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Año 25
número 1175
Diciembre 21, 2005
ISSN 0259-9864
Balance del año 2005
Editorial: El Salvador en 2005: inseguridad ciudadana y vulnerabilidad
Política: Balance político
Economía: Balance económico
Sociedad: Balance social
Regional: Balance regional
Derechos Humanos: Reporte IDHUCA
Documento: Cronología 2005
El Salvador en 2005: inseguridad ciudadana y vulnerabilidad
Cuando se lanza una mirada de conjunto sobre la sociedad salvadoreña durante el 2005, lo que más destaca es el riesgo permanente en que vive la mayor parte de sus miembros. Y es que si algo ha quedado de manifiesto en el 2005 es que la sociedad salvadoreña —y, dentro de ella, los sectores más pobres— está atrapada entre la vulnerabilidad y la inseguridad. Tanto el impacto de las lluvias como la erupción del volcán de Santa Ana —ambos fenómenos ocurridos durante la primera semana de octubre— sacaron a relucir las precarias condiciones de vida de las comunidades de las zonas afectadas. Pero no sólo eso: también sacaron a la luz la impotencia de las autoridades para ofrecer una solución que no sólo permita enfrentar el impacto de ese tipo de fenómenos, sino también hacerle frente a las condiciones de marginalidad de las familias que habitan las áreas de riesgo.
Tanto la erupción del volcán de Santa Ana como el impacto de las lluvias sobre
los sectores más pobres de la sociedad salvadoreña pusieron en evidencia su
vulnerabilidad, así como la nula disposición del gobierno para atender de forma
integral sus necesidades, comenzando por la de garantizarles una vivienda digna
y segura. La situación de desastre hizo inocultable una realidad que el gobierno
y los grupos de poder económico quieren obviar: la precariedad en la que viven
grupos importantes de salvadoreños y salvadoreñas, misma que los hace
vulnerables al impacto de fenómenos naturales como las inundaciones o los
terremotos. Se trata de unas condiciones de vida precarias e inseguras, que son
el resultado de un ordenamiento social y económico que funciona de espaldas a
las necesidades fundamentales de la población.
En la raíz de la vulnerabilidad está la pobreza. Los datos manejados en el
ámbito gubernamental en torno a ella adolecen de fuertes inconsistencias,
explicables a veces por debilidades de carácter metodológico, pero también por
el afán de restarle importancia al problema. Lo más riguroso que ha hecho un
gobierno de ARENA —concretamente, el gobierno de Francisco Flores— fueron las
cifras recogidas en el Informe de Desarrollo Humano. El Salvador 2003 —elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, según las
cuales la pobreza total afectaba a un 43% de la población, en tanto que la
absoluta a un 19%. Asimismo, en dicho informe se sugería que los porcentajes
podían ser mayores, ya que “la dimensión del problema en El Salvador se
subestima, debido a que la metodología para su cálculo utiliza supuestos que han
perdido vigencia”.
Con todo, a partir de los datos del PNUD, se puede sostener no sólo que el
problema de la pobreza es grave, sino también que ninguna de las políticas
sociales impulsadas por la administración de Elías Antonio Saca apunta a atacar
sus raíces estructurales. Se trata, con el Plan Oportunidades y con la Red
Solidaria, de meros paliativos para un problema que no podrá resolverse si no se
introducen reformas drásticas en el modelo económico vigente. Un modelo
económico excluyente y marginalizador que, además de empobrecer a la gran
mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, los expulsa del país.
Así pues, El Salvador es un país de exclusiones y disparidades. Para comenzar,
hay una enorme distancia —en consumo, oportunidades, salud, vivienda, educación,
etc.— entre los ricos más ricos y los pobres más pobres. Esa es la gran fisura
de la sociedad salvadoreña. Pero, junto a ella y derivadamente, hay otras no
menos importantes. Sin duda, una de las más dramáticas es la que divide a
hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas en la relación de
desigualdad de género imperante. Al igual que la pobreza golpea más a los
habitantes rurales que a los urbanos, lo mismo sucede, sólo que en mayor escala,
con las mujeres respecto de los hombres. Entre los sectores sociales pobres, las
mujeres trabajan más que los hombres, pero reciben una menor remuneración y
gozan de menos derechos laborales. Esto las hace ser más pobres que ellos: por
eso se habla de una feminización de la pobreza.
Las mujeres no sólo son más pobres que los hombres, sino que se han convertido
en destinatarias de la violencia, tal como lo confirma el seguimiento
sistemático que instituciones como Las Dignas y CEMUJER han hecho de la
problemática. Y la violencia contra las mujeres forma parte de una problemática
más amplia y compleja, como lo es la de la violencia más general —calificada
como violencia social— que ha sacudido al país a lo largo de la última década.
Los estudios sobre violencia han puesto de relieve que la misma tiene múltiples
dimensiones, a las cuales hay que atender si lo que se pretende es enfrentarla
eficazmente. Sin embargo, pese a lo anterior, en 2005, el gobierno de Antonio
Saca ha seguido lo pasos de su predecesor en el cargo, Francisco Flores. Y es
que el presidente Saca, al igual que Flores, ha subestimado los análisis y datos
más consistentes acerca de la violencia que golpea al país en la actualidad.
Los datos más gruesos sobre la violencia hasta mediados del 2005 revelan, mejor
que otra cosa, el fracaso gubernamental para combatirla. Las señales de lo mal
que irían las cosas en 2005 se vislumbraron a finales de 2004. En efecto, entre
el 23 y el 31 de diciembre de ese año, la Policía Nacional Civil registró
ochenta y cinco asesinatos en todo el país. Y entre la 1 p.m. del 31 de
diciembre de 2004 y las 6 p.m. del 1º de enero de 2005, se registraron quince
homicidios. En Semana Santa, la violencia continuó con su ritmo ascendente: el
Comité de Emergencia Nacional (COEN) atendió 2,168 emergencias, de las cuales
166 correspondieron a fallecidos (15% más que el año anterior para la misma
época) y 1013 a lesionados (322 por arma blanca, cuarenta y uno por arma de
fuego, 117 fracturas y 192 politraumatismos). Las vacaciones de agosto fueron
igualmente violentas: el COEN reportó 103 víctimas mortales, uno más que durante
2004. De los 103 fallecidos, setenta fueron asesinados con arma de fuego,
mientras que veintiuno murieron en accidentes de tránsito. De las doce personas
restantes, el COEN no ofreció información alguna. En su edición del 17 de
noviembre, el periódico El Mundo ofreció los datos siguientes sobre la violencia:
en octubre de 2005, hubo 140 homicidios; desde enero a octubre se cometieron
2,913 asesinatos; 295 de las víctimas fueron mujeres; y el 85% de los delitos
fueron cometidos con armas de fuego.
La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la
UCA, confirma, desde la perspectiva de la opinión ciudadana, lo grave de la
situación de inseguridad y violencia. Así, más de la mitad de los encuestados
(el 57.2%), consideró que la criminalidad habría aumentado en 2005. Y, tal como
se señala desde el IUDOP, “esta opinión sobre el aumento de la violencia en 2005
representa la más alta registrada por las encuestas de opinión en los últimos
cuatro años”. Esa percepción, sin embargo, no llevó a los ciudadanos encuestados
a cuestionar el fracaso del gobierno en materia de seguridad y de lucha contra
el crimen, sino más bien a aprobar, en un 82.9%, la implementación del “Plan
Súper Mano Dura, al igual que a mostrar su respaldo —en un porcentaje semejante—
al Plan Mano Amiga.
En suma, la más cruda expresión de la violencia que ha azotado al país en 2005
son los homicidios, cuyo promedio diario hasta junio fue de nueve, llegando a
once en octubre. A ellos se añaden otras manifestaciones violentas —violencia
contra la mujer, accidentes de tránsito, robos, hurtos, riñas, etc.— que han
hecho de la convivencia social durante 2005 algo verdaderamente difícil para la
mayor parte de la población. Los salvadoreños y salvadoreñas han vivido en un
clima de inseguridad permanente, prácticamente desde que el año dio inicio. Las
autoridades gubernamentales fracasaron en su obligación constitucional de
garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y ese fracaso sólo se explica por su
apuesta por una concepción de seguridad ciudadana de carácter punitivo. A ello
se ha sumado la debilidad de instituciones como la PNC y la Fiscalía General de
la República, así como las más que presumibles ventajas que obtienen de la
violencia poderosas figuras empresariales y políticas —por ejemplo, comerciantes
de armas de fuego y dueños de agencias de seguridad privadas—.
El fracaso institucional ha dado pie a una grave situación de impunidad, a
partir de la cual cada ciudadano en particular ha terminado convirtiéndose no
sólo en garante de su propia seguridad, sino en verdugo de quienes, real o
presuntamente, lo amenazan. La justicia en manos privadas ha generado múltiples
abusos por parte de quienes tienen mejores recursos a su disposición, ha
erosionado la convivencia social y ha aumentado los niveles de violencia hasta
niveles escalofriantes. El Salvador ha sido convertido —principalmente, por
quienes controlan su economía y por quienes lo gestionan políticamente, pero
también por sus habitantes en general— en un país poco acogedor, en un país
donde la desconfianza y el miedo son la regla de oro en las relaciones entre sus
miembros. Lo peor de todo es que cada día que pasa es más difícil dar marcha
atrás y cambiar de rumbo. Ese cambio de rumbo es el mayor desafío que debe
enfrentar la sociedad salvadoreña en 2006.
Balance político
El 2005 arrancó con un moderado optimismo para el partido en el gobierno. Aunque Elías Antonio Saca se hizo con la presidencia de la República en las elecciones de marzo de 2004, ARENA tenía sus dudas por un triunfo que se debió en buena medida a la campaña de desprestigio contra la izquierda y no por los méritos de su candidato. El partido gobernante había logrado salir bien librado de unas elecciones en las que, como nunca antes, sintió que su poder se encontraba en peligro. No tanto por la popularidad del candidato de la izquierda, sino por el rechazo a las políticas económicas neoliberales del gobierno. De más está recordar que el partido gobernante se empleó a fondo para calmar la tempestad que se le venía encima, utilizando la difamación y el miedo para forzar la votación a favor suyo.
Con todo, a principio de año, la opinión pública le era favorable al presidente
Saca. Un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP),
encontró que alrededor del 55% por ciento de la población veía con buenos ojos
la gestión del cuarto gobierno de ARENA. “Los salvadoreños —afirmaba la encuesta—
calificaron al gobierno con una nota de 6.76, en una escala de 0 a 10. Dicha
nota es superior a la nota obtenida por Flores al cierre de 2003”. En la misma
encuesta pudo constatarse que Saca gozaba de credibilidad entre los salvadoreños
y salvadoreñas, pues el 45% de las personas encuestadas afirmó que el presidente
estaba cumpliendo con sus promesas de campaña.
En el mes de diciembre, el IUDOP divulgó otro sondeo de opinión pública, en el
que, de nuevo, una buena parte de los salvadoreños —el 43%— aprobaba la gestión
de Saca. La misma encuesta le otorgaba una ventaja importante a los candidatos
areneros para las alcaldías y los escaños legislativos.
Para que un partido político —o el sector social que este representa— goce de la
hegemonía en una sociedad, es necesario que cuente con el consenso social. El
consenso de la población legitima el ejercicio del poder. Sin este consenso, el
grupo que ejerce el poder se ve en aprietos. Tiene que recurrir a la violencia
estatal para poder mantenerse en el poder. Mientras que con un consenso social
básico, esto no es necesario. La llamada “opinión pública” le da su espaldarazo
a las decisiones políticas del grupo hegemónico y, ante ello, hay poco que decir.
En apariencia, la buena acogida del gobierno de Saca en la opinión pública sería
un indicio de la consolidación de la hegemonía de los gobiernos de ARENA en la
sociedad salvadoreña. El hecho de que el presidente Saca haya logrado recuperar
el terreno perdido en términos de popularidad —la gestión de su antecesor,
Francisco Flores, enfrentó el desgaste político provocado por el perfil
autoritario del entonces gobernante— y que concluya el año con un porcentaje
todavía considerable de adhesiones, respaldaría la afirmación anterior.
Según lo evidenció la encuesta que divulgó el IUDOP en diciembre, el talón de
Aquiles del gobierno de ARENA seguía siendo el mismo que a principios de año: la
situación económica. Este fue un dato en el que coincidieron las encuestas de
opinión pública para fin de año: la mayoría de la población salvadoreña siente
pesimismo por el futuro inmediato del país. Entonces, ¿cómo explicar la aparente
contradicción entre la aprobación de la que gozan el presidente y el partido
gobernante, y el pesimismo ante la situación económica y la seguridad ciudadana?
Pequeñas herejías contra la ortodoxia neoliberal
La clave de la popularidad con reparos —un consenso que no es, en modo alguno,
absoluto, ni mucho menos sólido— se basa en una acertada combinación de
elementos, que permite conjugar la flexibilidad con la rigidez ideológica. El
actual gobierno ha incurrido en algunas herejías menores contra la ortodoxia
neoliberal que ha caracterizado a las administraciones de ARENA. Se trata de
mantener un perfil populista y asistencialista, mientras se impulsan medidas
económicas que atentan contra la economía doméstica, en tanto que se consolida
un modelo económico terciarizado.
Hay que reconocer que el actual gobierno ha tenido inteligencia para reconocer
cuáles son las características más impopulares del partido oficial. Por ejemplo,
su acusado perfil empresarial, de un tipo de empresarios rodeados de privilegios
y completamente alejados de la realidad de las mayorías. El presidente Saca, si
bien es un empresario, proyecta la imagen del salvadoreño trabajador, que ha
prosperado por sus propios esfuerzos y no por tener un apellido de abolengo o
por haber heredado los negocios de la familia. Se exaltan, en consecuencia, los
matices más populares del gobernante y se presenta la política de su gabinete
como una política “con sentido humano”. Su imagen de accesibilidad como persona
se contrasta con la de sus predecesores, con los cuales poco o nada se podía
identificar el salvadoreño promedio. De esta manera, aunque sus políticas no
aporten la estabilidad económica deseada, el presidente Saca puede mantener un
buen perfil público.
Sin embargo, el mandatario conserva cierta dosis de la intolerancia política de
sus predecesores. No tiene reservas para utilizar los calificativos más duros
contra la oposición cuando esta no se apega al compás que dicta el partido que
él dirige. Tampoco duda en acusarla de estar en connivencia con los pandilleros,
aunque no se tengan mayores pruebas al respecto.
Se observa, pues, un viraje interesante en el estilo de gobernar de ARENA, que,
con el presidente Saca ha demostrado una gran capacidad para reinventarse. Es un
estilo de gobernar con características populistas (el populismo de Duarte era
detestado por los areneros en los años ochenta, pero parece que es la forma para
poder gobernar en el país sin problemas), pero que mantiene las líneas
fundamentales de los gobiernos de ARENA, inscritas en un neoliberalismo “aggiornamentado”,
que puede hacer ciertas concesiones de imagen, sin tocar lo central. Tal como se
dijo en Proceso, cuando el gobernante cumplió su primer año de mandato, “durante
su primer año, Saca no ha contribuido a hacer avanzar la institucionalidad
democrática en El Salvador. Por mucho que sus apologistas se afanen en
presentarlo como un hombre de paz y de diálogo, en la práctica el presidente ha
reproducido los peores vicios que marcaron el estilo de su predecesor. Quienes
creen que son suficientes sus declaraciones de buena voluntad para tratar con la
oposición, olvidan que en el juego político los actos cuentan más que las
palabras.”
¿Un gobierno concertador?
El presidente Saca entró al gobierno con un perfil concertador. Después del
malestar creado con la forma poco creíble con que ARENA ganó las elecciones, el
entonces nuevo gobernante ofrecía concertar con las fuerzas opositoras. Más allá
de la foto para la prensa en que Saca y el dirigente efemelenista Schafik Handal
salían felices de Casa Presidencial, el mandatario creó una mesa de concertación
política, con el supuesto objetivo de estar en diálogo permanente con las
distintas fuerzas políticas del país.
Hasta dónde llega la voluntad de concertación del actual gobierno fue algo que
se puso a prueba durante 2005 a la hora de enfrentar conflictos sociales. He
aquí una muestra. En junio, un grupo de empleados de una de las carteras
estrella del presidente Saca, el Ministerio de Gobernación, cumplió un mes de
estar en huelga de hambre. La medida de protesta se dio por los despidos
injustificados en esa dependencia de Estado. El 16 de junio, la huelga de hambre
se dio por concluida sin que el presidente diera muestras de interés por la
situación de los servidores públicos.
Otro punto en el que se puso de manifiesto la escasa o nula voluntad de
concertar con la izquierda por parte del actual gobierno fue el Presupuesto
General de la Nación. El encontronazo entre el gobernante y el partido de
izquierda se originó en el plan de reforma fiscal propuesto por ARENA, ante el
cual el FMLN tenía objeciones. A principios de enero, el pulso por el
Presupuesto comenzó con acusaciones mutuas entre el presidente Saca y algunos
dirigentes efemelenistas. El mandatario acusó al partido de izquierda de negarse
sin más a aprobar el plan de gastos públicos para el año en curso, lo cual
afectaría, según él, las inversiones sociales. Por su parte, el FMLN pidió
negociar directamente el Presupuesto con el gobernante. En ese momento, el
partido de izquierda aún tenía posibilidades de hacerlo. Seguía siendo una
fuerza importante en la Asamblea Legislativa, sin la cual era imposible
conseguir acuerdos por mayoría calificada. Otra cosa es la bancada legislativa
del FMLN en la actualidad, visiblemente disminuida e impotente ante la
aplanadora de ARENA y sus comparsas del PCN y PDC.
El gobierno respondió lanzando una campaña propagandística en las que se
presentaba al FMLN como irresponsable e insensible ante las necesidades sociales.
Ante ello, el FMLN tomó una postura rígida. Sus dirigentes rehusaron negociar el
Presupuesto si continuaba la campaña mediática, ante lo cual el presidente Saca
no quiso ceder. De algo servían sus destrezas comunicadoras. El 15 de enero,
Saca manifestó que sería “tolerante” con la oposición política, aunque exigió la
aprobación del presupuesto. El 27 de ese mismo mes, la contienda terminó. La
Asamblea Legislativa, sin los votos del FMLN, aprobó el presupuesto para 2005.
Este último partido vio mermado su peso legislativo con la renuncia de cinco de
sus diputados. Contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, en 1994 con la renuncia
de un grupo de legisladores que pactó con el gobierno del entonces presidente
Armando Calderón Sol, estas renuncias no se debieron, hasta donde se sabe, a
compra de voluntades ni a presiones de la derecha. El FMLN se debilitó por sus
propias manos. Decisiones cruciales como la ratificación del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, EEUU y la República Dominicana (CAFTA, por sus
siglas en inglés) tendrían luz verde, lo cual beneficiaría a los intereses del
partido ARENA y a los de los empresarios cobijados por ese partido.
El FMLN
El año que está cerrándose marcó un proceso de cambios internos en el principal
partido de oposición, el FMLN. El proceso seguido por ese partido buscó zanjar,
de una vez y para siempre, los conflictos entre ortodoxos y renovadores. En la
historia oficial del FMLN, las relaciones entre las distintas corrientes
políticas que lo han integrado se leen como un proceso de consolidación de la
unidad entre las fuerzas que mantienen un pensamiento de izquierda. Se ha
hablado de un proceso de unidad en la diversidad, pero lo cierto es que cada vez
más las facciones de izquierda han agravado sus diferencias.
A finales de marzo, la actual dirigencia efemelenista anunció una serie de
reformas en sus estatutos. Las reformas agilizaron el proceso de elecciones
internas, pero también pusieron una serie de controles a los cuadros elegidos.
Esto último se formula en los siguientes términos: “existiría una contraloría
con la misión de vigilar el desempeño de los y las funcionarios públicos electos
por el partido, o nombrados a propuesta del mismo. Está conformada por
Contralores electos por la Convención a Propuesta de un colectivo integrado por
ex Coordinadores Generales del Partido que permanezcan dentro del mismo”.
A primera vista, la Contraloría sería un mecanismo para garantizar el buen
desempeño de los funcionarios públicos efemelenistas, lo cual aseguraría que
estos no se vendan al mejor postor, como suele ocurrir con aquellos diputados
que se declaran “independientes” para terminar cayendo en brazos del oficialismo.
No obstante, el hecho de ser un organismo integrado por ex coordinadores
generales —todos ellos, hasta ahora, afines a la línea ortodoxa— se interpretó
como una forma de afianzar el control del aparato partidario e ir desplazando a
los dirigentes renovadores o sospechosos de serlo. Uno de ellos, el alcalde de
San Salvador, Carlos Rivas Zamora, declaró abiertamente su escepticismo acerca
de las reformas internas en el partido izquierdista: “cuando se compite dentro
del FMLN, algunos medios de comunicación dicen que hay ruptura. Creo que éste es
el temor de fondo del FMLN”, declaró. De hecho, el procedimiento para designar
candidatos se dio a través del consenso... pero únicamente entre los actuales
dirigentes del partido. Eso provocó un mayor desgaste interno en el Frente.
En el mes de junio, la ruptura era más que obvia. Muchos diputados y alcaldes
prefirieron renunciar antes que esperar a que la dirigencia les suspendiera sus
“derechos políticos” por expresar críticas a la manera de conducir el partido.
En el caso de la alcaldía de San Salvador, la dirección del FMLN impuso a su
actual candidata, Violeta Menjívar, sin celebrar una convención nacional. Ante
esto, el alcalde Rivas Zamora —una carta fuerte para la reelección, pero que no
goza del beneplácito ortodoxo— puso su renuncia. La diputada Ileana Rogel hizo
lo mismo antes que cualquier otra cosa sucediera. Rivas Zamora y Rogel fueron
algunos de los dirigentes que dejaron el FMLN para fundar un nuevo partido, el
Frente Democrático Revolucionario (FDR). El alcalde efemelenista por Santa Ana,
Orlando Mena, optó por sumarse a la Democracia Cristiana, en busca de su
reelección.
Como puede apreciarse, el FMLN no dudó en sacrificar a algunos de sus candidatos
más idóneos en favor de la “pureza ideológica”, el argumento favorito para
justificar el control total del partido. El Frente, que tanto resintió la
maniobra de ARENA mediante la cual se revivía al PCN, cancelado después de las
presidenciales de 2004, repetía el odiado gesto de sus adversarios, pactando con
ARENA para impedir la inscripción del FDR en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por cierto, el gesto le fue devuelto, cuando ARENA y el PDC pactaron que las
decisiones en el seno del TSE se tomarían por mayoría simple, dejando fuera al
FMLN de cualquier decisión operativa en el organismo electoral.
¿Anticipar la campaña, anticipar el fraude?
Legalmente, el TSE dará por iniciada la campaña electoral para alcaldes y
diputados este mes de diciembre. En los hechos, la campaña electoral arrancó
mucho antes. En los municipios gobernados por el FMLN, por ejemplo, comenzaron a
verse vallas publicitarias y banderas de los dos principales partidos políticos.
ARENA llevó más allá las cosas. Aparte de las reformas al reglamento interno del
TSE comentadas líneas arriba, se utilizaron todos los medios para minar los
recursos del FMLN —sumamente dañados por la miopía de sus dirigentes—. En un
acto en el que fue cómplice el PCN —que así retribuía el favor de haber sido
“revivido” por ARENA en el registro electoral—, se buscó desacreditar a varios
funcionarios efemelenistas para truncar sus aspiraciones políticas.
A fines de noviembre, la Corte de Cuentas —controlada por el PCN— puso una
millonaria multa a un grupo de alcaldes y ex jefes edilicios del Gran San
Salvador. De no pagar la multa (que ascendía a 3,702,671.61 dólares), no podrían
optar a cargos públicos, para el caso, consejos municipales y escaños en la
Asamblea Legislativa. Los cargos eran las supuestas irregularidades que estos
funcionarios incurrieron al hacer pagos a la empresa Manejo Integral de Desechos
Sólidos (MIDES).
Las empresas mediáticas vinculadas al partido oficial presentaron el caso como
una prueba de corrupción de los gobiernos municipales efemelenistas. Asimismo,
la sentencia tuvo como blanco, precisamente, a aquellos alcaldes y alcaldesas
con mayores probabilidades de elección o reelección. Es decir, se buscaba atacar
las cartas más poderosas de la izquierda, tanto del FMLN como del FDR: Carlos
Rivas Zamora, Héctor Silva, Óscar Ortiz, Luz Estrella Rodríguez, Carlos Menéndez
y René Canjura. El fallo quedó sin efecto tras la apelación del FMLN. No es una
novedad el uso del tema de los desechos sólidos y la empresa MIDES para
desacreditar al FMLN. Anteriormente, se manejó la versión de que MIDES era uno
de los tentáculos de la mafia canadiense, cosa que también quedó refutada. En
realidad, este tipo de artimañas no busca tanto el que los funcionarios
efemelenistas vayan a la cárcel —pues no se sustentan en mayores pruebas—, sino
manchar su honor y poner obstáculos en su carrera política. Así comenzaba una
“precampaña” que destacaba lo más burdo de la política local.
Otro paso dado en esa misma vía fue la presentación del proyecto de ley contra
el terrorismo. Incurriendo en un adefesio jurídico, la bancada del partido ARENA
redactó un documento en el cual se echaban en un mismo saco cosas tan dispares
como la pertenencia a maras, la toma de edificios públicos y la corrupción. Todo
esto, según el proyecto de ley, sería considerado como terrorismo. La oposición
consideró que el anteproyecto tenía una dedicatoria contra las organizaciones
sociales de izquierda.
La elección del Fiscal General de la República
En el mes de octubre, se discutió mucho sobre la elección del nuevo titular de
la Fiscalía General de la República (FGR). Una cosa quedó en claro para las
organizaciones defensoras de los derechos humanos: había que sustituir del cargo
al titular de la Fiscalía, Belisario Artiga.
En un balance sobre el desempeño de Artiga, cabe destacar el optimismo con que
el funcionario comenzó sus gestiones. Al entrar en funciones, el Fiscal anunció
que tomaría como cosa propia algunos casos emblemáticos que quedaron en la
impunidad: el de los sacerdotes jesuitas asesinados en 1989 y el de la niña
Katya Miranda. Sin embargo, el funcionario defraudó las expectativas. Artiga se
negó a reabrir el primer caso. En lo que respecta al homicidio de Katya Miranda,
tampoco se obtuvieron mayores progresos. Así, a lo largo de su gestión, se
juntaron varios fracasos: el caso de la estafa FINSEPRO-INSEPRO, donde se
terminó sobreseyendo a Roberto Mathies Hill, principal implicado; el del
desfalco en la FEDEFUT; el caso Guth-Zapata, en el que se implicó al general
retirado Mauricio Ernesto Vargas —también mencionado en el asesinato de la
periodista Lorena Saravia—; el del espionaje telefónico, entre muchos otros.
Inicialmente, se conoció que el partido ARENA apoyaría en principio la
reelección de Artiga en la Fiscalía. Sin embargo, las críticas al funcionario
fueron tan fuertes que el partido oficial tuvo que menguar su respaldo al
funcionario. En diciembre, se mencionaba al nuevo viceministro de Seguridad
Ciudadana, Ástor Escalante, como la nueva apuesta de ARENA al cargo. El año
concluyó sin que la Asamblea designara al nuevo Fiscal, con las bancadas del
FMLN y ARENA acusándose mutuamente por ello.
El estancamiento en torno a la elección del nuevo Fiscal General es una muestra
de que la omnipresencia de los partidos políticos es nociva para la vida del
país. Como se sabe, la designación de funcionarios tales como el Fiscal, el
Procurador General y el de Derechos Humanos, el presidente de la Corte de
Cuentas y otros, queda en manos de la Asamblea Legislativa. Los partidos que la
conforman eligen entre los candidatos que ellos mismos proponen, de tal forma
que gana no tanto el más apto para el cargo o el que despierta mayor confianza
en la ciudadanía —la cual, para decirlo de una manera suave, no tiene vela en
ese entierro—, sino que el que más le conviene a los partidos que dominan el
parlamento. Esto da lugar a las negociaciones y pactos más variados. Ello
también propicia que instituciones que deberían servir para moderar el ejercicio
de los políticos estén al servicio de ellos.
Sin querer hacer predicciones, es previsible que ARENA busque, para el año
entrante, que en la Fiscalía quede Escalante u otro funcionario afín a sus
intereses. Con el recambio producido en el seno del ministerio de Seguridad
Pública y de la jefatura policial, poniendo a un ex diputado arenero al frente
de esta última –al ex director de la institución, Rodrigo Ávila—, se buscaría
afianzar el control partidario sobre el aparato de coerción estatal. No en balde
el presidente Saca declaró en una ocasión que quería una Asamblea Legislativa
que no le estorbara para gobernar. Esto significa que lo que se pretende no es
tanto que el Legislativo incluya la voz de la oposición, sino que sea un
organismo dócil a las órdenes del Ejecutivo.
Al concluir 2005, se aprecia un panorama en el cual ARENA busca consolidar su
hegemonía. Una hegemonía que no lo es tanto, pues está basada, no en las enormes
simpatías populares que despertarían sus políticas de gobierno —como quieren
presentarlo algunos medios de comunicación—, sino en el carisma personal del
presidente Saca y su conocimiento de las comunicaciones. A esto le ha prestado
una gran ayuda el desteñimiento de la izquierda, que todavía no logra articular
propuestas atractivas ni configurar un liderazgo que tenga eco en la población.
Esto permite pensar que en 2006 las tensiones entre las fuerzas políticas se
verán acrecentadas y que El Salvador se encontrará ante otra campaña electoral
marcada por los vicios y artimañas de siempre.
Balance económico
El 2005 presentó un mayor dinamismo que el año anterior. Sin embargo, sectores económicos fundamentales para el crecimiento global mostraron un decaimiento: ese fue el caso del comercio y la industria. De acuerdo a las cifras, parece ser que el sector agrícola comienza a asumir un papel protagónico en el crecimiento global, aunque su rendimiento aún esta por debajo de lo esperado. Durante el año se deterioraron los ingresos reales de las familias como fruto de la inflación. A pesar de que la inflación registrada en 2005 fue menor que la de 2004, el incremento de precios afectó el nivel de consumo de las familias. El incremento en los bienes estuvo asociado al alza de los precios del petróleo y sus derivados.
Vistas con detenimiento, las variables del sector externo se deterioran cada vez
más. El déficit de la balanza comercial, de cuenta corriente y el incremento de
la deuda externa son elementos que no deberían pasar desapercibidos por los
directores de la política económica. La entrada de remesas esta dejando de ser
un beneficio por que la mayor parte de ellas se está destinando al consumo de
bienes foráneos que genera una balanza deficitaria en la comercialización de
bienes y servicios, lo cual se refleja en la balanza de pagos.
A finales de enero, se aprobó el presupuesto correspondiente a 2005. Gracias a
ello, se experimentó un ligero crecimiento en el gasto público, visto como
inversión bruta del sector público no financiero. También se implementó la
reforma fiscal que dio nuevos ingresos tributarios al fisco, a tal punto que las
autoridades de Hacienda se mostraron satisfechas por los logros alcanzados. En
la banca local, el movimiento en los tipos de interés se debió, entre otros
factores, al control de la política monetaria de la Reserva Federal de los EEUU.
Aún con algunos factores en contra, sucedió una expansión del crédito y con ello
un mayor nivel de inversión para el próximo año.
En julio, el Congreso de los EEUU ratificó el CAFTA. Sin embargo, debido a
diversos contratiempos se espera que el tratado entre en vigencia durante las
primeras semanas del 2006 y no el primero de enero como estaba previsto.
Producción y precios
El 2005 se caracterizó por un mayor dinamismo que 2004 y por el alza en los
precios del petróleo. En el primer aspecto, la contracción en la actividad
económica de algunos sectores fue solventada a nivel del crecimiento global de
la economía por algunos sectores que presentaron un mayor dinamismo que el
mostrado en otros años. Sin embargo, en el ámbito general global, los resultados
aún no son muy alentadores. En materia de precios, la inflación, por el alza
continua en el precio de los combustibles, fue el común denominador en los
primeros 10 meses del año. En 2005, dicha alza parece ser un factor importante
para explicar el bajo nivel de dinamismo del sector industrial que vio
incrementados sus costos de producción. En el ámbito doméstico, la economía
familiar fue golpeada en algunos meses por el incremento en los precios de los
alimentos. El alza estuvo asociada al incremento del costo de transporte en la
distribución de productos alimenticios del campo a la ciudad y también a los
daños provocados por los fenómenos naturales.
En mayor detalle, la evolución del índice de volumen de la actividad económica (IVAE)
—promedio móvil a doce meses— muestra la falta de dinamismo de algunos sectores
de la economía. Mientras que los sectores agrícola (1.47%), comercio (1.87%),
electricidad (5.25%), transporte (7.25%) y financiero (2.75%) presentaron una
variación positiva en el indicador; los sectores de la industria manufacturera
(-1.17%), construcción (-6.74%) y administración pública (-0.05%) presentaron un
decaimiento en la actividad económica. Es importante considerar el bajo
dinamismo en los sectores de la industria manufacturera y comercio, pues ambos
son fundamentales para que haya un crecimiento global robusto. En el comercio e
industria tienen lugar, por lo tradicional, muchas actividades de negocios que
se traducen en el aumento del nivel de empleo e ingresos. El bajo rendimiento de
la industria, un sector de alto valor agregado, y del comercio, donde se lleva a
cabo el proceso de la venta y distribución de bienes finales, son factores que
afectan considerablemente el crecimiento económico. El bajo nivel de producción
local y de ventas puede estar asociado a un bajo nivel de ingresos que se vio
acentuado por el alza en el precio de los bienes.
Una revisión de las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) confirma lo
manifestado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). En diciembre,
la gremial dijo que el sector no creció en 2005. En las estadísticas se nota que
el índice de volumen de la producción industrial (IVOPI) presentó tasas de
variación negativas para los primeros ocho meses del año, siendo el mes de marzo
el de una contracción más aguda (-2.22%). Por ello, la gremial instó al gobierno
a implementar una política industrial para sacar del bajo dinamismo al sector.
Otra de las razones que explican el mal desempeño de la industria es el
comportamiento de los precios del sector. Para tener una idea del impacto del
alza de los precios de los combustibles en los precios industriales, basta
mencionar la variación anual del índice de precios industriales (IPRI) en los
meses de marzo, abril, septiembre y octubre registró un cambio de más del 10% al
alza. Definitivamente que esto se tradujo en el incremento de costos que golpeó
fuertemente el dinamismo del sector.
A nivel agregado, el IVAE presentó un comportamiento que fue de menor a mayor a
medida avanzaba el año. Del mes de marzo en adelante el indicador presentó
variaciones positivas. Basándose en ello, el gobierno sostiene que el país
podría haber entrado en una fase de expansión económica. Sin embargo, esta
podría ser una afirmación prematura, si se considera que sectores de alto
impacto en el crecimiento global —construcción, industria y comercio— aún no
presentan cambios sustantivos en sus respectivos indicadores.
El producto interno bruto (PIB) real para el tercer trimestre presentó una tasa
de crecimiento del 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Para el
tercer trimestre, el sector que más creció fue la agricultura acompañada por la
caza, silvicultura y pesca. Todo lo contrario sucedió con la industria
manufacturera y minera, que registraron apenas un crecimiento del 2%. Durante
los tres primeros trimestres del año, se presentó un mayor crecimiento económico
que los registrados en 2004 para cada periodo. Este crecimiento descansa en
mayores aportaciones del sector agrícola al producto total, pero esto parece
darse a costa de bajas aportaciones de la industria. En el mejor de los casos,
ambos sectores deberían de estar creciendo constantemente para lograr un mayor
dinamismo de la economía.
El año también estuvo caracterizado por el alza de precios, aunque el incremento
fue levemente inferior a de 2004. El alto precio de los combustibles fue el
denominador común de los primeros 10 meses del año. De enero a diciembre el
precio de la gasolina especial incrementó en 28.5%, la gasolina regular en 31.2%
y el diesel en 24.4%. El mayor nivel de precios en los combustibles se registró
en octubre cuando la gasolina especial, regular y diesel aumentaron en 54.8%,
58.3% y 43.5% con respecto a los precios registrados en enero. En los dos
últimos meses del año el precio de los combustibles registró una baja.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró, de enero a noviembre, una
variación acumulada de 4.38%, demostrando que la adopción del dólar como moneda
de curso legal no puede reducir el proceso inflacionario. Entre noviembre de
2004 y 2005, la variación del IPC fue de 4.55%. Como dato curioso, el indicador
de la variación en los precios registró un decremento de 1.29%, de octubre a
noviembre del 2005. Este comportamiento puede estar asociado a la fuerte baja
que experimentaron los precios del crudo en el mercado internacional después del
paso de los fenómenos naturales que afectaron la producción y distribución del
insumo.
Sector externo
En las transacciones internacionales de bienes, servicios y capitales con el
extranjero existen presiones que atentan contra la estabilidad macroeconómica.
Por ejemplo, una vez más se amplió el déficit comercial y se mantuvo el de
cuenta corriente. Para solventar este problema parece ser que las remesas no son
suficientes y es necesario equilibrar las obligaciones que se tienen con el
extranjero mediante la cuenta de capitales de la balanza de pagos.
A noviembre las exportaciones sumaron los $3,137 millones mientras que las
importaciones los $6,140 millones, dejando un saldo deficitario en la balanza
comercial de $3,003 millones. Este déficit es mayor al reportado el año pasado y
aún no se considera el saldo de la balanza para el mes de diciembre que
seguramente también será deficitario. Todo parece indicar que la diferencia
entre las importaciones y las exportaciones es cada vez mayor. El crecimiento de
las importaciones supera considerablemente al de las exportaciones. FUSADES
sostiene que el déficit es financiado por la entrada de las remesas. La entrada
de recursos del extranjero se dedica casi exclusivamente al consumo, dejando
poco margen de dichos ingresos externos para la inversión local.
La estructura de las exportaciones es: 7.1% corresponde a la exportación de
productos tradicionales donde la mayor aportación proviene de las exportaciones
de café. Un 41.4% corresponde a productos no tradicionales y el 51.5% restante
corresponde a maquila. Con respecto a las importaciones: un 29.8% corresponde a
bienes de consumo, 34.8% a bienes intermedios, 15.1% a bienes de capital y 20.3%
a maquila. La diferencia entre las exportaciones e importaciones de maquila da
como resultado un valor agregado local de 367 millones de dólares.
A noviembre, las remesas sumaron los $2,531.5 millones. El mes que presentó una
mayor entrada de recursos fue mayo ($250.1 millones). Para la presidenta del BCR,
Luz María de Portillo, las remesas crecieron en 11% con respecto al año pasado y
representan alrededor del 16% del PIB. En otras palabras, el dinamismo que se
percibe en la economía se debe, en cierta forma, a la entrada de recursos
externo que de lo contrario podría generar un bajo nivel de consumo.
A septiembre de 2005 el saldo de cuenta corriente fue negativo en $572.5
millones. La mayor cantidad de egresos esta reforzada por un saldo negativo en
la balanza de bienes y servicios de $2.228.2 millones y en un saldo también
negativo en la entrada ingresos netos de los factores del exterior ($ -443.2
millones). El único componente con saldo positivo fue el de transferencias
corrientes que se ve beneficiado por la entrada de remesas. La cuenta de capital
y financiera presentó un saldo positivo de $414.7 millones. En el caso
específico de la cuenta financiera se debe considerar la entrada de la inversión
extranjera directa y el pago de préstamos. En el primer caso, durante septiembre
de 2005, la entrada de inversión extranjera ascendió a $213.6 millones. El pago
por préstamos fue de $243.2 millones. Para saldar la balanza de pagos el
apartado de errores y omisiones fue de $157.8 millones.
El saldo bruto de la deuda externa fue de $8,854.1 millones a septiembre de
2005. La deuda del Gobierno Central con acreedores foráneos es de $4,325.5
millones, la de la banca nacional es de $1,608.3 millones, los préstamos entre
empresas fueron de $745.2 millones. Como se puede notar, la deuda del Gobierno
Central es la más grande del saldo bruto de la deuda externa, por ello entidades
internacionales han reconocido la necesidad de un manejo más cuidadoso de los
ingresos y egresos del Estado para que no suceda una profundización de la deuda.
Sector público
En 2005 se implementó la reforma fiscal discutida a finales del año anterior. La
medida logró el incremento de los ingresos tributarios en 15.2%. De dicho
incremento, los logros más notorios se dieron en la recaudación del impuesto
sobre la renta el cual ascendió en un 23.7%. A pesar de contar con mayor
cantidad de fondos, el Ejecutivo desembolsó este año más dinero de lo esperado
debido a los daños dejados por las lluvias y la erupción del volcán de Santa
Ana.
En mayor detalle, a noviembre de 2005 los ingresos corrientes del sector público
no financiero (SPNF) alcanzaron los $2,429 millones. Un poco menos del 80% de
dichos ingresos provenía de los ingresos tributarios donde, una vez más, el
papel más importante en la recaudación lo tiene el impuesto al valor agregado (IVA).
No se registraron ingresos de capital y los correspondientes a donaciones del
exterior fueron de $41 millones. El agregado total de ingresos y donaciones del
exterior ascendió a $2,470 millones.
En la sección de gastos, como es normal, el gasto corriente en consumo es el más
alto. Para el penúltimo mes del año el monto había llegado a $1,622 millones.
También dentro de los gastos corrientes no se debe olvidar los fuertes
desembolsos que realiza el Estado en el pago de intereses y pago de la deuda
previsional. A noviembre el pago de intereses por deuda alcanzó los $336
millones de dólares y $286 millones por la deuda de pensiones. Un buen ejercicio
consiste en sumar ambos gastos corrientes y observar que proporción representan
del total de ingresos tributarios. En este caso, el pago de intereses y deuda
provisional representó el 32.08% de los ingresos tributarios. En la medida que
se eleve esta proporción, el Estado salvadoreño contará con menos recursos para
hacer frente de a las necesidades sociales del país. El gasto público del Estado
visto como la inversión bruta del SPNF ascendió a los $342 millones. A noviembre
de 2005 ya el nivel de inversión bruta fue mayor en 2.5% con respecto al nivel
de inversión efectuado en 2004. El total de gasto de capital fue de $387
millones.
Cerrando el año, el ahorro corriente fue de $287 millones, sin tomar en cuenta
el pago de la deuda previsional. El déficit fiscal se previó para el 3% del PIB,
llegando a $58 millones, incluidas las donaciones sólo para el mes de noviembre.
En materia de ingresos, entre los meses de septiembre a noviembre, el fisco
obtuvo $500 millones en concepto ingresos tributarios. La mayor parte proviene
de los ingresos por el IVA (55.2%) y el impuesto sobre la renta (26.2%), seguido
de lejos por el impuesto a las importaciones (10%) y otros. El impuesto a las
importaciones es el tercero en importancia con respecto a la recaudación
tributaria. Un vistazo a las cifras de años anteriores muestra que este impuesto
proporciona el 10% de lo recaudado anualmente. El desaparecimiento del mismo
debido a la entrada del CAFTA será un impacto que el fisco percibirá en los
primeros meses de 2006.
Respecto a la ejecución del Presupuesto General de la República, al tercer
trimestre de 2005 el total de recursos ejecutados fue de $2,070.9 millones. De
acuerdo a la clasificación económica la distribución del gasto ejecutado fue de
69.2% en gastos corrientes, 9.3% en gastos de capital, 7.7% en aplicaciones
financieras, 2.5% en contribuciones especiales y el 11.2% en deuda previsional.
De acuerdo a la clasificación del gasto por Órganos del Estado, la ejecución del
presupuesto se concentró el Ejecutivo y en el pago de la deuda pública. Por
áreas de gestión, el área con mayor desembolso fue la de desarrollo social con
$928 millones, lo que equivale al 44.8% del presupuesto ejecutado a dicha fecha.
El gasto en el área social se concentro en educación (38.3%), hacienda (39.6%) y
salud pública y asistencia social (18.9%).
Sectores monetario y financiero
En 2005 se registró un incremento en las tasas nominales de interés, proceso
ocasionado por el aumento de las tasas internacionales. De acuerdo a la CEPAL,
la evolución de la inflación tuvo impacto en las tasas de interés reales. Los
depósitos a 180 días se mantuvieron próximos al –1% y las tasas de interés
aplicadas a préstamos hasta un año plazo llegaron a un 2.4%. También de acuerdo
a la CEPAL, en 2005 sucedió una expansión del crédito bancario en el sector
privado (7%) y público (8.5%). Al cierre del año las reservas internacionales
netas fueron inferiores a las de 2004.
En octubre de 2005, las operaciones de la banca comercial con el exterior
muestran activos externos brutos por $2,912.6 millones, de los cuales el 59.6%
corresponde al Banco Central de Reserva (BCR) y el 40.4% restante a los bancos y
financieras. Los pasivos de corto plazo y los de mediano-largo plazo fueron de
$719.4 y $1,154.4 millones respectivamente. Las reservas internacionales netas
del banco central al mes de noviembre alcanzaron los $2,193.2 millones. Para el
mismo período, el saldo de los préstamos a empresas y particulares alcanzó los
$6,614.7 millones.
En el panorama monetario, al mes de noviembre el circulante en la economía llegó
a los $1,263 millones. De este circulante, de acuerdo a datos del BCR, un poco
más de 300 millones de colones aún circulan en la economía (equivalente a 34.3
millones de dólares), el resto de circulante bajo la denominación de depósitos a
la vista es de $1,228 millones. Los ahorros y los depósitos a plazo fueron de
$2,070 y $2,866 millones. Es importante destacar que en los últimos años el
saldo de los depósitos a plazo ha disminuido lentamente, lo cual se debe, entre
otras cosas, a las tasas de interés real negativas que perciben los depositantes,
esto es poco atractivo para mantener el dinero en la banca local. De esta forma,
el impacto de la inflación no recae únicamente en la economía real donde se
transan bienes y servicios, sino también en la economía monetaria donde los
altos niveles de inflación que permiten una tasa de interés real negativa que
inhibe los depósitos.
Perspectivas
El 2006 se presenta como un año decisivo para la gestión gubernamental. Como se
ha dicho otras veces, el gobierno de Elías Antonio Saca parece haber reconocido
algunos errores de los gobiernos anteriores y para encararlos ha propiciado
nuevas políticas económicas y sociales.
El desarrollo de una nueva política social bajo el programa de Red Solidaria
deberá tener como contrapartida una fuerte recaudación de recursos. Esto lleva a
pensar que la presión fiscal para el nuevo año aumentará considerablemente, lo
cual es bueno pero no suficiente para hacer frente a todas las necesidades del
Estado. El éxito de dicho programa es un insumo fundamental para las elecciones
de 2009; de allí la importancia de generar nuevas formas de captación de
recursos para cumplir las metas de mediano y largo plazo.
Lamentablemente, a menos que suceda algo totalmente distinto a otros años, para
2006 se espera la profundización del déficit de la balanza comercial. Con esto,
no se dice que las exportaciones locales no podrán experimentar un incremento,
pero es de esperar que las importaciones superen en su valor a las exportaciones,
contribuyendo este desequilibrio al déficit de la cuenta corriente. Con la
entrada en vigencia del CAFTA, los gravámenes cobrados a los importadores
desaparecen completamente. La falta de gravámenes a los importadores será un
problema para el fisco; sólo un mayor dinamismo en la economía puede aumentar la
recaudación tributaria.
En términos de producción y precios es de esperar que el gobierno llevé a cabo
la nueva política industrial para lograr que el sector levante cabeza. Como se
ha dicho anteriormente, el sector industrial es un importante generador de valor
agregado y proporciona buena parte de los empleos en la zona urbana. Un mayor
dinamismo en el sector permitirá un mayor crecimiento económico. Con respecto al
precio de los combustibles, los especialistas sostienen que es probable que se
repita una tendencia alcista, aunque no con la misma fuerza que la observada en
2005. Por ello es importante instar al gobierno a implementar una política que
aminore los impactos del crecimiento de precios en la economía local.
En materia de gasto público se espera que el 2006 sea mejor que 2005. Este
optimismo proviene de la aprobación del presupuesto a tiempo y de la esperanza
que los ingresos tributarios no se vean afectados duramente por la entrada en
vigencia del CAFTA. Programas como Red Solidaria, FOSALUD, la nueva política de
vivienda y otros dependen fundamentalmente de la obtención de nuevos recursos.
Por ello, los directores de la política económica ,en su afán por no incrementar
impuestos están buscando las formas como reducir los gastos del Estado.
Finalmente, las miradas de muchos –defensores y contrarios— están puestas en el
CAFTA. De las posibles consecuencias del convenio sean hecho muchas
interpretaciones. En términos sencillos, la entrada en vigencia del tratado
puede desarticular algunas cadenas productivas y atentar contra determinados
sectores que se caracterizan por bajos niveles de competitividad. Por otro lado,
también se sostiene que el tratado puede generar nuevos focos de inversión y
desarrollo. De hecho, ambas cosas seguramente sucederán; sin embargo, cabe
esperar que el saldo neto de beneficios sociales no termine agudizando los
problemas económicos y políticos del país. Claro está que el éxito del país –no
de algún sector social en particular– pasa por el aprovechamiento de las
oportunidades que puede generar el tratado. Sin embargo el aprovechamiento de
dichas oportunidades no se da en un ámbito exclusivamente “mental” –el
presidente Saca sostiene que es necesario un cambio de mentalidad– sino también
en un ámbito concreto.
En el ámbito concreto se sitúan las leyes y normas que implica el tratado, las
facilidades que da el Estado para el desarrollo de nuevos negocios mediante la
implementación de políticas sectoriales, la preparación y capacitación de mano
de obra y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad que vincula las
decisiones políticas y económicas basadas ambas en un compromiso de un nuevo
país. En este sentido, el CAFTA será la decisión económica que revelará los
verdaderos intereses del Ejecutivo. Contrario a las palabras y propaganda que
caracteriza al gobierno de turno, los resultados concretos del CAFTA serán
determinantes para las elecciones presidenciales de 2009. Así como la
dolarización es la política económica por la que se recuerda la gestión del
presidente Francisco Flores, el CAFTA será la medida por la que se recordará al
actual mandatario.
Balance social
El año 2005 culmina con un mayor deterioro social y más vulnerabilidad para los salvadoreños. El panorama del año en su conjunto no es muy distinto del que ha primado desde hace ya varios años. 2005 inició con un nuevo gobernante y nuevas promesas. También se mantenía fresco en la memoria el inusitado retorno de los salvadoreños a las urnas, lo cual sugeriría cierta madurez de la cultura política. Pero, a la par de lo anterior, la pobreza, la falta de empleos, el estancamiento de los salarios, la inflación, el rezago educativo, la escasez de medicinas y los altos índices de violencia social seguían siendo parte de lo cotidiano de los salvadoreños, especialmente de los más pobres y de la clase media, en contraste con el discurso repetido desde las esferas oficiales.
Lo visto durante los primeros meses de 2005, en lo que a la dinámica social se
refiere, no varía mucho desde el entorno inaugurado con los Acuerdos de Paz,
cuando las partes en conflicto pusieron fin a la guerra y trazaron los bocetos
de una nueva sociedad. Es cierto que las cosas han cambiado desde que Alfredo
Cristiani, el primer presidente arenero, firmara la paz con la comandancia del
FMLN. Lógicamente la violencia político-militar terminó en 1992, pero se ha
desatado la llamada violencia social hasta niveles indecibles: cada día mueren,
en promedio, diez salvadoreños de forma violenta, la mayoría por arma de fuego.
Para el mes de agosto de 2005 el promedio subió a 11 asesinatos diarios. Por
otro lado, los índices de pobreza revelan que el país está relativamente mejor
que antes, pero todavía el 40% de los hogares salvadoreños o no alcanzan a
cubrir la canasta básica o tienen serias dificultades para ello; el
analfabetismo ha sido combatido desde las campañas educativas y se ha mejorado
en calidad y cobertura, pero aún persisten serias deficiencias en esas áreas, a
lo cual se suma una débil infraestructura.
En el 2005, probablemente más salvadoreños tienen acceso a servicios de salud,
pero su calidad es deficiente y su distribución injusta; los servicios básicos
llegan a más hogares salvadoreños, pero los elevados costos no compensan la
calidad de los mismos: baste ejemplificar la pésima calidad del agua que
consumen. Este escenario sombrío es el que expulsa, anualmente, a miles de
salvadoreños hacia fuera de las fronteras nacionales, especialmente hacia EEUU.
Para acotar aún más, la coyuntura social que ha atravesado el país durante 2005
se ha visto fuertemente influenciada por los avatares de la economía mundial y
por un entorno adverso, en el plano internacional. En el plano doméstico, han
influido grandemente las respuestas nacionales a aquel entorno, como por ejemplo
las medidas económicas gubernamentales y, finalmente, por los sucesivos procesos
eleccionarios que se celebran en el país, ininterrumpidamente desde la década de
los ochenta.
La economía al centro, lo social al margen
Desde que ARENA se encumbró en el poder ejecutivo, la dinámica de la sociedad
salvadoreña ha girado en torno a lo económico. Primero fue el ajuste estructural
y la apertura a los mercados. Ahora es el libre comercio y no parece haber
marcha atrás. Los sucesivos gobiernos areneros se suscribieron a la oleada
neoliberal más rapaz que conociera el subcontinente. A diferencia de otros
países, en El Salvador se debilitó excesivamente el Estado, sometiendo las
reglas de la economía —y, a la postre, de toda la sociedad— al criterio de los
grandes empresarios y las transnacionales. La inversión social pública se
descuidó, pese a que el conflicto armado desnudó aún más las condiciones
precarias en que vivían miles de salvadoreños.
Los señores de la economía consolidaron su incursión en la política. No es
casual que hace unos años la cúpula arenera haya estado dominada por eminentes
empresarios, que incluso llegaron a poner las reglas en ARENA, a despecho de los
dirigentes más tradicionales. El mismo presidente Antonio Saca es prueba de ello.
La presidencia de la gremial empresarial más pudiente del país, la ANEP, fue la
que lo catapultó hacia la presidencia de la República. Su éxito político es
equiparado con su éxito empresarial. Una de las ofertas más llamativas de su
campaña electoral apuntaba a la consecución del éxito económico como producto de
una disciplina y perseverancia empresarial ejemplares: votar por Saca era, según
el mensaje implícito, emular dicho éxito.
La tendencia economicista arenera encontró su máxima expresión en el marco de la
presidencia de Francisco Flores, quien se rodeó de hombres forjados a la usanza
más radical del neoliberalismo. El énfasis en lo macroeconómico llevó al
predecesor de Saca ha implementar medidas impopulares —como la dolarización de
la economía— y a descuidar, aún más, lo social. La población resintió
inmediatamente el talante autoritario e insensible de Flores, al punto de
castigar a su partido en los comicios legislativos y municipales de 2003, dando
un gran apoyo político al FMLN, que no le fue suficiente, en el 2004, para
hacerse del Ejecutivo.
En suma, en El Salvador se ha reproducido, de manos de ARENA, un fenómeno de
alcance mundial que apunta a la agudización del énfasis de lo económico en el
conjunto de la actividad social. Ciertamente, no se trata de un fenómeno
coyuntural ni pasajero, sino de un largo proceso que se remonta a los orígenes
mismos del capitalismo. Lo económico se apodera del tejido social y somete a las
otras dimensiones: lo político, lo cultural y lo social mismo.
Obviamente, la globalización es un fenómeno paradójico: exige de parte de los
gobiernos una base social amplia, pero a la vez limita los espacios de acción
debido a su énfasis economicista. Es justamente lo que ha ocurrido en El
Salvador, donde la globalización se ha traducido casi exclusivamente en un
seguimiento religioso de los dictados del llamado Consenso de Washington, que
aconsejaba disciplina fiscal, apertura comercial y a la inversión extranjera,
privatizaciones, desregulación, garantías a la propiedad privada, prioridad para
la inversión publica en educación y salud, y otras reformas. Excepto el capítulo
referente al crecimiento de la inversión pública en educación y salud, las
restantes recetas fueron aplicadas con creces.
Junto con una base social deficiente, el gobierno de Saca se ha enfrentado
durante el año 2005 a un mercado mundial hostil para los intereses nacionales.
Por ejemplo, el mercado energético y el transporte han sido duramente golpeados
por las alzas sostenidas de los precios internacionales del petróleo, que, hasta
el mes de agosto, habían alcanzado precios que no se habían visto en décadas.
Mientras tanto, el café y el azúcar, principales rubros de exportación agrícola,
a duras penas han gozado de un breve periodo de recuperación que se prolongó
hasta finalizar el año.
Saca ha fijado el desarrollo económico y social en la aprobación del Tratado de
Libre Comercio entre la región centroamericana, la República Dominicana y los
EEUU (conocido en inglés como CAFTA-RD). El mismo ya fue aprobado por el
Congreso estadounidense y se espera entre en vigor el año próximo, aunque no
conforme al calendario original. Mientras tanto, se impone la debilidad
estructural del aparato productivo salvadoreño y la vulnerabilidad social de la
población, realidades que limitan la soñada inserción exitosa del país en el
concierto de la globalización. Aún así, “con o sin CAFTA”, decía a principios
del año el economista William Pleitez, “a El Salvador le corresponde revisar su
estrategia de crecimiento económico para que en las empresas haya más
competitividad y productividad”. Hasta el cierre del año, muy poco de esto se ha
visto.
Una sociedad marcada por lo electoral
Prácticamente, desde finales de 2002, cuando se preparaban comicios legislativos
y municipales, la sociedad salvadoreña se halla inmersa en una coyuntura
electoral permanente, en cuyo marco son interpretados todos los asuntos de
interés público. El ambiente electoral —con sus campañas proselitistas, marchas,
discursos subidos de tono y violencia política— ha tendido a condicionar el
rumbo de la economía, de la política y de lo social durante los últimos años.
Claro está, como trasfondo se encuentran algunos elementos estructurales que el
país viene acarreando desde larga data. Un balance de coyuntura social, al
cierre del 2005, no puede soslayar ese gran escenario.
No es que lo económico, lo social o lo político carezcan de autonomía al ser
abordados en el análisis, sino que tal autonomía se torna relativa, pues sólo
pueden entenderse fielmente a partir de un marco de referencia más amplio, que
amalgame los hechos y las tendencias más relevantes. Y eso ha ocurrido
precisamente con los últimos dos eventos electorales —las legislativas de 2003 y
las presidenciales de 2004— y con el ambiente de preparación para unos nuevos
comicios a realizarse el año próximo. Los que conducen los destinos del país,
apoyados por las grandes empresas mediáticas, han colocado artificialmente todo
el dinamismo de la sociedad en función de lo electoral.
Este énfasis en lo electoral tiene un efecto nocivo: fomenta el cortoplacismo y
el coyunturalismo, pues los partidos políticos —mismos que controlan el aparato
estatal y se sirven de él para aferrarse al poder— enfocan sus esfuerzos casi
exclusivamente para agenciarse la mayor cantidad de cuotas de poder, en
detrimento de la elaboración de planes estatales de largo alcance. El
coyunturalismo no sería perjudicial si los que llevan las riendas del país no lo
tomaran como máxima suya. Pero, lastimosamente, ha sido así. Las visiones
cortoplacistas han sido la norma dentro de la clase política salvadoreña, ante
la ausencia de políticas de Estado y las necesarias reformas estructurales en
áreas vitales como la social y la económica. Pues bien, sin una visión
estructural que sirva de norte, los sucesos, las tendencias, los discursos, las
prácticas y todo el dinamismo de la sociedad salvadoreña se torna un simple ir y
venir de gobiernos de turno y de administraciones municipales atomizadas, donde
reina la improvisación y el conformismo. Eso se ha reproducido durante todo el
2005.
Pues bien, la gestión presidencial de Saca ha estado en constante tensión con lo
electoral durante todo el año: parte de un arrollador triunfo en las urnas —desde
el cual legitima su hegemonía— y mira hacia la obtención de un dominio
legislativo y municipal de su partido, que le permita gobernar sin la necesidad
de negociar con la oposición política.
En el primer análisis de coyuntura social de 2005 publicado en Proceso (No.
1128) se apuntaba lo siguiente: “los salvadoreños han iniciado el año en un
marco de suficiente estabilidad política, pero con importantes déficits sociales
que cubrir y la necesidad de corregir los pobres resultados económicos obtenidos
durante 2004”. Y más adelante se decía: “el entusiasmo inicial con que diera
inicio la gestión presidencial de Antonio Saca ha dado paso a mayores dosis de
escepticismo entre los salvadoreños, ante la tardanza de los prometidos logros
sociales y económicos, y un triste retorno al ambiente de escaso entendimiento
político que caracterizó a la gestión de Francisco Flores. La cuestión no es tan
fácil ni automática como parecía. En ese sentido, 2005 será fundamental para
sostener un proceso que se ha pensado a largo plazo, pero que al parecer promete
más de lo que puede dar”.
También se destacaba que el pésimo desempeño de los políticos y de la política a
lo largo de 2004 no había sido suficiente como para que los salvadoreños
exigieran a sus gobernantes una labor más acorde a sus credenciales. Ahora bien,
¿significa esto que los salvadoreños están conformes con la conducción del país
y con la situación general del mismo? ¿Hay un clima favorable que permita
sostener con propiedad una vuelta a lo social como tema prioritario de la agenda
nacional? Obviamente, cierta dosis de escepticismo dice que de una aceptación
más o menos generalizada de la gestión presidencial —tendencia alimentada
fuertemente por la poderosa campaña publicitaria de Casa Presidencial— no se
sigue una aprobación del rumbo que está llevando el país. Es más, la población
no parece estar conforme con los escasos resultados concretos, que contrastan
con las grandes promesas de campaña, sobre todo en materia socioeconómica. Según
los sondeos de opinión presentados a principios del año y al final del mismo, la
situación económica y la inseguridad pública han sido, además de las principales
preocupaciones de los salvadoreños, los reclamos mayores a su gobierno.
Nuevamente puede ser de utilidad volver al análisis de coyuntura aludido arriba
y contrastar los enunciados allí expuestos con los hechos más relevantes
acaecidos durante 2005. “Por si fuera poco —se apuntó en dicho análisis—, la
gran promesa de Saca, el plan social contra la pobreza es hasta hoy nada más que
un confuso esbozo de algo que no tiene ni financiamiento ni los apoyos seguros.
Mientras tanto, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la seguridad se
regirán como siempre: insuficiente presupuesto y recursos, mala calidad,
visiones de corto plazo y remiendos publicitarios”.
Uno de los planes presidenciales más publicitados, el programa Red Solidaria,
reconoce aquellas carencias: “a pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza en
los últimos años, en nuestro país continúan aproximadamente 200 mil familias en
extrema pobreza”. Si se toma como base el promedio de integrantes de un hogar
manejado por la DIGESTYC en el 2003 (4.18 miembros), se tiene que habría unos
836,000 salvadoreños viviendo con menos de $126 mensuales en el área urbana y
menos de $90 en la zona rural, cantidades todavía conservadoras. El citado
programa reconoce también que “las instituciones gubernamentales de cobertura
nacional tienen limitaciones para focalizar y sus acciones dispersas limitan la
efectividad para cubrir las familias marginadas e indigentes”.
Pero, en respuesta a lo anterior, ¿qué se ha hecho durante 2005? Lo primero ha
sido, obviamente, incrementar la credibilidad del gobierno y despertar altas
expectativas; no obstante, los resultados concretos, más allá de las promesas,
han sido limitados: el Plan Oportunidades —cuyos componentes, como el FOSALUD,
no alcanzan a articularse en estos meses—, la elaboración de un mapa de pobreza
y el programa Red Solidaria —que ya empezó a ejecutarse tímidamente—, el
lanzamiento del Plan Nacional de Educación 2021 —que por su naturaleza a largo
plazo se encuentra en su fase inicial—, la creación de la Coordinación Nacional
para el Área Social, la cobertura del ISSS para niños menores de 12 años —que
pone en aprietos financieros al Seguro Social— y el incremento del FODES al 7% —que
los alcaldes todavía consideran insuficiente—, son los logros más importantes
autoagenciados por el gobierno de Saca durante el año que culmina.
Ciertamente, parece haber una modificación en esos programas respecto de los
planes estatales anteriores: se estaría transitando de una visión cortoplacista
a otra de mayor alcance. Además, se estaría considerando fenómenos como la
pobreza a partir de una visión más integral. El área de seguridad pública merece
especial atención. En su informe a la nación leído ante la Asamblea Legislativa
el 1° de junio de 2005, el presidente enumeró una gran cantidad de logros en esa
área —lanzamiento del plan súper mano dura, lanzamiento del plan mano amiga,
creación de unidades especiales antimaras en la Policía, creación de la Policía
Rural, instalación del sistema de seguridad Interpol, despliegue de fuerza
binacional El Salvador-Guatemala, celebración de cumbres regionales
antipandillas, ordenamiento del sistema penitenciario, reforma a la Ley de Armas
y otras reformas penales, entre las más importantes—, que contrastan con las
estadísticas de violencia registradas en El Salvador. Cada día siguen muriendo
once salvadoreños, sin que las autoridades puedan detener esa tendencia. Y la
violencia no es sólo eso. De hecho, el clima de inseguridad imperante en el país,
pese a la implementación de las medidas arriba mencionadas, es una de las
mayores deudas del actual gobierno. Si en las áreas anteriores parece haber un
cambio de concepción, en el área de seguridad pública hay una simple continuidad
en métodos represivos con pobres resultados, pese a que a finales del año se
anunció un relevo de las autoridades competentes. La mano amiga de Saca —la
dadivosa, amable y cercana—, ha sido ofrecida a la par de la mano autoritaria,
la que reprime.
En materia social, pues, Saca ha jugado a distanciarse de sus antecesores y de
la tradición del partido que le llevó al poder. Ciertamente, es una forma de
hacer política inédita en ARENA y a la cual se suscribirían no pocas figuras de
entre los areneros —políticos y empresarios— más pudientes. Pero la vieja usanza
todavía se impone en el imaginario colectivo arenero y empresarial. De ser
auténtica la vuelta a lo social —si el gobierno transita de un discurso
demagógico a una práctica efectiva—, Antonio Saca estaría rompiendo con la
tradición de su partido. Como sea, el mandatario dispone de buena parte de su
gestión presidencial, para honrar sus promesas o para darse cuenta en el camino
que sus ataduras ideológicas le impiden cumplirlas.
Mayor vulnerabilidad ante los desastres
Es habitual que El Salvador, enclavado sobre un territorio fértil pero inquieto,
sea noticia por la recurrencia de desastres provocados por la vulnerabilidad
socio-natural de sus habitantes. En la práctica, un fenómeno natural no siempre
se traduce en desastre; sólo basta que haya poblaciones cercanas y que éstas
pierdan el equilibrio con el medio natural en el que habitan para que se
complete el círculo. El resultado es el desastre: pérdidas humanas, cuantiosos
daños materiales y daño ambiental, muchas veces irreversible. Esta dinámica ha
acompañado a los salvadoreños a lo largo de su historia. Para no ir muy lejos en
el tiempo, durante los últimos siete años, los salvadoreños han padecido
recurrentemente situaciones de desastre: el huracán Mitch, en 1998; los
terremotos, en enero y febrero del 2001; y, finalmente, la sequía, en agosto de
ese mismo año. En el 2005, específicamente entre septiembre y octubre, el
catálogo de desastres se amplió con la irrupción violenta de por lo menos dos
nuevos fenómenos naturales: la erupción del volcán de Santa Ana o Ilamatepec y
las constantes lluvias asociadas a la tormenta tropical Stan.
Stan se formó en el Atlántico, tocó tierra por el Golfo de México pero, aunque
se previó que Centroamérica estaba dentro del radio de su influencia, no se
esperaba que golpeara tan fuerte a El Salvador. No obstante, en el país caían
fuertes lluvias desde la segunda mitad de septiembre. A finales de ese mes, el
Comité de Emergencia Nacional (COEN) había aumentado el nivel de alerta debido a
las lluvias provocadas por el Huracán Rita. Debido a la amenaza latente para
decenas de familias que viven a orillas de los ríos se procedió a su evacuación.
Días después, persistían las lluvias, se saturaban los suelos y las autoridades
aumentaban nuevamente el nivel de la alarma hasta declarar situación de
emergencia en las zonas más afectadas. Al cierre de septiembre, las lluvias
anegaron las principales calles de San Salvador, desde la exclusiva zona de San
Benito hasta la zona baja de La Vega y Candelaria, donde la principal quebrada
de la capital, el Arenal Montserrat, se encuentra con el río Acelhuate. Las
lluvias hicieron colapsar los sistemas de drenaje de la zona afectada, dando
inicio a un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio de Obras Públicas y la
alcaldía capitalina, es decir, las autoridades competentes. En otras palabras,
los suelos en casi todo el territorio nacional se hallaban bastante saturados y
propensos a deslizamientos y derrumbes. Con todo, hubo escaso margen de maniobra
para las autoridades.
En el caso del Ilamatepec sí hubo tiempo hasta para que muchas familias
abandonaran la zona con anticipación, pero se repitió la constante de la escasa
capacidad de las autoridades para enfrentar las situaciones de emergencia. Un
grupo de técnicos observaba, desde el mes de septiembre, la actividad del
Ilamatepec, que ya se hallaba fuera de lo normal. El primer día de ese mes, La
Prensa Gráfica reseñaba que “los expertos que vigilan la actividad en el volcán
de Santa Ana no se atreven a pronosticar aún una erupción, aunque advierten que
las emanaciones de gas han alcanzado un ‘nivel significativo’”. Días después,
los técnicos que vigilaban la actividad del Ilamatepec confirmaron la presencia
de magma en las entrañas del mismo. “Durante la semana pasada logramos con los
colegas de la UES [Universidad de El Salvador] llegar a la conclusión de que hay
magma”, aseguraba el director de geología del Servicio Nacional de Estudios
Territoriales (SNET), Carlos Pullinger.
Pronto, la insensibilidad y nulo tacto del director del COEN, Mauricio Ferrer,
se pondría de manifiesto. De acuerdo a la investigación de un medio de prensa
escrita, Ferrer mintió sobre la existencia de albergues para atender una posible
situación de emergencia. Según la fuente periodística, el funcionario había
asegurado a los periodistas que, por una eventual erupción del volcán, se habían
habilitado 32 albergues en los departamentos aledaños, Sonsonate y Santa Ana,
para atender a los potenciales evacuados. Al día siguiente, dicho medio de
prensa verificó la situación y, tras la visita, se determinó que en algunos de
los albergues que se aseguró se hallaban listos, ni siquiera se sabía que habían
sido elegidos para tales fines. Otros, que sí sabían, no contaban con el
equipamiento necesario, con lo cual quedaba en entredicho la palabra de Ferrer.
Pero sus desatinos continuarían.
Mientras en las principales ciudades del país se realizaban los actos alusivos a
la Independencia, un centenar de habitantes de un poblado cercano al Ilamatepec
abandonaban sus viviendas, sin contar con la ayuda del COEN. De acuerdo a un
directivo de ese poblado, “la iniciativa de la evacuación fue de toda la
comunidad, como una manera de prevención y no esperar hacerlo hasta que suceda
algo”. En las comunidades quedaban únicamente los hombres para resguardar las
pertenencias familiares. Mauricio Ferrer les negó categóricamente ayuda oficial
a los evacuados. “No se siente ninguna responsabilidad porque es una evacuación
por voluntad de la comunidad, o porque algunas organizaciones les han dicho que
se vayan”, aseguró el funcionario, mientras un centenar personas, la mayoría
mujeres y niños, se albergaban en una iglesia de Izalco. “No hemos dado orden de
evacuar porque sabemos que las condiciones del volcán no son para evacuar
todavía”, concluyó Ferrer. Hasta un periódico de derecha reseña las criticas
vertidas al funcionario. Así las cosas, amenaza latente, suelos saturados por
las lluvias y una dosis de insensibilidad gubernamental preludiaban el desastre.
El Ilamatepec entró en erupción el 1° de octubre, matando a dos personas y
desplazando a varios miles que habitaban cerca del cráter. Al día siguiente,
Stan se hacía sentir con fuerza sobre todo el territorio salvadoreño. Hasta la
medianoche del 5 de octubre, se había cobrado la vida de 65 personas, había
dejado a más de 50 mil personas evacuadas y conducidas a 371 diferentes
albergues improvisados por el COEN. Provocó, asimismo, que el 75% del territorio
salvadoreño quedara en riesgo de deslizamientos. Los departamentos más afectados
fueron San Salvador y La Libertad, que juntos sumaban 49 muertes y varias
decenas de familias evacuadas, seguidos de Santa Ana y Sonsonate, cuyos
habitantes también se veían amenazados por la erupción del Ilamatepec.
Stan provocó que los principales ríos del país aumentaran su caudal y se
desbordaran, causando inundaciones que anegaron las poblaciones cercanas y
dañaron cultivos. Las lluvias cortaron u obstaculizaron muchas vías de acceso a
la capital y a las principales ciudades del país. El periódico digital El faro
toma como fuente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para señalar las
extensiones de cultivos dañadas por las lluvias: 26,000 manzanas de cultivo de
maíz; 12,000 de frijol; 8,000 de café; 400 de caña de azúcar; 500 de hortalizas;
300 de arroz y 200 de algodón, entre otros. De acuerdo a la cartera de Obras
Públicas, el 78% de la red vial del país sufrió daños, entre leves, graves y
severos.
Según informes periodísticos, alimentar a los miles de damnificados costó
$100,000 diarios, mientras las autoridades se veían sobrepasadas por la magnitud
de la emergencia. De hecho, ya se escuchaban denuncias por una ineficiente
distribución de la ayuda y un manejo “partidista” de la misma. Otros ciudadanos
se quejaban de que el COEN no reportaba todos los daños y se había enfocado en
la atención inmediata de la emergencia y descuidado las labores de prevención en
muchas zonas altamente vulnerables a deslizamientos de tierra e inundaciones.
A mediados de octubre, luego de una semana de emergencia en todo el territorio
nacional, la mayoría de salvadoreños regresaron a sus actividades habituales.
Empleados de gobierno, de la empresa privada y otros sectores que habían
paralizado reanudaron sus labores desde el lunes 10 de octubre. La mayoría de la
población, pues, volvía a la normalidad. Pero la emergencia continuaba para
muchos. El COEN disminuyó la intensidad de la alerta, de roja a amarilla, lo que
significa que todavía algunos puntos del territorio nacional constituían amenaza
y que se mantenían activos los organismos de atención de la emergencia. Hasta el
12 de octubre, casi la mitad de los albergados había regresado a sus viviendas
–o lo que quedó de ellas—, pero permanecían todavía unos 40,600 salvadoreños en
los 412 refugios extendidos en todo el país. La Unión fue el único departamento
de la República que no registraba refugiados. Pero, en La Libertad había más de
10,000 salvadoreños albergados y otra cifra similar en el departamento de San
Salvador. A inicios de noviembre, el ministro de Gobernación calificó de
“zánganos” a algunos albergados que, según su opinión, se habían acomodado a la
situación y no regresaban a sus lugares de habitación por desidia. Como quiera
que sea, fuera o dentro de los albergues, miles de salvadoreños, pasada
formalmente la situación de emergencia, se encuentran viviendo al mínimo, debido
a que perdieron sus viviendas, cultivos o fuentes productivas.
Cuando el COEN hizo el recuento final de los muertos causados por las lluvias y
la erupción del Ilamatepec manejó, al menos públicamente, sólo cifras: 74. No
hay nombres ni apellidos. Lastimosamente, en este tipo de casos, el anonimato
condena a la impunidad. Entre las víctimas hay padres y madres que ya no
llevarán el sustento a sus familias. Los huérfanos, víctimas indirectas en las
frías estadísticas, son también víctimas directas: aparte del daño irreparable
de la vida de sus progenitores, perdieron una fuente que garantizaría su
sustento en unas condiciones de vida la mayoría de las veces deplorables. Son
los pobres los que han muerto; los que no tuvieron los suficientes medios y
recursos como para abandonar, con anticipación, sus viviendas enclavadas en
territorios altamente vulnerables.
Los muertos oficialmente reconocidos fueron 74. He aquí algunos nombres: María
Julia Martínez Andrade; los hermanos Jonathan, José Vladimir y Claudia Patricia,
todos Peña Andrade; Jesús Galdámez y Johana Galdámez, hija de este último;
Javier García Montoya, Milagro Magdalena Marroquín y sus hijos Karen Vanesa y
Eduardo José; Martín Aguiluz Najarro, Zelvin Alberto Montoya, Ramón Hernández
Rivera y William Adalberto Martínez, muertos en el municipio de Colón; Santos
Francisco Tenorio, Carmen Elena Ramos y sus hijos José Francisco, Daniel
Ezequiel y Joselyn Abigail, sepultados en San Marcos… y la lista continúa, hasta
completar la cifra oficial.
En conclusión, la emergencia suscitada por Stan y el volcán Ilamatepec enseñó a
los salvadoreños que la recurrencia de los desastres es un imperativo para que
se cambie el modelo de gestión ambiental en el país, si es que cabe hablar de
éste. Obviamente, un cambio de modelo debe ir emparejado con un cambio cultural,
que empieza por la familia. Aunque todos tienen una cuota de responsabilidad en
el deterioro del medio ambiente y la ausencia de una política seria de gestión
de riesgos, es a la parte gubernamental y a los empresarios a quienes hay que
exigirles más. A los primeros, por no cumplir su papel de garante del medio
ambiente natural y, a los segundos, por depredarlo indiscriminadamente.
¿Qué quedó pasada la situación de emergencia? A inicios del mes de noviembre se
supo que la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Ilapatepec
ocasionaron pérdidas económicas y daños por un monto total de por lo menos 355.6
millones de dólares, es decir, poco menos de la cuarta parte del impacto
económico de los terremotos del 2001, que alcanzó la cifra de 1,600 millones de
dólares. Más allá de las cifras, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), encargada de presentar el estudio técnico, estimó que el impacto
es más social que económico, ya que los rubros más afectados fueron la vivienda
y la infraestructura, seguidos por los sectores productivos. Stan y la erupción
del Ilamatepec, concluyeron los técnicos de CEPAL, limitarán los avances en
desarrollo humano. Pero, más allá de las cifras y estimaciones, ¿quién asume los
costos sociales del desastre?
El informe técnico detalló que el monto total del impacto económico asciende a
355.6 millones de dólares, distribuidos en los sectores sociales (42.1%),
infraestructura (31.8%), sectores productivos (16.9%), medio ambiente (6.1%) y
emergencia (3.0%). Dentro de los sectores sociales, el más golpeado ha sido el
de vivienda, con el 31.9% de los costos totales, es decir, casi un tercio del
mismo, superando incluso el impacto causado en la infraestructura, donde el
rubro más afectado fue el de transporte y comunicaciones, que suma un 29.0% del
impacto total. Seguidamente, el impacto se focaliza en el sector agropecuario,
dentro de los sectores productivos, alcanzando una cifra de casi 49 millones de
dólares, o sea, alrededor del 14% del costo total. El resto de rubros tuvo un
daño entre moderado y bajo: medio ambiente (6.1%), salud (5.4%), educación y
cultura (4.8%) y agua y saneamiento (3.2%), tal como se detalla en el siguiente
cuadro.
Los técnicos de CEPAL estimaron, además, que como el impacto en los sectores
productivos se enfocó en el sector agropecuario, sin tocar prácticamente a la
industria y el comercio, lo más probable es que aquél no tendrá un peso
significativo en el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, cuyo crecimiento
estimado se mantiene en un 2.5%, según el gobierno. Así, de acuerdo a los
técnicos, el impacto total de Stan y el Ilamatepec respecto al PIB estimado de
2005 fue del 2.2%, en comparación con el saldo de los terremotos de 2001, que
alcanzó el 13% del PIB del año 2000.
Para Ricardo Zapata, responsable del estudio técnico de CEPAL, “el desastre fue
más social que económico”, debido a la concentración de los daños en la vivienda,
la infraestructura y el sector agropecuario. “El impacto social, el mayor en
términos cuantitativos –dice el informe de CEPAL—, tiene a su vez un impacto
cualitativo sobre los distintos grupos poblacionales, en particular los más
vulnerables: la población rural, las mujeres campesinas y pequeños comerciantes,
en cuya economía ‘de patio’ el daño y las pérdidas es poco visible pero con
consecuencias negativas sobre su bienestar”. Las cifras concluyen que “el
impacto social agravará tendencias ya presentes en la economía que frenen el
avance en la mejora de los índices de desarrollo humano, eleven la dependencia
de los ingresos de las remesas y lleven a consecuencias negativas sobre el
tejido social: migración, marginación y presión social que afecten la seguridad
ciudadana”.
Lo que se espera para buena parte de la población rural, sobre todo para las
mujeres campesinas y algunos pequeños comerciantes es una situación nada
halagüeña. Habitantes de la zona del Bajo Lempa, las laderas del volcán de Santa
Ana y de Chalatenango, por ejemplo, hablan de la pérdida total o casi total de
sus cultivos, mismos que les sirven para la subsistencia. A ello se le suma, no
pocas veces, la pérdida de sus viviendas o recursos productivos alternativos a
la tierra y el estropeo de las vías de acceso que comunican sus comunidades con
los centros de comercio más cercanos.
En cuanto a sectores como salud, educación y cultura, las estimaciones denotan
un impacto mínimo en términos comparativos, pero eso no obvia el hecho —o no
debiera hacerlo— de que cientos de niños no pudieron terminar satisfactoriamente
el año escolar o que muchos de las escuelas y centros de salud hallan sido
dañadas. Cuando las lluvias ya menguaban, el Ministerio de Educación reportaba
daños de diversa índole en 196 centros escolares en todo el territorio nacional;
a ello se le suman las 190 escuelas inhabilitadas debido a que fueron utilizadas
para albergar a las personas evacuadas. El Ministerio de Salud, por su parte,
sumaba daños en por lo menos 48 clínicas, 13 de las cuales tenían daño ‘severo’
y otras 20 fueron cerradas por ubicarse en zonas de alto riesgo. Finalmente,
algunos bienes culturales sufrieron daños, entre menores y moderados. Con todo,
el impacto social mayor tiene que ver con las consecuencias esperadas: más
migración, marginación y presión social, mayor dependencia de las remesas
familiares, atraso en la mejora de los índices de desarrollo humano y, por qué
no decirlo, mayores niveles de pobreza en decenas de familias que perdieron sus
posesiones, viviendas y recursos productivos.
Si hablamos de los costos económicos, el presidente Saca comprometió una suma de
234 millones de dólares para afrontar las tareas de reconstrucción. A ello
pueden sumársele unos 10 millones prometidos, en calidad de donación o en
especie, por la comunidad internacional, que acudió al llamado a la solidaridad
del gobierno salvadoreño. Si se suman otros 10 millones de dólares provenientes
de un crédito con el BID se tendría un total de aproximadamente 254 millones de
dólares para la reconstrucción, es decir, un poco más del 70% de los 355.6
millones que representan el impacto total del desastre. Se especula con cifras
porque el gobierno no ha dado un monto definitivo sobre el financiamiento de la
reconstrucción. Se desconoce el aporte del sector privado, que seguramente se
enfocaría en el sector de la vivienda y en subsanar los daños propios; pero, ¿quién
asume los costos sociales?
Es poco probable que el Estado salvadoreño vaya más allá de sufragar con lo
mínimo los daños provocados en la infraestructura y en el sector salud y
educación. Menos probable aún es que se haga cargo de las pérdidas sufridas por
el sector agropecuario, que ya se encontraba en desventaja debido a las pésimas
condiciones salariales, escaso acceso al crédito y bajos niveles de rentabilidad.
Lo más probable es que nadie asuma la tarea de minimizar las situaciones
sociales esperadas, si se pasa revista al papel del Estado, la empresa privada y
otros sectores luego del Mitch, los terremotos del 2001 y las sequías de ese
mismo año. Quienes sí asumirán los costos, movidos por la necesidad y el
instinto de supervivencia, son los que emigrarán a Estados Unidos, los que
probablemente se vincularán con la delincuencia o, simplemente, seguirán siendo
pobres y marginados. Este es el escenario que marcó a miles de familias
salvadoreñas a finales del año y, seguramente, dará la bienvenida el 2006. Así,
El Salvador cerró el 2005 con un mayor deterioro social y mayor vulnerabilidad.
Balance regional
Los ejes en torno a los cuales girará el presente balance
regional serán los temas que –por su relevancia– además de marcar el año 2005,
dejan un panorama abierto de cara al año 2006. Bajo ese criterio se han escogido
los siguientes: las comunidades agrarias en Centroamérica; el CAFTA-DR y las
medidas antiinmigrantes de Bush; ingobernabilidad ambiental en Centroamérica;
gasolina, manipulación y Relaciones Exteriores (en El Salvador); alineación de
líderes políticos en América Latina; y por último, el estado de la democracia en
Latinoamérica.
Las comunidades agrarias en Centroamérica
A inicios del año 2005, Proceso realizó un diagnóstico de la situación del
sector agropecuario en Centroamérica y de sus relaciones con los problemas
alimentarios de la región. Se determinó que la agricultura sigue siendo un
elemento relevante dentro de las economías de los países centroamericanos, ya
que representa un importante rubro de las exportaciones y, por lo tanto,
relevante para el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, también se
puntualizó que, en muchos casos, la producción agrícola no logra satisfacer las
necesidades básicas de la población que se dedica a dicha labor ni la demanda
alimentaria del país. Por ejemplo, Costa Rica, Honduras y El Salvador son países
que, de acuerdo datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), han incrementado sustancialmente las
importaciones de maíz. Asimismo, se previó que si a este diagnóstico se le
sumaban otros factores como la disminución de la fuerza de trabajo en el campo –junto
a otros problemas como la falta de acceso a la educación, salud y servicios
básicos–el sector agrícola realmente no está orientado a lograr mayores niveles
de desarrollo humano para las poblaciones rurales-agrarias.
Durante los últimos meses del año, las vulnerabilidades consideradas en dicho
diagnóstico quedaron en evidencia ante los fenómenos naturales que golpearon la
región. El ejemplo más claro se dio en Guatemala tras el paso del huracán Stan
en octubre. Tal como lo documenta la FAO, su impacto fue moderado en comparación
con el PIB agropecuario del país, pero su efecto fue profundo para las familias
campesinas que viven del cultivo de pequeñas parcelas en zonas de ladera, las
cuales no cuentan con suficientes insumos agrícolas. El estimado de la FAO fue
que más de 155,000 familias pobres guatemaltecas perdieron parte o la totalidad
de sus activos de capital físico y su producción. “Existe un gran número de
familias dedicadas a la agricultura de subsistencia que han perdido sus reservas
y que tienen muy poco poder adquisitivo, por lo que pueden enfrentarse a la
escasez de alimentos al carecer de ingresos para comprar en el mercado”, señaló
Ian Cherrett, representante de la FAO en Guatemala. El organismo ha previsto que,
como consecuencia de esta situación, existe el riesgo de un período de escasez
durante el próximo invierno, es decir, durante los meses de junio-agosto 2006.
Para contrarrestar dicho riesgo, en Guatemala, se necesita urgentemente una
estrategia nacional que busque reducir la vulnerabilidad de las comunidades
rurales-agrarias durante el invierno 2006. Asimismo, se hace necesaria una
estrategia regional a corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de un
problema estructural en Centroamérica. Si bien en 2005 fueron las comunidades
guatemaltecas las más dañadas, el próximo año puede ser cualquier de los países
de la región, dependiendo de dónde y cómo golpeen los fenómenos naturales.
Por último, cabe agregar al panorama de las comunidades agrarias el fenómeno de
la masiva migración de mano de obra centroamericana para la cosecha salvadoreña
2005-2006. Aunque El Diario de Hoy intentó reducir el fenómeno a uno de
“ociosidad” de los campesinos salvadoreños receptores de remesas y a la búsqueda
de dólares y “mejores oportunidades” por parte de aquellos que desean realizar
labores que “los salvadoreños ya no quieren realizar”, el fenómeno merece más y
mejores explicaciones, las cuales aún no están tan al alcance de la mano. Y es
que, a lo mejor, el fenómeno no es más que un efecto ilusorio que atrae a otros
centroamericanos a un país no mucho mejor que el suyo. Es más probable que sea
así y no que El Salvador esté liderando la producción agrícola en la región,
porque lo que sí está claro, tal como lo advirtió la Comisión Económica para
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), es que aunque las remesas han logrado reducir
la pobreza no han logrado dinamizar el aparato productivo en ningún país de
Centroamérica.
Por lo tanto, en el largo plazo, este estancamiento podría generar una
incapacidad de reacción de la economía ante una disminución importante de las
remesas, lo que causaría un aumento de pobreza. Se puede prever, por otra parte,
que las medidas antiinmigrantes de Bush, sin duda, causarán un efecto de
disminución de las remesas en toda el área centroamericana. Entonces, un aumento
de la pobreza se hace inminente para un futuro cercano de no dinamizarse
realmente el aparato productivo en los diferentes países de Centroamérica.
El CAFTA-DR y las medidas antiinmigrantes de Bush
En contraste con el triunfalismo mostrado por los mandatarios y empresarios del
gran capital de la región antes y después de la aprobación norteamericana del
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana, CAFTA-DR, se hizo evidente, a finales del año, el estancamiento del
tratado. Ningún país en Centroamérica, ni República Dominicana, logró estar
listo para la puesta en marcha del tratado a inicios de 2006, y Costa Rica aún
no ratifica.
En El Salvador, por ejemplo, llegó 2006 y tanto el Ejecutivo como los grandes
empresarios están maniatados para impulsar sus proyectos privados, ya que el
decreto que avala las enmiendas a las leyes de la aplicación del mismo no ha
sido publicado en el Diario Oficial por la falta de firmas de diputados de la
oposición. Con todo, eso no es lo único contrastante. Las medidas anti-inmigrantes
latinos del presidente estadounidense George W. Bush resultaron también
contrastantes con la aprobación del CAFTA–DR, un tratado que es considerado como
algo que, lejos de promover un desarrollo sostenible en la región, agudizará las
diferencias, y posiblemente aumentará la presión social y económica que
caracteriza a estos países. Para Stephanie Weinberg, asesora de políticas
comerciales de OXFAM América, el tratado no es más que uno que
“institucionalizará ventajas comerciales desequilibradas a favor de Estados
Unidos”. Por otra parte, es bien sabido que la emigración latina ilegal hacia
Estados Unidos ha servido como escape a la olla de presión económica y social
que es Latinoamérica. Ponerle fin a ello sin pensar en amortiguar el impacto —sino
todo lo contrario, mediante un tratado desequilibrado— es un atentado contra la
región latinoamericana.
Fue el 22 de octubre de 2005 que Bush dio a conocer algunos de los ejes
alrededor de los cuales girará la “amplia reforma migratoria” que impulsa. “Mano
dura” y “deportaciones sin excepción” son los conceptos difundidos para
describirla. Su objetivo es, de acuerdo a Bush, “enviar de vuelta a todas las
personas que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos, sin excepciones”. En
otras palabras, “no importa que sus soldados estén en Irak, igual mandaremos de
regreso a sus compatriotas ilegales”, por mencionar un ejemplo de las muchas
posibilidades para el enfático “sin excepciones”.
Las medidas anti-inmigrantes de Bush no fueron vistas por los mandatarios de la
región como un aviso para tomar acciones regionales conjuntas que garanticen la
supervivencia de estas naciones, y de su gente, en los difíciles años que están
por venir. El presidente salvadoreño Antonio Saca, haciendo gala de una
indiscutible ceguera económica y social, dijo públicamente que estaría “a la
par” de Bush en “esta amplia reforma migratoria integral” y aseveró que la misma
no se debía confundir con medidas antiinmigrantes. De hecho fue hasta que se dio
el más reciente anuncio sobre la posible construcción de un muro que divida la
frontera Estados Unidos con México que algunos mandatarios han despertado y han
comenzado a hacer algunos movimientos diplomáticos fuertes, tales como el
guatemalteco. El 28 de diciembre el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein,
calificó la construcción del muro de “absolutamente intolerable” y “una afrenta
para América Latina” y consideró necesario “un replanteamiento” de las
relaciones con EE.UU.
En este contexto, los presidentes de la región deben ponerse a trabajar en un
Plan Regional que amortigüe el impacto que tendrán las medidas anti-inmigrantes,
promoviendo alternativas de desarrollo sostenible para que los centroamericanos
no tengan que emigrar, planificando cómo se recibirán a los que regresan y
cabildeando por la seguridad y protección de los compatriotas ilegales.
Ingobernabilidad ambiental en Centroamérica
El período 1997-2002 marcó a Centroamérica con el impacto significativo de
fenómenos naturales, los cuales provocaron grandes pérdidas de vidas humanas y
materiales. Tras esa época, varias organizaciones no gubernamentales se
dedicaron a la tarea de estudiar el tema de gobernabilidad ambiental en
Centroamérica, llegando a la conclusión que aunque no está en manos de los
gobiernos de la región evitar ciertos fenómenos naturales, sí lo está prevenir y
disminuir su impacto humano, social y económico para posibilitar el desarrollo
humano sostenible.
Sin embargo, pese a las recomendaciones hechas a los gobiernos en 2003, el 2005
dejó claro que en Centroamérica no se ha avanzado en materia de gobernabilidad
ambiental, es decir en establecer medios eficaces para aminorar y enfrentar el
impacto de distintos fenómenos naturales. Las muertes y pérdidas materiales que
dejaron las lluvias de octubre y el huracán Stan lo pusieron en evidencia,
especialmente en Guatemala y El Salvador –países en donde la cantidad de vidas
perdidas sumaron cientos, y los damnificados miles—. Centroamérica es una región
que se caracteriza por estar sujeta al impacto habitual de sismos, huracanes,
erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, deslizamientos, entre otros
fenómenos naturales potencialmente perniciosos, y aún así cada “temporada de
calamidades naturales” parece tomar por sorpresa a los distintos gobernantes,
así como a las sociedades respectivas.
Para el caso de Stan, por ejemplo, ante la incapacidad de enfrentar la
catástrofe, las medidas gubernamentales en Guatemala y El Salvador fueron
parecidas; dando lugar a un proceso que se repite viciosamente cada vez que un
fenómeno natural causa daños significativos: 1) decretar Estado de Calamidad
Pública, facilitando así movimientos de fondos de carteras del Estado hacia la
atención de la crisis; 2) coordinar con la gran empresa privada la instalación
de centros de acopio para recolección de alimentos y objetos útiles albergues de
evacuados y damnificados; y 3) pedir ayuda internacional.
Mientras los gobiernos de la región no asuman la responsabilidad de promover una
gobernabilidad ambiental, la naturaleza seguirá impactando, en igual o mayor
grado, cobrando demasiadas vidas y dañando la economía, especialmente la de los
más vulnerables socialmente. Centroamérica ha caído en un círculo vicioso que
agudiza el problema. Así, de seguir sin hacer los cambios estructurales
necesarios, en 2006 se pueden prever, luego del impacto “sorpresa”, los pasos 1,
2 y 3.
Gasolina, manipulación y Relaciones Exteriores
El tema regional en medios de comunicación —luego del huracán Katrina— fue
acerca de las continuas alzas de los precios de la gasolina. El 29 de agosto
Katrina entró a Estados Unidos golpeando a los estados sureños de Lousiana,
Missisipi y Alabama, causando en pocas horas destrucción y muerte de manera
descomunal. No pasó mucho tiempo para que los funcionarios financieros alzaran
la voz de alarma. El impacto económico de Katrina se haría sentir fuertemente en
la región centroamericana: así lo vaticinó Harry Brautigam, presidente del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los primeros efectos se verían
en las alzas de los precios de la gasolina. El resto —impredecibles en ese
momento— se harían sentir más adelante en 2006.
En El Salvador, dicha coyuntura fue manipulada mediáticamente por el presidente
Antonio Saca, algo usual en su manera de hacer política. El 25 de septiembre se
publicó un reportaje especial en ”Suplemento Enfoques”, de La Prensa Gráfica, “A
la política por el petróleo”. El objetivo informativo del reportaje fue ambiguo:
se presenta a Saca y a su ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, como en
estado de shock ante el tema de “tener que” ir a buscar “precios preferenciales”
de petróleo a Venezuela, a sabiendas que regresarán con las manos vacías. Irán,
dicen, porque pretenden desenmascarar al FMLN, partido que está usando la
coyuntura como artimaña electoral para las elecciones de alcaldes y diputados de
2006. Paralelamente a esta información, el CoLatino publicó información
relacionada con la alta posibilidad de que Venezuela incluya a las alcaldías del
FMLN en Petrocaribe. Al final, el tema del petróleo venezolano, aunque
mencionado en la campaña de dicho partido, no forma parte central de la
propuesta, al menos no como un fuerte “gancho” electoral. El famoso viaje a
Venezuela anunciado por Saca y Gavidia nunca se realizó, pese a las aparentes
presiones públicas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, (ANEP).
El reportaje de La Prensa Gráfica y la información que de él se desprendió
funcionaron como burdas justificaciones de la nula —o poca e ineficaz— actuación
del gobierno arenero ante el problema. Es incomprensible el espanto que
mostraron Saca y Gavidia ante la pronunciación de las palabras “Venezuela” y “petróleo”.
El Salvador no tiene ningún problema con Venezuela, a excepción del provocado
por el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, al reconocer en
2002 el intento golpista encaminado a desplazar al presidente Hugo Chávez.
Antes, existían lazos de cooperación y acuerdos entre ambos países. De hecho, en
2001 Flores y Chávez ratificaron el Acuerdo de Cooperación Energética de
Caracas, el cual podría ampliarse con Petrocaribe, con condicionantes. Y es que,
en realidad, cuando Saca y Gavidia declararon a la prensa que irían a Venezuela
a buscar “precios preferenciales” “sin condicionantes” se trató de una artimaña
manipuladora, ya que es sabido que Venezuela no está dando “precios
preferenciales” “sin condicionantes”.
Es comprensible que no sea fácil para Saca restablecer relaciones diplomáticas
cordiales con Chávez, luego de lo que hizo Flores, pero es que tampoco el
presidente salvadoreño ha mostrado voluntad de un acercamiento cordial hacia el
gobierno venezolano, en orden a buscar una alternativa para la solución de la
crisis. Para 2006, de acuerdo a la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de
Productos de Petróleo (ASDPP), los pronósticos para los precios de la gasolina
en la región son alcistas. El año 2005 cerró, sin embargo, sin la presentación
gubernamental de medidas concretas para contrarrestar los efectos de dicho
fenómeno económico.
Alineación de líderes políticos en América Latina
En la arena política, Latinoamérica cerró el año 2005 con una dinámica en la que
sobresalieron las discrepancias entre los mandatarios de los distintos países.
Asimismo, resaltaron ambigüedades y alineamientos. A nivel mediático, ganaron
espacio los desacuerdos y las polémicas entre Néstor Kirchner y Vicente Fox,
entre George Bush y Hugo Chávez y entre Fox y Chávez. Detrás de esas disputas,
los países respectivos se están alineando en lo político y en lo económico.
En el Sur sobresalen Chávez, Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva como líderes
políticos y económicos de la región. Es casi segura la victoria presidencial de
la oficialista y socialista Michelle Bachelet en Chile, quien se convertiría en
la primera mujer en ocupar dicho cargo en la nación del sur. Son importantes los
acuerdos bilaterales entre Venezuela y Argentina, y Venezuela y Colombia; el
ingreso de Venezuela al MERCOSUR, con un plan energético preciso y viable
mediante la construcción de un gasoducto que uniría a los 5 países; la
reconciliación pública entre Lula y Kirchner, ocasión que Lula aprovechó para
apoyar públicamente al eje Argentina-Brasil como base del MERCOSUR para
enfrentar en bloque al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), elogiando
a la vez a Chávez y dando soporte a la candidatura presidencial de Evo Morales,
quien resultó electo como presidente de Bolivia y que, además de líder cocalero
de izquierda, es muy cercano a Fidel Castro y a Chávez.
Cabe enfatizar la significancia no sólo económica, sino política de la entrada
de Venezuela al MERCOSUR. Partiendo de las declaraciones públicas de los
mandatarios que componen el bloque, ellos parecen estar rompiendo brecha para
abrir paso a un camino que lleve a la consecución de un ambicioso proyecto
político-económico llamado “Comunidad Suramericana de Naciones”. Aunque todavía
falta aproximadamente un año para que Venezuela entre con voto al MERCOSUR, se
puede prever que al hacerlo el bloque tenderá a politizarse de manera más
marcada. De acuerdo al periódico venezolano El Universal, del 12 de diciembre
recién pasado, Hugo Chávez afirmó: “sí, creo que al MERCOSUR hay que politizarlo.
Creo que es un proyecto político el MERCOSUR, tiene que ser un proyecto de los
pueblos y, por lo tanto, de las polis”. Asimismo, Kirchner y Lula emitieron
declaraciones a favor de la politización del bloque, y el canciller uruguayo,
Reinaldo Gargano, calificó el ingreso de Venezuela como “un hecho de enorme
significación política (...) desde el punto de vista geográfico y estratégico.
(…) Los países de América van a tener una línea de comunicación común, desde el
Caribe a Tierra del Fuego”, parafraseando el eslogan del ALCA “desde Alaska a
Tierra del Fuego”, y por supuesto como nota de connotación política en alusión a
un rechazo por parte del MERCOSUR hacia la zona de libre comercio promovida por
Estados Unidos, tomando su lugar “otra cosa”, aún no clara, pero que es
económica y políticamente diferente.
Por su parte, Centroamérica se mantiene política y económicamente bajo la sombra
de Washington, enfocada en la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica (a excepción de Costa Rica por el momento) y República
Dominicana con Estados Unidos. También se contempla la posibilidad de concretar
la propuesta mexicana energética con la instalación de una refinería de petróleo
en la región. Dicha obra carece de garantías para la reducción de precios de
gasolina para el consumidor común. Según las últimas declaraciones oficiales, lo
que México quiere son incentivos fiscales para la refinería y que el producto se
venda a precios de mercado. Un negocio redondo para el país azteca. Los
centroamericanos parecen haber cerrado el 2005 un poco desanimados con la
propuesta.
Estado de la democracia
Durante las últimas semanas del año se llevaron a cabo dos tensos procesos
electorales, uno en Honduras y otro en Venezuela, y existen expectativas de algo
de lo mismo en las elecciones municipales en marzo de 2006 en El Salvador y en
las elecciones presidenciales de México en julio de 2006. Honduras celebró el 27
de noviembre unas elecciones presidenciales sumamente controvertidas por el
estrecho margen en favor del candidato Manuel Zelaya del opositor Partido
Liberal (PL). Por el lento proceso en el conteo de los votos y por la
resistencia del Partido Nacional (PN), a aceptar su derrota, fue hasta el 6 de
diciembre que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó de manera oficial a
Zelaya como el futuro presidente de Honduras. En ese ambiente, los temores más
grandes se escucharon desde los funcionarios públicos, cuyos empleos peligran
por las tradicionales “limpias”, luego del gane de un partido opositor al
gobierno en turno.
En Venezuela, las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre estuvieron
marcadas por el retiro de los principales partidos de oposición de la
competencia electoral sin el aval de los organismos observadores internacionales,
y por los altos niveles de abstencionismo. Lo anterior concluyó en la conquista
de todos los escalones del parlamento por la coalición de Chávez. El nivel de
polarización política y enfrentamiento social que se vive al interior de
Venezuela es fuerte, y parece haberse agudizado.
En El Salvador, se puede sacar un preocupante mensaje antidemocrático de la
campaña publicitaria y declaraciones de los representantes de la Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), partido que domina el Ejecutivo, y que busca
sacar al partido de oposición, Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) de las municipalidades más importantes. Tal como dijera César
Funes, director de asuntos políticos de ARENA, el eslogan de su campaña “Hagamos
equipo” lleva el claro mensaje que ARENA quiere gobernar desde todos los
espacios, pero para ello hay que “quitarse las piedras de los zapatos”, que son
los efemelenistas en las alcaldías.
En México, por otra parte, se esperan sorpresas para 2006. De acuerdo a un
análisis de Andrés Oppenheimer publicado en La Prensa Gráfica, el 4 de diciembre,
ya no es tan seguro que el izquierdista Manuel López Obrador, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) tenga ganada la carrera, ni que Felipe Calderón,
del Partido de Acción Nacional (PAN) termine de tercero. “Ahora, todo parece
indicar que será una pelea de tres, en la que puede pasar cualquier cosa,
incluido un empate caótico en que los perdedores se nieguen a aceptar el
resultado y se desate una pesadilla política y económica”.
Aunque se puede elucubrar mucho en cuanto a qué pasará si tal o cual candidato
gana en México, el punto de este análisis para el año 2005 no es ese, sino
ilustrar que estos procesos dejan en evidencia un clima de polarización política
tal que no parece dejar campo fértil para el desarrollo y fortalecimiento de una
cultura política democrática. Pero a la vez, ¿cómo se fomentan valores
democráticos en sociedades con desigualdades económicas y sociales tan abismales?
Lo cierto es que lo primero es lo primero y urge que los gobernantes e
investigadores entiendan que las enormes desigualdades económicas y sociales
estructurales no propician el diálogo y el entendimiento. Si bien es cierto que
una sociedad socialmente cohesionada no garantiza una cultura democrática, es
sin duda un requisito mínimo para ella.
¿Preocupaciones o expectativas?
Para algunos observadores el 2005 cierra con excesivas preocupaciones por las
tensiones en los procesos electorales y por el tipo de liderazgo político de
Hugo Chávez en el sur. Para otros observadores, sin embargo, cierra con
expectativas acerca del rumbo de la democracia durante el 2006. Cabe recordar
que la crisis y caída del bloque socialista a finales de los ochentas derivó en
una aceptación casi universal e incuestionable de la “democracia liberal”. A
esta apertura es que el profesor neoconservador de Harvard, Samuel Huntington,
llamó “la tercera ola de expansión democrática”. En ese contexto también se
abrieron oportunidades para estudiar, desde la academia, cuestiones vinculadas
al tema de la cultura política democrática, siendo América Latina el epicentro.
Por una parte, no se puede negar que para América Latina el fin de la Guerra
Fría y la instauración, o reinstauración en algunos casos, de regímenes
democráticos liberales, abrió espacios nunca antes vistos en la región para la
democratización de sociedades marcadas por el autoritarismo y la violencia
oficial, militar y paramilitar. Empero, estos avances no deben nublar la visión
crítica, ya que, por un lado, puede llegar a sobreestimarse de manera
generalizada la democratización de corte liberal, bajo el argumento que es la
única democracia real posible y panacea de la estabilidad política y, por lo
tanto, llevar a preocuparse cuando algunas sociedades parecen no ajustarse al
modelo. Por otro lado, se corre el riesgo de subestimar el proceso histórico de
estos países, y olvidar que en dicho proceso se acumuló, estructuralmente, la
injusticia y la desigualdad económica y social. Asimismo, aunque el
autoritarismo y la violencia parecen no venir directamente desde las esferas
oficiales, siguen imponiéndose desde las estructuras, lo que imposibilita a las
mayorías a gozar de una vida mínimamente humana.
Cuando a la democracia se le reduce a un simple método, objeto de estudio, se
olvida que la democracia en sí misma también es un valor y, a la vez, un proceso
que implica acciones orientadas a alcanzar el bienestar de las mayorías,
mediante la participación de toda la sociedad. Por lo tanto, pueden existir
distintas fórmulas para alcanzarla. Así, para algunos observadores pueden
resultar preocupante que ciertas reglas de la democracia liberal y
representativa no estén calando, como se esperaba, en la cultura política de los
ciudadanos latinoamericanos, pero eso no significa que por las tensiones
actuales se caerá una vez más –por decisión de los mismos ciudadanos– bajo
regímenes autoritarios.
América Latina tiene un gran reto por delante: construir y consolidar una
democracia que le posibilite un desarrollo sostenible con equidad y justicia
social, política y económica desde su propio proceso histórico y con
autodeterminación. Existe la posibilidad que esa democracia no sea totalmente
liberal para el caso de algunos países, y es algo que los mismos ciudadanos
deben decidir. Además es cuestionable que la democracia liberal sea la más
adecuada para resolver los problemas socioeconómicos estructurales de los que se
habló. El año 2005 deja claro que América Latina está aún construyendo su
democracia. Las preocupaciones, entonces, vistas desde otro lente, pueden ser
expectativas para el 2006.
Reporte IDHUCA
A catorce años de finalizado el conflicto armado, la sociedad salvadoreña continúa dividida y sumergida en una situación de violencia intolerable. La llamada “clase política” continúa siendo incapaz de resolver los principales problemas nacionales. En ese marco, la institucionalidad encargada de impartir justicia —que, tras la guerra, cambió parte de su forma pero no su esencia— ha sido cómplice de la impunidad. No obstante, este lastre está siendo enfrentado con gallardía por algunas víctimas. Precisamente, una luz se encendió en el año examinado: por primera vez fue condenado el Estado salvadoreño, al negarse a brindar justicia a la familia de dos niñas desaparecidas en mayo de 1982. Ese logro no se hubiera dado sin el liderazgo de Jon de Cortina, quien en su esfuerzo por alcanzar verdad y obtener justicia sembró esperanza y contribuyó a fortalecer la lucha del pueblo salvadoreño en ese y otros ámbitos.
Dicho lo anterior, corresponde ahora poner sobre la balanza los avances y
retrocesos en materia de derechos humanos. Cabe señalar que la reiteración de
factores como los fenómenos naturales, la inseguridad ciudadana, la precaria
situación económica y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales,
caracterizó el año que finaliza. Durante el mismo, las principales exigencias
sociales por resolver tuvieron como respuestas oficiales el provecho electoral y
una constante ineficacia en los resultados.
I. Situación del país
Para la mayoría de las salvadoreñas y los salvadoreños, el escenario no mejoró
en el 2005. Aunque se registró un leve crecimiento en la economía, éste continúa
siendo bajo e insuficiente para resolver el estado de pobreza de más del 43% de
la población; para este segmento humano, el enfoque oficial de “lo social” no
pasa de ser otro estribillo más de su propaganda.
El IDHUCA ha sostenido que la migración constituye una “válvula de escape” para
la presión social que podrían provocar las precarias condiciones que afectan a
casi la mitad de las y los habitantes de El Salvador. Precisamente, las remesas
que envía la población emigrante continúa siendo la salvaguarda de la economía,
apreciación que ha sido confirmada por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en su más reciente Informe de Desarrollo Humano. En este
documento se plantea que la migración ha generado un círculo vicioso: la
importación ha sustituido a la producción nacional, lo que a su vez ha generado
mayor desempleo y subempleo o “empleo informal”. Por eso, las personas deciden
migrar y enviar dinero a sus familias con el cual adquieren bienes importados;
de ahí la conclusión del documento Así como el dinero entra, así sale.
De esa forma, las y los compatriotas pobres en el extranjero se esfuerzan por
aliviar la pobreza en la que se encuentran sus familias en el país, sin que el
Estado haga algo efectivo para evitar ese sacrificio. Eso es preocupante en
extremo porque muestra también que, a catorce años del fin de la guerra, para
una buena parte de la población salvadoreña es imposible su desarrollo humano.
Así lo refleja la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión
Publica de la UCA (IUDOP), en la que se plasma una percepción pesimista del país
ya que sólo uno de cada cuatro salvadoreños piensa que va por buen camino.
Desde que Antonio Saca asumió la Presidencia de la República en junio del 2004,
se despertaron amplias expectativas, tanto por su posible estilo conciliador de
gobierno como por sus promesas de solución a los principales retos que debía
enfrentar. Sus primeras decisiones fueron nombrar a la Comisionada para la
Gobernabilidad e instalar una mesa con el mismo nombre. Más allá de la forma, en
el fondo pretendía trasladar de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo la
negociación y el debate político, para asegurar el éxito de sus propuestas de
ley.
Con el retiro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de
ese espacio y la nueva correlación de fuerzas políticas al interior del “primer
órgano” del Estado, la situación cambió. La llave para abrirle la puerta a
algunas decisiones importantes —elección del Fiscal General de la República y
aprobación del Presupuesto General de la Nación, por ejemplo— pasó a manos del
llamado G-14, integrado por dirigentes de centro izquierda y disidentes del FMLN.
Hoy el Partido Alianza Republicana Naciona