Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Geopolítica vital

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA
29/01/2013
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Los representantes de los países latinoamericanos y europeos reunidos en la capital de Chile, en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, alcanzaron un total de 48 acuerdos para renovar y profundizar la Asociación Estratégica en torno al tema “Alianza para el desarrollo sustentable: promoción de inversiones de calidad social y ambiental”. Por primera vez, los países de la región se presentaron con una sola voz ante su contraparte europea, y en conjunto expresaron su preocupación por la crisis económica global, la migración, el desempleo, el cambio climático y la protección de los grupos más vulnerables. Recordemos, de paso, que la Celac fue creada en 2010 con el objetivo de profundizar la integración en un marco de solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política de los países latinoamericanos y caribeños. Uno de sus principales impulsores fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Ahora bien, en la declaración final, los representantes de las naciones de ambos continentes concluyeron que “la erradicación de la pobreza es el mayor desafío global que enfrenta el mundo de hoy”. En este sentido, acordaron garantizar la calidad de vida de los pueblos y el medioambiente en que viven. Reiteraron el compromiso de trabajar constantemente para erradicar la pobreza, fomentar la igualdad (en particular, la igualdad de género) y la inclusión social. Más en concreto, asumieron el compromiso de proteger a los grupos más vulnerables (incluyendo a los pueblos indígenas y sus comunidades) por medio de políticas públicas que proporcionen, entre otros, servicios básicos de salud, agua y saneamiento, vivienda, educación, transporte público y energía. Frente a la geopolítica mortal de la globalización promotora de desigualdades e injusticias, surge, al menos, la conciencia de una geopolítica vital: la marcada por la solidaridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Hay que destacar este compromiso porque, como se sabe, la desigualdad es una de las características definitorias de la historia de América Latina y el Caribe. Las mujeres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes son los sectores más afectados. De tal manera que ser mujer, indígena y/o afrodescendiente en América Latina y el Caribe es, en general, sinónimo de padecer más desigualdad. En la declaración, también se expresa el compromiso de alcanzar un desarrollo sustentable en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Para tal propósito, se asume la decisión de apoyar todas las iniciativas que impliquen el fortalecimiento de la cooperación, la transferencia de conocimiento y la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural. Reafirman además el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales y su responsabilidad de preservar el medioambiente, de acuerdo con el derecho y principios nacionales e internacionales y en consonancia con la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20.

Entre los 48 puntos, hay tres que tienen particular importancia para la realidad salvadoreña: el crimen organizado, la impunidad y la corrupción. En nuestro país, al establecer el vínculo entre crimen y violencia, ha predominado la visión de que la principal responsabilidad recae en las pandillas, no en lo que podríamos llamar el crimen organizado transnacional. En la declaración, por el contrario, se reconoce que las actividades delictivas que pueden socavar las economías, poner en peligro la estabilidad y la seguridad de los Estados, debilitar el Estado de derecho y los sistemas de gobernabilidad son las ejecutadas por el crimen organizado transnacional. Asimismo, se declara el compromiso de continuar implementando, según corresponda, acciones concretas encaminadas a fortalecer, entre otras cosas, la cooperación en la aplicación de la ley, la asistencia judicial recíproca, la inteligencia fronteriza compartida, con el fin de desmantelar las organizaciones criminales, todo dentro del pleno respeto de los derechos humanos y el derecho internacional.

En lo que respecta al tema de la impunidad, son conocidas las reiteradas recomendaciones y solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a que el Estado salvadoreño realice acciones para derogar la ley de amnistía, que desde su aprobación, en marzo de 1993, es fuente de impunidad, de negación de justicia para las víctimas. En el documento, los miembros de la Celac —El Salvador, entre ellos— y los representantes de los países europeos reafirman su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular con los delitos más graves según el derecho internacional, especialmente aquellos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Se exhorta, además, a garantizar el derecho internacional mediante la adopción de medidas a nivel nacional, y se invita a los países parte a considerar la posibilidad de ratificar o adherirse, según corresponda, al Estatuto de Roma. Hay aquí otra oportunidad para promover en nuestro país la integración de la legislación interna a importantes tratados internacionales de derechos humanos, que pueden garantizar la no repetición de hechos considerados de lesa humanidad.

Por lo que toca a la corrupción, se reconoce que esta puede socavar las instituciones democráticas, afectar el desarrollo económico y contribuir a la inestabilidad gubernamental. Aquí también se expresa el compromiso de promover la lucha contra la corrupción, el fraude y las conductas no éticas, en particular el soborno de funcionarios públicos en las transacciones comerciales internacionales. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado como condición básica para combatir este mal público. Sin duda, este reconocimiento y su respectivo compromiso tienen gran actualidad para El Salvador, que sigue necesitando instituciones fuertes, creíbles y comprometidas con el combate a la corrupción de cualquier índole.

Las constataciones y compromisos plasmados en el documento final, la Declaración de Santiago 2013, deben ser tomados muy en serio si se quiere ir más allá de las buenas intenciones o de las posiciones políticamente correctas. Recordemos que este mecanismo no solo busca impulsar el desarrollo sostenible y promover la concertación política, sino también promover Estados incluyentes que garanticen el bien común y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es decir, Estados que sean constructores de una geopolítica vital.


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