© 1996 UCA Editores
Tomado de ECA, No. 575, septiembre de 1996
Editorial
Debate sobre un El Salvador viable
Nuestro último editorial concluía diciendo que
El Salvador necesita una alternativa de desarrollo, cuyas
características fundamentales no han sido definidas
todavía y, por lo tanto, era necesaria una búsqueda
intensa, en la cual debiéramos participar todos.
Agregábamos también que la coyuntura era propicia
para iniciar dicha búsqueda (Un manifiesto a favor del
cambio, ECA, 573-574, p. 553 ss.). Ahí se insinuaban algunas
características necesarias para que la búsqueda
arrojase resultados positivos. Sin embargo, el tema amerita ser
tratado en sí mismo.
Esa búsqueda se plantea como un debate, porque los
planteamientos son encontrados y deben ser discutidos y porque
todas las fuerzas sociales debieran participar en la
discusión de los problemas más graves del
país. Este debate debiera conducir a una negociación
y a un acuerdo fundamental sobre los compromisos para superar la
crisis actual. Aunque en este momento la situación del
país favorece la realización de ese debate, deben
satisfacerse algunos requisitos mínimos para garantizar su
resultado: colocar a El Salvador en el camino correcto para
resolver la crisis estructural interna. Dicho en otros
términos, no cualquier clase de debate dará los
frutos esperados. Es más, si no se establecen algunas
condiciones, corre el grave riesgo de abortar.
En las siguientes páginas, trataremos de responder a
dos preguntas básicas: por qué debe tener lugar este
debate y cuáles deben ser sus condiciones. Al hilo de las
respuestas delimitaremos su naturaleza.
1. Razones a favor del debate
El debate sobre las alternativas de desarrollo sostenible del
país es necesario porque la situación es francamente
mala, en particular, para las mayorías populares, pero no
sólo para ellas, sino también para los empresarios y
productores medianos, pequeños y, relativamente, para un
sector importante de los grandes.
No cualquier clase de debate dará los frutos esperados. Es
más, si no se establecen algunas condiciones, corre el grave
riesgo de abortar.
El modelo socio económico impulsado por el gobierno
actual no está arrojando los resultados esperados: el
producto interno bruto retrocede, el déficit fiscal tiende
a aumentar, las exportaciones no experimentan el incremento deseado
y la brecha comercial se agranda cada vez más, mientras la
productividad tampoco aumenta. A nivel social, la pobreza no cede,
sino que se extiende; los esfuerzos hechos hasta ahora son
claramente insuficientes y exceptuando las áreas de
educación y salud, donde se pueden constatar algunos avances
importantes, en las demás no se han dado pasos determinantes
para resolver los graves problemas de la población.
Políticamente, cada vez se profundiza más la
tendencia hacia el autoritarismo, el cual se puede constatar en
muchos campos de la acción gubernamental, la independencia
de poderes es cada vez menos evidente -al menos entre el ejecutivo
y el legislativo-, para el agobiante flagelo de la violencia
sólo se tienen medidas de fuerza que en nada contribuyen a
erradicarlo, las reformas imprescindibles para constituir un Estado
moderno todavía no se implementan. A nivel cultural, se
carece de ideas para promover una identidad salvadoreña cada
vez más norteamericanizada. En conclusión, el
país da muestras de estarse agotando.
Políticamente, cada vez se profundiza más la
tendencia hacia el autoritarismo, el cual se puede constatar en
muchos campos de la acción gubernamental.
Esta sensación de agotamiento es agravada por los
vaivenes de un gobierno sin ideas propias y mal preparado para
gobernar un país complicado, y por las luchas por el poder
en el interior del partido oficial (ARENA), cuyas divisiones
repercuten directamente en el aparato gubernamental. La crisis de
los partidos políticos y el desprestigio de la clase
política en general -o al menos sus limitaciones para
proponer alternativas viables- generan una sensación de
incertidumbre y desamparo en la sociedad. Este dato hay que tenerlo
muy en cuenta a la hora de considerar el peso real de los
políticos en un debate nacional.
La segunda razón para el debate es la existencia de
diferentes propuestas, unas más formales que otras, para
encontrar una alternativa al subdesarrollo, a la pobreza y al
desgobierno. Para quienes presentan estas propuestas, la
alternativa gubernamental ya no sería tal. Este consenso es
más importante en cuanto que proviene de posiciones muy
diversas, incluso de algunas que, en otro tiempo, compartieron la
visión oficial. Otro elemento común importante es la
conciencia de que el segundo gobierno de ARENA se ha empantanado.
Ni siquiera ha podido cumplir las doce medidas propuestas por el
presidente Calderón el 1 de junio pasado ante el reclamo de
la empresa privada; unas medidas que cuando fueron ofrecidas
tenían carácter inmediato, pero ese carácter
se perdió en los meses posteriores a causa de la
ineficiencia gubernamental.
La tercera razón es la mayor conciencia sobre la
obligación de participar en las decisiones importantes sobre
el presente y el futuro de El Salvador, existente en la sociedad
salvadoreña. El mero hecho de presentar propuestas de
solución nacional rompe con la idea de que los problemas
nacionales atañen exclusivamente a los políticos y al
gobierno. El destino del país ya no es cuestión
únicamente de quienes tienen el poder, sino que concierne
también a toda la sociedad y, en particular, a aquellos
sectores, grupos o instituciones que tienen algo que aportar. Sin
embargo, esta conciencia tiene que luchar para abrirse espacio en
el ámbito político actual, que considera que el
partido que obtiene la mayoría de votos está en
libertad para ejercer el poder según sus conveniencias, sin
prestar atención a la ciudadanía.
Finalmente, conseguido un acuerdo nacional con objetivos de
mediano y largo plazo, habría mayores posibilidades para
alcanzarlos, independientemente del partido político que
asuma el poder del Estado. De esta manera, los acuerdos en
cuestión tendrán fuerza social como para imponerse
sobre diferencias partidistas o ideológicas. El
interés nacional privaría sobre el interés
particular de un determinado grupo político.
El destino del país ya no es cuestión
únicamente de quienes tienen el poder, sino que concierne
también a toda la sociedad.
De esta manera, el debate vendría a dar continuidad a
la presentación de las propuestas y permitiría oir
voces no escuchadas hasta ahora. En este sentido, llenaría
el vacío creado por la exclusión premeditada de la
sociedad en general y del pueblo en particular a la hora de buscar
soluciones nacionales.
A quienes se sienten motivados a participar los mueve, de
alguna manera, el deseo por promover el bien común.
Quizás esa conciencia no sea todo lo clara y firme que
debiera, pero tiene suficiente entidad como para servir de soporte
a un debate constructivo. Una vez comenzado éste,
aquélla podría superar sus limitaciones actuales y
universalizarse. La existencia de esta conciencia se refleja en la
insistencia con la que diversos sectores sociales piden ser
escuchados por quienes detentan el poder del Estado. Tal vez no
tengan una propuesta completamente elaborada y consistente, pero
conocen bien el impacto negativo de las políticas
gubernamentales en sus comunidades y familias y tienen, sin duda,
opiniones valiosas sobre posibles soluciones. Este sentido de
responsabilidad ciudadana, todo lo vago que se quiera,
podría aprovecharse para que el debate fuera realmente
nacional, sin quedar circunscrito a determinados sectores o
instituciones.
Sería, por otro lado, una práctica
democrática con un alcance mucho mayor que el simple
ejercicio del sufragio, pues siempre se ha tenido miedo a convocar
a las fuerzas sociales y al pueblo a la hora de buscar soluciones
para los problemas que los afectan. Su opinión sólo
es tomada en cuenta cuando suponen que aquélla coincide con
los intereses del gobierno o del partido oficial, como en el caso
de la reinstauración de la pena capital en el país.
En 1988, ante una situación muy similar, el arzobispado
de San Salvador organizó un debate amplio y abierto sobre la
problemática nacional y sus posibles soluciones. En
él tomaron parte sectores sociales muy importantes, aunque
algunos, como la empresa privada, se mantuvieron al margen. Aun con
la ausencia del sector empresarial y productivo, el debate
demostró la importancia de las organizaciones sociales que,
pese a sus afiliaciones partidarias, pudieron superar sus
diferencias, poniendo por delante el bien del país. Nadie se
sintió excluido y todos aquellos que participaron tuvieron
oportunidad para expresar sus puntos de vista. El debate
permitió conocer el pensar y sentir de las organizaciones
sociales y establecer consensos sobre algunos de los aspectos
transcendentales de la realidad nacional. No se estuvo de acuerdo
en todo, pero sí en bastantes puntos decisivos para impulsar
el proceso de paz.
Finalmente, El Salvador tiene una experiencia positiva de
debate. La sociedad, con contadas y conocidas excepciones, acepta
la representatividad de quienes negociaron el final del conflicto
armado e intentaron delinear una transición de postguerra y
la validez de los compromisos plasmados en los acuerdos de paz, aun
cuando su negociación y ejecución quedaron
restringidas a un reducido grupo de políticos. Seguramente,
la búsqueda del bien del país y el respaldo
internacional resultaron determinantes para otorgar tanta
credibilidad a los negociadores. Por otro lado, algo que
parecía imposible de conseguir, como era poner fin a doce
años de una guerra civil cruel y devastadora, se
logró; claro está, esto fue posible, en gran medida,
porque Estados Unidos perdió interés en la guerra
salvadoreña.
Se ha tenido miedo a convocar a las fuerzas sociales y al pueblo
a la hora de buscar soluciones para los problemas que los afectan.
Dada esta experiencia, la sociedad estaría interesada
en participar en un debate, en el cual se buscase establecer las
bases de un nuevo modelo de convivencia. En este caso, el tema de
la negociación es la alternativa socio económica de
El Salvador. Un tema quizá más difícil que
poner fin a la guerra civil, porque inevitablemente toca intereses
económicos muy poderosos, pero también muy
egoístas y ambiciosos. Los negociadores de los acuerdos de
paz así lo advirtieron y por eso mismo renunciaron a
profundizar en el tema, postergándolo hasta que los
compromisos adquiridos en los acuerdos de paz hubiesen abierto los
espacios necesarios para tratar este asunto intrínsecamente
vinculado a las causas de la guerra civil. Los espacios abiertos no
son todo lo amplios que debieran ser, pero hay indicios suficientes
de que la sociedad ansía la búsqueda de una
alternativa de desarrollo sostenible que le permita avanzar por
camino seguro hacia la paz social.
Así como los militares y el gobierno tuvieron que
convencerse de que la guerra no tenía solución
militar, sobre todo porque Estados Unidos ya no estaba dispuesta a
continuar dirigiéndola y financiándola, los grupos de
poder económico debieran aceptar que su posición
tampoco es viable a mediano plazo sin una negociación que
garantice unos cambios sociales y económicos graduales y
pacíficos. Sus elevadas tasas de ganancia están
poniendo en grave peligro no sólo su seguridad personal y la
de los demás, sino también la estabilidad e incluso
la existencia de El Salvador como país ecológica y
socialmente viable.
La dificultad que representan la reestructuración de la
sociedad en sí misma y la de aquellos sectores opuestos al
cambio social no debiera ser óbice para no enfrentar el
desafío. Si se pudo llegar a una serie de acuerdos para
poner fin a la guerra civil, también se pueden negociar
otros para impulsar la transición hacia los cambios sociales
e institucionales que el país reclama con tanta urgencia.
Quizás ha llegado el momento de que El Salvador
también dé ejemplo en esta clase de debate y
negociación nacional. Ciertamente, el bien del país
así lo requiere.
2. Cómo no debe ser el debate
El debate que el país reclama con tanta urgencia no es
el que el gobierno propone cuando se encuentra en apuros. En
realidad, este no propone debatir los problemas y sus posibles
soluciones, sino asumir sin discusión su diagnóstico
y sus propuestas. A lo más que ha llegado es a reunir a los
partidos políticos y a la empresa privada para explicarles
su posición y pedirles su respaldo, sobre todo cuando no
sabe cómo salir de una crisis coyuntural. El gobierno nunca
consulta abiertamente sus decisiones más importantes,
incluso aquellas que comprometen al país más
allá del período presidencial actual. Prevalece la
idea de que el voto le otorga una autoridad y una legitimidad que
no lo obligarían a consultar con la ciudadanía.
El gobierno actual, pues, todavía no ha dado muestras
de creer en el debate de los problemas nacionales. Las propuestas
presentadas recientemente las recibió con escepticismo.
Sólo reaccionó positivamente a la de la empresa
privada, pero leyéndola desde su posición, es decir,
pasando por alto tanto los cuestionamientos a sus políticas
como aquellas propuestas que no coinciden con las suyas.
El manifiesto salvadoreño de la empresa privada, aunque
importante, no es la propuesta más adecuada. Rompiendo con
décadas de imposición, posibles por su alianza con
los gobiernos militares de entonces, la empresa privada se
manifestó y promovió el debate público de sus
planteamientos. En lugar de acudir directamente a casa presidencial
para hacer valer sus puntos de vista, donde ya no es escuchada con
la atención de antes, porque los intereses del gobierno
actual no coinciden plenamente con los suyos, en esta
ocasión, la empresa privada se vio obligada a dirigirse a la
sociedad.
Los grupos de poder económico debieran aceptar que su
posición no es viable a mediano plazo sin una
negociación que garantice unos cambios sociales y
económicos graduales y pacíficos.
No obstante estas novedades, el curso que la cúpula de
la empresa privada está imprimiendo a su propuesta es
equivocado, pues la está politizando indebidamente y
así la priva de su especificidad. El movimiento de
propuestas alternativas a la del gobierno tiene un carácter
eminentemente social y lo social no debe confundirse con lo
político, aunque ambos campos se determinan mutuamente. El
proceso iniciado es más social que político, es
decir, engloba estructuras y dinamismos estrictamente sociales y
así debe mantenerse. De lo contrario, corre el riesgo de
desnaturalizarse.
No se pide la sustitución de los partidos
políticos, sino la complementación, pero respetando
la especificidad de cada ámbito. Qué duda cabe que
los partidos políticos tienen un rol importante en las
transformaciones del país. En definitiva, ellos determinan
las políticas y las prácticas desde los poderes
ejecutivo y legislativo; pero, en este caso, no son los agentes
impulsores de los cambios que el país reclama con
insistencia. La clase política se dirige fundamentalmente a
la toma del poder estatal para, desde él, realizar su
proyecto global. Esta dirección configura
específicamente su acción. Las organizaciones
sociales no buscan para sí mismas el poder político
del Estado, sino el logro de objetivos propios. Por eso mismo, lo
social no debe subordinarse a lo político. Ahora bien, que
haya coincidencias e incluso preferencias es natural.
La subordinación que impide la autonomía de las
organizaciones sociales y las fuerza a contribuir a los intereses
de sectores estrictamente políticos traiciona sus intereses
y objetivos. Ciertamente, la organización social no debe
cerrarse sobre sí misma ni contraponer sus intereses a los
intereses generales. Más aún, debe estar atenta y
apoyar a cuantos mejor defiendan los intereses generales y, dentro
de ellos, los de cada organización; pero sin abdicar de su
autonomía y sin dejarse manipular desde fuera por
ningún partido político.
Los partidos políticos, en cambio, muy
difícilmente responderán a los intereses generales
que pueda representar El manifiesto salvadoreño. Ni siquiera
recogen el sentir de la ciudadanía a la que supuestamente
representan. La brecha entre la clase política y la
ciudadanía es ahora más ancha que antes y, por ende,
más evidente. Precisamente por eso, ésta ha decidido
tomar la palabra para hacer oír sus demandas.
Aunque la relación entre el sector privado y el laboral
es fundamental para la buena marcha de un proyecto de desarrollo
nacional y, más aún, estas relaciones debieran
fomentarse e intensificarse para reducir al mínimo la
conflictividad laboral, elevar la productividad, pero
también para mejorar las condiciones de los trabajadores;
este foro no reúne todas las condiciones requeridas por el
estado de agotamiento del país, porque su alcance es
limitado. El problema de El Salvador abarca mucho más que
las relaciones entre los empleadores y los trabajadores.
La empresa privada procede sectariamente cuando propone como
documento base para la discusión El manifiesto
salvadoreño; sin duda, éste debe entrar en el debate,
pero como una propuesta más. No es la única ni tiene
las características de un documento base para una
discusión de gran envergadura. En esto, la cúpula de
la empresa privada debiera dar muestras de mayor humildad,
reconociendo sus limitaciones; y de altruísmo,
abriéndose a otras propuestas también válidas
e importantes. Si sólo se toma como punto de partida este
documento se corre el peligro de empobrecer el debate,
además de excluir a otros sectores sociales importantes, que
también tienen algo que aportar. No hay que olvidar que la
búsqueda de soluciones, para ser realmente nacional, debe
constituir un esfuerzo colectivo.
Dicho lo anterior, hay que agregar que la participación
de la empresa privada es crucial porque puede contribuir a la
formulación de unas propuestas más equilibradas y
matizadas e incluso, quizás, más realistas, pero
siempre sin sobrepasar los límites impuestos por sus propios
intereses.
Algunos sectores políticos y gubernamentales quisieran
contar con ciertos consensos antes de las próximas
elecciones para centrar la campaña electoral en qué
partido está mejor capacitado para ejecutar las medidas o
programas aceptados por un consenso nacional. Para estos sectores,
el problema se reduce a determinar si la privatización de
las pensiones y las telecomunicaciones es o no conveniente, si
existe acuerdo o desacuerdo en las bondades del mercado libre, si
democracia y mercado libre son o no son inseparables, si hay o no
que promover la inversión extranjera en más
maquiladoras, etc. Esta perspectiva es positiva en cuanto limita el
papel del gobierno a ejecutar o administrar un plan previamente
discutido y acordado con las fuerzas sociales. En las elecciones,
por lo tanto, sólo se dirimiría qué partido
podría gestionar mejor dicho acuerdo básico.
La subordinación que impide la autonomía de las
organizaciones sociales y las fuerza a contribuir a los intereses
de sectores estrictamente políticos traiciona sus intereses
y objetivos.
Pero esta visión es claramente insuficiente por
defecto, puesto que el problema de El Salvador no es, en primera
instancia, aceptar una serie de medidas. Esta tesis peca de
simplismo y pragmatismo. En gran parte, El Salvador se encuentra en
estado de agotamiento no por la falta de medidas, sino por carecer
de horizonte y planificación. Para que las medidas puedan
conducir al desarrollo sostenible que queremos, primero hay que
contar con un buen diagnóstico de dónde está
el país y a dónde debemos conducirlo, después
hay que discutir las alternativas disponibles y, por último,
establecer las medidas correspondientes. No se puede comenzar por
esto último, porque entonces se corre el riesgo de perder el
rumbo y de adoptar medidas contradictorias y sin mayor sentido -una
de las grandes debilidades del gobierno actual. Dicho con otras
palabras, es necesario planificar a corto, mediano y largo plazo.
3. Condiciones para debatir el problema nacional
Entonces, cómo iniciar un debate que permita superar
los obstáculos anteriores y encontrar las alternativas que
conducen al desarrollo sostenible y a la paz social. En primer
lugar, todas las propuestas deben ser tomadas en cuenta, sin
privilegiar a ninguna. El aporte de todas estas fuerzas sociales es
valioso en sí mismo y, en cuanto tal, debe ser tomado en
cuenta, enriqueciendo así el debate. Para ello, una
instancia de reconocida objetividad debiera señalar las
coincidencias y diferencias más importantes, indicando su
complejidad. Sólo entonces podría elaborarse una
agenda de discusión realmente nacional. La agenda que la
empresa privada y los partidos políticos han elaborado, a
partir del manifiesto de la primera, es parcial, tanto por su
problemática como por quienes participaron en su
formulación y se aprestan a discutirla.
Una de las características fundamentales de un debate
nacional es el pluralismo de sus participantes. Para satisfacer
esta condición, en él debieran tomar parte las
fuerzas sociales representativas del capital y del trabajo, de la
izquierda, del centro y de la derecha, de los sectores formales e
informales, de los sectores grandes, medianos y pequeños y
también de los sectores populares, de las iglesias y las
universidades.
El debate debe aspirar a conseguir un consenso amplio, a
partir de las posiciones encontradas existentes. Esto es posible si
se orienta a buscar las coincidencias más que a identificar
las diferencias, si está más preocupado por encontrar
soluciones viables que por imponer desde la prepotencia, si la
actitud fundamental es de apertura y no de radicalización de
la posición propia, si se confía en los logros de la
razón y la voluntad popular, si el pensamiento es libre y no
está sometido a temores ni a consignas extrañas. El
trabajo es amplio y arduo, pero posible, no obstante las
diferencias entre los sectores y las divergencias dentro de cada
sector. Pero para ello, la discusión debe centrarse en los
problemas nacionales más importantes.
Los participantes en el debate, por consiguiente,
deberán esforzarse de manera particular por comprender las
posturas contrarias, abandonando dogmatismos y prejuicios de toda
clase, siendo su única preocupación encontrar aquello
que más conviene al país como un todo, es decir,
deben acudir dispuestos a escuchar y aprender de los demás;
asimismo, deberán mostrar bastante humildad para atender a
los especialistas, pues los participantes no necesariamente tienen
que estar familiarizados con las complejidades de todos los temas
a discutir, pero esto no quiere decir que aquéllos tengan la
última palabra.
Una metodología sabia y objetiva, reforzada por la
ciencia y la experiencia de los especialistas, no sólo
evitará la ignorancia y la pobreza que caracterizan los
debates de la clase política en la actualidad, sino que
también favorecerán el trabajo y la reflexión.
Todo ello ayudaría a que predominaran la razón y la
moderación sobre la presión y la protesta. Dadas
estas condiciones, es casi seguro que las propuestas de los
sectores más progresistas, sin traicionar sus ideales y
aspiraciones maximalistas, se volverán más realistas,
buscando más el consenso que une que la
radicalización diferenciadora. Los menos progresistas, por
el otro lado, probablemente se mostrarán más abiertos
que de costumbre. En otras palabras, las posturas de todos se
tornarán más prudentes y moderadas y lejos de
estimular antagonismos, tenderán a coincidir en propuestas
intermedias aceptables.
No es indispensable estar de acuerdo en todo, pero,
indudablemente, hay que acordar lo más importante. Esto
hará que el diálogo necesite de un tiempo y de un
ritmo difíciles de predecir con precisión, pero
indispensables para madurar, lo cual es contrario a la
precipitación de quienes sólo quieren recetas
fáciles o a una prolongación indefinida que agotase
esfuerzos y expectativas.
El Salvador se encuentra en estado de agotamiento no por la falta
de medidas, sino por carecer de horizonte y planificación.
El deseo por coincidir o converger puede ayudar mucho a
superar las diferencias que, por otro lado, son normales. Siempre
que lo social determine lo político más que lo
político a lo social, el consenso nacional cuenta con una
posibilidad real. Más aún, con relativa facilidad
podría pasarse de un mero consenso nacional a un consenso
político. Por eso, el carácter eminentemente social
del debate excluye, al menos en un primer momento, a las fuerzas
políticas y al gobierno. Es la sociedad la que debe
reflexionar sobre sus necesidades y la que debe plantear sus
demandas. Esto es sumamente importante para no politizar indebida
e innecesariamente la discusión y para permitir a la
sociedad hacer oír su voz a una clase política
excesivamente polarizada, muy poco libre de las consignas de las
cúpulas partidarias y bastante alejada del clamor popular.
La discusión podrá desarrollarse con agilidad
suficiente si quienes toman parte en ella cuentan con la
delegación de los sectores que representan, de lo contrario,
el avance podría ser lento y penoso, al ser entorpecido por
la consulta constante. De ahí que es importante que las
fuerzas sociales designen personas suficientemente representativas,
que cuenten con su pleno respaldo y gocen de su confianza. La
comisión presidencial que elaboró el documento
programático de la reforma educativa pudiera dar la pauta
para la integración de este foro, más amplio y
complejo por la naturaleza misma de su problemática.
La agenda de este debate debiera incluir toda la
problemática del país; precisamente, este es uno de
los requisitos indispensables si quiere cobrar carácter
nacional. Solamente teniendo una visión global de la
sociedad y del Estado se puede avanzar en la dirección
correcta. De ahí que sea necesario establecer el
diagnóstico de la situación actual y sus causas, y
analizar los intentos de solución ensayados hasta ahora y
las propuestas nuevas. Estos no son problemas sin importancia; al
contrario, son los problemas fundamentales del país.
Si bien en la discusión que aquí se propone
participarán los representantes de las fuerzas sociales,
estos, además de explicar y defender sus puntos de vista y
de proponer sus propias soluciones, debieran considerar atentamente
el sentir de la opinión pública. En El Salvador se
cuenta con una experiencia sólida -ciertamente, en el
Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA-
en cuanto a auscultar la opinión de la sociedad sobre los
grandes temas nacionales. El desprecio que los políticos
manifiestan en su discurso público hacia las encuestas de
opinión se explica porque los resultados casi nunca son los
esperados por ellos, porque no están preparados para leer e
interpretar tales resultados y sobre todo porque rechazan
visceralmente la evaluación pública de su
desempeño político.
El Salvador es el gran problema y, por lo tanto, el centro del
debate. Una parte importante de esa realidad es la opinión
pública. No se puede seguir hablando en nombre del pueblo
salvadoreño ni se puede continuar arrogándose una
representatividad que no se tiene, porque lo que este pueblo
piensa, valora y espera está expresado con bastante claridad
en las encuestas de opinión.
Siempre que lo social determine lo político más
que lo político a lo social, el consenso nacional cuenta con
una posibilidad real.
Para satisfacer todas estas condiciones, el lugar y la
coordinación de este esfuerzo nacional deberán
garantizar la racionalidad, el compromiso inclaudicable con el bien
común, la independencia de pensamiento, la experiencia en
esta clase de búsquedas y una infraestructura mínima,
incluyendo recursos humanos y físicos. No muchas
instituciones reúnen estas características en el
país, pero hay algunas que tienen suficiente prestigio y
capacidad y podrían estar dispuestas a prestar este
servicio. Dicho con otras palabras, la Asociación Nacional
de la Empresa Privada no es la instancia más idónea
para coordinar este esfuerzo, porque sus intereses la pueden llevar
fácilmente a perder de vista las otras propuestas y a
dialogar únicamente con aquellas fuerzas de las cuales
espera un apoyo inmediato, tal como está sucediendo en la
actualidad. Por razones parecidas, tampoco la clase política
es idónea para conducir este proceso y mucho menos un
gobierno como el actual.
Una vez acordadas las fuerzas sociales que debieran
participar, designados sus representantes y establecida la
coordinación, el debate debiera comenzar cuanto antes, sin
esperar el resultado de las próximas elecciones, pues la
crisis del país no puede aguardar. Aparte de que una vez
pasadas dichas elecciones, la clase política se
dedicará a pensar en la siguiente elección
presidencial, lo cual postergaría innecesariamente el debate
hasta el año 2000. Mientras los políticos se dedican
a su actividad preferida -las elecciones-, la sociedad se debiera
concentrar en pensar sobre sí misma para promover la equidad
económica y social.
Más aún, un debate nacional inmediato presenta
las ventajas siguientes: le restaría relevancia y sobre todo
dramatismo a las próximas elecciones, trasladando el
interés a los problemas nacionales y su solución;
contribuiría a relajar el ambiente social y político,
polarizado cada vez más por el afán electoral de los
partidos políticos; y proporcionaría ideas y
propuestas novedosas sobre la realidad nacional, las cuales
podrían contribuir a elevar el nivel de la discusión
política, protagonizado por una clase política
desgastada.
En cualquier caso, el debate podría abrir perspectivas
interesantes para las futuras campañas electorales, puesto
que mostraría las posibilidades y los límites de las
alianzas sociales y políticas. En efecto, podrían
surgir tendencias importantes no sólo para el equilibrio
social, sino también para acrecentar el propio capital
electoral. Será difícil que los grandes actores
políticos se pongan en contra de las conclusiones de un
consenso realmente nacional.
Un debate nacional, con el esfuerzo que representa de
reflexión y creatividad, podría llegar a acuerdos
teóricos importantes y así contribuiría
positivamente a la concientización y a la
flexibilización de las posiciones actuales. Indudablemente,
todo ello haría avanzar la idea de la paz social en general
y de la necesidad de dialogar y negociar como medio para
conseguirla. En este sentido, un debate nacional como el que
aquí proponemos suscitaría una esperanza fuerte y
viva. No obstante las divergencias importantes existentes entre las
diferentes fuerzas sociales, el consenso entre ellas es posible.
Aparte de que la desconfianza sistemática no lleva a nada
constructivo. En este sentido, el debate podría suponer un
avance para encontrar el camino del desarrollo sostenible y de la
paz social por medio de la negociación y el compromiso. Es
una oportunidad histórica para ir encontrando solidariamente
soluciones a la gran crisis nacional.
San Salvador, 25 de septiembre de 1996.