© 1996 UCA Editores
Estudios Centroamericanos (ECA), No. 573-574, julio-agosto de 1996
Acerca de la transición a la democracia
El principal peligro para el futuro del socialismo no es la
actual ofensiva de la derecha..., sino la tentación en
muchos socialistas y dirigentes sindicales de aferrarse a
modelos de acción y de comprensión del mundo que
la propia crisis económica y la crisis del pensamiento
marxista nos muestran ya como obsoletos. Ludolfo Paramio.
Desde finales de los setenta, en el cono sur se comenzó
a hablar de transiciones a la democracia. La emergencia y la crisis
de las dictaduras militares, así como su reemplazo por
gobiernos civiles, generó toda una discusión en torno
a las vías y los mecanismos de reconstitución de la
legalidad perdida durante los años de la hegemonía
militar. En un primer momento, transición democrática
significó el reestablecimiento de mecanismos institucionales
y legales que hicieran factible la instauración de una
democracia política, la cual debería estar fundada en
un sistema de partidos, que diera legitimidad al sistema
político emergente. Se trataba de establecer un orden
jurídico político que posibilitara la
reconstitución del sistema de partidos como eje gestor de la
transición hacia la democracia.
La reconstitución del sistema político y la
creación de un sistema de partidos que fuese lo
suficientemente estable y legítimo ocuparon la
atención no sólo de los actores sociales y
políticos comprometidos con la transición, sino de
muchos cientistas sociales, que pretendían, esta vez
sí, decir la última palabra sobre el eterno problema
de la democracia. Una vez agotadas las discusiones en torno a la
reconstitución de la democracia política y estando ya
en vigencia las instituciones básicas para que ésta
se hiciera efectiva, la cuestión de la transición
siguió siendo un problema sin resolver. Se cayó en la
cuenta de que no era suficiente reconstituir el sistema de partidos
y hacer míminamente efectiva una praxis política
anclada en el liberalismo, sino que ésta era sólo una
de las dimensiones de la transición, la más urgente
quizás, pero no la única ni la más importante.
Lo que se comenzó a ver ya desde principios de los
ochenta era que en América Latina se estaba operando un
cambio de matriz socioeconómica, es decir, el paso de una
"matriz Estado céntrica" -caracterizada por un relativo
equilibrio entre la economía y la política a
través del Estado (M. Cavarozzi, M. A. Garretón)- a
otra -todavía en vías de constitución- en la
que predominaría el mercado y en la cual el Estado
perdería la centralidad que antaño lo
caracterizó como eje articulador de la economía y la
política.
En este sentido, las transiciones democráticas
serían sólo un aspecto de una transición
más global y de más largo aliento, transición
que implicaría el reemplazo de una matriz
socioeconómica por otra. La matriz Estado céntrica se
habría agotado como eje potenciador del desarrollo
económico y social. Sus mejores momentos se habrían
producido cuando -tras el colapso de los regímenes
oligárquicos- logró impulsar, a nivel
económico, un proceso de industrialización sin
precedentes en América Latina y, a nivel político, la
organización de los sectores populares como actores
políticos subordinados al Estado.
El ascenso de los militares al poder en la década de
los setenta, proceso que se inició en Brasil en 1965,
constituye un signo inequívoco de las contradicciones
políticas y económicas que se gestaron en el seno de
esta matriz socioeconómica. El modelo de
industrialización terminó revelando sus deficiencias
estructurales más profundas, deficiencias que se tradujeron
en costos sociales, los cuales debieron ser asumidos por unos
sectores populares cada vez más insatisfechos y conscientes
de su potencial organizativo y movilizador. Cuando el Estado se
volvió incapaz de conciliar las exigencias del modelo
económico con las exigencias de estos sectores populares,
los militares decidieron "restaurar el orden", estableciendo un
Estado burocrático autoritario (G. O`Donnel).
Esta restauración del orden supuso para los militares
no sólo la desarticulación de las organizaciones
populares, sino la abolición de los mecanismos legales e
institucionales que posibilitaran la participación de la
sociedad civil en la vida política. Pero también
supuso la restauración de los mecanismos del mercado como
elemento desencadenante del desarrollo económico, ya fuese
en la ruta del "reequilibrio económico" (Chile,
México, Colombia) o ya fuese en la ruta del "ajuste
caótico" (Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil).
Fue en el terreno económico que los militares se
anotaron sus mejores logros. Evitaron, temporalmente, el colapso
económico de la vieja matriz socioeconómica, pero
eliminando uno de sus supuestos básicos de funcionamiento:
la participación política de la sociedad civil.
La crisis de las dictaduras obedeció, más que a
su fracaso en la gestión económica o a la
movilización de la sociedad civil, a la insostenibilidad del
modelo socioeconómico, en el cual los militares insertaron
su proyecto. Estos, en efecto, inscribieron su proyecto de
desarrollo económico en el marco de la vieja matriz, es
decir, pretendieron potenciar al mercado desde el Estado, pero para
debilitarlo y "reducirlo". Es así como no lograron evitar la
contradicción entre el mercado y el Estado,
contradicción que habría llevado al colapso de los
regímenes populistas, con el agravante de que el
fortalecimiento del Estado pretendido por los militares se
hacía sin el soporte de la movilización popular, que
habría servido a aquéllos como instrumento para
controlar las demandas empresariales.
La potenciación de las fuerzas del mercado, animada por
el Estado burocrático autoritario, generó dinamismos
económicos y políticos que hacían cada vez
más innecesaria la presencia de un Estado fuerte, al estilo
del impulsado por las dictaduras militares. Políticamente,
los sectores populares no constituían ya una amenaza real ni
para los empresarios capitalistas ni para los militares.
Décadas de terror institucionalizado habrían acabado
con el potencial de movilización popular, generado por el
Estado populista. Económicamente, el mercado había
generado unos dinamismos no sólo en el interior de las
economías nacionales, sino en relación a un orden
económico internacional cada vez más globalizado,
haciendo necesario redefinir las funciones del Estado en la
economía. Fue en este contexto que las élites
empresariales y militares menos reacias al cambio político
social -los civiles "blandos" y los militares "blandos"- decidieron
pactar la transición de los años ochenta. Es decir,
decidieron pactar el recambio de los militares por civiles en la
gestión del poder político.
Superados los regímenes burocrático autoritarios
y establecidos con bastante solidez unos sistemas políticos
democráticos, en los noventa sigue abierta la
cuestión acerca del carácter de la nueva matriz en
gestación. Está claro que se tratará de una
matriz afincada en el mercado, pero no está tan claro
todavía cuáles habrán de ser las nuevas
funciones del Estado, en el marco de la misma.
En todo caso, la transición, vista como el paso de una
matriz socioeconómica a otra, está en plena marcha y
la "transición democrática" es sólo una de las
dimensiones de una transición más global, que afecta
al conjunto de la sociedad. Por otra parte, la transición,
vista exclusivamente en términos democráticos, exige
inicialmente -como lo muestran las experiencias del cono sur- una
democratización política, pero no se agota en lo
puramente político, sino que supone avanzar hacia el
problema irresuelto de la democracia social. Es en el terreno de la
democracia social donde será más problemático
redefinir las nuevas funciones del Estado, sobre todo si se toman
en serio los ingentes costos sociales que suponen los programas de
estabilización exigidos por la liberalización de la
economía, costos que el mercado, por su misma
dinámica, es incapaz de paliar.
En definitiva, la nueva matriz que comienza a dibujarse
aparece como contradictoria y se caracteriza por el fortalecimiento
autónomo y la tensión entre el Estado, el sistema de
partidos y la sociedad civil, todos ellos vinculados
institucionalmente por el régimen democrático (M. A.
Garretón). El Estado habrá de responder tanto a las
exigencias que se derivan del mercado, como a las que se derivan de
la sociedad. Ante estas exigencias -y en el marco de un conjunto de
tensiones nunca resueltas totalmente- tendrá que ir
diseñando y rediseñando sus prácticas. Por
tanto, estamos ante el surgimiento de un nuevo modelo estatal y no
ante un Estado ya consolidado.
No nos cabe la menor duda, sin embargo, de que la presencia
del Estado es necesaria tanto para el afianzamiento de las
economías latinoamericanas como para avanzar hacia
algún tipo de democracia política y social. De
acuerdo con Cavarozzi, es necesario un Estado anclado en una
"política de intercambios explícitos", más que
en "una política anclada en el Estado". Es decir, se
trataría de una "nueva lógica política que
reemplace la ya agotada lógica estatista, no por una
sociedad desestatizada [...], sino por una lógica
política alternativa, que implique la negociación
pluralista de los roles del Estado y de los límites de su
acción" (M. Cavarozzi). A lo mejor sólo esta
vía alternativa ayudará a repensar nuevas soluciones
para las alternativas ya exploradas de "más Estado",
"más sociedad civil", "más democracia
política" o "más mercado" como las únicas
posibles.
Asimismo, esta lógica política alternativa
supone no sólo el fortalecimiento de los sistemas
políticos y una serie de mutaciones en la cultura
política, sino también la restitución del
valor de los sujetos como actores sociopolíticos. Porque, en
efecto, son éstos los que, con su comportamiento como
actores sociales y políticos, "moldean la
reestructuración, la reorientan, frenan o impulsan. Ellos
intervienen en el sistema político para servir sus
posiciones, pautando el funcionamiento del propio sistema
político y con ello la calidad del régimen
democrático" (M. A. Garretón).
En el caso de El Salvador, durante la década de los
ochenta, "transición" significó "revolución".
A raíz de los acuerdos de paz, firmados por el gobierno y el
FMLN, el problema de la transición cobró un nuevo
perfil. Se desliga del problema de la revolución y se
plantea como algo distinto de ésta. La transición se
discute en términos democráticos, apareciendo como un
desafío fundamental para los actores políticos y
sociales implicados en el proceso la cuestión de la
reconstitución del sistema político y del sistema de
partidos que, por lo demás, se habría iniciado ya
desde principios de la década de los ochenta.
Al igual que el final de las dictaduras militares en el cono
sur, el fin de la guerra civil en El Salvador planteó el
reto ineludible de la democratización política. Sin
embargo, en El Salvador -a diferencia de las experiencias del sur,
donde el sistema político institucional fue
prácticamente abolido por las dictaturas-, el final de la
guerra dejó como uno de sus saldos positivos un sistema
político relativamente establecido, en el cual precisamente
se insertó la izquierda.
En la actualidad, el proceso de instauración
democrática no deja de estar amenazado por actitudes y
prácticas autoritarias de viejo cuño. Qué duda
cabe que los acuerdos de paz imprimieron una dinámica
inusitada a la transición. En ellos se plantearon metas que
era ineludible cumplir si se querían sentar las bases de un
proyecto de nación menos excluyente y más pluralista
y participativo. Tras cuatro años de ejecución, los
acuerdos de paz han dado de sí todo aquello que
podían dar; con ellos, se dio un paso adelante en la
construcción de una nueva sociedad, aunque sin llegar a
agotar los requisitos de la misma. La transición ha entrado
a una nueva etapa en El Salvador, una etapa en la cual uno de los
aspectos más notorios es que no existe una agenda de
discusión, tal como sucedió con los contenidos y las
exigencias de los acuerdos de paz.
En cierto modo, El Salvador se ha quedado sin un rumbo claro
como nación. La transición se halla en una
encrucijada: el cumplimiento de los acuerdos de paz fue pensado
como un requisito imprescindible para avanzar hacia nuevos
propósitos en la democratización social y
política del país, pero a estas alturas ni se
cumplieron a cabalidad todos los compromisos adquiridos en
Chapultepec y Nueva York ni la democratización social y
política parece ir en la mejor dirección. Y, lo que
es peor, no hay un horizonte normativo, ético y
político, que no sólo marque el rumbo a seguir, sino
que permita evaluar los aciertos y desaciertos del proceso.
Sobre los déficit de la democratización social
se ha escrito y hablado hasta la saciedad. El empobrecimiento de la
mayor parte de la población aumenta sin cesar y nada
autoriza a pensar que ello vaya a ser corregido. La
democratización política, por su lado, ya ha
comenzado a mostrar sus límites más insuperables: una
población que se debate en la miseria difícilmente
puede estar interesada en la política, en sentido amplio,
esto es, en un compromiso con el bien común, el respeto a
las leyes y la responsabilidad social. Pero no sólo eso, la
formación de un sistema político mínimamente
pluralista no es suficiente para superar los vicios de una clase
política acostumbrada a traficar y a lucrarse con el poder
que le ha sido conferido por los electores.
No puede haber democratización política, por
ejemplo, cuando los funcionarios públicos de alto rango se
eligen en función de los intereses partidarios y no en
función del bien común. En este sentido, la
repartición de cargos que han venido practicando ARENA
(Fiscalía General), el Partido de Conciliación
Nacional (Corte de Cuentas) y el Partido Demócrata Cristiano
(Procuraduría General) en los últimos años
plantea serias dudas sobre el rol de los partidos políticos
y la asamblea legislativa, en el avance de la
democratización política. Más aún,
componendas de esa naturaleza plantean la duda de si no estamos
retrocediendo en materia política o si acaso, aunque no sea
lo más reconfortante, nuestra clase política se ha
quedado estancada en patrones de comportamiento no sólo
arcaicos, sino proclives a la corrupción, el tráfico
de poder y de influencias y el chantaje.
Tampoco puede haber democratización política
cuando desde el gobierno se difunden señales
inequívocas de intolerancia hacia la libertad de
expresión y hacia el derecho de los periodistas a guardar el
secreto de sus fuentes. Una muestra bochornosa de esta intolerancia
fue la detención del director del periódico Co-
Latino, Francisco Elías Valencia, a quien se le quiso
obligar judicialmente a revelar sus fuentes de información
sobre presuntos hechos de corrupción, ocurridos en la
Policía Nacional Civil.
Si a este panorama sombrío se añade la
inmovilidad de la sociedad civil, puesta de manifiesto en su
debilidad organizativa y en su fragmentación, la
situación se vuelve más preocupante. Sin una sociedad
civil fuerte, organizada y con capacidad de movilización y
presión, los derroteros del país se vuelven
más inciertos. En un escenario en el que prevalecen
comportamientos políticos arcaicos y en el cual la
prepotencia gubernamental se oculta cada vez menos, es importante
que la sociedad civil cobre protagonismo y resista los peligros de
una involución autoritaria en ciernes.
Después de la firma de los acuerdos de paz todo era
optimismo en El Salvador. Había razón para ello, pues
el proceso de transición recibió un empuje decisivo
con los históricos documentos. En la actualidad, es cada vez
más claro que los acuerdos de paz se han agotado y que, pese
a ello, la transición democrática no se ha encauzado
en una dirección irreversible. La amenaza de una
involución autoritaria no debería tomarse a la
ligera, como si fuese producto de mentes enfermizas o bandera de
lucha de los "enemigos" de la paz y la democracia. Lo alcanzado
hasta ahora no garantiza que no pueda emerger un autoritarismo de
nuevo tipo en el país, que dé al traste con lo poco
bueno que existe.
El Salvador atraviesa un momento sumamente difícil,
extremadamente inestable y con niveles de conflictividad social que
amenazan con derivar a situaciones insospechadas. Lo peor de todo
es que los actores sociales, políticos y económicos
se resisten a caer en la cuenta de la gravedad del momento actual;
no hay agendas ni proyectos que realistamente se hagan cargo de los
problemas cruciales del país. Es decir, el país
marcha a la deriva, sin conducción y sin rumbo claro. Y un
ambiente así se vuelve propicio para las salidas de fuerza,
desde el poder y sin restricciones, esto es, para las soluciones
autoritarias.
Quienes han creído que la transición hacia la
democracia es un asunto resuelto deberían repensar con
seriedad y honestidad sus presupuestos más queridos. Un
excesivo optimismo puede conducir a posiciones ilusorias y
peligrosas no sólo para quienes individualmente han logrado
hacerse un espacio en la incipiente democracia salvadoreña,
sino para instituciones y grupos sociales más amplios que,
so pretexto de defender los "espacios democráticos", pueden
desentenderse de aquellos aspectos de la democracia que afectan la
vida de amplios sectores de la población.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada en su
Manifiesto salvadoreño (ver Documentación) clama por
la elaboración de una teoría de la transición
a la democracia, lo cual es totalmente legítimo. Pero la
gremial también debería preocuparse -y junto con ella
todos los actores sociopolíticos y económicos del
país- por la elaboración de hipótesis y
reflexiones acerca de una posible involución autoritaria.
Como está el país, más vale estar prevenidos
que pecar de confiados.
Pese a la amenaza autoritaria, hasta ahora uno de los
principales logros de la transición democrática ha
sido que las fuerzas de izquierda puedan competir en igualdad de
condiciones con otras fuerzas políticas por hacerse de la
gestión del Estado. Uno de los primeros desafíos que
el proceso de democratización ha debido sortear ha sido el
lograr que el FMLM encontrara su lugar en el sistema
político y de partidos. Pero esto no es toda la
transición ni quizás lo más importante de
ella. Si la transición democrática en El Salvador se
reduce a la inserción del FMLN en el sistema
político, no sólo se estaría haciendo de la
transición un problema que debiera ser resuelto
básicamente por las élites políticas, sino que
se estaría dando la espalda a los desafíos más
graves de una transición más global, es decir, la
transición de una matriz socioeconómica a otra.
Como apuntamos arriba, en el cono sur, la transición se
desencadenó a partir de un conjunto de negociaciones entre
las élites empresariales y militares, ante el
desmembramiento de la sociedad civil, provocado por las dictaduras
militares. En El Salvador, hacer de la transición algo que
incluya únicamente a las élites partidarias y
empresariales significaría un desperdicio del potencial
sociopolítico de los sectores populares, los cuales en las
décadas de los setenta y los ochenta mostraron una capacidad
de movilización y organización nunca vista en la
historia de este país. No se trataría de un gesto de
agradecimiento del FMLN hacia los sectores populares ni de
fidelidad a los principios, sino de claridad política. No se
puede -aunque sólo sea por fines electorales- desperdiciar
el enorme potencial políticosocial de los sectores populares
movilizados y organizados antes y durante el desarrollo del
conflicto armado. La izquierda no puede permitirse el lujo de que
la sociedad civil permanezca en el letargo y la indiferencia
políticas.
Por lo demás, insistimos, la transición no se
reduce a una transición meramente política. Se tiene
que luchar por la profundización de la
democratización política de nuestra sociedad y uno de
los frentes de esa lucha camina por la ampliación de la
participación política de los sectores populares y
por hacer que esta participación conduzca hacia una
democracia social y económica, que a su vez potencie la
consolidación de un sistema político pluralista y
participativo. Pero no hay que perder de vista que la
democratización política es sólo una de las
dimensiones de la transición. El cambio de matriz
socioeconómica en el que se encuentran inmersos los
países del cono sur puede que también afecte a El
Salvador. Por lo menos no es occioso considerar el problema y
examinar el predominio creciente del mercado, así como las
transformaciones que están operando en el aparato estatal,
como síntoma de la emergencia de una nueva matriz
socioeconómica en nuestro país.
Si ello es así, los diferentes actores políticos
y sociales -participen o no en la gestión del poder- deben
enfrentar desafíos ineludibles y sin precedentes, para los
cuales no existen fórmulas prefabricadas. Habrán de
elaborarse fórmulas nuevas (económicas,
políticas y sociales) sin dar la espalda a los posibles
cambios del modelo socioeconómico y sin apostar, como
antaño, por fórmulas ya gastadas, porque lo
más seguro es que no resuelvan los problemas fundamentales
y tengan que ser reemplazadas por otras más audaces. Los
actores políticos y económicos del país deben
replantear sus estrategias políticas, sociales y
económicas no sólo en el marco de su
confrontación recíproca, sino en el horizonte de la
transición más global en la que, como ya hemos
señalado, la lógica del mercado tiende a imponerse y
el Estado deja de ser el eje mediador entre la economía y la
política.
En este marco, cabe preguntar ¨cuáles son los
desafíos que se le plantean a la izquierda latinoamericana
en el proceso de transición a la democracia? ¨Cómo
interpretar esos desafíos en el contexto de su
evolución en las últimas dos décadas?
En la configuración histórica latinoamericana
del siglo XX, la izquierda ocupa un lugar privilegiado. Desde el
trabajo de organización sindical que José Emilio
Recabarren (1876-1924) efectuó en las minas del norte de
Chile y el trabajo de organización estudiantil de Julio
Antonio Mella (1903-1929), en la Universidad de La Habana, a
principios de siglo, pasando por el triunfo de la revolución
cubana (1959) y el subsiguiente desarrollo de movimientos
guerrilleros como los Tupamaros y el MIR, hasta el triunfo
sandinista (1979) y la inserción del FMLN en el sistema
político salvadoreño (1992), la izquierda ha sido un
actor siempre presente en la vida social y política
latinoamericana.
La izquierda también ha sido no sólo la
filiación ideológico política que ha
abanderado los programas más progresistas de cambio social,
sino la que ha sacrificado más vidas humanas en su defensa.
Sin olvidar hechos como la masacre de los mineros de Santa
María Iquique, en 1907, o las ola represiva que
sacudió a Centroamérica en la década de los
años setenta y ochenta, una de las épocas más
duras para la izquierda latinoamericana ha sido la de las
dictaduras militares del cono sur. La "restauración del
orden" emprendida por los militares supuso la desaparición,
el asesinato o el encarcelamiento de cientos de militantes y de
líderes de la izquierda latinoamericana.
Sin embargo, la embestida de los militares no acabó con
la filiación ideológico política de izquierda.
La crisis de las dictaduras militares en la década de los
ochenta permitió abrir espacios que posibilitaron la
irrupción política de la sociedad civil. En esta
irrupción se hace presente la izquierda, que se inserta en
el proceso de transición a la democracia, iniciado en
América Latina con el colapso de los regímenes
burocrático autoritarios. Más aún, en la
transición a la democracia en el cono sur, la izquierda
juega un papel fundamental. Este papel le supuso tener que
enfrentar una serie de transformaciones, en orden no sólo a
fortalecerse para la competencia electoral, sino para redefinir los
referentes de identidad político ideológicos que le
fueron propios desde principios de siglo. Justamente el fin de
siglo encuentra a la izquierda latinoamericana inmersa en estos
cambios y transformaciones, es decir, inmersa en su propia
transición.
Así pues, la izquierda latinoamericana experimenta
profundas transformaciones en la actualidad. Estas afectan no
sólo sus referentes ideológicos y políticos,
sino también sus estructuras organizativas. Algunos
sostienen que, en este proceso, la izquierda se estaría
secularizando, es decir, estaría transitando de una
visión y praxis cuasi religiosa hacia una visión y
una praxis más desencantada y más anclada en los
mecanismos institucionales para hacer política. En esta
perspectiva, la izquierda estaría dejando tras de sí
el mesianismo y el utopismo, y se encaminaría
pragmáticamente hacia la construcción de un
socialismo posible.
Hasta donde lo que sus principales dirigentes proclaman, la
izquierda latinoamericana no abandona el proyecto socialista, pero
quiere hacer del mismo un proyecto factible. Para ello ha asumido
como desafío ineludible la democratización del
socialismo. Y ello en un doble sentido: como democratización
de sus estructuras internas y como integración
orgánica de la democracia en el proyecto socialista. Lo
primero ha supuesto una serie de cambios en orden a hacer de los
grupos de izquierda organizaciones de tipo partidista, no en la
tradición de los antiguos partidos comunistas, sino en una
línea más acorde con la tradición de los
partidos forjados para la competencia electoral, en las democracias
occidentales. Lo segundo ha supuesto hacer del socialismo un
socialismo democrático, con la subsiguiente
superación de la oposición entre socialismo y
democracia, que caracterizó a la izquierda más
radical de América Latina.
La izquierda de la región, pues, está viviendo
transformaciones profundas. Creemos que es pertinente leer este
proceso de transformaciones como un proceso de
liberalización y democratización. La izquierda se ha
propuesto convertir sus energías político
revolucionarias en energías político electorales, con
lo cual entraría en el espacio de la competencia -con otros
partidos políticos- por la gestión del aparato de
gobierno. Asimismo, la izquierda asume como propio el proyecto
democrático liberal, no ya como una fase transitoria hacia
una meta última -el socialismo y el comunismo-, sino como
algo que, en sí mismo, es una meta que conviene alcanzar y
por la que conviene comprometer las propias energías
políticas.
Al liberalizarse y democratizarse, la izquierda se ha puesto
a la altura de los tiempos, con las ventajas y las desventajas que
una transformación tan drástica pueda traer consigo.
La ventaja más evidente consiste en que esos cambios
permiten a la izquierda la sobrevivencia social y política
en un contexto internacional y regional, en el cual la quiebra del
proyecto histórico socialista es quizás irreversible.
La desventaja principal es que el proyecto liberal
democrático -de ser concebido en sus puras formalidades
institucionales y no como un proyecto integral de democracia
política y social- terminaría alienando a los
partidos de izquierda de los sectores populares. Estos
verían cómo las élites de izquierda se
disputan cuotas de poder sin atender, cuando no sea por mera
conveniencia política, sus intereses y sus necesidades
sociales y económicas. La liberalización plantea a la
izquierda desafíos ineludibles. No embarcarse en este
proceso le hubiera significado sucumbir como alternativa de poder;
pero una vez que lo ha hecho, corre el grave riesgo de sólo
sobrevivir nominalmente como izquierda.
La construcción de un socialismo democrático -al
estilo del propuesto por teóricos como Norberto Bobbio o
Ludolfo Paramio- es lo que hará que la izquierda siga siendo
tal, siempre y cuando el formalismo liberal -que es uno de los
requisitos básicos de la democracia- no se imponga y anule
el legado socialista, que en definitiva es un componente
fundamental del proyecto democrático liberal. Al asumir como
propio este proyecto, la izquierda latinoamericana no
estaría dejando tras de sí la utopía
socialista; simplemente, la estaría reactualizando y la
haría menos ilusoria y más factible. De ese modo, se
integrarían al socialismo el liberalismo y la democracia
como aspectos constitutivos, con lo cual no sólo
aquél ganaría viabilidad, sino que se
recuperarían dos de las tradiciones políticas e
intelectuales de más raigambre en occidente.
Luis Armando González