Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


Flaqueza de entendimiento

José María Tojeira, director del Idhuca
13/02/2018
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El diputado Guillermo Gallegos sigue insistiendo en la pena de muerte. Es difícil saber si es una estrategia orientada exclusivamente a ganar votos ante la indignación y cansancio de la gente por el auge de la violencia y la criminalidad, o si es que realmente piensa que la pena de muerte puede resolver el problema. Lo cierto es que mientras la mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte, este señor quiere regresar a ella. Hace 40 años solamente había 16 países que no aceptaban en su legislación la pena de muerte; hoy la han abolido ya 141. Parece que para Gallegos dar marcha atrás en la historia es un excelente mecanismo de progreso. Marcha atrás que no parece asustar mucho a algunos de los miembros de Arena, dado que el todavía diputado Muyshondt ha recomendado el voto cruzado en favor de GANA y su propio partido.

Desde un punto de vista político, hacer campaña en favor de la pena de muerte en El Salvador no solo es una barrabasada ética, sino también un problema de relaciones internacionales. En efecto, el país es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ella se prohíbe restablecer la pena de muerte a todos los firmantes. Si El Salvador quisiera restablecerla, tendría que denunciar la Convención, y solo tras dos años podría cambiar el Código Penal y establecerla, y sería aplicable a partir de ese momento. El descrédito que implicaría eso a nivel internacional, tanto latinoamericano como dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, sería monumental. Y si en ese momento tenemos una Sala de lo Constitucional independiente, no sería nada extraño, además, que declarara inconstitucional la pena de muerte aplicada a delitos comunes, dados los compromisos internacionales de El Salvador derivados de tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, ya se han declarado inconstitucionalidades a partir del nexo de fondo de nuestra Constitución con la doctrina y tratados de derechos humanos. Y quienes trabajamos en el campo de dichos derechos seríamos, por supuesto, los primeros en presentar peticiones de inconstitucionalidad para propuestas como las que persigue el diputado Gallegos.

La pena de muerte, por otra parte, tiene muy poco que ver con la disuasión del homicidio. Los países que tienen menos homicidios no tienen pena de muerte. No solo porque no la necesitan, sino porque están convencidos de que no disuade a la hora de cometer crímenes. Como tampoco disuaden las penas más largas de cárcel cuando la impunidad es una realidad. Los pocos países que aún aplican la pena de muerte tienen abundantes detractores internos por razones muy sencillas. Se ha demostrado que la pena de muerte se ha aplicado a inocentes, y no han bajado los homicidios. Además, con nuestra costumbre de acudir a testigos “criteriados”, ya podemos imaginar el testimonio que daría un condenado a muerte para que le sustituyeran la pena a cambio de denunciar a cualquier otro. Para luchar contra el crimen, lo primero que debemos tener es sistemas de justicia y de persecución del delito eficaces. Aumentar las penas y mantener un sistema judicial ineficiente y en algunos aspectos corrupto es hacer gala de un pensamiento jurídico cerebralmente deficiente.

Desde un punto de vista ético, el valor de la vida se considera tan fundamental que no se puede continuar la escalada de vida por vida, especialmente en esta etapa de la historia, en que hay formas de frenar los homicidios sin necesidad de matar a los delincuentes. La pena de muerte ni es jurídicamente viable, ni tiene eficacia en la lucha contra el crimen. Históricamente, ha sido causa de injusticias y de crímenes vergonzosamente ejecutados desde el Estado, y no tiene razón de ser en la época en que vivimos. Apoyar la pena de muerte es atizar el afán de venganza de la gente, generando una mayor cultura de violencia. Si se promueve solo por ganar votos, muestra un muy bajo nivel ético. Si se cree en ella, demuestra un muy bajo nivel político, jurídico, intelectual y humano.


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