Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Radios comunitarias, para "que el pueblo haga sentir su voz"

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA
09/07/2013
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Dos razones tenemos para hablar de nuevo de las radios comunitarias en El Salvador. Por un lado, pronto se cumplirán 20 años de esta experiencia comunicativa en el país; y por otro, nuevamente la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) ha planteado la necesidad de una Ley de Radiodifusión Comunitaria, que establezca un marco normativo para garantizar su funcionamiento y desarrollo. Ambos aspectos nos ponen de nuevo ante el tema de la vigencia e incidencia de la radio comunitaria. La historia de Arpas inició en 1993 con la creación de la Coordinadora de Radios Participativas de El Salvador, que posteriormente evolucionó en una Asociación, integrando no solo a estaciones vinculadas a la comunidad, sino también a productoras de programas radiofónicos de carácter educativo.

El surgimiento de estas radios fue propiciado por un doble contexto cultural y político con aires democráticos. En primer lugar, por el movimiento mundial de comunicación participativa, orientado a recuperar el carácter social de los medios. Como es sabido, por las funciones que se les atribuyen (especialmente a la radio, la televisión y la prensa escrita) y por la forma en que el público los utiliza, se suele hablar de medios de comunicación social. De ellos se espera que sean efectivamente eso. Es decir, que vigilen el entorno (a través de la información); que abran espacios para que la ciudadanía ejerza su derecho a la crítica, el debate y el consenso; que sean agentes de representación e interacción social; que desempeñen una labor fiscalizadora de la gestión pública; que contribuyan positivamente al proceso de socialización de las personas; y que ofrezcan al público espacios de entretenimiento orientados a romper el tedio de la vida cotidiana. En virtud de todo ello se habla de medios de comunicación social, y en algún momento hasta se les denominó el “cuarto poder”.

No obstante, una cosa es lo que se espera de los medios y otra lo que realmente hacen. Ignacio Ramonet sostiene que numerosos medios de comunicación privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general de la sociedad y confunden su propia libertad con la libertad de empresa. A su juicio, la libertad de empresa no puede prevalecer en ningún caso sobre el derecho ciudadano a la información y la comunicación. En consecuencia, por la práctica predominante de los llamados grandes medios, podemos hablar de “medios de propaganda social”, de “medios modernos de propaganda” o de “medios masivos de difusión”, pero no propiamente de comunicación social. El movimiento de la comunicación participativa plantea que la recuperación de la función social de los medios pasa por vincularlos a los derechos humanos. Uno de sus argumentos principales es que la persona y la comunidad humana son los sujetos de la comunicación y, por tanto, el fin y la medida del uso de los medios.

En coherencia con ese criterio, se espera que la comunicación se ejerza como un servicio que responde a la necesidad que tiene la ciudadanía de información veraz, de expresión propia, de acompañamiento y de sentido de pertenencia. Es decir, una de las exigencias de este movimiento es hacer valer el derecho a la comunicación como un derecho fundamental del ser humano. A partir del ejercicio de este derecho, centenares de experiencias de radio y televisión comunitarias desarrolladas desde hace muchos años no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, Canadá y Europa, han mostrado que es posible una realidad comunicativa con rasgos democráticos. La radio comunitaria en El Salvador, pues, no es una experiencia aislada; más bien forma parte de este movimiento que pretende incidir en la democratización de la palabra y del espectro radioeléctrico.

En segundo lugar, el surgimiento de las radios comunitarias estuvo relacionado con la democratización política impulsada por los Acuerdos de Paz (1992). En principio, estos se limitaron a tres aspectos específicos: el uso y acceso a los medios por parte del FMLN; la garantía de la libertad de información; y el compromiso de contribuir, a través de los medios, a la distensión y reconciliación nacional. Pero si bien los Acuerdos fueron focalizados en ese ámbito, el escenario político democratizador que abrieron favoreció tanto la libertad de expresión como de comunicación. A partir de esos nuevos aires nacen, en diferentes comunidades, la mayoría de radios comunitarias que actualmente operan dentro del espectro radioeléctrico. Su funcionamiento fue posible gracias a la compra de una frecuencia, mediante el mecanismo de la subasta pública, estipulado por la actual Ley de Telecomunicaciones; de lo contrario, estaban destinadas a ser consideradas ilegales. No había, entonces, otra opción y se hicieron grandes esfuerzos, primero, para tener una nueva ley, sin que prosperara la iniciativa; y luego, la búsqueda de solidaridad para hacer posible esa compra. Pero el planteamiento fue, desde un principio, contar con un marco normativo que garantizara su funcionamiento y desarrollo, de tal forma que el factor económico no fuera el determinante.

Precisamente, este mecanismo es el que busca revertir el nuevo anteproyecto de ley, propuesto por Arpas. Uno de los argumentos es que en El Salvador existe un modelo de medios de comunicación social que no responde a los criterios y parámetros democráticos de inclusión, equidad y transparencia, ya que la vigente Ley de Telecomunicaciones no reconoce ni protege el quehacer de los medios de comunicación comunitaria y establece mecanismos (como la subasta pública) que riñen con el derecho a la igualdad en la asignación de frecuencias en el espacio radioeléctrico, porque implican su concentración en manos de quienes tienen más poder económico.

A casi 20 años de su fundación, las radios comunitarias siguen vigentes, porque es necesario mantener el ideal comunicativo que considera al ser humano como el gran medio de comunicación; que valora a la audiencia no como simple receptor, cliente o usuario, sino como personas concretas, sujetos de derechos, de responsabilidades, de necesidades, de posibilidades y de discernimiento crítico; porque fomenta una conciencia colectiva con criterios éticos y políticos que favorecen la refundación de la sociedad sobre la base de la equidad y la justicia; porque cultiva la memoria histórica como antídoto para la fugacidad, la instantaneidad y el olvido. De la coherencia con este ideal depende su vigencia y su incidencia. Esa praxis comunicativa, en la que “el pueblo hace sentir su voz” —como lo pedía Ignacio Ellacuría—, es la que le da legitimidad para exigir una Ley de Radiodifusión Comunitaria.


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