© 1996 UCA Editores
Editorial
La modernización posible
La modernización del Estado se ha convertido en
una prioridad de la agenda gubernamental, pues se la
considera como condición indispensable para competir
exitosamente en la globalización de los mercados. En
consecuencia, se propusieron medidas diversas -la
dolarización de la economía, la
privatización de los activos públicos, la
reducción de los aranceles, el incremento de los
impuestos indirectos, la reducción del sector
público y la expansión de la maquila. Pero de
todas esas medidas, sólo tres prosperaron, el
incremento del impuesto al valor agregado, el despido de
empleados estatales y la privatización de los
servicios públicos más rentables. En la
actualidad, la modernización se equipara con la
privatización y con ella se promete la
superación de los problemas más graves del
país.
No es extraño que sólo se hayan adoptado
tres de una serie de medidas y esto de manera aislada, pues
el gobierno carece de un planteamiento económico
coherente y, por lo tanto, de una idea clara de la
modernización que dice promover. El presidente de la
república rechaza la planificación, por
considerarla de corte socialista; pero los ministros de su
gabinete económico afirman que existe un plan, que
sólo ellos conocen. Los vaivenes de la política
económica más bien muestran la inexistencia de
tal plan, pero no por rechazo a una práctica
presuntamente socialista, sino porque su dirección
está al servicio de intereses muy particulares.
En estas circunstancias, es muy difícil que el
país se modernice, pero sí privatizará
los servicios públicos más rentables, porque es
una moda impuesta por los organismos internacionales y la
ideología neoliberal y porque el capital nacional y
extranjero ve en ellos un área nueva para expandirse
y obtener más ganancias. No es este el lugar para
discutir los aspectos técnicos de la
modernización del Estado, pero sí para
establecer los principios desde los cuales puede llevarse a
cabo.
La modernización, tal como la entiende el
gobierno, al menos a nivel de discurso público, no es
viable. El Estado no se modernizará subiendo los
impuestos indirectos, despidiendo a unos cuantos miles de
empleados públicos y privatizando los activos
públicos más codiciados. Modernizar implica una
visión de conjunto, unos criterios técnicos y
éticos claros, una gran inversión en
capacitación y equipos, y un cambio radical de
mentalidad. La única área donde se está
trabajando en esta dirección es en la educativa, pero
su suerte depende de que el Estado como un todo sepa a
dónde quiere ir.
La modernizaci¢n es necesaria y posible, pero desde
otros presupuestos y con una orientaci¢n diferente.
Con las premisas del gobierno actual, la
modernización no es posible; pero eso no significa que
el Estado salvadoreño no necesite de una
modernización profunda. En este sentido, la
modernización es necesaria y posible, pero desde otros
presupuestos y con una orientación diferente.
1. El dilema de la modernización
La modernización se enfrenta, por lo general,
desde una perspectiva casi exclusivamente economicista, en
términos de menos Estado y más
privatización. Ante este enfoque reduccionista
habría que afirmar el destino universal de los bienes
y la promoción y el desarrollo de la humanidad en su
conjunto. El objeto de la actividad económica no
debiera ser hacer más ricos a unos cuantos que ya lo
son a costa de los demás, lo cual deshumaniza a todos
por igual, pero por razones diferentes. A los primeros, la
ambición y la codicia les impiden considerar otras
perspectivas o valores que no sean el triunfo sobre el
adversario y ganancias siempre mayores; en los demás,
la lucha por sobrevivir, la frustración y el
resentimiento fomentan el individualismo y la amargura.
La prosperidad de una nación no debiera medirse
en términos de las variables macroeconómicas,
porque éstas ocultan la pobreza, la corrupción
y la violencia estructural. La estabilidad y el crecimiento
que puedan medir no se refieren más que a una
pequeña parte de la estructura social. La prosperidad
debiera ser medida en términos de si la vida es
más o menos humana en una determinada sociedad.
Los grandes problemas de la sociedad actual son la
pobreza, el crecimiento con desempleo, la violencia, la
corrupción y la impunidad. Todos los demás
males que aflijen a las sociedades de hoy se derivan de
ellos. En consecuencia, los gobiernos y las organizaciones
internacionales debieran concentrar sus esfuerzos en
erradicalos. Desde una perspectiva humana, la
modernización, incluida la privatización,
sólo tiene sentido en la medida en que forme parte de
este gran esfuerzo nacional e internacional. Sin embargo, la
realidad coloca a los gobiernos ante una disyuntiva
difícil: promover la humanización de la
sociedad o los intereses del capital.
El gobierno salvadoreño respondió, al
menos a nivel teórico, que optaba por lo primero. El
hombre y la mujer salvadoreños se encontrarían
en el centro de su actividad política. Pero en la
práctica, privan los intereses del capital, en
detrimento de la humanización de la sociedad
salvadoreña. La privatización es una
imposición de los organismos internacionales y
más directamente del sector privado salvadoreño
con capital disponible para invertir. Más aún,
las primeras privatizaciones ni siquiera respetaron las
leyes, que buscaban evitar la concentración de la
banca desnacionalizada en pocas manos. Se privatiza porque
así conviene a los intereses del capital nacional e
internacional, que encuentra en estos activos públicos
una oportunidad atractiva para revalorizarse, y no porque
convenga directamente al bien del país. Y se privatiza
de una manera tal que los intereses de los grandes capitales
resultan favorecidos o privilegiados. Lo que sucede es que la
conveniencia del gran capital se presenta como bien nacional.
Este nuevo servicio del Estado a los intereses del
capital financiero y especulativo se intenta justificar
alegando que las empresas estatales son ineficientes y un
obstáculo grave para la libre competencia del mercado.
Los datos empíricos no respaldan el primer argumento.
La ineficiencia de las empresas estatales se debe, en gran
medida, a que han sido mal administradas. Por ejemplo, CEL
fue muy bien administrada hasta que cayó en manos de
los militares. En efecto, la responsabilidad directa por tan
mala administración recae primero en los militares y
después en los políticos, quienes,
además, consideraron su nombramiento como una
oportunidad para enriquecerse y permitir que otros se
enriquecieran ilícitamente. La ineficiencia y la
corrupción en el sector estatal han sido,
además, escandalosamente toleradas por el ministerio
público.
Así, después de aprovecharse personalmente
de las empresas e instituciones públicas hasta el
extremo de llevarlas al borde de la quiebra, ahora las
quieren para sí mismos. La contraposición que
equipara la empresa privada con eficiencia y honestidad
versus la empresa pública con ineficiencia y
corrupción no resiste un análisis objetivo,
pues ni éstas son tan ineficientes como las quieren
hacer aparecer ni las otras son tan eficientes como pretenden
y la corrupción se encuentra por igual en unas y
otras. Las quiebras constantes de empresas privadas
evidencian su mala administración. Eso para no hablar
de corrupción como la de FOMIEXPORT o de la
competencia desleal. Las empresas son eficientes y rentables
si son bien administradas, independientemente de si son
públicas o privadas.
El segundo argumento que afirma que en el mercado se
encontrará la eficiencia deseada, es decir, los
servicios públicos privatizados cubrirán a un
mayor número de ciudadanos, quienes, además,
recibirán una atención mejor, tampoco se
sostiene. El mercado no reparte equitativamente y menos
cuando se parte de posiciones desiguales. Aun cuando pudiera
conservarse puro, para ser equitativo, el mercado
tendría que ser librado de los monopolios, los
oligopolios y los carteles. Es vano esperar que el mercado
proporcione más y mejor servicio público,
porque sus virtualidades no están orientadas en esa
dirección. En efecto, las virtualidades del mercado se
fundamentan en comportamientos individuales, motivados por el
afán de lucro individual. En este sentido, es
prácticamente imposible que el mercado atienda y
satisfaga las necesidades básicas de la
población y, por lo tanto, que facilite la vida de las
mayorías populares. Los efectos sociales positivos que
se puedan seguir del comportamiento individual que fundamenta
el mercado no son automáticos ni están
garantizados, sino que tienen que ser inducidos, animados y
defendidos desde fuera del mismo.
La banca privatizada y la liberalización de los
hidrocarburos confirman empíricamente que el factor
determinante no es estimular la producción para
aumentar las exportaciones salvadoreñas, sino obtener
la máxima ganancia en el menor tiempo posible, sin
importar si la producción agropecuaria e industrial se
encuentran postradas o el costo de la vida sube. Las
decisiones de los bancos y las transnacionales están
determinadas casi exclusivamente por el criterio de la mayor
rentabilidad. Los beneficios sociales y la
conservación del medio ambiente no ocupan los primeros
lugares en su lista de prioridades.
El individualismo en el cual se fundamenta el mercado
impide que el rebalse prometido se dé en la cantidad
esperada o necesaria para satisfacer las necesidades
básicas de las mayorías excluidas.
Precisamente, por eso es indispensable establecer programas
de desarrollo social, que repartan los frutos del trabajo,
del capital y de los recursos naturales. Es decir, los
programas sociales distribuyen lo que supuestamente el
mercado debiera repartir.
Pero eso no es todo. Las necesidades insatisfechas de la
población son más grandes que las posibilidades
de los programas sociales. El reparto cada vez más
desigual del mercado, que concentra cada vez más la
riqueza y aumenta el número de los desposeídos,
genera necesidades también cada vez mayores,
demandando más servicios y ejerciendo más
presión sobre la estructura social en su conjunto. A
esto hay que agregar la depredación de los recursos
naturales y la consiguiente degradación
ecológica, pues el mercado actúa como si
aquéllos fueran ilimitados, poniendo en grave peligro
la existencia del país y sus habitantes. El
individualismo desenfrenado y la codicia insaciable han
llevado a un inmediatismo suicida. El afán de ganancia
a cualquier precio pone en peligro el fundamento material de
la vida, la destruye violentamente y deshumaniza a quienes se
enriquecen y a quienes son desposeídos.
No obstante estos resultados evidentes, la
ideología del mercado avanza en todos los terrenos
hasta el extremo de la absolutización. Cualquier
absolutización es preocupante, pero lo es más
cuando se trata de materias tan opinables como la
economía. Es esta visión dogmática la
que impone en principio y para todos los casos la
sustitución de las empresas y los servicios
públicos por los privados, ya sean éstos
competitivos -lo cual estaría de acuerdo con la
ideología del mercado- o monopolísticos -
contrarios a la presunta eficacia de aquél.
El gobierno adopta medidas econ¢micas y sociales
simplemente porque forman parte del dogma del mercado libre.
El Salvador no es la excepción. El gobierno
adopta medidas económicas y sociales simplemente
porque forman parte del dogma del mercado libre. Peor
aún, por lo general, esas decisiones son tomadas
aisladamente, sin formar parte de un plan. Todavía se
mira con cierta envidia a los países del sudeste
asiático y se piensa demasiado fácilmente que
la adopción de algunas de las medidas tomadas por
ellos producirá los mismos resultados en El Salvador,
pasando por alto que esas decisiones forman parte de un
proceso y que su éxito depende de un mercado
imprevisible, el cual, en su caso, se comportó
favorablemente; pero ese comportamiento no está
garantizado de ninguna manera para El Salvador. Los
admiradores del sudeste asiático soslayan
también la fuerte intervención de los estados,
que resultó determinante en el desarrollo de esos
procesos, las reformas agrarias radicales que hubo al inicio,
el proteccionismo y el estímulo a la producción
nacional, el elevado nivel educativo de la población,
etc.
Al abandonar la modernización a las fuerzas
imprevisibles e inequitativas del mercado se renuncia a
humanizar la sociedad y el individuo, colocando en su lugar
el enriquecimiento. Entonces, en las decisiones y las
políticas predomina el criterio del lucro individual
y no el del bienestar de la población o el desarrollo
del país, entendido éste en términos
amplios. Los programas de compensación social, aparte
de ser insuficientes para atender las necesidades crecientes
de la mayoría de la población, nunca
podrán ofrecer las ventajas de una
redistribución más equitativa de la riqueza
nacional. Pese a todo, la ideología del mercado, como
cualquier dogma, se presenta como inevitable, lo cual es
discutible, como se verá más adelante.
2. Las debilidades del mercado
El mercado no tiene la universalidad que sus apologistas
le atribuyen. Algunas áreas importantes de la
actividad económica, que inciden en el nivel y la
calidad de vida de los ciudadanos, no pasan por el mercado.
Esto muestra que el mercado no es el único principio
organizador, aparte de la desprestigiada planificación
central. La producción y el consumo de toda una serie
de bienes públicos -aquellos que pueden ser consumidos
o utilizados por muchos simultáneamente- como el
ordenamiento jurídico, la salubridad del ambiente, la
defensa y la seguridad nacional no dependen del mercado.
Más aún, en algunas de estas áreas -en
el caso salvadoreño, la seguridad nacional, por
ejemplo- se observa cada vez mayor centralización por
parte del Estado.
La producción de estos bienes públicos es
decidida centralmente por las autoridades competentes y no
pasa por el mercado, sino, al menos en teoría, por los
procesos democráticos de la crítica y la
censura de la gestión pública. Evidentemente,
los ciudadanos pagan por esos bienes -al menos quienes pagan
impuestos-, pero no lo hacen de manera individual, es decir,
en base a la cantidad o a la calidad de lo que consumen, tal
como ocurre en el caso de los bienes privados.
En el ámbito familiar también existen
algunas transacciones que tampoco pasan por el mercado como
la herencia -un acto por el cual se transfiere riqueza-, la
transferencia de dinero de padres a hijos para su sustento,
educación y recreación y la prestación
de servicios domésticos por parte de las amas de casa.
En la misma categoría se encuentra la
asignación de recursos a instituciones por la
vía de las donaciones. Incluso dentro de las grandes
empresas, y en particular en las transnacionales, no es el
mercado lo que rige, sino las decisiones centrales, que
asignan los recursos a las distintas unidades y deciden
cómo dividir el trabajo. Las compra ventas, los
préstamos y las transferencias de carácter
interno se hacen de acuerdo a los criterios de
planificación de la empresa misma. Más
aún, en la medida en que las transnacionales tienen en
sus manos la mayor parte de la actividad económica del
mundo, en esa misma medida se extiende la
planificación y disminuye el mercado.
El mercado no solamente no es universal, sino que,
además, tiene defectos. Tal como se
señaló antes, no reparte equitativamente,
obligando a redistribuir para enmendar y compensar las
desigualdades generadas por él. Esas desigualdades son
resultado de su funcionamiento más o menos libre. Por
lo general, el mercado asigna los recursos eficientemente
para producir riqueza, pero el Estado debe intervenir para
rectificar la distribución que el mismo mercado hace
de esa riqueza. El sistema fiscal, la seguridad social y la
producción de bienes públicos constituyen los
mecanismos de redistribución que hacen menos
intolerable la existencia de las desigualdades
económicas y sociales. Algunos de esos mecanismos,
sobre todo la política fiscal redistributiva, buscan
que cada uno contribuya con las cargas comunitarias en
proporción a su potencial económico. Cuando
esos mecanismos correctivos no existen o funcionan
inadecuadamente, las diferencias entre los grupos y las
clases sociales son mucho mayores y los conflictos sociales
son más plausibles.
El mercado no solamente no es universal, sino que,
adem s, tiene defectos.
A nivel internacional, donde no existen mecanismos de
redistribución, el fallo del mercado, en
términos de equidad, también es llamativo. El
desorden provocado por el libre funcionamiento del mercado en
el ámbito internacional ha llevado al establecimiento
de instituciones y mecanismos que garanticen un orden
mínimo. No obstante, las relaciones internacionales a
duras penas escapan al caos. En realidad, la estabilidad
mundial sería mayor si la comunidad internacional
corrigiera las desigualdades distributivas del mercado entre
los países. Esto es más urgente en el
ámbito internacional que en el nacional, porque en
éste se encuentra más regulado. Dejado a
sí mismo, el mercado provoca desempleo, pobreza,
guerras y daños ecológicos irreparables.
El mercado es defectuoso incluso ahí donde es
fuerte, en la asignación. Funciona mal cuando hay
divergencia entre los costos y los beneficios privados y
sociales. Si el beneficio privado de un bien es inferior al
social, el mercado producirá una cantidad menor a la
necesaria para satisfacer la demanda de la sociedad, como es
el caso de la cultura. Ahora bien, si el costo social es
mayor que el privado, habrá abundancia del producto en
cuestión, como es el caso de la polución
ambiental. De hecho, la operación de los mercados no
regulados ha causado un daño incalculable en el medio
ambiente y, por lo tanto, en la calidad de vida. Ante estos
hechos, nadie en su sano juicio puede negar que el mercado
tiene que experimentar correcciones para evitar nuevos
daños a la ecología.
Existen otros casos muy iluminadores sobre las
debilidades y limitaciones del mercado. El beneficio privado
de la producción y venta de armas es también
mucho mayor que el social, pero dado que los costos sociales
son mucho más elevados, esta actividad se encuentra
controlada internacional y nacionalmente. El beneficio
privado de las drogas es mucho mayor que su costo social.
Aunque en esta actividad, todos se comportan de acuerdo a las
reglas del mercado -los campesinos sudamericanos la producen
porque está mejor pagada que el café, la
intermediación y los carteles obtienen ganancias
enormes, lo mismo que los traficantes, quienes corren grandes
riesgos para introducirla en los mercados industrializados,
los vendedores al por menor y los drogadictos, que reciben su
dosis como pago por venderla a la puerta de los colegios,
también perciben beneficios importantes- es claro que
éste necesita ser regulado estrictamente y aun algo
más que eso.
Indudablemente, en el mercado de las drogas se obtienen
beneficios enormes, lo cual, en buena lógica, atrae
capitales ingentes que, de paso, sirven para corromper a
políticos y policías, hacer negocios sucios,
fugar capitales y evadir impuestos. No es exagerado afirmar,
entonces, que el tráfico de drogas reduce el mercado
al absurdo.
En los mercados del tabaco y de las bebidas
alcohólicas los costos sociales no corresponden a los
beneficios privados de los productores, pues ambos son
dañinos a la salud. Por eso, ambos mercados
están regulados -por grupos de edad, horas de venta,
licencias, etc.-, con más o menos rigor, en todas
partes. En estos casos, la divergencia entre los costos y los
beneficios sociales y privados justifica la
intervención del poder público en el mercado,
en representación de la sociedad.
En cuanto se abandona la competencia perfecta del modelo
abstracto y se consideran los monopolios en los mercados de
los productos (las grandes empresas y los monopolios
estatales), los factores (los sindicatos y las gremiales
empresariales), las rentas especiales derivadas de la
innovación tecnológica, las economías de
escala y una amplia serie de variables externas -todas ellas
imperfecciones del mercado-, los costos y los beneficios
privados y sociales no coinciden, siendo necesaria la
intervención para corregir las desviaciones y
distorsiones.
Cabe recordar que cuando el capitalismo quebró en
1930, acudió al Estado para que lo sacara de la crisis
a la que lo llevaron sus desenfrenos. El Estado intervino y
se inició la etapa de la inversión
pública. En ese entonces, modernizar significó
reforma monetaria, planes quinquenales de desarrollo,
matrices intersectoriales, integración
económica, etc. Paradójicamente, unas
décadas más tarde, después que el Estado
lo sirvió fielmente, el capital lo responsabiliza de
su poca rentabilidad y, por lo tanto, decide reducir su
esfera de acción al mínimo indispensable para
que el sistema pueda seguir funcionando.
Cabe preguntarse, entonces, c¢mo se interviene y qui‚n
lo hace.
Si se acepta que la sociedad y el Estado, en
representación suya, deben intervenir cuando el
mercado es imperfecto, cabe preguntarse, entonces,
cómo se interviene y quién lo hace. De hecho,
se constata que en los mercados hay tantas imperfecciones que
muy pocos son los que se pueden considerar libres de una
intervención en un momento u otro. Alegar, por lo
tanto, que el mercado garantiza más y mejores
servicios públicos es insostenible. Sólo los
fanáticos pueden argumentar que sus imperfecciones y
fallos representan una oportunidad para que triunfe el
más fuerte, con lo cual caeríamos en la ley de
la selva. En lugar de avanzar en racionalidad y
humanización, retrocederíamos en fuerza y
animalidad.
Si se interviene o se deja de intervenir para favorecer
a los más ricos, por qué no hacerlo para elevar
el nivel de vida de la población, construir una
sociedad más equitativa y abrir nuevas posibilidades
a la humanización. El criterio para intervenir o no
debiera ser si ello favorece a las mayorías populares
y no si producirá más ganancias para unos
cuantos, dejando los sobrantes para que aquéllas mal
vivan.
3. Modernizar para garantizar la convivencia
La libertad del mercado es un mito encubridor. No se
puede seguir interviniendo para favorecer a los más
ricos, porque de ello se han seguido grandes males: el
destino universal de los bienes ha sido reemplazado por otro
particular y reducido, la violencia del más fuerte
permea todas las relaciones sociales y la sociedad es cada
vez más inhumana. Más que la limitación
de los recursos naturales y el retraso tecnológico,
son estos males los que impiden el desarrollo de la
humanidad. Ni ética ni cristianemente es posible
continuar con una opción tan inhumana. Se impone, por
lo tanto, intervenir para corregir los efectos de un mercado,
cuya mano invisible no conduce al bienestar social, sino que
únicamente lleva más riqueza a unos cuantos
individuos que de por sí ya son suficientemente ricos.
Si la privatización de los servicios
públicos es algo decidido -por no decir impuesto desde
fuera-, pese a que en la de la banca hubo corrupción,
habría que esforzarse por democratizar en alguna
medida la propiedad que pasará a manos privadas y
reforzar sustancialmente la inversión en las
áreas sociales sin recargar más el presupuesto
nacional. Cabe recordar que los activos que serán
privatizados no son propiedad del gobierno actual, sino del
Estado. Por consiguiente, la operación debiera
beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía y no
sólo a un reducido sector social.
Idealmente, el gobierno debiera patrocinar un debate
abierto para considerar qué activos se
privatizarán -por ejemplo, aquellos que prestan
servicios gratuitos o vitales no debieran ser traspasados al
sector privado-, quiénes podrían convertirse en
sus propietarios y cómo se va a utilizar el producto
de la operación. La discusión que de estos y
otros aspectos pueda darse en la asamblea legislativa no es
suficiente, porque no refleja el pensar y sentir de los
ciudadanos, sino, en todo caso, de los partidos
políticos. No olvidemos que en una decisión de
esta naturaleza pesan más los intereses particulares
que los generales.
Se impone... intervenir para corregir los efectos de un
mercado, cuya mano invisible no conduce al bienestar social.
La democratización de los activos públicos
estaría mejor garantizada si el nuevo propietario lo
conformaran, por un lado, los empresarios capitalistas y, por
el otro, los trabajadores, los cooperativistas y los
empresarios pequeños y medianos. El Estado
podría reservarse la parte no adquirida por los otros
dos. Los primeros pagarían al contado y los
demás amortizarían el valor de su parte con los
beneficios obtenidos, pero sin pagar intereses.
Además, habría que tomar provisiones para
evitar que la propiedad de las empresas privatizadas acabe en
manos de los grandes empresarios capitalistas al cabo de un
tiempo.
El producto obtenido con la venta de esos activos
así como aquello que produjera la parte retenida por
el Estado se debiera invertir en el área social, sobre
todo en educación, salud y vivienda. De esta manera,
se lograría cierta redistribución de la riqueza
pública, devolviendo a quienes más necesitan.
El proceso de privatización debe caracterizarse
por la transparencia, informando a la opinión
pública sobre los procedimientos, los nuevos
propietarios de los activos estatales y las condiciones en
las cuales los adquieran. Esta sugerencia no debe darse por
obvia, pues hasta ahora las privatizaciones se han
caracterizado por la falta de claridad y la
corrupción. Los dos últimos gobiernos han
favorecido ilegítimamente a determinados individuos en
detrimento de la cosa pública. Todo ello con la
complacencia del ministerio público. Nunca se
insistirá suficiente en la transparencia y la
honestidad, puesto que hay sobradas razones para dudar de la
ética gubernamental.
No obstante estas propuestas, la privatización
por sí misma no modernizará el Estado
salvadoreño. La modernización sólo es
posible ahí donde se cuenta con un plan básico
que oriente las acciones gubernamentales en una
dirección determinada. Lo que falló en la
economías planificadas no fue la planificación.
Estas economías resolvieron el problema de la igualdad
básica de todos los ciudadanos, pero su nivel era
bastante bajo en comparación con el alcanzado por una
parte de la sociedad en los países capitalistas,
aunque ciertamente era superior al de los pobres de esas
sociedades. Pero eso no basta, pues parece que llega un
momento, cuando las necesidades básicas están
suficientemente atendidas, en el cual se quiere mejorar, o al
menos, se quiere tener la posibilidad para hacerlo. Ahora
bien, þmejorarþ significa alcanzar el nivel de vida que
disfruta la mayoría de la población de los
países ricos, algo materialmente imposible, dada la
limitación de los recursos del planeta, y no deseable
porque, pese a tener mucho, no son ni mejores ni más
humanos.
La dirección obligada de la planificación,
si se quiere humanizar la sociedad y las personas y alcanzar
la prosperidad necesaria para satisfacer las necesidades
básicas, exige intervenir en la esfera
económica para garantizar una redistribución
más equitativa de la riqueza nacional. Esto implica
poner racionalidad y equidad ahí donde la codicia y el
lucro las niegan. Sólo así es posible la
solidaridad y la convivencia pacífica y segura. De lo
contrario, unos cuantos se enriquecerán de manera
nunca vista antes, pero arriesgando su propia vida y la de
los demás.
Esto implica poner racionalidad y equidad ah¡ donde la
codicia y el lucro las niegan.
El precio humano y ecológico que El Salvador
está pagando por la aventura neoliberal es sumamente
elevado y éticamente inaceptable. La misma
irracionalidad que se encuentra en la violencia que permea
las relaciones sociales se haya también en la
actividad económica que nos quieren presentar como
modernización. La modernización que El Salvador
reclama es aquella que pueda asegurar la convivencia humana.
San Salvador, 30 de abril de 1996.