Año 18
número 788
diciembre 24
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Balance de 1997. Las debilidades de la institucionalización democrática
El balance de la opinión pública en 1997: problemas nacionales y polarización
Está por finalizar 1997, un año que vio aflorar importantes cambios socio-políticos, pero también que hizo presentes preocupantes inercias en los diferentes planos de la realidad nacional. Los Acuerdos de Paz, ese proyecto normativo de convivencia social y de construcción de un orden democrático, no sólo cumplieron cinco años de haber sido suscritos y de haber entrado en vigencia, sino que agotaron --prácticamente ese agotamiento se vino gestando desde mediados de 1996- su impulso transformador de la sociedad salvadoreña. En cierto modo, lo que se pudo lograr en materia de construcción democrática en 1997 habría de depender fuertemente de lo que, sobre la base del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se pudo haber logrado en los años inmediatamente anteriores. No cabe duda de que los desaciertos en materia de cumplimiento de los Acuerdos de Paz -e incluso en el tratamiento que se hizo de aspectos sustantivos de la realidad nacional en los mismos- incidieron notablemente en las posibilidades de consolidación de eso que, en el fondo, constituía su propósito principal: la institucionalización democrática.
Ciertamente, en los documentos firmados en Chapultepec y Nueva York, se insisitió bastante en la necesidad de desmilitarizar la sociedad salvadoreña, lo cual supuso que el estamento castrense aceptara la retirada a los cuarteles. Paralelo a ese proceso, tenía que fortalecerse el sistema político, es decir, propiciar el pluralismo partidario y la competitividad electoral. Prácticamente, todos los esfuerzos de los principales actores socio-políticos se encaminaron a hacer factibles estas metas, y las que les eran colaterales: establecimiento y consolidación de un nuevo organismo policial, y fortalecimiento, previa depuración, del sistema judicial. Había sido tan fuerte y tan nefasta la influencia de los militares en el devenir socio-político de El Salvador que cualquier esfuerzo que se hiciera para disminuir su influjo siempre sería insuficiente; no sólo la guerra finalizada en 1992 lo corroboraba, sino la cuota de poder político que acumularon desde 1931, a partir del arribo al poder del general de Maximilano Hernández Martínez.
Era clave, si se quería edificar una sociedad democrática, cuidar, poniendo cuanta cortapisa fuera necesaria, que los militares no se inmiscuyeran en asuntos que concernían exclusivamente a la sociedad civil y a sus representantes en el sistema político. Pero este sólo era un aspecto, el más llamativo y el inicial, de una serie de requisitos que tenían que ser cumplidos para que la institucionalización democrática no sólo avanzara con buen pie, sino que alcanzara el éxito requerido. Comencemos por el más importante de todos: la erradicación de los niveles más extremos de pobreza, cuya presencia y, peor aun, expansión creciente constituyen un serio obstáculo para la institucionalización democrática. Empobrecimiento creciente de amplios sectores sociales y democracia son dos polos que a la larga terminan siendo excluyentes. No es que no puedan convivir durante largos periodos de tiempo; no es que la democracia no pueda germinar allí donde los niveles de pobreza son en verdad lacerantes para amplios grupos sociales o, dicho de otro modo, que la democracia se asocie siempre a prosperidad y crecimiento económico. Las experiencias latinoamericanas son ilustrativas al respecto: hasta mediados de los años 80, los países que lograron enfrentar con mayor éxito la crisis económica fueron los menos democráticos (México y Chile), mientras que los países más abiertos democráticamente (Uruguay, Ecuador y Argentina) fueron los que tuvieron menos éxito.
Pero la coexistencia de pobreza social creciente y democracia no puede sostenerse indefinidamente sin que ello implique el deterioro de está última, con las repercusiones que una democracia debilitada pueda tener sobre las posibilidades de hacer frente a las demandas de una sociedad que exige mejores condiciones de vida. Si se revisa la abundante literatura sobre el tema de la democracia en sociedades con graves problemas de pobreza, es claro que aquélla no puede desatenderse de su solución, de la cual depende en gran medida su afianzamiento. Cada vez más gana mayor aceptación la idea de que un régimen democrático es el mejor ordenamiento político para responder, sin pasar por interminables y violentos conflictos, a las acuciantes demandas de la sociedad. La erradicación de la pobreza es una de esas demandas a las que la democracia tiene que responder. Pero para ello tienen que estar preparadas tanto sus instituciones como el conjunto de la sociedad, puesto que resolver (o intentar resolver) el problema de la pobreza no sólo requiere de instancias capaces de enfrentar la tarea, sino de recursos que tendrán que ser costeados por determinados grupos sociales; grupos en los cuales, al menos, deberá existir el convencimiento de que la respuesta violenta no será una de sus opciones.
Que un régimen democrático esté en su nivel óptimo institucional para responder a las demandas de la sociedad quiere decir, básicamente, que sus instituciones están siendo normadas por las reglas y valores de la democracia, al igual que lo están siendo los actores que, cotidianamente, hacen que esas instituciones orienten la vida nacional. Por supuesto, el nivel óptimo institucional es un ideal al que sólo contadas sociedades se han aproximado hasta casi alcanzarlo plenamente. Pero la aproximación a ese ideal debe ser permanentemente buscada, puesto que de ello dependerá la fortaleza interna de las instituciones y su capacidad para responder a los desafíos que plantea la sociedad. Asimismo, las diferentes sociedades en transición democrática o las que ya han entrado a la fase de su consolidación pueden ser ordenadas (y evaluadas) según su cercanía o lejanía a ese óptimo institucional. A modo de ejercicio, si se pone a Chile como el país que más ha avanzado en la institucionalización democrática (para el conjunto de países latinoamericanos en procesos de transición-consolidación democrática) y a Guatemala como el país que menos lo ha hecho, es claro que El Salvador se encuentra más cerca de este último que del primero. Y ello en sí mismo es un indicativo de lo mucho que nos queda por caminar en materia de democratización.
¿Qué hacer para avanzar en la institucionalización democrática? Ante todo, lo que tantas veces se ha dicho: es necesario que los partidos políticos se democraticen internamente, lo cual quiere decir que es imprescindible no sólo que al interior de ellos cobre vigencia el pluralismo y la diversidad de opiniones, sino también que las decisiones dejen de ser tomadas e impuestas verticalmente por individuos o grupos minoritarios que se han apropiado para sí a las instituciones partidarias. Y, en segundo lugar, es inexorable propiciar una renovación de la clase política; figuras ya gastadas políticamente, cuya ambición por el poder se ha sobrepuesto a cualquier otra consideración, no hacen ningún bien al país ni a la democracia. Es preciso potenciar nuevos liderazgos políticos, que lleguen a ser tales en virtud de sus capacidades intelectuales, su honestidad y su compromiso con las reglas y valores de la democracia. Después de la firma de la paz, los salvadoreños hemos tenido bastante de corrupción, compadrazgos, compra de favores y frivolidad en la clase política como para desencantarnos de todo lo que se asocia a ella. Las instituciones no pueden funcionar adecuadamente si los vicios de sus agentes las convierten en lugares de rapiña, en nichos privados que sirven para apostarse y beneficiarse del erario público. La institucionalización democrática exige la abolición de esos vicios y privilegios, y esa abolición pasa inicialmente por el recambio de los agentes institucionales que incumplieron sus funciones.
En la situación actual de El Salvador, el saneamiento institucional
es, pues, un requisito esencial para avanzar en la institucionalización
democrática. Otro requisito es el tratamiento del problema
de la pobreza, el cual, de persistir en sus tendencias hacia la
agudización, marcará límites infranqueables
al mismo avance de la institucionalización democrática.
Un orden democrático no sólo requiere de instancias
institucionales regidas por sus normas y valores, sino del convencimiento
de los ciudadanos de que la convivencia democrática es
preferible a cualquier otro régimen político. Es
decir, la democracia requiere de un ethos cívico
que aliente las prácticas cotidianas de la sociedad. Ahora
bien, es evidente que a aquellos grupos sociales condenados a
la marginalidad y a la pobreza extremas les resulta ininteligible
la idea de democracia, puesto que cotidianamente se ven forzados
a sobrevivir violentando las reglas de respeto a la legalidad
y a los otros propias del ethos democrático. En
la medida que esos grupos vayan ampliándose y complejizándose
(pobres tradicionales, prostitutas, maras, niños de la
calles...), sus demandas irán siendo más difíciles
de cumplir, se verán alentados (¿o forzados?) a vivir
al margen de la legalidad y eso repercutirá en los alcances
sociales de la democratización, tanto porque habrán
importantes sectores viviendo al margen de la institucionalidad
democrática como porque, ante estos sectores y su "amenaza",
la desconfianza ante lo distinto y su rechazo violento se irán
convirtiendo en norma. Esto ya está pasando en nuestro
país y amenaza con agudizarse en el futuro próximo.
El gran reto del sistema político salvadoreño en el momento actual es concluir la consolidación democrática. Ese gran reto, claro está, se halla constituido por diferentes facetas que imponen diversas líneas de acción. Por un lado, se encuentra la democratización interna de los partidos políticos. La instauración de la democracia exige que, al interior de aquéllos, las prácticas autoritarias vayan dando paso a un sano ejercicio democrático que garantice la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer política. Es decir, que garantice, primero, que dichas instituciones representan, efectivamente, a los sectores que dicen representar y, segundo, que lo hacen adecuadamente. Por otra parte, la consolidación democrática requiere del fortalecimiento de la relación entre los partidos políticos y la sociedad civil. Una democracia no puede constituirse verdaderamente como tal mientras los partidos no procuren un acercamiento a los intereses concretos de la población. Ese acercamiento debe ser la base desde la cual provengan los proyectos partidarios, pues sólo así podrán alcanzar la credibilidad, tan difícil de conquistar en estos días.
Otro de los aspectos fundamentales a la hora de hablar de instauración democrática es la participación ciudadana. De nada serviría que los partidos políticos se esmeraran en alcanzar su democratización interna y estrechar los lazos que deben mantenerlos unidos a la sociedad civil, si esta última no responde favorablemente a esos estímulos, insertándose en el proyecto democrático. Pero, más que tratarse de una participación que responde a estímulos, se trata de un proceso que integre a los actores sociales en la construcción de una vida en democracia. Por supuesto, esto es algo que no depende absolutamente del sistema político. Hay condicionamientos económicos, sociales y culturales que obstaculizan la interiorización de las reglas del juego democrático. Pero si el compromiso de los partidos con la democracia es sincero, les corresponde a éstos impulsar la participación de la población en las dinámicas socio-políticas orientadas a constituirla.
Finalmente, cabe señalar la importancia del pluralismo político en la institucionalización democrática. La diversidad de proyectos partidarios es condición sine qua non para la instauración de una democracia real. Se trata más de una diversidad cualitativa que cuantitativa. Es decir, que haya una gran cantidad de partidos políticos no significa, necesariamente, que haya un grado satisfactorio de representatividad. Alcanzar ese nivel básico requeriría que al menos los sectores claramente identificables de la sociedad pudieran sentir que algún proyecto político representa sus intereses. Se puede hablar de una diversidad partidaria significativa siempre y cuando las necesidades más acuciantes de la población hayan encontrado eco en una gama de propuestas interesadas en darles respuesta. No hay un verdadero pluripartidismo cuando en unos pocos institutos políticos se concentra la pretensión de satisfacer todas las demandas de la población; pero tampoco puede haberlo cuando existe un abanico de partidos que lejos de interesarse en viabilizar algunas de las demandas que impone la ciudadanía, responden a intereses que nada tienen que ver con la representatividad.
Democratización interna, fortalecimiento de las relaciones sistema político-sociedad civil, participación ciudadana y pluralismo partidario han de ser, pues, las metas que los institutos políticos deben trazarse si es cierto que quieren responder a los desafíos de la institucionalización democrática. Y es que procurar un sistema democrático es, en definitiva, procurar la legitimidad misma de los partidos. Mucho ha costado a la sociedad salvadoreña superar los autoritarismos, romper con la hegemonía económica que ponía a su servicio partidos "de fachada" que, en lugar de avanzar hacia una vida democrática, posponían interminablemente la tarea de dar respuesta a las demandas de la sociedad. Esos no podían ser entendidos como verdaderos partidos, sencillamente porque ni respetaban las reglas que impone la democracia ni estaban mínimamente interesados en apostar a la instauración de una sociedad democrática.
Hoy en día, aunque fuertes resagos del pasado continúan presentes, El Salvador ha sufrido cambios significativos. La democracia, más que una opción, es una imposición social e histórica. No se debe sólo a la necesidad de viabilizar un modo de organización social que supere la confrontación vía el diálogo, sino también a la creciente globalización del mundo actual. La inserción provechosa de un país antidemocrático en la globalización -con escasas excepciones-- es impensable; sólo una sociedad democrática puede ajustarse, más o menos beneficiosamente, al mundo globalizado.
Así pues, ahora que se reconoce que la transición democrática es producto de un largo y doloroso proceso, ahora que se reconoce que la democracia es una exigencia impuesta por las condiciones socio-históricas, los desafíos del sistema político son más inaplazables que nunca. Se decía que la instauración de la democracia implica la reivindicación misma de los partidos. Junto con eso, hay que decir también que partido político es aquel que canaliza las necesidades de la población e intenta darles respuesta a través del aparato estatal; esa labor debe llevarse a cabo al interior de un marco regulatorio que normativice las relaciones entre los actores políticos y entre éstos y la sociedad civil. Sólo cuando esto se produce, pueden sentarse las bases de una democracia política real.
La idea de partido político no puede entenderse, entonces, fuera del ejercicio democrático, del mismo modo que democracia no tiene sólo que ser pensada, sino ejercida por determinados actores políticos y sociales. Es por eso que si un partido quiere constituirse como tal, está obligado a velar por el cumplimiento de las reglas impuestas por el sistema democrático. Sólo consolidándose como un instituto político respetuoso de las exigencias de la democracia podrá contribuir en la consolidación de la misma.
En el transcurso de estas líneas, se tratará de
establecer cuanto ha avanzado el sistema político salvadoreño
en la institucionalización democrática; lo cual
significa evaluar el grado de compromiso de los actores políticos
con los retos que esa institucionalización plantea. Retóricamente,
todos los partidos del país han dado fe de pretender una
sociedad en democracia. Es más, decir o hacer cosas en
nombre del ideal democrático se ha vuelto una práctica
cotidiana en el ámbito de la política. Pero ¿hasta
dónde ha llegado en la realidad esa apuesta discursiva
por la democracia? ¿Cuáles son las acciones que demuestran
que los partidos se hallan realmente interesados en concretar
ese ideal? La respuesta a estas y a otras interrogantes supondrá
la evaluación de los más importantes dinamismos
políticos a lo largo del año.
La coyuntura preelectoral y las sorpresas electorales
Durante los primeros meses de 1997, los partidos políticos se sumergieron de lleno en la tarea de afianzar sus posiciones, rumbo a las elecciones legislativas y edilicias del 16 de marzo. Consignas, pancartas, canciones e imágenes invadieron la vida nacional en el periodo previo a la contienda electoral. La polarización de la campaña, la arremetida ideológica de ARENA contra el FMLN y la tenue participación de los partidos "pequeños" en el la etapa previa a las elecciones, fueron notas características de esa coyuntura. El que las expectativas de los electores se concentraran especialmente en dos polos era un indicador significativo de varias cosas. En primer lugar, de que el electorado no se encontraba preparado aún para considerar otras alternativas distintas al FMLN y ARENA. Estos eran asimilados como los únicos proyectos políticos capaces de canalizar las ideas de izquierda o de derecha. La idea de que votar por cualquiera de los partidos "pequeños" equivalía a perder el voto rondaba por las cabezas de muchos de los ciudadanos. ¿Para qué apostarle a un proyecto político con tan escasas posibilidades de llevar a cabo sus iniciativas? Era la pregunta planteada por los escépticos respecto a la capacidad de esos partidos de alcanzar cuotas de poder medianamente significativas.
Pero la polarización de la campaña electoral implicaba un segundo aspecto, aún más grave que el anterior: los partidos minoritarios no han podido consolidarse lo suficiente como para ser tomados en cuenta por una cantidad significativa de votantes. No se trataba, únicamente, de que el electorado no se encontrara lo suficientemente preparado para asumir el pluripartidismo; se trataba también de que la gama de partidos no ofrecía diferencias cualitativas. Es cierto que muchos electores no estaban dispuestos a modificar sus opciones partidarias y preferían mantenerse fieles a la tradición de votar por ARENA o el FMLN. Pero también es verdad que, de querer hacerlo, los votantes no hubieran hallado propuestas realmente novedosas por las cuales valiera la pena "arriesgar" el voto. De hecho, los resultados electorales demostraron que existía una gran inconformidad de la población con respecto al desempeño gubernamental de ARENA y, sin embargo --excepto en el caso del PCN--, no hubo un aumento significativo en el caudal de votos a favor de los partidos minoritarios.
El estancamiento de esos institutos políticos es grave, porque significa que no hay un verdadero pluralismo partidario. No existe un abanico de posibilidades entre las cuales el electorado pueda elegir una alternativa efectivamente distinta a lo que ya se conoce. El proceso electoral evidenció las debilidades de los partidos minoritarios; debilidades cuya superación ha de ser la meta que éstos persigan si es que están verdaderamente interesados no sólo en mantenerse en pie --pues la desaparición de algunos de ellos demostró que esa debilidad amenaza su sobrevivencia en el sistema político--, sino también en aportar a la consolidación de la democracia.
Por otra parte, hay que recordar que no todos los actores sociales lamentaban la polarización de la campaña electoral. El hecho de que las expectativas e intereses giraran sólo en torno a dos partidos favoreció ampliamente a ambos polos. Tanto ARENA como el FMLN se beneficiaban de que la campaña se polarizara. Primero, porque ello contribuía a eliminar del panorama a los posibles rivales políticos y, segundo, porque posibilitó a los dos polos basar sus estrategias publicitarias en la competencia contra un solo opositor. Así, la campaña electoral llegó a asemejarse a una guerra sin cuartel, en la que denigrar al adversario era tarea prioritaria; especialmente en el caso de ARENA.
Sin recato, puede afirmarse que la labor propagandística del partido gobernante se enfocó, casi por completo, en atacar al Frente. Nada de discursos propositivos ni de plataformas gubernamentales; de lo único que se trataba era de generar un clima de confrontación, por lo demás, inexistente. La idea era hacer creer que votar por el FMLN implicaba favorecer los intereses de un grupo que todavía no terminaba de deshacerse de sus tendencias violentas. Se buscaba desacreditar de antemano al partido de izquierda, recordándole a la opinión pública lo que sus miembros habían hecho en el pasado. ¿Cómo votar por quienes tanto daño le hicieron --y continúan haciéndole-- al país? era, en definitiva, el cuestionamiento publicitario con el que ARENA quiso asegurar su triunfo en la contienda electoral.
Pero el partido oficial le apostó a la carta equivocada. Creyó que desprestigiando al FMLN lograría soslayar, por un lado, la crisis institucional que se hizo evidente a finales de 1996, y la falta de un plan de gobierno edilicio y legislativo, por el otro. No pudo advertir que la arremetida virulenta en contra del Frente no podía hacer más que poner de manifiesto su debilidad. En aquel momento fue claro que ARENA le temía al Frente. Y su temor no era infundado. El partido de derecha tenía que prever, mejor que nadie, las consecuencias electorales que podían traerle el destape de su situación interna y el acrecentamiento del desgaste que los ocho años de administración gubernamental le habían producido. Y a quiénes favorecería el palpable deterioro de las estructuras areneras si no a su principal adversario, al FMLN. De ahí el empeño en denigrar a toda costa al principal partido de izquierda. El problema es que ese empeño llegó a límites tan extremos que lo único que logró fue evidenciar en grandes proporciones el temor de ARENA hacia el Frente. Este último, por su parte, salvo en algunas situaciones aisladas, evitó ceder a las provocaciones de su contrincante e hizo un intento por hacer que sus propuestas fueran consecuentes con las ideas que dice defender. Propuestas cuya operatividad podía ponerse en duda, pero que se acercaban más que las de ARENA a un proyecto de gobierno.
Finalmente, llegó el 16 de marzo, y con él significativas modificaciones en el panorama político nacional. La posibilidad de que ARENA viera mermada su cuota de poder se venía barajando meses atrás. Se había hablado ya de la probabilidad de que buena parte de los correligionarios incondicionales al partido oficial decidiera ejercer un "voto de castigo", que dejara clara su insatisfacción con el desempeño gubernamental de aquél. Lo que no se vislumbraba era que ese voto pudiera trastocar sustancialmente al orden político establecido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Y eso fue justamente lo que pasó.
A nivel de participación legislativa, mientras ARENA perdió 9 escaños, el FMLN incrementó en 6 sus curules al interior del pleno. En el campo edilicio, el triunfo fue para el FMLN, quien adquirió, entre otras, las significativas alcaldías de San Salvador y Santa Ana. Los resultados electorales, pues, asestaron un duro golpe a la convicción arenera de que el poder de su partido era indestructible e impusieron al FMLN el reto de dar respuesta a las expectativas que se pusieron sobre él. Y no es que el proyecto efemelenista hubiera atraído más adeptos gracias a los meses previos a los sufragios. El triunfo alcanzado el 16 de marzo por el principal instituto político de izquierda se debió, por un lado, al agotamiento de ARENA --evidenciado por sus desaciertos en la administración gubernamental, en la fractura de una unidad antaño considerada granítica y en las prácticas corruptas de muchos de sus funcionarios--; y, por otro, al fuerte abstencionismo de un electorado marcado por la desconfianza frente a los partidos y frente al sistema político en general.
Pero, más allá de las lecciones y desafíos que los comicios de marzo trajeron a los diferentes partidos políticos, conviene evaluar las implicaciones del reacomodo de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa en la instauración democrática. No puede negarse que el nuevo equilibrio de poderes en el pleno significó un paso más en la consolidación de la democracia, mas las condiciones en las que se produjeron los comicios distaron mucho de ser las ideales. No sólo debido a los desaciertos de los partidos durante el proceso electoral, sino también a las irregularidades que se engendraron en el seno del Tribunal Supremo Electoral. Ambas fallas denotan la debilidad intrínseca la democracia salvadoreña. Aun así, la realización de la contienda electoral fue posible y, para sorpresa de muchos, los resultados fueron respetados por parte de quienes se esperaba que, mínimamente, armaran un escándalo alegando fraude.
Ahora bien, los alcances de los resultados electorales no se reducen a los aspectos formales que acompañaron los comicios ni a la manera en la que los actores políticos enfrentaron la nueva configuración de su escenario. El hecho de que la adquisición de un mayor número de diputados por parte del FMLN resquebrajara el monopolio arenero es quizá la más importante de las consecuencias que lo ocurrido el 16 de marzo trajo consigo. La derogatoria de la Ley de privatización de ANTEL, la interpelación al Presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla, la aprobación del 6% del Presupuesto Nacional para las alcaldías y el intenso debate en torno a la condonación de la deuda agraria, son los ejemplos más representativos de que la Asamblea Legislativa salvadoreña ha sufrido importantes modificaciones. Las nuevas circunstancias han obligado a que las prácticas tradicionales de los diputados --compra y venta de votos, favoritismo, "madrugones"-- vayan dando paso a prácticas más consensuales. Y esa necesidad de consenso ha implicado que los partidos asuman más en serio los problemas del país.
El Organo Legislativo actual es considerablemente más autónomo
y agresivo que los que le han precedido. Marcada por la predominancia
política de ARENA, la gestión del pleno se subordinaba
a los dictámenes del Ejecutivo. Así, el país
se hallaba a merced de las decisiones que el partido gobernante
tomaba sin aceptar sugerencias allende de sus estructuras. Con
el equilibrio de fuerzas en la Asamblea, esa situación
cambió. Las hegemonías políticas se acabaron.
Actualmente, ningún partido puede concentrar más
poder que el que le corresponde, ya que no hay mayorías
completamente determinantes. La aprobación de una iniciativa
de ley ya no puede darse por mandato de un sólo partido,
sino que exige el apoyo de dos o más de ellos. Eso es algo
que favorece a los institutos políticos minoritarios. Las
elecciones del 97 proporcionaron a esos partidos la posibilidad
de participar más decisivamente en la toma de decisiones
al interior del pleno. Y aunque, como se mencionaba anteriormente,
dichos institutos no cuentan todavía con un nivel satisfactorio
de representatividad, el hecho de que las iniciativas que definen
los destinos del país tengan que pasar por la aprobación
de más de un instituto político, es, en sí
mismo, alentador.
Los escándalos que amenazaron la consolidación democrática: FINSEPRO y el caso de los secuestros
Probablemente, nada hubiera tenido que ver el escándalo del millonario fraude financiero en el ámbito político si en él no hubiera estado implicado uno de los "buenos muchachos" del partido en el poder. ARENA viene, desde hace rato, cargando sobre sus espaldas el estigma de la corrupción. Pero cada vez que sus dirigentes han sido cuestionados al respecto, éstos han sabido salirse por la tangente, evadiendo la responsabilidad partidaria en el problema de los funcionarios corruptos. Incluso han llegado a idear estrategias para evitar que sus miembros involucrados en casos de corrupción sean debidamente procesados por la justicia --tal es el caso de la implementación, por decreto, del fuero para los alcaldes. Seguramente, eso es lo que ARENA hubieran deseado hacer con Mathies Hill: evitar que la justicia fuera llevada hasta sus últimas consecuencias en casos en los que la imagen del partido se ve seriamente perjudicada. Sin embargo, el escándalo financiero cobró tales proporciones y las pruebas eran tan evidentes, que resultaba imposible no admitir que su "buen muchacho" había participado directamente en el fraude. ¿Qué más le quedaba al partido oficial que pronunciarse a favor del castigo para los responsables?
Pero ARENA no se conformó con eso y, continuando con el hábito de aprovechar cualquier oportunidad para desprestigiar a su rival, inventó pretextos para relacionar al FMLN en el caso de la millonaria estafa. A pesar de ello, el verdadero desprestigiado fue el partido oficial. Es cierto que Calderón Sol intentó demostrar que su gobierno estaba comprometido con el descubrimiento de toda la verdad en el caso del fraude financiero. El problema es que ese descubrimiento total nunca llegó a darse y que, cuando el escándalo salió a la luz pública, todo pareció indicar que, lo que se sabía hasta la fecha, era sólo el extremo de una madeja en la que se enredaban importantes figuras de la vida pública. Figuras más cercanas a las filas areneras que a las efemelenistas.
De este modo, el caso del fraude financiero vino a asestar otro duro golpe al partido oficial. Si antes había podido escabullirse de la responsabilidad de enfrentar el hecho de que al interior de sus estructuras la corrupción es una práctica común, con el escándalo de FINSEPRO, ARENA ya no pudo escapar al descrédito público. Sus miembros lo sabían. Por eso no es de extrañar que, cuando, meses después, se destapara el escándalo de los secuestros, ese partido de derecha pusiera todo su empeño en vincular institucionalmente al FMLN en él. No se trataba únicamente de continuar con el hábito de no dejar pasar ninguna oportunidad de denigrar al Frente; se trataba también de dejar en tablas la partida. Si algunos miembros de ARENA eran acusados de corrupción ¿por qué no hacer lo posible para que ciertos dirigentes efemelenistas resultaran involucrados en la planeación de plagios?
Por su parte, el FMLN fue, como siempre, el blanco más fácil. No hubo ningún problema en relacionar a ese partido con el caso de los secuestros; si lo hicieron en el pasado qué les impediría hacerlo ahora, fue la única duda que debió implantarse para despertar las sospechas de que la ex guerrilla podía tener algo que ver en el asunto de los secuestros. Por supuesto, esa duda no pudo más que perjudicar al Frente, el cual se vio obligado a pagar, una vez más, las consecuencias de su resistencia a ajustar cuentas con el pasado.
Como se ha señalado en distintas oportunidades, el error del Frente ha sido permanecer ciego ante la necesidad de aclarar a la población salvadoreña lo que verdaderamente hizo y dejó de hacer durante la guerra. Dejar bien sentadas las bases para entender quién es el FMLN de hoy con respecto al que fue durante la guerra es uno de los grandes propósitos que debería hacerse el Frente, si quiere superar de una vez por todas la debilidad de la cual ARENA va a aprovecharse cada vez que pueda. Con el silencio sepulcral que ha guardado en relación a su pasado, el instituto político de izquierda dejó abierta la posibilidad de sospechar de él en el futuro. Y esa es la posibilidad de la que ARENA ha sabido valerse para desarrollar la campaña de desacreditación de su principal adversario.
Ahora bien, ¿qué tienen que ver el fraude financiero y el caso de los secuestros con la consolidación de la democracia? ¿Por qué pueden estos sucesos ser considerados amenazas para alcanzarla? Responder a estas interrogantes obliga a tomar en consideración uno de los aspectos fundamentales de la instauración democrática: la relación partidos políticos-sociedad civil. Se decía que el fortalecimiento de esa relación debía ser una de las tareas prioritarias para los institutos políticos. Pues lo que los dos más grandes escándalos de 1997 vinieron a demostrar fue que los partidos mayoritarios no han sabido asumir esa tarea y que quizá ni siquiera están conscientes de la importancia de hacerlo. ¿Cómo estrechar los lazos que los unen a la sociedad civil mientras sus miembros son acusados de estar inmiscuidos en delitos serios y repudiables? ¿Cómo esperar que la población recupere la credibilidad en unas instituciones cuya honestidad e integridad pueden ser tan fácilmente puestas en duda?
Así pues, lo sucedido denota que, lejos de estar preocupados
por acercarse más a la sociedad civil y a sus intereses,
los dos más poderosos partidos se hallan inmersos en una
disputa cerrada en la que mientras uno ataca, el otro se defiende
constantemente, en un ciclo que parece interminable. Y aunque
a veces quiera ser visto así, esa disputa no contribuye
en nada al proceso de consolidación de la democracia, porque
en lugar de enriquecerla la debilita.
1999 en perspectiva
Los resultados electorales significaron para la clase política un doble reto: por un lado, debían responder, lo más coherentemente posible, a las expectativas que la nueva configuración del espectro político les había planteado; y, por otro, debían diseñar estrategias que les permitieran ofrecerse como alternativas atractivas para los comicios de 1999. El quid de la cuestión era saber cumplir ambos retos de manera que ninguno perdiera prioridad respecto del otro; es más, advirtiendo que llevar a cabo el primero implicaba avanzar un decisivo tramo en la concreción del segundo. Veremos hasta donde pudieron llegar en este año los diferentes partidos en la conquista de estos dos retos.
Del MU, la CD y el PRSC cabe señalar los esfuerzos que, tras el proceso electoral de principios de año, hicieron por consolidar un sólo bloque con orientación socialcristiana que les permitiera fortalecer el centro y presentarse como alternativas de poder en los sufragios venideros. PCN y PDC, por separado, empezaron a trazar estrategias con miras a los comicios presidenciales. ARENA, por su parte, dio a conocer en aquél momento su proyecto electoral "Plan 24 meses". Y, finalmente, el FMLN, en su Convención Nacional, discutió sus líneas de acción para el proceso electoral de la contienda presidencial.
En definitiva, todos parecen estar conscientes de la necesidad de empezar a proyectarse hacia el futuro inmediato. Lo que puede ponerse en duda es el grado de comprensión que han logrado alcanzar los partidos de que esa proyección implica necesariamente a los resultados de su desempeño político. Muchos ajustes, planes y diseños estratégicos pueden hacer los partidos, pero de nada servirán si no van lo suficientemente bien articulados con su desempeño gubernamental.
Lamentablemente, eso es lo que no parece estar pasando. En la reestructuración llevada a cabo en el mes de abril, ARENA decidió jugarse dos cartas de naturaleza contradictorias. Una, era la apuesta a la novedad; la llegada de personalidades como Roberto Murray Meza pretendía darle al partido la imagen de que había un reacomodo real en sus estructuras. Pero fue la segunda apuesta la que resultó más llamativa; la reinserción del ex presidente Alfredo Cristiani en el COENA podía entenderse como una tendencia a reivindicar las líneas tradicionales de la derecha al interior del partido.
Como quiera que sea, lo cierto es que, en un primer momento, ARENA dio muestras de estar interesado en modificarse internamente y replantear sus posturas; pero eso nunca se tradujo en una mayor eficacia gubernamental que probara que ese interés iba a ser llevado a la práctica. El partido oficial no ha cambiado en nada. Más bien pareciera hallarse detenido en el problema de recuperar una fortaleza que se pierde cada vez más.
Por otra parte, el FMLN descubrió, durante su Convención Nacional, una faceta que no se le conocía: la capacidad de reformular su dinamismo interno de acuerdo a las exigencias de las circunstancias. En esa Convención, el Frente dio un giro inesperado al procurar el ascenso a su dirigencia de una tendencia -al menos en apariencia-- moderada. Tendencia cuyo predominio resultaba muy conveniente dado que ese evento ocurrió justo en el marco de las acusaciones proferidas contra el Frente de haber participado en los secuestros. En este momento, no puede saberse a ciencia cierta porqué el partido en cuestión eligió la línea progresista y desecho la tendencia ortodoxa. Es posible que el triunfo de aquélla hubiera sido arreglado de antemano con el objeto de amainar la tempestad que la acusación de estar vinculado con los plagios le trajo al partido. Pero es posible también que la existencia de dos alas bien demarcadas al interior del partido de izquierda sea una realidad que amenace con provocar tensiones en el futuro. De cualquier modo, la única certeza que puede tenerse ahora es que tampoco el FMLN ha caído en la cuenta de que sus amplias posibilidades de llegar a la presidencia en 1999 pueden verse menguadas si no da unidad a sus aspiraciones políticas y a su gestión en la Asamblea y las alcaldías.
Así las cosas, resulta claro que consolidarse y responder
a las demandas de la sociedad son dos cosas que los partidos no
pueden hacer conjuntamente. Eso atenta contra otro de los requisitos
de la institucionalización democrática: el fortalecimiento
interno de los partidos. El divorcio entre consolidación
y respuesta a las demandas de la población constituye una
amenaza porque, en un orden democrático, estas dos caras
no pueden ser entendidas la una sin la otra. En resumen, puede
decirse que el sistema político ha dado pasos significativos
hacia la consolidación de la democracia. El reordenamiento
del panorama político es quizá el más importante
de ellos. Sin embargo, los dinamismos políticos demuestran
que la democratización de la sociedad salvadoreña
se encuentra aún en sus fases más tempranas. De
ese modo, la consolidación de la democracia en el país,
continuará, pues, siendo el desafío fundamental
del sistema político nacional.
El año 1997 no despertaba demasiado optimismo en las esferas gubernamentales acerca de las proyecciones económicas, debido principalmente a la caída de las tasas de crecimiento de la producción experimentadas desde 1995. Ello se reflejaba en las expectativas de crecimiento económico de 4% para 1997, después de que las tasas de crecimiento del primer quinquenio de la década habían superado el 6%. Por otra parte, se esperaba que el comportamiento de los principales balances macroeconómicos se mantuviera con una tendencia al equilibrio, pero al final, con excepción de las finanzas públicas, los resultados rebasaron las expectativas.
Los primeros datos preliminares ofrecidos por el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), muestran que, 1997, habría sido un buen año para los fines de la estabilización macroeconómica. La meta de crecimiento fue alcanzada, la inflación estuvo por debajo de lo programado y se acumularon más Reservas Internacionales Netas (RIN) de las que se tenía programado. Frente a este alentador panorama, la conclusión obvia es que las reformas económicas implementadas a lo largo de la década han sido efectivas; sin embargo, esta es una postura muy discutible.
La verdad es que, aun aceptando que existen claros signos de consolidación de la estabilidad macroeconómica, éstos no se traducen necesariamente en mejores condiciones para el incremento sostenido de la producción, el empleo y los ingresos. Incluso, al igual que hace siete u ocho años, puede notarse que los grandes logros macroeconómicos que se atribuye el gobierno dependen casi totalmente del flujo de divisas desde el exterior. La estabilidad del tipo de cambio, la acumulación de RIN y la reducción de la tasa inflacionaria son posibles solamente por las remesas familiares, donaciones y empréstitos.
Además, este aparente clima de estabilidad macroeconómica, en realidad, enfrenta serias limitantes provenientes del sector público y el sector financiero. El sector público, pese a la reforma tributaria regresiva implementada durante la década de 1990, continúa mostrando su sempiterna tendencia hacia el déficit fiscal; el sector monetario, aun a despecho de las bajas tasas de inflación observadas durante los últimos años, se muestra renuente a reducir significativamente las tasas de interés, con lo cual impacta negativamente sobre los niveles de inversión y crecimiento.
En lo que sigue, se trata de proporcionar una interpretación
más amplia y objetiva de la situación económica
del país a finales de 1997, tomando en cuenta que, a diferencia
de la evaluación gubernamental, aquí se tratan aspectos
críticos relacionados con el papel de los flujos externos
de divisas, el empleo, los salarios y las tasas de interés.
Producción y empleo
Difícilmente puede negarse que el crecimiento económico es un elemento indispensable para el desarrollo económico y social; por ello, una tasa de crecimiento del PIB de 4% es, innegablemente, un buen resultado. Es totalmente válido también señalar que la calidad del crecimiento económico en El Salvador es baja, especialmente si consideramos que se ha logrado a partir del sector terciario, sin desarrollar las capacidades productivas de los sectores agropecuario e industrial.
Más aún, en el caso del sector agropecuario, se registraron importantes efectos negativos sobre la producción de granos básicos, café e, incluso, azúcar debido al fenómeno climatológico "El Niño", el cual dio pie tanto a una grave sequía como a lluvias extemporáneas que dañaron severamente los cultivos. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso de los granos básicos se espera una pérdida de cerca de un 24% de la cosechas; en el caso del café se estima una pérdida de cerca de entre 5 y 20%; y en el caso de la caña de azúcar de cerca de un 20%. Un dato consolidado de las pérdidas en el sector agropecuario es que cerca de un 2% del PIB podría perderse por efecto de "El Niño".
Esta situación es el aspecto más cuestionable de las altas cifras de crecimiento obtenidas durante los últimos años, debido a que el crecimiento económico ha estado concentrado en los sectores comercial y financiero, los cuales, dicho sea de paso, no generan bienes transables y poco contribuyen para mantener la estabilidad de la balanza comercial. Al mismo tiempo que se obtienen tasas globales de crecimiento del 4%, el sector agropecuario se encuentra en una permanente crisis.
La evolución del empleo durante 1997, al igual que en otros años, se ha ausentado de la evaluación económica del gobierno. Datos alternativos propalados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), aceptan la tasa de crecimiento de 4% en el PIB, pero al mismo tiempo señalan que, entre 1996 y 1997, la tasa de desempleo se incrementó desde 7.7% a más de 8%. Este dato, conjuntamente con la elevada tasa de subempleo (cerca del 50%), muestra palmariamente cómo el crecimiento en sí mismo no es sinónimo de mayor bienestar social.
Además del comportamiento cuantitativo del empleo, algunas consideraciones sobre su dimensión cualitativa pueden contextualizar aún más los datos sobre crecimiento económico. En primer lugar, dentro del sector industrial, la actividad más dinámica en la generación de empleo ha sido la maquila de ropa, manejada fundamentalmente dentro de zonas francas y recintos fiscales, dedicados totalmente a la producción exportable. Este sector ha experimentado un rápido crecimiento durante esta década, al grado de llegar a ser el principal generador de exportaciones. Sin embargo, los empleos generados por esta actividad son mal remunerados y presentan desfavorables condiciones de trabajo. La mayoría de los trabajadores de la maquila textil reciben únicamente el salario mínimo, deben aceptar jornadas extenuantes de trabajo y, en muchos casos, deficientes condiciones de salubridad. No es extraño que las empresas de este ramo hayan sido el principal epicentro de intensos conflictos obrero-patronales a lo largo de la década de 1990.
El empleo en el sector rural, por otra parte, continúa
dependiendo fundamentalmente de los cultivos tradicionales de
exportación, tales como el café y el azúcar,
por lo mismo éste tiene un carácter estacional,
es decir que sólo existe durante tres meses del año.
Los restantes meses, la mayoría de la población
rural se enfrenta a una permanente situación de desempleo,
subempleo y pobreza, adicionalmente exacerbada por la pérdida
de importancia de la producción agropecuaria dentro del
PIB y, para 1997-1998, por las pérdidas provocadas por
"El Niño".
Precios y salarios
Probablemente, el dato más curioso presentado por el Presidente del BCR, Roberto Orellana Milla, ha sido la estimación de una tasa de inflación de tan sólo 2.5% para finales de 1997. Esta sería la tasa de inflación más baja de los últimos 20 o 25 años y se encontraría muy por debajo de las estimaciones de entre 5 y 7% contenidas en el programa monetario y financiero 1997. Aún resta por examinar cuáles han sido los rubros en los que se habrían experimentado las reducciones más significativas en los precios; pero, de ser exacto el dato de inflación, el deterioro de los ingresos y salarios durante 1997 disminuyó en relación a 1996, aunque siempre se sumó a las tendencias hacia el deterioro de los salarios reales. El dato más relevante en torno a los salarios es la congelación del salario mínimo en los niveles fijados en 1995, lo cual implica que el salario mínimo real ha experimentado un importante deterioro hasta la fecha. Actualmente, el salario mínimo nominal para el área urbana es de 1,155 colones; sólo de aplicar la inflación acumulada en 1996 y 1997 tendríamos que los salarios mínimos reales habrían perdido un 8.8% de su valor real.
Para este año, no se efectuaron ajustes al salario mínimo,
pero se iniciaron conversaciones en esta línea entre representantes
del gobierno, la empresa privada y el sector laboral. La propuesta
gubernamental, presentada por personeros del Ministerio de Trabajo,
se ha centrado hasta ahora en la adopción de una política
salarial basada en la productividad de los trabajadores, pese
a que todavía no se cuentan con indicadores fiables de
la misma. En lo respectivo a los salarios de los empleados públicos,
la recomendación del Presidente del BCR es que éstos
se congelen para controlar el déficit fiscal que, por ahora,
es el punto más cuestionable del desempeño económico
del gobierno.
Sector público
En lo relacionado a las finanzas públicas, el Programa Monetario y Financiero se proponía llevar el déficit fiscal hasta un nivel de 1.1% del PIB; sin embargo, de acuerdo a los últimos datos del BCR, el déficit fiscal para 1997 se estima que será de 1.8% del PIB, el cual, aunque inferior al nivel alcanzado en 1996, aún se encuentra a niveles elevados.
Según el BCR, esta situación obedecería a la política seguida por el Ministerio de Hacienda, al cual se le atribuye la creación de las mayores presiones para el incremento del gasto público y la permanencia, e inclusive ampliación, de las deficiencias en la recolección de impuestos. Para argumentar esto último, el Presidente del BCR señala que para 1997 se obtuvo una tasa de carga tributaria de 10.6% del PIB, la cual sería la tasa más baja de los últimos cuatro años. Para solucionar la problemática del desequilibrio fiscal el BCR recomienda medidas como: reducir el endeudamiento externo, la congelación de los salarios de los empleados públicos y, finalmente, abstenerse de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como lo proponen sectores de la oposición política.
El control del déficit fiscal es, sin lugar a dudas, el punto más problemático para el gobierno. Pese a que, con la implementación de diferentes medidas de reforma tributaria, se pretendía resolver la problemática del déficit fiscal, lo cierto es que únicamente se han sustituido algunos impuestos por otros sin que el impacto final haya sido significativo para elevar los ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal. Aunque se introdujo el IVA en 1992 con una tasa de 10% que luego se elevó a 13%, paralelamente, se eliminaron los impuestos al patrimonio y a las exportaciones de café y, al mismo tiempo, se redujo drásticamente el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, al consumo y a las importaciones. Para 1997, el IVA representó más del 50% del total de ingresos tributarios, mientras que los impuestos a las importaciones han presentado tendencia hacia la disminución, y que podría acentuarse en los próximos años como resultado de la desgravación arancelaria.
Aunque, en un principio, el IVA ha implicado importantes alzas
en los ingresos tributarios, éstas han sido contrarrestadas
por la caída en los ingresos generados por otros impuestos,
así como por la pérdida de dinamismo económico
experimentado desde mediados de 1995. No es de extrañar,
entonces, que el coeficiente de carga tributaria se haya reducido
en 1997. El bajo crecimiento del citado coeficiente resulta especialmente
cuestionable si se considera que se han introducido impuestos
que gravan fundamentalmente a los sectores consumidores, con limitada
capacidad económica, y no al sector empresarial, de mucha
mayor capacidad económica.
Sector externo
El incremento de las RIN es otro elemento positivo del contexto macroeconómico que el BCR se atribuye haber logrado. La situación sería tan bonancible que, durante 1997, se habría rebasado la meta inicial de 100 millones de dólares de incremento en el saldo de las RIN, llegando a obtenerse un incremento final de más de 225 millones de dólares. Aquí cabe señalar que este comportamiento de las RIN no obedece en realidad a ninguna política del BCR, simplemente es resultado del flujo de transferencias privadas, especialmente remesas familiares.
Prueba de lo anterior es que el saldo de la balanza comercial continúa siendo negativo, lo cual implica que el país importa más de lo que exporta. Así, durante 1997 se estima que las exportaciones alcanzaron los 2,765 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 4,040 millones de dólares; es decir, el déficit de la balanza comercial fue de 1,275 millones de dólares. En 1996 el déficit de la balanza comercial fue de 1,338 millones de dólares, lo cual implica que se suscitó una pequeña reducción, atribuible en parte a un incremento en los precios del café, pero, especialmente, a una reducción de las tasas de crecimiento de las importaciones.
Cabe destacar que el desequilibrio de la balanza comercial (1,275 millones de dólares) es bastante similar al estimado de 1,221.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares proyectado por el mismo BCR. Si adicionamos los más de 200 millones de dólares en concepto de donaciones y empréstitos que han ingresado al país, el saldo se vuelve positivo y es perfectamente posible un incremento de las RIN. Estos datos evidencian que para equilibrar el sector externo del país no se cuenta con un aparato productor de exportaciones, solamente con las transferencias de divisas realizadas por la mano de obra nacional laborando en el exterior y de la afluencia de capitales externos.
Otro factor externo que atenúa las tendencias desequilibrantes de la balanza comercial digno de mencionar son las exportaciones de maquila textil. Se estima que, para 1997, las exportaciones de maquila alcanzarán cerca del 44% de las exportaciones totales.
En este escenario, es claro que el mantenimiento del tipo de cambio no es un resultado de la política económica, sino más bien un reflejo de la masiva afluencia de divisas, por cierto para nada relacionadas con las exportaciones. Para el sector exportador, la coyuntura actual podría estar restando estímulos para la producción en la medida en que el tipo de cambio estable combinado con la inflación nacional restan competitividad a las exportaciones.
El mantenimiento del tipo de cambio depende principalmente de
los flujos externos de divisas, las cuales permiten elevados niveles
de oferta de dólares, al grado que incluso podría
suscitarse una reducción del tipo de cambio, que en la
práctica no ocurre debido a que el BCR se encarga de esterilizar
la oferta excedente de dólares.
Sector monetario-financiero
Durante 1997 el crecimiento del crédito se mantuvo dentro de los parámetros definidos por el BCR; es decir, a un nivel máximo de 16%, muy por debajo de los niveles de 30% observados hasta 1994, cuando el crecimiento económico anual llegó a ubicarse en un rango de entre 6-7%. No cabe duda de que las restricciones al crecimiento del crédito establecidas por el BCR han estado claramente ligadas a la reducción de las tasas de crecimiento del PIB experimentadas desde la segunda mitad de 1995.
El mayor problema que se percibe en el sector monetario- financiero, empero, está referido no tanto al nivel de expansión del crédito, sino a los injustificables niveles de las tasas de interés impuestas por las instituciones que conforman el sistema financiero nacional. Mientras las tasas nominales pasivas se mantienen en niveles inferiores a 10% e, incluso, de 4% para cuentas de ahorro, las tasas nominales activas llegan a superar con creces el 20%.
Esto resulta aún más cuestionable si consideramos
las pronunciadas caídas de las tasas inflacionarias y el
elevado nivel de liquidez del cual goza, de acuerdo al mismo BCR,
el sistema financiero. En este punto es importante destacar que
para 1996 la tasa de inflación fue de 7.4% y para 1997
se espera que sea de sólo 2.5%, pese a ello la tendencia
de las tasas de interés activas promedio ha sido hacia
el alza o, en el mejor de los casos, hacia la estabilización.
| Inflación (%) | |
| Crecimiento del PIB real (%) |
|
| Crecimiento de exportaciones (sin café) (%) | |
| Exportaciones de maquila (U$) | |
| Remesas familiares (U$) | |
| Saldo de RIN (U$) | |
| Déficit fiscal/PIB (%) | |
| Crédito respecto al PIB (%) |
|
| Depósitos respecto al PIB (%) | |
| Deuda externa/PIB (%) | |
| Carga tributaria/PIB (%) |
|
La problemática de las tasas de interés repercute
no solamente en la rentabilidad de las empresas financieras, sino
también en el nivel de inversión y, consecuentemente,
en la producción. Mientras las empresas financieras incrementan
su rentabilidad y sus tasas de crecimiento, el resto de sectores
económicos se enfrentan a mayores costos financieros, menores
niveles de inversión y caída de la tasa de crecimiento
de su PIB sectorial. Tasas de interés elevadas son propias
de una situación de recesión económica, tal
como la experimentada los últimos dos años.
Política social
Los dos gobiernos de ARENA han propuesto amplios planes de fomento del desarrollo social, como medio de compensar los efectos del ajuste y favorecer a los sectores más pobres de la sociedad. El actual gobierno presentó un Plan de Desarrollo Social donde el elemento que más llamaba la atención era la propuesta de elevar el gasto social hasta que éste llegara a representar el 50% del presupuesto general de la nación. Paradójicamente, la dinámica observada en 1997 --al igual que en los dos años anteriores-- dista mucho de esta declaratoria.
Al examinar el anteproyecto del presupuesto general de la nación para 1998 se observa que, a pesar de un incremento a la asignación del ramo educativo, lo cierto es que, en conjunto, las ramas consideradas dentro del gasto social (educación, salud, vivienda y trabajo) disminuyeron su participación porcentual en el total del presupuesto. En 1996 y 1997 se destinó un 24.35% y un 25.1% para gasto social, respectivamente; mientras que en 1998 se espera que el gasto social alcance únicamente el 24.5% del total del presupuesto. Este porcentaje resulta de sumar el porcentaje asignado a educación (16.1%), salud (7.9%), vivienda (0.2%) y trabajo (0.3%).
En lugar de incrementar la asignación para gasto social, como lo propone el plan de desarrollo social, el anteproyecto del presupuesto para 1998 lo retrocedería a los niveles de hace 2 años. Dentro de este comportamiento, lo más cuestionable es la reducción del porcentaje asignado a la salud. Este pasará de representar un 8.6% en 1997, a representar tan sólo un 7.9% en 1998. Pese a que se aumentó su presupuesto en 16 millones de colones, éste fue proporcionalmente menor al experimentado por el presupuesto total y, por ello, no impidió que la participación porcentual de la rama disminuyera.
Al examinar los restantes componentes del gasto social (trabajo y vivienda), destaca que éstos se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles porcentuales de 1997. No obstante, resulta significativa la reducción de cerca de 1.2 millones en el presupuesto de vivienda y desarrollo urbano, no por su monto, sino por el contexto en que se opera. Este ramo apenas recibe un 0.2% del presupuesto total, pese a que la vivienda es una de las necesidades sociales más ingentes.
La composición del presupuesto revela, nuevamente, que
uno de los mayores vacíos de los programas de gobierno
se encuentra en el área del fomento del desarrollo social.
Por ejemplo, aunque no es necesario argumentar en torno a la insuficiencia
y constante deterioro del sistema nacional de salud, en la práctica
la asignación presupuestaria para esta rama resulta francamente
incoherente, no sólo con las necesidades del país,
sino también con el discurso oficial sobre el desarrollo
social.
Medio ambiente
Este aspecto ha adquirido cada vez mayor importancia para el desempeño económico, no sólo porque desde el exterior se han permeado algunos principios ecologistas, sino también porque cada vez son más evidentes sus efectos negativos sobre el crecimiento económico. Prueba de lo anterior es, por ejemplo, el efecto negativo del fenómeno El Niño sobre la agricultura y los elevados costos económicos del deterioro de los recursos naturales.
Sólo para este año se estima que El Niño provocará pérdidas de cerca de un 2% del PIB, sin contar los posibles costos asociados con el deterioro ambiental que este implica. Sobre este último punto, estimaciones de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social sobre los costos económicos y sociales del deterioro ambiental realizadas para el año 1995, consideran que éstos podrían estar rondando entre el 2.8 y el 4.3 por ciento del PIB para ese año. Es decir que, si añadimos ambos datos, tenemos que para 1997 los costos relacionados con el deterioro ambiental podrían oscilar entre 4.8 y 6.3 por ciento del PIB.
Con todo, debe señalarse que hasta el momento el gobierno aún no define una estrategia para enfrentar el problema de la preservación y la gestión de los recursos naturales. Durante 1997 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible; sin embargo, ello no ha provocado la creación de normativas para detener el deterioro ambiental. La Ley del Medio Ambiente aún continúa sin aprobarse y sin tocar el fondo del problema ambiental.
En El Salvador, el crecimiento ha estado indisolublemente ligado a la sobre-explotación de los recursos naturales desde que se orientó el cultivo de cacao y, posteriormente, de añil para fines de exportación. En la actualidad se plantea que la capacidad de soporte de los recursos naturales y el medio ambiente ha llegado a su límite e, inclusive, está oponiendo restricciones para el crecimiento económico. Las soluciones a este problema son, lógicamente, complejas.
Por ejemplo, en muchos casos el problema ambiental se soluciona
con la internalización, por parte de las empresas, de los
costos de descontaminación ambiental; en otros, como en
el caso de la agricultura de subsistencia, la situación
es más complicada. En estos últimos casos, la reversión
del deterioro ambiental pasa por que el gobierno adopte e implemente
planes de desarrollo agropecuario basados en el uso sostenible
de los recursos naturales.
Consideraciones
La conclusión más importante para el año 1997 es que se registró un repunte del crecimiento económico, pero acompañado de un crecimiento del desempleo. En lo tocante a la estabilidad macroeconómica, destaca que ésta se ha logrado a costa de una restricción del crecimiento económico y de la afluencia de divisas desde el exterior. La única área macroeconómica que no se beneficia de la actual coyuntura es la de las finanzas públicas.
Las menores tasas de inflación se deben en gran parte a la restricción del crédito, el cual, a su vez, ha reducido las tasas de crecimiento económico. Por otra parte, la estabilidad del tipo de cambio y el incremento de las RIN obedece a factores exógenos al manejo económico del BCR.
En lo que respecta al sector público, se ha realizado una reforma que habría modernizado la estructura tributaria, pero que no ha logrado elevar significativamente el coeficiente de carga tributaria ni controlar el problema del déficit fiscal, aunque sí habría trasladado la carga tributaria desde los sectores de mayores ingresos a los sectores de menores ingresos.
El área social es el aspecto más débil de la evaluación económica de 1997. La satisfacción de las necesidades básicas se ha visto adicionalmente comprometida, no sólo por el incremento del desempleo, sino también por la caída de los ingresos y salarios reales y la subsecuente disminución del poder adquisitivo. Por otra parte, y tal como ha sido costumbre en los últimos años, el Presupuesto General de la Nación mantiene una franca tendencia ascendente, pero sin inclinarse hacia los sectores vinculados con la función social del Estado. Esto se refleja en la reducción del porcentaje del presupuesto de la nación destinado para gasto social, aun a pesar de los ofrecimientos presidenciales de incrementarlo.
En al ámbito monetario-financiero resulta de especial importancia una revisión de las tasas de interés para adecuarlas a la inflación observada durante los últimos años, y estimular incrementos de la inversión, producción y empleo.
Por otra parte, resulta claro que la dimensión ambiental debe ser incorporada dentro de los planes de gobierno con mayor firmeza, no sólo por fines puramente conservacionistas, sino también porque ello también conduce a progresos en las áreas económica y social.
Un balance levemente más objetivo que el gubernamental muestra que el desempeño económico de 1997 aún tiene como trasfondo el crecimiento económico sin empleo, la dependencia de recursos externos para mantener la estabilidad macroeconómica, la creciente insatisfacción de las necesidades básicas y el galopante deterioro ambiental con sus subsecuentes costos.
Sin pretender negar la importancia del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica, la evidencia muestra la necesidad de revisar las características del primero, pues su importancia, desde una perspectiva ética, estriba en su contribución al bienestar económico y social de la población. Lo anterior implicaría que el crecimiento debería traducirse en mejorías en los niveles de empleo, salarios e ingresos de los sectores trabajadores. Por el momento, el crecimiento económico no ha conllevado efectos positivos de importancia para la población más necesitada. Ni siquiera ha permitido obtener suficientes ingresos tributarios para financiar incrementos del gasto social.
Mantener la estabilidad macroeconómica no es un problema
en la actual coyuntura, el verdadero problema estriba en cómo
administrar la relativa solvencia que otorgan las remesas familiares
para estimular un tipo de crecimiento económico que, a
diferencia del actual, permita mantener la estabilidad macroeconómica
sobre bases endógenas y mejorar los salarios e ingresos
reales. Algunos puntos importantes en torno a esta situación
es la reducción de las tasas de interés activas
a niveles acordes con la inflación, el incremento de la
inversión en los sectores productivos y la redistribución
del valor agregado a manera de incrementar la participación
de las remuneraciones de los trabajadores.
En 1996 la agenda de temas de discusión se vio acaparada por el tópico de la delincuencia y las maneras de combatirla; ello implicó que asuntos trascendentales de la nación en el área social pasaran desapercibidos o no recibieran la debida atención. Es ilusorio afirmar que en 1997 la delincuencia y la violencia han menguado hasta alcanzar niveles mínimos o que ya se han encontrado de una vez por todas los mecanismos acertados para combatirla; la violencia delincuencial en sus más variadas expresiones sigue presente en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la profesionalización de la PNC (pese a que en su labor haya que reconocer inexcusables errores) y la agilización de los procesos judiciales han ido alcanzado el nivel necesario para mitigar los efectos del flagelo.
De este año que finalizó, pues, hay que examinar
las dinámicas sociales allende al problema delincuencial;
dinámicas que como éste son determinantes para el
establecimiento de condiciones mínimas de convivencia y
desarrollo social. De esta manera, en las siguientes líneas
se hará, en primer lugar, un análisis de lo que
ha sido la Reforma Educativa desde los procesos de evaluación
que se llevaron a cabo en 1997; en segundo lugar, un balance de
los logros y desaciertos en la monumental tarea del ordenamiento
de San Salvador; en tercer lugar, se analizará el tema
de los sindicatos del país, principalmente centrándonos
en sus actividades en torno al proceso de privatización;
y, finalmente, se realizará un resumen de la trayectoria
de dos de las figuras más importantes para la protección
del medio ambiente: la Ley del Medio Ambiente y la transformación
del SEMA a Ministerio de Medio Ambiente.
Reforma Educativa, ¿en marcha?
No cabe duda de que uno de los grandes aciertos y logros -si no el único- del gobierno en materia de desarrollo social ha sido el proceso de la Reforma Educativa. No hay que ser un gran observador para darse cuenta de que en la Educación se ha realizado un viraje para bien. La participación de profesionales de prestigio y de sólida formación en la elaboración de los libros de texto y los proyectos curriculares básicos; la puesta en práctica del programa de "Escuelas saludables"; la capacitación de maestros; pero, sobretodo, la reformulación del ideal educativo y la búsqueda de los recursos materiales y humanos para que éste alcance la vigencia práctica deseada son signos de que el Ministerio de Educación ha puesto todo de su parte en la monumental empresa de levantar al sistema educativo salvadoreño del cieno en el que se hallaba inmerso desde hace tantos años.
Obviamente, de estos destellos prometedores del inicio de la Reforma no puede seguirse que ella culminará con éxito. Para afirmar algo sobre ello se deberá esperar más que un par de años. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha tenido el suficiente tino como para dotar a la reforma de un sistema de evaluaciones que le permita medir resultados y, de ser necesario, reorientar su rumbo.
En este año se llevaron a cabo dos procesos de evaluación, cada uno de ellos con objetivos diferentes: el primero, el PAES (Prueba de Aptitud y Aprendizaje para Egresados), que se aplicó el 10 de octubre a todos los estudiantes que se graduaban de bachilleres, como su mismo nombre lo indica, era un mecanismo diseñado por el MINED para medir el grado de conocimiento de los alumnos en cuatro áreas básicas: Matemáticas, Lenguaje, Sociales y Ciencia. El segundo, la evaluación de los institutos de educación superior, proceso que inició a mediados de este año y culminó en diciembre, pretendía ser un instrumento que, al diagnosticar el estado físico y académico de las universidades del país, hiciera evidente la adecuación de éstas a las condiciones de operación de la Ley de Educación Superior.
El PAES, a diferencia de la evaluación a las universidades, pretendió medir, primordialmente, no sólo las capacidades y habilidades cognocitivas de la primera generación de estudiantes que experimentaron los cambios introducidos por la Reforma (reducción del bachillerato, aumento de los horarios de estudio, reformulación de las áreas de contenido y de los contenidos mismos, entre otros), sino también, por supuesto, el éxito o fracaso educativo de estos cambios. El PAES, a la vez que les serviría a los nuevos graduados como una carta de presentación de su desempeño en relación al desempeño de sus pares a la hora de presentarse a una universidad para continuar sus estudios, sirvió para que el Ministerio obtuviera una medición de lo alcanzado por la Reforma hasta este año. A primera vista, el resultado, ya de todos conocido, no fue muy alentador. El promedio nacional fue de 6.16.
Sin embargo, si se toma en cuenta que el porcentaje de los alumnos que obtuvo una calificación por arriba de siete fue el segundo más numeroso (un 35%); que el porcentaje de los graduados que obtuvieron notas de entre dos y cuatro fue de tan solo 12%; y que la Reforma Educativa lleva en marcha únicamente dos años, los resultados no dan pie para afirmar que se va por mal camino. Así, pues, el Ministerio de Educación ha empezado a cosechar frutos, a nivel de educación media, esperanzadores. No obstante, este optimismo y buenos augurios sobre la educación en el país encontraron serios reparos en la no poca polémica evaluación de las universidades.
Con el inicio del período de evaluación, por parte del Ministerio de Educación, de los institutos de educación universitaria del país, la vida de algunas de las 45 universidades empezó a pender de un endeble hilo. Con el fin de hacer cumplir los requisitos mínimos de funcionamiento de las instituciones de educación superior, el MINED se embarcó, a partir de junio, en un proceso de inspección y calificación de la infraestructura y calidad académica de las universidades salvadoreñas en funciones.
Según el artículo 34 de la Ley de Educación Superior, en vigencia desde el 20 de diciembre de 1995, entre "los requisitos mínimos para que una institución de educación superior conserve la calidad de tal" están los siguientes: a) "Ofrecer al menos una carrera tecnológica; una carrera profesional a nivel superior que integre lo técnico, lo científico y lo humanístico; y no menos de cinco carreras profesionales que cubran homogéneamente las áreas científicas, humanísticas y técnicas..."; b) "Disponer de los planes de estudio adecuados y aprobados para los grados que ofrezcan, así como de los programas correspondientes a los cursos, seminarios y prácticas requeridos"; c) "Realizar por lo menos un proyecto de investigación por año en las área que se ofrecen"; d) "Disponer de la adecuada infraestructura física: bibliotecas, laboratorios, campos de experimentación, centros de prácticas apropiados y demás recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades docentes..."; y e) "Contar con una relación mínima de un profesor por cada treinta y cinco alumnos, sean éstos hora clase, tiempo parcial o tiempo completo; y una relación mínima de un profesor a tiempo completo por cada setenta y cinco alumnos".
Para verificar que las anteriores condiciones mínimas se mantengan al interior de las diferentes universidades, el MINED, siguiendo las disposiciones del artículo 39 de la misma ley, "efectuará evaluaciones periódicas para comprobar la calidad académica de las mismas...; evaluará las instituciones de educación superior por lo menos una vez cada año alterno...; realizará una calificación anual de las instituciones...en cuanto a su calidad académica, costos, infraestructura y requisitos de ingreso. Esta calificación será divulgada ampliamente".
Por lo anterior, las universidades salvadoreñas enfrentaban un doble reto: por un lado, cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, so pena de ser sancionadas o verse expuestas al cierre definitivo de la institución, y, por el otro, enfrentar un proceso de calificación en el que quedarían expuestas a la luz pública por su adecuación o distancia de ciertos criterios de calidad académica.
Evidentemente, fue el primero de estos dos puntos el que más dolores de cabeza les produjo a los responsables de conducir cierto tipo de universidades reconocidas por su improvisación académica; por su afán de expedir, fácilmente y sin garantías de ningún tipo, títulos de la profesión que se quisiese; por sus raquíticas infraestructuras; por la inaudita incompetencia de sus docentes.
A principios de julio, el MINED ya había hecho público, aunque con renuencia a proporcionar nombres, que cerca de diez universidades privadas -calificadas como "pequeñas"- se encontraban bajó evaluación al haberse detectado en éstas "serias anomalías". Entre ellas, sobresalía el caso de la universidad de Administración y Negocios (UNAN), en la cual las irregularidades detectadas por el MINED -proporcionar títulos sin que los "estudiantes" hubieran cursado materia alguna, por ejemplo-- trascendían incluso al campo penal, por lo cual la orden para su cierre definitivo sólo fue cuestión de tiempo.
Frente a lo anterior, algunos rectores de las llamadas "universidades pequeñas" -que se diferenciarían de las "grandes" por su exigua infraestructura y escaso personal docente- plantearon algunas posibles soluciones, entre ellas: a) formar agregados de pequeñas universidades con el objetivo de cumplir conjuntamente con los requisitos de funcionamiento impuestos por el MINED; es decir unificar edificios, laboratorios y bibliotecas; b) eliminar carreras que necesitan de un respaldo tecnológico imposible de cubrir financieramente -las ingenierías, por ejemplo--; y c) acudir a préstamos o al financiamiento externo.
En lo respectivo al primer y segundo punto, es de señalar que, en primer lugar, la idea de formar "clusters" educativos pasaba por alto que el MINED exigía a cada institución el cumplimiento de condiciones mínimas; además, era difícil que a través de una simple suma cuantitativa de infraestructuras se lograra dar el salto a la calidad académica exigida por el Ministerio: una cosa es integrar bibliotecas maltrechas y otra muy distinta poseer una de calidad, que cumpla con las características de profundidad y exhaustividad bibliográfica de una colección de libros de altura. Por otra parte, contemplar como solución el eliminar las carreras que no cumplen con el respaldo técnico requerido evadía caer en la cuenta de que la calidad de los docentes de toda la universidad superaba los problemas meramente instrumentales de ésta: nada se solucionaba si el plantel de docentes continuaba empantanado en la mediocridad intelectual y pedagógica.
Aún más interesante que la posibilidad de que las soluciones planteadas por las "universidades pequeñas" lograran pasar el examen del Ministerio de Educación, fue la justificación que se formuló con la intención de que los mecanismos de evaluación del MINED fueran menos drásticos o rígidos con ellas. Para muchos de los rectores de las universidades en peligro de desaparecer, el Ministerio de Educación debía de tomar en cuenta, al momento de la evaluación, que las "universidades pequeñas" cumplían con una inobjetable función social: ser una alternativa de educación para aquellos estudiantes de pocos recursos económicos que no podían optar por universidades privadas con cuotas de escolaridad elevadas.
Según ese argumento, de desaparecer las "universidades pequeñas", una buena parte de los estudiantes de educación superior tendría que abandonar sus estudios, se formaría una especie de oligopolio educativo conformado por las universidades con mayores recursos y éstas últimas se verían tentadas a reducir su calidad de enseñanza al desaparecer la presión competitiva que ejercían las universidades extintas. Ante todo, hay que señalar que en materia de educación, dadas las implicaciones que a nivel individual y social se derivan de ella, no es posible justificar condiciones pésimas de formación a partir del precio que se exige por recibirla. Hacerlo implica seguir avalando el modelo de universidad de garaje que el Ministerio se ha comprometido a erradicar; además, es evidente que, profesionales graduados a todo vapor y sin las mínimas cualidades de capacidad y conocimiento, poco o nada podrán hacer en un ámbito en el cual la competencia laboral dista mucho de exigir la mera posesión de un título.
En definitiva, la problemática que afrontaban las llamadas "universidades pequeñas" ponía de manifiesto algunos de los equívocos tradicionales de la educación superior. La coyuntura delimitada por el proceso de evaluación se presentaba como el momento propicio para que fueran erradicados de las universidades -no sólo de las "pequeñas"- algunos de sus vicios más característicos; para mostrar, mediante una calificación, que los precios de las cuotas escolares no aseguran una formación educativa de calidad y que, muchos menos, una infraestructura, por muy robusta o endeble que sea, se traduce inmediatamente en una garantía de que se gradúan individuos capaces de alcanzar los estándares de profesionalismo exigidos en una esfera laboral marcada por las implicaciones de la globalización y la reñida competencia.
A finales de año, los resultados de la evaluación y la manera en que el MINED los utilizó para sancionar a las universidades sólo produjeron decepción. Por un lado, los resultados de las evaluaciones (por ejemplo, cuántos alumnos por maestro a tiempo completo, la relación de cuántos metros cuadrados de la universidad le correspondían a cada uno de sus estudiantes) sólo arrojaron datos cuantitativos, y no, como era de esperarse, aportaron mayores luces sobre la calidad de la enseñanza al interior de las instituciones. Se supo cuál universidad era la más grande o la que poseía más docentes, pero no la relación de estos datos con un nivel de enseñanza óptimo o, al menos, tolerable.
Por otro lado, las medidas que adoptó el MINED con respecto
a aquellas instituciones de educación superior que no llenaban
los requisitos de operación fueron totalmente pálidas
e inadmisiblemente flexibles. Aunque el MINED anunció,
el 29 de diciembre, el cierre de cinco universidades privadas,
52 regionales de nueve de ellas y siete institutos tecnológicos,
no todo ello fue fruto de una aplicación estricta de la
ley. De estas instituciones, la mayor parte cerraba sus operaciones
por su propia voluntad y no por exigencia directa del MINED. ¿Cómo
quedaba entonces el compromiso del Ministerio de Educación
de aplicar todo el rigor que la ley permitía para clausurar
las charadas de universidades que existen en el país? ¿Pesaron
más los intereses económicos de los propietarios
de las universidades que las exigencias de una educación
de altura?
Ciudad
1997 prometía ser el año en el que San Salvador y sus zonas aledañas se redimiría del caos en el que con tesón admirable se hunde cada vez más. Por un lado, se preveía la llegada de una nueva administración edilicia que resolvería algunos de los problemas más acuciantes de la capital; por el otro, se esperaba que este año se llegara a un resolución definitiva del Reglamento de Transporte Terrestre, el cual vendría a ordenar y reglamentar el tránsito de automotores por los cuellos de botella que componen San Salvador. Ni una cosa ni la otra se hicieron efectivas.
Con el gane electoral de la Alcaldía de San Salvador por parte de la coalición opositora, arribó al puesto de edil Héctor Silva, médico de profesión, aparentemente libre del pasado oprobioso de un personaje quemado en la política local. Silva, haciendo gala y repitiendo hasta el cansancio que contaba con un equipo municipal de lujo, prometía enmendar los errores de las anteriores administraciones (terminar con la corrupción y el tráfico de influencias, entre otros males) y comandar una que de manera consensual llevará a cabo los proyectos necesarios para eliminar problemas tales como: el tratamiento de la basura, el ordenamiento de las ventas callejeras, la señalización de las principales arterias.
El nuevo, arrogante y jactancioso equipo municipal no tardó mucho en darse cuenta que la magnitud de los problemas capitalinos distaban en mucho de tener una solución simple; que ideales como el de la concertación y la libre participación ciudadana eran simples clichés idílicos en una sociedad no comprometida con su propio desarrollo y sin ideas propias y acertadas de como alcanzarlo. El proyecto de impulsar una "administración abierta" fracaso estrepitosamente cuando se trato de entablar negociaciones con los pobladores de Nejapa y Tonacatepeque para la instalación del nuevo relleno sanitario; cuando se intentó delimitar los puestos para las ventas callejeras que pueblan todo el centro capitalino; cuando se coló a la prensa el plan municipal de impuestos, el cual, aumentando las tases tributarias para la industria y la empresa, pretendía ser la fuente de financiamiento para el desarrollo municipal.
No obstante, siendo justos, no todo el peso del fracaso de la nueva administración edilicia recae sobre el idealismo desmedido de Silva y su séquito. El primer gran problema externo que tuvo que afrontar el alcalde fue la bancarrota en que quedaron las finanzas municipales luego de la administración de Mario Valiente (bancarrota de la cual tampoco se salvaron las otras municipalidades heredadas por ARENA); así, pues, el alcalde debió de empezar con recursos insuficientes para cumplir con sus promesas electorales. Otro problema, como ya se mencionó, fue la poca receptividad de la población ante los planes de Silva. Esta actitud quedó suficientemente demostrada con la vigorosa y desmesurada oposición de las gremiales de empresarios e industriales ante el plan tributario impulsado por la alcaldía; el mensaje de éstas fue claro: el compromiso de los empresarios e industriales de la nación con el desarrollo social se extendía todo lo que se quisiera, siempre y cuando no les correspondiera a ellos pagar parte de los costos que dicho propósito trajera consigo.
El tercer gran problema de Silva fue la oposición que a sus proyectos -al menos los más importantes de ellos: la planta procesadora de deshechos y el proyecto tributario- se ejerció desde el sector de la Asamblea Legislativa y las alcaldías controlado por ARENA. A pesar de todo, lo anterior no puede constituirse en una justificación que libre de responsabilidades a la administración de Héctor Silva en su ineficiencia. No obstante, el camino que le falta por recorrer en su gestión es aún largo y cuenta con la ventaja de que dispondrá de más fondos si fructifica la propuesta de asignar un 6% del presupuesto de la nación a las alcaldías. Con la experiencia adquirida en 1997 y con los renovados recursos económicos del siguiente, Silva tendrá poco decir para excusar los futuros fracasos que se den en 1998.
En lo que respecta al ordenamiento vial de no sólo la capital, sino también del país, la entrada en vigencia del Reglamento de Transporte Terrestre enfrentó una prórroga más, por lo que se deberá esperara hasta enero de 1998 para que entre en funciones. Todo parece indicar que el nuevo retraso obedeció a la presión que ejercen los gremios de transporte público para hacer menos rígidas disposiciones como: la regulación del año y modelo mínimos para que un autobus o microbus pueda prestar servicio al público; el control en el otorgamiento de las líneas de transporte; el control y sanción de aquellas unidades que contaminan el ambiente; y la obligación de adquirir un seguro obligatorio para daños a terceros.
Sin embargo, la ausencia del Reglamento General de Transporte no fue obstáculo para la aplicación estricta de su contraparte, la Ley de Tránsito, y la ejecución del programas de control de consumo de drogas. Hasta octubre, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) había impuesto 187 mil esquelas, por violaciones diversas a la Ley de Tránsito; las cuales, en conjunto, aportaron más de 9 millones de colones al Fondo General de la Nación. Por otro lado, durante 1997, el Viceministerio de Transporte se embarcó en un proyecto de reordenamiento del flujo vehicular, a través del cual se modificó el sentido de circulación de las principales arterias de la capital, se señalizaron muchas calles y se instalaron nuevos semáforos que repusieron a una gran cantidad que ya eran obsoletos.
Obviamente, muchas de las medidas llevadas a cabo en 1997 no fueron de la complacencia de los propietarios de automotores, especialmente de los propietarios de autobuses y microbuses, sobre los que recayó el grueso de las multas impuestas. Pero, como han demostrado los fracasos en las campañas de concientización a los buseros y microbuseros, la única vía para hacer imperar el orden -al menos hasta que la civilidad sea acogida por aquéllos- es la de la sanción económica. Y ante ello difícilmente puede ponerse objeciones. Sólo basta observar el número cada vez más pequeño de unidades de transporte público que circulan con las puertas abiertas o hacen paradas en lugares no apropiados, para darse cuenta de que la dura aplicación de sanciones económicas es hasta ahora la única manera de poner cierto orden en el caos vehicular de la ciudad y el país.
Pese a que la vigencia del Reglamento de Transporte Terrestre
fue de nuevo pospuesta, los puntos anteriormente señalados
dan pie para esperar con optimismo 1998. Aunque debieron de pasar
mucho tiempo para que la gestión de Julio Valdivieso, titular
del ramo de transporte, empezara a dar frutos, sus aciertos en
este año tiene que ser reconocidos.
¿El fin de los sindicatos?
Este año fue el año de la privatización de ANTEL. Fue el año en que ANTEL desaparece para dar paso a la Compañía Telefónica de El Salvador (CTE S.A de C.V,), a la cual, luego de la subasta del primero, se le unirán socios estratégicos (inversionistas privados). ¿Cuál fue el peso que tuvieron los empleados de la ex-telefónica nacional en el proceso de privatización? La respuesta es simple y llana: poco o ninguno. Las copiosas manifestaciones en contra de la privatización de las entidades nacionales del 95, las pocas y más esporádicas del 96 y las casi inexistentes de este año se disolvieron, finalmente, en la aparente irreversibilidad del proceso, ante el cual incluso los partidos de oposición se han sumado, so pena de verse excluidos de las agendas de discusión legislativas.
Posiblemente, los sindicalistas pensaron que, con la nueva recomposición de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa, la privatización podría detenerse. Al menos así lo aseguraba en su campaña electoral su hasta entonces contraparte político: el FMLN. Y la presunción no era del todo equivocada. Incluso el Frente pudo en un momento asestar un golpe a la privatización de ANTEL al encabezar la derogatoria de su ley para someterla a estudio. Sin embargo, los recambios que luego se darían en el sector de la oposición de la Asamblea, sumado al hecho de que la mayoría de los partidos que lo componían fueron adheriéndose a la propuesta de la venta, fueron dejando lo suficientemente aislado al FMLN, como para que éste al final cediera en su negativa de vender ANTEL.
Una vez que la suerte de ANTEL quedó echada definitivamente; una vez que el FMLN se tuvo que sumar a un proyecto del cual había renegado, los 4 gremios sindicales de la ex-telefónica nacional enfrentaban una disyuntiva: o negociar un retiro medianamente honorable (obviamente los sindicatos desaparecerían con la venta de la autónoma) o persistían en sus discursos vacíos y anacrónicos, con lo cual con toda probabilidad se verían excluidos del proceso. En noviembre, dos de los sindicatos de ANTEL (entre ellos, el principal y más duro opositor al proceso, ASTTEL) hicieron lo más inteligente o lo más pragmático -véase como se quiera--: entablaron una negociación con los principales encargados de la modernización del ente a través de la cual se llegó al acuerdo de modificar el artículo 43 de la Ley de Privatización.
Con el acuerdo se logró, entre otros puntos, que la garantía de estabilidad laboral de los ex-trabajadores de ANTEL en la(s) nueva(s) compañía(s) de comunicaciones se redujera de 36 a 18 meses, trueque por el cual cada empleado recibiría una indemnización del 150%, estimándose para el cálculo todo el tiempo de servicio, hubiera sido éste ininterrumpido o no. De esta manera, cada trabajador recibió, el 29 de diciembre, un promedio de 100 mil colones. En definitiva, esta cifra fue la que dio el Estado para ofrecer ANTEL de manera más atractiva para los inversionistas, y fue la que recibió cada empleado por la decisión de los sindicalistas de no verse al margen de un negocio de cifras millonarias. El tiempo se encargaría de mostrarle a los directivos de los sindicatos que tal acuerdo obedeció más a las necesidades internas del proceso de privatización que a su capacidad de negociación. A principios de enero, se hizo público que las autoridades de la CTE había despedido de sus puestos a 75 directivos de los sindicatos, entre ellos a Wilfredo Berríos, directivo de ASTTEL, quien hacía tan sólo un mes había participado en la modificación del artículo 43 y había declarado su total compromiso con los intereses de la nación, su compromiso con un proceso de privatización del cual él no sería obstáculo.
La pregunta sobre cuál fue la causa de este hecho, a todas luces una maniobra sucia del gobierno, nos remite a uno de los lastres más pesados de los sindicatos y que no les permite entablar negociaciones con resultados duraderos y satisfactorios: su atadura al pasado, su fiel apego a los discursos vacíos e ideologizados de la década de 1960 y 1970. Cómo entenderse con sindicalistas que discurren desde categorías como lucha de clases, imperialismo y oligarquía.
La desaparición de los sindicatos de ANTEL, ciertamente, obedece a la dinámica propia de la conversión de capital público a capital privado; sin embargo, buena parte de la responsabilidad de lo primero recae en los mismos sindicalistas. A su tiempo, debieron de haber mostrado el pragmatismo propositivo que sólo se dio a último momento. Cuando todavía era el período oportuno debieron de haber abandonado su discurso confrontativo y románticamente arraigado en los setenta, para asumir uno nuevo, que posibilitara que la negociación entre los sindicalistas y los responsables de la modernización de ANTEL se diera en la misma lengua. Tal vez la confianza excesiva en el respaldo del FMLN a la iniciativa de no vender la telefónica fue lo que perdió a los sindicalistas. Pues ello implicó que sólo al final se adoptara una actitud negociadora y propositiva. El repentino viraje de los directivos de los sindicatos de un "no absoluto a la privatización" a un "sí pero con concesiones", aunque más que conveniente para los fines del Estado, sólo ha de haberlos presentado ante los funcionarios gubernamentales como un grupo de inestables que sólo iban en pos de su personal provecho.
En cuanto a las actividades de los otros sindicatos éstas se redujeron, siguiendo con la tradición de los últimos años, a esporádica manifestaciones y huelgas, sin mayor impacto o trascendencia nacional (por ejemplo, la huelga del sindicato de salud o la manifestación del primero de mayo, que sólo fue una repetición de los slogan del año pasado y un calco en su contenido de la plataforma electoral del FMLN). La única actividad sindical digna de atención, por su novedad y talante social, fue la formación del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), el 24 de octubre. Este sindicato surgió con la pretensión de asegurar el mejoramiento en la calidad de los servicios de salud que brinda el Seguro Social. Con este intención entregaron a María Julia Castillo, Directora General del ISSS, una lista de peticiones, entre las que se encontraban: racionalizar los recursos del ISSS; disminuir los gastos de operación mediante normas administrativas y hospitalarias; una planificación técnica del crecimiento de la institución y que se llevara a cabo una campaña de concientización de los asegurados.
La lista de peticiones de SIMETRISSS deja entrever un sindicato
que, con un discurso similar a los emanados por el gobierno en
lo que a modernización respecta, pretende alcanzar resultados
que beneficien a un gran sector de la población. En este
sentido, SIMETRISSS se presenta como una organización social
prometedora que, por el nivel de sus peticiones y la formación
profesional de sus miembros, obligará al gobierno de Calderón
Sol a entablar negociaciones serias, si no es que quiere caer
en incongruencias con algunas de las ideas más queridas
de su administración: modernización y racionalización
de los recursos.
El Medio Ambiente en espera
A lo largo de 1997 sucedieron incidentes que pusieron de manifiesto, por un lado, la absoluta desprotección ambiental frente a la voracidad empresarial y, por otro lado, la falta de una legislación moderna y de una institución que la aplique que puedan responder al actual estado de los recursos naturales del país. Como ya cualquier salvadoreño ha de estar enterado, ante el agudo deterioro ambiental de El Salvador, la hora de las medidas preventivas finalizó hace algunos años, pero, sin embargo, hechos como los ocurridos en 1997 han hecho evidente que mientras no se logre concretar un plan que de manera orgánica regule el avance de la industria salvadoreña, ésta continuará pugnando por abrirse paso, aunque para ello deba pasar por encima del equilibrio ecológico y, por ende, de la viabilidad de la sociedad al mediano plazo.
Dos de los puntos claves que en relación al medio ambiente deberían de haber sido resueltos en este año son la aprobación legislativa de la Ley del Ambiente y la definición definitiva de la figura institucional de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). Con respecto a la primera, el proyecto de ley se vio empantanado, desde 1995, en una larga serie de revisiones y contra revisiones por parte de los órganos ejecutivo y legislativo. Hasta mediados de año, las divergencias se centraban en un aspecto en particular: la magnitud de las regulaciones que por ley les serían impuestas a la actividad industrial. Para algunos, los más cercanos a los intereses de los empresarios e industriales, la aprobación de la nueva Ley del Ambiente estaría sujeta a que las exigencias de ella no perjudicaran excesivamente la economía de las industrias; es decir, que las condiciones para la actividad de una industria con impacto en el medio ambiente no redujeran los márgenes de ganancia de sus operaciones. Para otros, en la formulación de la Ley debía primar el objetivo de proteger el medio ambiente sobre el interés de salvaguardar a los empresarios e industriales del costo que implicaría llevarlo a cabo.
En lo que respecta a la redefinición de la figura de SEMA, las dificultades giraron en torno a dos aspectos: el grado de independencia que la nueva institución poseería con respecto a las carteras del Estado y su capacidad ejecutoria real. Fue así como las propuestas trataron de conciliar ambos puntos: o se hacía depender al SEMA -en el pasado con autonomía propia- del Ministerio de la Presidencia; o se le convertía en un Viceministerio adscrito al Ministerio del Interior; o se incluía en su actual configuración el Centro de Desarrollo Pesquero y Recursos naturales, dependencias ambas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); o se le hacía depender de otra cartera de Estado relacionada con su gestión; o se le convertía en la Comisión Ejecutiva del Medio Ambiente (CEMA) sin autoridad sobre las dependencias del MAG; o, finalmente, se le configuraría como CEMA y se le incorporarían tales dependencias. La disyuntiva fue, pues, la de transformar a SEMA en una entidad con la independencia suficiente del Estado como para vetar o criticar proyectos que emanaran de él y que al mismo tiempo poseyera la autoridad necesaria para llevar a cabo sus iniciativas.
El 21 de abril, el Presidente Calderón Sol ponía punto final a las dudas sobre la configuración final del SEMA al hacer oficial que esta institución pasaría a conformar, a partir del primero de junio, el Ministerio de Medio Ambiente. El nuevo Ministerio gozaría, en su calidad de tal, de la autonomía necesaria para impulsar las medidas ambientales pertinentes al estado ecológico del país; además, al asimilar dentro de sí a SEMA, a la Dirección General de Recursos Renovables y al Centro de Desarrollo Pesquero, y al tener la potestad de coordinar los esfuerzos ambientalistas, tanto de instituciones gubernamentales como no gubernamentales, la nueva cartera de Estado podría obtener resultados más globales, acertados y durareros.
A pesar de que el anuncio del mandatario lleno de expectativas y satisfizo a un buen número de organizaciones ambientalistas que hasta entonces no habían visto con buenos ojos al SEMA y habían acusado al ejecutivo de politizar el futuro de la institución, el saldo de las actividades del novel Ministerio, hasta fines de este año, no ha alcanzado un nivel adecuado ni mucho menos óptimo. La causa directa de ello fue, como es obvio, el entrampamiento de la aprobación de la Ley del Medio Ambiente; situación en la cual, paradójicamente, el nuevo Ministro de Medio Ambiente tuvo cierta responsabilidad.
Si el Ministerio de Medio Ambiente no rindió los frutos que se esperaban de él, ello obedeció en sumo grado a que careció -además de los recursos financieros apropiados- del marco legal desde el cual basar sus operaciones y regular las actividades de aquellas industrias o empresas de impacto ambiental. Como ya se afirmó, la perenne postergación de la aprobación de la Ley del Medio Ambiente, hasta el momento de la constitución del nuevo Ministerio, obedecía a que en ella no se definía claramente un equilibrio entre las regulaciones ambientales y el radio de operación de las industrias que afectaban -o depredaban- la naturaleza. Esta situación, que debía de haberse resuelto de una vez por todas a través de la injerencia de la nueva institución, se complicó aún más con la decisión de Miguel Araujo, Ministro de Medio Ambiente, de echar por la borda los estudios que sobre el anteproyecto de Ley se habían realizado hasta entonces (en el cual habían participado cientos de expertos ambientalistas locales), para pasar a una nueva fase de revisión de la Ley en la cual participaría un grupo intersectorial. Según Araujo, los resultados de esta nueva fase de revisión -es decir, el anteproyecto de Ley- estarían listos para ser presentados a la Asamblea Legislativa el 30 de octubre.
Empero, hasta finales de diciembre lo único que se sabía
a ciencia cierta sobre la Ley era que, ante el atraso de Araujo
de remitir el anteproyecto a la Asamblea Legislativa para su estudio,
los diputados de la Comisión del Ambiente habían
optado por discutir su propio proyecto alternativo y que, de resolverse
algo favorable, el Ministerio de Medio Ambiente contaría
con su marco legal hasta finales de enero o mediados de febrero.
Reflexiones Finales
En este año se postergaron cuestiones vitales para la convivencia social. La Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Transporte son sólo dos de ellas. Lo preocupante de esta situación es que ella no obedeció a una sobresaturación del trabajo legislativo, sino más bien a las necesidades de la campaña electoral de marzo y a los preparativos de la campaña presidencial de 1999. Ciertamente, aunque por causas distintas, los procesos de la Reforma Educativa y la privatización de ANTEL avanzaron considerablemente, el segundo hasta llegar a su culminación. Pero ello no permite hacer un balance favorable sobre lo que se logró en relación con lo que se dejó de hacer.
Difícilmente puede admitirse como un logro integral del desarrollo social a la Reforma Educativa, mientras las condiciones ambientales del país continúan en franco deterioro sin que el gobierno le ponga mayor interés a la cuestión. Por otra parte, todo parece indicar que mientras más cerca se esté de las elecciones del 99 más "peros" les pondrá el gobierno a los proyectos edilicios emanados de la izquierda, por mucho que estos sean necesarios para el desarrollo de las poblaciones municipales. El ejemplo más claro de esta situación se dio con el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos propuesto por la administración de Héctor Silva. Hasta la fecha, no son claros los motivos por los cuales muchos funcionarios areneros se opusieron al proyecto; lo único que cabe suponer es que a Silva se le pasó la factura por la oposición efemelenista a los proyecto de el ex alcalde Mario Valiente y se le trató de restar méritos políticos de cara a las futuras elecciones.
En lo que a la movilización social respecta, 1997 fue tan
pobre como el anterior. Al parecer la población no encuentra
ni las ganas ni los motivos para movilizarse en repudio ni a favor
de nada; de ello el aumento en la apatía del electorado
a ejercer el voto fue suficiente muestra. La desidia y el desinterés
por la cuestión pública, por el todo social, han
calado hondo en la población. Esto no es gratuito. Mucha
de la responsabilidad recae en los partidos políticos y
su falta de figuras-líderes capaces y creíbles.
Además, el destape de los múltiples escándalos
financieros y la parcializada modalidad en que los medios de comunicación
cubrieron algunos de los más importantes hechos políticos
de este año, son variables que han de tenerse en cuenta
para explicar el desvanecimiento ciudadano.
Para la región centroamericana, el año de 1997 ha estado lleno de transformaciones y acontecimientos que hacen más complejo el estudio de los procesos políticos, sociales y económicos en los que ella participa. En medio de todos estos sucesos, llaman la atención los esfuerzos integracionistas que se han ocupado del plano institucional y, en evidente contraste, las diferentes crisis que han enfrentado los gobiernos de Centroamérica, cada uno dentro de sus respectivos territorios. En este sentido, la dinámica que ha seguido el área podría englobarse dentro de dos grandes áreas: la que abarca todos los esfuerzos encaminados hacia la integración económica y política de Centroamérica, y la que abarca las tensiones políticas y sociales, que se presentan y se resuelven con independencia de cualquiera de estos intereses unionistas. Durante este año, si bien es cierto que los países de la región centroamericana lograron presentarse en varias ocasiones como un bloque unificado y dispuesto a ofrecer las mejores condiciones para entrar de lleno en la era de la globalización, también es cierto que cada uno atravesó por procesos de transformaciones profundas que refuerzan las diferencias que existen entre ellos.
De cualquier manera y a pesar de que los hechos pueden presentarse
como las piezas de un rompecabezas difícil de ordenar,
lo cierto es que la región parece estar asumiendo con mayor
fuerza los caminos de la transición de un estado caracterizado
por crisis sociales expresadas en conflictos militares, a uno
en el que la democracia empieza a dibujar sus rutas. Y a esta
transición la encabezan, por ahora, los esfuerzos por reajustar
económicamente a los países del istmo y por fortalecer
el Estado de derecho. Al menos esos son los compromisos que los
mandatarios han asumido en esta etapa de la historia, en especial
aquellos en cuyos países han finalizado los conflictos
armados.
El proceso de integración centroamericana
En enero de 1997, los presidentes de Centroamérica sostuvieron una reunión informal en Tegucigalpa, Honduras, en la que precisaron las metas que pretendían alcanzar en conjunto durante el año. Cuatro fueron las áreas de trabajo en las que se acordó colaborar: 1) los acercamientos a otros países; 2) los esfuerzos para alcanzar la paridad de los beneficios que tiene la región con los que posee México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 3) la puesta en marcha definitiva del proceso de reforma institucional del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); y 4) las peticiones de ayuda para la recolección de armas en todo el istmo. De estos objetivos, los que más llamaron la atención durante el año fueron el primero y el tercero, no tanto por el seguimiento que se les dio (pese a la importancia de las reformas en el régimen institucional de la integración, a este tema no se le ha dado el seguimiento requerido y aún se está discutiendo), sino porque plantearon la posibilidad de mejorar cualitativamente el ritmo del proceso y los beneficios que éste promete.
En este sentido, a inicios del año pasado, representantes del gobierno de República Dominicana se hicieron presentes, en calidad de observadores, junto con autoridades de Belice y de Panamá, a las reuniones que sostuvieron ministros, cancilleres y mandatarios de la región centroamericana para tratar temas relacionados con la integración. En el marco de lo que ha sido calificado como una paciente y bien preparada ofensiva diplomática encabezada por el actual presidente dominicano, pudo consumarse en noviembre la inclusión de este país del Caribe dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como socio regional. De esta manera la región amplió sus fronteras comerciales hasta el mercado caribeño, donde República Dominicana funcionaría como un puente para futuras inversiones. La recién estrenada alianza sirvió como atractivo en la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en la Isla de Margarita, Venezuela, en el mismo mes. En este encuentro, los presidentes se esforzaron por presentarse como un sólido bloque con el fin de alentar a la comunidad internacional para que apoyara el proceso de integración y la progresiva introducción de inversiones de capital extranjero en los países del área.
La consecuencia directa de este tipo de alianzas es, en pocas palabras, que la región gana más para poder ofrecer más. Cuando en la cumbre de presidentes de San José, realizada en mayo, Bill Clinton hizo oídos sordos ante la petición de los presidentes centroamericanos de que los beneficios que recibía la región se equipararan con los que recibe México por ser parte del TLCAN, las posibilidades de que las iniciativas que surgieran del seno de la región tuvieran eco en la potencia norteamericana se vieron reducidas al mínimo. Quedó demostrado que México sigue siendo un terreno más atractivo para los inversionistas de EEUU, puesto que ofrece mayores garantías en términos de protección de inversiones y de derechos de autor que los países incluidos en la Iniciativa para América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran los que conforman el istmo. Si Centroamérica quiere volver a presentarse como un potencial campo de ganancias para los inversionistas, debe maximizar lo que posee para ofrecer mejores oportunidades al capital extranjero. Y no cabe duda de que si algún día se llegara a presentar al proceso de integración de la región como el motor del desarrollo no sólo de los cinco países que la componen, sino también del Caribe, las posibilidades de competir con el señorío azteca serán mayores.
De ahí que la necesidad de mantener firmes relaciones con otros países también aparezca como una de las prioridades de los mandatarios de la región. Los representantes de Corea y Taiwan renovaron millonarios préstamos destinados, principalmente, a proyectos de desarrollo e infraestructura, y el presidente de España, José María Aznar, ofreció jugosos convenios en apoyo al sector financiero. El "coqueteo" de la región con los países de Europa y de la Cuenca del Pacífico son como un respiro de confianza en medio de un mar de inseguridad. Si el control de las acciones que los países del istmo desarrollan en pro de su propio desarrollo recibe fuertes influencias de EEUU, una salida viable es buscar apoyo en otros gigantes de la economía mundial.
Por otra parte, también han sido positivos los esfuerzos que se dieron a lo largo del año por estrechar la integración económica con la integración política. Las reformas que se han puesto en discusión desde julio, en la XIX Cumbre de la Institucionalidad, tienen que ver con la revisión de atribuciones de las principales instituciones encargadas de la integración, tales como el PARLACEN, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el BCIE, pero el problema que más acaparó los esfuerzos de los mandatarios tuvo que ver con la asignación del presupuesto a cada uno de esos organismos. En el mes de marzo, durante la Cuarta Reunión de Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos Centroamericanos, se planteó muy decididamente la necesidad de renovar los papeles de los organismos creados para dar seguimiento a la unificación de la región, y uno de los medios para alcanzar ese objetivo tenía que ver con la reducción de presupuestos.
A partir de estas reuniones, se ha iniciado un proceso de discusiones en el que se pone en juego el desempeño de los órganos y mecanismos de integración, el control que sobre ellos existe y la disminución de los costos que su mantenimiento implica. Y es que, hasta ese entonces, la distancia que existía entre la unificación económica y cualquier intento por hacer de Centroamérica un área en la que cada individuo gozara de los mismos beneficios, al amparo de las mismas leyes y en igualdad de condiciones, parecía cada vez mayor. El debate sobre la situación del régimen institucional del proceso de integración cobró un especial impulso luego de que se presentara un diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, el diagnóstico serviría como marco para los acuerdos que se firmaron en Nicaragua, el 12 de septiembre, y en los que se establecieron importantes modificaciones a CCJ y se dele