Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


"Para que nos vean y crean la verdad"

09/05/2017
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Los dibujos de los rostros de monseñor Romero y el P. Segundo Montes, y de pasajes de la vida de la localidad forman un gran lienzo que decora la fachada del Templo Memorial Héroes y Mártires de la comunidad Segundo Montes (Morazán). En el lugar, el IX Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador inició, a diferencia de otros años, con música en vivo y cantos. El mensaje de la comunidad era claro: la historia de dolor que comparten (desplazamiento forzado, masacres y desapariciones durante la guerra) los ha hecho más fuertes, y esa memoria colectiva que han construido les da esperanza.

El Tribunal, que se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo, es promovido por el Idhuca, las redes de comités de víctimas y diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con el fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Además, busca ser un espacio público de reconocimiento para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

En esta novena edición, se abordaron los casos de las masacres en El Tule (Morazán, 1980), San Gregorio (Cabañas), El Tizate (Morazán, 1983) y Guacamaya (Morazán, 1980); el despoblamiento de Torola (Morazán, 1980); y la tortura de Jorge Solórzano (San Salvador, 1989).

 

“Una guerra declarada contra todos”

La masacre en El Tizate (cantón Agua Blanca, municipio de Cacaopera, Morazán) ocurrió el 27 de enero de 1983, a raíz de un operativo de “tierra arrasada” ejecutado por las Fuerza Armada que cobró la vida de once personas, entre ellas menores de edad. Victorino Pérez Luna, uno de los sobrevivientes, explicó que años antes de la masacre, entre 1980 y 1982, la Guardia Nacional y la Defensa Civil llegaban al cantón a capturar a líderes de la zona y a quemar algunas casas.

“Nos confiamos en que solo iban a buscar gente puntual”, recordó. Pero con el tiempo quedó claro que el objetivo era despoblar el pueblo: “El que no se salga de este lugar, va a morir envenenado”, fue uno de los mensajes que repitieron los soldados a las personas de la comunidad.

En la orilla de la calle, aseguró Victorino, “se miraban las grandes columnas de gente saliendo de otros pueblos cercanos”. “No sabíamos qué estaba pasando, quiénes se quedaban, quiénes se iban. Nadie daba una respuesta clara”, recordó.

“En 1983, ya no llegaron la Guardia ni la Defensa Civil, sino los batallones”, que se movían en bloques, quemando casas, animales y todo lo que encontraban a su paso. “Cuando entra el operativo, la gente no sabía qué hacer”. Los que quedaron rodeados y no pudieron salir fueron asesinados. “Ahí es donde empieza la masacre. Ahí entendimos que era una guerra declarada contra todos, ya no solo contra un grupo. No importaba si eran niños, mujeres o ancianos, era contra todos”, contó Victorino.

Los que lograron escapar del pueblo, como María Isabel Pérez de Luna, otra sobreviviente que relató su testimonio ante el Tribunal, se refugiaron en quebradas. “Habíamos más de 200 personas allí”, dijo María Isabel. En ese momento, explicó, inició otra fase del operativo: “Cayeron morteros de los gordos. No podíamos pasar al otro lado, nos tenían bien rodeados. Caminamos entre los aviones que volaban, llegamos a una montaña y luego cerca del río Torola. No teníamos casa, ni ropa, ni comida”.

Días después del operativo, miembros de la comunidad regresaron al cantón. “Íbamos con miedo, no con valor, porque ellos [los soldados] minaban los terrenos. Al llegar, ya no había nada en el pueblo”, narró María Isabel, que finalizó su testimonio con una petición: “Queremos que haya justicia, pues los niños que murieron eran el futuro. Pero fueron los que dieron la vida. La vida de ellos no fue fácil; que haya justicia para ellos. Y nosotros debemos perdonarlos [a los victimarios], pues si no perdonamos, tampoco vamos a ser felices”.

Aurelio Pérez Argueta perdió a su madre, María de los Ángeles Argueta Sánchez, en la masacre en El Tizate. En su intervención, explicó la importancia de contar públicamente lo ocurrido a su comunidad en los años de la guerra. “Por eso estamos acá, para que nos vean y crean la verdad”, dijo.

 

Ante los testimonios

Entre los asistentes al Tribunal, destacó la presencia del teniente coronel Luis Pérez, jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que asistió, por invitación del Idhuca, para conocer de primera mano el trabajo del Tribunal y escuchar los testimonios de las víctimas.

Consultado sobre la posibilidad de un compromiso del Ministerio de Defensa con las víctimas, aseguró: “En todas las situaciones que se plantean [casos presentados ante el Tribunal], quien viola los derechos humanos es el Estado salvadoreño, que es quien tiene que responder (...). Sin embargo, nosotros, como parte de la Fuerza Armada, estamos con la disponibilidad de que en aquellas situaciones que competen a la institución poder ayudar a esclarecerlas”.

Para Gabriel Molina, egresado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, que también asistió a una de las sesiones del Tribunal, lo que reflejan los testimonios de las víctimas es que “el país sigue arrastrando un ciclo que no ha sido cerrado” y que cada vez es más necesaria una intervención del Estado para lograr la reconciliación nacional.

“Si bien es cierto yo no viví esa realidad, nací casi después del conflicto armado, pero es triste saber lo que se vivió en ese momento. Como estudiantes de derecho, tenemos la obligación y el deber de hacer la diferencia en el sistema judicial para este tipo de casos que se dieron en la guerra y los de violencia en la actualidad”.


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Andrés Barrera

A Andrés Barrera, quien dio su testimonio ante el Tribunal, le asesinaron a sus seis hijos y esposa en la masacre en Guacamaya. En su intervención, aseguró que “la paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia” (Foto: Dirección de Comunicaciones, 30/03/2017).











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