Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Un llamado a la responsabilidad

26/01/2018
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La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace un llamado a las mujeres y a los hombres que dirigen o desean dirigir los asuntos públicos de El Salvador a proceder y desempeñarse con la responsabilidad que el país y las circunstancias actuales exigen. En marzo de 2018, el pueblo salvadoreño elegirá a sus representantes en la Asamblea Legislativa y a los que conducirán los gobiernos municipales, un proceso que puede ser de vital trascendencia para cambiar el rumbo nacional.

En los últimos años hemos sido testigos de cómo la clase política ha mostrado una desmedida preocupación por sus intereses sectoriales y desviado la atención de la búsqueda de soluciones a las dificultades diarias de la gente, especialmente de los grupos sociales con menos recursos. Ello explica la creciente desafección de la población hacia los procesos electorales y los partidos que pretenden representarla. Es necesario, pues, que la campaña electoral en marcha implique un debate serio sobre propuestas de solución a los problemas del país.

 

Situación límite

La situación actual manifiesta de manera clara y rotunda las condiciones injustas de nuestra sociedad, observándose un gran contraste entre la vida de las familias salvadoreñas, llena de precariedades y riesgos, y los debates políticos y de opinión, cargados en exceso de conflictos —muchas veces innecesarios— y desacreditaciones. La polarización ha causado mucho daño al país y evidencia que el bien común no está en el centro de la discusión política y social.

Según cifras oficiales, cerca de 60 mil personas han muerto de forma violenta en los últimos 15 años; la mayoría de ellas, jóvenes. Esta es la manifestación más dramática de una situación límite que no podemos ignorar, como tampoco puede ignorarse la evidencia de los atropellos cometidos por agentes del Estado en el combate contra el crimen y la ineficacia de las estrategias represivas para combatir la inseguridad. La violencia, la pobreza y la desintegración azotan a la mayoría de familias, lo que ha obligado a miles de mujeres y hombres a abandonar el país. En este marco, siguen vigentes las palabras del P. Ignacio Ellacuría, dichas hace medio siglo: “Que varios cientos de miles de salvadoreños no hayan podido encontrar acomodo digno en el país en el que nacieron es una denuncia inapelable de la injusticia de una situación”.

Las condiciones de vida de las mayorías son más que difíciles. Los aumentos al salario mínimo no han respondido a los niveles inflacionarios ni permiten cubrir las necesidades básicas de una familia. La mayoría de la población se ve privada de llevar una vida digna. Solo el 26% de los trabajadores goza del derecho a la seguridad social, tiene posibilidad de recibir pensión y percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo; es decir, la mayor parte de la población trabajadora no tiene modo de superar las condiciones de sobrevivencia. Ello se podría agudizar con el fin del TPS, que inevitablemente afectará a las remesas, fundamentales para las economías familiar y nacional.

La situación es, pues, muy crítica, y ante ella no es posible permanecer impasibles o seguir el mismo rumbo, como si nada pasara. Ya lo planteó el P. Ellacuría: “Una situación límite como la actual importa porque ilumina los problemas, su naturaleza, su magnitud y la postura de las fuerzas nacionales ante ellos”. La actual coyuntura está evidenciando los límites de la posguerra y la inviabilidad del modelo de desarrollo del país.

 

Viraje obligado

El principal objetivo de una nueva etapa nacional debería ser la reducción de la desigualdad, a partir de un viraje en la política que conduzca a cambios en el modelo de desarrollo y garantice las mismas oportunidades para todos. El país demanda múltiples transformaciones. Entre ellas, una imprescindible: la forma de debatir las políticas públicas. Tenemos avances democráticos importantes respecto al autoritarismo histórico del pasado, pero el núcleo del debate político sigue anclado en el sectarismo. El análisis informado, la apertura a la argumentación y la búsqueda del bien común están ausentes en las discusiones de nuestros liderazgos nacionales. En buena medida, por ese modo de hacer política hemos caído en el estancamiento.

Todo ello nos obliga a exhortar a las dirigencias políticas, económicas, sociales y culturales a que dejen a un lado las posiciones mezquinas, asuman con seriedad el compromiso de servir al pueblo salvadoreño y contribuyan a la construcción de una nueva etapa, basada en un diálogo con respeto que lleve a soluciones realistas, plausibles. Hace 25 años, cuando la negociación encontró una salida a la guerra, el país parecía encaminarse a una época de crecimiento económico y mayor bienestar social, con base en la paz y la democracia. No sucedió.

Hemos logrado un régimen político democrático, pero padecemos un estado social de intensa violencia y un modelo de desarrollo inviable. Es urgente, por difícil que sea, un proceso de diálogo orientado a acuerdos con sentido de nación. Solo el diálogo honesto y sincero, sustentado en el conocimiento de nuestra realidad y en el respeto a las diferencias, creará el clima de esperanza y confianza necesario para procurar el bienestar, el progreso y la equidad.

Ese es el sentido de la primera frase de este mensaje: a las mujeres y los hombres que dirigen o desean dirigir los asuntos públicos de El Salvador les hacemos un llamado a proceder y desempeñarse con la responsabilidad que la situación del país exige. Un llamado a quienes dinamizan la cultura, la economía, los medios de comunicación, las universidades, las ONG, pero en especial a los partidos, los funcionarios públicos y los empresarios, porque ellos ocupan posiciones decisivas para construir una nación comprometida con el bien común.

Estamos convencidos de que solo a través del acuerdo concertado se podrá superar la incertidumbre y el estancamiento que caracterizan hoy día a El Salvador. En el acuerdo, enriquecido con el conocimiento de la realidad, radica la mejor opción para el cambio nacional. La UCA se compromete con esos objetivos, con la esperanza de contribuir a mejorar la situación de las familias salvadoreñas, en especial de las que menos acceso tienen a las condiciones básicas para una vida digna. Por ello, con este primer pronunciamiento iniciamos una serie de reflexiones sobre los principales problemas del país, para coadyuvar, desde nuestras capacidades académicas y conocimientos, al tránsito hacia una sociedad más democrática, fundamentada en la libertad, la justicia social y el respeto a la igual dignidad de las personas.

 La Libertad, 26 de enero de 2018


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