© 1996 UCA Editores
Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 571-572, mayo-junio
de 1996
Editorial
Obstáculos para el bien común
El deterioro de la situación económica y,
por consiguiente, de las condiciones de vida de los
salvadoreños es algo obvio, excepto para el gobierno,
que se empeña en afirmar que la economía
nacional marcha por buen camino. Lo único que reconoce
es un ritmo menor de crecimiento, que insiste en llamar
desaceleración -un término
económicamente heterodoxo. Todo ello para no hablar de
recesión, manifiesta en la disminución de la
actividad en todos los sectores de la economía,
excepto en el financiero.
Hace un año, el señalamiento principal
contra el segundo gobierno de ARENA era la falta de
dirección y liderazgo; ahora a tal señalamiento
se agrega el comienzo de lo que se puede llegar a convertir
en una crisis económica de grandes proporciones. En
cualquier caso, la mayoría de la población
siente de manera brutal el impacto negativo de la
economía sobre sus ya precarias condiciones de vida.
Los dos primeros años del segundo gobierno de
ARENA han resultado malos para el país. El gobierno no
sólo no ha cumplido con las metas que él mismo
se propuso, sino que la situación general de la
mayoría de los salvadoreños es peor ahora que
hace dos años. La persona no se encuentra en el centro
de la práctica política ni el desarrollo social
es prioridad, ni siquiera el desarrollo económico,
entendido en términos neoliberales, parece estar
asegurado. La sensación general es que El Salvador
retrocede en áreas vitales para consolidar las
posibilidades abiertas por el final de la guerra y los
acuerdos de paz.
Los fracasos, sobre todo en las áreas
económica y social, desvalorizan algunos de los logros
del gobierno actual. Es indudable que el gobierno actual ha
conservado la estabilidad macroeconómica, una
condición fundamental para el desarrollo
económico, aunque no la única. Ahora bien, su
logro más importante es la reforma educativa, puesta
en marcha en relativamente muy poco tiempo y cuyos primeros
resultados positivos ya se están haciendo sentir. En
salud se hacen algunos esfuerzos, pero la ausencia de un plan
impide avanzar de manera más decidida. En seguridad
pública se dan los primeros pasos firmes para combatir
el delito común, pero todavía no se ha podido
superar la barrera que impide establecer la verdad en
aquellos casos donde están implicados funcionarios
públicos o personalidades del mundo de la
política, de los militares y del capital. En cambio,
para la opinión pública, el logro más
importante es el ornato y arreglo de calles y parques, es
decir, la obra más visible.
El gobierno actual pudo aprovechar las posibilidades
abiertas por los acuerdos de paz y trabajar para reconstruir
un país más equitativo, más seguro y con
más oportunidades para sus habitantes, y, por
consiguiente, más democrático. Al cabo de dos
años, estas metas que, en 1992, cuando se firmaron los
acuerdos de paz, parecían alcanzables, se alejan cada
vez más en el horizonte. El presidente Calderón
justifica este fracaso alegando obstáculos
insalvables, que no se atreve a identificar. Sin embargo, es
necesario hacerlo, al menos para saber qué impide que
El Salvador avance hacia las metas que, en teoría, la
mayoría parece desear.
1. La lógica irreconciliable de lo económico y
lo social
El gobierno salvadoreño acepta a pie juntillas
los dictados de los organismos internacionales y los aplica
con extrema fidelidad, pensando, quizás ingenuamente,
que por ese camino llegará al desarrollo
económico. Sus esfuerzos han dado resultados: la
estabilidad macroeconómica es un ejemplo mundial del
ajuste estructural, los préstamos y las donaciones
fluyen fácilmente y la inflación se encuentra
bajo control. Sin embargo, estos no son todos los resultados
esperados. Pese al esfuerzo hecho, el desarrollo
económico es todavía un objetivo lejana.
De acuerdo al planteamiento de los organismos
internacionales, mientras se avanza hacia la prosperidad, los
efectos negativos de la política de estabilidad y
ajuste estructural en la población serán
paliados por una política social que, en la
práctica, nunca cuenta con fondos suficientes para
atender unas necesidades básicas que cada vez son
mayores y más urgentes. Con la misma ingenuidad
aparente, el gobierno salvadoreño acepta
también que el desarrollo económico y social
pueden ir de la mano y, por lo tanto, el mercado y el Estado
pueden cooperar armónicamente en la consecución
del bien común. Para ello bastaría con integrar
lo social en el discurso económico.
En realidad, esta última idea también
proviene de los organismos internacionales, en los cuales
cada día hay más conciencia de que su
política económica actual no lleva a la
prosperidad ni al bienestar. Para llenar este vacío
han agregado lo social, pero sin que esta dimensión
afecte realmente sus decisiones económicas. Las metas
aparentemente están claras, lo que no se sabe es
cómo llegar a ellas sin afectar los grandes intereses
del capital.
Los resultados de tanta ingenuidad están a la
vista. Los beneficios de la estabilidad macroeconómica
no setraducen en niveles elevados de producción, en el
incremento del empleo, en una canasta básica asequible
para la mayoría ni, en general, en la
disminución de la pobreza -el 51 por ciento de los
salvadoreños vive en pobreza absoluta. Es
difícil pensar que quienes toman las grandes
decisiones sobre la economía nacional solamente buscan
obtener unos resultados macroeconómicos que a todas
luces son incompletos; si éste fuera el caso,
estarían condenando a la pobreza a la mayoría
de la población salvadoreña, mientras que su
discurso, además de demagógico, sería
cínico.
En este contexto de crisis, el gobierno y la gran
empresa privada plantean la privatización de los
activos estatales como la gran panacea. Ambos prometen
servicios mejores y más baratos. No obstante, los
resultados de la privatización de la banca son una
advertencia seria acerca de lo que le puede esperar al
país con la privatización de los servicios
públicos. Uno de los argumentos más utilizado
para justificar la privatización de la banca fue que
democratizaría el crédito, lo cual, a su vez,
estimularía la producción. La evidencia muestra
que, en lugar de democratizarse, el crédito se ha
vuelto tan exclusivo y caro que ahoga la producción.
Las políticas crediticias de la banca no coinciden con
los intereses nacionales, ni siquiera favorecen a los grandes
empresarios. El crédito está orientado hacia
aquellas áreas donde las ganancias son más
rápidas y cuantiosas, las cuales no coinciden
necesariamente con los intereses nacionales o con los de
algunas grandes empresas privadas. La lógica del
capital no está determinada por el desarrollo
económico, sino por el lucro (ver þLa
modernización posibleþ, ECA, 1996, 570, pp. 275ss.).
El sector bancario y financiero es el que más se
ha beneficiado de las políticas gubernamentales. No
sólo se ha consolidado, sino que ha concentrado la
riqueza en unos volúmenes hasta ahora desconocidos. La
otra cara de esta actividad tan altamente rentable es el
empobrecimiento de la mayoría de la población,
incluida la débil clase media, que se ve empujada
inexorablemente hacia la franja de la pobreza. La voracidad
de la banca ha causado fracturas importantes en el capital
industrial y comercial y protestas entre los medianos y
pequeños empresarios.
Así, pues, la privatización de los
servicios públicos no producirá servicios
mejores ni más baratos, ni conducirá al
país, como un todo, hacia la prosperidad y el
bienestar. Su razón de ser obedece a otra
dinámica muy diferente a la del bien común. El
gran capital, nacional y transnacional, considera la
inversión en estos activos públicos
privatizados como un campo nuevo de inversión, donde
puede seguir obteniendo ganancias elevadas a corto plazo, las
cuales ya no puede acumular en otras actividades
económicas. La fuerza que empuja hacia la
privatización no es el servicio, sino la de la mayor
rentabilidad. La lógica del capital, orientada al
lucro, y la del bienestar público, orientada al bien
común, no coinciden. De ahí que sea necesaria
la intervención del Estado, cuya obligación
primera es velar por este último y no tanto por
aquél otro.
No se puede negar que el gobierno actual sabe a
dónde debiera conducir el país, al menos en
términos generales. Pero o no encuentra los medios
adecuados para ello o los que adopta no son los más
apropiados para alcanzar las metas propuestas. Las medidas de
corto plazo anunciadas por el gobierno, al cumplir su segundo
año en el poder, son un buen ejemplo de esta
inadecuación de los instrumentos. Por un lado, su
carácter cortoplacista e inmediatista limita su
alcance. En efecto, las medidas están orientadas a
contener el comienzo de la crisis, no a buscar soluciones
estructurales de mediano y largo plazo. Por otro lado, surgen
serias dudas sobre si generarán empleo,
dinamizarán la producción y habrá dinero
suficiente para financiarlas.
Por lo demás, algunas de estas medidas demuestran
que la empresa privada salvadoreña no es competitiva
y necesita ser protegida por el Estado, lo cual la despoja de
solvencia para justificar la privatización de los
activos públicos alegando la ineficiencia de la
empresa estatal y al mismo tiempo muestra la inconsistencia
de su ideología neoliberal, puesto que, según
ésta, el mercado es la norma suprema que decide
quién gana y quién pierde. El veredicto parece
bastante claro, gana el capital transnacional y pierde el
nacional. Por lo tanto, según las tesis neoliberales,
el Estado no debiera intervenir para proteger y rescatar a
este último.
Ahora bien, si el Estado interviene a favor del capital
nacional, ¨por qué no interviene también a
favor de la mayoría de los habitantes de El Salvador?
Argumentar con las tesis neoliberales no intervencionistas es
una falacia. El Estado está obligado a velar por la
prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos y, en
particular, por los más vulnerables, que constituyen
la mayoría. Por lo tanto, así como interviene
para proteger los intereses del capital nacional debiera
intervenir también para promover el bienestar de la
mayoría de la población. La cuestión no
es si debe o no debe intervenir, sino a favor o en contra de
quién lo hace.
Siempre se puede argumentar que quien quiere los fines
pone los medios para alcanzarlos. Es decir, si el gobierno
actual realmente estuviera comprometido con el desarrollo
económico y social del país, pondría los
medios adecuados para conseguirlos. De hecho, aquí es
donde se encuentra uno de los obstáculos principales
del gobierno actual. No puede poner los medios apropiados
para asegurar el bien común porque se encuentra atado
a los organismos internacionales por ideología y por
la condicionalidad de los préstamos y porque,
además, se encuentra atrapado en la maraña de
los intereses del gran capital nacional y transnacional.
2. Las sobras son insuficientes para el desarrollo social
El desarrollo social ocupó un lugar destacado en
el discurso oficial, que puso de moda el tema; pero
últimamente éste ha caído en el olvido.
Pareciera que ha sido víctima del desuso en el que
toda moda cae. Por lo que toca al presupuesto, en la
actualidad, la cantidad asignada al área social es
menor, en términos absolutos, que la asignada en 1995,
alejando así la posibilidad de representar el 50 por
ciento, al final del mandato del gobierno de Calderón,
tal como éste lo prometió. Una de las
contradicciones que más llama la atención en la
distribución del presupuesto nacional es que siendo
tan insuficiente el financiamiento para el área social
se mantenga la elevada cantidad asignada a la defensa
nacional, la cual incluso aumenta, en términos
absolutos. Dadas las necesidades sociales ingentes y el
compromiso público del gobierno de ARENA por
aliviarlas, es injustificable que el país siga
gastando sumas enormes en defensa, tanto más cuando la
posibilidad de enfrentar un conflicto armado es sumamente
remota.
Consecuentemente, entonces, las necesidades
básicas de la población no pueden ser atendidas
satisfactoriamente: 153 mil niños menores de cinco
años están desnutridos, la mortalidad infantil
asciende a 46 por mil, el 40 por ciento de la
población no tiene acceso a los servicios de salud,
las enfermedades contagiosas que se creían erradicadas
han rebrotado con renovada fuerza como consecuencia del
deterioro de las condiciones de vida, el 53 por ciento no
tiene agua potable, el 29 por ciento de la población
es analfabeta y no es previsible que esta carencia disminuya,
379 mil niños no tienen acceso a la educación,
270 mil niños trabajan para subsistir -la
mayoría de las veces participan en actividades
insalubres o peligrosas, que los alejan de la escuela y los
exponen a la violencia callejera, la prostitución, la
drogradicción y la criminalidad-, el déficit de
vivienda asciende a 470 mil y el medio ambiente se degrada
cada vez más (ver el informe de 1995 de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos).
Uno de los efectos de este descuido inexcusable es la aguda
escasez de agua. El agua se está volviendo un bien
escaso, cuya posesión ya está ocasionando
conflictos sociales. Según estudios recientes, el
país sólo tiene agua para diez años,
realidad que el gobierno se niega a reconocer.
El gobierno actual no es responsable de todos estos
problemas, cuyo carácter es estructural y su
existencia data de muchas décadas. El
desinterés de los gobiernos anteriores y el
crecimiento demográfico han agravado de tal manera la
insatisfacción de las necesidades básicas de la
población que ésta ahora se han vuelto un
problema de graves proporciones. Tampoco es posible esperar
que este gobierno resuelva en cinco años todos estos
problemas. Lo que sí se puede y debe esperar, y
exigir, es que comience a dar los primeros pasos para
solucionarlos realmente. Para ello se necesitan planes de
alcance nacional, cuya meta última sea satisfacer
tantas necesidades insatisfechas.
El Salvador no puede andar bien socialmente si la
riqueza nacional se concentra cada vez más en pocas
manos, aquéllas que se apoderaron ilegalmente de la
banca. Lo que sobra a estos grandes capitales es poco para
atender las necesidades cada vez mayores de la gran
mayoría de la población. Esta situación
no se puede justificar alegando el bajo nivel del ingreso per
cápita, porque países con un ingreso menor que
El Salvador (Ecuador, por ejemplo) atienden mejor las
necesidades básicas de su población,
redistribuyendo más equitativamente su riqueza
nacional. Hasta ahora, el gobierno salvadoreño se
limita a atender a duras penas algunas de las necesidades
más urgentes; pero a todas luces, éstas superan
su capacidad de planificación, financiamiento y
acción.
En estas condiciones la paz social no puede sino ser una
meta inalcanzable. Una de las características de la
sociedad salvadoreña de fin de siglo es la violencia.
El empobrecimiento, la ruptura de las estructuras familiares,
comunitarias y asociativas, la posesión
prácticamente incontrolada de las armas de fuego de
toda clase y la proclividad a reaccionar agresivamente han
hecho que las relaciones sociales se vuelvan
predominantemente violentas. De hecho, el promedio anual de
muertes violentas de los dos últimos años
asciende a 8,506, lo cual significa que el índice de
estas muertes ha aumentado en un 36 por ciento en
relación a los doce años de guerra, en los
cuales habría muerto 75 mil personas (un promedio
anual de 6,250). La difusión de las armas de fuego
permite hablar de una sociedad en armas contra sí
misma, mientras que la generalización de la violencia
muestra la existencia de una guerra de todos contra todos, un
conflicto difuso, sin normas e ideología, pero mucho
más mortal que la guerra civil.
Así como algunos sectores sociales importantes se
niegan a reconocer las causas que llevaron a la sociedad a la
guerra civil o los hechos más aberrantes cometidos
durante ella, ahora se resisten a reconocer la existencia de
una cultura de la violencia y de la muerte. En lugar de ello,
prefieren reducir la violencia a delincuencia y ésta
la concentran en los jóvenes. De esta forma, la
juventud hace las veces de chivo expiatorio de unos patrones
de conducta de los cuales todos somos responsables, porque
todos contribuimos activamente a difundirlos y a
reproducirlos. Este recurso permite, además, ocultar
la existencia del crimen organizado, del crimen
político y de toda clase de tráfico ilegal (ver
Pronunciamiento de la Universidad Centroamericana
þJosé Simeón Cañasþ, þLa violencia no se
combate con más violencia. Un llamado a la sensatezþ,
ECA, 1996, 569, p. 149ss.).
No obstante esto, atribuir la delincuencia a la juventud
tiene un punto de apoyo real. Las estadísticas
demuestran claramente cómo los niños y los
jóvenes son excluidos de la familia, la comunidad, la
religión, la educación y, por consiguiente, de
las posibilidades sociales para alcanzar una vida digna. El
sistema social predominante es fundamentalmente excluyente y
no se hace nada serio para modificar esa dinámica. La
reacción de la juventud excluida adquiere la forma de
bandas y de delincuencia. La respuesta represiva del gobierno
muestra su incapacidad para comprender y enfrentar un
fenómeno social de grandes proporciones.
La generalización de la violencia, exagerada y
distorsionada por los grandes medios de comunicación,
interesados en cultivar el morbo de la opinión
pública y en vender amarillismo, alimenta el miedo en
la población. Antes fue la guerra, después
fueron los asesinatos de los escuadrones de la muerte y ahora
es la violencia, en sus múltiples formas. Una
población aterrorizada muy difícilmente se
organizará para exigir la satisfacción de sus
necesidades básicas y para pedir alternativas
políticas viables. Pese al alto costo de la violencia,
incluso entre las clases altas, las ventajas para la clase
política y el Estado no son despreciables. Preocupada
por su seguridad individual y por asegurar un medio de vida,
la población no presta atención a otras
cuestiones sociales y políticas, que podrían
cuestionar el orden establecido.
El desprecio a la vida humana inherente a la
generalización de la violencia incluye también
la vanalización de lo humano. La angustia y la
desesperación de la población son explotadas
por una serie variada de espectáculos públicos
-musicales, deportivos y religiosos-, donde la afectividad
individual puede ser descargada, produciendo un alivio
momentáneo, pero de los cuales no se sale siendo
más humano. Estos espectáculos son espacios muy
útiles para poder continuar, pero de ellos no se puede
esperar más humanidad ni la promesa de un futuro
mejor. Estas concentraciones masivas no ayudan al individuo
ni a la sociedad a superar los obstáculos que les
impiden avanzar hacia el bien común, pero son muy
populares por su utilidad para continuar siendo lo mismo, en
las mismas circunstancias.
Al concluir la guerra se introdujo la idea de construir
una cultura de paz, concebida como un medio para superar la
polarización social y política, heredada del
conflicto. Supuestamente, la cultura de paz era el camino
hacia la reconciliación nacional. Hasta ahora, ni la
idea ha encontrado eco en la sociedad ni la
polarización ha disminuido sustancialmente, tal como
lo muestran las encuestas de opinión pública,
aunque existen ciertos ámbitos donde las posiciones
encontradas pueden ser discutidas con bastante libertad. Sin
embargo, el incremento desproporcionado de la violencia
debiera ser una razón más para decidirse a
trabajar por una cultura de paz. Ahora bien, la
construcción de esta cultura pasa por el
reconocimiento previo de la existencia de una cultura de la
violencia y de la muerte. El obstáculo principal que
por ahora encuentra una cultura de paz tan necesaria es la
resistencia a reconocer esta realidad violenta y mortal que
le debiera servir como punto de partida. Una cultura de paz
auténtica sólo puede consistir en hacer contra
la violencia, sin ello el esfuerzo será vacío
e ineficaz.
Los índices macroeconómicos positivos y el
crecimiento
y la concentración de la riqueza que aquéllos
han estimulado se encuentran cuestionados seriamente por un
crecimiento, también desproporcionado, de las
necesidades básicas insatisfechas de la
población. No se trata tanto de un problema
demográfico como de un problema de distribución
de la riqueza nacional. La emigración þforzadaþ ya ha
contribuido de forma notable a aliviar la presión
demográfica sobre los recursos nacionales y, de hecho,
no se puede esperar que la presión interna disminuya
mucho más. Dicho de otra manera, las necesidades
básicas de la población no se pueden atender
con sobrantes. Además de una política social
coherente, se necesita un financiamiento del cual el gobierno
actual no dispone por ahora.
Entonces, el dilema que debe ser superado consiste en
redistribuir la riqueza nacional para atender las necesidades
básicas de la población o continuar dedicando
sólo el sobrante, permitiendo la concentración
libre y escandalosa de la riqueza. De la solución de
este dilema depende la vida de miles de salvadoreños
y, en definitiva, la viabilidad de El Salvador como
nación.
3. El autoritarismo neoliberal
Los espacios políticos abiertos por los acuerdos
de paz tienden a cerrarse, imposibilitando cada vez
más el debate de los temas nacionales, entorpeciendo
el desarrollo de las instituciones nacidas a raíz de
dichos acuerdos o estorbando la transformación de las
antiguas. Esta tendencia manifiesta en la incapacidad para
discutir, en la intolerancia ante la crítica y
últimamente en la amenaza abierta indica que algo
grave está pasando con la apertura democrática.
La polarización tiende a reforzar una dualidad
política contraria al pluralismo democrático,
al mismo tiempo que divide entre los amigos y los enemigos
del partido mayoritario y, por ende, del régimen,
inhibiendo la participación de otros sectores que
podrían proponer otras alternativas. Los asuntos de
interés nacional no se debaten suficientemente y las
decisiones son impuestas por la mayoría de votos de
ARENA. Los medios de comunicación social, salvo
algunas excepciones notorias, por propia iniciativa o
presionados por el gobierno y las agencias de publicidad, se
pliegan cada vez más al discurso oficial, silenciando
las voces alternativas y la realidad nacional misma. Los
escuadrones de la muerte siguen representando una amenaza
real para la oposición -e incluso para quienes
simplemente disienten- al orden establecido.
El gobierno únicamente dialoga con la
oposición política como último recurso
para obtener respaldo en una situación difícil.
En cualquier caso, estas conversaciones son encuentros
aislados de los cuales no se siguen planes de acción
conjunta de mediano plazo. El presidente de la
república no sólo no escucha a la
oposición, sino que se permite despreciarla en
público. Las organizaciones populares independientes
tampoco son escuchadas, sus reclamos son descartados como
simple manifestación de una oposición
política irracional y ambiciosa y sus protestas
callejeras son duramente reprimidas por la policía.
Las gremiales de la gran empresa privada tienen mejor suerte,
pues encuentran más eco en las altas esferas
gubernamentales, pero sus reclamos no siempre son atendidos -
al menos no con la rapidez y en el sentido deseados.
El obstáculo principal para la apertura
política radica en las pretensiones del partido ARENA
que, no obstante tener un control indisputado del aparato
estatal y mantener una ventaja bastante cómoda en las
preferencias electorales de la población, aspira a
ejercer el poder de una forma prácticamente absoluta.
Dadas las seguridades derivadas de esas ventajas, ARENA
debiera poder y saber gobernar de una forma amplia y abierta.
Tiene suficiente margen y poder como para mostrarse
magnánimo y generoso, respetuoso del derecho y
honestamente preocupado por el bienestar de la
población. Sin embargo, estas ventajas no parecen ser
suficiente garantía para el partido mayoritario, el
cual tampoco sabe ver con claridad las ventajas
políticas de un gobierno democrático.
Consecuentemente, la oposición es considerada
como un estorbo casi intolerable, que debiera ser eliminado
o al menos reducido a la pasividad. Para esta mentalidad
absolutista, el triunfo electoral equivale a un cheque en
blanco para gobernar a su arbitrio, incluso en contra de los
tratados internacionales y las leyes fundamentales de la
república. Por este camino sólo se puede llegar
al gobierno autoritario. Se trata de un autoritarismo civil
de corte mexicano, pero no menos férreo que el
militar.
Aun cuando el presidente de la república quisiera
promover el pluralismo político, el debate abierto y
la participación amplia de la ciudadanía en las
grandes decisiones nacionales, las tendencias predominantes
en su partido no se lo permitirían. Más
aún, fuera de la dirigencia del partido oficial son
muchos los que piensan que el autoritarismo es la forma
idónea para gobernar El Salvador. Esto se ha podido
comprobar reiteradamente al pedir, por ejemplo, la pena de
muerte para sancionar ciertos crímenes o leyes
más duras para combatir la delincuencia, sin detenerse
a analizar la compleja problemática de la violencia y
resistiéndose a reconocer los avances de la
jurisprudencia.
El consenso es otra manifestación del
autoritarismo. ARENA y su gobierno abogan insistentemente por
un consenso nacional. Pero por consenso entienden, no la
conclusión compartida después de una
discusión amplia y libre, sino la conformidad con sus
decisiones. ARENA quisiera que las determinaciones adoptadas
unilateralmente fuesen acatadas por todos. A veces ni
siquiera guarda las formas acostumbradas, pues ya no intenta
justificar sus decisiones invocando el interés
nacional. Por lo tanto, en este planteamiento no caben la
disensión ni la discusión, sino la conformidad.
En realidad, el consenso que ARENA pide es similar al que
antes imponían las dictaduras militares.
Ante este autoritarismo civil de viejo cuño,
algunos partidos políticos (Conciliación
Nacional y Democracia Cristiana) se suman al partido
mayoritario (ARENA) para obtener ventajas políticas y
económicas; otros, en concreto los de la izquierda
(Convergencia Democrática y FMLN), todavía no
han podido articular una oposición real por falta de
ideas, de experiencia y, en definitiva, de compromiso claro
con los intereses de las mayorías populares. Grupo
aparte forman los indecisos y vacilantes (el Partido
Demócrata y el Movimiento de Renovación Social
Cristiano), que se esfuerzan por conformar un centro
político que contribuya a despolarizar la
práctica política, pero sin definir
todavía su línea.
La clase política se considera a sí misma
muy importante y, en cierto sentido, lo es. Aunque
quizás no tanto como ella piensa. Ciertamente, no es
reemplazable por otras fuerzas o movimientos, ni siquiera por
las organizaciones no gubernamentales, pero no está a
la altura de las circunstancias del país. Las
ambiciones personales, el interés por medrar en la
política y la falta notable de ética la
desprestigian y, por lo tanto, proyecta una imagen equivocada
de lo que debiera ser la práctica política. La
corrupción de la clase política ha permitido a
sus miembros enriquecimientos ilícitos y ocupar cargos
públicos, pero al mismo tiempo ha debilitado
notablemente las estructuras partidarias,
dividiéndolas y fragmentándolas, socavando
así la institucionalidad misma del Estado. Todo lo
cual, en último término, favorece a ARENA.
La proliferación de partidos políticos no
es prueba de democracia ni de pluralismo, sino
manifestación de debilidad. La decadencia de la clase
política y de sus institutos es inocultable. El grado
de deterioro y corrupción es tal que las
campañas de imagen no surten el efecto buscado: unos
por autoritarios, otros por oportunistas, otros por indecisos
y otros, finalmente, por no representar los intereses
populares que dicen representar y que debieran representar.
Los devaneos de la clase política también
han debilitado la institucionalidad estatal. La asamblea ha
dejado de ser el foro donde se discuten los problemas
nacionales y las decisiones son impuestas autoritariamente
por el partido mayoritario. La ineficiencia, la
descoordinación e incluso la contradicción
abierta entre la presidencia de la república y los
ministerios forman parte de la vida y del humor nacional. La
ignorancia, la lentitud y la corrupción del sistema
judicial son un grave obstáculo para la
consolidación de un Estado de derecho. Nadie debiera
extrañarse, entonces, del escepticismo de la
población frente al Estado y sus funcionarios.
El final de la guerra se ha hecho sentir en todos los
ámbitos de la vida nacional, pero sin alcanzar los
objetivos democratizadores propuestos por los acuerdos de
paz. En este sentido, El Salvador perdió una
oportunidad histórica más para repensar el
país desde una perspectiva democrática. La
responsabilidad mayor es de la derecha, pero también
la debilidad de la izquierda tiene su parte. En octubre de
1995, el gobierno quiso aprovechar la finalización del
mandato de la misión verificadora de Naciones Unidas
para deshacerse de ella, alegando haber cumplido con todos
los compromisos adquiridos. De haberlo logrado, se hubiera
apuntado un triunfo político y al mismo tiempo se
hubiera desecho de una verificación molesta, que
estorbaría el avance de su proyecto autoritario. Pero
el gobierno salvadoreño calculó mal. Pese a sus
reclamos, la comunidad internacional no aceptó que los
acuerdos estuviesen concluidos. La permanencia de una
misión de Naciones Unidas en el país, aunque
reducida a su mínima expresión, no sólo
es un recordatorio del no cumplimiento gubernamental, sino
que es también un valladar contra las aspiraciones
autoritarias del gobierno de ARENA.
No obstante los incumplimientos y las tendencias
autoritarias del gobierno salvadoreño actual, la
comunidad internacional no parece estar dispuesta a seguir
dando la batalla, exigiendo la democratización de El
Salvador, tal como quedó establecido en los acuerdos
de paz. La contraparte del acuerdo no tiene fuerza para
exigir el cumplimiento de estos compromisos. Así, todo
pareciera indicar que la fase de postguerra está
llegando a su final. Dados los resultados, es equívoco
calificar la transición como democrática -sin
desconocer por ello algunas cosas buenas derivadas de ella-,
al menos en su conjunto.
En realidad, el país transita otra vez por los
caminos del autoritarismo. Por eso, valdría la pena
preguntarse dónde se desvió la
transición hacia el autoritarismo. Pero esto es tema
de otro editorial. De momento baste afirmar que los acuerdos
de paz parecen haber dado de sí todo lo que
podían dar para sacar al país de la guerra
civil. Dado el estado de cumplimiento de los acuerdos, de
éstos sólo se puede esperar realistamente el
cumplimiento de algunos compromisos aún pendientes.
Pareciera, pues, que se cierra una fase importante de la
historia salvadoreña y se abre otra, dominada por el
autoritarismo neoliberal.
El tiempo de las grandes esperanzas abierto por los
acuerdos de paz se está cerrando inexorablemente. La
realidad económica, social y cultural neoliberal se
imponen. Sin embargo, la inevitabilidad con la que la
presentan sus promotores no es suficiente como para eliminar
todo atisbo de esperanza. Ciertamente, la gran
solución no se vislumbra, pero eso no quiere decir que
no la haya. Esto significa que habría que buscarla con
mayor ahínco.
Aunque hay suficientes razones para la desesperanza y
para desesperarse, también existen poderosas razones
para esperar. Si, por una parte, la desesperación
puede llevar a la pasividad y a la apatía o a la
protesta violenta, por otra parte, desde el convencimiento
profundo de que lo que existe no debiera ser y desde la
certeza de que existen otras alternativas más
equitativas, solidarias y democráticas pueden sacarse
fuerzas e ideas para trabajar denodadamente por ellas. El
neoliberalismo autoritario podrá negar las
satisfacción de las necesidades básicas,
podrá incluso imponer su régimen autoritario,
pero no podrá adueñarse de la esperanza.
San Salvador, 27 de junio de 1996.