntas básicas: por qué debe tener lugar este debate y cuáles deben ser sus condiciones. Al hilo de las respuestas delimitaremos su naturaleza. 1. Razones a favor del debate El debate sobre las alternativas de desarrollo sostenible del país es necesario porque la situación es francamente mala, en particular, para las mayorías populares, pero no sólo para ellas, sino también para los empresarios y productores medianos, pequeños y, relativamente, para un sector importante de los grandes. No cualquier clase de debate dará los frutos esperados. Es más, si no se establecen algunas condiciones, corre el grave riesgo de abortar. El modelo socio económico impulsado por el gobierno actual no está arrojando los resultados esperados: el producto interno bruto retrocede, el déficit fiscal tiende a aumentar, las exportaciones no experimentan el incremento deseado y la brecha comercial se agranda cada vez más, mientras la productividad tampoco aumenta. A nivel social, la pobreza no cede, sino que se extiende; los esfuerzos hechos hasta ahora son claramente insuficientes y exceptuando las áreas de educación y salud, donde se pueden constatar algunos avances importantes, en las demás no se han dado pasos determinantes para resolver los graves problemas de la población. Políticamente, cada vez se profundiza más la tendencia hacia el autoritarismo, el cual se puede constatar en muchos campos de la acción gubernamental, la independencia de poderes es cada vez menos evidente -al menos entre el ejecutivo y el legislativo-, para el agobiante flagelo de la violencia sólo se tienen medidas de fuerza que en nada contribuyen a erradicarlo, las reformas imprescindibles para constituir un Estado moderno todavía no se implementan. A nivel cultural, se carece de ideas para promover una identidad salvadoreña cada vez más norteamericanizada. En conclusión, el país da muestras de estarse agotando. Políticamente, cada vez se profundiza más la tendencia hacia el autoritarismo, el cual se puede constatar en muchos campos de la acción gubernamental. Esta sensación de agotamiento es agravada por los vaivenes de un gobierno sin ideas propias y mal preparado para gobernar un país complicado, y por las luchas por el poder en el interior del partido oficial (ARENA), cuyas divisiones repercuten directamente en el aparato gubernamental. La crisis de los partidos políticos y el desprestigio de la clase política en general -o al menos sus limitaciones para proponer alternativas viables- generan una sensación de incertidumbre y desamparo en la sociedad. Este dato hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar el peso real de los políticos en un debate nacional. La segunda razón para el debate es la existencia de diferentes propuestas, unas más formales que otras, para encontrar una alternativa al subdesarrollo, a la pobreza y al desgobierno. Para quienes presentan estas propuestas, la alternativa gubernamental ya no sería tal. Este consenso es más importante en cuanto que proviene de posiciones muy diversas, incluso de algunas que, en otro tiempo, compartieron la visión oficial. Otro elemento común importante es la conciencia de que el segundo gobierno de ARENA se ha empantanado. Ni siquiera ha podido cumplir las doce medidas propuestas por el presidente Calderón el 1 de junio pasado ante el reclamo de la empresa privada; unas medidas que cuando fueron ofrecidas tenían carácter inmediato, pero ese carácter se perdió en los meses posteriores a causa de la ineficiencia gubernamental. La tercera razón es la mayor conciencia sobre la obligación de participar en las decisiones importantes sobre el presente y el futuro de El Salvador, existente en la sociedad salvadoreña. El mero hecho de presentar propuestas de solución nacional rompe con la idea de que los problemas nacionales atañen exclusivamente a los políticos y al gobierno. El destino del país ya no es cuestión únicamente de quienes tienen el poder, sino que concierne también a toda la sociedad y, en particular, a aquellos sectores, grupos o instituciones que tienen algo que aportar. Sin embargo, esta conciencia tiene que luchar para abrirse espacio en el ámbito político actual, que considera que el partido que obtiene la mayoría de votos está en libertad para ejercer el poder según sus conveniencias, sin prestar atención a la ciudadanía. Finalmente, conseguido un acuerdo nacional con objetivos de mediano y largo plazo, habría mayores posibilidades para alcanzarlos, independientemente del partido político que asuma el poder del Estado. De esta manera, los acuerdos en cuestión tendrán fuerza social como para imponerse sobre diferencias partidistas o ideológicas. El interés nacional privaría sobre el interés particular de un determinado grupo político. El destino del país ya no es cuestión únicamente de quienes tienen el poder, sino que concierne también a toda la sociedad. De esta manera, el debate vendría a dar continuidad a la presentación de las propuestas y permitiría oir voces no escuchadas hasta ahora. En este sentido, llenaría el vacío creado por la exclusión premeditada de la sociedad en general y del pueblo en particular a la hora de buscar soluciones nacionales. A quienes se sienten motivados a participar los mueve, de alguna manera, el deseo por promover el bien común. Quizás esa conciencia no sea todo lo clara y firme que debiera, pero tiene suficiente entidad como para servir de soporte a un debate constructivo. Una vez comenzado éste, aquélla podría superar sus limitaciones actuales y universalizarse. La existencia de esta conciencia se refleja en la insistencia con la que diversos sectores sociales piden ser escuchados por quienes detentan el poder del Estado. Tal vez no tengan una propuesta completamente elaborada y consistente, pero conocen bien el impacto negativo de las políticas gubernamentales en sus comunidades y familias y tienen, sin duda, opiniones valiosas sobre posibles soluciones. Este sentido de responsabilidad ciudadana, todo lo vago que se quiera, podría aprovecharse para que el debate fuera realmente nacional, sin quedar circunscrito a determinados sectores o instituciones. Sería, por otro lado, una práctica democrática con un alcance mucho mayor que el simple ejercicio del sufragio, pues siempre se ha tenido miedo a convocar a las fuerzas sociales y al pueblo a la hora de buscar soluciones para los problemas que los afectan. Su opinión sólo es tomada en cuenta cuando suponen que aquélla coincide con los intereses del gobierno o del partido oficial, como en el caso de la reinstauración de la pena capital en el país. En 1988, ante una situación muy similar, el arzobispado de San Salvador organizó un debate amplio y abierto sobre la problemática nacional y sus posibles soluciones. En él tomaron parte sectores sociales muy importantes, aunque algunos, como la empresa privada, se mantuvieron al margen. Aun con la ausencia del sector empresarial y productivo, el debate demostró la importancia de las organizaciones sociales que, pese a sus afiliaciones partidarias, pudieron superar sus diferencias, poniendo por delante el bien del país. Nadie se sintió excluido y todos aquellos que participaron tuvieron oportunidad para expresar sus puntos de vista. El debate permitió conocer el pensar y sentir de las organizaciones sociales y establecer consensos sobre algunos de los aspectos transcendentales de la realidad nacional. No se estuvo de acuerdo en todo, pero sí en bastantes puntos decisivos para impulsar el proceso de paz. Finalmente, El Salvador tiene una experiencia positiva de debate. La sociedad, con contadas y conocidas excepciones, acepta la representatividad de quienes negociaron el final del conflicto armado e intentaron delinear una transición de postguerra y la validez de los compromisos plasmados en los acuerdos de paz, aun cuando su negociación y ejecución quedaron restringidas a un reducido grupo de políticos. Seguramente, la búsqueda del bien del país y el respaldo internacional resultaron determinantes para otorgar tanta credibilidad a los negociadores. Por otro lado, algo que parecía imposible de conseguir, como era poner fin a doce años de una guerra civil cruel y devastadora, se logró; claro está, esto fue posible, en gran medida, porque Estados Unidos perdió interés en la guerra salvadoreña. Se ha tenido miedo a convocar a las fuerzas sociales y al pueblo a la hora de buscar soluciones para los problemas que los afectan. Dada esta experiencia, la sociedad estaría interesada en participar en un debate, en el cual se buscase establecer las bases de un nuevo modelo de convivencia. En este caso, el tema de la negociación es la alternativa socio económica de El Salvador. Un tema quizá más difícil que poner fin a la guerra civil, porque inevitablemente toca intereses económicos muy poderosos, pero también muy egoístas y ambiciosos. Los negociadores de los acuerdos de paz así lo advirtieron y por eso mismo renunciaron a profundizar en el tema, postergándolo hasta que los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz hubiesen abierto los espacios necesarios para tratar este asunto intrínsecamente vinculado a las causas de la guerra civil. Los espacios abiertos no son todo lo amplios que debieran ser, pero hay indicios suficientes de que la sociedad ansía la búsqueda de una alternativa de desarrollo sostenible que le permita avanzar por camino seguro hacia la paz social. Así como los militares y el gobierno tuvieron que convencerse de que la guerra no tenía solución militar, sobre todo porque Estados Unidos ya no estaba dispuesta a continuar dirigiéndola y financiándola, los grupos de poder económico debieran aceptar que su posición tampoco es viable a mediano plazo sin una negociación que garantice unos cambios sociales y económicos graduales y pacíficos. Sus elevadas tasas de ganancia están poniendo en grave peligro no sólo su seguridad personal y la de los demás, sino también la estabilidad e incluso la existencia de El Salvador como país ecológica y socialmente viable. La dificultad que representan la reestructuración de la sociedad en sí misma y la de aquellos sectores opuestos al cambio social no debiera ser óbice para no enfrentar el desafío. Si se pudo llegar a una serie de acuerdos para poner fin a la guerra civil, también se pueden negociar otros para impulsar la transición hacia los cambios sociales e institucionales que el país reclama con tanta urgencia. Quizás ha llegado el momento de que El Salvador también dé ejemplo en esta clase de debate y negociación nacional. Ciertamente, el bien del país así lo requiere. 2. Cómo no debe ser el debate El debate que el país reclama con tanta urgencia no es el que el gobierno propone cuando se encuentra en apuros. En realidad, este no propone debatir los problemas y sus posibles soluciones, sino asumir sin discusión su diagnóstico y sus propuestas. A lo más que ha llegado es a reunir a los partidos políticos y a la empresa privada para explicarles su posición y pedirles su respaldo, sobre todo cuando no sabe cómo salir de una crisis coyuntural. El gobierno nunca consulta abiertamente sus decisiones más importantes, incluso aquellas que comprometen al país más allá del período presidencial actual. Prevalece la idea de que el voto le otorga una autoridad y una legitimidad que no lo obligarían a consultar con la ciudadanía. El gobierno actual, pues, todavía no ha dado muestras de creer en el debate de los problemas nacionales. Las propuestas presentadas recientemente las recibió con escepticismo. Sólo reaccionó positivamente a la de la empresa privada, pero leyéndola desde su posición, es decir, pasando por alto tanto los cuestionamientos a sus políticas como aquellas propuestas que no coinciden con las suyas. El manifiesto salvadoreño de la empresa privada, aunque importante, no es la propuesta más adecuada. Rompiendo con décadas de imposición, posibles por su alianza con los gobiernos militares de entonces, la empresa privada se manifestó y promovió el debate público de sus planteamientos. En lugar de acudir directamente a casa presidencial para hacer valer sus puntos de vista, donde ya no es escuchada con la atención de antes, porque los intereses del gobierno actual no coinciden plenamente con los suyos, en esta ocasión, la empresa privada se vio obligada a dirigirse a la sociedad. Los grupos de poder económico debieran aceptar que su posición no es viable a mediano plazo sin una negociación que garantice unos cambios sociales y económicos graduales y pacíficos. No obstante estas novedades, el curso que la cúpula de la empresa privada está imprimiendo a su propuesta es equivocado, pues la está politizando indebidamente y así la priva de su especificidad. El movimiento de propuestas alternativas a la del gobierno tiene un carácter eminentemente social y lo social no debe confundirse con lo político, aunque ambos campos se determinan mutuamente. El proceso iniciado es más social que político, es decir, engloba estructuras y dinamismos estrictamente sociales y así debe mantenerse. De lo contrario, corre el riesgo de desnaturalizarse. No se pide la sustitución de los partidos políticos, sino la complementación, pero respetando la especificidad de cada ámbito. Qué duda cabe que los partidos políticos tienen un rol importante en las transformaciones del país. En definitiva, ellos determinan las políticas y las prácticas desde los poderes ejecutivo y legislativo; pero, en este caso, no son los agentes impulsores de los cambios que el país reclama con insistencia. La clase política se dirige fundamentalmente a la toma del poder estatal para, desde él, realizar su proyecto global. Esta dirección configura específicamente su acción. Las organizaciones sociales no buscan para sí mismas el poder político del Estado, sino el logro de objetivos propios. Por eso mismo, lo social no debe subordinarse a lo político. Ahora bien, que haya coincidencias e incluso preferencias es natural. La subordinación que impide la autonomía de las organizaciones sociales y las fuerza a contribuir a los intereses de sectores estrictamente políticos traiciona sus intereses y objetivos. Ciertamente, la organización social no debe cerrarse sobre sí misma ni contraponer sus intereses a los intereses generales. Más aún, debe estar atenta y apoyar a cuantos mejor defiendan los intereses generales y, dentro de ellos, los de cada organización; pero sin abdicar de su autonomía y sin dejarse manipular desde fuera por ningún partido político. Los partidos políticos, en cambio, muy difícilmente responderán a los intereses generales que pueda representar El manifiesto salvadoreño. Ni siquiera recogen el sentir de la ciudadanía a la que supuestamente representan. La brecha entre la clase política y la ciudadanía es ahora más ancha que antes y, por ende, más evidente. Precisamente por eso, ésta ha decidido tomar la palabra para hacer oír sus demandas. Aunque la relación entre el sector privado y el laboral es fundamental para la buena marcha de un proyecto de desarrollo nacional y, más aún, estas relaciones debieran fomentarse e intensificarse para reducir al mínimo la conflictividad laboral, elevar la productividad, pero también para mejorar las condiciones de los trabajadores; este foro no reúne todas las condiciones requeridas por el estado de agotamiento del país, porque su alcance es limitado. El problema de El Salvador abarca mucho más que las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. La empresa privada procede sectariamente cuando propone como documento base para la discusión El manifiesto salvadoreño; sin duda, éste debe entrar en el debate, pero como una propuesta más. No es la única ni tiene las características de un documento base para una discusión de gran envergadura. En esto, la cúpula de la empresa privada debiera dar muestras de mayor humildad, reconociendo sus limitaciones; y de altruísmo, abriéndose a otras propuestas también válidas e importantes. Si sólo se toma como punto de partida este documento se corre el peligro de empobrecer el debate, además de excluir a otros sectores sociales importantes, que también tienen algo que aportar. No hay que olvidar que la búsqueda de soluciones, para ser realmente nacional, debe constituir un esfuerzo colectivo. Dicho lo anterior, hay que agregar que la participación de la empresa privada es crucial porque puede contribuir a la formulación de unas propuestas más equilibradas y matizadas e incluso, quizás, más realistas, pero siempre sin sobrepasar los límites impuestos por sus propios intereses. Algunos sectores políticos y gubernamentales quisieran contar con ciertos consensos antes de las próximas elecciones para centrar la campaña electoral en qué partido está mejor capacitado para ejecutar las medidas o programas aceptados por un consenso nacional. Para estos sectores, el problema se reduce a determinar si la privatización de las pensiones y las telecomunicaciones es o no conveniente, si existe acuerdo o desacuerdo en las bondades del mercado libre, si democracia y mercado libre son o no son inseparables, si hay o no que promover la inversión extranjera en más maquiladoras, etc. Esta perspectiva es positiva en cuanto limita el papel del gobierno a ejecutar o administrar un plan previamente discutido y acordado con las fuerzas sociales. En las elecciones, por lo tanto, sólo se dirimiría qué partido podría gestionar mejor dicho acuerdo básico. La subordinación que impide la autonomía de las organizaciones sociales y las fuerza a contribuir a los intereses de sectores estrictamente políticos traiciona sus intereses y objetivos. Pero esta visión es claramente insuficiente por defecto, puesto que el problema de El Salvador no es, en primera instancia, aceptar una serie de medidas. Esta tesis peca de simplismo y pragmatismo. En gran parte, El Salvador se encuentra en estado de agotamiento no por la falta de medidas, sino por carecer de horizonte y planificación. Para que las medidas puedan conducir al desarrollo sostenible que queremos, primero hay que contar con un buen diagnóstico de dónde está el país y a dónde debemos conducirlo, después hay que discutir las alternativas disponibles y, por último, establecer las medidas correspondientes. No se puede comenzar por esto último, porque entonces se corre el riesgo de perder el rumbo y de adoptar medidas contradictorias y sin mayor sentido -una de las grandes debilidades del gobierno actual. Dicho con otras palabras, es necesario planificar a corto, mediano y largo plazo. 3. Condiciones para debatir el problema nacional Entonces, cómo iniciar un debate que permita superar los obstáculos anteriores y encontrar las alternativas que conducen al desarrollo sostenible y a la paz social. En primer lugar, todas las propuestas deben ser tomadas en cuenta, sin privilegiar a ninguna. El aporte de todas estas fuerzas sociales es valioso en sí mismo y, en cuanto tal, debe ser tomado en cuenta, enriqueciendo así el debate. Para ello, una instancia de reconocida objetividad debiera señalar las coincidencias y diferencias más importantes, indicando su complejidad. Sólo entonces podría elaborarse una agenda de discusión realmente nacional. La agenda que la empresa privada y los partidos políticos han elaborado, a partir del manifiesto de la primera, es parcial, tanto por su problemática como por quienes participaron en su formulación y se aprestan a discutirla. Una de las características fundamentales de un debate nacional es el pluralismo de sus participantes. Para satisfacer esta condición, en él debieran tomar parte las fuerzas sociales representativas del capital y del trabajo, de la izquierda, del centro y de la derecha, de los sectores formales e informales, de los sectores grandes, medianos y pequeños y también de los sectores populares, de las iglesias y las universidades. El debate debe aspirar a conseguir un consenso amplio, a partir de las posiciones encontradas existentes. Esto es posible si se orienta a buscar las coincidencias más que a identificar las diferencias, si está más preocupado por encontrar soluciones viables que por imponer desde la prepotencia, si la actitud fundamental es de apertura y no de radicalización de la posición propia, si se confía en los logros de la razón y la voluntad popular, si el pensamiento es libre y no está sometido a temores ni a consignas extrañas. El trabajo es amplio y arduo, pero posible, no obstante las diferencias entre los sectores y las divergencias dentro de cada sector. Pero para ello, la discusión debe centrarse en los problemas nacionales más importantes. Los participantes en el debate, por consiguiente, deberán esforzarse de manera particular por comprender las posturas contrarias, abandonando dogmatismos y prejuicios de toda clase, siendo su única preocupación encontrar aquello que más conviene al país como un todo, es decir, deben acudir dispuestos a escuchar y aprender de los demás; asimismo, deberán mostrar bastante humildad para atender a los especialistas, pues los participantes no necesariamente tienen que estar familiarizados con las complejidades de todos los temas a discutir, pero esto no quiere decir que aquéllos tengan la última palabra. Una metodología sabia y objetiva, reforzada por la ciencia y la experiencia de los especialistas, no sólo evitará la ignorancia y la pobreza que caracterizan los debates de la clase política en la actualidad, sino que también favorecerán el trabajo y la reflexión. Todo ello ayudaría a que predominaran la razón y la moderación sobre la presión y la protesta. Dadas estas condiciones, es casi seguro que las propuestas de los sectores más progresistas, sin traicionar sus ideales y aspiraciones maximalistas, se volverán más realistas, buscando más el consenso que une que la radicalización diferenciadora. Los menos progresistas, por el otro lado, probablemente se mostrarán más abiertos que de costumbre. En otras palabras, las posturas de todos se tornarán más prudentes y moderadas y lejos de estimular antagonismos, tenderán a coincidir en propuestas intermedias aceptables. No es indispensable estar de acuerdo en todo, pero, indudablemente, hay que acordar lo más importante. Esto hará que el diálogo necesite de un tiempo y de un ritmo difíciles de predecir con precisión, pero indispensables para madurar, lo cual es contrario a la precipitación de quienes sólo quieren recetas fáciles o a una prolongación indefinida que agotase esfuerzos y expectativas. El Salvador se encuentra en estado de agotamiento no por la falta de medidas, sino por carecer de horizonte y planificación. El deseo por coincidir o converger puede ayudar mucho a superar las diferencias que, por otro lado, son normales. Siempre que lo social determine lo político más que lo político a lo social, el consenso nacional cuenta con una posibilidad real. Más aún, con relativa facilidad podría pasarse de un mero consenso nacional a un consenso político. Por eso, el carácter eminentemente social del debate excluye, al menos en un primer momento, a las fuerzas políticas y al gobierno. Es la sociedad la que debe reflexionar sobre sus necesidades y la que debe plantear sus demandas. Esto es sumamente importante para no politizar indebida e innecesariamente la discusión y para permitir a la sociedad hacer oír su voz a una clase política excesivamente polarizada, muy poco libre de las consignas de las cúpulas partidarias y bastante alejada del clamor popular. La discusión podrá desarrollarse con agilidad suficiente si quienes toman parte en ella cuentan con la delegación de los sectores que representan, de lo contrario, el avance podría ser lento y penoso, al ser entorpecido por la consulta constante. De ahí que es importante que las fuerzas sociales designen personas suficientemente representativas, que cuenten con su pleno respaldo y gocen de su confianza. La comisión presidencial que elaboró el documento programático de la reforma educativa pudiera dar la pauta para la integración de este foro, más amplio y complejo por la naturaleza misma de su problemática. La agenda de este debate debiera incluir toda la problemática del país; precisamente, este es uno de los requisitos indispensables si quiere cobrar carácter nacional. Solamente teniendo una visión global de la sociedad y del Estado se puede avanzar en la dirección correcta. De ahí que sea necesario establecer el diagnóstico de la situación actual y sus causas, y analizar los intentos de solución ensayados hasta ahora y las propuestas nuevas. Estos no son problemas sin importancia; al contrario, son los problemas fundamentales del país. Si bien en la discusión que aquí se propone participarán los representantes de las fuerzas sociales, estos, además de explicar y defender sus puntos de vista y de proponer sus propias soluciones, debieran considerar atentamente el sentir de la opinión pública. En El Salvador se cuenta con una experiencia sólida -ciertamente, en el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA- en cuanto a auscultar la opinión de la sociedad sobre los grandes temas nacionales. El desprecio que los políticos manifiestan en su discurso público hacia las encuestas de opinión se explica porque los resultados casi nunca son los esperados por ellos, porque no están preparados para leer e interpretar tales resultados y sobre todo porque rechazan visceralmente la evaluación pública de su desempeño político. El Salvador es el gran problema y, por lo tanto, el centro del debate. Una parte importante de esa realidad es la opinión pública. No se puede seguir hablando en nombre del pueblo salvadoreño ni se puede continuar arrogándose una representatividad que no se tiene, porque lo que este pueblo piensa, valora y espera está expresado con bastante claridad en las encuestas de opinión. Siempre que lo social determine lo político más que lo político a lo social, el consenso nacional cuenta con una posibilidad real. Para satisfacer todas estas condiciones, el lugar y la coordinación de este esfuerzo nacional deberán garantizar la racionalidad, el compromiso inclaudicable con el bien común, la independencia de pensamiento, la experiencia en esta clase de búsquedas y una infraestructura mínima, incluyendo recursos humanos y físicos. No muchas instituciones reúnen estas características en el país, pero hay algunas que tienen suficiente prestigio y capacidad y podrían estar dispuestas a prestar este servicio. Dicho con otras palabras, la Asociación Nacional de la Empresa Privada no es la instancia más idónea para coordinar este esfuerzo, porque sus intereses la pueden llevar fácilmente a perder de vista las otras propuestas y a dialogar únicamente con aquellas fuerzas de las cuales espera un apoyo inmediato, tal como está sucediendo en la actualidad. Por razones parecidas, tampoco la clase política es idónea para conducir este proceso y mucho menos un gobierno como el actual. Una vez acordadas las fuerzas sociales que debieran participar, designados sus representantes y establecida la coordinación, el debate debiera comenzar cuanto antes, sin esperar el resultado de las próximas elecciones, pues la crisis del país no puede aguardar. Aparte de que una vez pasadas dichas elecciones, la clase política se dedicará a pensar en la siguiente elección presidencial, lo cual postergaría innecesariamente el debate hasta el año 2000. Mientras los políticos se dedican a su actividad preferida -las elecciones-, la sociedad se debiera concentrar en pensar sobre sí misma para promover la equidad económica y social. Más aún, un debate nacional inmediato presenta las ventajas siguientes: le restaría relevancia y sobre todo dramatismo a las próximas elecciones, trasladando el interés a los problemas nacionales y su solución; contribuiría a relajar el ambiente social y político, polarizado cada vez más por el afán electoral de los partidos políticos; y proporcionaría ideas y propuestas novedosas sobre la realidad nacional, las cuales podrían contribuir a elevar el nivel de la discusión política, protagonizado por una clase política desgastada. En cualquier caso, el debate podría abrir perspectivas interesantes para las futuras campañas electorales, puesto que mostraría las posibilidades y los límites de las alianzas sociales y políticas. En efecto, podrían surgir tendencias importantes no sólo para el equilibrio social, sino también para acrecentar el propio capital electoral. Será difícil que los grandes actores políticos se pongan en contra de las conclusiones de un consenso realmente nacional. Un debate nacional, con el esfuerzo que representa de reflexión y creatividad, podría llegar a acuerdos teóricos importantes y así contribuiría positivamente a la concientización y a la flexibilización de las posiciones actuales. Indudablemente, todo ello haría avanzar la idea de la paz social en general y de la necesidad de dialogar y negociar como medio para conseguirla. En este sentido, un debate nacional como el que aquí proponemos suscitaría una esperanza fuerte y viva. No obstante las divergencias importantes existentes entre las diferentes fuerzas sociales, el consenso entre ellas es posible. Aparte de que la desconfianza sistemática no lleva a nada constructivo. En este sentido, el debate podría suponer un avance para encontrar el camino del desarrollo sostenible y de la paz social por medio de la negociación y el compromiso. Es una oportunidad histórica para ir encontrando solidariamente soluciones a la gran crisis nacional. San Salvador, 25 de septiembre de 1996.