Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Independencia que molesta

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA
03/07/2012
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¿Qué hay detrás del conflicto entre algunas fracciones del poder legislativo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? La mayoría de las informaciones y algunos análisis del hecho se concentran en las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Sala referentes a la elección de magistrados de la Corte en los años 2006 y 2012. Pero ¿es este realmente el problema? ¿De dónde viene el encontronazo? La causa, a nuestro juicio, tiene otro fondo y está relacionada con el ejercicio jurídico de una Sala que toma en serio la exigencia de independencia. Un ensayo de interpretación de la historia de la Corte Suprema de Justicia, titulado “La independencia judicial en El Salvador”, sostiene que avanzar en la independencia judicial ha sido difícil en nuestro país porque los obstáculos han sido la regla, más que la excepción: “Obstáculos a la aplicación de una justicia pronta y cumplida; obstáculos para una independencia judicial real, es decir, no sometida ni a los poderes del Estado, ni a los poderes fácticos (económicos y mediáticos), que una y otra vez han intentado someter la ley a sus intereses particulares”.

El Estado de derecho, como horizonte a seguir, tiene dos principios básicos: el imperio de la ley y la división de poderes. La “nomocracia” (el gobierno de las normas jurídicas) plantea que todos los poderes del Estado deben actuar de acuerdo a normas jurídicas superiores. Esta idea viene de lejos. Platón, en su diálogo Las leyes, observa lo siguiente: “Allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo la pronta ruina de la sociedad; y donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus siervos, veo la salvación y la prosperidad de la ciudad”. Similar cosa sostiene Aristóteles en La política: los hombres muchas veces se dejan arrastrar por las pasiones, cosa que no puede ocurrir a las leyes. De ahí que sea más seguro depender de las leyes que de los hombres. Y en lo que respecta a la división de poderes, conocida desde la Antigüedad clásica, aunque desarrollada en la Edad Moderna por autores como Locke o Montesquieu, se postula que la inclinación a abusar del poder debe ser controlada por frenos y contrapesos que limiten las arbitrariedades y excesos. Pero para que el poder judicial frene al poder formal y fáctico, se requiere no solo apego a la ley, sino, sobre todo, independencia y honradez para aplicarla.

En El Salvador, la administración de justicia se ha caracterizado por su falta de independencia, lo que dificulta o imposibilita investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos; conlleva la retardación en la tramitación de los procesos y en la toma de las decisiones judiciales; facilita el alto nivel de corrupción que genera impunidad, injusticia, desigualdad e inseguridad jurídica; y explica la falta de credibilidad y confianza entre la población, así como la deficiencia en el proceso de selección, nombramiento y promoción de los jueces y magistrados. Con la Constitución de 1983 se inicia un proceso de cambios importantes: se crean la Sala de lo Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura, y se fortalece el derecho a una tutela judicial efectiva. Y bajo el impulso de los Acuerdos de Paz, se introducen nuevas reformas a la Constitución, orientadas a refundar un Estado de derecho.

En el caso que nos ocupa, está claro que no habría conflicto si la Sala de lo Constitucional, con Belarmino Jaime a la cabeza, mantuviera una actitud de subordinación a los intereses políticos y económicos predominantes. Pero la Sala decidió cumplir con el mandato dado en la Constitución de la República: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes” (art. 172). Esta independencia se ha mostrado en la calidad de sus sentencias frente a los poderes formales y fácticos. Recordemos algunas de ellas.

Se declararon inconstitucionales varios artículos del Código Electoral que exigían afiliación partidaria para ser candidato a diputado de la Asamblea Legislativa; como también, la forma cerrada y bloqueada de las listas de candidatos a diputados presentadas por los partidos políticos. Con esta sentencia se habilitaron las candidaturas no partidarias y se estableció que el ciudadano debe votar por el candidato de manera libre, y no por los partidos. En 2009, se declaró inconstitucional el decreto legislativo aprobado en 2003 destinado a perdonar las multas de tránsito impuestas a empresarios de autobuses y a particulares, que sumaban cerca de $30 millones. Se declaró inconstitucional la Ley General de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, por cuanto autorizaba al Ejecutivo a realizar transferencias de fondos de un ministerio a otro, sin control de la Asamblea Legislativa. En la sentencia también se dijo que ningún dinero público debe estar exento de control y, por ende, no es legal la existencia de las denominadas “partidas secretas”.

Se declaró inconstitucional el artículo 191, inciso tercero, del Código Penal, vinculado al derecho de libertad de expresión, por cuanto excluía de toda clase de responsabilidad a los dueños de medios de comunicación, gerentes, editores o conductores de programas, aunque contribuyeran en la comisión de delitos contra el honor. Aquí se delimita el papel de los periodistas y se contrastan dos derechos constitucionales enfrentados: expresión y honor.

En suma, los miembros de la Sala de lo Constitucional han actuado como verdaderos profesionales de la jurisprudencia, pero profesionales en el mejor sentido de la palabra, es decir, como personas que profesan, que creen seriamente en que la justicia y el respeto a los derechos humanos es el fin del derecho. En una cultura de impunidad, arbitrariedad, oportunismo y prepotencia, esta forma de independencia ética y jurídica resulta molesta.


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Comentarios

Francisco
12/07/2012 09:52:27 AM




aca vemos claro pro que estamos como estamos, esto no es de derechas o izquierdas ni de arena o frente, ni de inpendencias de poderes o subordinamientos, se trata de hacer valer la constitucion, si no velamos por que las leyes estén sobre las personas, y que estas la obedezcan este sera un caos perpetuo, y por algo debe comenzarse, si bien antes esto sucedió con otros en el poder, no por eso le da derecho a los actuales de violentar la institucionalidad ni el estado de derecho, si era precisamente lo que criticaban cuando eran oposición... si no es mas de lo mismo con diferentes personajes. No seamos susceptibles a la propaganda, que la UCA sea mercantilista solo pro no le da la razon a los de izquierda? por Dios entonces cuando vamos a enmendar las cosas?



Santiago Lemus
05/07/2012 11:19:15 AM




Para los comentarios de Christian Molina y Alfredo. Estimados, les sugiero leer antes de escribir con el hígado. El editorialista hace un recuento de algunas de las resoluciones de la SC, las cuales afectan intereses de diferentes sectores, incluyendo económicos. Aquí faltan otras como la sentencia que obliga a la Prensa Gráfica a pagar el premio a la persona que acertó los resultados del mundial, la reciente sentencia contra las atribuciones de la SIGET de hacer concesiones indefinidas de bienes públicos , actividad que debe realizar la AL. También olvida mencionar el nefasto decreto 743 que fue el primer intento de detener a esta sala, impulsado por ARENA y otros partidos. En esa ocasión el FMLN callo porque le convenía, ahora ARENA no hace todo lo que esta a su alcance porque tampoco ven con buenos ojos esta sala. Se equivocan estimados, esta sala es mal vista por todos los afectados, no repitan como loritos el estribillo de los políticos sinvergúenzas



Christian Molina
03/07/2012 02:21:22 PM




Si, claro que molesta a algunos que la Asamblea Legislativa no este lidereada por arena y sus aliados. Les molesta, aunque lo disimule, a la misma arena, a los aliados para su democracia, a la uca, etc., etc. Con vestimentas de filosófos antiguos pretenden sostener lo que no es posible políticamente, así como lo pretenden hacer con sentencias. Que se despreocupe el editor, el señor Jaime mantiene "una actitud de subordinación a los intereses políticos y económicos predominantes". Con unas sentencias tipo regalías, se han echado a varios a la bolsa.



Alfredo
03/07/2012 12:26:01 PM




Por dios que ignorancia el de los editorialistas de la UCA si esta sala de lo constitucional ha sido comprada con dinero por el partido ARENA, ANEP, FUSADES no son independientes como lo van a ser si sus resoluciones son prácticamente copia de la demanda de los aliados por la democracia que metan a los magistrados que ARENA quiere,por favor señores de la UCA no pierdan su carácter de intelectuales o de independencia en honor a los Padres Jesuitas y Monseñor Romero, no se vuelvan mercantilistas al servico de los poderes que tanto los han atacado a ustedes.




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