© 1996 UCA Editores
Comentario Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 571-572,
mayo-junio de 1996.
El discurso presidencial:
ilusiones y realidades
Al menos una cosa buena tuvo el discurso del presidente
Calderón del 1 junio en la asamblea legislativa sobre
su segundo año de gobierno y es que reconoció
que la situación general del país no es buena,
que las medidas económicas adoptadas no han arrojado
los resultados esperados y, por lo tanto, es necesario
retrasar otras ya decididas y, en cambio, adoptar otras
nuevas. þNo puedo estar conforme con los problemas que
viven... las amas de casa, los empleados y trabajadores de
bajos ingresos; y más aún [sic] con las
dificultades que padecen nuestros hermanos por falta de
trabajo y otras oportunidadesþ, declaró el presidente
al comienzo de su discurso anual. Aunque no reconoció
la existencia de una recesión económica,
sí aceptó que desde hace meses, la
economía nacional experimenta problemas serios -þel
ritmo de la economía se ha vuelto más lentoþ
(ver el texto en la sección de documentación de
esta edición).
Es bueno reconocer que, pese a los esfuerzos que se
puedan haber hecho, los resultados económicos no son
los esperados -þes innegable que el costo de la vida ha
ocasionado una natural preocupaciónþ, que falta el
trabajo, la vivienda, el agua potable y las escuelas-, porque
es el punto de partida indispensable para poder hacer las
correcciones e introducir los cambios necesarios. Otra cosa
es que las doce medidas propuestas por el presidente
Calderón sean las más adecuadas para corregir
el deterioro alarmante de las condiciones de vida de la
mayoría de la población (ver el comentario
siguiente þDe crisis y solucionesþ). Este reconocimiento
presidencial es más importante porque hasta ahora, el
gabinete económico y ARENA en general se negaron a
reconocer que la vida fuese más difícil que
hace dos años.
No obstante, el gobierno actual no tiene claridad sobre
la realidad del país ni, por consiguiente, puede
tenerla sobre las políticas apropiadas para alcanzar
las metas del desarrollo económico y social, que
planteó hace dos años. El discuso presidencial
del 1 de junio es una buena muestra de esta confusión,
predominante en los círculos gubernamentales. El
presidente Calderón abrió su discurso
reconociendo el elevado costo de la vida y,
consiguientemente, el deterioro de las condiciones de vida de
la mayoría de los salvadoreños, por todo lo
cual dijo estar preocupado; pero, paradójicamente, en
el cuerpo de su discurso, al describir las obras más
relevantes de su segundo año de gobierno, dijo sin
ningún reparo que los logros alcanzados en el
área social þse han traducido en un mejoramiento de la
calidad de vida de la poblaciónþ. Si existen mejoras,
no hay razón para estar preocupado ni para adoptar
medidas de corto plazo. Estas contradicciones son
preocupantes, porque si no hay claridad en el
diagnóstico, tampoco la puede haber en las medidas que
se deben adoptar.
Y es que en el discurso presidencial del 1 de junio
predomina la ideología sobre la objetividad. El texto
tiene una parte central que, sin duda, fue elaborada
independientemente de la introducción, donde se
reconoce que las cosas no van bien, y de la parte final,
donde se anuncian doce medidas, destinadas supuestamente a
corregir el rumbo de la economía. El cuerpo del
discurso pertenece a la retórica tradicional con la
cual los presidentes suelen describir alegremente sus logros
gubernamentales cada año, pero sin relacionarlos con
la realidad del país.
Por ejemplo, el presidente Calderón dijo que
estaba þinvirtiendo las más altas asignaciones
presupuestarias de la historia para atender la salud
preventiva y mejorar las condiciones ambientales del pueblo
y los servicios de saludþ, pero no explicó
cuánto haría falta gastar para atender a toda
la población o cuánta población no tiene
acceso a estos servicios ni cómo se encuentra la salud
general de la población. De la misma manera,
informó que su gobierno había instalado 26 mil
servicios nuevos de agua potable, pero pasó por alto
que este bien se ha convertido en otro problema agudo del
país. En este sentido, el presidente se limitó
a pedir þa los que tenemos este servicio, solidarizarnos con
los miles de salvadoreños que aún no lo
tienenþ. Asimismo, anunció que había facilitado
vivienda a 4,500 familias, pero se le olvidó
señalar que el déficit habitacional asciende a
unas 470 mil viviendas aproximadamente.
En su recorrido por los tópicos del discurso
anual tampoco dijo nada sobre el medio ambiente, el
transporte público, la energía, la
corrupción, el crimen organizado, el terrorismo, la
impunidad y la reconciliación. Todos ellos temas
críticos de la agenda nacional. Estos silencios son
mucho más elocuentes que la lista de obras del segundo
año. En cualquier caso, estos presuntos éxitos
gubernamentales no encajan con la preocupación que el
presidente Calderón manifiesta al comienzo de su
discurso.
Pareciera, pues, que la sección introductoria y
la final fueron añadidas a última hora o
quizás fueron redactadas por personas distintas y
nadie se molestó en leer todo el discurso de corrido
para velar por su coherencia. En efecto, en el cuerpo central
de su discurso, el presidente Calderón habló
del país de las maravillas, que sólo existe en
los deseos y las ilusiones de los ideólogos de su
gobierno. En las otras dos secciones, intentó hablar
de El Salvador real.
El contraste entre estos dos países, el real y el
de las ilusiones areneras, no es solamente una
cuestión formal, sino que, además, muestra la
incoherencia con la que se dirige el gobierno. Lo grave de
todo esto es que con semejantes incoherencias, los problemas
más graves del país no se pueden resolver. En
realidad, los dos primeros años del segundo gobierno
de ARENA han resultado malos para El Salvador. Es evidente
que el gobierno actual no ha podido cumplir con las metas que
él mismo se impuso el 1 de junio de 1994. Ni el hombre
ni la mujer salvadoreños se encuentran en el centro de
la práctica política ni el desarrollo social es
una prioridad, ni siquiera el desarrollo económico,
entendido en términos neoliberales, está
garantizado. Indudablemente, los períodos
presidenciales se vuelven cortos ante la complejidad de la
tarea, pero el punto crítico aquí es que el
gobierno actual no ha podido orientar el país en la
dirección correcta para poder alcanzar dichas metas en
el futuro previsible.
La estabilidad macroeconómica -por la cual el
gobierno se siente más orgulloso, sobre todo porque
los organismos internacionales no sólo le otorgan un
sobresaliente, sino porque, además, lo ponen como
ejemplo- está siendo seriamente cuestionada por la
falta de productividad y por la extensión y
profundización de la pobreza. Hay señales
bastante claras que indican que la economía no
está respondiendo a las expectativas neoliberales. El
dinero es escaso y caro. El desempleo es señalado por
la opinión pública como la causa primera de la
delincuencia común. Los comerciantes se quejan de
desaceleración o contracción. Otros proponen
acelerar las privatizaciones como la gran solución.
Mientras tanto, los directores de la economía nacional
tratan de calmar los ánimos de unos y otros,
asegurando, sin mucho convencimiento, que todo marcha bien,
que las dificultades son pasajeras o producto de
cálculos demasiado optimistas. No obstante estas
explicaciones inconsistentes, el índice del
crecimiento económico nacional tiende a la baja
implacablemente.
El desarrollo social tuvo mucha importancia en el
discurso oficial, pero ya ha caído en desuso, incluso
a este nivel. El compromiso gubernamental para combatir y
erradicar la pobreza carece de contenido y suena
vacío. La meta parece estar clara, el problema crucial
es que el gobierno no sabe cómo llegar a ella. Si
piensa que con el rebalse y con una buena parte del producto
de la venta de los activos públicos la
alcanzará, la realidad le está demostrando
cuán imprecisos son sus cálculos. Por eso es
tan importante contar con un diagnóstico lo más
riguroso posible acerca de las necesidades básicas de
la población. Este dato sería suficiente para
desenmascarar las expectativas triunfalistas de los
diseñadores de la política económica y
para hacer reflexionar a los sensatos sobre otro tipo de
alternativa para la población salvadoreña.
Dos años después de haber asumido el poder
del Estado, el gobierno actual no sólo no ha podido
resolver ninguno de los graves problemas que aquejan a la
población, sino que éstos han empeorado
considerable y alarmantemente. En realidad, es poco lo que se
ha hecho por el bien del país. El ámbito
educativo es donde más se ha avanzado. La reforma
educativa representa un esfuerzo ejemplar para las otras
áreas de la administración pública y es
un esfuerzo que promete mucho a mediano plazo. En las otras
áreas gubernamentales se hacen esfuerzos, pero sin que
haya plan aparente que los coordine; de ahí la
impresión generalizada de que el gobierno improvisa
continuamente.
Las doce medidas anunciadas por el presidente
Calderón en su discurso del 1 de junio responden casi
exclusivamente a las demandas del sector privado. Casi todas
ellas -retraso de la desgravación rancelaria de los
bienes de consumo, reintegro del 6 por ciento sobre las
exportaciones de productos no tradicionales, exención
del IVA a la importación de bienes de capital,
depreciación acelerada de los activos fijos,
eliminación del impuesto a las ganancias de capital,
reactivación agropecuaria, liquidez del sistema
financiero y reducción de tasas de interés,
comisiones y cobros- se orientan a estimular la
producción, lo cual generaría empleo y
dinamizaría la actividad económica en general.
Pero esto quiere decir también que el gobierno
reconoce abiertamente que la economía nacional tiene
problemas con la producción. Si las medidas
están orientadas a estimularla, quiere decir
sencillamente que ésta no produce. Por otro lado, el
énfasis en estimular y promover la competitividad del
sector privado evidencia que éste no está
preparado para enfrentar los retos de la
globalización. Finalmente, la enorme inversión
gubernamental de más de mil millones de colones en
infraestructura favorecerá directamente las
actividades del sector privado, pero al mismo tiempo
generará empleo.
Lo primero que llama la atención de estas medidas
es la intervención del Estado a favor del sector
privado, puesto que, según la ideología
predominante, debiera abstenerse de tales intromisiones. El
árbitro supremo de la economía es el mercado y
no el Estado para los ideólogos neoliberales. ¨Por
qué no se aceptan las consecuencias del arbitraje del
mercado que, en este caso, es contrario a la
producción nacional y a algunos intereses del sector
privado? Si la dirección de la economía no
puede abandonarse completamente a los dictados del mercado
cuando resultan afectados los intereses del sector privado,
¨por qué sólo éste se beneficia de sus
intervenciones? ¨Por qué cuando resultan afectados los
intereses populares se alega el no intervencionismo y la
libertad del mercado? Al anunciar estas medidas, el gobierno
salvadoreño reconoce abiertamente que se considera
responsable del curso de la economía e interviene para
corregir los resultados del mercado y la competencia. Siendo
consecuentes con esta práctica y con la meta propuesta
del desarrollo social, el gobierno debiera intervenir con la
misma determinación para redistribuir la riqueza
nacional de una forma más equitativa.
Estas medidas gubernamentales evidencian también
la ineficiencia del sector privado, lo cual es
paradójico, puesto que, según el planteamiento
neoliberal, éste es eficiente por naturaleza. Este
reconocimiento de la ineficiencia de la empresa privada
salvadoreña la deja sin solvencia para achacar al
sector público un mal del que ella padece. Dicho con
otras palabras, la empresa privada y el gobierno
salvadoreño no tienen fundamento alguno para
justificar la privatización de los activos
públicos arguyendo la eficiencia de la primera y la
ineficiencia de la segunda. En le mejor de los casos,
está demostrado que ambas son igualmente ineficientes.
Las medidas propuestas se caracterizan por su
carácter inmediatista, tal como lo reconoció el
mismo presidente Calderón, en su discurso. Por lo
tanto, están orientadas a resolver algunos de los
problemas más urgentes de la economía nacional.
En este sentido, son particularmente importantes aquellas
medidas orientadas a generar empleo. Pero resolver los
problemas urgentes no implica superar los más
importantes. Las medidas en cuestión puede que ayuden
a superar algunos de los obstáculos inmediatos, pero
los problemas estructurales quedan pendientes y quizás
postergados. Para enfrentarlos harían falta medidas de
mediano y largo plazo. Sin embargo, el gobierno no parece
estar interesado en ellas por ahora. Cabe recordar, entonces,
que si las medidas alivian las presiones más fuertes
e inmediatas del sector privado, mientras no se entre a fondo
en los problemas estructurales de la economía
nacional, los efectos negativos actuales serán
recurrentes.
El sector privado aplaudió las medidas como era
natural, alabó al presidente Calderón por su
visión de estadista y se prometió tiempos
mejores. Casi un mes después, sin embargo,
comenzó a dar muestras de preocupación por la
demora en aplicarlas. Este retraso podría obedecer a
que las medidas fueron introducidas a última hora en
el discurso presidencial, ante la avalancha de presiones y
críticas, sobre todo del sector privado. En estas
circunstancias, el presidente Calderón no podía
presentarse en la asamblea sin nada que ofrecer. Entonces,
improvisaron las medidas, pero el gobierno no estaría
preparado para aplicarlas con la inmediatez anunciada. Otra
razón del retraso podría ser que en el gabinete
económico no hubiera acuerdo sobre algunas medidas. La
premura obligó a ofrecer cosas que no estaban
suficientemente pensadas y discutidas. El presidente
Calderón salió bien del discurso anual en la
asamblea legislativa, pero ahora su gobierno tendría
dificultades para cumplir con lo anunciado. De todas maneras,
al finalizar el mes de junio, el gobierno dio los primeros
pasos de común acuerdo con las gremiales del sector
privado.
Al aproximarse el 1 de junio, las críticas al
gobierno de Calderón arreciaron. Al cumplir su primer
año, los críticos destacaron la falta de
liderazgo y de dirección. Un año
después, el número de descontentos no
sólo aumentó, sino que agregó una queja
más, la crítica situación socio
económica. Sin duda, intimidado por la avalancha, el
presidente Calderón anunció que lo único
que le importaba era el veredicto del pueblo
salvadoreño. Probablemente, el presidente estaba
pensando en términos electorales, pero el Instituto
Universitario de Opinión Pública de la UCA dio
a conocer cuál era ese veredicto.
El 36.1 por ciento de los salvadoreños califica
de mala o muy mala la actuación del presidente de la
república, mientras que el 30.4 por ciento la
considera regular y sólo el 28.9 por ciento la
considera buena o muy buena. La nota otorgada por los
salvadoreños al presidente Calderón, en una
escala de uno a diez, es 5.12, abundando los ceros y los
cinco, en especial entre los sectores medios, bajo y
marginal. Frente a la visión del país y del
gobierno dada por el presidente en su discurso anual, el 71.2
por ciento afirma que en los dos últimos años
ha habido cambios negativos en el país. Los fracasos
más grandes se concentran en el área
económica y en la de seguridad pública. Dos de
cada tres salvadoreños piensan que el gobierno no
está combatiendo efectivamente la corrupción y
la delincuencia; pero ocho de cada diez consideran que no
resuelve los problemas económicos. No es
extraño, entonces, que la mayoría de los
salvadoreños (el 77.4 por ciento) piense que El
Salvador necesita cambios y que sólo el 17 por ciento
opine que el país va por buen camino.
Si el 46 por ciento de los salvadoreños considera
que ha habido cambios positivos en los dos últimos
años, el 51 por ciento piensa lo contrario. Los
salvadoreños de los estratos alto y medio alto del
oriente del país son los que muestran mayor
inclinación a aceptar la existencia de
transformaciones positivas. Así, pues, la
opinión pública sigue siendo bastante negativa
respecto al gobierno de Calderón. En
comparación con la evaluación de hace un
año, las opiniones parecen haber mejorado levemente,
pero en conjunto se señalan más fracasos que
éxitos. Más aún, la población
parece criticar con mayor intensidad la conducción de
la economía salvadoreña.
Curiosamente, el presidente Calderón se
refirió a los salvadoreños como hermanos en
tres ocasiones, durante su discurso. En efecto, llamó
hermanos a quienes þno tienen trabajo, techo digno, agua
potable, ni escuela para sus hijosþ y también a los
que emigraron a Estados Unidos. Pareciera, pues, que el
presidente se identifica con estos cientos de miles de
salvadoreños que sus políticas
económicas y sociales excluyen y condenan a la
pobreza. Esta confesión de hermandad del presidente
Calderón es extraña. Si realmente se considera
hermano de todos estos salvadoreños, cambiaría
el rumbo de la economía y gastaría mucho
más en el área social. En las condiciones
actuales de El Salvador, la hermandad del presidente
Calderón sirve para muy poco. En cualquier caso,
sería muy mal hermano, por su lejanía y su
insensibilidad. Pero podría ser que se tratase de mera
retórica política, para ganarse la buena
voluntad de un electorado potencial, entonces, se
trataría de demagogia y cinismo.
Si bien el presidente Calderón se siente
orgulloso del pueblo salvadoreño porque gracias a su
þtrabajo duroþ ha sido posible que la economía
salvadoreña llegue a ser una de las cuatro más
atractivas del mundo; habría que preguntarse si el
pueblo se siente igualmente orgulloso de su presidente,
puesto que él es el responsable principal de sus
pobrezas y miserias. Lo que el presidente Calderón
presenta como motivo de admiración y respeto mundial,
el pueblo salvadoreño lo experimenta como desempleo,
violencia y falta de oportunidades.
El discurso del 1 de junio concluye con un llamado a la
prensa, que no deja de tener su importancia -þahora
más que nunca, nuestra patria necesita la
orientación de un periodismo objetivoþ. Esta
afirmación no es tan ingenua o sencilla como aparece
a primera vista, sino que tiene una dedicatoria muy especial.
Antes de su discurso y quizás ante la avalancha de
críticas, el mandatario reclamó en privado a
los grandes medios de comunicación social porque sus
informes no proyectaban una imagen atractiva del país.
Su mensaje sería contrario al esfuerzo gubernamental,
empeñado en una þintensa promoción del
país en el exterior, como lugar de grandes
oprotunidades para la inversiónþ. En consecuencia, el
presidente Calderón pidió claramente a los
medios de comunicación modificar el enfoque de sus
informaciones para que éste coincidiera con el del
gobierno y así conseguir que El Salvador se vuelva
atractivo para los inversionistas y los turistas.
El mismo presidente Calderón hizo un ejercicio de
la objetividad que le pide a la prensa nacional en su
discurso. En efecto, la parte central la dedicó a
describir los logros más relevantes de su segundo
año de gobierno. Si sólo se toma en cuenta esta
descripción, pareciera que el segundo gobierno de
ARENA ha hecho mucho, que el país ha avanzado a pasos
agigantados, que El Salvador es totalmente nuevo y que en
él, las oportunidades abundan. El Salvador descrito en
esta parte del discurso es, aparentemente, atractivo y
atrayente. Ahora bien, si esta versión de la realidad
nacional se contrasta con la realidad, el cuadro cambia
completamente. Entonces, El Salvador real aparece, pero es,
precisamente, el país que los inversionistas y los
turistas evitan por la violencia, la inseguridad
jurídica, la corrupción, la pobreza, el crimen
organizado, la delincuencia, etc.
La objetividad que el presidente Calderón demanda
a la prensa implica compartir y difundir la visión
ideal de su gobierno sobre el estado del país. La
única dificultad es que la visión gubernamental
de El Salvador no se apega a la realidad y alimenta ilusiones
falsas. En realidad, lo que el presidente Calderón
llama objetividad es más bien propaganda. El
mandatario quisiera que la prensa, en lugar de informar,
hiciera propaganda de El Salvador y en cuanto ésta
distorsiona la realidad, la imagen que proyectaría del
país sería tan falsa como las ilusiones del
gobierno. Así, pues, objetivo es aquel que asume la
visión gubernamental y la propaga, sumándose al
esfuerzo por promocionar el país en el exterior, tal
como se promociona una mercancía.
Ahora bien, el presidente Calderón no es objetivo
con la prensa que tanto le ayuda a proyectar una imagen
favorable de su gestión gubernamental, olvidando
oportunamente hechos y personajes, por ejemplo, aquellos
relacionados con la corrupción y el crimen organizado;
censurando la interpretación alternativa, que pueda
generar una opinión contraria a la oficialmente
establecida; reproduciendo fielmente el discurso o la
versión oficial, sin dudar de su veracidad o sin
preguntar ante sus contradicciones o sin investigar sus
verdades a medias. Gracias al amarallismo de los grandes
medios de comunicación social, el gobierno puedo
aprobar la ley de emergencia contra la delincuencia. Por todo
esto y por más, el gobierno debiera estar sumamente
agradecido a la gran prensa nacional.
Pero esto no es todo. La realidad tiene otra cara.
Así como el amarillismo favorece la política
gubernamental frente a la violencia y la delincuencia,
permitiéndole incluso distraer la atención de
los graves problemas económicos, también ha
ensombrecido la imagen de El Salvador como país donde
se pueden hacer inversiones seguras y rentables o donde se
pueden disfrutar unas vacaciones tropicales interesantes. El
gobierno no puede tenerlo todo al mismo tiempo. Su
política interior está en contradicción
con sus intereses en el exterior. Otra vez falta de
coherencia e improvisación.
El problema no es la prensa, sino la realidad que supera
la capacidad de la gestión gubernamental. La
cuestión no es tanto si hacer propaganda o apegarse a
la objetivdad al informar sobre El Salvador, sino armonizar
la política interior con la exterior. Ya no se puede
seguir hablando de democratización y
modernización en el exterior, mientras en el interior
se impone un modelo autoritario de viejo cuño. El
gobierno del presidente Calderón tiene mucho sobre lo
que reflexionar para poder hacer, en los tres años que
le quedan, una gestión gubernamental aceptable, desde
la perspectiva de la mayoría de la población
despojada y empobrecida.
Ernesto Cruz Alfaro